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miércoles, 26 de agosto de 2020

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

miércoles, 26 de agosto de 2020

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Visión general

europa.eu

Función: concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la UE, tanto dentro como fuera de ella

Presidente: Werner Hoyer

Consejo de Administración: un consejero de cada país de la UE y uno de la Comisión Europea

Creado en: 1958

Sede: Luxemburgo

Sitio web: Banco Europeo de Inversiones

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es de titularidad conjunta de los países de la UE. Sus objetivos son:

impulsar el potencial de crecimiento y empleo de Europa
apoyar las medidas para mitigar el cambio climático
fomentar las políticas de la UE en otros países.
Funciones del BEI
El banco de la UE se financia en los mercados de capital y concede préstamos en condiciones favorables para proyectos que contribuyan a los objetivos de la UE. Cerca del 90% de los créditos se conceden en la UE. Ni un euro procede del presupuesto de la UE.

El BEI ofrece tres tipos principales de productos y servicios

Préstamos: cerca del 90% de su compromiso financiero total. El Banco ofrece créditos a clientes de todo tipo para apoyar el crecimiento y el empleo, y este apoyo suele contribuir a atraer otros inversores.
Financiación combinada: permite a los clientes combinar la financiación del BEI con otras inversiones.
Asesoramiento y asistencia técnica: lograr la máxima rentabilidad.
El BEI ofrece créditos por encima de 25 millones de euros directamente. Para préstamos de menor cuantía, abre líneas de crédito a las instituciones financieras que, a su vez, prestan el dinero a los acreedores.

Composición
Todos los países de la UE son accionistas del BEI. Las decisiones las toman los siguientes órganos:

El Consejo de Gobernadores, en el que participan los ministros, en su mayoría de economía, de todos los países de la UE. Define la política general de préstamos.
El Consejo de Administración, presidido por el Presidente del Banco, que cuenta con 28 miembros designados por los países de la UE y uno por la Comisión Europea. Aprueba las operaciones de préstamo y empréstito.
El Comité de Dirección, órgano ejecutivo del Banco, que gestiona los asuntos corrientes.
El Comité de Auditoría comprueba que las operaciones del BEI se efectúen de manera correcta.

Los departamentos del Banco ejecutan las decisiones de gestión.

¿Cómo funciona el BEI?
Toma decisiones de préstamo y empréstito basándose en las características de cada proyecto y las oportunidades ofrecidas por los mercados financieros. Dentro de la UE, tiene prioridades específicas de crédito. En el exterior, apoya las políticas de desarrollo y cooperación de la UE en todo el mundo.

Como órgano independiente, el Banco toma sus propias decisiones de préstamo y empréstito. Coopera con las demás instituciones de la UE, en especial con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

El Banco y tú
Si eres empresario o trabajas en el sector público y tienes un proyecto que puede contribuir a lograr los objetivos de una política de la UE, puedes optar a un crédito del BEI. Para solicitarlo, puedes contactar al BEI por correo electrónico, mediante el formulario web o a través de sus oficinas, aportando información suficiente para que el Banco pueda juzgar si el proyecto se ajusta a sus objetivos de crédito y tiene un plan de negocio bien elaborado.

Escrivá se reunirá con los agentes sociales a principios de septiembre para revaluar la política de ERTE

miércoles, 26 de agosto de 2020

Escrivá se reunirá con los agentes sociales a principios de septiembre para revaluar la política de ERTE

Jueves 20 de agosto de 2020

lamoncloa.gob.es

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado que el mes próximo se reunirá con los agentes sociales para revaluar las medidas de protección de rentas con el fin de cumplir con el compromiso del Gobierno desde el inicio de la crisis ocasionada por la COVID-19 de evitar que nadie quede atrás.

José Luis Escrivá ha hecho estas declaraciones tras el encuentro que ha mantenido con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el transcurso de una visita oficial a Valencia. El ministro ha mostrado su interés en conocer los problemas específicos que afectan a la Comunidad así como el efecto que están teniendo las medidas que aprobó el Gobierno para proteger a trabajadores y empresas afectados por la crisis de la COVID-19.

Escrivá ha destacado que, como consecuencia de las políticas que se han desplegado, el ritmo de salida de trabajadores en ERTE en la Comunidad Valenciana está siendo más rápido que en la media del conjunto del país.

