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sábado, 15 de agosto de 2020

Todas las empresas están obligadas a tener un registro salarial

sábado, 15 de agosto de 2020

Todas las empresas están obligadas a tener un registro salarial

14 Ago 2020

ugt.es

La igualdad debe pasar del papel a la realidad y se deben fomentar las inspecciones para el cumplimiento de la ley

► El Acuerdo para el desarrollo de la igualdad efectiva en el trabajo entre mujeres y hombres es un paso fundamental para avanzar en la igualdad. No solo porque impulsa el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad en las empresas (todas aquellas con más de 50 trabajadores tendrán que tenerlo en 2022), sino también porque concreta la obligación que tienen las empresas, desde marzo de 2019, de contar con un registro salarial, para garantizar el principio de “igualdad retributiva, para trabajos de igual valor”.

► Este registro salarial debe detallarse según categorías profesionales y recoger tanto el salario base, como los complementos y las percepciones extrasalariales.

► Una cuestión que va en línea con la Directiva de Transparencia Salarial que está defendiendo la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en la UE, aunque va un poco más allá al exigir sanciones para aquellos empresarios que no cumplen la ley. Algo que sería conveniente se implementará también en nuestro país.

► UGT exige reforzar las inspecciones en las empresas para garantizar la puesta en marcha de los planes de igualdad y la igualdad retributiva.

No basta con buenas intenciones. Es hora de pasar del papel a la realidad y erradicar las discriminaciones por razón de género en el ámbito laboral. En este sentido, el “Acuerdo para el desarrollo de la igualdad efectiva en el trabajo entre mujeres y hombres”, firmado el 30 de julio por el Gobierno y los sindicatos, que contempla el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad y los registros de igualdad retributiva, es una herramienta imprescindible.

La ley establece que las empresas de más de 50 trabajadores (a fecha de hoy 25.165 empresas) tendrán la obligación de tener un plan de igualdad en 2022, que debe incluir una auditoría retributiva.

La auditoría salarial contenida en los planes de igualdad tendrá su misma vigencia, partirán de un diagnóstico detallado, contemplarán un plan de actuación para corregir las desigualdades retributivas y contará con su sistema de seguimiento y de implementación de mejoras a partir de los resultados obtenidos.

El registro salarial

No obstante, conviene recordar que el registro salarial es una obligación que afecta a la totalidad de las empresas, desde marzo de 2019. Pero ahora tendrá un desarrollo reglamentario, que facilitará su implantación, tal y como acordaron Gobierno, empresarios y sindicatos en el marco del diálogo social.

UGT recuerda que este registro debe recoger tanto el salario base, como los complementos y las percepciones extrasalariales, de forma diferenciada, de la totalidad de la plantilla (incluido personal directivo y los altos cargos) desagregados por sexo. Así deberá detallarse la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada grupo o categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicables.

Además, las personas trabajadoras tendrán acceso a dicho registro a través de su representación legal, es decir los sindicatos, que deberán ser consultados con carácter previo a la elaboración de dicho registro.

Una lucha por la igualdad salarial que también se produce en Europa

Los reglamentos acordados el pasado 30 de julio en nuestro país se han desarrollado de forma paralela a la negociación que se produce en el ámbito europeo por parte de la Comisión Europea, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. El objetivo es lograr una Directiva Europea sobre Transparencia Salarial, tal y como se comprometió la propia Presidenta de la Comisión.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) de la que UGT es socia fundadora ha aprobado una resolución en la que expone sus exigencias. En la misma, se manifiesta entre otros puntos que hay que:

•exigir a los empleadores que brinden información a los trabajadores y su sindicato;

•garantizar que la transparencia se aplique a todas las organizaciones y se refiera al paquete de remuneración completo, incluidos los beneficios, bonificaciones, acciones, pensiones, subsidios de automóviles de la empresa, etc., junto con otra información, como la relación salarial entre los cargos directivos y las personas trabajadoras peor pagadas;

•evitar prácticas, como las cláusulas de secreto salarial en los contratos y otras prohibiciones impuestas por los empleadores a los trabajadores;

•asegurar que los empleadores no puedan esconderse detrás de la privacidad, las reglas de protección de datos o las reclamaciones de carga administrativa para evitar la transparencia salarial;

•asegurar que la definición de trabajadores sea lo más amplia posible e incluya a los trabajadores independientes y los empleadores de las plataformas;

•e incluir acceso efectivo a la justicia y sanciones para que los empleadores tomen medidas.

Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan por unanimidad actuaciones coordinadas para controlar la transmisión de la COVID-19

sábado, 15 de agosto de 2020

Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan por unanimidad actuaciones coordinadas para controlar la transmisión de la COVID-19

Viernes 14 de agosto de 2020

lamoncloa.gob.es

Se trata de once medidas de control en siete ámbitos diferentes, tres recomendaciones y una indicación de observancia de los aspectos incluidos en el «Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19».

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad, en el Consejo Interterritorial celebrado de forma extraordinaria, actuaciones coordinadas en Salud Pública para actuar ante el incremento de casos de la COVID-19.

«Se trata de la primera vez en la democracia que se han declarado formalmente medidas coordinadas en materia de Sanidad que van a ser adoptadas de forma conjunta por todas las comunidades y ciudades autónomas», ha resaltado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha añadido que «eso demuestra una vez más el trabajo compartido y coordinado que estamos haciendo, desde el inicio de la pandemia, para prevenir la transmisión de la COVID-19 y proteger la salud del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, cosa que quiero agradecer a todas las comunidades autónomas».

Estas medidas se centran en el control de la transmisión en los ámbitos que actualmente son el origen de los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo y en aquellas que puedan controlar la transmisión comunitaria asociada a esos brotes que se detectan a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El ocio nocturno es actualmente el origen de los brotes epidémicos con mayor número de casos asociados, una media de 31, y además son dichos brotes el origen de una gran parte de la transmisión comunitaria actual y de casos en varias comunidades autónomas.

Por ello, una de estas medidas consiste en el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo. Y, de forma complementaria, en los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas y bares/restaurantes de playa se debe garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio en barra y también entre mesas, con un máximo de 10 personas por mesa. El horario de cierre de los establecimientos será la 1:00 h. como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 h.

Otro de los ámbitos de actuación son los eventos multitudinarios. En estos, al ser de carácter planificado, se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el documento «Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por Covid-19 en España», acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento deberá contar con la autorización de la comunidad autónoma.

Centros sociosanitarios

Los centros sociosanitarios, que son el ámbito en el que se produce el mayor incremento de brotes detectados en las últimas semanas y dado que los residentes en ellos son el grupo vulnerable más importante y prioritario en cuanto a medidas de reducción de riesgo, centran otras tres de las medidas acordadas.

Por un lado, realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en los centros sociosanitarios de carácter residencial, con 72 horas de antelación como máximo. También se hará a los empleados/as que regresen de permisos y vacaciones, y a los nuevos trabajadores/as que se incorporen.

Asimismo, se limitarán las visitas a una persona por residente, extremando las medidas de prevención, y con una duración máxima de una hora al día. Y, se garantizará el escalonamiento de las mismas a lo largo del día. Estas medidas se podrán exceptuar en el caso de personas que se encuentren en proceso del final de la vida. Además, se limitarán al máximo las salidas de los residentes.

Salvador Illa ha agradecido el estricto cumplimiento de las medidas implantadas «sobre todo a las personas mayores» y ha lanzado un mensaje a los jóvenes remarcándoles la importancia de ser disciplinados: «No podemos ignorar que el virus está circulando entre nosotros y que hay que ser muy riguroso mientras no tengamos una vacuna».

El documento aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud recoge, por otro lado, que en caso de brote epidémico, se realizarán cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos vulnerables, etc.).

Por su parte respecto al consumo de alcohol no autorizado en vía pública se reforzarán los controles para impedirlo así como aquellas otras actividades no permitidas en la vía pública. En este sentido, las comunidades autónomas y ayuntamientos aplicarán las sanciones correspondientes.

