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Archivo del 4 de agosto de 2020

Pedro Sánchez firma el acuerdo con la FEMP para impulsar el papel de los ayuntamientos en la reconstrucción social y económica

martes, 4 de agosto de 2020

En el Palacio de La Moncloa

Pedro Sánchez firma el acuerdo con la FEMP para impulsar el papel de los ayuntamientos en la reconstrucción social y económica

Martes 4 de agosto de 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la firma del Gobierno de España con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

La Moncloa, Madrid – 04/08/20

El Palacio de la Moncloa ha acogido el acto de la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha contado con la presencia del presidente Pedro Sánchez, las ministras de Hacienda, María Jesús Montero y Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

El texto, aprobado en la jornada de ayer por la Junta de Gobierno de la FEMP, incluye un amplio conjunto de medidas que fortalecen la autonomía local de los ayuntamientos y les permite contar con un papel muy relevante en la estrategia de reconstrucción.

Con este acuerdo, el Gobierno moviliza un fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos con remanentes de tesorería, que podrán destinar a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural. La dotación total del fondo se articulará a lo largo del presente y el próximo ejercicio, atendiendo así a la petición de la FEMP de contar con un plazo suficiente de ejecución.

De forma complementaria, el acuerdo incluye otras medidas de alivio de las arcas municipales, tales como la no exigencia del cumplimiento de la regla de gasto para el ejercicio 2020, la prórroga del periodo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, la dotación de un fondo para compensar el déficit en el transporte público o medidas específicas para dotar de liquidez a los ayuntamientos con mayores dificultades financieras a través de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes.

EsPedro Sánchez firmando el acuerdo junto a Abel CaballeroFoto: Pool Moncloa/Fernando Calvote acuerdo ofrece continuidad a medidas ya adoptadas, como el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2020 para los ayuntamientos pese a la caída de recaudación y que este año han ascendido a 18.879 millones, o la aprobación, en el pasado mes de marzo, del instrumento que permite a los ayuntamientos destinar 300 millones de su superávit a financiar gastos de inversión en servicios sociales y prestaciones de atención primaria y atención a la dependencia.

El Gobierno reafirma, a través de este amplio conjunto de medidas, su decidida vocación municipalista, así como su intención de hacer de los ayuntamientos actores esenciales en la estrategia de recuperación social y económica.

El Defensor recomienda que no se descuente el periodo de prórroga a la hora de establecer la validez de las ITV

martes, 4 de agosto de 2020

El Defensor recomienda que no se descuente el periodo de prórroga a la hora de establecer la validez de las ITV

27/07/2020

defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha formulado una recomendación a la Secretaría General de Industria para que el plazo de validez de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) se contabilice a partir de la inspección realizada sin descontar el periodo de prórroga.

Durante el estado de alarma, tras el cierre de las estaciones ITV, la Administración estableció una prórroga para la validez de los certificados. Restablecido el servicio, determinó que al plazo de validez de las inspecciones se le descontaría el período de prórroga.

La Institución ha recibido quejas de asociaciones y particulares en las que ponen de manifiesto su disconformidad con estas condiciones ya que con ellas muchos vehículos tienen que realizar dos inspecciones seguidas en un corto periodo de tiempo con los costes y cargas que supone para sus propietarios.

Desde la Secretaría General de Industria aseguran que no imponen cargas adicionales a los interesados ya que se va a efectuar una inspección que debió realizarse y quedó en suspenso pero sin eliminar la obligación de su ejecución. Además, apuntan que estas medidas permiten a las estaciones de ITV poder absorber el volumen de vehículos acumulados pendientes de inspección y garantizar la viabilidad de su actividad.

Fernández Marugán recuerda que el objetivo general de la ITV es asegurar que los vehículos estén en buenas condiciones de uso desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente y no observa en la respuesta de la Administración razones imperiosas de interés general que justifiquen el recorte de la vida legal de las ITV.

Por este motivo, no comparte la afirmación de Industria ya que, en su opinión, al descontar el periodo de prórroga, está “acortando de manera artificial la duración de las ITV” obligando a los particulares a realizar la siguiente inspección antes de lo previsto. Así, apunta que en los casos más extremos (como el de los vehículos sujetos a inspección semestral) pueden tener que realizar dos inspecciones con un intervalo de pocos días entre ellas.

