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Explanada. Puerto de Alicante

miércoles, 30 de septiembre de 2020

El Gobierno amplía los ERTE y las ayudas a autónomos hasta el 31 de enero de 2021

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Consejo de Ministros

El Gobierno amplía los ERTE y las ayudas a autónomos hasta el 31 de enero de 2021

La Moncloa, Madrid, martes 29 de septiembre de 2020

El Ejecutivo también prorroga las medidas para la protección de colectivos vulnerables, facilita la contratación de personal sanitario y docente, y regula el teletrabajo en las Administraciones Públicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo por el que prorroga los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero de 2021, tras haber alcanzado un acuerdo al respecto con los agentes sociales.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que la base de cálculo para las prestaciones se mantendrá en el 70% de la base reguladora de la persona trabajadora que no verá disminuidos sus ingresos al 50% de la base reguladora una vez transcurridos los seis primeros meses, tal y como ocurría hasta ahora.

Se mantienen aspectos ya existentes, como que las empresas acogidas a ERTE no puedan realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad, o concertar nuevas contrataciones, directas o indirectas, salvo por razones de formación u otras causas objetivas y justificadas. Asimismo, sigue vigente la prohibición de despedir.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda DíazFoto: Pool Moncloa/JM CuadradoComo novedades, se crean los denominados «ERTE por impedimento» y «ERTE por limitaciones». El primero se dirige a empresas que no puedan desarrollar su actividad como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas, tanto por autoridades nacionales como extranjeras, a partir del 1 de octubre de 2020. «Por ejemplo, las empresas de ocio nocturno», ha señalado Díaz.

Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.

El «ERTE por limitaciones» se refiere a aquellas empresas que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades españolas podrán solicitar a la autoridad laboral. En este caso, las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos serán decrecientes entre los meses de octubre de 2020 y enero de 2021.

Formación

Díaz ha anunciado que las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir cursos de formación, y que se pondrán también en marcha acciones específicas para este colectivo «de manera que puedan aprovechar este momento delicado para mejorar su capacitación de cara al futuro».

Protección para trabajadores fijos discontinuos y a tiempo parcial

Las personas con contrato fijo discontinuo, o que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en determinadas fechas, afectadas por un ERTE durante el periodo teórico de actividad, podrán obtener una prestación extraordinaria de desempleo. Igualmente podrán ser beneficiarias aquellas no afectadas previamente por ERTE que hayan agotado las prestaciones o subsidios a las que tuvieran derecho si así lo solicitan.

Los trabajadores con contratos a tiempo parcial también obtendrán mejoras en la protección por desempleo.

Autónomos

Las ayudas a los trabajadores por cuenta propia quedan ampliadas también hasta el 31 de enero de 2021, concretamente las prestaciones por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada.

Una nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad estará dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID-19.

Estas prestaciones comenzarán a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrán una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.

Ingreso Mínimo Vital

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis EscriváFoto: Pool Moncloa/JM CuadradoLa normativa que regula el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido «ajustada» de nuevo, ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y José Luis Escrivá, tras las modificaciones aprobadas en el pasado Consejo de Ministros. «Son aspectos técnicos pero muy relevantes que nos permitirán avanzar en la tramitación y resolución de muchos expedientes», ha afirmado.

Hasta la fecha se han recibido 900.000 solicitudes, de las que se han procesado 410.000, «lo que significa que ya están percibiendo la prestación más de 90.000 hogares y casi 300.000 personas», ha dicho. El objetivo es poder llegar a los 180.000 hogares beneficiarios y que en torno al 70% de todos los expedientes vigentes, «que probablemente a finales de octubre estarán en torno al millón», estén en esa fecha en proceso de gestión.

El concepto de Unidad de Convivencia se ha modificado para incorporar a aquellas personas que, sin vínculos de parentesco o análogos entre sí, compartan vivienda con una unidad de convivencia formada por personas que sí tienen vínculos. En esos casos se considerará la existencia de dos unidades de convivencia.

Además, si a través de un contrato se acredita el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.

Igualmente se aclara el concepto de hogar monoparental y se limita a los menores de 30 años el requisito de tres años de vida independiente (un año para los mayores de 30) y un año de cotización a la Seguridad Social.

Diálogo social

Escrivá ha valorado el diálogo con los agentes sociales y las asociaciones de autónomos «que ha permitido que el nivel de protección y de mantenimiento de los trabajadores en las empresas sea extraordinariamente alto». En el primer semestre del año 2009, con una caída del PIB del 4,6%, el empleo cayó un 3%, mientras que en esta ocasión, con una caída del PIB del 24% «como resultado de la inactividad generalizada que supuso la pandemia en esta primera parte del año», la caída del empleo ha sido del 4%. ha comparado.

Yolanda Díaz ha valorado el Real Decreto-ley aprobado y el acuerdo social que lo ha permitido porque «estamos demostrando que podemos defender a la gente y alejarnos del ruido al que parece que otros nos quieren llevar» y ha afirmado que, con estas medidas, «si salvamos el otoño y el invierno, entraremos de lleno en la recuperación».

Protección de colectivos vulnerables: vivienda y suministros básicos

Foto: Pool Moncloa/JM CuadradoEl Real Decreto-ley incluye la extensión de determinadas medidas de «escudo social» de los arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad, ya recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables. También hasta esa fecha se extiende la posibilidad de solicitar la moratoria o la condonación parcial del alquiler cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, y de acogerse a la prórroga extraordinaria de 6 meses para los contratos de arrendamiento de vivienda en aquellos casos donde el contrato termina en este periodo.

Otras medidas a las que también se da continuidad son la prohibición de cortar el suministro a los colectivos vulnerables y el bono social eléctrico para las unidades familiares en las que alguno de sus miembros se encuentra en situación de desempleo, de ERTE o haya visto reducida su jornada por motivos de cuidado. «Asimismo, todos aquellos que tienen derecho a este bono social también lo tendrán al bono térmico», ha afirmado Montero.

Teletrabajo en las Administraciones Públicas

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas. Con carácter de norma básica, afecta a las administraciones estatal, autonómica y local, y a 2,5 millones de empleados públicos. Foto: Pool Moncloa/JM Cuadrado

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha destacado que la regulación, hasta ahora inexistente, del trabajo a distancia en las administraciones será «un punto de inflexión en la mejora de la prestación de los servicios públicos, la defensa de los intereses generales y la atención a la ciudadanía». Darias ha adelantado que alcanzar una administración «del siglo XXI» es una de las diez políticas palanca del Plan Nacional de Reconstrucción que está ultimando el Gobierno.

Darias ha agradecido a las comunidades autónomas, FEMP y sindicatos el diálogo y el consenso que ha permitido realizar esta regulación «absolutamente necesaria», y también ha reconocido el trabajo de los empleados públicos, «que han hecho posible que la prestación de los servicios públicos sea una realidad a pesar de las dificultades» de los últimos meses.

Características de la modalidad a distancia

Darias ha explicado que, aunque la modalidad ordinaria del trabajo seguirá siendo la presencial, el teletrabajo fuera de las dependencias de la Administración se podrá realizar siempre que las características del puesto y las necesidades del servicio lo permitan, con autorización expresa por parte de la unidad administrativa correspondiente, y con carácter voluntario y reversible por parte del empleado público.

Cada administración deberá proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios a los empleados para desempeñar sus funciones a través del teletrabajo, mientras que estos, a su vez, deberán tener las competencias digitales necesarias para realizarlo.

Darias ha hecho hincapié en que tanto en la modalidad presencial como a distancia, los empleados públicos tendrán los mismos derechos y deberes, por ejemplo con respecto al cumplimiento del horario y la jornada de trabajo.

Refuerzo de plantillas en el Sistema Nacional de Salud

Carolina Darias ha explicado que este Real Decreto-ley incluye también medidas urgentes sobre recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para que las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) puedan contratar a profesionales facultativos y no facultativos y así «aliviar la sobrecarga en el sistema sanitario y la presión asistencial» generadas por la pandemia del COVID-19. La estimación es que puedan ser contratados 10.000 profesionales sanitarios.

Podrán ser contratados aquellos médicos que aprobaron el MIR pero no obtuvieron plaza en la última convocatoria, y también médicos especialistas no comunitarios, siempre y cuando el Comité de Evaluación para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista haya emitido su informe propuesta de la primera fase.

El personal médico y el de enfermería podrá hacer trabajos en centros hospitalarios o atención primaria, según las necesidades, y, dentro de los centros hospitalarios podrán ser derivados a diferentes áreas.

Más docentes para centros educativos

Con la misma premisa de ofrecer el mejor servicio posible en el contexto de la emergencia sanitaria, en el ámbito educativo el Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley para permitir, de manera excepcional y temporal, la contratación de docentes que cumplan con todos los requisitos pero que aún no hayan cursado el máster específico.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que la medida se ha acordado con las comunidades autónomas y permitirá reforzar, durante el presente curso, los plantillas de profesores de enseñanza secundaria, técnicos de FP, profesores de música, artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas de titulados.

En Formación Profesional se podrá reducir al mínimo que exige la ley, 220 horas, la duración de los módulos de formación en los centros de trabajo.

Asimismo, se ha autorizado la suscripción de doce convenios para poner en marcha el programa Educa en Digital en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha, Asturias, Islas Baleares, Región de Murcia, Aragón, La Rioja, Galicia, y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Ejercicio profesional de abogados y procuradores

El Ejecutivo ha aprobado un proyecto de Ley relativo al ejercicio profesional de la Abogacía y la Procura, que adapta la legislación actual a la normativa europea.

El objetivo de la nueva regulación, ha explicado Montero, es que haya un único título académico habilitante, el grado en Derecho, y el mismo máster de capacitación, para las profesiones de abogado y procurador. Sin embargo, ha puntualizado, ambas profesiones no podrán ejercerse simultáneamente.

Otros aspectos contenidos en el anteproyecto son la limitación, a 75.000 euros, de la cuantía total que un procurador puede devengar por un mismo asunto (ahora es de 300.000 euros), y la posibilidad de creación de sociedades profesionales mixtas «para que un mismo despacho profesional pueda prestar todos los servicios jurídicos necesarios para comparecer ante los tribunales», ha concluido Montero.

El Gobierno impulsará la digitalización del sector comercial como palanca para su reactivación económica

miércoles, 30 de septiembre de 2020

El Gobierno impulsará la digitalización del sector comercial como palanca para su reactivación económica

Lunes 28 de septiembre de 2020

La Moncloa

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha participado en la Asamblea general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) donde ha anunciado que el Gobierno impulsará, dentro de la Agenda España Digital 2025, un proyecto tractor para la digitalización del sector comercial y la distribución alineado con la estrategia digital de la Unión Europea.

Para la ministra, el objetivo de este proyecto será mejorar la competitividad del sector comercial, especialmente de pymes y micropymes, a través de la transformación digital. «Se acelerarán los procesos de digitalización del tejido productivo, fomentando la adopción intensiva de tecnologías y servicios digitales y el empleo masivo de datos con plataformas y servicios digitales para el comercio, mejorando la capacidad de innovación del sector y contribuyendo a su crecimiento e internacionalización», ha detallado.

Maroto también ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha la Plataforma Comercio Conectado, un programa que tiene como objetivo acelerar la digitalización de las empresas dedicadas a la distribución comercial y la introducción de tecnologías en la gestión del negocio.

La ministra ha destacado la necesidad de impulsar estas iniciativas, consciente de la oportunidad que ofrece la digitalización como palanca para la reactivación económica. Y ha recordado que durante el estado de alarma las ventas online aumentaron alrededor de un 62% en España y se espera que esta cifra continúe creciendo. Para Maroto, «estamos ante un gran reto, pero no debemos olvidar que los momentos de dificultad como el actual siempre son una oportunidad para innovar y replantearnos cómo hacer las cosas mejor».

Por último, Reyes Maroto ha reconocido la ejemplar respuesta, profesionalidad y el espíritu de colaboración de las empresas y trabajadores de los comercios y de la cadena de distribución durante la crisis sanitaria, «tanto de los que mantuvieron sus puertas abiertas desde el primer momento distribuyendo productos de primera necesidad, como los que se vieron obligados a cerrar y adaptarse a nuevas formas de acercarse a su cliente, dando muestras de su versatilidad y capacidad de adaptación».

