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Archivo del 10 de agosto de 2020

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lunes, 10 de agosto de 2020

España solicita el acceso al nuevo instrumento europeo que permite financiar los costes de los ERTE y de la prestación para autónomos

lunes, 10 de agosto de 2020

España solicita el acceso al nuevo instrumento europeo que permite financiar los costes de los ERTE y de la prestación para autónomos

Lunes 3 de agosto de 2020

El nuevo instrumento comunitario responde a la propuesta defendida por España de desarrollar una red de seguridad para las personas y proporcionar una respuesta europea a la crisis.

lamoncloa.gob.es

El Reino de España ha solicitado a la Comisión Europea el acceso al instrumento europeo de mitigación de los riesgos de desempleo, conocido como SURE, y que permite financiar con préstamos comunitarios los programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas.

Este programa fue uno de los tres nuevos mecanismos puestos en marcha a nivel europeo, junto a la línea precautoria del Mecanismo Europeo de Estabilidad y los avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para dar una respuesta sanitaria, económica y social a los efectos de la pandemia del COVID-19.

El programa SURE movilizará unos recursos máximos a nivel comunitario de 100.000 millones de euros y se financiará con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado. Los Estados miembros contribuyen al instrumento aportando avales a las emisiones de la Unión Europea.

El pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros autorizó el otorgamiento de los avales necesarios para la participación de España en el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia creado por la Comisión Europea (SURE).

En el caso de España, este instrumento permite financiar programas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto en lo concerniente a la prestación que recibe el trabajador como a las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario.

También se pueden utilizar los recursos del SURE para financiar la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, así como la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja como consecuencia del COVID-19 o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico.

El importe solicitado para la financiación de estos programas es superior a 20.000 millones de euros.

El importe final a recibir dependerá, entre otros factores, del volumen que soliciten el resto de países interesados en este programa. Una vez determinado el importe final por parte del Consejo de la UE, a propuesta de la Comisión Europea, el crédito será desembolsado a los Estados que soliciten este instrumento en varios tramos. El primero de ellos podría recibirse en otoño de 2020 y, el resto, a partir de 2021.

El Banco Central Europeo amplía la recomendación de no repartir dividendos hasta enero de 2021 y aclara el plazo para restituir los colchones

lunes, 10 de agosto de 2020

Nota de prensa

Banco Central Europeo

bde.es

28 de julio de 2020

El BCE amplía la recomendación de no repartir dividendos hasta enero de 2021 y aclara el plazo para restituir los colchones
•El BCE pide a las entidades de crédito que no repartan dividendos ni recompren acciones hasta enero de 2021.
El BCE espera que las entidades apliquen una moderación extrema en la remuneración variable para conservar el capital en momentos de crisis.
El BCE aclara el ritmo esperado para que las entidades restablezcan sus posiciones de capital y de liquidez.

El Banco Central Europeo (BCE) ha ampliado hoy su recomendación a las entidades de crédito sobre el reparto de dividendos y la recompra de acciones hasta el 1 de enero de 2021 y les ha pedido que sean extremadamente moderadas en relación con la remuneración variable. También ha aclarado que concederá tiempo suficiente a las entidades para que repongan sus colchones de capital y de liquidez a fin de evitar la prociclicidad.

Esta recomendación actualizada sobre el reparto de dividendos es de carácter temporal y excepcional y su objetivo es preservar la capacidad de las entidades para absorber pérdidas y prestar apoyo a la economía en este entorno de incertidumbre extraordinaria. Esta incertidumbre hace que sea difícil para las entidades prever con exactitud sus posiciones de capital. Como ha demostrado el análisis de vulnerabilidad, el nivel de capital del sistema podría reducirse significativamente si se materializara un escenario severo.

