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miércoles, 2 de septiembre de 2020

Autorizado el primer ensayo clínico para la vacuna contra la COVID-19 en España

miércoles, 2 de septiembre de 2020

Autorizado el primer ensayo clínico para la vacuna contra la COVID-19 en España

Viernes 28 de agosto de 2020

La Moncloa, Madrid – 28/08/20

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado el ensayo clínico en España de la vacuna de la compañía Janssen (una compañía de Johnson&Johnson), el primero de este tipo en nuestro país. Es un ensayo fase 2a que está previsto que incluya un total de 550 voluntarios sanos de los que 190 serán reclutados en España en tres centros hospitalarios.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una rueda de prensa junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles -que, por su parte, ha detallado la iniciativa del Gobierno de poner a disposición de las comunidades autónomas militares rastreadores de casos de COVID-19-, ha explicado que la investigación se realizará en adultos e incluye dos grupos de voluntarios, uno de 18 a 55 años y otro de 65 y más.

Se trata de un estudio de hallazgo de dosis en el que también se exploran diferentes pautas de administración.

Estos ensayos clínicos forman parte de los requerimientos que deben llevar a cabo todas las candidatas de vacuna en investigación para demostrar su calidad, seguridad y eficacia. Solo tras haber evaluado, entre otras cosas, toda la investigación preclínica y clínica llevada a cabo, las autoridades regulatorias competentes autorizan su comercialización -en el caso de España, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Esta vacuna, denominada Ad26.COV2.S, está basada en un tecnología sólidamente documentada y está basada en un adenovirus recombinante no replicativo para generar una respuesta inmunológica frente a una de las proteínas del coronavirus conocida como proteína S (de spike, también llamada proteína espiga en español). La compañía acaba de finalizar los ensayos clínicos fase 1 y una vez analizados sus resultados, se seleccionará la dosis que recibirán los voluntarios en el ensayo fase 2ª. La compañía tiene previsto, además, iniciar ensayos clínicos fase 3 en breve.

Tras la autorización del ensayo por la Agencia, los investigadores iniciarán el reclutamiento de voluntarios que cumplan con los criterios de inclusión en los diferentes centros incluidos en el protocolo.

El Ministerio de Sanidad, a través de la AEMPS, mantiene contacto con diferentes compañías que han propuesto la inclusión de centros españoles en sus ensayos clínicos para contribuir al esfuerzo global en la procura de la vacuna contra la COVID-19.

El trabajo riguroso sobre las condiciones de investigación que garanticen la seguridad de los participantes y la generación de evidencia científica sólida al tiempo que se agilizan los procedimientos de evaluación y autorización, permiten que España acoja estos ensayos con garantías para la población y los promotores de investigación.

Fruto de este trabajo conjunto con otros ámbitos de la administración, el Instituto de Salud Carlos III, los centros de investigación, los Comités de Ética de la Investigación clínica y las compañías farmacéuticas, en este caso Janssen, se consolidan avances como este primer ensayo clínico hasta el acceso a una vacuna eficaz y segura.

Preocupación y dudas ante la vuelta al cole: CSIF exige la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Educación

miércoles, 2 de septiembre de 2020

Preocupación y dudas ante la vuelta al cole: CSIF exige la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Educación

  • El sindicato reclama que se aborde con el personal docente la apertura de centros de manera negociada y homogénea

24 de Agosto de 2020

csif.es

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha exigido hoy al Ministerio la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Educación ante la gran preocupación y las dudas de los docentes sobre el inicio del nuevo curso escolar.

Desde el sindicato, criticamos que, a falta de dos semanas para la vuelta al cole, e incluso días en el caso de exámenes extraordinarios de septiembre, existe una enorme incertidumbre y una vez más el Gobierno ha convocado a las Comunidades Autónomas para abordar la situación in extremis sin atender las necesidades ni las reivindicaciones de los propios docentes.