La Comisión Europea analiza las líneas maestras de la revisión de la política comercial y de inversión de la UE

miércoles, 30 de septiembre de 2020

La Comisión Europea analiza las líneas maestras de la revisión de la política comercial y de inversión de la UE

09 de Septiembre 2020

Intervinieron la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; el director de Asuntos Multilaterales, Estrategia, Análisis y Evaluación de la Comisión Europea, Ignacio García Bercero; la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco; la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera, y el jefe de la Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca.

La Comisión Europea analiza las líneas maestras de la revisión de la política comercial y de inversión de la UE

Cámara de España

Madrid, 8 de septiembre de 2020. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez y el director de Asuntos Multilaterales, Estrategia, Análisis y Evaluación de la Comisión Europea, Ignacio García Bercero, intervinieron hoy en un encuentro virtual sobre la revisión de la política comercial y de inversión de la Unión Europea. Inauguraron la jornada, moderada por el director general de Política Comercial, Juan Francisco Martínez, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco; la directora general de la Cámara de Comercio, Inmaculada Riera; y el jefe de la Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca.

En el acto, organizado conjuntamente por la Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX España Exportación e Inversiones, CEOE y la Cámara de Comercio de España, en colaboración con la Representación de la Comisión Europea en España, se dieron a conocer las líneas maestras de la Comisión Europea sobre la revisión de la política comercial y de inversión de la UE. Esta revisión, iniciada con un proceso de consulta abierto hasta el próximo 15 de septiembre, persigue, entre otros objetivos, analizar cómo puede contribuir la política comercial a la recuperación socioeconómica tras la crisis de la Covid-19, así como identificar de qué forma puede favorecer la construcción de una Unión más fuerte, basada en un modelo de «autonomía estratégica abierta».

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, destacó que el debate sobre la revisión de la política comercial y de inversión de la Unión Europea era muy necesario, y desde CEOE “participamos muy activamente a través de nuestra patronal europea BusinessEurope, pero también de forma directa a través de nuestra propia respuesta y de manera consensuada con las demás instituciones”. Esta consulta rigurosa, manifestó, anima a ejercitar el diálogo en el seno de las organizaciones y de las empresas. En este sentido, subrayó Blanco, se necesita una Unión Europea muy fuerte para dar respuesta a las necesidades de las empresas y se requiere una política comercial común que se base en la cooperación internacional, en alianzas estratégicas y que abra oportunidades en terceros mercados sin estar en desventaja competitiva. Para ello, aseguró, es importante defender un sistema multilateral sólido y con regalas claras, y contar con una política comercial que disponga de las herramientas necesarias para ser mejor entendida por la sociedad civil.

La directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, se refirió al papel actual de la UE en un contexto de caída generalizada de la demanda de los mercados internacionales y de fuerte reducción de los flujos de inversión ante la incertidumbre de la crisis sanitaria del COVID-19. “La UE tiene un papel importante que jugar, no sólo en apoyo de nuestras empresas y del conjunto de la economía de los países que la integramos, sino también como referente mundial en la defensa de valores como la apertura comercial, el multilateralismo o la integración y la cooperación internacional, para hacer frente a la emergencia de bloques, al auge de proteccionismo y abordar la necesaria modernización de una OMC en crisis”, aseguró.

Francisco Fonseca Morillo, director de la Representación de la Comisión Europea en España, destacó que las oportunidades que ofrecen los recientes acuerdos comerciales de la UE con terceros países para las empresas españolas, con Singapur (en vigor desde noviembre del 2019) y con Vietnam (en vigor desde agosto del 2020), así como de aquellos pendientes todavía de ratificación, como México y Mercosur. Resaltó también, que el comercio internacional está ampliamente respaldado por la sociedad española: en una encuesta reciente a nivel europeo, el 60% de los españoles confirmó que el comercio internacional le beneficia personalmente (porcentaje que sube al 78% entre los jóvenes de 15 a 39 años).

Autonomía estratégica abierta

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, puso de relieve que la revisión de la política comercial de la UE pretende lograr un adecuado equilibrio entre una economía abierta y una protección a las empresas ante prácticas desleales o de falta de igualdad de condiciones. La nueva política comercial, añadió, deberá contribuir a la recuperación y a una mayor sostenibilidad. Ello se llevará a cabo a través de un modelo basado en el concepto de “Autonomía estratégica abierta”, informó.

En este sentido, subrayó que uno de los pilares de la nueva estrategia será mejorar la igualdad de condiciones y proteger a las empresas y los ciudadanos de la Unión Europea, de forma que la apertura de los mercados de la UE no se vea perjudicada por los comportamientos injustos o las prácticas comerciales anticompetitivas de terceros países.

Ignacio García Bercero, director de Asuntos Multilaterales, Estrategia, Análisis y Evaluación de la DG Comercio de la Comisión Europea, insistió en que el multilateralismo y las cadenas de valor globales son fundamentales para hacer frente a esta crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. De hecho, resaltó, ya se está viendo que las empresas con mayor internacionalización están recuperándose, en general, bastante más rápido.

En ese contexto, animó a los presentes a participar en la consulta pública, que está abierta hasta el 15 de septiembre (plazo que posiblemente se prolongará), para la revisión de la política comercial europea. Bajo un modelo de “autonomía estratégica abierta”, la Comisión consideró que la UE debe reforzar su capacidad para defender sus intereses de forma independiente y asertiva, pero jamás de manera aislada o proteccionista. Es decir, prosiguió, que debe colaborar con todos los socios a nivel mundial para encontrar soluciones globales y promover un comercio internacional sostenible y basado en el cumplimiento de reglas claras. Al mismo tiempo, Bercero insistió en que la UE tiene que defenderse aún mejor de las prácticas desleales de algunos, como por ejemplo las ayudas de Estado ilegítimas o la no-reciprocidad en el acceso a compras públicas.

El TSJ de Extremadura ratifica el auto que acuerda la demolición parcial del complejo Marina Isla de Valdecañas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Martes, 22 de septiembre de 2020

El TSJ de Extremadura ratifica el auto que acuerda la demolición parcial del complejo Marina Isla de Valdecañas

La Sala Contencioso-Administrativo del TSJ desestima los recursos de reposición interpuestos por Adenex y Ecologistas en Acción contra el auto de fecha 30-06-2020

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado el auto de fecha 30-6-2020, en el que acordaba la imposibilidad material parcial de ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa relativa a la urbanización Marina Isla de Valdecañas.

De esta forma, la Sala ha rechazado los recursos de reposición interpuestos contra dicho auto por Adenex y Ecologistas en Acción y ratifican la totalidad del mismo.

El auto no es firme y cabe recurso de casación ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Valverde de Curueño. Provincia de León

martes, 29 de septiembre de 2020

Los préstamos del FMI durante y después de la pandemia

martes, 29 de septiembre de 2020

Los préstamos del FMI durante y después de la pandemia

FMI

Ante la incertidumbre sin precedentes y el grave impacto económico desencadenado por la COVID-19, el FMI continúa adaptando sus préstamos.

Al mismo tiempo, busca Por establecer metas realistas, mantener la credibilidad de los programas y fomentar la identificación de los países con los programas.

Hasta la fecha, el FMI ha proporcionado asistencia financiera, principalmente a través de sus instrumentos de créditos de emergencia y préstamos precautorios, a aproximadamente 80 países.

Además, más de 30 países han expresado su interés en programas respaldados por el FMI para reconstruir sus redes de seguridad financiera y hacer frente a las consecuencias inmediatas de la pandemia.

Para ayudar a los países miembros a enfrentarse a esta pandemia, única en un siglo, los programas de préstamos del FMI se están adaptando —mediante la innovación y el aumento de la flexibilidad— a medida que los países pasan de la fase inicial de contención a la estabilización y, eventualmente, a la recuperación.

Objetivo a corto plazo: la estabilización macroeconómica

Los programas respaldados por el FMI a corto plazo se centran principalmente en estabilizar la economía. Esto incluye el establecimiento de prioridades de gasto (por ejemplo, en salud y otros gastos sociales, así como apoyo a la liquidez y a los ingresos para las empresas y los hogares más afectados). La política monetaria debe ser lo más acomodaticia posible y, al mismo tiempo, ser consciente de los riesgos de inflación, y la política del sector financiero debe tratar de evitar una contracción del crédito mientras mantiene la solidez de los balances.

Sin embargo, es posible que las políticas convencionales por sí solas no sean suficientes. En algunas circunstancias, se podrían considerar medidas adicionales. Por ejemplo, podría utilizarse plenamente la flexibilidad incorporada en el marco regulatorio existente, y quizás exista mayor margen para el uso de políticas monetarias no convencionales. Sin embargo, algunas otras medidas —como el financiamiento monetario del presupuesto— podrían correr el riesgo de socavar los progresos logrados con tanto esfuerzo en materia de formulación de políticas y fortalecimiento institucional, sentar precedentes perjudiciales y serían difíciles de revertir.

Durante la actual crisis, el monitoreo de los programas del FMI (incluido el financiamiento de emergencia) se ha centrado más en la calidad y las medidas de gobernanza del gasto, que en condiciones específicas y cuantificables que tradicionalmente se vinculan a los préstamos del FMI, como por ejemplo el endeudamiento del gobierno central.

La razón de ello es sencilla. La incertidumbre sin precedentes provocada por la pandemia significa que es más difícil planificar las políticas económicas y que los objetivos corren el riesgo de quedarse rápidamente obsoletos.

Es probable que esta tendencia continúe mientras dure la pandemia, hasta que pueda establecerse una visión más segura de las perspectivas económicas y las condiciones de financiamiento. Pese a que mientras tanto se está realizando una evaluación más holística de las políticas, los países deberán demostrar que los recursos del FMI se están empleando adecuadamente.

Gestionar la incertidumbre

Al mismo tiempo, las autoridades económicas de los países deberán seguir actuando con agilidad para responder a los shocks económicos y hacer frente a riesgos futuros. Esto hace que las conversaciones periódicas entre las autoridades de los países y el personal técnico del FMI sobre escenarios adversos y respuestas adecuadas de política económica cobren más importancia, tanto en el marco de los programas como de la supervisión.

Con el aumento de los niveles de deuda, son más los países con probabilidades de ser vulnerables a situaciones críticas causadas por el sobreendeudamiento. Cuando la sostenibilidad de la deuda de un país es incierta, prorrogar el vencimiento de las obligaciones de deuda pública puede contribuir a determinar la línea de acción futura, hasta que exista cierta claridad sobre la necesidad y alcance de un posible tratamiento de la deuda más delante.

Esta medida implica costos —como reducciones de las calificaciones crediticias y, posiblemente, la declaración de un evento crediticio— pero, al final, los inversionistas pueden beneficiarse de la resolución de los problemas subyacentes que condujeron a la pérdida del acceso a los mercados.

Al liberar recursos críticos y reducir la presión sobre las reservas externas, la prórroga de los vencimientos también puede contribuir a reducir la necesidad de austeridad y endurecimiento de la política monetaria, que pueden intensificar el daño económico.

Por último, es posible que, aunque sean capaces de gestionar la pandemia y sus repercusiones económicas sin recurrir a financiamiento del FMI, muchos países quieran contar con una protección frente a shocks imprevistos. Para ellos, los instrumentos de préstamos precautorios del FMI son una opción atractiva que puede facilitar el acceso a los mercados con menores costos. Estos instrumentos podrían relajarse de forma gradual a medida que mejoran las condiciones; por ejemplo, los países con Líneas de Crédito Flexibles podrían realizar una transición hacia Líneas de Liquidez a Corto Plazo.

Respaldar ajustes estructurales ante una “nueva normalidad”

A medida que la incertidumbre se reduzca, la concesión de préstamos del FMI cambiará de forma progresiva y reflejará la necesidad de brindar apoyo a los países para que restablezcan el margen de maniobra de la política económica y reduzcan las vulnerabilidades de la deuda.

Para la mayoría de los países, la economía tras la pandemia será diferente de la que existía antes. A medida que la recuperación se afiance y los efectos de la crisis sean más claros, los programas del FMI deberán desviar la atención hacia reformas que impulsen el crecimiento y brindar así asistencia a sus miembros para que logren una recuperación fuerte y sostenible tras la crisis.

