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Archivo del 21 de agosto de 2020

Por Nogueira de Ramuín. Ourense

viernes, 21 de agosto de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

viernes, 21 de agosto de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

europa.eu

Visión general

Función: Garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros; garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE

Miembros:
Tribunal de Justicia: un juez de cada país miembro y 11 abogados generales
Tribunal General: 2 jueces por cada país de la UE

Año de creación: 1952

Sede: Luxemburgo

Sitio web: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) interpreta la legislación de la UE para garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países miembros y resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.

En determinadas circunstancias, también pueden acudir al Tribunal los particulares, empresas y organizaciones que crean vulnerados sus derechos por una institución de la UE.

¿Qué hace el TJUE?

El TJUE resuelve los asuntos que se le plantean. Los más comunes son:

Interpretar la legislación (decisiones prejudiciales): los tribunales nacionales deben garantizar que la legislación europea se aplique correctamente, pero a veces los tribunales de distintos países interpretan las normas de distintas maneras. Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una norma europea, puede pedir una clarificación al Tribunal de Justicia europeo. El mismo mecanismo puede utilizarse para determinar si una normativa o práctica nacional es compatible con la legislación europea.
Aplicar la legislación (procedimientos de infracción): este tipo de acción se emprende contra una administración nacional por incumplir la legislación europea. Puede entablarla tanto la Comisión Europea como otro país miembro. Si se comprueba que un país ha incumplido las normas, tendrá que poner remedio o afrontar nuevas acciones y una posible multa.
Anular normas europeas (recursos de anulación): si se considera que una norma europea vulnera los tratados de la UE o los derechos fundamentales, los gobiernos de los países miembros, el Consejo de la UE o (en algunos casos) el Parlamento Europeo pueden solicitar al Tribunal que la anule.
También los particulares pueden solicitar al Tribunal que anule una norma europea que les afecte directamente.
Garantizar que la UE actúe (recursos por omisión): en determinadas circunstancias, el Parlamento, el Consejo y la Comisión deben tomar decisiones. Si no lo hacen, los gobiernos nacionales, otras instituciones europeas o (en determinadas circunstancias) los particulares o empresas pueden recurrir al Tribunal.
Sancionar a las instituciones europeas (acciones por daños y perjuicios): puede recurrir al Tribunal cualquier persona o empresa que se considere perjudicada en sus intereses por acción u omisión de la UE o de su personal.

Composición

El TJUE consta de dos órganos:

Tribunal de Justicia: resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación.
Tribunal General: resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales. Esto significa que, en la práctica, el tribunal se ocupa sobre todo de la legislación sobre competencia, ayudas estatales, comercio, agricultura y marcas comerciales.
Los gobiernos nacionales designan a cada juez y abogado general por un periodo renovable de seis años. En cada uno de los tribunales, los jueces eligen a su presidente para un mandato renovable de tres años.

¿Cómo funciona el TJUE?

En el Tribunal de Justicia, a cada asunto se le asigna un juez («juez ponente») y un abogado general. Los asuntos se instruyen en dos fases:

Fase escrita
Las partes presentan al Tribunal alegaciones escritas, y también pueden formular observaciones las administraciones nacionales, las instituciones europeas y, en algunos casos, los particulares.
El juez ponente resume todas las alegaciones y observaciones, que a continuación se debaten en la reunión general del Tribunal, donde se decide:
según la importancia o complejidad del asunto, si lo instruyen 3, 5 o los 15 jueces del Tribunal (esto último ocurre en muy raras ocasiones: en la mayoría son cinco)
si debe celebrarse una vista (fase oral) y si es necesario un dictamen oficial del abogado general.

Fase oral: la vista pública
Los abogados de ambas partes plantean sus argumentos ante los jueces y el abogado general, quienes pueden formular preguntas.
Si el Tribunal decide solicitar un dictamen al abogado general, éste lo emite unas semanas después de la vista.
A continuación, los jueces deliberan y dan su veredicto.

En el Tribunal General, el procedimiento es parecido, salvo que en la mayoría de los asuntos hay tres jueces y no hay abogado general.

