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Archivo del 11 de agosto de 2020

Monumento a Concha Espina. Santander

martes, 11 de agosto de 2020

Victorio Macho

martes, 11 de agosto de 2020

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 9.738,18 millones de euros

martes, 11 de agosto de 2020

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 9.738,18 millones de euros

Jueves 30 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

Tesorería General de la Seguridad Social

Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo de 9.738,18 millones de euros a 30 de junio de 2020. Esta cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 86.177,26 millones, que presentan un incremento del 19,76%, y unas obligaciones reconocidas de 76.439,08 millones, que crecen en un 8,73% respecto al mismo periodo del año pasado.

El volumen total de derechos reconocidos, el 92,53% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 7,47% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 86,81% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 13,19% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 80.039,81 millones de euros, con un incremento del 13,15% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento 8,82%, totalizando 76.267,16 millones de euros.

Ingresos no financieros

En lo que va de año, las cotizaciones sociales han ascendido a 59.145,17 millones de euros, suponiendo 2.151,40 millones de euros menos (3,51%) que en el año precedente. Dicha circunstancia, viene motivada por la disminución de la cotización de ocupados en un 6,33%, mientras que la de desempleados se elevan un 44,07%.

El descenso en la cotización de ocupados viene motivado por las distintas medidas que el Gobierno ha aprobado, tras decretar el estado de alarma, para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de la prestación extraordinaria por cese de actividad.

A ello se une la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se pueden acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia por un periodo de seis meses.

Por otro lado, cabe destacar las devoluciones de las cuotas de trabajadores autónomos que a 30 de junio se cifran en 379,68 millones de euros, lo que supone un incremento de 297,49 millones más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido a la prestación extraordinaria, que incluye la exención de estas cotizaciones.

Las transferencias corrientes ascienden a un total 26.509,87 millones, lo que representa un incremento del 163,98% respecto del mismo período del año anterior. Dentro de este apartado la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 24.652,70 millones, un 206,65% más de incremento interanual.

Ello se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 millones de euros para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la COVID-19, aprobada por Real Decreto ley 19/2020.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones se situaron en 71.963,73 millones, un 9,55% más respecto al mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 94,15% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 66.752,64 millones corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 10,31%.

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 3,14% hasta sumar 56.529,17 millones. Este incremento tiene su origen en el descenso del número de pensionistas (0,22%), en la elevación de la pensión media (2,03%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (0,9%) aprobado por el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero.

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 1.435,94 millones, lo que representa un incremento interanual del 16,53%, donde se aprecia el efecto del aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.

El gasto en incapacidad temporal (IT) se ha visto incrementado un 18,82% hasta los 5.089,40 millones, siendo el gasto registrado en IT por procesos derivados de la COVID-19 (que cubre la enfermedad y el periodo de aislamiento) de 55,63 millones, un 1,09% del gasto total.

Merece atención especial la prestación extraordinaria para autónomos que ha sido abonada a favor de estos trabajadores afectados por declaración del estado de alarma ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 alcanzando a 30 de junio un importe de 3.443,66 millones de euros.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 5.211,08 millones de euros, un 0,72% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 4.248,71 millones y a subsidios y otras prestaciones 962,37 millones, de los que 926,31 millones corresponden a prestaciones familiares y al Ingreso Mínimo Vital, un 13,98% más, importe que corresponde en su totalidad a prestaciones familiares.

El incremento en las prestaciones familiares viene motivado por la mejora en la cuantía de las mismas, establecida por el Real Decreto Ley 8/2019, de 12 de marzo, que ha pasado de una prestación por hijo a cargo por importe de 291 a 341 euros, o de 588 euros en los casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores a la escala que precisa aquellas familias que se sitúan en la pobreza más severa.

En cuanto a la nueva prestación de Ingreso Mínimo Vital, se ha abonado a los perceptores el importe de 33,42 millones de euros, correspondiente a las prestaciones reconocidas en junio, pero su imputación presupuestaria no se contabiliza hasta el mes de julio.

Por lo que respecta a los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social han experimentado un aumento del 5,2% en gastos de personal, una disminución del 9,86% en gastos corrientes de bienes y servicios y del 22,43% en gastos dedicados a inversiones. Con un decremento global del 0,84% interanual.