Por ejemplo, las reformas para que los empleados comiencen y abandonen empleos con facilidad son menos críticas para contener el virus y estabilizar la economía, pero podrían ser importantes para ajustarse a una nueva normalidad, ya que posiblemente las economías experimenten cambios estructurales significativos, teniendo que gestionar tecnologías digitales y los efectos del cambio climático.

Como resultado, el FMI continuará su colaboración con otras instituciones financieras internacionales para implementar políticas estructurales. Estas políticas incluyen la salud, la gestión de la deuda y la protección social, la mejora de la gobernanza de los préstamos, así como pasos para mejorar la resiliencia a futuros riesgos sanitarios y climáticos.

Esta crisis ha puesto a prueba hasta el extremo la resiliencia y la agilidad de los gobiernos y los bancos centrales. El FMI está comprometido, junto con otros organismos socios, a igualar estos esfuerzos a nivel internacional. A este respecto, la ejecución eficiente de los instrumentos de préstamos del FMI continuará siendo una parte integral.

Las demandas de disolución matrimonial se redujeron un 42,1 por ciento en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia de la alerta sanitaria

martes, 29 de septiembre de 2020

Lunes, 28 de septiembre de 2020

Las demandas de disolución matrimonial se redujeron un 42,1 por ciento en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia de la alerta sanitaria

La disminución superó cuarenta por ciento tanto en las separaciones como en los divorcios, consensuados y no consensuados. Las demandas de modificación de medidas consensuadas descendieron un 41,9 por ciento y las no consensuadas lo hicieron un 37,6 por ciento. La comunidad autónoma con mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes fue Canarias; la que menos registró, Cantabria

Autor: Comunicación Poder Judicial

El impacto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 también se ha hecho notar en las demandas de disolución matrimonial presentadas en el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización de la actividad judicial. El número de total de demandas de disolución matrimonial -tanto separaciones como divorcios- se redujo en un 42,1 por ciento respecto al segundo trimestre de 2019, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.

En el segundo trimestre de 2020, se han observado disminuciones interanuales superiores al 40 por ciento en todas las formas de disolución matrimonial. Las 9.552 demandas de divorcio consensuado son un 41,8 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Las 6.264 demandas de divorcio no consensuado son un 42,4 por ciento menos. Por lo que respecta a las demandas de separación, las 446 demandas de separación consensuada representan un 46,4 por ciento menos que un año antes y las 214 no consensuadas, un 41,7 por ciento menos que las presentadas el mismo periodo de 2019.

Finalmente, el número de demandas de nulidad, 19 en total, ha descendido en un 20,8 por ciento respecto a las presentadas en el segundo trimestre de 2019.

Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana, los territorios con más divorcios

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 5,3. Junto con Murcia, 54,2; la Comunidad Valenciana, 5; Cataluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5; y Cantabria, 4,4, todas ellas superan la media nacional, que es de 4,3.

Las más bajas, se han dado en Madrid, con 3,4 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes; Castilla y León, 3,7; Aragón y Galicia, 3,8; y Extremadura y País Vasco, 3,9.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

También todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han experimentado importantes disminuciones respecto al segundo trimestre del año 2019.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 1.846, se han reducido un 41,9 por ciento, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 5.880, lo han hecho un 37,6 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 3.542, han tenido una disminución interanual del 34,2 por ciento, mientras que las no consensuadas, 4.387, han mostrado una disminución del 39,9 por ciento.

Los datos estadísticos completos pueden consultarse en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Demandas-presentadas-de-nulidades–separaciones-y-divorcios/

Consumo regulará la figura del consumidor vulnerable para avanzar en el acceso universal a los servicios básicos

martes, 29 de septiembre de 2020

Consumo regulará la figura del consumidor vulnerable para avanzar en el acceso universal a los servicios básicos

Viernes 11 de septiembre de 2020

La Moncloa

El Ministerio de Consumo ha abierto a consulta pública la modificación de la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) con el objetivo de desarrollar la figura del consumidor vulnerable.

Con ello, el Gobierno pretende avanzar hacia el reconocimiento de la vulnerabilidad en las relaciones de consumo para aquellas personas, familias y colectivos con dificultades.

Así lo ha anunciado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su intervención en un acto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Garzón ha dicho que esta medida formará parte de una reforma de la actual ley en la que también se incorpora la ya anunciada prohibición de los números telefónicos 902 para los servicios de atención al cliente.

El Ministerio de Consumo plantea modificar el artículo 3 de la LGDCU para incluir una definición de persona consumidora vulnerable que suponga un marco general para atajar reglamentariamente situaciones concretas de vulnerabilidad. Para ello, Consumo ha abierto un periodo de consulta pública en el que la sociedad civil y las asociaciones en defensa de los derechos de consumidores puedan hacer sus aportaciones.

La figura de consumidor vulnerable, con carácter parcial, existe en el actual marco legislativo estatal y autonómico con el fin de proteger a determinados sectores en el acceso a servicios básicos. La actual normativa estatal alude a colectivos especialmente vulnerables en el ámbito de la cooperación institucional, pero sin concretar este término.

En el ámbito autonómico la figura de consumidor vulnerable, tanto por su denominación como por los grupos de protección a los que alude, varían de una a otra comunidad. En cuanto a sectores económicos, solo el eléctrico y energético y el financiero consideran las características sociales, el poder adquisitivo y la vulnerabilidad social como criterio en sus relaciones.

El objetivo del Ministerio de Consumo es crear un marco regulatorio común para sectores como la vivienda, las telecomunicaciones o la alimentación, avanzando así en la obligación de los poderes públicos de garantizar la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas. Una tarea que el ministerio está desarrollando en un grupo de coordinación interministerial que abordar la norma desde una perspectiva integral.

Según ha explicado Garzón, el desarrollo de la figura de la persona consumidora vulnerable es «imprescindible para avanzar en la justicia social». Contextos como la crisis sanitaria de la COVID-19, con sus implicaciones económicas, laborales y sociales, ponen de manifiesto que «todos somos susceptibles de ser consumidores vulnerables en algún momento de nuestras vidas», ha dicho el ministro.

Consumo y CNMC, «alianza común»

El ministro Garzón, reunido con la presidenta de la CNMC, Cani FernándezAlberto Garzón ha participado, junto a la presidenta de CNMC, Cani Fernández, en el acto de presentación de la nueva versión del comparador de ofertas de gas y de electricidad. El objetivo de esta herramienta es facilitar a los consumidores la tarea de elegir la opción que mejor se adapta a sus necesidades.

Garzón y Fernández han coincido en señalar la iniciativa como un paso más en el objetivo común del Ministerio de Consumo y CNMC de conocer y vigilar las estructuras de mercado y proteger los intereses de las personas consumidoras. «Supone poner luz y taquígrafo al sector de las energías», ha dicho Garzón.

En esa línea, Garzón ha asegurado que el Ministerio de Consumo y la CNMC tienen un «leit motiv común» al servicio del interés general de la gran mayoría social. Garzón ha destacado que el compromiso de la autoridad de competencia y la de consumo es trabajar en «una agenda conjunta» y «una alianza común». «Es una necesidad democrática urgente en nuestro país», ha dicho.

Por último, Garzón ha agradecido la «completa disposición y colaboración» que mostró la CNMC con el Ministerio de Consumo desde los primeros momentos de la crisis sanitaria. «Un trabajo ejemplar e imprescindible fundamental para puesta en marcha de un importante número de las medidas fundamentales de protección sanitaria, social y de derechos que aprobó este Gobierno», ha concluido.

La CNMC incoa expediente sancionador a Repsol por posible incumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones de 30 de julio de 2009 y 20 de diciembre de 2013

martes, 29 de septiembre de 2020

La CNMC incoa expediente sancionador a Repsol por posible incumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones de 30 de julio de 2009 y 20 de diciembre de 2013

22 Septiembre 2020

La CNMC ha incoado expediente sancionador contra REPSOL Comercial de Productos Petrolíferos, S.A (Repsol) por posible incumplimiento de las obligaciones contenidas en las resoluciones de 30 de julio de 2009 y 20 de diciembre de 2013 (VS/0652/07). En ellas la petrolera fue sancionada, junto a CEPSA y BP, por infringir la normativa española y europea de competencia al fijar indirectamente el precio de venta al público a empresarios independientes que operan bajo su bandera, restringiendo así la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de estaciones de servicio, y se les instó, entre otras, a tomar las medidas necesarias para que el precio de trasferencia o de cesión del carburante atendiera a criterios objetivos, de forma que no se desincentivara la realización por parte de las estaciones de servicio de descuentos.

La incoación forma parte de la labor de vigilancia que realiza la Dirección de Competencia de la CNMC para verificar el cumplimiento de las obligaciones dictadas en el mencionado expediente sancionador y que dio lugar a la Resolución del Consejo de 12 de junio de 2020. Esta vigilancia es uno de los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones (condiciones, compromisos y sanciones) que se adoptan para preservar la competencia en los mercados. En esta resolución de vigilancia de 12 de junio, la CNMC analizó el grado de cumplimiento por parte de los tres operadores petrolíferos de las concretas obligaciones establecidas respecto a la forma de determinación del precio de transferencia del carburante en los contratos de comisión y los contratos de reventa indiciada a precio de referencia en los que los distribuidores fueran empresarios independientes.

La estrategia de cumplimiento de BP consistió, de una parte, en dejar de comunicar precios máximos a los gestores de todas sus estaciones de servicio y, de otra, convertir todos los contratos CODO/Comisión subsistentes en su red en contratos de venta en firme, es decir, contratos de reventa referenciados a índice Platts (criterio objetivo para la determinación del precio de transferencia) sin recomendación de precio.

En el caso de CEPSA, la ejecución de cumplimiento planteada ha consistido en ofrecer a los gestores CODO comisionistas la posibilidad de una modificación de sus contratos en un régimen de venta en firme, es decir, contratos de reventa referenciados a índice Platts. Adicionalmente, para aquellos gestores que no aceptaran la modificación del régimen contractual, CEPSA propuso desde 2015 hasta tres fórmulas distintas con vistas a propiciar una fijación objetiva del precio de transferencia que no desincentivara la realización de descuentos por parte de la estación de servicio.

REPSOL no ha considerado la adopción de un régimen de venta en firme en sus contratos CODO/Comisión como estrategia principal de ejecución. Desde 2016 REPSOL ha implementado un nuevo modelo de contratación (el modelo Consigna) basado en la fijación directa de precios a las estaciones de servicio afectadas, bajo la presunción de que actúan como agentes o comisionistas puros. La fecha límite delimitada por la propia Repsol para adaptar en su totalidad las estaciones de servicio al nuevo modelo era el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, una vez cumplida dicha fecha, seguían subsistiendo contratos sujetos a cumplimiento sin ser modificados. REPSOL, hasta el 10 de julio de 2019 -una vez conocida la propuesta de incumplimiento de la Dirección de Competencia- no había propuesto ninguna medida adicional para aquellos gestores de estaciones de servicio que no estuvieran dispuestos a adoptar el modelo Consigna.

Derivado de lo anterior, el análisis de la CNMC concluyó, por lo que respecta a Repsol, la existencia de indicios de incumplimiento por este operador en relación con los contratos subsistentes en su red a 1 de enero de 2019 y hasta el 22 de octubre de 2019, cuyas condiciones comerciales no se adecuaban a lo dispuesto en las referidas resoluciones.

Asimismo, declaró que la fórmula propuesta por CEPSA en su escrito de 1 de marzo de 2019, que introduce la variable precio del tercer cuartil provincial, cumplía los criterios establecidos por la autoridad de competencia en sus resoluciones, concediéndole un plazo de dos meses para su aplicación efectiva a los contratos subsistentes en su red y, por último, declaró el cumplimiento de BP.

Consecuentemente, y habiendo valorado todas las cuestiones relativas al cumplimiento de las resoluciones en su conjunto, la CNMC considera que se ha producido un posible incumplimiento de Repsol de lo dispuesto en el resuelve tercero de la resolución de 30 de julio de 2009, así como en el resuelve tercero, apartado 1, de la resolución de 20 de diciembre de 2013, en relación con los contratos sujetos al cumplimiento de la resolución subsistentes a 1 de enero de 2019 y hasta el 22 de octubre de 2019.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 3 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

Santander. Centro Botín

lunes, 28 de septiembre de 2020

Trabajo a distancia. Real Decreto-Ley de 22 de septiembre

lunes, 28 de septiembre de 2020

Trabajo a distancia. Real Decreto-Ley de 22 de septiembre

23 septiembre, 2020

USO

Resumimos el contenido del Real Decreto-Ley, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. ¿A quién se aplica? ¿Cuál es su contenido?

