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Archivo del 3 de agosto de 2020

Cantabria. Puente del diablo derruido

lunes, 3 de agosto de 2020

El Tribunal Supremo fija criterios sobre el inicio del plazo para solicitar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos

lunes, 3 de agosto de 2020

Viernes, 31 de julio de 2020

El Tribunal Supremo fija criterios sobre el inicio del plazo para solicitar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos

La sentencia ha sido dictada por la Sección Segunda de la Sala Tercera del alto tribunal

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que el derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos puede surgir, no cuando se efectúa dicho ingreso, sino cuando el contribuyente tiene conocimiento de que el mismo era indebido, pues en ese momento nace para él el derecho a la reclamación.

La sentencia aborda la cuestión de la prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos (fijada legalmente en cuatro años) estableciendo cuándo debe situarse la fecha inicial del plazo prescriptorio.

En el supuesto analizado, una sociedad había autoliquidado su impuesto sobre sociedades declarando como ingresos unas comisiones abonadas por otra empresa y esta segunda entidad es sometida a una inspección que concluye con una liquidación que señala que aquellas comisiones no son gastos deducibles por constituir, en realidad, una retribución por la participación en capitales propios.

Cuando esta liquidación gana firmeza, la primera empresa solicita la devolución, como ingresos indebidos, del importe de aquellas comisiones que contempló como ingresos en su autoliquidación del impuesto sobre sociedades, siendo así que esa petición se efectúa transcurridos más de los cuatro años de prescripción.

Señala la Sala que una Administración que sirve con objetividad los intereses generales y que debe ajustar su actuación a la Ley y al Derecho no podía desconocer que la regularización que efectuaba a la empresa a la que rechazó el gasto incidía de lleno en la situación tributaria de la que había declarado el ingreso, pues la calificación del gasto implicaba una calificación idéntica del ingreso realizado.

Por eso, la sentencia concluye que debe situarse el ‘dies a quo’ o día inicial del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos en la fecha en la que se constata que el ingreso en cuestión ostenta ese carácter (indebido), que no es otra que aquella en la que la Administración –al regularizar el gasto de otro contribuyente- efectúa una calificación incompatible con la condición del ingreso afectado como debido.

De esta forma, se altera la regla general (que sitúa el inicio del plazo para solicitar la devolución de ingresos indebidos en el momento en que se realiza el ingreso) por aplicación de la doctrina de la actio nata y del principio de buena administración.

Deterioro histórico del mercado laboral como consecuencia de la COVID-19

lunes, 3 de agosto de 2020

Deterioro histórico del mercado laboral como consecuencia de la COVID-19

Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre 2020

28 de Julio 2020

camara.es

El negativo impacto de la crisis sanitaria confirma su extensión generalizada al mercado de trabajo, con una previsión de descenso de los ocupados en el conjunto del año del 8,7 %

La gravedad de la situación exige seguir apostando prioritariamente por el diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales para adoptar las medidas y reformas para la recuperación y la reconstrucción

Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre 2020

Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre 2020

Madrid, 28/7/2020.- La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al segundo trimestre de 2020, continúa reflejando los significativos efectos negativos de la pandemia sobre el mercado laboral español.

En lo que respecta al empleo, la destrucción en el segundo trimestre alcanzó a 1.074.000 puestos de trabajo, la mayor caída registrada desde 2013. Con ello, la ocupación desciende un 5,5% con respecto al trimestre anterior y un 6,0% en relación con el mismo trimestre de 2019; mientras que la tasa de empleo se sitúa en el 47,0%, por debajo del 49,8% del trimestre anterior.

Y ello a pesar de que este descenso de la ocupación no incluye a las personas afectadas por un ERTE con suspensión de empleo que, según la metodología de la EPA, se consideran ocupadas. Si se calcula la ocupación a partir de las horas efectivas de trabajo realizadas, cuya caída trimestral alcanzó la cifra record de 22,6%, el número de personas efectivamente ocupadas durante el segundo trimestre cae a 13.901.000, lo que representa el 35,1% de la población de 16 años o más.

En cuanto al número de personas en situación de desempleo, la cifra sube en 55.000 personas en este trimestre, situando la tasa de paro en el 15,3% de la población activa, por encima del 14,4% registrado durante el primer trimestre del año.