El aumento de los gastos de personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

Informe de opinión del IEE sobre la fiscalidad de las pensiones: La necesidad de fomentar el ahorro para la jubilación

martes, 11 de agosto de 2020

Informe de opinión del IEE sobre la fiscalidad de las pensiones: La necesidad de fomentar el ahorro para la jubilación

No se deben reducir, sino mantener, los incentivos fiscales actualmente existentes a los planes de pensiones en España, en cuanto ya somos uno de los países de la OCDE con menores incentivos fiscales a los planes de pensiones.

ieemadrid.es

El fomento del ahorro a largo plazo a través de los planes de pensiones contribuye a incrementar la inversión, la productividad y el nivel de vida de las sociedades.
Los planes individuales y los planes de empleo son complementarios y no sustitutivos, por ello el sistema debe simultanear los incentivos a ambos instrumentos.

Madrid, 29 de julio de 2020. España se enfrenta, al igual que el conjunto de economías avanzadas de la UE, a los retos derivados del envejecimiento de la población que requiere de aumento necesario de la tasa de ahorro para la jubilación, para lo que se necesita un marco fiscal adecuado de incentivos con vocación de permanencia a lo largo del tiempo, con mayor flexibilidad en la utilización de los instrumentos de previsión y siguiendo las principales pautas de los países de nuestro entorno. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su Informe de Opinión sobre la realidad actual del marco fiscal de los planes de pensiones. En este contexto, es necesaria y bienvenida cualquier iniciativa que pueda contribuir a incentivar el ahorro de los españoles y, en particular, en este tipo de instrumentos de planificación para la jubilación, ya que nuestro país cuenta con un nivel de expansión muy reducido de los planes de pensiones en comparación con el resto de las principales economías avanzadas.

Como se destaca en el informe, los beneficios del ahorro instrumentado a través de planes de pensiones son múltiples y no terminan en la mejora del bienestar del individuo a largo plazo, al complementar su pensión pública y permitirle acercar su nivel de vida en la etapa de retiro al que disfruta en su vida laboral, sino que los beneficios se extienden al conjunto de la economía. Así, si se consigue incrementar el nivel de ahorro nacional, se estará incrementando el nivel de fondos disponibles para acometer inversiones, uno de los principales motores del incremento de la productividad a largo plazo, lo que, a su vez, deriva en una mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Además, el mayor ahorro canalizado por los fondos pensiones permite un mayor desarrollo de los mercados financieros mejorando su liquidez y su funcionamiento, y, en definitiva, dando lugar a una asignación de capital más eficiente.

En el informe se observa también que, a diferencia de la economía española, los sistemas complementarios de la Seguridad Social están muy desarrollados en países de nuestro entorno, tal y como muestra el volumen del patrimonio de los fondos de pensiones privados y los seguros de vida. En aquellos países con sistemas privados de pensiones fuertes, como Holanda, Suiza o el Reino Unido, los fondos de pensiones, con un valor superior al 100% del PIB, canalizan el ahorro privado y constituyen el principal proveedor de capital a la industria, a la vez que constituyen la parte fundamental de la tasa de sustitución del sistema; sin embargo, en España no alcanzan el 10% del valor del PIB. Una posible explicación de este retraso es que España es uno de los países que menos incentivos fiscales tiene a los planes de pensiones, ya que nuestros incentivos no llegan al 60% del promedio de la OCDE. En cualquier caso, la distancia se amplía en relación con los países con mejores prácticas de incentivos fiscales de la OCDE y de la UE, ya que Irlanda u Holanda están por encima del 170% de la media de la OCDE, que es equivalente a un incentivo fiscal tres veces superior al de España.

Los países con peor tratamiento fiscal del rescate, como es el caso español, han de cuidar los incentivos en las aportaciones, especialmente, ya que, en otro supuesto, desaparecería el estímulo fiscal derivado del diferimiento. De hecho, bajo un hipotético supuesto, que afortunadamente no parece haberse planteado, de desaparición de los incentivos a la aportación, manteniéndose el actual contexto de tributación de la prestación, estaríamos en un claro caso de doble imposición sobre el ahorro materializado en los planes de pensiones.

El motivo del favorable tratamiento fiscal del ahorro-previsión en tantos países viene motivado por la incuestionable utilidad del sistema fiscal para impulsar a unos contribuyentes que pueden ser escasamente proclives a tomar una decisión racional en favor del diferimiento de renta, para que lo hagan. A este respecto el Banco de España, en un trabajo reciente, ha demostrado que los ciudadanos son muy sensibles (tienen una alta elasticidad) en cuanto a aportar, esto es, a ahorrar, en estos instrumentos en función del marco fiscal. En esta línea, muchos países optan por focalizar especialmente el incentivo en el momento en que dicho ahorro se efectúa mediante la contribución.

