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Archivo del 4 de septiembre de 2020

San Juan de la Canal. Soto de la Marina

viernes, 4 de septiembre de 2020

La disposición italiana que impide a Vivendi adquirir el 28 % del capital de Mediaset es contraria al Derecho de la Unión

viernes, 4 de septiembre de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.° 99/20

Luxemburgo, 3 de septiembre de 2020

Sentencia en el asunto C-719/18

curiaeuropea.eu

Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La disposición italiana que impide a Vivendi adquirir el 28 % del capital de Mediaset es contraria al Derecho de la Unión

Esta disposición constituye un obstáculo prohibido a la libertad de establecimiento, puesto que no permite alcanzar el objetivo de protección del pluralismo informativo

En 2016, la sociedad francesa Vivendi SA, matriz de un grupo que opera en los sectores de los medios de comunicación y de la creación y la distribución de contenidos audiovisuales, lanzó una campaña hostil de adquisición de acciones de Mediaset Italia Spa (en lo sucesivo, «Mediaset»), sociedad italiana del mismo sector controlada por el grupo Fininvest, (1) habiendo llegado a adquirir el 28,8 % del capital social de Mediaset, equivalente al 29,94 % de sus derechos de voto.
Mediaset denunció entonces a Vivendi ante la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, «AGCOM» (autoridad reguladora de las comunicaciones, Italia), acusándola de haber infringido la disposición italiana que, con el fin de salvaguardar el pluralismo informativo, prohíbe que una sociedad cuyos ingresos en el sector de las comunicaciones electrónicas, incluso a través de sociedades controladas o vinculadas, (2) sean superiores al 40 % de los ingresos totales de dicho sector, perciba en el denominado «Sistema integrado de comunicaciones» (en lo sucesivo, «SIC») (3) ingresos superiores al 10 % de los realizados en dicho sistema en Italia. Así ocurría con Vivendi, que ya disfrutaba de una posición relevante en el sector italiano de las comunicaciones electrónicas debido al control que ejercía sobre Telecom Italia SpA («TIM»).

Mediante decisión de 2017, la AGCOM declaró que Vivendi había infringido dicha disposición italiana al adquirir las citadas participaciones en Mediaset, y le ordenó poner fin a dicha infracción.

Al tiempo que ejecutaba la orden de la AGCOM, transfiriendo a una tercera sociedad la titularidad del 19,19 % de las acciones de Mediaset, Vivendi acudió al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal regional de lo contencioso-administrativo del Lacio, Italia) solicitando que fuera anulada dicha decisión.

En este contexto, el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio pregunta, esencialmente, al Tribunal de Justicia, si la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se opone a la normativa de un Estado miembro que impide que una sociedad de otro Estado miembro, cuyos ingresos nacionales en el sector de las comunicaciones electrónicas, por sí misma o a través de sociedades controladas o vinculadas, sean superiores al 40 % de los ingresos totales de dicho sector, obtenga en el SIC ingresos superiores al 10 % de dicho sistema.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia responde a dicha cuestión en sentido afirmativo.

El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que el artículo 49 TFUE se opone a cualquier medida nacional que pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales de la Unión, de la libertad de establecimiento garantizada por el TFUE. Así ocurre con la normativa italiana que prohíbe a Vivendi conservar las participaciones que había adquirido en Mediaset o que poseía en Telecom Italia y que obligaba, por tanto, a Vivendi a poner fin a esas participaciones en las citadas empresas en la medida en que sobrepasaban los umbrales previstos.
A continuación, el Tribunal de Justicia observa que, aunque, en principio, un objetivo de interés general como la protección del pluralismo informativo y de los medios de comunicación puede justificar restricciones a la libertad de establecimiento, no es el caso de la disposición controvertida, que no permite alcanzar dicho objetivo.
El Tribunal de Justicia recuerda en este sentido que por lo que respecta a los servicios de comunicaciones electrónicas, el Derecho de la Unión establece una clara distinción entre la producción de contenidos y el transporte de contenidos o su transmisión. (4) Por tanto, las empresas que operan en el sector de las comunicaciones electrónicas, que controlan el transporte y la transmisión de contenidos, no controlan necesariamente la producción de dichos contenidos. Sin embargo, la disposición controvertida no alude a los vínculos entre la producción y el transporte de contenidos ni tampoco está redactada de manera que se aplique específicamente en relación con dichos vínculos.