Si se tiene en cuenta el pico más alto de la serie, correspondiente a finales de abril, la salida de ERTE ha sido del 79% frente al 75% de la media nacional. En este momento, en la Comunidad Valenciana hay 73.000 trabajadores todavía en ERTE (55.000 en ERTE de Fuerza Mayor y 18.000 en ERTE no Fuerza Mayor), que representan un 5% de los afiliados. Esta activación de trabajadores en ERTE, más intensa que en el conjunto del país, afecta a todos las ramas de la economía. Además, un 21% de los trabajadores que permanecen en ERTE en la Comunidad Valenciana están suspendidos solo parcialmente, un porcentaje algo superior que la media nacional.

El ministro, sin embargo, ha señalado que aún sigue existiendo una clara variación sectorial en el impacto global de la crisis. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la industria del cuero y del calzado o las actividades de creación y artísticas han perdido más de un 30% de la afiliación que tenían el 11 de marzo, mientras que las actividades sanitarias han experimentado un crecimiento del 10% de la afiliación, y otros sectores, como la metalurgia, mantienen el mismo número de trabajadores afiliados que tenían antes de la pandemia.

Respecto a las medidas de protección para trabajadores autónomos, el ministro ha manifestado que han llegado a 172.000 autónomos en la Comunidad mediante la prestación extraordinaria y a 13.500 con la nueva prestación ordinaria de cese.

Ingreso Mínimo Vital (IMV)

El ministro de Inclusión también se ha referido al proceso de tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), enfatizando que, para realizar una exhaustiva evaluación, habrá que esperar a finales de septiembre, que es el plazo «que inicialmente nos dimos» y por ello se estableció que quien solicite la prestación hasta el 15 de septiembre tendrá efectos retroactivos en su cobro al 1 de junio, si cumple los requisitos.

Por ese motivo y puesto que se trata de un proceso, cualquier cifra que se proporcione con anterioridad no sería concluyente debido a los errores que en muchos casos acompañan a las solicitudes. Por ejemplo, de las más de 750.000 realizadas, un 7,5% se han recibido por duplicado y cerca del 40% de las que se han examinado han llegado con documentación incompleta.

Además, se han denegado cerca de 36.800 solicitudes, un 55% de las analizadas porque exceden los límites de renta y/o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza extrema.

Ello explica el hecho de que se hayan firmado protocolos con las CCAA para el intercambio de información, así como con los ayuntamientos para intentar agilizar el proceso, como por ejemplo con la cesión del certificado de padrón al INSS.

Como resultado de los trabajos iniciales se ha reconocido ya la prestación a más de 80.000 hogares, lo que ha supuesto una nómina, si se tiene en cuenta la que se pagará en septiembre, de 120 millones en tres meses.

El ministro ha valorado también cómo la Generalitat valenciana ha modificado su normativa para hacer su renta compatible con el IMV y permitir la posibilidad de complementarlo.

El Defensor pide que los servicios de mantenimiento de las instalaciones de gas se rescindan a la vez que el contrato de suministro

miércoles, 26 de agosto de 2020

El Defensor pide que los servicios de mantenimiento de las instalaciones de gas se rescindan a la vez que el contrato de suministro

19/08/2020

defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que cambie la normativa para que los servicios de mantenimiento de gas queden automáticamente resueltos cuando se rescinda el contrato de suministro con el que fueron contratados, salvo que el consumidor solicite expresamente lo contrario.

La Institución ha recibido quejas por la práctica habitual entre las empresas suministradoras de gas de ofrecer contratos por servicios de mantenimiento de las instalaciones del usuario cuya duración no está vinculada a la duración de los contratos de suministro.

Dado que este tipo de contratos siguen vigentes aunque el consumidor cambie de compañía suministradora, muchas veces se produce una duplicidad de los contratos de mantenimiento, que al ser de duración anual, se mantienen año tras año ante el olvido o descuido del momento en el que se deberían haber cancelado.

A pesar de que las empresas están obligadas a informar a los consumidores de la duración de estos contratos con carácter previo a su firma, parece existir un desconocimiento por parte de los consumidores sobre la verdadera duración de los contratos de mantenimiento, como ha podido comprobar la Institución a través de las quejas recibidas.

Lo cierto es que estos contratos de mantenimiento son contratos accesorios al principal (el suministro de gas y electricidad) y, desde esta perspectiva, parece razonable que el consumidor espere o confíe en que estos contratos queden automáticamente resueltos una vez sea resuelto el principal.