Recientemente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha analizado la reducción fiscal en las aportaciones a los planes de pensiones privados en un estudio muy interesante y detallado del que se pueden extraer muchas lecciones, si se interpreta adecuadamente, y en el que lejos de interpretaciones excesivamente apresuradas, no se ha propuesto la eliminación de este incentivo fiscal, sino que ha señalado que debe replantearse o rediseñarse para ser un mecanismo más eficaz, lo que da una idea de la importancia que este incentivo tiene en el marco de incentivar el ahorro a largo plazo. En relación al estudio de la AIRef cabe realizar las siguientes consideraciones:

En este estudio, se apunta la gran importancia de la seguridad jurídica y la estabilidad en el marco normativo de los productos de ahorro a largo plazo, justo lo que ha faltado en los últimos años. De hecho, parece que la progresiva pérdida de incentivos se ha traducido en una disminución de las aportaciones. El sistema de incentivos fiscales de deducción en la base imponible de las aportaciones es el que prevalece en la mayoría de los países de nuestro entorno. Si España se alejara del mismo, sería una excepción dentro de los países de la OCDE. Asimismo, se reconoce que el incentivo fiscal vigente para los planes de pensiones en España, medido como el valor presente descontado del ahorro fiscal como porcentaje del valor presente de las contribuciones realizadas, es uno de los más reducidos de toda la OCDE, por lo que existe margen de mejora para equipararnos con las mejores prácticas.

Como reconoce el propio informe, el coste real neto para la Administración derivado de este incentivo fiscal, cuando se calcula integralmente es exiguo de solo 450 millones, cuando se incorporan en el cálculo los ingresos tributarios relativos a las prestaciones de forma conjunta con la incidencia de las aportaciones. Además, se llega a la conclusión de que en la mayor parte de los casos este incentivo fiscal es un mero diferimiento tributario, que en sí mismo, constituye un atractivo y un incentivo para ahorrar. No cabe duda de que, en general, por el fenómeno de la preferencia temporal, a igualdad de circunstancias, es preferible pagar los impuestos en un tiempo futuro que abonarlos en el presente.

El análisis de los planes de pensiones desde la perspectiva de la equidad debe tener en cuenta toda la vida fiscal del instrumento y el ciclo vital de los individuos. La posible regresividad de las reducciones por aportaciones se compensa por la tributación progresiva de las prestaciones. Por ello, en el informe de la AIRef se estima que la mayor ventaja fiscal se concentra en las rentas bajas, ya que estos son los que tienen una mayor probabilidad de que la tributación de la prestación se realice a un tipo marginal inferior del que se benefició la reducción de la aportación, lo que hace que los individuos con menores rentas en la etapa de jubilación sean, precisamente, los que más amplifican su rentabilidad financiero-fiscal por haber ahorrado a través de planes de pensiones.

A modo de cierre de su informe, el IEE plantea una serie de recomendaciones, entre las que cabe destacar, entre otras, las siguientes.

No se deben reducir, sino mantener, los incentivos fiscales actualmente existentes a los planes de pensiones en España, de deducción en el IRPF por las aportaciones a los planes de pensiones. En cualquier caso, deben elevarse significativamente los límites de las aportaciones realizadas a favor de los cónyuges sin rentas, tal y como fija la recomendación 16 del Pacto de Toledo.
La tributación de las prestaciones de los planes de pensiones, correspondiente al rendimiento financiero derivado de la gestión del plan, debería tributar como parte de los rendimientos del ahorro generados a más de un año. Este tratamiento debería aplicarse obligatoriamente también a la parte de esos rendimientos incluidos en las percepciones en forma de renta vitalicia.
En lo relativo al fomento a los planes de empleo, habría que excluir del cómputo de las bases de cotización a la Seguridad Social las aportaciones a sistemas de previsión social y se debería reinstaurar la deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades para las aportaciones a sistemas de previsión social.

Con carácter general, ha de abogarse por la seguridad jurídica, con un marco regulatorio estable, predecible y favorable de los instrumentos de previsión a largo plazo.
Los planes individuales y los planes de empleo son complementarios, por ello el sistema debe simultanear los incentivos a ambos instrumentos. La construcción de un segundo y tercer pilar mediante algún esquema organizativo capaz de universalizar el ahorro y apoyar al sistema público de pensiones en el cumplimiento de sus objetivos.

El presupuesto a largo plazo deberá mejorarse para que el Parlamento lo apruebe

martes, 11 de agosto de 2020


El presupuesto a largo plazo deberá mejorarse para que el Parlamento lo apruebe

El mandato para las negociaciones con el Consejo para mejorar el MFP ha sido adoptado por una gran mayoría de eurodiputados.