El Real Decreto-Ley, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia se ha publicado hoy en el BOE. Se compone de 22 artículos, 7 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias y 14 disposiciones finales.

Aunque se denomina “Trabajo a Distancia” y su articulado se centra en esta materia, aprovecha para regular otras cuestiones ajenas a la cuestión principal, a lo largo de las disposiciones adicionales, transitorias y finales.

¿A quién se aplicará este Real Decreto-ley de trabajo a distancia?

Se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena contemplados en el artículo 1.1 del E.T. Excluye al total del personal de las administraciones.

Definición de trabajo a distancia y objeto de aplicación

El RDL de trabajo a distancia define este como un tipo de trabajo a distancia, a través de sistemas telemáticos, de carácter regular.

No todo el trabajo a distancia o teletrabajo se va considerar objeto de aplicación de esta norma. Únicamente será objeto de aplicación el “trabajo a distancia regular”, entendido como el trabajo a distancia que se realiza, en un periodo de 3 meses, un mínimo de 30% de la jornada (o porcentaje equivalente en función del contrato de trabajo).

Este porcentaje podrá ser modificado por convenio o acuerdo colectivo según la Disposición Adicional Primera.

Tampoco le va a resultar aplicable al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 RDL 8/2020 o como consecuencia de las medidas de contención sanitarias derivadas del COVID-19 mientras se mantenga la situación sanitaria actual. En este último caso, las empresas sí que deberán dotar de medios técnicos el desarrollo del trabajo a distancia y remite a la negociación colectiva para establecer la compensación de los posibles gastos derivados del teletrabajo (disposición transitoria 3).

De igual forma no se aplicará inmediatamente a las relaciones de trabajo vigentes que estén reguladas en convenios o acuerdos colectivos vigentes a 23 de septiembre de 2020 (publicación del real decreto-ley 28/2020). En estos casos se aplicará desde el momento en que pierdan vigencia. Si no tuvieran plazo de duración, se aplicarán el presente real decreto-ley al año de la publicación en BOE del dicho convenio o acuerdo, o máximo a los 3 años desde su publicación en el BOE, si las partes firmantes acuerdan un plazo superior.

¿Cuándo entra en vigor la norma del trabajo a distancia?

La presente ley del trabajo a distancia entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, es decir, el próximo 13 de octubre.

Limitación en el caso de menores

El artículo 3 limita el trabajo a distancia en el caso de menores y en determinados contratos usados en este colectivo (en prácticas, formación, aprendizaje), exigiendo un porcentaje mínimo de trabajo presencial del 50%.

Aunque la Disposición Adicional 1º permite a los Convenios y Acuerdos Colectivos modificar dicho porcentaje presencial en los contratos formativos, si no se celebran con menores.

Igualdad de trato y oportunidades

El artículo 4 establece la igualdad de trato y oportunidades, así como la no discriminación, incidiendo en la retribución, estabilidad de empleo, tiempo de trabajo, formación. Esta regulación es continuista de la existente.

Se pone el énfasis en la igualdad retributiva entre trabajadores que prestan el trabajo de forma presencial y los que lo hacen a distancia, no solo en la retribución total del grupo profesional, nivel, puesto y funciones, si no que expresamente hace mención a los complementos para presenciales (condiciones personales, resultados de empresa y características de puesto), donde se vienen realizando las discriminaciones por género.

El punto 2 del artículo 4 contempla que las dificultades técnicas no serán imputables al trabajador, de forma que no implicarán una modificación o perjuicio en materia de tiempo de trabajo o retribución.

La empresa tiene el deber de evitar discriminación y acoso por razón de sexo, así como la igualdad en derechos de conciliación y corresponsabilidad.

Voluntariedad y acuerdo individual del trabajo a distancia

El capítulo II del RDL de trabajo a distancia (artículos 5 a 8) regula el teletrabajo como voluntario, tanto para el trabajador como para la empresa. Se podrá acordar tanto al inicio como durante la relación contractual. No se podrá imponer a través de una modificación sustancial de condiciones de trabajo (artículo 41 del ET).

No contempla el trabajo a distancia como un derecho, aunque abre la puerta a que la negociación colectiva o la legislación sí lo establezcan como un derecho.

La negativa a teletrabajar no podrá ser causa de despido o modificación de la relación laboral.

Derechos de los trabajadores a distancia

Se aplicarán a todos aquellos que presten trabajo a distancia los siguientes derechos:
•Formación;
•Promoción profesional;
•A la dotación de medios, equipos y herramientas;
•Al abono y compensación de gastos;
•Derecho a horario flexible;
•Registro horario (inicio y fin de jornada);
•Aplicación normativa preventiva;
•Evaluación de riesgos solo zona de trabajo. Necesidad de justificar visita, y obtener permiso, de no ser así se realizará con los datos existentes.;
•Derecho a la intimidad y protección de datos;
•Derecho a la Desconexión digital;
•Derechos Colectivos (acceso a direcciones electrónicas y tablón virtual, remover obstáculos).

Facultades del empresario en el trabajo a distancia

Los artículos 20 a 22 hacen referencia al deber por parte de los trabajadores de cumplir con las instrucciones del empresario en relación a la protección de datos, seguridad de la información, conservación de equipos y material.

La empresa debe informar de estas instrucciones a la representación de los trabajadores.

Traslada a esta norma la facultad empresarial de control del cumplimiento de las obligaciones y deberes de las personas trabajadoras.

Norma propagandística

Hoy se ha publicado con carácter de urgencia el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia o teletrabajo. Una norma muy esperada por la falta de regulación específica en España. Esta ausencia de regulación ha conllevado desequilibrios, problemas y abusos en un momento en que la crisis del coronavirus ha convertido el teletrabajo en la práctica generalizada. Con tanta expectativa, la ley del trabajo a distancia ha provocado decepción tanto por las formas como por el fondo.

El RD-Ley de trabajo a distancia es, de nuevo, una muestra más del fracaso de un Diálogo Social obsoleto que se está utilizando para regular situaciones de actualidad y futuro, dejando claro su ineficacia. “USO ha tenido que presentar sus propuestas y enmiendas por la vía de la audiencia pública, como un si de un ciudadano particular se tratase en lugar de como le correspondería al tercer sindicato de este país si existiera una democracia sindical real”, critica Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

Se olvida el trabajo a distancia fruto del COVID-19

Realmente, la decepción más importante se produce por un tema de fondo que es fundamental: el RD-Ley de teletrabajo no se aplicará al trabajo a distancia que se ha establecido como consecuencia de las medidas de prevención y contención de la crisis del COVID-19, ni al que se ha implantado en aplicación del artículo 5 del RD-Ley 8/2020. “Si no se va a aplicar para poner orden en la emergencia que estamos sufriendo en este momento ¿por qué la urgencia? ¿A qué son debidas esas prisas? ¿No hubiera sido más eficaz elaborar una norma más completa aunque se aprobara el mes que viene?”, se pregunta García.

Tal cual recoge la Disposición Transitoria Tercera, todo el teletrabajo que se ha generado desde marzo sigue regulado por la insuficiente normativa ordinaria. Solo refleja que las empresas “estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario”.

La práctica habitual del trabajo a distancia se ha multiplicado por 7 durante el confinamiento: desde un 4,8% de los trabajadores en 2019 a un 34% en estado de alarma. Es decir, nos quedamos como estábamos, con una regulación obsoleta en medio de una emergencia inédita en los últimos 100 años.

Otro de los puntos que hacen que está norma sea papel mojado es dejarlo todo en la negociación individual en la empresa. Desde la experiencia de USO en los centros de trabajo podemos afirmar que, sin una regulación de mínimos, esto no cambia nada. Los trabajadores y trabajadoras estarán más expuestos y vulnerables. “Finalmente, lo que se ha conseguido es una foto y un impacto propagandístico, no una regulación eficaz para una forma de trabajo que, incluso tras la pandemia, se ha instalado en nuestro mercado laboral”, critica García.

Encuesta sobre teletrabajo

lunes, 28 de septiembre de 2020

Encuesta sobre teletrabajo

El 74% de los españoles considera que su trabajo le permite teletrabajar total o parcialmente

16 de Septiembre 2020

Cámara de España

Los mayores de 55 años son los que menos posibilidades ven de teletrabajo

Los trabajadores valoran especialmente la reducción del tiempo de desplazamiento y el ahorro en gastos personales como ropa y comida
Empresas con 100 trabajadores que trabajaran en remoto dos días y medio a la semana, ahorrarían una media de 1.350 euros por empleado al año

Madrid, 16/9/2020.- Tras la experiencia del confinamiento provocado por la pandemia de covid-19, el 74% de los españoles considera que su trabajo le permite trabajar en remoto total o parcialmente, según los datos de la encuesta “Los españoles quieren teletrabajar”, que ha sido presentada hoy en la Cámara de Comercio de España.

En la presentación del informe han participado la directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera; la presidenta de Woman In a Legal World, Marlen Estévez; la presidenta de 50&50 Gender Leadership, Gloria Lomana; y la autora de la encuesta, Adriana Scozzafava, Ejecutiva Senior del IESE Business School.

Para Inmaculada Riera, el teletrabajo está invariablemente unido a la digitalización, por lo que es necesario impulsar las competencias digitales en toda la sociedad española. En el caso empresarial, las pymes son las que más dificultades pueden encontrar. “La digitalización y el teletrabajo”, ha afirmado la directora general de la Cámara de España, “son una gran oportunidad y hay que saber aprovecharlas. Son oportunidades integradoras que suponen retos y cambios con impacto económicos y socioculturales”.

Gloria Lomana ha señalado que los empleados que consideran que pueden realizar trabajo a distancia se enfrentan a varios retos: la disposición de recursos, la voluntad por parte de la empresa y, principalmente, la dificultad para separar el horario laboral del personal.

La presidenta de Woman In a Legal World, Marlen Estévez, ha puesto señalado dos dificultades que presenta el teletrabajo: medir la productividad y el desempeño. “Las empresas tienen que adaptar sus sistemas de medición de desempeño a esta nueva modalidad de trabajo», ha dicho.

Los datos de la encuesta

Según los datos del estudio, las personas que consideran que el tipo de trabajo que desarrollan sí les permite teletrabajar totalmente, estarían dispuestas a hacerlo la mayor parte de la semana, es decir, entre 3 y 4 días.

En cuanto a las dificultades que se encuentran los trabajadores, el 41 % de los encuestados considera necesario disponer de mejores recursos técnicos, como portátiles o conexiones a internet.

La voluntad por parte de las empresas se presenta como el segundo factor clave señalado por los encuestados. En concreto, el compromiso y responsabilidad de los empleados o la confianza por parte de los jefes. En ambos casos se trata de factores que plantean un cambio cultural en las organizaciones.

En cuanto a las ventajas que señalan sobre el trabajo en remoto, el 62 % cree que la más importante es reducir el tiempo de desplazamiento. En segundo lugar, con un 59 %, se sitúa el ahorro en gastos personales (ropa y alimentación) y en tercer lugar (53 %) pasar más tiempo con su familia. Por el contrario, entre los principales inconvenientes del teletrabajo, los encuestados señalan, con un 50 %, la falta de contacto social; un 44 % la confusión entre el horario laboral y la vida personal; y, en tercer lugar, la sobrecarga de trabajo (37 %).

El ahorro por esta forma de trabajo no es solo para la empresa. Los trabajadores podrían ahorrar cada año entre 264 y 660 euros en transporte y hasta 616 euros en comida.

Sobre el ahorro por parte de la empresa, vendría por la reducción en el uso de espacio de oficina. Factores adicionales como menos viajes o consumo de material de oficina, si bien se identifican como partidas posibles de ahorro, la experiencia demuestra que es difícil establecer una correlación directa con el teletrabajo, según recoge la encuesta. Aun así, una empresa con 100 empleados en el que se teletrabajara dos días y medio a la semana podría generar un ahorro medio de costes de 1.350 euros por trabajador al año.