Desde el pasado abril, exigimos que se abordara con el personal docente la apertura de centros en septiembre de una manera negociada, con medidas sanitarias y curriculares efectivas, acordes a la nueva realidad. Sin embargo, la realidad es que en los últimos días cada CCAA está anunciando una medida distinta, la mayor parte insuficientes y, tanto los docentes como el alumnado y sus familias, necesitan actuaciones claras y no improvisaciones de última hora.

Para el sindicato, es fundamental un incremento sustancial de las plantillas de profesores para el próximo curso 2020-21. Es imprescindible la redistribución del número de alumnos/as por aula, ya que la distancia de seguridad es la principal medida preventiva para evitar contagios por Covid-19 y por ello exigimos ratios de 15 alumnos para el comienzo del curso.

Por ello, hemos propuesto una batería de medidas a medio plazo para la Reconstrucción de la Educación, entre ellas, la contratación de 40.000 nuevos docentes y un gasto mínimo de 5.800 euros anuales por alumno/a y blindados por ley. Además, la ratio debe ser de 20 alumnos en infantil y primaria y de 25 en ESO y Bachillerato por aula para garantizar un correcto aprendizaje.

La reserva hídrica española se encuentra al 52,3 por ciento de su capacidad

miércoles, 2 de septiembre de 2020

​Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 52,3 por ciento de su capacidad

Miércoles 26 de agosto de 2020

lamoncloa.gob.es

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 52,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 29.111 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 891 hectómetros cúbicos (el 1,6 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 74,0 %
•Cantábrico Occidental al 77,0%
•Miño-Sil al 70,8%
•Galicia Costa al 64,3%
•Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
•Duero al 68,5%
•Tajo al 51,0%
•Guadiana al 32,7%
•Tinto, Odiel y Piedras al 67,2%
•Guadalete-Barbate al 40,4%
•Guadalquivir al 35,1%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 48,8%
•Segura al 43,9%
•Júcar al 52,1%
•Ebro al 71,0%
•Cuencas internas de Cataluña al 87,1%

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 60,2 mm (60,2 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla de la reserva total embalsada por ámbitos

Tabla de la reserva total embalsada por ámbitos

La CNMC analiza el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados

miércoles, 2 de septiembre de 2020

La CNMC analiza el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados

20 agosto 2020

Promoción de Competencia. nota de prensa

cnmc.es

◦La norma proyectada transpone normativa de la UE en la materia si bien también introduce modificaciones a iniciativa propia.
◦El informe valora positivamente algunos aspectos, como la fijación de objetivos de reducción concretos y cuantificables y ciertas medidas de salvaguarda frente a conductas anticompetitivas.
◦Recomienda realizar mejoras en otros aspectos, como la potencial declaración de servicio público, el régimen jurídico que pone fin a la condición de residuo o la exigencia de fianza o autorización para determinadas actividades.

La CNMC ha analizado el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. La norma transpone normativa de la UE y sustituye a la actual Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Toda regulación de residuos debe estar encaminada a promover ciertos intereses generales, en concreto la salud humana y la protección del medio ambiente, y para ello, debe buscar la utilización eficiente y racional de los recursos naturales y promover los principios de la economía circular.

La protección de estos intereses puede motivar la introducción de determinadas restricciones a la competencia, pero la conciliación entre dicha protección y una regulación favorecedora de la competencia obliga a justificarlas, primero atendiendo a la necesidad de la protección de dichos intereses y, si ésta estuviera justificada, a la proporcionalidad respecto al efecto que persiguen.

Elementos positivos del anteproyecto
Entre los aspectos que cabe valorar positivamente destacan: la fijación de objetivos de reducción concretos y cuantificables; la inclusión en el texto del silencio administrativo con efecto estimatorio en la notificación de traslados de residuos en el interior del Estado y ciertas medidas de salvaguarda frente a conductas anticompetitivas.