El Tribunal de Justicia también indica que la disposición controvertida define demasiado restrictivamente el perímetro del sector de las comunicaciones electrónicas, excluyendo de él mercados de creciente importancia para la transmisión de información, como los servicios minoristas de telefonía móvil u otros servicios de comunicaciones electrónicas vinculados a Internet o servicios de radiodifusión por satélite. Dado que estos se han convertido en la vía principal para el acceso a los medios de comunicación, no está justificado excluirlos de dicha definición.
El Tribunal de Justicia hace constar además que, al calcular los ingresos obtenidos por una empresa en el sector de las comunicaciones electrónicas o en el SIC, asimilar la situación de una «sociedad controlada» a la de una «sociedad vinculada» no resulta conciliable con el objetivo perseguido por la disposición controvertida.
El Tribunal de Justicia concluye que la disposición italiana fija umbrales que no guardan relación con el riesgo para el pluralismo de los medios de comunicación, ya que estos umbrales no permiten determinar si una empresa puede efectivamente influir, y en qué medida, en el contenido de los medios de comunicación.

1 El accionista mayoritario de Fininvest SpA, matriz del grupo Fininvest, es el Sr. Silvio Berlusconi (asunto C-219/17, Silvio Berlusconi y otros/Banca d’Italia y otros, véanse los comunicados de prensa n.º 93/18 y n.º 205/18).
2 Según la ley italiana, se considerarán sociedades vinculadas aquellas en las que una ejerce sobre las otras una influencia considerable. Se presumirá dicha influencia cuando la sociedad pueda ejercitar por lo menos una quinta parte de los derechos de voto, o bien una décima parte si posee acciones cotizadas en los mercados regulados.
3 Además de la prensa y de las publicaciones electrónicas, el SIC comprende la radio y los servicios audiovisuales, el cine, la publicidad exterior, las iniciativas de comunicación de productos y servicios, así como los patrocinios.
4 Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2019 en el asunto C-193/18.

El TSXG deniega la petición de los hosteleros de A Coruña, Lugo y Pontevedra de anular las limitaciones impuestas por la Xunta al sector por la COVID-19

viernes, 4 de septiembre de 2020

Martes, 1 de septiembre de 2020

El TSXG deniega la petición de los hosteleros de A Coruña, Lugo y Pontevedra de anular las limitaciones impuestas por la Xunta al sector por la COVID-19

Los magistrados indican que “no puede prevaler sobre el interés general el particular de las empresas del sector de la hostelería”

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha acordado en un auto notificado hoy denegar la medida cautelarísima solicitada por la Asociación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Lugo, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y la Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Pontevedra, quienes solicitaban la suspensión de la aplicación de la orden de la Consellería de Sanidade de 15 de agosto de 2020 en la que se establecen nuevas medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19.

En concreto, el recurso se dirige frente a la disposición que ordena el cierre de los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno, así como frente a la que fija como hora máxima de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración las 01:00 horas, sin que pueda permitirse el acceso de ningún cliente desde las 00:00 horas. Los hosteleros también recurren la disposición que ordena el consumo dentro de los locales en barra o sentados en mesa, o agrupaciones de mesas, asegurando el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre clientes.

La Sala destaca que una suspensión cautelarísima como la que interesan las entidades afectadas “significaría activar una fuente importante de contagios, que derivan no solo de la apertura de locales de ocio nocturno, y una extensión en el límite de apertura de los demás establecimientos de hostelería, sino también de una falta de distanciamiento interpersonal, que representa una de las medidas de mayor eficacia para evitar contagios”. Así, los magistrados indican que “no puede prevaler sobre el interés general el particular de las empresas del sector de la hostelería”, al tiempo que advierten de que las cifras de evolución de la pandemia son “altamente preocupantes”.

Las medidas, según resalta el TSXG, se adoptaron “para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos”. Los jueces señalan que no ignoran “la importantes pérdidas que para el sector de la hostelería” suponen estas medidas, así como que tras la solicitud de la medida cautelarísima está “el interés de los empresarios del sector de la hostelería de atajar y evitar los perjuicios económicos que su ejecución está causando a un colectivo cuyos beneficios se nutren principalmente de la recaudación en épocas del año como es la época estival, gracias al turismo”. Sin embargo, recalcan que “teniendo en cuenta la naturaleza de los intereses en conflicto y la indudable preponderancia del interés general en la protección de la salud pública”, deben denegar la medida provisionalísima solicitada.