Una de las entidades que se ha dirigido al Defensor por este asunto denuncia que con estas medidas la Administración quiere favorecer la recuperación económica de las estaciones de ITV. Para el Defensor, es loable intentar asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV, sector, como otros muchos, afectado por el cierre de su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria. Ahora bien, Fernández Marugán concluye que “ese objetivo puede alcanzarse por otras vías, sin imponer cargas a los particulares”.

​COMUNICADO DE LA CASA DE S.M. EL REY

martes, 4 de agosto de 2020

Palacio de La Zarzuela, 03.08.2020

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha dirigido a Su Majestad el Rey la siguiente carta:

“Majestad, querido Felipe:

Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen.

Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España.

Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona.

Con mi lealtad de siempre.

Con el cariño y afecto de siempre, tu padre. ”Su Majestad el Rey le ha transmitido a S.M. el Rey Don Juan Carlos su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión.

El Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

Palacio de La Zarzuela, 3 de agosto de 2020

El Tribunal Supremo establece que Hacienda no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes el recurso de reposición contra la liquidación

martes, 4 de agosto de 2020

Jueves, 30 de julio de 2020

El Tribunal Supremo establece que Hacienda no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes el recurso de reposición contra la liquidación

La Sala III resuelve en una sentencia un recurso de reposición potestativo contra una liquidación tributaria sin que, correlativamente, solicitara con su interposición la suspensión de la ejecución de la deuda mientras se resolvía dicho recurso

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia que la Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa. En el supuesto analizado, el contribuyente había interpuesto un recurso de reposición potestativo contra una liquidación tributaria sin que, correlativamente, solicitara con su interposición la suspensión de la ejecución de la deuda mientras se resolvía dicho recurso.

La Administración dictó providencia de apremio una vez agotado el plazo de resolución del recurso sin resolverlo, considerando entonces que se había producido el acto desestimatorio presunto que le habilitaba para iniciar la vía de apremio.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sale al paso de esta interpretación recordando, en primer lugar, que el acto surgido por silencio solo es una ficción cuya principal virtualidad es la de permitir al afectado la posibilidad de impugnarlo, impidiendo el bloqueo que supone la creación de situaciones indefinidas u obstinadas de falta de respuesta.
Tal posibilidad impugnatoria no altera el deber de la Administración de resolver expresamente el recurso, de manera que –dice la sentencia- aceptar que pueda dictarse una providencia de apremio en un momento en que aún se mantiene intacto dicho deber “es dar carta de naturaleza a dos prácticas viciadas de la Administración y contrarias a principios constitucionales:

a) La primera práctica, no por extendida menos aberrante, es la de que el silencio administrativo sería como una opción administrativa legítima, que podría contestar o no según le plazca o le convenga.

b) La segunda práctica intolerable es la concepción de que el recurso de reposición no tiene ninguna virtualidad ni eficacia favorable para el interesado; en otras palabras, que se trata de una institución inútil, que no sirve para replantearse la licitud del acto, sino para retrasar aún más el acceso de los conflictos jurídicos, aquí los tributarios, a la tutela judicial”.

Y concluye la Sala de forma muy gráfica: “no se comprende bien que se apremie la deuda tributaria antes de resolverse de forma expresa el recurso de reposición que, teóricamente, podría dar al traste con el acto de cuya ejecución se trata; y, una vez, en su caso, desestimado explícitamente éste, cabría, entonces sí, dictar esa providencia de apremio, colocando así el carro y los bueyes -si se nos permite la expresión- en la posición funcionalmente adecuada. El mismo esfuerzo o despliegue de medios que se necesita para que la Administración dicte la providencia de apremio podría dedicarse a la tarea no tan ímproba ni irrealizable de resolver en tiempo y forma, o aun intempestivamente, el recurso de reposición, evitando así la persistente y recusable práctica del silencio negativo como alternativa u opción ilegítima al deber de resolver”.