Y, en el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos sólo se podrá exceptuar la obligación de uso de mascarilla durante el consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos en la vía pública o en espacios al aire libre, en los supuestos en que pueda garantizarse el mantenimiento de una distancia con otras personas de, al menos, 2 metros.

Recomendaciones y capacidades sanitarias

Cartela informativaEl acuerdo del Consejo Interterritorial incluye tres recomendaciones: realizar periódicamente, y en la medida de lo posible con carácter al menos quincenal, pruebas PCR a los trabajadores de centros sociosanitarios que estén en contacto directo con residentes, recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y al mismo tiempo que estos se limiten a un máximo de 10 personas.

El documento especifica que se garantizarán los medios y capacidades de los sistemas sanitarios para el cumplimiento de lo previsto en el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19.

La Declaración de Actuaciones Coordinadas mantendrá su vigencia hasta que se produzca su revocación expresa por el Ministro de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de todas las comunidades y ciudades autónomas.

Sanidad licita un acuerdo marco para adquirir material sanitario y equipos de protección individual para el Sistema Nacional de Salud por un valor de más de 2.500 millones de euros

sábado, 15 de agosto de 2020

Sanidad licita un acuerdo marco para adquirir material sanitario y equipos de protección individual para el Sistema Nacional de Salud por un valor de más de 2.500 millones de euros

Miércoles 5 de agosto de 2020

lamoncloa.gob.es

Personal sanitario equipado con EPI

El Ministerio de Sanidad ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público un acuerdo-marco para la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual destinados al Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones del Estado, para afrontar cualquier eventualidad que pudiera producirse por la COVID-19.

El objetivo es dotarse de una reserva estratégica para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la COVID-19.

Este acuerdo marco, realizado a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) como órgano de contratación, sustituye al que se publicó hace dos semanas. El pasado 29 de julio se decidió no adjudicar el primer acuerdo marco para poder atender las peticiones de adhesión de distintas CCAA que, aunque inicialmente no habían manifestado su interés en participar en el acuerdo, comunicaron finalmente su voluntad al INGESA, para evitar el riesgo de desabastecimiento de los productos incluidos en la licitación.

Para facilitar esta adhesión, se solicitó a estas CCAA sus necesidades y se han modificado los pliegos para incluirlas. Adicionalmente, se han modificado los pliegos para facilitar la presentación de ofertas e incrementar la concurrencia y así poder tener satisfacer las necesidades de todas las CCAA.

Nuevas incorporaciones

Se han incorporado al Acuerdo Marco Murcia, Galicia, Cataluña y País Vasco. Estas dos últimas se han adherido por primera vez al sistema de compras centralizadas y se incorporan también por primera vez a un acuerdo marco de compra centralizada.

Estas nuevas incorporaciones se suman a las 12 CCAA que se adhirieron desde un principio: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra.

Participan también el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, además del INGESA, que se dotará de una reserva estratégica para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la COVID-19, y de sus servicios sanitarios en Ceuta y Melilla.

En concreto se adquirirán, en un plazo de dos años, 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción. La nueva licitación incluye los mismos productos que la anterior. La cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes.

El importe económico total es de 2.578.739.505 euros (IVA incluido). Tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año.

Los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado, previa consulta a los servicios de salud de las CCAA. Por lo tanto, las empresas podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación.

Al ser un procedimiento agregado para todo el Estado se calcula un ahorro de más de 300 millones de euros.

Tramitación de emergencia

La licitación, con sus correspondientes pliegos administrativos y técnicos, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Portal de Contratación Centralizada del INGESA. Igualmente, se comunicará a través de las principales asociaciones empresariales de los sectores implicados.

Se trata de una tramitación de emergencia. Esto implica que se acortan los plazos para que una parte importante del material adjudicado esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre.

El objetivo es que la adjudicación se realice en agosto, para que las CCAA puedan realizar contratos basados en este acuerdo-marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud de las CCAA en el mes de septiembre.