El BCE revisará si esta medida seguirá siendo necesaria en el cuarto trimestre de 2020, teniendo en cuenta el entorno económico, la estabilidad del sistema financiero y la fiabilidad de la planificación del capital. Una vez que se alivie la incertidumbre que hace necesaria esta recomendación temporal y excepcional, las entidades con posiciones de capital sostenibles podrían considerar reanudar el pago de dividendos. Esto también será aplicable cuando operen por debajo del nivel de capital de la recomendación de Pilar 2 (P2G). El requisito previo es que las trayectorias de capital previstas de las entidades demuestren que sus posiciones de capital son sostenibles a medio plazo.

Con la misma finalidad, es decir, preservar la capacidad de las entidades para absorber pérdidas y respaldar el crédito a la economía real, el BCE también ha emitido una carta dirigida a las entidades de crédito pidiéndoles que sean extremadamente moderadas en relación con los pagos de remuneraciones variables, por ejemplo, reduciendo su importe total. En los casos en los que esto no sea posible, las entidades deberían diferir una parte mayor de la remuneración variable y considerar pagos en instrumentos, como acciones propias. Como es habitual, el BCE continuará evaluando las políticas de remuneración de las entidades como parte de su proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES), y, en particular, el impacto que dichas políticas pueden tener en su capacidad para mantener una base sólida de capital. El enfoque del BCE relativo a los dividendos y la remuneración cumple con la correspondiente Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

El BCE continúa animando a las entidades de crédito para que utilicen sus colchones de capital y de liquidez para conceder préstamos y para absorber pérdidas. No les exigirá que comiencen a restituir sus colchones de capital antes de que este alcance el nivel máximo de caída, que actualmente se prevé que ocurrirá en 2022. El plazo exacto se decidirá después de las pruebas de resistencia a escala de la UE de 2021 y, como en todos los ciclos de supervisión, de manera individualizada en función de la situación concreta de cada entidad.

Lo mismo es aplicable a la restitución de la ratio de cobertura de liquidez (LCR, por sus siglas en inglés). El BCE considerará factores específicos de cada entidad (por ejemplo, el acceso a los mercados de financiación) y factores de mercado (como la demanda de liquidez de los hogares, las empresas y otros participantes en el mercado) al establecer el plazo para que las entidades restablezcan sus colchones de liquidez.

En cualquier caso, el BCE se compromete a permitir a las entidades de crédito operar por debajo de la recomendación de Pilar 2 (P2G) y del requerimiento combinado de colchones de capital al menos hasta el final de 2022, y por debajo de la LCR al menos hasta el final de 2021, sin activar automáticamente medidas supervisoras.

«La acumulación de potentes colchones de capital y de liquidez desde la última crisis financiera ha permitido a las entidades seguir prestando financiación a los hogares y a las empresas durante esta crisis y, por tanto, ayudar a estabilizar la economía real», afirmó Andrea Enria, presidente de Consejo de Supervisión. «En consecuencia, es fundamental animar a las entidades a que utilicen sus colchones de capital y de liquidez ahora para seguir centrándose en esta tarea primordial: conceder préstamos, manteniendo, por supuesto, unos criterios de concesión adecuados. Mientras tanto, y para ayudar a las entidades en su planificación, estamos indicando un retorno gradual a la normalidad.»

Por último, dado que el sector bancario ha mostrado capacidad de resistencia operativa, el BCE no tiene previsto ampliar el plazo de seis meses de las medidas de relajación de los requerimientos operativos que otorgó a las entidades en marzo de 2020, con la excepción de las estrategias de reducción de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés) para las entidades con altos niveles de préstamos de esta naturaleza. El BCE reanudará el seguimiento de medidas correctoras previas aplicadas a las entidades a raíz de los resultados de PRES anteriores, de inspecciones in situ y de investigaciones de modelos internos. El BCE también prevé reanudar la emisión de decisiones sobre revisiones específicas de modelos internos (TRIM, por sus siglas en inglés), cartas de seguimiento in situ y decisiones sobre modelos internos una vez que finalice el período de seis meses.

