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Archivo del 9 de septiembre de 2020

Cabo de Ajo. Okuda

miércoles, 9 de septiembre de 2020

Foment rechaza que se apruebe en el Parlamento la proposición de ley de regulación de los alquileres, una norma anticonstitucional y antiestatutaria

miércoles, 9 de septiembre de 2020

Foment rechaza que se apruebe en el Parlamento la proposición de ley de regulación de los alquileres, una norma anticonstitucional y antiestatutaria

A pesar de que parece que ayudará al mercado de alquiler, la medida lo hundirá a medio plazo y tendrá más efectos contraproducentes que beneficios

6 de septiembre de 2020

◾El actual mercado de alquiler no es suficiente y, por lo tanto, hay que ampliar sobre todo la oferta de vivienda asequible, el gran abandonado desde la crisis de 2008.

◾No se puede admitir que la inacción de determinadas fuerzas políticas perjudique el parque de viviendas privado de alquiler. La proposición de ley lo hace y perjudica tanto a los propietarios como a los inquilinos. El patrimonio inmobiliario de los catalanes reducirá su valor.

◾Foment ya expuso el junio de 2019 la necesidad de revertir la política de vivienda para atender las necesidades sociales.

◾No todo se vale, ni las finalidades justifican los medios. Democracia y Estado de Derecho van de la mano.

La proposición de Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, incluida en el orden del día del Pleno del Parlamento de Cataluña del próximo día 9, se hará por el procedimiento acelerado de lectura única. Por lo tanto, no habrá pasado por el trámite parlamentario habitual de Ponencia y de Comisión, a pesar del Dictamen en contra del Consejo de Garantías Estatutarias, aprobado por unanimidad el 5 de agosto de este año.

El Consejo de Garantías Estatutarias considera que la regulación de la Proposición de Ley afecta a las bases de las obligaciones contractuales, que son competencia del Estado (artículo 149.1.8 de la Constitución) y no encuentra amparo en cuatro artículos concretos del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.

El Consejo de Garantías Estatutarias emitió su dictamen con estas conclusiones:

– los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15; las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta; las disposiciones transitorias primera y segunda y la disposición final tercera de la Proposición vulneran la Constitución y el Estatuto de Cataluña (concretamente no se adecuan ni en el artículo 149.1.8 de la Constitución ni en los artículos 129, 137,106.2 y 130 del Estatuto).

Por lo tanto, un total de 11 artículos de los 15 de la Proposición, 4 disposiciones adicionales de 7, 2 disposiciones transitorias de 3 y una disposición final de las 4 que incluye no se adecuan, según el dictamen unánime del Consejo de Garantías Estatutarias, ni en la Constitución ni en el Estatuto.

En resumen, la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de viviendas vulnera la Constitución y el Estatuto en 18 puntos de su articulado.

Límites al alquiler

Desde el punto de vista económico y social, hay que señalar, que aunque parezca una herramienta adecuada, su resultado a medio plazo irá en sentido contrario. Hay bastante literatura que señala los efectos contraproducentes de la fijación de límites al alquiler. Solo hay que ver como las limitaciones establecidas a las leyes de arrendamientos urbanos de 1946 y de 1962 comportaron una reducción significativa de la oferta de alquiler en nuestro país. No es hasta el año 1985 con el Decreto Ley 2/1985, favorecido por el ministro Miguel Boyer, cuando se hace de nuevo atractivo este mercado y atrae capitales para ampliarlo. Posteriormente, se modula la normativa sobre la vivienda habitual (periodo mínimo de contrato,…) para favorecer cierto equilibrio y estabilidad de las partes, rehuyendo la sobreprotección, que después castigan los teóricos protegidos por la norma.

Hay que destacar los efectos que no favorecen un mercado de alquiler de vivienda asequible, a causa del abandono de las políticas de vivienda sostenible por parte de los gobiernos desde la crisis de 2008 asociada a la construcción.

1.Reducción de la oferta de viviendas para alquilar por una doble vía: la primera, la dificultad que los inversores consideren interesante el mercado inmobiliario catalán y, por lo tanto, el riesgo que dejen de invertir en el mercado en un futuro próximo. El segundo, los inversores querrán vender sus posiciones inmobiliarias en Cataluña para invertirlas en otras.