Además, tampoco hay que olvidar que aunque estos contratos suelen contratarse de manera conjunta, no se rigen por las mismas reglas que el suministro de electricidad y gas. Así, pueden existir obligaciones de permanencia, ya que no reconocen al consumidor el derecho a cancelarlo en cualquier momento, como sí ocurre con los suministros de electricidad y gas.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo solicitó informes a la Dirección General de Consumo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este último organismo comparte la preocupación del Defensor del Pueblo y recuerda que este problema ya se ha resuelto en la normativa que regula el sector eléctrico.

Sin embargo, todavía está pendiente incorporar una medida análoga a la normativa del sector gasista, donde este tipo de cláusulas, incuso de penalización por permanencia con importes elevados, siguen siendo frecuentes y dejan desprotegido al consumidor.

La CNMC analiza diversa normativa sobre la gestión de los residuos de los vehículos al final de su vida útil (VFU)

miércoles, 26 de agosto de 2020

La CNMC analiza diversa normativa sobre la gestión de los residuos de los vehículos al final de su vida útil (VFU)

14 Agosto 2020

cnmc.es

Promoción de Competencia nota de prensa

• El proyecto transpone normativa europea e introduce mejoras adicionales en aspectos como la clarificación del ámbito de aplicación o el procedimiento administrativo de baja temporal de los vehículos.
• La CNMC recomienda una mayor justificación de las nuevas obligaciones establecidas tanto en materia de garantías financieras como de ITV.
• Se recomiendan mejoras en la reducción del riesgo de intercambio de información comercialmente sensible entre los miembros de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada o la promoción de licitaciones públicas en la entrega de vehículos por parte de los Ayuntamientos.

La CNMC ha analizado el proyecto de Real Decreto por el que se modifican diferentes normas relativas a la gestión de los residuos de los vehículos al final de su vida útil. (IPN/CNMC/011/20).

La regulación de la gestión de residuos contiene una serie de obligaciones dirigidas a proteger los intereses generales vinculados con la salud pública y la conservación del medio ambiente. El proyecto transpone parcialmente normativa europea e introduce medidas adicionales en la normativa de estos residuos.

La CNMC valora positivamente algunos aspectos de la normativa propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como que se clarifique el ámbito de aplicación del traslado de piezas y componentes; que se aclare que todos los vehículos al final de su vida útil se gestionen correctamente en instalaciones de tratamiento; la mejora de la trazabilidad de los residuos o la mayor precisión de los supuestos del procedimiento administrativo de baja temporal, con el objeto de garantizar su adecuada utilización.

No obstante, se han identificado algunas posibilidades de mejora del proyecto:

 Una mayor justificación de la exigencia de fianza, seguro o garantía financiera para los centros autorizados de tratamiento (CAT); el establecimiento de criterios relevantes para su concreción; la coordinación entre las comunidades autónomas para que, respetando sus competencias, se alcancen unos requisitos similares para determinar las fianzas y otras garantías financieras.
 Una mayor justificación de las nuevas obligaciones de ITV, con el objeto de evitar inspecciones innecesarias que supongan un incremento de las cargas administrativas y de los costes económicos de los ciudadanos.

Recomendaciones sobre la normativa actual vigente

Adicionalmente, se plantean las siguientes recomendaciones de mejora a la normativa actualmente vigente:

 Promover licitaciones públicas en la entrega de vehículos abandonados a una instalación de tratamiento (CAT) por parte de los Ayuntamientos.

 Introducir medidas para reducir el riesgo de intercambio de información comercialmente sensible entre los miembros de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores, así como en las asociaciones empresariales. Entre estas medidas, se contemplan las advertencias expresas sobre el deber de respeto de la normativa de competencia y la evaluación periódica de los modelos de responsabilidad ampliada del productor.

 Se advierte del riesgo potencial sobre la competencia de las evaluaciones realizadas para determinar el coste de reciclaje de los vehículos con valor de mercado negativo, ya que pueden ser utilizadas como puntos focales para los precios de las operaciones de tratamiento.

 Incluir escuetas menciones conceptuales que faciliten la comprensión de la norma dados los numerosos reenvíos a otras normativas.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en ejercicio de las competencias de la CNMC en aplicación del artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.