Adicionalmente, se considera positivo también la inclusión en el APL de recomendaciones de la CNMC emitidas en informes anteriores, como son, entre otras, la referencia expresa a la validez en todo el territorio nacional de la autorización de actividad otorgada por cada Comunidad Autónoma, la aclaración de que el otorgamiento de dicha autorización no puede sujetarse a contar con instalaciones en el territorio de dicha Comunidad o el establecimiento expreso de un límite máximo de tiempo para los plazos de resolución de las solicitudes de autorización.

Principales recomendaciones
Se han detectado, sin embargo, otros aspectos del anteproyecto que se considera son susceptibles de mejora:

 Fin de la condición de residuo. Dentro de los criterios específicos que los residuos deben cumplir para poder dejar de serlo se encuentra el relativo a que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias u objetos. Esta condición, recogida de forma literal en la Directiva 2008/98, debería compatibilizarse con la recogida en la Directiva 123/2006/CE de servicios y su normativa de transposición en España.

 Autosuficiencia y proximidad de la red estatal integrada de instalaciones. Se recomendaría un análisis riguroso de las necesidades de la red y que se ofrezca siempre que sea posible la vía de la participación del sector privado para complementar la red de instalaciones públicas, para evitar una posible falta de capacidad y favorecer los intercambios comerciales entre Estados miembros de la UE.

 Declaración de servicio público. La posibilidad de declaración de servicio público implica que el acceso al mercado de los operadores interesados en prestar el servicio se vea restringido o directamente imposibilitado, por lo que se recomienda sea matizada con justificaciones adicionales, sobre todo si aquella se realiza con visos de exclusividad.

 Donación de alimentos. Para no favorecer a unos operadores frente a otros, sería recomendable establecer un porcentaje objetivo de reducción de residuos alimentarios y que cada operador elija a posteriori las opciones que mejor se ajusten a sus intereses, y se debería, además, concretar la responsabilidad por los costes relacionados con la conservación o mantenimiento del producto hasta que se produzca su donación efectiva.

 Constitución de fianzas, avales y seguros. Sería conveniente que se estableciera a nivel estatal, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades autónomas, la exigencia o no de seguro así como los riesgos mínimos a que el mismo debe hacer frente, así como que se analice la posibilidad de constituir una única garantía o, en su caso, se justifique adecuadamente la necesidad de constituir ambas.

 Acceso a las distintas actividades mediante autorizaciones y comunicaciones. Dado que la autorización supone una mayor restricción a la competencia, se recomienda justificar debidamente la exigencia de autorización tanto para la operación de recogida de residuos como para el inicio de actividad en el caso de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, atendiendo en ambos casos a los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión.

 Responsabilidad ampliada del productor. El productor puede ver ampliada su responsabilidad con funciones que en algunos casos presentan un alto grado de imprecisión y, en ocasiones, puede manejar información potencialmente sensible. Se recomienda definir claramente dichas funciones así como incluir la necesidad de cumplir la normativa de competencia.

 Nuevo impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. La introducción de un nuevo impuesto se prefiere frente a otras opciones como la fijación de precios mínimos. No obstante, en cuanto a la definición del ámbito objetivo, se recomienda mejorar la definición para que de forma explícita se aclare si incluye o no un residuo altamente contaminante y que supone un porcentaje muy alto del total de residuos generados como son las bolsas de plástico, en aras de la seguridad jurídica de todos los interesados.

 Aspectos relativos a contratación pública. El amparo que ofrece el APL para recurrir a la tramitación de emergencia en ciertos expedientes de contratación pública incluye supuestos que exceden los que de modo tasado contempla el artículo 120 de la LCSP. Se considera necesario que se realice una interpretación restrictiva de la posibilidad de su utilización, lo que llevaría a una remisión expresa y literal a los supuestos habilitantes recogidos en la normativa de contratación pública.

 Medidas de fomento. A lo largo del articulado se hace referencia a la posibilidad de implantar medidas de fomento para el logro de diversos intereses. En todos los casos, se recuerda la importancia de determinar, en el momento oportuno, si alguno o todos los supuestos contemplados deben presentar una adecuación a la normativa de ayudas de Estado.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en ejercicio de las competencias de la CNMC en aplicación del artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.