Retos y futuro

Los resultados de la encuesta ponen en evidencia la necesidad de abordar tres aspectos: mejores medios técnicos, voluntad de la empresa en implementar el teletrabajo y distinción entre la jornada laboral y la vida personal. Al hacerlo, mejorarían las condiciones actuales del teletrabajo y ello contribuiría a la sostenibilidad de un modelo con beneficios sociales y económicos. Un esquema de trabajo flexible que conjugue trabajo presencial y en remoto, es una demanda de una sociedad que apuesta por un modelo más humano y sostenible.

La Seguridad Social registró de media 2.062.871 trabajadores extranjeros en agosto

lunes, 28 de septiembre de 2020

Afiliación de extranjeros

La Seguridad Social registró de media 2.062.871 trabajadores extranjeros en agosto

Martes 22 de septiembre de 2020

La Moncloa

La Seguridad Social registró 2.062.871 trabajadores extranjeros de media en agosto, lo que supone un incremento de 13.611 ocupados respecto al mes anterior (0,66%). En el conjunto del sistema de la Seguridad Social, los ocupados extranjeros representaron un 10,98% del total de media.

En comparación con agosto de 2019, se ha registrado un retroceso del 3,28% de los ocupados extranjeros, lo que representa 70.035 activos menos de media. Esta variable, negativa desde el inicio de la pandemia, ya ha pasado a ser positiva en siete comunidades autónomas: Murcia (2,91%), Galicia (2,49%), La Rioja (1,99%), País Vasco (1,44%), Navarra (1,16%), Asturias (1,16%) y Castilla-La Mancha (0,59%).

En cuanto al registro a último día de agosto, se contabilizaron 2.045.621 afiliados extranjeros. Si tomamos en cuenta esta cifra, se habrían recuperado 79.229 afiliados foráneos desde el último día marzo, mes en que se comenzó percibir el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el mercado laboral y que terminó con 1.966.392 ocupados de otros países.

Del conjunto de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en agosto, 1.309.743 procedían de países de fuera de la Unión Europea (63,49%) y el resto (753.128), de países comunitarios (36,51%). Un 56,59% fueron hombres (1.167.437), mientras que las mujeres supusieron el 43,41% (895.434).

Los grupos de trabajadores extranjeros más numerosos fueron los de personas procedentes de Rumanía (323.520), Marruecos (248.703), Italia (127.524) y China (98.657). Les siguieron los trabajadores nacionales de Colombia (82.484), Venezuela (75.839), Ecuador (70.683), Reino Unido (61.349), y Bulgaria (56.981). También se registraron más de 50.000 afiliados procedentes de Portugal (54.867).

Afiliación media mensual

Los datos de afiliación media de extranjeros reflejan en agosto un incremento de 13.611 ocupados respecto a la media de julio (0,76%), hasta situar el número total en 2.062.871 de trabajadores y trabajadoras.

Sumaron afiliados extranjeros la mayoría de las comunidades autónomas encabezadas por Cantabria (4,36%), Extremadura (3,75%), Asturias (3,42%), Navarra (3,41%), La Rioja (2,88%) y Galicia (2,47%). Perdieron trabajadores nacionales de otros países Castilla-La Mancha (-4,35%), Aragón (-1,55%) y la Región de Murcia (-1,40%). Melilla, por su parte, sumó un 0,49% trabajadores extranjeros, mientras que Ceuta restó un 2,64%.

Por regímenes, como es habitual, la mayoría de los afiliados extranjeros se encuadró en el Régimen General, con 1.699.160 trabajadores (incluye el Sistema Especial Agrario, con 191.529 ocupados, y el de Hogar, con 159.061). Le siguieron el Régimen de Autónomos con 358.792 afiliados; el Régimen Especial del Mar, con 4.885, y el del Carbón, con 35.

El Régimen General sumó de media en el mes un 0,65% de afiliados extranjeros. Los sectores que más crecieron en este régimen fueron Actividades de los Hogares como Empleadores de Personal Doméstico (7,75%), Actividades Administrativas (3,41%), y Hostelería (2,29%).

Los sectores que más afiliados perdieron fueron Educación (-8,75%) y Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca (-3,04%).

El número de extranjeros inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte, creció un 0,75% en el último mes.

Datos acumulados en agosto

La Seguridad Social registró 2.045.621 afiliados extranjeros el último día de agosto, lo que supuso 15.415 trabajadores más que el último día laborable del mes anterior. Es decir, a lo largo del mes ha sumado un 0,76% de cotizantes foráneos.

Las comunidades autónomas que más trabajadores mayores incrementos han registrado en estos términos fueron Extremadura (8,52%), Andalucía (5,19%), Navarra (4,73%) y La Rioja (4,65%).

Por su parte, perdieron afiliados extranjeros Aragón (un 2,36% menos), Islas Baleares (un 1,7% menos), Cantabria (un 1,14% menos), Cataluña (un 0,21% menos) y Ceuta (un 3,2% menos).

Variación interanual

La afiliación media de este colectivo registró en agosto 70.035 activos menos que el mismo mes del año pasado (una caída del 3,28%). Esta variable es negativa desde el inicio de la crisis de la COVID-19, si bien siete comunidades autónomas recuperaron en agosto una cifra interanual positiva: Región de Murcia (2,91%), Galicia (2,49%), La Rioja (1,99%), País Vasco (1,44%), Navarra (1,16%), Asturias (1,16%) y Castilla-La Mancha (0,59%).

El número de trabajadores extranjeros se ha reducido en el último año especialmente en Islas Baleares (-20,45%), seguida de Islas Canarias (-9,59%), Cataluña (-4,52%), Extremadura (-2,56%), Andalucía (-1,82%) C. Valenciana (-1,81%), Aragón (-1,65%), Cantabria (-1,22%), Madrid (-0,92%) y Castilla y León (-0,16%). Ceuta (-31,33%) y Melilla (-19,17%) se situaron entre los territorios que más afiliados extranjeros restan.

En concreto en el Régimen General, el número de trabajadores extranjeros inscritos en la Seguridad Social menguó un 4,87% en el último año, con pérdidas especialmente pronunciadas en Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (-21%) y Hostelería (-19,19%).

El número de trabajadores extranjeros autónomos, sin embargo, creció un 5,05% en términos interanuales.

Valverde de Curueño /

domingo, 27 de septiembre de 2020

Comunicado CEOE-CEPYME 25-09-2020

domingo, 27 de septiembre de 2020

Comunicado CEOE-CEPYME 25-09-2020

CEOE

Desde CEOE y Cepyme insistimos una vez más en que la seguridad jurídica es básica para el buen funcionamiento de la economía porque aporta la confianza necesaria para que las empresas españolas desarrollen su actividad en un marco predecible. Esta estabilidad pasa necesariamente por el respeto de todos a las instituciones del Estado.

Aquellos que no caminen en esta dirección solo conseguirán postergar y hacer más difícil la recuperación económica y social que tanto ansiamos todos.

Por ello, CEOE y Cepyme manifiestan hoy su apoyo incondicional a la Constitución Española, que ha amparado los años más prósperos de la historia reciente de nuestro país, y por tanto a la Monarquía Parlamentaria, símbolo de nuestra Democracia.

En este sentido, las empresas españolas queremos trasladar expresamente nuestro apoyo a S.M. El Rey Felipe VI, al que agradecemos su dedicación a nuestro país y su papel fundamental e indispensable a la hora de respaldar a nuestras empresas, especialmente en estos últimos meses de crisis.

Por el contrario, mostramos nuestro rechazo más absoluto a que desde algunas instancias de nuestro país, con declaraciones contra el Jefe del Estado, se busque dividir y confrontar a la sociedad española.

Como siempre hemos defendido, reiteramos que España, más que nunca, necesita en estos momentos de crisis unidad, estabilidad y confianza.

El TSJ de Madrid ratifica las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno de la comunidad

domingo, 27 de septiembre de 2020

Viernes, 25 de septiembre de 2020

El TSJ de Madrid ratifica las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno de la comunidad

La medida, para los jueces, es “necesaria e idónea” a la luz de los informes sanitarios y, además, responde a un principio de precaución

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado, por un periodo de catorce días, a partir de hoy, las medidas contenidas en el apartado 1 de la orden 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad que limita a seis el número de personas que pueden reunirse, salvo que sean convivientes, en cualquier actividad o evento de carácter social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados.

Los magistrados consideran que “en modo alguno la orden de la CAM supone limitación o suspensión alguna del ejercicio del derecho de reunión como instrumento de participación democrática y, especialmente, de expresión y comunicación pública de ideas y reivindicaciones, pese a que pudiera limitar de forma temporal algunas concretas y particulares manifestaciones de su ejercicio, con el claro propósito de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”.

La medida, continúan los jueces, es “necesaria e idónea” a la luz de los informes sanitarios y, además, responde a un principio de precaución. “Examinada la limitación –dice el auto-, que implica la medida desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, esto es, analizando si la limitación del derecho fundamental que consagra el art.21 de la Constitución Española se efectúa de la forma menos gravosa posible para conseguir el fin de protección de la salud que se persigue, la propia delimitación de las agrupaciones de personas afectadas, que se acota a las actividades o eventos de carácter familiar o social, evidencia que la limitación se adopta de forma atemperada, sin perder de vista la consecución del fin que se trata de obtener, que no es otro que evitar la mayor transmisión de la pandemia”.

No obstante, los magistrados ratifican la orden por un periodo de catorce días naturales, pues, señalan, “el establecimiento de la medida sine die no puede considerarse justificado, estimándose dicho periodo suficiente para que la Comunidad de Madrid pueda evaluar la eficacia de las medidas, acordando si lo considera necesario su prórroga o modificación, solicitando nuevamente su ratificación si afecta a los derechos fundamentales”.

La Audiencia de Alicante confirma un año de prisión para un hombre que aparcó en una plaza de discapacitados con una tarjeta falsa

domingo, 27 de septiembre de 2020

Lunes, 21 de septiembre de 2020

La Audiencia de Alicante confirma un año de prisión para un hombre que aparcó en una plaza de discapacitados con una tarjeta falsa

El Juzgado de lo Penal número 1 de Benidorm le condenó por un delito de falsedad. Deberá hacer frente a una multa de 1.620 euros

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la pena de un año de prisión y multa de 1.620 euros impuesta a un hombre que estacionó su vehículo en una plaza reservada a discapacitados y usó para ello una tarjeta de estacionamiento falsa.

La sentencia, dictada el pasado enero por el Juzgado de lo Penal número 1 de Benidorm y ahora ratificada por el Tribunal provincial, le declara autor de un delito de falsedad en documento oficial.

El condenado fue sorprendido el 7 de junio de 2017 tras aparcar en una plaza destinada a discapacitados de la calle Mercat de Dénia. Para ello colocó en el salpicadero una tarjeta falsa, fotocopia a color de una original emitida por autoridades noruegas a nombre de su excuñado.

En el recurso presentado ante la sentencia del juzgado de lo Penal, el condenado alegó que el documento no era falso, ya que existía un original que coincidía con el contenido de la tarjeta desu salpicadero.

El hombre añadió que el documento original pertenecía al hermano de su exmujer, que fue su exsuegro el que hizo fotocopias para que las llevaran los vehículos de la familia y que a él se le olvidó retirarlo de su coche.

Sin embargo, el Tribunal considera que esa coartada no está contrastada por ninguna prueba “contundente” y que, en todo caso, hace tres años que su excuñado y titular del documento no vive en España, por lo que “es de suponer que el ‘olvido’ en retirar la tarjeta ha durado dicho tiempo, no así su uso indebido de las plazas destinadas a estacionamiento para personas con capacidad reducida”.