Las cifras de paro podrían ser aún más elevadas si incluyeran a todas las personas que han perdido su empleo durante este trimestre, pero que han sido consideradas como inactivas por no cumplir con la definición de paro utilizada en la EPA. Este grupo de personas clasificadas como inactivas por no haber podido buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar, asciende a 1.062.800 durante este trimestre (843.000 más que en primer trimestre).

Perspectivas

Los datos del mercado laboral confirman la profunda recesión que afronta la economía española, no conocida en la historia reciente. Según las previsiones de la Cámara de Comercio de España, el PIB español experimentará una caída abrupta cercana al 11% interanual en el conjunto de 2020, cifra nunca antes registrada y uno de los descensos más pronunciados de la zona euro. Sin duda, las medidas de contención adoptadas ante la pandemia, junto con la particular estructura productiva o el elevado nivel previo de endeudamiento, determinan la mayor vulnerabilidad de nuestra economía ante la perturbación sufrida.

Una caída en el crecimiento económico que pasará factura sobre el mercado de trabajo, con el intenso descenso de la ocupación que se está confirmando y que la Cámara de España estima en una caída del 8,7% para el conjunto de 2020. Una trayectoria que llevará a la tasa media de paro del ejercicio hasta el 19,2% de la población activa.

La intensidad de los rebrotes en las últimas semanas vaticina un escenario de recuperación aún débil e incierto. Por ello, el diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales debe ser prioritario para adoptar las medidas y reformas requeridas para la recuperación y la reconstrucción.

Se trata del pilar más eficaz para generar la confianza y el ánimo que el tejido empresarial necesita para devolver al país a la senda del crecimiento. Un entorno de seguridad en el que pueda desarrollarse la cooperación público-privada como herramienta para fomentar el crecimiento, la competitividad de nuestra economía y, en definitiva, para impulsar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.

En el ámbito específico del mercado laboral, sobre la base de la estabilidad del marco existente, deben aplicarse actuaciones específicas capaces de perfeccionar su funcionamiento. Principalmente, para avanzar en la inclusión de los colectivos con mayores problemas para acceder al mercado de trabajo, como los parados de larga duración, los mayores de 45 años o los jóvenes, así como para reducir la burocracia y los costes vinculados al proceso de contratación laboral, y para mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo.

Y, por supuesto, sin olvidar la necesaria conexión creciente entre el sistema educativo y el ámbito productivo, con una mayor aproximación de los programas formativos de los futuros trabajadores o parados a los requerimientos que demandan las empresas. En todos sus niveles, desde la educación básica, hasta la universidad, la Formación Profesional y la formación continua.

El escudo social del Gobierno precisa de un refuerzo de los recursos de la Seguridad Social

lunes, 3 de agosto de 2020

El escudo social del Gobierno precisa de un refuerzo de los recursos de la Seguridad Social

27 Jul 2020

ugt.es

UGT apela al diálogo social para solucionar el colapso del sistema porque muchas familias no pueden esperar más

•UGT considera que el necesario escudo social para proteger a los colectivos de personas por la crisis provocada por la Covid 19 exige reforzar los recursos humanos y materiales del Sistema de Seguridad Social y evitar así el colapso que se está produciendo en la atención, tanto presencial como telefónica a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de hacer las gestiones oportunas.

•El sindicato ha trasladado su preocupación por este asunto en la última reunión del Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), y ha denunciado que esta situación genera incertidumbre y frustración por parte de muchas familias, sobre todo los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, que ya no pueden esperar más.

•Insta al Gobierno a que dé respuesta a la necesaria reestructuración de la Administración de la Seguridad Social, comprometida desde hace años y que aún no se ha producido.

El sindicato afirma que es imposible conseguir una cita previa en muchas Comunidades Autónomas para ninguno de los servicios que habitualmente presta la Seguridad Social, entre ellos el cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Ha puesto en valor el esfuerzo titánico que están realizando todos los empleados públicos desde el inicio de esta pandemia, a pesar de lo cual las gestiones no se realizan con la agilidad que se precisa por el incremento de solicitudes y la escasez de personal ante esta situación extraordinaria. Y es que, a pesar de las contrataciones realizadas, la dificultad en las gestiones, y el volumen de las mismas, hace imposible atender con la agilidad a los ciudadanos.