2.Las limitaciones de precios harán que la oferta sea más pequeña, que los posibles inquilinos queden insatisfechos y, por lo tanto, perjudicará a las personas que quieren o solo pueden alquilar. Si hay diferencias significativas, puede comportar mercados opacos, hecho que afectaría, también, a la recaudación

3.No hace falta olvidar que una parte significativa de las viviendas de alquiler a nuestro país corresponden a particulares que verán afectada la renta de su inmueble. En muchos casos, pueden querer hacer líquida su inversión con la venta de sus patrimonios

4.En un mercado globalizado, con mucha libertad de capitales, las restricciones a su rendimiento en algún tipo de activo harán que los inversores busquen otros activos o bien otros localidades. Por lo tanto, dejará de tener sentido el objetivo de la norma, puesto que supondrá la bajada de la oferta a medio plazo. Se retrocederá, pues, en un sector con un mercado estrecho y en el cual la política de vivienda ha estado testimonial durante muchos

Todos estos efectos serán más significativos, en tanto lo sea la diferencia entre el precio máximo y el del mercado.

La Oficina de Atención al Ciudadano recibe una alta valoración en las encuestas relativas al primer semestre del año

miércoles, 9 de septiembre de 2020

Justicia2030

Ministerio de Justicia

La Oficina de Atención al Ciudadano recibe una alta valoración en las encuestas relativas al primer semestre del año

• Más del 77 por ciento de las personas encuestadas han considerado que la atención recibida ha sido muy buena o buena.

4 de septiembre de 2020.- Más del 77 por ciento de las personas encuestadas durante el primer semestre del año respecto al servicio de atención al ciudadano que el Ministerio de Justicia presta en la calle de la Bolsa, considera que la respuesta ha sido muy buena o buena. El 72,15% de los usuarios ha estimado que el servicio recibido ha sido “mucho mejor” o “mejor” del que esperaban y sólo el 6,33% ha considerado que el servicio ha sido “mucho peor”.

Son los datos que arroja el informe de evaluación de dicha Oficina y que apuntan a una valoración muy positiva de los usuarios y su nivel de satisfacción sobre los servicios recibidos. De hecho, la percepción del usuario sobre la atención recibida ha oscilado según los casos entre 8,38 y 9,11 sobre 10. La puntuación global media ha sido de casi 9 (8,72).
Respecto a los comentarios y las propuestas de mejora recibidos en el buzón, el 63,64% de los mismos han sido felicitaciones por el servicio recibido, lo que ratifica que el grado de satisfacción global con el que han salido los ciudadanos de nuestras oficinas es alto.

Los cuestionarios recibidos, cuyo número ha sufrido una caída debido al cierre parcial de la oficina durante el estado de alarma, recogen la percepción que el ciudadano tiene del contacto presencial en la Oficina Central de Atención al Ciudadano y en base a dicho conocimiento, se intenta avanzar en los aspectos susceptibles de mejora.

Así, los usuarios responden a las principales variables que afectan a la percepción sobre el servicio recibido como son la accesibilidad, las condiciones ambientales, la rapidez del servicio, el trato y amabilidad y la calidad de la información recibida. Se incluye también un espacio abierto sobre observaciones o aclaraciones a la puntuación otorgada a fin de que, con independencia de las valoraciones, se pueda obtener conocimiento sobre identificación de problemas a través de esa menor valoración y cuya resolución, en su caso, permite mejorar la calidad del servicio público que se presta.

El Defensor del Pueblo considera que la declaración del estado de alarma respetó la Constitución

miércoles, 9 de septiembre de 2020

El Defensor del Pueblo considera que la declaración del estado de alarma respetó la constitución

04/09/2020

Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus prórrogas. El Defensor tampoco recurrirá el resto de normas dictadas al amparo de este real decreto.

En su opinión, las medidas adoptadas no suspendieron derechos fundamentales, tal y como sostienen los solicitantes de los recursos, sino que solo limitaron el ejercicio de algunos de estos derechos. Fernández Marugán señala que “ante una pandemia gravísima, el confinamiento general era una respuesta sanitaria proporcionada a la situación y necesaria para preservar la salud y la vida de las personas”. Así, destaca que “ni el Gobierno declarando el estado de alarma, ni el Congreso de los Diputados prorrogándolo, quisieron suspender derechos fundamentales. Lo que se quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posible”.

Para el Defensor, la respuesta de los poderes públicos debía estar a la altura de la gravedad de la amenaza y lo estuvo: “no puede reprocharse que, excluidos los estados de excepción y sitio por no concurrir sus presupuestos, fuera elegida la aplicación del estado de alarma. Era una salida constitucional, proporcionada, realista y orientada a salvar vidas”, concluye.

En su resolución explica que la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES), contempla que pueda declararse el estado de alarma para hacer frente a una epidemia. En este sentido, asegura que “el confinamiento generalizado, masivo, largo en el tiempo, constituye, por su propia naturaleza, una severa restricción de lo que pueden hacer las personas en su vida cotidiana. Y afecta, como no podía ser de otra manera, al ejercicio de los derechos fundamentales”.

Sin embargo, advierte de que, a juicio de la Institución “en modo alguno significa -o significó durante el estado de alarma- la suspensión de determinados derechos fundamentales, como sostienen muchos de los comparecientes, sino una limitación de su ejercicio. Sí se hubiese aplicado el estado de excepción, como consideran algunos peticionarios, si se habrían suspendido esos derechos.”