Es un paso positivo para la recuperación a corto plazo, pero los recortes en el presupuesto a largo plazo son inaceptables

El instrumento de recuperación necesita una supervisión democrática para la rendición de cuentas

Es indispensable un compromiso vinculante para las nuevas fuentes de ingresos de la UE


Se necesita un mecanismo claro que vincule el respeto al Estado de derecho con la financiación europea

Los eurodiputados están preparados para paralizar su consentimiento al presupuesto a largo plazo a no ser que se mejore el acuerdo

europarl.europa.eu

El fondo de recuperación es un “paso histórico”, pero se ponen en riesgo prioridades a largo plazo de la UE como el Pacto Verde o la Agenda Digital, según los eurodiputados.

En una resolución sobre las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 17 al 21 de julio, aprobada por 465 votos a favor, 150 en contra y 67 abstenciones, los eurodiputados rinden homenaje a las víctimas del coronavirus y a todos los trabajadores que han estado luchando contra la pandemia. Subrayan que “los ciudadanos de la UE tienen una responsabilidad colectiva de solidaridad”.

Paso positivo para la recuperación, inadecuado a largo plazo

En el texto, que sirve como mandato para las próximas negociaciones sobre la futura financiación y recuperación de la UE, el Parlamento da la bienvenida a la aceptación de los líderes de la UE de un fondo de recuperación, tal y como propuso el Parlamento en mayo, denominándolo como “un paso histórico para la UE”. Los eurodiputados rechazan, sin embargo, “los recortes masivos a las subvenciones” y piden la participación completa y democrática del Parlamento en el instrumento de recuperación que “no otorga un papel formal a los eurodiputados electos del Parlamento Europeo”.

En cuanto al presupuesto a largo plazo, los eurodiputados se oponen a los recortes en los programas orientados al futuro y consideran que “perjudicarán los fundamentos de una recuperación sostenible y resiliente”. Programas emblemáticos de la UE para la protección del clima, la transición digital, sanidad, juventud, cultura, investigación o gestión de fronteras “están en riesgo de sufrir una reducción inminente de la financiación de 2020 a 2021” y, a partir de 2024, “el presupuesto de la UE en su totalidad estará por debajo de los niveles de 2020, poniendo en peligro los compromisos y prioridades de la UE”.

El Parlamento no puede aceptar un mal acuerdo

El Parlamento, por tanto, no acepta el acuerdo político del Consejo Europeo sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 tal y como se ha propuesto, y no dará su visto bueno a un hecho consumado. Los eurodiputados “están preparados para paralizar su consentimiento” al presupuesto a largo plazo (MFP) hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio en las futuras negociaciones entre el Parlamento y el Consejo, preferiblemente a finales de octubre como tarde para un comienzo sin contratiempos de los programas de la UE a partir de 2021.
Sin embargo, en el caso de que no se adopte un nuevo MFP a tiempo, los eurodiputados recuerdan que el Artículo 312(4) del Tratado de Funcionamiento de la UE contempla una extensión temporal del techo del año anterior del MFP actual (2020) y esto será totalmente compatible con el plan de recuperación y la adopción de los nuevos programas del MFP.

Estado de derecho

El Parlamento “lamenta profundamente” que el Consejo Europeo haya rebajado significantemente los esfuerzos de la Comisión y el Parlamento para defender el Estado de derecho, los derechos fundamentales y la democracia en el marco del MFP y el plan de recuperación, recordando que el reglamento del Estado de derecho está sujeto a codecisión por parte del Parlamento.

Nuevas fuentes de ingreso y reembolso de la deuda de la UE

Los eurodiputados reiteran que el Parlamento no dará su consentimiento al MFP sin un acuerdo en la reforma del sistema de recursos propios de la UE, incluyendo la introducción de nuevos recursos como tarde para finales del MFP 2021-2027, lo que es necesario para cubrir al menos los costes relacionados con el plan de recuperación.

Asimismo, creen que los jefes de Estado y de Gobierno han fallado en abordar el asunto del plan de reembolso del instrumento de recuperación y recuerdan que, sin mayores recortes en los programas de la UE o aumentar las contribuciones de los Estados, la única opción aceptable para el Parlamento son los nuevos recursos propios.

Indispensable una revisión a medio plazo

El Parlamento demanda que haya una revisión vinculante legalmente del MFP a medio plazo para finales de 2024 como tarde y subrayan que esta revisión debe incluir los techos para el periodo 2025-2027, la introducción de recursos propios adicionales y la implementación de los objetivos de clima y biodiversidad.