El TJUE y tú
Si —como particular o como empresa— te consideras perjudicado por acción u omisión de una institución de la UE o de su personal, tienes dos vías de recurso ante el Tribunal:

indirectamente, a través de los tribunales nacionales, que pueden remitir el asunto al Tribunal de Justicia
directamente, recurriendo al Tribunal General si una decisión de una institución de la UE te afecta directa e individualmente.
Si crees que la administración de un país ha infringido la legislación de la UE, debes seguir el procedimiento oficial de denuncia.

Más sobre tus derechos legales

El Govern Balear anuncia que aplicará un recorte del 2 por ciento en las nóminas de los empleados público

viernes, 21 de agosto de 2020

El Govern Balear anuncia que aplicará un recorte del 2 por ciento en las nóminas de los empleados públicos

  • Nuevos recortes de un gobierno socialista diez años después de la mayor reducción en las nóminas de los empleados públicos llevada a cabo por Zapatero.

09 de Agosto de 2020

csif.es

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, muestra rechazo al anuncio de la Presidenta del Govern Balear sobre el recorte del 2% que pretende aplicar al conjunto de empleados/as públicos de Baleares con la excusa de la crisis sanitaria del Covid-19.

Los empleados/as públicos que han estado en primera línea y, en particular, el personal de la Sanidad de todo el país, han afrontado el Covid-19 en unas condiciones lamentables y con una gran carga de trabajo. Es inaceptable que el ‘premio’ a su esfuerzo sean nuevos recortes y un deterioro en sus condiciones económicas y laborales.

Para CSIF, dicha medida es un nuevo ‘castigo’ a los empleados/as públicos que, aun arriesgando su salud y su propia vida por falta de equipos de protección personal, ha garantizado y están garantizando a lo largo de ésta crisis sanitaria el normal funcionamiento de los servicios públicos en beneficio de toda la ciudadanía.

Hay que recordar que el conjunto de empleados/as públicos arrastra el recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se ejecutó en 2010 por el entonces Gobierno socialista y sigue sufriendo los efectos de una pérdida de poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento.

Desde CSIF denunciamos que el Govern Balear sigue manteniendo el complemento de residencia a miembros de su gobierno que no residen en las islas y por el contrario aplica un nuevo recorte en las nóminas de los empleados públicos, lo que evidencia cuáles son las prioridades en sus políticias y el menosprecio a la labor que desarrollan los empleados/as públicos.

CSIF seguirá defendiendo los derechos , tanto laborales como económicos, del conjunto de los empleados/as públicos y realizará de manera contundente todas aquellas acciones que estime oportunas para evitar que se aplique un nuevo recorte económico al conjunto de los empleados/as públicos.

CCOO emplaza al Ministerio de Hacienda a desbloquear los fondos destinados a políticas activas de empleo

viernes, 21 de agosto de 2020

CCOO emplaza al Ministerio de Hacienda a desbloquear los fondos destinados a políticas activas de empleo

Los datos del mes de julio publicados hoy por el Servicio Público de Empleo reflejan una mejora respecto a meses anteriores que CCOO achaca a la acumulación en este mes de contrataciones retenidas en mayo y junio. “CCOO, en todo caso quiere lanzar un mensaje al Gobierno: No podemos dejar a nadie atrás, y por eso emplazamos al Ministerio de Hacienda a que desbloquee los fondos de más de diez mil millones de euros para las políticas activas de empleo”, ha declarado Lola Santilla, secretaria de Empleo de CCOO.

04/08/2020.

ccoo.es

Lola Santillana ha instado al Ministerio de Hacienda a desbloquear los fondos que el Ministerio de Trabajo tenía que haber repartido entre las comunidades autónomas, con objeto de que puedan diseñar y planificar acciones destinadas a las personas que no tienen empleo y quieren conseguirlo. “Es imprescindible para que nadie quede atrás como consecuencia de la crisis causada por la pandemia”, subrayó.

El mercado laboral se recupera en julio

El mercado laboral muestra una fuerte mejoría en julio, al recuperar 161.217 personas afiliadas a la Seguridad Social en media mensual y un descenso del paro registrado de 89.849 personas hasta un total de 3.773.034. Estos datos reflejan la “normalización” de la actividad durante julio tras finalizar el estado de alarma y hacerse efectivas contrataciones y la creación de empleos pospuestos en mayo y junio ante esta temporada estival atípica. No obstante, en opinión de CCOO, este repunte puede ser meramente estacional.