El BCE concederá a las entidades con altos niveles de préstamos dudosos un plazo adicional de seis meses para que presenten sus planes de reducción de estos préstamos con el fin de darles más tiempo para que puedan estimar mejor el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre la calidad de los activos, lo que debería permitirles realizar una planificación más precisa. No obstante, se espera que las entidades sigan gestionando activamente sus préstamos dudosos.
El BCE también ha emitido una carta dirigida a las entidades de crédito en la que comunica sus expectativas de que las entidades contaran con prácticas de gestión eficaces y con suficiente capacidad operativa para hacer frente al aumento esperado de las exposiciones problemáticas.

Nota. El término «dividendo» utilizado en la recomendación del BCE se refiere a pagos en efectivo. Sin embargo, el pago de dividendos en forma de acciones no entra dentro del alcance de la recomendación, siempre que no reduzca la cantidad o la calidad de los fondos propios.

El impacto del COVID-19 en la economía reduce el número de ocupados en más de un millón de personas en el segundo trimestre

lunes, 10 de agosto de 2020

28 de julio de 2020

mineco.gob.es

El impacto del COVID-19 en la economía reduce el número de ocupados en más de un millón de personas en el segundo trimestre

La ocupación se situó en 18.607.200 personas, con una disminución del 5,46% respecto al trimestre anterior
El número de desempleados se incrementó en 55.000 personas en el segundo trimestre y la tasa de paro alcanzó el 15,33%
Las medidas de flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) están permitiendo mantener los puestos de trabajo
La destrucción de empleo sigue concentrándose en los trabajadores con contrato temporal

El impacto del COVID-19 y de las medidas de contención adoptadas para contener la pandemia provocó que el número de personas ocupadas en el segundo trimestre del año se redujera en 1.074.000 personas, un 5,46%, situándose en 18.607.200, según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los últimos 12 meses, como consecuencia del COVID-19, se ha producido una destrucción de empleo que, en términos interanuales, es del 6,05%. Hay que tener en cuenta que este descenso se ha concentrado de forma exclusiva durante la pandemia.

El número de personas desempleadas se incrementó en 55.000 en este periodo, hasta los 3.368.000, y la tasa de paro se situó en el 15,33%.

Siguiendo la metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las personas incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se consideran personas ocupadas. No obstante, el número total de horas efectivas trabajadas en el segundo trimestre ha registrado un descenso sin precedentes del 22,59%, debido a la limitación de la actividad económica.

Asimismo, el descenso de la ocupación se ha traducido en un incremento de 1.062.800 personas inactivas en el segundo trimestre. Este aumento se produce fundamentalmente por la dificultad sobrevenida de buscar empleo.

Ocupación

En el segundo trimestre del año el descenso de la ocupación afectó a todos los sectores económicos, continuando con la tendencia del trimestre anterior, en el que los datos de ocupación ya reflejaron los primeros efectos sobre el empleo del COVID-19. Servicios fue el sector más afectado, con 816.900 ocupados menos; seguido de Industria, con 127.000; Construcción, con 108.700, y Agricultura, con 21.400.

En términos interanuales el empleo se redujo también en todos los sectores, con 922.200 ocupados menos en Servicios, 112.300 en Industria, 107.300 en Construcción y 45.900 en Agricultura.

El descenso de la ocupación es general también en todas las comunidades autónomas en el último trimestre, a excepción de Islas Baleares, donde el número de ocupados se incrementó en 9.200 personas. Las mayores caídas se produjeron en Cataluña, con 223.700 ocupados menos; Andalucía, con 198.100, y la Comunidad de Madrid, con 184.400.

En el último año se ha registrado un descenso de la ocupación en todas las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta y Melilla. Las Comunidades que más reducen su ocupación son Andalucía con 226.800 menos, Cataluña con 203.600 y Comunidad Valenciana con 140.600.

La caída de la ocupación en el segundo trimestre sigue concentrándose en los trabajadores con contrato temporal. Mientras que la contratación indefinida se redujo en 361.400 personas, lo que supone una reducción del 2,91%, la temporal lo hizo en 671.900, con una caída del 16,22%.