El Gobierno debe convocar ya a patronal y sindicatos para abordar la situación de las residencias ante una nueva ola

viernes, 4 de septiembre de 2020

El Gobierno debe convocar ya a patronal y sindicatos para abordar la situación de las residencias ante una nueva ola

UGT

24 Ago 2020

Las residencias necesitan un marco coordinado de respuesta entre todas las CCAA

La Unión General de Trabajadores insta al Gobierno a convocar urgentemente, a través del INSERSO, al Pleno del Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el que participan patronal y sindicatos, para afrontar la situación de las residencias ante una posible nueva ola de la pandemia del COVID 19.

En la reunión que mantuvo ese pleno el 3 de agosto, el Ejecutivo afirmó que ésta reunión se convocaría en la última semana de agosto, pero el Ministerio de Derechos Sociales ha reunido a las Comunidades Autónomas sin convocar a la patronal y los sindicatos del sector.

UGT subraya que es necesario continuar desarrollando los compromisos adquiridos en el grupo de trabajo RESIDENCIAS Y COVID-19, que se configuró dentro del Comité Consultivo a petición del sindicato, en la sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2020 para: compilar y realizar un análisis comparado de los contenidos de Planes de Contingencia de centros residenciales, obtener evidencias y lecciones aprendidas sobre las mejores prácticas y estrategias en la gestión residencial frente a COVID-19, y elaborar y poner a disposición de las CCAA la traducción y equivalencias del sistema de recogida de datos propuesto por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

El sindicato señala que se trata de consensuar y sintetizar aportaciones y medidas de cara a desarrollar un modelo común que podamos adaptar en todos los territorios y destaca la especial relevancia que tienen los planes de contingencia frente a un posible rebrote de la epidemia, al que todos los centros residenciales tienen la obligación de establecer. Una vez, se encuentren sistematizados se propondrá para el consenso un “Plan de contingencia marco”, que puede constituir una herramienta útil para la evaluación y mejora del contenido de los planes ya realizados por los centros residenciales o para guiar la elaboración de nuevos planes de contingencia.

La Unión General de Trabajadores considera además muy importante que las residencias ofrezcan datos información básica útil para la prevención y gestión de posibles brotes de COVID-19 en los centros residenciales. Se configuraría, como un elemento capaz de generar alertas en tiempo real, por lo que generaría una respuesta rápida y eficaz; permitiendo aislar y/o derivar al sistema nacional de salud, a las personas residentes que puedan presentar síntomas compatibles con el Covid-19.

Especialmente valorable, sería la recogida de datos respecto a la situación de la plantilla, las bajas que puedan presentar y si son sustituidas o no, lo que permitirá valorar más objetivamente la atención y cuidados que reciben las personas usuarias y la sobrecarga y riesgos a la que se exponen las personas trabajadoras de los centros.

En cualquier caso, los datos deben respetar en todo momento los datos personales y la privacidad, tanto de las personas y usurarias como de los y las trabajadoras, regulado en la ley de protección de datos.

Mujer y Discapacidad, doble discriminación

viernes, 4 de septiembre de 2020

Mujer y Discapacidad, doble discriminación

27 agosto, 2020

USO analiza la situación de las mujeres con discapacidad, que sufren una doble discriminación por su condición y resume las propuestas del sindicato para favorecer su integración laboral

Ser mujer y sufrir una discapacidad, supone una doble discriminación. El lado oscuro de la discapacidad existe y hay que hablar de él, el rechazo de la sociedad es evidente y, aunque hemos avanzado mucho, todavía debemos seguir luchando por el respeto a la dignidad y derechos de las personas con discapacidad.

Frente a la discapacidad suelen existir dos aptitudes: la lástima y, por tanto, la sobreprotección, que se da en mayor medida en las mujeres, como parte del ideario de la sociedad en general de ser el “sexo débil” y, por otro, el rechazo y la discriminación. Tanto una aptitud como la otra deberían de ser eliminadas.

Dar una oportunidad a la discapacidad no es fácil, ni la normativa, ni las bonificaciones, ayudas etc. servirán de nada hasta que no desterremos el prejuicio y partimos de la educación, las normas las tenemos, ahora hay que ir a la acción.

Mujeres y niñas con discapacidad, las más vulnerables

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las mujeres y niñas que la sufren se encuentran en peor punto de partida, ya que están sujetas a múltiples formas de discriminación.