La caída del PIB y los turistas extranjeros urge el cambio de modelo productivo postergado

sábado, 15 de agosto de 2020

La caída del PIB y los turistas extranjeros urge el cambio de modelo productivo postergado

3 agosto, 2020 uso.es

La economía española entra oficialmente en recesión tras dos bajadas consecutivas y alarmantes del PIB, y un abrupto descenso del turismo

El PIB español ha registrado en el último trimestre una caída sin precedentes en nuestra Historia Contemporánea del 18,5%. Son datos únicamente comparables con el colapso económico que produjo la Guerra Civil. Es el peor dato de Europa, aunque el conjunto continental tampoco resulta halagüeño: la Unión Europea ha recibido un golpe en su PIB del 12,1% de media.

Ya el primer trimestre, con solo medio mes de afectación de la pandemia por coronavirus, la economía española se había dejado el 5,2% de su PIB, frente al 3,6% de la Eurozona. Los parámetros económicos establecen que ya podemos hablar de recesión, pues un trimestre de bajada se considera coyuntural, pero dos consecutivos, recesión. En España, la variación anual del PIB a junio es catastrófica, pues nuestro país ha perdido casi una cuarta parte de su riqueza: 22,1%.

Esto ocurre en un contexto internacional de debacle económica generalizada, con la gran potencia mundial, Estados Unidos, rememorando el Crack del 29 con una bajada del 9,5% de su PIB. Ya son muchos los efectos sociolaborales que se están observando, pero los efectos reales son aún impredecibles.

Derrumbe del sector turístico

Todos los sectores están padeciendo en mayor o menor medida las consecuencias de la parálisis económica y de las medidas de seguridad imprescindibles para hacer frente a la pandemia. Pero hay un sector, la línea de flotación de la economía española, que está sufriendo especialmente el golpe del coronavirus: el turismo.

El INE publica hoy los datos de turistas extranjeros que vinieron a España en junio. Era el primer mes, desde el inicio del estado de alarma, en el que nuestras fronteras volvían a estar abiertas. Aunque solo fueron unos días y con apertura paulatina según los países, el indicador de turistas extranjeros es desolador: las entradas a España cayeron en un 97,7% y el gasto que los turistas hicieron en nuestro país, un 98,6%. Las visitas desde Francia son las que menos han caído y supusieron la llegada de uno de cada tres turistas internacionales a España.

Los datos de julio, con todo el mes con las fronteras abiertas y el transporte aéreo funcionando a un mayor rendimiento, no parece sin embargo que ofrecerá unas cifras más esperanzadoras. Las diferentes restricciones impuestas por países que aportan una buena parte de nuestros turistas anuales se dejarán notar sin lugar a duda en la próxima estadística.

¿Cambio de modelo productivo acelerado por el covid-19?

Más allá del drama sanitario que ha supuesto el coronavirus, la pandemia también ha supuesto una bofetada de realidad para el modelo productivo de saldo y facilón que durante años ha sacado las castañas del fuego en España.

“Los cambios no se han hecho progresivamente, no se ha apostado por reforzar otros sectores a pesar de los avisos de que el adelgazamiento del peso industrial y tecnológico iba a acabar pasando factura. Ahora a España no le queda otro remedio. Más allá de lo injusto o no de las decisiones de países con situaciones sanitarias y medidas de seguridad iguales o peores a la nuestra, esos países son libres de eso, de tomar sus decisiones. España hace mucho tiempo que debería haber reforzado su economía para que no dependiera de terceros y de sus actuaciones arbitrarias. Ha bastado una simple recomendación fuera de nuestras fronteras para evidenciar que no tenemos soberanía económica ni productiva”, alerta Joaquín Pérez, secretario general de USO.

La caída sin freno de la llegada de extranjeros no solo se notará en el gasto de los turistas, sino en el otro sector comodín: la construcción. Es previsible que la inversión en segundas residencias, especialmente en el sur de España, se contraiga o se desmorone en los próximos meses y, con ello, se paralice la nueva obra por falta de mercado.