El Gobierno aprueba subvenciones para los operadores públicos y privados de televisión por los costes del Segundo Dividendo Digital

martes, 4 de agosto de 2020

28 de julio de 2020

El Gobierno aprueba subvenciones para los operadores públicos y privados de televisión por los costes del Segundo Dividendo Digital

mineco.gob.es

Imagen del artículo El Segundo Dividendo Digital es el proceso por el que se liberan las frecuencias asignadas a los canales de televisión en la banda de 700 MHz con el fin de que puedan ser utilizadas para desplegar las futuras redes 5G
El objetivo de estas subvenciones es compensar los costes en que incurren los prestadores privados para sustituir los equipos transmisores y por la emisión simultánea que realizan los prestadores públicos para facilitar a los ciudadanos su adaptación a las nuevas frecuencias y que no sufran, en ningún momento, la pérdida del servicio de televisión TDT

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos reales decretos que establecen subvenciones para los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión en las frecuencias afectadas por el Segundo Dividendo Digital entre los días 1 de julio de 2020 y 30 de septiembre de 2020.

El Segundo Dividendo Digital es el proceso por el que se liberan las frecuencias de la banda de los 700 MHz, ahora ocupadas por canales de la TDT, con el fin de ser utilizadas para el despliegue de las redes 5G.

El pasado mes de junio, España comunicó a la Unión Europea que, por causa de fuerza mayor, derivada de la situación excepcional generada por el COVID-19, era imposible completar el proceso de liberación de frecuencias en la fecha inicialmente prevista, el 30 de junio.

La nueva fecha de finalización del Segundo Dividendo Digital será el próximo 31 de octubre, si bien solo es necesario extender las emisiones simultáneas hasta el 30 de septiembre, ya que a partir de esa fecha solo se producen actuaciones consistentes en cambios directos que no requieren la simultaneidad. Esta prolongación de tres meses lleva a establecer una compensación a los prestadores del servicio público por un importe superior a cinco millones de euros.

Asimismo, y también en el marco del Segundo Dividendo Digital, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy subvenciones por un importe máximo de 10 millones de euros a los prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva, con independencia de su ámbito geográfico (estatal, autonómico o local).

Las subvenciones se otorgan para sufragar los cambios necesarios en sus equipos transmisores como consecuencia del Segundo Dividendo Digital. Estas ayudas han sido objeto de autorización por la Comisión Europea, en el marco de su compatibilidad con el régimen de Ayudas de Estado.

Con ambos programas se facilita el cambio de las frecuencias utilizadas por la TDT y que los ciudadanos puedan adaptar sus instalaciones para que no sufran, en ningún momento, la pérdida del servicio de televisión TDT.

USO defiende que no se instrumentalice la igualdad laboral

martes, 4 de agosto de 2020

USO defiende que no se instrumentalice la igualdad laboral

uso.es

31 julio, 2020

USO critica que el acuerdo para el desarrollo de la igualdad laboral se ha firmado sin consenso y solo con las aportaciones de una parte de la realidad sindical de este país

USO critica que la igualdad laboral, un tema de importante trascendencia, no puede salir adelante sin un amplio consenso, sólo con las aportaciones de una parte de la realidad sindical de este país. Sin contar con otras organizaciones sindicales y sociales y, sin, ni siquiera, la firma de la patronal.

Este acuerdo, además de antidemocrático, ya que anula a la representatividad elegida libremente en los centros de trabajo, lo aboca al fracaso al no contar con el respaldo social y empresarial. Y es que la lucha por la igualdad laboral tiene que ir más allá de una foto, de lo meramente institucional o de lucir siglas. Debe ser de consenso y de todos.

En la coyuntura actual de destrucción y precariedad en el empleo, USO vuelve a reclamar que sólo con un compromiso común, tanto a nivel político, sindical y empresarial se conseguirá una igualdad real, y denunciará cualquier instrumentalización, discriminación o desigualdad en la materia en función de los agentes a los que quieren “dar permiso de existencia”

Falta de consenso para impulsar la igualdad en los centros de trabajo

Tras la finalización de la consulta pública para la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los Planes de Igualdad y su registro y del proyecto de Real Decreto por el que se regula la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, ambos siguen su tramitación hacia su aprobación en Consejo de Ministros.

Lo hacen bajo el paraguas de un supuesto acuerdo parcial en el que sólo está presente el bisindicalismo, dejando fuera al resto de sindicatos, entre ellos la USO, tercera fuerza sindical en España, con 12.000 delegados sindicales en las empresas y trabajando por la igualdad en miles de centros de trabajo.