El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social se situó en julio en 18.785.554, un repunte mensual de 161.217 personas respecto a junio, pero un descenso interanual de 748 mil personas respecto a julio de 2019 (-3,8%). La creación de empleo en julio de 2020 es muy superior a la de meses anteriores de julio y seguramente responde a la acumulación este año en julio las contrataciones y creación de empleo que en años anteriores se realizaban en mayo y junio al inicio de la temporada estival.

Los ERTES y la prohibición de despidos por causa del COVID-19 que se pusieron en marcha a finales de marzo lograron frenar desde abril la sangría de destrucción de empleo. A 31 de julio seguían incluidos en ERTE 1,18 millones de trabajadores y trabajadoras (frente a 1,83 millones a finales de junio y 3 millones a finales de mayo) lo que refleja que cerca de dos millones de personas ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo.

El paro registrado baja en julio (-89.849, -2,3%), lo que supone el mayor descenso del paro en julio desde 1997 y el primer descenso del paro desde el inicio de la pandemia en marzo. El paro registrado cierra julio en 3.773.034 personas, 527 mil personas más que en febrero, antes del coronavirus y 762 mil personas más que hace un año.

En julio el paro baja en servicios (-84.563) que es el que más ha sufrido la paralización de la actividad, seguido a gran distancia por industria (-9.444), construcción (-6.556) y el colectivo sin empleo anterior (-394) y solo sube en la agricultura (11.108) tras finalizar algunas campañas agrícolas. En julio, al igual que en mayo y junio, el paro sigue bajando entre los hombres (-51.517) y la novedad es el descenso del paro entre las mujeres (-38.332) tras los repuntes de meses anteriores. No obstante, sigue aumentando la feminización de la población en paro: el 58% son mujeres. El paro baja entre la población de menos de 25 años (-21.794) que se incorpora al mercado de trabajo al finalizar el curso y también entre la población de 25 y más años (-68.055).

El número de contratos registrados en julio ha sido de 1.536.122, lo que supone una bajada del 29,5% respecto a julio de 2019, siendo el 91% temporales y solo el 9% contratos indefinidos. De los contratos indefinidos firmados en julio, 4 de cada 10 han sido a jornada parcial.

El pueblo de Bielorrusia tiene derecho a decidir su futuro y a elegir libremente a su presidente.

viernes, 21 de agosto de 2020

Videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo, 19 de agosto de 2020

consilium.europa.eu

El presidente Charles Michel convocará una videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo el miércoles 19 de agosto, para debatir la situación en Bielorrusia.

Contexto

El 9 de agosto se celebraron elecciones presidenciales en la República de Bielorrusia. La UE considera que no fueron ni libres ni limpias. Informes fidedignos de los observadores nacionales señalan que el proceso no cumplió los criterios internacionales que cabría esperar de un Estado que forma parte de la OSCE.

Ante las protestas, las autoridades estatales desplegaron una violencia desproporcionada e inaceptable que causó al menos dos muertos y numerosos heridos. Miles de personas fueron detenidas y se recrudeció la restricción de las libertades de reunión, de prensa y de expresión.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE reiteraron el 14 de agosto de 2020 que no aceptan los resultados electorales presentados por la Comisión Electoral Central de Bielorrusia y convinieron en la necesidad de sancionar a los responsables de la violencia, la represión y la falsificación de los resultados de los comicios. Además, instaron a las autoridades bielorrusas al cese de la violencia desproporcionada e inaceptable contra los manifestantes pacíficos y a la puesta en libertad de los detenidos.

La UE ha pedido a los dirigentes políticos bielorrusos que participen en un diálogo genuino e integrador con el conjunto de la sociedad para evitar más violencia. La UE apoya a la población de Bielorrusia en su deseo de que se produzca un cambio democrático.

El presidente Charles Michel
El pueblo de Bielorrusia tiene derecho a decidir su futuro y a elegir libremente a su presidente. La violencia contra los manifestantes es inaceptable y no se debe permitir.