“Ya se han construido dos recuperaciones económicas sobre los débiles cimientos del sol y la playa. No podemos permitirnos tropezar tres veces con la misma piedra: es el momento de una economía industrial, tecnológica, de investigación y con un turismo reforzado con cultura y desarrollo sostenible”, pide Pérez.

Transición justa también en el turismo

Hablar de transición justa no es solo hablar de una transición energética o una transición ecológica. Una transición justa es aplicar a todo cambio traumático medidas que amortigüen el golpe para los más débiles. Una transición justa en el turismo implica dejar nuestra dependencia económica del sector sin que sus trabajadores, ya de por sí precarizados y estacionales, se queden en la estacada.

“En USO, hemos defendido que los ERTE en condiciones excepcionales deben continuar hasta el 31 de diciembre. Y, sobre todo, en sectores que se vean especialmente golpeados. Hay que dar opción a que empresas y trabajadores se recuperen, pero, sobre todo, hay que promover incentivos para que se reinventen. Si en el caso del turismo y sus actividades asociadas hay empresas que no ven posibilidad de recuperación inmediata y deciden cambiar su actividad principal manteniendo empleos, deben conservar las ayudas. Poniendo un ejemplo práctico: si los dueños de un bar a pie de playa deciden cerrar ese negocio y reabrirlo a 15 kilómetros orientado a otro tipo de público pero conservando su personal, deben seguir contando con las ayudas de los ERTE a pesar de que el negocio inicial sí cierre por insostenible”, explica el secretario general de USO.

Pero, sobre todo, “hay que potenciar el cambio de sector en las zonas especialmente dependientes del turismo. Muchos jóvenes que hoy trabajan en la hostelería por falta de oportunidades están sobradamente formados para emprender en negocios tecnológicos o en un turismo de mayor valor añadido, que promueva la cultura y el disfrute sostenible de la naturaleza. Un turismo que sí marque la diferencia con otra oferta internacional y que no sea fácilmente intercambiable. España es el tercer país del mundo con más patrimonio cultural declarado, eso no es sustituible por otra playa con sol”, se reafirma Joaquín Pérez.

Digitalización, teletrabajo, acceso a vivienda y España Vaciada

Los efectos de la pandemia van a notarse igualmente en la manera de organizar el trabajo. Hay que aprovechar las lecciones del coronavirus también para diversificar las modalidades de trabajo y entrar de lleno en un teletrabajo efectivo y con garantías, pues son muchas las ventajas que puede ofrecer.

“La digitalización es el presente, no el futuro, y la pandemia nos ha pillado en pañales. Ha demostrado nuestras carencias tecnológicas por la falta de atención a la investigación, con una inversión ínfima y el maltrato continuado a las condiciones laborales de nuestros investigadores. Pero, además, ha evidenciado la nulidad de la formación para el empleo. Una formación para el empleo que solo ha servido durante años para perpetuar las prebendas a las dos organizaciones sindicales mayoritarias y a la patronal, al permitir que gestionen un dinero público que no debería salir del control de las administraciones. Una formación para el empleo que no ha recualificado a personas en el filo de la marginación laboral por carecer de competencias tecnológicas”, abunda el secretario general de USO.

Ahí una de las grandes dificultades de la implantación exprés del teletrabajo, que, sin embargo, debería ser una vía de inclusión laboral para una generación perdedora en dos crisis: la juventud. “Los jóvenes, en su mayoría, están dotados de forma innata para incorporarse a trabajos digitalizados. La progresiva adaptación al teletrabajo puede, además, aliviar la presión demográfica sobre los grandes núcleos de población y permitir que trabajen en sus lugares de origen o donde consideren que pueden iniciar su vida de emancipados. Poder trabajar fuera de las grandes ciudades comporta un mejor acceso a la vivienda, un derecho que hoy por hoy es prohibitivo para la juventud, a la vez que supone una oportunidad para revitalizar grandes áreas vaciadas de población por no generar puestos de trabajo atractivos”, expone Joaquín Pérez.