Limita pero no suspende derechos

Fernández Marugán reconoce que durante el estado de alarma algunos derechos se vieron intensamente afectados pero señala que “una interpretación conjunta de la Constitución y de la LOAES permite concluir que se limitan derechos, pero no se suspenden”. Así, recuerda que esta distinción “no es baladí”. “La limitación modula el ejercicio de los derechos, la suspensión los elimina”.

A modo de ejemplo, expone que no es lo mismo poder reunirse de determinada manera que no poder reunirse en absoluto. La Institución siempre defendió durante el estado de alarma que sí era posible reunirse, pero siempre con las garantías sanitarias precisas. “De haber estado suspendido no hubiera habido debate, o éste hubiera sido resuelto siempre, por las autoridades administrativas y judiciales, en sentido negativo”, señala.

Este tipo de reflexiones podrían hacerse sobre todos y cada uno de los derechos fundamentales en juego.

Así, si bien las restricciones a la libertad de circulación estaban justificadas en origen, las sanciones por su incumplimiento, amparadas en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, deberían haber sido objeto de un régimen sancionador específico, adaptado a las circunstancias. Igualmente, ha recibido y tramitado quejas sobre actuaciones policiales concretas durante el estado de alarma. Pero esto es cosa diferente a la legitimidad de la restricción de movimientos para evitar contagios durante el estado de alarma declarado para hacer frente a la epidemia.

Estado de alarma frente al de excepción

Ante la posibilidad señalada por los solicitantes de recurso de declarar el estado de excepción en lugar del de alarma, el Defensor considera “que no se daban los requisitos necesarios para promulgar el estado de excepción sobre todo por no existir, afortunadamente, problemas de orden público y en consecuencia no ser esta la opción adecuada. Por tanto era mucho más correcto agotar cuantas posibilidades ofrece el ordenamiento jurídico, como es el estado de alarma”.

Para Fernández Marugán, “la naturaleza y el número de los derechos fundamentales que pueden ser suspendidos en el estado de excepción hubiera constituido una respuesta exorbitante, gravemente lesiva para los ciudadanos y claramente improcedente”.

Por último, el Defensor concluye en su resolución que el confinamiento ha tenido una “severa” repercusión en la actividad económica y ha generado una situación dramática para muchas personas y familias. “Puede discutirse el acierto o desacierto de las restricciones a los derechos económicos, si fueron o no excesivas o si duraron o no demasiado. Pero esto sería crítica legítima de la política económica (y sanitaria) que no afecta a la constitucionalidad del estado de alarma y sus consecuencias sobre los derechos económicos y sociales”, matiza.

En total, la Institución ha recibido 617 escritos en los que se solicitaba la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional. A pesar de estar garantizado el pronunciamiento del Alto Tribunal por haber admitido a trámite el recurso presentado por un grupo parlamentario, la Institución ha considerado necesario pronunciarse. Fernández Marugán asegura que lo hace, de manera excepcional, teniendo en cuenta la directa conexión entre el estado de alarma y los derechos fundamentales.

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, apela a la unidad de acción para salir de la crisis

miércoles, 9 de septiembre de 2020

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, apela a la unidad de acción para salir de la crisis

Pleno Extraordinario Cámara de España

03 de Septiembre 2020

Cámara de Comercio de España

Las empresas de la Cámara de España constatan la coincidencia en el diagnóstico de la situación y piden que se aborden las soluciones necesarias desde el consenso.
Los Presidentes de BBVA, Banco Santander, HP, Iberdrola, Indra y Telefónica comparten con la Vicepresidenta del Gobierno sus propuestas de actuación ante la crisis económica.

Madrid, 03/09/20.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha apelado a la unidad de acción frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia de la COVID-19. “El diagnóstico de la situación es compartido, como también las recetas para hacerle frente. Es más lo que une a la sociedad española que lo que le separa y eso debe reflejarse también en la política. Es el momento de la unidad, de arrimar el hombro”, ha afirmado la Vicepresidenta del Gobierno.

Durante su intervención en el Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio de España, Calviño ha subrayado el papel fundamental que deben jugar las Cámaras de Comercio – a las que ha pedido colaboración en esta etapa de reconstrucción- en el proceso de transformación digital y en la internacionalización, particularmente de las pymes “La transformación digital de las pequeñas y medianas empresas constituye la más importante reforma estructural que tenemos por delante y tenemos que acelerarla e intensificarla de manera exponencial”, ha subrayado Calviño.