Comunicado sobre la recogida de datos personales por parte de los establecimientos

martes, 11 de agosto de 2020

31 de julio de 2020

Comunicado sobre la recogida de datos personales por parte de los establecimientos

Madrid

aepd.es

La Agencia Española de Protección de Datos ha tenido constancia de la proliferación de diversas iniciativas públicas que tratan de fomentar una reacción rápida ante posibles nuevos brotes de COVID–19, como registrar determinados datos de los clientes que acuden a locales de ocio.

A este respecto, es necesario puntualizar que los datos que se recogen, aunque estén relacionados con el control de la pandemia y su tratamiento sea al objeto de poder identificar posibles infectados, no son datos catalogados en el RGPD como “categorías especiales”.

Para poner en marcha el registro de clientes que acuden a locales de ocio, tratándose de una medida para la contención del coronavirus, debe acreditarse su necesidad por las autoridades sanitarias y tiene que ser obligatoria, ya que si fuera voluntaria perdería efectividad. Adicionalmente, si se acudiera a la base jurídica del consentimiento, para poder apreciar un consentimiento libre, sería necesario que no se derivara ninguna consecuencia negativa, es decir, que no se impidiera la entrada al establecimiento.

Teniendo en cuenta que ya no está vigente el estado de alarma, la obligatoriedad de tomar datos por parte de los establecimientos tiene que establecerse por una norma con rango de ley. En tal caso, la base jurídica sería el 6.1.c) (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”).

En todo caso, debe señalarse que el hacer un seguimiento adecuado de la evolución de los contagios y de la obligación de tomar datos y cederlos a las autoridades sanitarias tiene su fundamento en la garantía de un interés público de controlar la pandemia, por lo que la base jurídica sería, con carácter preferente, el artículo 6.1.e) del RGPD (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”).

A estos efectos, debe hacerse especial incidencia en la necesidad de justificar que no existan otras medidas más moderadas para la consecución del propósito perseguido con igual eficacia. Por ello deberían identificarse bien y limitarse a aquellos sitios en los que exista una mayor dificultad para el cumplimiento de estas medidas (no es lo mismo una discoteca, en la que las personas quieren estar cerca, que un museo, en el que se pueden habilitar espacios adecuados para que circule la gente y limitar mucho los contactos). A tal efecto, deberían ser las autoridades sanitarias quienes valoren motivadamente en qué lugares sería obligatorio identificarse.

Por otro lado, la recogida y la cesión de datos debería organizarse de una forma que el registro permita identificar los posibles contactos (es decir, que exista una probabilidad de que hayan coincidido, al estar en la misma hora, en el mismo sitio, etcétera). En otro caso, como podría suceder en un museo, si hay un infectado y se avisa a las miles de personas que ese día lo pudieron haber visitado, aparte de ser un tratamiento excesivo, podrían producirse dificultades o incluso un colapso en la asistencia sanitaria. Cuestión que también tienen que valorar las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas.

Adicionalmente, debe cumplirse con el principio de minimización, en virtud del cual podría ser suficiente con obtener un número de teléfono, junto con los datos del día y la hora de asistencia al lugar. Este criterio, junto con el de la anonimización de los titulares del dispositivo, ha sido el asumido por el Comité Europeo de Protección de Datos en la Recomendación sobre el uso de datos de localización y aplicaciones de seguimiento de contactos en el contexto de la pandemia; criterio que puede extrapolarse a esta situación con las adaptaciones pertinentes.

En consecuencia, no sería necesario solicitar el nombre y los apellidos, que serían innecesarios para la finalidad de avisar a los posibles contactos, y en ningún caso es necesaria la identificación mediante el DNI por ser desproporcionada.

Asimismo, debe aplicarse estrictamente el principio de limitación de la finalidad, de forma que los datos sólo deben poder utilizarse para la finalidad de lucha contra el virus, excluyendo cualquier otra, así como el principio de limitación del plazo de conservación.

De acuerdo con estos criterios, los establecimientos serían responsables de la recogida de datos en virtud de una obligación legal establecida por una norma con rango de ley y la administración autonómica sería la cesionaria de esos datos por razones de interés público previstos en la ley. La administración autonómica deberá establecer criterios sobre la forma en la que se recogen y comunican esos datos personales a la Administración sanitaria.

Por su parte, los ciudadanos deben recibir una información clara, sencilla y accesible sobre el tratamiento antes de la recogida de los datos personales. En todo caso, la información debe tratarse con las medidas de seguridad adecuadas.