Entre los objetivos de la Agenda 2030 está el de lograr la igualdad entre mujeres y hombres y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Y es que la realidad de ser mujer y sufrir discapacidad es difícil, ya que se dan mayores obstáculos:

•Las mujeres discapacitadas presentan en todas las variables relacionadas con empleo las peores cifras, no sólo respecto a los varones sino también respecto a las personas sin discapacidad en edad laboral.

• En 2018, la tasa de actividad de las mujeres se situaba en el 33,6%, 44 puntos menos que la población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es del 25%, 10 puntos superior a la de la población sin discapacidad (Fuente: INE 2018).

•Ser mujer supone tener una mayor tasa de paro. Pero ser mujer con discapacidad te coloca en mayores tasas de paro aún. Si comparamos la tasa de paro de las mujeres vemos que la evolución es descendiente, con diferencias de hasta 8 puntos en 2018.

•Las mujeres discapacitadas ganan 3.348,4 euros menos al año que los hombres con discapacidad. La brecha salarial entre hombres y mujeres en este ámbito es del 15,9% (datos del INE, 2017). Si lo comparamos con lo que ganan las personas sin discapacidad, la diferencia es de 6.000 euros anuales menos.

•El porcentaje de hombres con discapacidad matriculados en el curso 2026-2017 de Enseñanzas no Universitarias supone el 3,5%, siendo superior al de las mujeres en un 1,8%.

•El porcentaje de niñas escolarizadas en los centros ordinarios es del 81,3% mientras que para los niños es del 84,4% (Informe Olivenza, 2019).

•Estudios como el de Plena Inclusión Canarias, “La Historia solo cuenta una parte de nosotras”, nos dicen que las mujeres con discapacidad intelectual presentan un riesgo entre dos y cinco veces mayor de sufrir maltrato físico y emocional que las que no la tienen.

•La esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad es denunciada por el informe de la Fundación Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas, en su mayoría adolescentes, con discapacidad”. En él se apunta a que se siguen haciendo sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Está en trámite una Proposición de Ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Los hombres con discapacidad también están expuestos a esta situación, pero esta se produce con menor frecuencia que en las mujeres. La esterilización forzosa supone la violación de derechos humanos y libertades fundamentales, y causa profundos efectos físicos y psicológicos.

•La soledad afecta más a estas mujeres. El 74% de las personas con discapacidad que viven solas son mujeres, según el Observatorio Estatal de la Discapacidad.

•Solo el 7,5% de las mujeres con discapacidad pueden disfrutar de actividades de ocio (Informe Olivenza, 2019).

•El 6,5% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa y un 17,3% en situación de pobreza moderada (Informe Olivenza, 2019).

•El riesgo de pobreza afecta 30 de cada 100 mujeres con discapacidad. (Llano, J. (2019). El estado de la pobreza, 9º informe AROPE).

Propuestas de USO para el desarrollo laboral de personas con discapacidad

La cifra de personas en edad laboral con discapacidad va a seguir aumentando, tanto de nacimiento como las sobrevenidas, por lo que debemos tener previsto un sistema que no les deje fuera, prestando atención a aquellos que cuentan con mayor dificultad, como son las mujeres.

El sindicato USO sigue proponiendo:

•Trabajar para la integración real en la dinámica laboral de estos trabajadores y trabajadoras, haciendo cumplir a las empresas lo regulado en materia de contratación y todo lo previsto para este colectivo.

•Realizar un tratamiento estratégico de supervisión y denuncia de las condiciones laborales y el abuso fraudulento de los Centros Especiales de Empleo, como medio para reducir costes salariales a costa de los derechos de las personas con discapacidad.

•Potenciar la afiliación entre las personas con discapacidad, así como trabajar para su integración en la actividad sindical y orgánica de USO.

•Que sus problemas y reivindicaciones estén presentes en la negociación colectiva, en la vigilancia y denuncia dentro de la acción sindical habitual.

•Incluir cláusulas en la contratación administrativa para que se le aplique el convenio colectivo de referencia, evitando así la discriminación salarial.

•Continuar con nuestra interlocución y colaboración con plataformas y organizaciones de personas con discapacidad como la Conferencia Estatal de Personas Sordas (CNSE) o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). USO participa en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia.

•Favorecer la contratación y fomentar la integración dentro de las empresas para constituir una sociedad plural donde tengan cabida todos los trabajadores y trabajadoras, cada uno con sus diferentes capacidades.

•Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad y adecuación de los puestos de trabajo, así como el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 personas en plantilla.