Así, la contratación de interinos o la contratación de Tragsa para la gestión del IMV, no es una solución, ya que son efectivos que carecen de la preparación y experiencia necesaria para una gestión cuya complejidad ha hecho desistir a más de la mitad de los veteranos funcionarios, que voluntariamente se habían presentado a trabajar en ello, fuera de su horario laboral.

UGT demanda que el Gobierno dé respuesta a la reestructuración de la Administración de la Seguridad Social, comprometida desde hace años y frente a la que sucesivos gobiernos se han lavado las manos. A fecha actual se han perdido en torno a 6.000 efectivos y los restantes tienen una media de edad de 56 años.

Es necesario reformar el Sistema de Seguridad Social, como ya se recomendaba en el Pacto de Toledo en 1995. Además, en el año 2018 se llegó a un acuerdo, en la Mesa Delegada de la Seguridad Social, para avanzar en esta nueva organización de la Administración de la Seguridad Social que debe englobar a las entidades Gestoras y Servicios Comunes bajo una misma estructura que permita reordenar y racionalizar los medios humanos disponibles.

Diálogo social para mejorar la implantación y mejora del Ingreso Mínimo Vital

El IMV debe ser ya una realidad para lograr la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias (el Gobierno reconoce 850.000 familias) UGT insta a negociar los desarrollos reglamentarios y poner en marcha los órganos de cooperación y coordinación desde un diálogo social fluido y permanente. Se trata de lograr la mejora continua del IMV y de las realidades que se vayan ocasionando. Sin embargo, desde la publicación del decreto y la entrada en vigor del IMV, el sindicato no ha recibido ninguna información sobre el procedimiento, plazos y beneficiarios reconocidos durante este proceso, aunque sabemos que los ayuntamientos están dando cita para octubre.

Por ello, desde UGT, y entendiendo la situación y las dificultades laborales de los trabajadores de los Servicios Públicos que deben atender las solicitudes, ha demandado una solución urgente al respecto, que puede ser bien, ampliar el período transitorio, bien considerar la fecha real de petición de cita como fecha de presentación de la solicitud.

Es imprescindible que se trabaje en coordinación estrecha con todos los agentes implicados y se establezca de inmediato una mesa de diálogo para tratar de todos los aspectos de implantación y mejora del IMV y para la negociación de los reglamentos de desarrollo previstos en el decreto, sin los cuales será imposible que se alcancen los objetivos de inclusión social y laboral que están previstos.

En definitiva, aun entendiendo la situación de desbordamiento y la falta de personal crónica y agudizada en este periodo, el sindicato considera se ha anulado durante todo el periodo el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva del INSS a la hora de fijar criterios y disposiciones. Y que no ha habido un diálogo permanente sobre aspectos que eran esenciales y que marcaban las condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras.

No obstante, UGT ha hecho aportaciones y enviado escritos y reclamaciones evidenciando como algunas disposiciones producían discriminación a trabajadoras ( por ejemplo las trabajadoras que percibían la prestación por embarazo o lactancia) y otras podían poner en peligro la salud de los trabajadores, como por ejemplo los trabajadores especialmente sensibles, que se han tenido que incorporar a sus puestos de trabajo, sin disponer de todas las garantías para preservar su salud frente al COVID-19.

También enviamos una carta al Ministerio, con la petición de que el contagio por COVID19, sea considerado como Enfermedad Profesional para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, por considerar el COVID19 como un agente biológico del grupo 3, y denunciando como los contagiados antes del periodo de alarma, no sean considerados accidentes laborales, sino enfermedad común. Esperamos que se resuelva en el trámite parlamentario.