La reserva hídrica española se encuentra al 47,3 por ciento de su capacidad

domingo, 27 de septiembre de 2020

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 47,3 por ciento de su capacidad

Martes 22 de septiembre de 2020

La Moncloa

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 47,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 26.296 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 596 hectómetros cúbicos (el 1,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 68,5%
•Cantábrico Occidental al 68,5%
•Miño-Sil al 58,1%
•Galicia Costa al 57,0%
•Cuencas internas del País Vasco al 66,7%
•Duero al 61,6%
•Tajo al 46,5%
•Guadiana al 31,1%
•Tinto, Odiel y Piedras al 62,0%
•Guadalete-Barbate al 37,7%
•Guadalquivir al 32,0%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 45,5%
•Segura al 40,9%
•Júcar al 48,0%
•Ebro al 62,6%
•Cuencas internas de Cataluña al 84,3%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 131,3 mm (131,3 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla reserva hídrica

Tabla reserva hídrica

Rocas y playa. Santander

sábado, 26 de septiembre de 2020

El presidente del TS y del CGPJ afirma que la presencia del rey las entregas de despachos “es expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución”

sábado, 26 de septiembre de 2020

Viernes, 25 de septiembre de 2020

El presidente del TS y del CGPJ afirma que la presencia del rey las entregas de despachos “es expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución”

Carlos Lesmes expresa el “enorme pesar” del Poder Judicial por la ausencia del jefe del Estado en la ceremonia de este año. El presidente del CGPJ manifiesta el “firme deseo” de que el rey “pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces en el acto de inicio de su apasionante y difícil tarea de proteger los derechos de los españoles y defender el orden jurídico”. “No serán pocos los momentos (…) en los que tendréis la sensación de ser los únicos baluartes del Estado de Derecho, en circunstancias adversas”, advierte a los nuevos miembros de la Carrera Judicial

Autor: Comunicación Poder Judicial


El presidente Lesmes se mostró convencido de que los nuevos jueces afrontarán los retos con entrega, ilusión e integridad

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha afirmado hoy que la tradicional presencia del rey en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, que se remonta a hace 20 años, es “expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos”.

En el discurso pronunciado durante el acto de entrega de despachos a los integrantes de la LXIX promoción de la Escuela Judicial, celebrado por primera vez en la sede de este órgano técnico del CGPJ en Barcelona, Lesmes ha expresado el “enorme pesar” del Poder Judicial por la ausencia este año del jefe del Estado, a la que se ha referido con estas palabras:

“Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función.

La Constitución Española de 1978, Norma Fundamental que ha permitido transitar a España por su más largo periodo de paz, progreso, estabilidad y convivencia, al instituir y regular el Poder Judicial emplea una fórmula de hondo significado simbólico y constitucional: la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Esta breve frase expresa la legitimidad del Poder Judicial, que emana, como todos los poderes del Estado, del pueblo español en el que reside la soberanía nacional, y expresa también que la administración de la Justicia se hace en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia del Estado, conjugándose así, armónicamente, en la fórmula constitucional, las ideas de soberanía y unidad de nuestra nación.

Por todo ello, la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos.

Reiterando nuestro pesar por lo sucedido, y sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado, expresamos nuestro firme deseo de que Su Majestad el Rey pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces en el acto de inicio de su apasionante y difícil tarea de proteger los derechos de los españoles y defender el orden jurídico”.

Baluartes del Estado de Derecho

Durante su intervención, el presidente del TS y del CGPJ se ha dirigido a los integrantes de la LXIX promoción para advertirles de que “no serán pocos los momentos en los que tendréis que afrontar situaciones de soledad, en los que tendréis la sensación de ser los únicos baluartes del Estado de Derecho, en circunstancias adversas que pondrán a prueba vuestro compromiso con la institución a la que pertenecéis”.

“Ante ello, la firmeza y el convencimiento en los valores constitucionales habrán de ser el faro que os guíe de manera permanente”, ha añadido Lesmes, que se ha mostrado convencido de que afrontarán los retos que se les presenten “con entrega, ilusión e integridad, actuando siempre en beneficio de España”.

Tras subrayar que hoy han pasado a formar parte de un poder del Estado, el presidente del Poder Judicial ha recordado a los nuevos jueces que se integran en una institución, la judicial, a la que se deben “más allá de intereses particulares”.

“Esa, y no otra, es la esencia del servicio público: el servicio a España. Y esa es la esencia que os dignifica, y de manera especial a aquellos de vosotros, que sois la gran mayoría, cuyo primer destino va a ser precisamente aquí en Cataluña, un territorio tan íntimamente ligado a esta Escuela Judicial donde habéis completado vuestra formación y os habéis hecho jueces”, ha agregado.

Fortaleza de las instituciones

Lesmes también ha hecho referencia durante su alocución a la “dramática” pandemia de coronavirus “que está dejando un terrible poso de dolor y sufrimiento para tantas personas”, y ha dicho que la grave crisis sanitaria, económica y social que está provocando “no debe ser un freno que debilite la fortaleza de nuestras instituciones, sean cuales sean las circunstancias que nos rodeen”.

“Es por ello que el acto que hoy nos convoca adquiere una muy singular relevancia añadida, al simbolizar la continuidad y fortaleza de las instituciones, pues una nueva promoción de jueces, que os habéis formado con la extraordinaria metodología que proporciona la Escuela Judicial, pasáis a tutelar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos”, ha añadido.

Sanidad lanza la campaña ‘Yo me vacuno. Este año marco la diferencia’ para reforzar la vacunación frente a la gripe

sábado, 26 de septiembre de 2020

Sanidad lanza la campaña ‘Yo me vacuno. Este año marco la diferencia’ para reforzar la vacunación frente a la gripe

Lunes 21 de septiembre de 2020

La Moncloa

El Ministerio de Sanidad lanza la campaña Yo me vacuno. Este año marco la diferencia para reforzar la vacunación frente a la gripe, cuya epidemia coincidirá este otoño-invierno con la de COVID-19. El objetivo es evitar complicaciones de gripe en las personas vulnerables y evitar una sobrecarga en el sistema asistencial.

El Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición de las comunidades autónomas (CCAA) el material de la campaña, destinada a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de que los grupos de riesgo se vacunen frente a la gripe. Ésta se difundirá a través de redes sociales y de la página web del Ministerio. Se usará el hashtag #GripeYoMeVacuno y estará disponible en las lenguas cooficiales.

La campaña está dirigirá a conseguir mayores coberturas de vacunación, alcanzando el 75% en personas mayores de 65 años y profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios, y el 60% en embarazadas y personas con patología crónica.

Con el fin de conseguir este incremento, por primera vez, el Ministerio ha realizado este año una compra extraordinaria de 5 millones de dosis de vacunas de la gripe para reforzar la campaña de vacunación que llevan a cabo las CCAA.

El año pasado, se alcanzó una cobertura del 53,5% en mayores de 65 años, el 40,5% en personal sanitario y el 48,5% en mujeres embarazadas. Con ello, se evitaron un 26% de las hospitalizaciones, un 40% de ingresos en UCI y un 37% de muertes atribuibles a la gripe.

Otra de las novedades de este año es que el inicio de la vacunación se adelanta a la primera quincena de octubre (el año pasado comenzó en la tercera semana). Se comenzará a vacunar a las personas mayores institucionalizadas y al personal de los centros sanitarios y sociosanitarios y se seguirá con el resto de grupos prioritarios.

Luis Planas: Agricultores y ganaderos contarán «por necesidad y justicia» con una PAC de más de 50.000 millones de euros

sábado, 26 de septiembre de 2020

Luis Planas: Agricultores y ganaderos contarán «por necesidad y justicia» con una PAC de más de 50.000 millones de euros

Jueves 24 de septiembre de 2020

La Moncloa

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido, a petición propia, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para informar sobre el estado de negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027.

Planas ha subrayado que la nueva Política Agrícola Común (PAC) no es una continuación de la actual política, sino un punto y aparte, un giro de 180 grados, hacia un modelo más sostenible, en el que «pondremos todo nuestro empeño para facilitar el cambio de una manera evolutiva». La modernización y la incorporación de las innovaciones tecnológica y digital en el sector primario posibilitarán la transición a una producción verde. En este nuevo escenario, España se encuentra bien situada y capaz de hacer frente a los nuevos retos que se plantean.

En la intervención, ha subrayado que el paquete financiero plurianual para 2021-2027, acordado en el Consejo Europeo del pasado 21 de julio, supone un importante respaldo para el sector agrario español.

Uno de los sectores más apoyados

Planas ha anunciado en la Cámara Baja, «en primicia», las cifras de la PAC que corresponderán a España, «ya corroboradas por la Comisión Europea (CE)» y que suman 47.724,30 millones de euros.

Agricultores y ganaderos españoles contarán, ha asegurado Planas, con más de 50.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, al añadir las aportaciones del Estado, las comunidades autónomas y los fondos de recuperación de la UE y del Plan Nacional de Inversiones y Reformas.

Se trata de uno de los sectores más apoyados de la economía española. Según Planas, el agrario precisa de un apoyo específico «por necesidad -es un sector sometido como ningún otro a los vaivenes climáticos- y por justicia -para asegurar una rentabilidad económica a un sector que provee de alimentos en calidad y cantidad suficientes a toda la población-«.

Ha apelado a la responsabilidad de «todos», de cara a la definición del Plan Estratégico español, para «sacar el mejor rendimiento» al presupuesto, que tiene que cumplir con los retos económicos, ambientales y sociales de la próxima década.

En este sentido, ha mostrado su apoyo a la agricultura familiar y profesional y ha remarcado la necesidad de acometer cambios, de evolucionar, porque en estos últimos 20 años la realidad ha cambiado. Así, ha recordado que la realidad que dio lugar al cálculo de buena parte de las ayudas actuales, data de períodos de referencia que se remontan a hace más de quince años.

Además, ha asegurado que es necesario acometer transformaciones para que el agricultor o ganadero que realice la misma actividad, perciba el mismo apoyo, independientemente del lugar en el que viva.

Reforma de la PAC

El ministro ha asegurado que, desde que la Comisión Europea presentara las propuestas de reglamento para la futura PAC, el Ministerio ha trabajado en los distintos ámbitos comunitarios para trasladar la posición española y lograr modificaciones en los textos iniciales, principalmente a favor de la simplificación y flexibilidad para los Estados miembros.

También ha indicado que España apoya el objetivo de la Presidencia alemana de llegar a un acuerdo general en el Consejo de Ministros de Agricultura de octubre, para dar paso a las discusiones del Parlamento Europeo y poder cerrar la reforma en el primer semestre de 2021.

En relación con la reunión del Consejo celebrada esta semana, Planas ha detallado que se abordaron cuestiones importantes de la nueva PAC, como la ayuda básica a la renta, los pagos directos, los ecoesquemas y la condicionalidad. El ministro cree que ha llegado el momento de cerrar estos aspectos y las propuestas definitivas de reglamentos.

Pacto Verde Europeo

El ministro ha remarcado que el compromiso con la economía verde y la sostenibilidad ambiental de esta Comisión marcan esta PAC, así como los Planes Estratégicos, en aspectos como la reducción del uso de fertilizantes y fitosanitarios o alcanzar el 25% de superficie de agricultura ecológica, siempre manteniendo la rentabilidad de las explotaciones, porque sin explotaciones viables no podrá haber sostenibilidad.

El Plan Estratégico nacional supondrá la aplicación de la PAC a la realidad agraria española. Sus objetivos prioritarios serán contribuir a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, incorporar a jóvenes y mujeres a la actividad agraria, generar empleo, garantizar la seguridad alimentaria y contribuir a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

España está en condiciones de presentar un borrador informal de su Plan Estratégico en el primer semestre de 2021 y, el definitivo, en el segundo semestre. Posteriormente, la Comisión podría aprobarlo a principios de 2022, lo que otorgaría tiempo suficiente para elaborar los desarrollos legislativos y empezar a aplicarlo a comienzos de 2023.

Las medidas, ha precisado, estarán orientadas a apoyar a los agricultores y ganaderos en función de sus necesidades (económicas, sociales y medioambientales). La PAC no es un fondo de compensación interterritorial, sino de ayuda a agricultores y ganaderos, que merecen el mejor plan posible.

Ha destacado como elemento clave de la futura PAC la figura del agricultor genuino, cuyo cumplimiento permitirá acceder a la ayuda básica a la renta, a los ecoesquemas y a las ayudas vinculadas a la producción. La agricultura familiar y profesional es el modelo de referencia de este Gobierno.

En el Plan Estratégico se incluirán también medidas a favor de las mujeres y los jóvenes que disminuyan las actuales dificultades, para que su incorporación a la actividad agraria sea sostenible, duradera y viable. España fue el país que lideró la incorporación de la perspectiva de género en la futura PAC.

Un sector agroalimentario estratégico y esencial

Ha señalado que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia del sector primario para la sociedad y la necesidad de la PAC. Una crisis que tiene repercusiones en algunos sectores agrarios, pero que sirve de revulsivo ante los cambios que hay que afrontar en el futuro inmediato.