Este patrón se mantiene en términos anuales, con una disminución de 929.100 trabajadores temporales y de 232.200 trabajadores con contrato indefinido.

El descenso de la ocupación sigue afectando también más a las mujeres que a los hombres. En el segundo trimestre se redujo un 6,06% el número de mujeres ocupadas, frente a un descenso de 4,95% en los hombres. En términos anuales, el comportamiento fue similar, con una reducción de la ocupación femenina del 6,42% y del 5,74% de la masculina.

Desempleo

En el segundo trimestre el número de personas desempleadas se incrementó en 55.000, hasta alcanzar las 3.368.000, lo que dejó la tasa de paro en el 15,33%.

Los datos indican que las medidas de flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) están mostrándose eficaces para reducir el impacto en el empleo y que éste sea menor que el observado en crisis anteriores.

Por comunidades autónomas, en términos intertrimestrales, los mayores aumentos del número de desempleados se produjeron en Cataluña, con 61.300 parados más, Comunidad de Madrid, 54.500, y Comunidad Valenciana, 42.500. Por el contrario, se registraron descensos del paro en Andalucía, 48.200 desempleados menos, Castilla-La Mancha, 20.900 y Extremadura, 15.000.

En términos anuales los mayores incrementos del paro también se registraron en Madrid, con 62.900 parados más, Comunidad Valenciana, 43.100 y Cataluña 41.700. Registraron una reducción en el número de parados Andalucía 47.000 menos, Canarias, 13.300 y Castilla La Mancha, -5.000.

Por sectores, el sector Servicios concentró el desempleo en el último trimestre, con 199.000 parados más, y en los últimos doce meses, 385.900.

El déficit del Estado en el segundo trimestre se sitúa en el 4,36% del PIB por el impacto del COVID-19

lunes, 10 de agosto de 2020

Datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado en el segundo trimestre se sitúa en el 4,36% del PIB por el impacto del COVID-19

Jueves 30 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que muestran el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas para combatir esta emergencia y mitigar la crisis.

En concreto, el Ministerio de Hacienda difunde hoy el dato de déficit del Estado hasta junio, que se sitúa en el 4,36% del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de mayo, que se sitúa en el 4,20% del PIB.

Todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno para la gestión de la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

Déficit del Estado (junio)

En la primera mitad del año el déficit del Estado se sitúa en 48.767 millones, lo que equivale al 4,36% del PIB. Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 14,4% debido a la menor actividad económica como consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas para combatir el virus. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 23,7% por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias corrientes a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

Asimismo, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros se sitúan en 81.018 millones, lo que supone un descenso del 14,4% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de junio están afectados, al igual que en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Los recursos impositivos, que representan el 81,3% el total, se sitúan en 65.837 millones, lo que supone una disminución del 18,1%. Retroceden prácticamente la totalidad de las figuras tributarias. Destacan por un lado el descenso del 15,4% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA retrocede un 18,1%, hasta los 33.634 millones. Este comportamiento se debe al menor consumo por la caída de la actividad y a alguna de las medidas tomadas para combatir la pandemia como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes sanitarios necesarios en la lucha contra el coronavirus.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 23,5%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 10,6% y el IRPF un 28,7% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta, además del parón de la actividad. Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 57,6% y las cotizaciones sociales un 1,2% fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 31,7% así como los intereses, que disminuyen un 18,7%. Es reseñable el buen comportamiento de los dividendos de Loterías y Apuestas del Estado y Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando el descenso registrado en los dividendos de ENAIRE en 2020.

Empleos no financieros del Estado

Hasta junio los empleos no financieros han ascendido a 129.785 millones, cifra superior en un 23,7% a la registrada en la primera mitad de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las Comunidades Autónomas, tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril como por los anticipos a cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio 2018. El objetivo de estas medidas es garantizar liquidez a las CCAA para que puedan afrontar la pandemia y seguir prestando servicios públicos de calidad.