La transición digital, junto a la transición ecológica, la formación y la internacionalización han sido algunas de las cuestiones que han centrado el debate sobre propuestas de actuación ante la crisis económica y los principales desafíos y prioridades que deben plantearse en la etapa de reconstrucción, protagonizado por los Presidentes de BBVA, Banco Santander, HP, Iberdrola, Indra y Telefónica.

Las empresas participantes han coincidido tanto en el diagnóstico, como en la apelación a la necesaria unidad de acción para superar la crisis.

Así, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha afirmado que “hay un gran consenso sobre los principios en los que debe sustentarse la recuperación: que el futuro está en Europa y que queremos una economía más sostenible, inclusiva, digital y feminista. A partir de aquí lo que hay que debatir es cómo se ejecuta la reconstrucción y, en mi opinión, debe basarse en cuatro aspectos. Que los proyectos tengan un efecto multiplicador, que estén apoyados sobre el liderazgo empresarial, la capilaridad de las ayudas y la gobernanza para que haya responsabilidad”.

Otro aspecto coincidente en las intervenciones de los distintos ponentes ha sido la necesidad de transformar esta crisis en una oportunidad para cambiar el modelo económico español.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha incidido en la transición ecológica. “La inversión en la economía verde no tiene solo que ver con energía, sino que presenta grandes ventajas estructurales por su carácter transversal: mejora la competitividad económica de nuestro país, nuestra balanza de pagos y nuestra autonomía energética; reduce nuestras emisiones y nuestra contaminación, e impulsa la electrificación de usos energéticos con un importante efecto tractor en sectores como la climatización o el transporte”, ha asegurado Galán.

Por su parte, el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, ha puesto el acento en la necesidad de la economía española de ganar en competitividad y mejorar su productividad: “La tecnología le da la oportunidad a España de hacer un ‘reset’ industrial y relocalizar capacidades”, ha aseverado.

La transición digital ha ocupado una buena parte del diálogo entre las empresas, coincidentes también en cómo la digitalización ha cobrado especial relevancia en la excepcional situación que estamos viviendo.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha puesto de manifiesto el liderazgo que ejerce España entre las infraestructuras digitales de toda Europa, con la red más extensa de fibra óptica y el reciente lanzamiento del 5G, que Telefónica llevará al 75 por ciento de la población este mismo año. Ha recalcado que “hoy es más necesario que nunca imaginar cómo va a ser la nueva sociedad digital y coger lo mejor. Por ello, en julio presentamos nuestro Pacto Digital, para anticiparnos a la transición digital y liderarla”.

El Presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha prestado especial atención a la importancia de la digitalización para las pymes: “El papel de los bancos en la crisis ha sido clave, amplificando el efecto del dinero público. En el medio-largo plazo, tenemos que abrazar de una manera acelerada el cambio hacia un modelo productivo basado en las nuevas tecnologías y en el uso eficiente de los datos. La digitalización facilita a las pymes la eficiencia en los procesos productivos. Por ejemplo, la computación en la nube les abre un mundo nuevo. Tenemos que trabajar en montar a las pymes en esa ola, combinando reformas e inversión”.

Por su parte, la Presidenta de HP para España, Portugal, Francia e Italia, Helena Herrero, ha enfatizado la incidencia de la digitalización en la internacionalización. “La globalización es imparable pero tras la pandemia va a ser diferente. Más digital, más sostenible y más centrada en las personas”, ha dicho Herrero, quien ha propuesto que “como país tenemos que luchar por tener y atraer centros estratégicos con impacto global, apostar por el talento y crear ecosistemas digitales, trabajando de la mano pymes y multinacionales”.

El papel de las Cámaras de Comercio

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha reiterado la disposición de las empresas a colaborar con los poderes públicos en la salida de la crisis y el papel fundamental que debe desempeñar la Cámara de España y la red cameral, que por su capilaridad es un instrumento fundamental del Gobierno para que las ayudas europeas lleguen al conjunto del tejido productivo. “Hemos de hacer frente a la situación con decisión, coraje, determinación y visión de futuro, sin dejar a nadie atrás, velando por las personas, por supuesto, pero también por las empresas que son la pieza clave para la recuperación, la creación de empleo y el crecimiento de la economía”, ha afirmado Bonet.

En el mismo sentido se ha manifestado el presidente de la Cámara de Valencia y del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, que ha incidido en que la capilaridad y cercanía al tejido productivo del sistema cameral “necesarias para trasladar las políticas públicas al ámbito privado. Y, además, de forma rápida y eficaz, que es precisamente lo que se requiere en la situación actual”.

Por su parte el presidente de la Cámara de Granada, Gerardo Cuerva, ha insistido en la necesidad de contar con el conjunto de la sociedad para llevar a cabo las reformas necesarias y muy particularmente en lo que se refiere a la digitalización. “Si queremos triunfar en el proceso de transición digital, hay que acordarse de las personas”, ha afirmado.