El sector agroalimentario ha demostrado una gran capacidad de resistencia en el conjunto de la economía española. Su indiscutible necesidad hace que los sectores agrario y pesquero sean estratégicos y esenciales, por lo que tendrán un lugar destacado en el plan para la recuperación económica y social del país.

Esta crisis ha confirmado la necesidad de avanzar hacia una economía verde, uno de los ejes de la nueva PAC, con medidas en los tres aspectos de la sostenibilidad: económica, para sustituir la economía lineal por una economía circular, más moderna, competitiva y eficiente; medioambiental, a través de una nueva estrategia de crecimiento disociado del uso de recursos y sin emisiones netas de gases; y social, mediante la incorporación de jóvenes y mujeres al sector.

Por otro lado, el ministro ha destacado que el proyecto de ley de modificación de la ley de cadena alimentaria, que ya se ha remitido al Consejo de Estado, se enviará a las Cortes en este periodo de sesiones. «Estamos pendientes del dictamen» para que pueda entrar al Congreso lo antes posible.

Transición Ecológica presenta una nueva herramienta para conocer la calidad del aire en España en tiempo real

sábado, 26 de septiembre de 2020

Contaminación Atmosférica

Transición Ecológica presenta una nueva herramienta para conocer la calidad del aire en España en tiempo real

Lunes 21 de septiembre de 2020

La Moncloa

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado el Índice de Calidad del Aire, un mapa interactivo que permite consultar, en tiempo real, la calidad del aire que marcan las 506 estaciones de medición de la Red Nacional de Vigilancia.

La jornada «Aire limpio: por un entorno saludable para todos», inaugurada por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Teresa Ribera, ha abordado la importancia de trabajar en la calidad del aire de las ciudades para generar entornos saludables para los ciudadanos, fomentando la movilidad sostenible, apostando por tecnologías limpias, por el transporte colectivo y por los medios de movilidad activa (desplazamientos a pie o en bicicleta).

En la jornada, sexto edición del ciclo #Biodirectos, ha intervenido también el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar, que ha presentado y detallado el funcionamiento de la nueva herramienta de medición de calidad del aire.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado el Índice de Calidad del Aire, un mapa interactivo que permite consultar, en tiempo real, la calidad del aire que marcan las 506 estaciones de medición de la Red Nacional de Vigilancia.Índice de calidad del aire

En la mesa redonda posterior, moderada por la doctora en farmacia, nutricionista y divulgadora sanitaria Marián García (Boticaria García), han participado la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, el jefe del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, Julio Díaz Jiménez, y el investigador en Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones, Xavier Querol.

Coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2020, la vicepresidenta Ribera ha señalado cómo la crisis sanitaria he hecho más evidente que nunca el nexo entre biodiversidad, salud y calidad del aire. «Sin un entorno saludable, no hay salud, y sin salud, todo nuestro modelos de desarrollo y bienestar quiebra».

Por ello, Ribera ha asegurado que el Gobierno está comprometido a garantizar que las personas puedan respirar aire limpio y «queremos hacerlo diseñando políticas e intervenciones que aborden tanto la calidad del aire como las medidas de mitigación del cambio climático y sus impactos en la salud». En ese sentido, la vicepresidenta ha explicado que es necesario transformar nuestro sistema productivo, promocionando la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Una transformación que «constituye una oportunidad para el crecimiento, el empleo y la innovación».

Durante su intervención Ribera ha lamentado que la contaminación del aire está vinculada a muchas muertes prematuras al año en todo el mundo, 25.000 de ellas solo en España. «Es necesario actuar urgentemente para promover y aumentar la ambición», ha asegurado. Por ello, España, en línea con el Pacto Verde Europeo, apoya la propuesta de la Comisión Europea de revisar las normas sobre la calidad del aire para hacerlas más ambiciosas y acordes con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para atender esas recomendaciones y las propias demandas de los ciudadanos, que reclaman vivir en espacios más saludables y habitables, a respirar aire limpio, a vivir con menos ruido y a ser protagonistas de los espacios urbanos, es imprescindible avanzar hacia modelos de movilidad sostenible y contar con una información transparente y accesible.

Información en tiempo real para los ciudadanos

En respuesta a esa necesidad, el MITECO ha lanzado el Índice de Calidad del Aire, que ha sido presentado y detallado por el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar. El nuevo mapa interactivo de calidad del aire puesto en marcha por MITECO el pasado lunes 7 de septiembre, disponible en la siguiente dirección, permitirá a los ciudadanos comprobar, en tiempo real y de forma sencilla, la calidad del aire que marcan las 506 estaciones de medición de la Red Nacional de Vigilancia a través del análisis de los cinco principales contaminantes. La web incluye, además, recomendaciones sanitarias para la población general y la población sensible, y permite conocer la evolución del estado de calidad del aire en los últimos meses. Este índice quiere atender el «derecho a la información en materia de calidad de la aire de la ciudadanía y que esto sirva de base para adoptar medidas para un aire más limpio, más calidad de vida y que todo ello redunde en mejor salud para todos»

El índice establece seis niveles de calidad del aire: buena, razonablemente buena, regular, desfavorable, muy desfavorable y extremadamente desfavorable, cada uno de ellos diferenciado mediante un código de color. Para determinar el nivel, el índice analiza el estado de los cinco contaminantes clave para la salud: las partículas en suspensión con un diámetro menor a 10 micrómetros (PM10); las partículas en suspensión con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros (PM2,5); el ozono troposférico (O3); dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). Se trata de contaminantes que, en buena medida, están vinculados con las diferentes clases de combustión, desde las del tráfico rodado a las emisiones industriales o las quemas de madera y agrícolas, entre otras actividades.

Los datos que ofrece el Índice de Calidad del Aire reflejan el estado de la contaminación atmosférica en el corto plazo, actualizándose cada hora. Además, incorpora recomendaciones sanitarias para la población en general y para la población sensible, que incluye tanto a adultos como a niños con problemas respiratorios así como a adultos con afecciones cardiacas. Se trata de una información valiosa para, por ejemplo, tomar decisiones sobre la realización de actividades prolongadas al aire libre. Al pulsar sobre una estación en concreto, el usuario podrá conocer el detalle de niveles de cada contaminante, las razones por las que se determina el nivel de calidad asignado y un histórico de los últimos meses que indica el porcentaje de días en función del nivel de calidad. Puede consultarse la metodología para el cálculo y visualización del índice nacional de calidad del aire en la web de MITECO.

Este índice complementa así el actual visor de calidad del aire de MITECO , que permite consultar la información de calidad del aire a nivel nacional de los contaminantes con valores legislados para protección de la salud en el Real Decreto 102/2011, incluyendo datos en tiempo real y la evolución histórica de la evaluación de la calidad del aire.

Precisamente, el Colegio de Comisarios de la UE ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por superación reiterada de los límites legales de dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid y el área de Barcelona, que engloba a 19 municipios, incluidos el de Barcelona. Con el objeto de evitar una sanción económica contra España, y lo más importante, proteger la salud de la ciudadanía, el conjunto de las administraciones competentes -Gobierno central, las comunidades autónomas y municipios- trabajan conjuntamente para revertir esta situación.

Respuestas urgentes y medidas adicionales

El Ministerio está comprometido a diseñar y aplicar políticas ambiciosas de calidad del aire y cambio climático. En este sentido, las medidas recogidas en el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica -coherentes con las del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030-, aprobado por Consejo de Ministros en septiembre de 2019, tienen como objetivo cumplir con los compromisos nacionales de reducción de emisiones adquiridos en la Directiva de Techos de Emisión y, al mismo tiempo, y servirán de apoyo al cumplimiento de los objetivos en materia de calidad del aire, permitiendo reducir en un 27% los fallecimientos prematuros, comparados con un contexto sin medidas. «Todas las Administraciones debemos concertar las medidas, identificando valores y actuaciones homogéneas», ha destacado la vicepresidenta Ribera.

Además, el Gobierno trabaja en un Plan marco de acción a corto plazo en caso de episodios de contaminación del aire ambiente por partículas inferiores a 10 micras (PM10), óxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) que permitirá establecer un marco de actuación común para las diferentes Administraciones Públicas en caso de episodios de alta contaminación, fijando valores y actuaciones homogéneas.

Por otra parte, y conscientes de que en parte del territorio español se superan los objetivos de ozono MITECO avanza también en un Plan Nacional de Ozono que se integrará y coordinará con el resto de los programas de mejora de la calidad del aire y de adaptación al cambio climático ya en curso.

Asimismo, MITECO y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en colaboración con otras entidades y organismos públicos, trabaja en acciones y planes como el Plan de Salud y Medio Ambiente, que pretende dar una respuesta global a los retos vinculados a la salud como consecuencia de problemas ambientales.

Playa de la Concha. Santander

viernes, 25 de septiembre de 2020

El Catastro y el Registro de la Propiedad acuerdan un protocolo de coordinación e intercambio de información

viernes, 25 de septiembre de 2020

El Catastro y el Registro de la Propiedad acuerdan un protocolo de coordinación e intercambio de información

24 de septiembre de 2020

Ministerio de Justicia

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda han firmado una resolución conjunta por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y se articula un protocolo que mejorará la coordinación e intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.

Resolución de las direcciones del Catastro y Seguridad Jurídica
El Catastro y el Registro de la Propiedad acuerdan un protocolo de coordinación e intercambio de información

Han firmado una resolución que dota de mayor seguridad jurídica al tráfico mobiliario, simplifica el trámite administrativo al tiempo que facilita la coordinación de parcelas catastrales y fincas registrales, y favorece la inscripción de los bienes de dominio público, entre otras ventajas.

La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública afirma que esta resolución “supone un paso adelante en la buena dirección: la colaboración de las Administraciones Públicas en beneficio de la ciudadanía”.

El director general del Catastro destaca que el acuerdo permite mejorar la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, y ahonda en la transparencia, accesibilidad y simplificación administrativas.

24 de septiembre de 2020.- La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda han firmado una resolución conjunta por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y se articula un protocolo que mejorará la coordinación e intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.

Los objetivos de esta nueva normativa son aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario; incrementar la accesibilidad y la transparencia; remover barreras de acceso a la información inmobiliaria; reducir los costes; permitir la implicación de la ciudadanía que puede actualizar y rectificar la descripción de sus inmuebles, así como simplificar todo el trámite administrativo.

La nueva resolución conjunta aborda temas importantes, no resueltos en el marco legal actual, como la necesidad de obtener un Informe de Validación Gráfica de Alternativas del Catastro (IVGA), para conseguir la coordinación de las representaciones gráficas georreferenciadas alternativas (RGGA), y que permite conocer anticipadamente si el levantamiento topográfico realizado por un técnico se puede incorporar o no a la cartografía catastral.

Asimismo, se dan soluciones técnicas a los problemas derivados de las discrepancias geométricas, giros y desplazamientos cartográficos, lo que posibilita el correcto tratamiento de las comunicaciones recíprocas.
Además, esta nueva resolución viene a solventar problemas detectados como la necesidad de la representación gráfica y consiguiente certificación del solar de un edificio en división horizontal; o el tratamiento de las representaciones gráficas alternativas en determinados supuestos. Así, introduce conceptos prácticos esenciales como la precisión de cartografía, margen de tolerancia y, sobre todo, identidad gráfica de parcela.

Afrontar nuevos supuestos

Este acuerdo concreta la información que se intercambia sobre los estados de coordinación e incluye la corrección o revocación de la misma; y, además, aborda temas como la representación gráfica de los bienes de dominio público, la inscripción de los mismos y el tratamiento de los expedientes administrativos que suponen una reordenación de la propiedad y otros análogos. Finalmente, se aborda el caso de fincas situadas sobre territorios pertenecientes a más de un registro.

La resolución, aparte de solucionar los problemas detectados, permite afrontar nuevos casos y supuestos, de modo que se facilita la coordinación de parcelas catastrales y fincas registrales, se favorece la inscripción de los bienes de dominio público y se aumenta la cantidad y calidad de los intercambios de información entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, de forma segura y coordinada.
La resolución, firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, y el director general del Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz, se suma a la resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y de la Dirección General del Catastro que regula los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los registros de la propiedad, de 26 de octubre de 2015.