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las Comunidades Autónomas han recibido, entre otros, 206 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación y 447 millones de subvenciones al Plan estatal de vivienda.

Entre el resto de operaciones, destacan los cerca de 1.000 millones de gastos relacionados con la pandemia, de los que 806 millones se registran en los consumos intermedios, además de la transferencia realizada a la Seguridad Social para el equilibrio económico de sus cuentas tras la pandemia.

Así, los consumos intermedios crecen un 22% por los gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la COVID-19, sin correspondencia en 2019. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,9% debido a la subida de retribuciones tras el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos alcanzado en marzo de 2019, para la mejora del empleo público; y al incremento retributivo correspondiente a 2020 del 2% frente al 2,25% de 2019.

Las transferencias sociales en especie, crecen hasta los 199 millones, y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 4,2%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 78,5%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 11,8% de los intereses, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 72,9%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (mayo)

Hasta mayo de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 46.954 millones, lo que equivalente al 4,20% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 46.954 millones de euros, equivalente también al 4,20% del PIB.

Administración Central

La Administración Central ha registrado un déficit del 2,96% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 55 millones hasta mayo.
•El déficit del Estado en mayo equivale al 2,95% del PIB, 17.425 millones.
•Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 148 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,01% del PIB.

Comunidades Autónomas

La Administración regional ha registrado un déficit de 929 millones, lo que supone el 0,08% del PIB, frente al déficit del 0,36% del PIB registrado hace un año. Este mejor comportamiento se debe a diversas medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CCAA y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.

En concreto, esta evolución es consecuencia del adelanto de la financiación procedente del Estado vía anticipos a cuenta del sistema de financiación; al avance de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018; a la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, así como de los ingresos recibidos del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales y del programa de prestaciones sanitarias y farmacia. En conjunto han supuesto en torno a unos 6.900 millones sin correspondencia en el mismo periodo de 2019.

Asimismo, los ingresos se han incrementado un 9,7%. Cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos en un 4,9%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 17,7%, y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 17,4%, por los mayores recursos del Estado.

Hay que tener en cuenta que tanto en 2019 como en 2020 ha habido prórroga de los PGE, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 25,7%, destacando el descenso del 21,6% del ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,2%, los consumos intermedios crecen un 7,2%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 4,5% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID hasta mayo. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 3,0%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria, del gasto en farmacia y en conciertos educativos.

Las subvenciones se elevan un 2,5% y las prestaciones sociales un 8,7%. Por último, la inversión crece un 2,1% y las transferencias entre AAPP aumentan un 5,0%. Hasta la fecha, el único gasto que descienden son los intereses, que caen un 13,9%.

Todas las comunidades (salvo Madrid, Navarra y Madrid) registran en mayo un comportamiento más positivo que hace un año. De hecho, nueve regiones logran superávit y una región tiene equilibrio presupuestario.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza los 2.876 millones en gasto en sanidad, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit del 1,15% del PIB. Este deterioro responde fundamentalmente a los impactos ocasionados por la crisis derivada del COVID-19, especialmente sobre las prestaciones sociales. Los recursos se han reducido un 0,8% frente a los gastos no financieros que aumentan un 24,2%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 11.600 millones, un 72,4% de todo el incremento registrado.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 5.105 millones, un 0,46% del PIB. Los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 50.617 millones, con una disminución del 1,0% respecto a los de finales de mayo de 2019. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 59.476 millones, un 8,9% más que el año anterior.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 7.640 millones a finales de mayo. Las cotizaciones sociales decrecen un 2,3% frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta mayo un 106,8%.

La evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de mayo cercano a los 6.500 millones, con un número de beneficiarios de prestaciones de 2.661.878 personas, cifra que supone el 53,8% de la totalidad de los beneficiarios de prestaciones de desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 1.637 millones, un 54,3% más que el año anterior, por las exenciones de cuotas y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra un resultado negativo de 151 millones de euros.