UGT confía en que se logre un acuerdo satisfactorio en Pensiones

El Pacto de Toledo retoma sus trabajos y al parecer de una forma muy dinámica, con el objetivo de alcanzar un acuerdo rápido. La situación de déficit de la Seguridad Social así lo requiere y desde UGT deseamos que pronto pueda haber un acuerdo satisfactorio para el equilibrio financiero de la SS y la garantía actual y a futuros de pensiones suficientes, actualizadas al IPC como mínimo y sin recortes. Es por esto que consideramos imprescindible el dialogo del Ministerio con los agentes sociales en materia de pensiones y por ello les instamos a que convoquen la mesa de diálogo social cuanto antes, para que pueda trabajar en paralelo y en estrecha coordinación con los trabajos en el seno del Pacto de Toledo y los acuerdos en la mesa de Diálogo Social se produzcan de igual modo de manera rápida y eficaz.

Nuestra Seguridad Social necesita ahora más que nunca de mucho y buen trabajo en materia de diálogo y consenso, no solo las pensiones, muchas otras cuestiones de SS deberían ser tratadas en el seno del Diálogo Socail y ese diálogo hoy por hoy no existe. Solo así se pueden producir las más eficaces y duraderas soluciones para cuestiones vitales para los trabajadores y trabajadoras de este país.

El Consejo de Reguladores del MIBEL ha publicado un estudio sobre el mercado de derechos de emisión de CO2

lunes, 3 de agosto de 2020

El Consejo de Reguladores del MIBEL ha publicado un estudio sobre el mercado de derechos de emisión de CO2

cnmv.es

Consejo de Reguladores del MIBEL

27 de julio de 2020

• Analiza el mercado de derechos de emisión de CO2 durante las tres fases de funcionamiento del EU Emission Trading System (EU ETS) y su impacto en la formación del precio de la electricidad en el MIBEL. (Mercado Ibérico de Electricidad )

• Evalúa la repercusión del precio de los derechos de emisión de CO2 en el precio de la electricidad a lo largo de las distintas fases de implementación del EU ETS.

• Demuestra la importancia de atender la demanda de electricidad a través de tecnologías renovables, limpias de emisiones de CO2.

• El mercado de derechos de emisión de CO2 está regulado por la normativa financiera europea, cuyo objetivo es garantizar la integridad y el funcionamiento eficiente del mercado.
MADRID / LISBOA, 27 de julio de 2020 – El Consejo de Reguladores del MIBEL, constituido por la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha publicado un estudio sobre el mercado durante las tres fases de funcionamiento del EU ETS (EU de derechos de emisión de CO2Emission Trading System), en el que analiza su impacto en la formación del precio de la electricidad. El estudio se ha realizado con datos del periodo comprendido entre el 1 julio de 2007 y el 30 de septiembre de 2019.

El EU ETS es uno de los pilares de la estrategia de la Unión Europea para combatir el cambio climático, articulándose a través de mecanismos de mercado por los que se atribuye un valor económico a los derechos de emisión de CO2. El EU ETS se ha implementado a través de tres fases: Fase I (2005-2007), Fase II (2008-2012) y Fase III (2013-2020). Actualmente se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para preparar la cuarta Fase del EU ETS, que cubrirá el periodo comprendido entre 2021 y 2030.

La principal conclusión de este estudio es que la utilización de derechos de emisión de CO2 por los productores de energía eléctrica a partir de tecnologías térmicas, aunque sean asignados de forma gratuita, es un coste de oportunidad que integran en el coste marginal asociado a su producción y, por tanto, en el precio de la electricidad.

Esta premisa se ha validado a través de un análisis empírico en el que se estima cómo el precio de los derechos de emisión de CO2 se repercute en el precio de la electricidad a lo largo de las distintas fases de implementación del EU ETS.

El estudio también pone de manifiesto la importancia de atender la demanda de electricidad a través de tecnologías renovables, limpias de emisiones de CO2. El coste asociado a tales emisiones es de hecho una componente del coste en el proceso de formación del precio de laelectricidad del MIBEL. Esta conclusión refuerza la importancia de las políticas de descarbonización de Portugal y España.

Con el objetivo de asegurar la integridad y garantizar el funcionamiento eficiente del mercado de derechos de emisión de CO2, tales derechos fueron clasificados como instrumentos financieros. Esto se incluye en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), y del Reglamento (UE) Nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (MiFIR). Asimismo, es aplicable a los derivados sobre derechos de emisión de CO2 el Reglamento de la Unión Europea Nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (EMIR).