Poco ha servido este procedimiento tanto en su contenido como en las formas, con una nueva escena fotográfica, desmarque patronal y ausencia de la pluralidad que afortunadamente tiene nuestro país. Un nuevo petardo del mal llamado diálogo social.

USO lleva años reclamando que se reglamente la igualdad laboral

Desde USO, junto a otras organizaciones sociales, llevamos años reclamando una reglamentación al respecto que sirva como herramienta eficaz para la negociación de los planes de igualdad y la implantación del registro salarial que acabe con la tan acuciada desigualdad entre hombres y mujeres y la con la brecha salarial en nuestro país, que lejos de corregirse puede verse incrementada en la actual crisis del empleo.

Así mismo, hemos exigido un verdadero plan de choque contra la precarización laboral, en forma de parcialidad y temporalidad que sufren en mayor porcentaje las mujeres. Ni se nos ha solicitado estar presentes ni se han tenido en cuenta aportaciones que son cruciales en esta batalla que debe ser de todos en temas tan relevantes como la transparencia retributiva, la correcta valoración de puestos de trabajo, sobre el registro retributivo, periodos temporales que deben ser mejorados especialmente en determinados sectores, planes de actuación y corrección, ampliación de contenidos mínimos en los planes, etc.

El texto del acuerdo en lugar de apostar por la pluralidad y de ser inclusivo para avanzar en la lucha por la igualdad, plasma una reivindicación del bisindicalismo, que es aplicar la restrictiva LOLS y su extensión en la regulación de la negociación colectiva en el Estatuto de los Trabajadores, para dejar fuera de la negociación de los planes de igualdad a un altísimo porcentaje de trabajadores y trabajadoras que van a ver cómo son representados por unos sindicatos a los que no han elegido y que las propuestas y la voz de sus legítimos representantes queda fuera de la mesa.

Por parte de los firmantes del acuerdo se justifica esta medida discriminatoria como una medida para reforzar el carácter negociado de los planes de igualdad. Desde USO hemos mantenido siempre, en las mesas y en los tribunales, que sólo tendrán éxito los planes de igualdad si se negocian teniendo en cuenta la pluralidad y las aportaciones de todos los agentes afectados.

Querer convertir el trabajo por la igualdad en las empresas en una réplica de la negociación colectiva es condenar al fracaso un objetivo que es de todos y de todas ¿No se ha aprendido nada de la ineficacia del modelo de negociación colectiva actual? Desde USO anunciamos que tomaremos las medidas legales oportunas para combatir esta norma excluyente y discriminatoria y seguiremos trabajando por la lucha por la democracia sindical y la pluralidad en los planes de igualdad.

Desde USO reclamamos la paralización inmediata de ambas normativas, exigiendo que siente por parte del Gobierno a todos los actores reales sin exclusiones ni sectarismos, que se tomen en consideración las aportaciones de distintas organizaciones y que se deje de utilizar la igualdad laboral y trabajemos todos y todas por ella. Pues se trata de temas tan relevantes como el reglamento de igualdad retributiva para tratar de acabar con la brecha salarial y de cómo negociar los planes de igualdad para que se traduzcan en medidas reales, y no en normativa que finalmente no revierta en la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad retributiva y la igualdad laboral crearán una mayor independencia económica de la mujer y una mejora de sus condiciones de vida en todos los ámbitos sociales, contribuyendo a una disminución de la pobreza de la mujer a lo largo de toda su vida laboral y una vez finalizada la misma.

La lucha de USO por la igualdad laboral

La falta de inclusión de USO en este acuerdo por la igualdad laboral resulta extraño tras las importantes sentencias conseguidas por USO en su lucha por la igualdad en su acción sindical habitual. Para hacer finalmente lo que se ha hecho, no se entiende por qué hemos esperado tanto.

A estos efectos, cabe recordar la sentencia del Supremo que falla a favor de USO, y en contra de UGT, CCOO, Fetico y la patronal Grupo El Árbol, que elimina el plus variable que discrimina por género.

O la última de hace unas semanas contra Eulen y Palicrisa por la brecha salarial entre limpiadores y limpiadoras en hospitales de Badajoz.