Según Sofía Puente Santiago, esta resolución intenta dar respuesta a la necesidad de completar y mejorar el sistema de comunicaciones entre ambas instituciones, a fin de conseguir una mayor eficiencia. Además, “supone un paso adelante en la buena dirección: la colaboración de las Administraciones Públicas en beneficio de la ciudadanía”.

Por su parte, el director general del Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz, ha destacado que permite mejorar la accesibilidad y transparencia de los servicios públicos, la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, la simplificación administrativa y la atención al ciudadano, además de reducir costes para los intervinientes. “Es lo que la sociedad demanda a los servidores públicos”

Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2020-2022)

viernes, 25 de septiembre de 2020

16.09.2020

Nota informativa

Banco de España

Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2020-2022)


Esta nota describe los rasgos principales de los escenarios macroeconómicos para la economía española en el período 2020-2022 que el Banco de España publica hoy en su página web (disponibles en este enlace). En relación a los escenarios del pasado junio, las actuales proyecciones incorporan la nueva información conocida desde entonces, lo que, entre otros elementos, incluye las estimaciones preliminares de la Contabilidad Nacional Trimestral para el segundo trimestre del año, y los cambios observados en los supuestos técnicos que subyacen a la construcción de los escenarios.

En los últimos meses, la pandemia del Covid-19 ha provocado una distorsión sin precedentes en la actividad económica, tanto a escala global como en España. Las perspectivas económicas en el corto y medio plazo siguen estando muy condicionadas por la evolución epidemiológica, aspecto sobre el que aún persiste una elevada incertidumbre. En este sentido, la limitada información disponible a la fecha de cierre de este ejercicio de proyecciones en cuanto a la magnitud precisa del impacto que el repunte de los contagios por Covid-19 observado en nuestro país en las últimas semanas habría tenido ya sobre el grado de dinamismo de la actividad, así como la incertidumbre acerca de la evolución epidemiológica en la parte final de septiembre, aconsejan la formulación de dos escenarios alternativos para el tercer trimestre, cada uno de los cuales constituye el punto de partida para un escenario diferenciado a lo largo de todo el horizonte de proyección.

La principal diferencia entre estos dos escenarios viene dada por los supuestos sobre la evolución de la pandemia a lo largo de los próximos trimestres, lo que, a su vez, condiciona el grado de severidad de las medidas de contención que eventualmente será necesario desplegar y su consiguiente impacto en la actividad económica. Ambos escenarios comparten el supuesto de que la disponibilidad de una solución médica efectiva frente al Covid-19 tras el segundo trimestre de 2021 permitirá levantar las posibles medidas de contención que se mantuviesen activas hasta entonces.

El escenario 1 contempla la aparición de rebrotes que, sin embargo, requerirían solamente de medidas de contención de ámbito limitado, tanto desde el punto de vista geográfico como de las ramas afectadas. Estas medidas causarían alteraciones adicionales relativamente limitadas de la actividad económica, cuya incidencia sería más acusada en las ramas vinculadas al ocio y la hostelería (y, desde el punto de vista de la demanda, al turismo), mientras que la actividad en el resto de ramas productivas solo se vería afectada de forma indirecta a través de los efectos de arrastre sectoriales.

El escenario 2, en cambio, contempla una mayor intensidad de los rebrotes de la pandemia en el corto plazo. Si bien se asume que la contención de dichos rebrotes no llegaría a precisar de la aplicación de medidas de distanciamiento social tan estrictas y generalizadas como las que estuvieron en vigor antes del inicio de la desescalada, sí se contempla que dichas limitaciones, además de perjudicar con mayor intensidad la actividad de las ramas de servicios también pudieran tener una incidencia directa (y no solo a través de los efectos de arrastre) en el grado de dinamismo del resto de ramas productivas.

Bajo estas consideraciones, en el escenario 1, el producto de la economía registraría un descenso del 10,5% en media anual en 2020, caída que se ampliaría hasta el 12,6% en caso de materializarse la situación epidemiológica más desfavorable que subyace a la construcción del escenario 2. No obstante, el repunte de la actividad que se prevé en el segundo semestre de este año, tras el histórico desplome registrado en el primero, ejercería un efecto arrastre positivo sobre la tasa media de crecimiento del PIB en 2021, que alcanzaría el 7,3% en el escenario 1, y se quedaría en el 4,1% en el escenario 2, como consecuencia, en este segundo caso, de la mayor incidencia de la pandemia hasta mediados del próximo año. La prolongación de la recuperación daría lugar a avances más modestos de la actividad en 2022. En cualquier caso, al final de 2022, el nivel del PIB se situaría unos 2 puntos porcentuales (pp) por debajo del nivel previo a la crisis en el escenario 1, brecha que se ampliaría hasta algo más de 6 pp en el escenario 2.

El impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral y en las cuentas públicas será relativamente persistente. El total de horas trabajadas experimentaría un descenso muy pronunciado en el promedio de 2020, que ascendería al 11,9% en el escenario 1 y al 14,1% en el escenario 2. A pesar de que el repunte de esta variable, que comenzó con el proceso de desescalada, proseguiría a lo largo del resto del horizonte de proyección, el número de horas trabajadas totales sería aún, al final de 2022, un 4,5% y un 8,3% inferior al previo al Covid-19 bajo los escenarios 1 y 2, respectivamente. Por lo que respecta a las cuentas públicas, se estima que el déficit de las AAPP registrará un fuerte aumento en 2020, situándose en el 10,8% y el 12,1% del PIB en cada uno de los dos escenarios considerados.

A pesar de que estas ratios disminuirían a largo del horizonte de proyección, el déficit público aún permanecería en 2022 en cotas muy elevadas. Por su parte, la deuda pública experimentaría en 2020 un aumento de más de 20 pp en el escenario 1 y de unos 25 pp en el escenario 2 hasta situarse en el 116,8% y el 120,6% del PIB, respectivamente. Esta ratio continuaría aumentando en los dos años siguientes; en mayor medida, en términos acumulados, en el escenario 2.

En el ámbito de los precios de consumo, tras la notable desaceleración de los últimos meses, se espera que tanto la tasa de inflación general como la subyacente se estabilicen en niveles no muy alejados de los actuales en lo que resta del año. De esta forma, en el promedio de 2020, la tasa de variación interanual del IAPC general se situaría en el -0,2% en el escenario 1 y en el -0,3% en el escenario 2, mientras que la tasa del IAPC excluidos alimentos y energía sería del 0,7% y 0,6% en cada uno de estos escenarios. En el resto del horizonte de proyección, se espera que los precios sigan experimentando tasas de variación muy moderadas, aunque paulatinamente crecientes, en un contexto de recuperación gradual de la demanda y de una cierta aceleración del componente energético de los precios.
En los escenarios descritos, los riesgos para el crecimiento económico están orientados a la baja a lo largo de todo el horizonte de proyección. En concreto, no se puede descartar que, en los próximos trimestres, se materialicen desarrollos epidemiológicos más desfavorables que los considerados en el escenario 2, que comporten la necesidad de introducir limitaciones sobre la movilidad o la actividad de mayor calado, o que surjan obstáculos que supongan algún retraso en el calendario de obtención y distribución de un remedio efectivo para el Covid-19. Tampoco puede descartarse que, a pesar de las medidas de política económica desplegadas para hacer frente a crisis sanitaria actual, el deterioro en el potencial de crecimiento de la economía pueda ser más acusado que el contemplado en los escenarios descritos. Más allá de las posibles implicaciones adicionales de la pandemia, persisten otros riesgos relevantes procedentes del entorno exterior, como son la posibilidad de que, una vez acabado el período transitorio, el brexit pueda no culminar con un acuerdo y una eventual intensificación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

En sentido contrario, un riesgo al alza muy relevante viene dado por las distintas iniciativas que se han puesto en marcha para hacer frente a la crisis a escala europea, y de manera singular la aprobación, a finales de julio, del programa para la recuperación denominado Next Generation EU. Los escenarios diseñados en este ejercicio de proyecciones no incorporan los efectos de este programa pues aún no se conocen los detalles precisos en cuanto a la magnitud, el destino y la distribución temporal de los recursos que podrán canalizarse a través del mismo. No obstante, las estimaciones realizadas por el Banco de España sugieren que, bajo determinados supuestos, los efectos macroeconómicos de este programa podrían llegar a ser potencialmente relevantes.

El Banco de España publica los estados financieros públicos primarios de las entidades de crédito

viernes, 25 de septiembre de 2020

Banco de España

Madrid, 18 de septiembre de 2020

El Banco de España publica los estados financieros públicos primarios de las entidades de crédito

El Banco de España inicia la publicación trimestral de los estados financieros públicos primarios, individuales y consolidados de las entidades de crédito, entidad a entidad, de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2020, de 11 de junio. Esta circular que, entre otros aspectos, modifica, las normas 4 y 5 de la Circular 4/2017 a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, establece que la difusión de los estados financieros públicos primarios corresponde al Banco de España, con independencia de que, como ocurría hasta ahora, pueda seguir realizándose por las asociaciones representativas de las entidades de crédito.

Este cambio en la Circular 4/2017 afecta exclusivamente al proceso de difusión de la información de los estados financieros públicos primarios y no modifica los requerimientos relativos a la remisión de esta información por las entidades de crédito al Banco de España ni los procesos de revisión y control de calidad efectuados por esta institución. Hasta la entrada en vigor de la Circular 2/2020, el Banco de España procedía a la remisión de esta información a las asociaciones representativas de las entidades de crédito, que se encargaban de su difusión. Tras el cambio normativo, el Banco de España, en el marco del compromiso asumido con la mejora de la transparencia de la información de las entidades de crédito en España, procederá a difundirlos trimestralmente en su página web.

Los estados financieros primarios comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.
Esta publicación por parte del Banco de España se inicia con los datos correspondientes al segundo trimestre de 2020. Adicionalmente, se proporciona la serie histórica de estos estados desde marzo de 2018, primera fecha de envío por las entidades de crédito de los formatos de estados públicos establecidos en la Circular 4/2017.

Puede accederse a la información directamente a través de la sección de Supervisión mediante el siguiente enlace Estados financieros públicos primarios de las entidades de crédito o a través del tema Información financiera y prudencial de entidades de crédito de la sección de Estadísticas de la página web.

El Defensor pregunta a la AEAT si está multando a contribuyentes por presentar la declaración fuera de plazo tras haber enfermado de COVID-19

viernes, 25 de septiembre de 2020

El Defensor pregunta a la AEAT si está multando a contribuyentes por presentar la declaración fuera de plazo tras haber enfermado de COVID-19

Defensor del Pueblo

16/09/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio con la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) para conocer qué criterios está aplicando en los casos en que los ciudadanos no hayan podido presentar en plazo sus declaraciones de impuestos por haber enfermado de Covid-19.

La Institución ha tenido conocimiento del caso de un ciudadano ingresado en el hospital hasta el 5 de julio, que habría sido sancionado por presentar fuera de plazo la declaración trimestral del IRPF. Al parecer, el plazo para presentar dicha declaración concluyó el 20 de mayo y la declaración trimestral fue presentada el 21 de junio.

Según recuerda el Defensor en el escrito remitido a la Administración, el artículo 179 de la Ley General Tributaria establece que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en el supuesto que concurra fuerza mayor, como pudiera ser, por ejemplo, el hecho de haber estado gravemente enfermo u hospitalizado.

Ampliación de los plazos

El Defensor del Pueblo ya pidió durante el estado de alarma que se ampliasen los plazos para que pymes y autónomos pudieran cumplir con sus obligaciones tributarias (IVA trimestral, retenciones de IRPF y pagos fraccionados de Sociedades). Asimismo, solicitó más flexibilidad para la presentación de la campaña de Renta y Patrimonio 2019.

En una carta enviada a Hacienda, el Defensor señaló que las personas que hubieran perdido a un familiar o que estuviesen ingresadas o aisladas podían experimentar dificultades inéditas para acceder a la documentación y datos necesarios para realizar la presentación.

Un problema que, a juicio de la Institución, también podían tener las personas que estuviesen desplazadas y los sanitarios, que en los momentos más duros de la pandemia centraban todos sus esfuerzos y su tiempo en combatir la crisis sanitaria.

Al atardecer. Santander

jueves, 24 de septiembre de 2020