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Archivo del 11 de septiembre de 2020

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viernes, 11 de septiembre de 2020

El déficit del Estado se sitúa hasta julio en el 5,40% del PIB por el impacto de la COVID-19

viernes, 11 de septiembre de 2020

El déficit del Estado se sitúa hasta julio en el 5,40% del PIB por el impacto de la COVID-19

Jueves 10 de septiembre de 2020

La Moncloa

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que reflejan el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas adoptadas para gestionar esta emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias de la crisis.

En concreto, el Ministerio de Hacienda difunde el dato de déficit del Estado hasta julio, que se sitúa en el 5,40% del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de junio, que se sitúa en el 6,12% del PIB, excluyendo la ayuda financiera.

Al igual que en los meses previos, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

Déficit del Estado (julio)

En los siete primeros meses del año, el déficit del Estado se sitúa en 60.413 millones, lo que equivale al 5,40% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 4,2%. Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 15,8% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 21,4% por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

Además, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros se sitúan en 95.716 millones, lo que supone una disminución del 15,8% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de julio están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Así, los recursos impositivos -representan el 80% del total- se sitúan en 76.619 millones, lo que supone una disminución del 18,4%. Retroceden la mayor parte de las figuras tributarias. Destacan, por un lado, el descenso del 14,0% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 16,4%, hasta los 37.353 millones. Este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y a la minoración de ingresos de medidas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, la aplicación del tipo cero en el IVA de las mascarillas y demás material sanitario adquirido por hospitales, organismos públicos y entidades privadas de carácter social para hacer frente a la COVID-19. Pese a todo, la reducción de la recaudación del IVA en julio es inferior a la experimentada en el mes anterior.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 25,8%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 14,0% y el IRPF un 29,4% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 78,5% y las cotizaciones sociales un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 33,4% así como los intereses, que disminuyen un 18,2%. Es reseñable el buen comportamiento de los dividendos del Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando el descenso registrado en los dividendos de ENAIRE en 2020.

Empleos no financieros del Estado

Hasta julio los empleos no financieros han ascendido a 156.129 millones, cifra superior en un 21,4% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las CCAA y a la Seguridad Social.

Las transferencias a las CCAA aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior. El objetivo de estas medidas es garantizar a las CCAA los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad. A lo anterior hay que sumar el pago de 6.000 millones del primer tramo del Fondo COVID-19, cuyo importe total asciende a 16.000 millones. Este fondo no reembolsable -las CCAA no lo tienen que devolver- se distribuye teniendo en cuenta los costes derivados de la pandemia en el sistema sanitario, educativo, así como para compensar la caída de los ingresos fiscales autonómicos.

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las CCAA han recibido, entre otros, 206 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por el COVID-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.

Los consumos intermedios se incrementan en un 20,1%, crecimiento en el que inciden los 832 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8% debido, a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 3,6%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%, y las transferencias sociales en especie, crecen hasta los 231 millones.

Destaca también el incremento de la inversión en un 69,1%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 12,1% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 277 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 47,0%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.

Déficit conjunto de la Administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social (junio)

En la primera mitad de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 68.524 millones, lo que equivale al 6,12% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 68.414 millones de euros, es decir, el 6,11% del PIB.

Financiación de las Administraciones Públicas junio 2019-2020

Financiación de las Administraciones Públicas junio 2019-2020

Administración Central

La Administración Central ha registrado un déficit del 4,40% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 110 millones hasta junio.
•El déficit del Estado en junio equivale al 4,33% del PIB, 48.413 millones.
•Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 768 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,07% del PIB.

Comunidades Autónomas

La Administración regional ha registrado un déficit de 6.710 millones, lo que supone el 0,60% del PIB, frente al déficit del 0,67% del PIB registrado hace un año, lo que supone un 19,6% menos. Esta evolución se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CCAA y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.

En concreto, esta moderación del déficit obedece al adelanto de la financiación procedente del Estado, vía anticipos a cuenta del sistema de financiación; al avance de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018; a la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, así como de los ingresos recibidos del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales y del programa de prestaciones sanitarias y farmacia.

Además, los ingresos se han incrementado un 7,3%. En este sentido, cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos en un 3,1%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 16,2% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 13,7%, por los mayores recursos recibidos del Estado.

Hay que tener en cuenta que tanto en 2019 como en 2020 ha habido prórroga de los Presupuestos Generales, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 28,1%, destacando el descenso del 24,7% del ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,8%, los consumos intermedios crecen un 9,0%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 4,6% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID hasta junio. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 3,2%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria, del gasto en farmacia y en conciertos educativos.

Las subvenciones se elevan un 10,5% y las prestaciones sociales un 12,1%. Por último, la inversión crece un 4,2% y las transferencias entre AAPP aumentan un 4,1%. Hasta la fecha, el único gasto que descienden son los intereses, que caen un 15,4%.

Todas las CCAA (salvo Madrid, Navarra y País Vasco) registran en la primera mitad de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, tres regiones se posicionan en situación de superávit o de equilibrio presupuestario.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza los 3.890 millones en gasto en sanidad, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,13% del PIB. El comportamiento de este subsector responde, fundamentalmente, a los impactos ocasionados por la crisis derivada del COVID-19, especialmente sobre las prestaciones sociales. Los recursos se han incrementado un 18,2%, por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 23,3%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 15.997 millones, un 76,5% de todo el incremento registrado.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 2.487 millones, un 0,22% del PIB, frente al déficit del 0,68% del PIB registrado hace un año, lo que representa un descenso del 70,8%. Esta favorable evolución es debida a la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 60.546 millones, con una disminución del 1,6% respecto a los de finales de junio de 2019. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 82.232 millones, un 8,9% más que el año anterior.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 10.007 millones en la primera mitad del año. Las cotizaciones sociales descienden un 3,0%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen en la primera mitad del año en 10.851 millones.

La evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de junio cercano a los 8.800 millones, con un número de beneficiarios de prestaciones de 2.258.551 personas, cifra que supone el 56,7% de la totalidad de los beneficiarios de prestaciones de desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 2.010 millones, un 61,8% más que el año anterior, por las exenciones de cuotas y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra un resultado negativo de 139 millones.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Banco de España y la CNMV renuevan su convenio de colaboración para el fomento de la educación financiera

viernes, 11 de septiembre de 2020

7 de septiembre de 2020

Banco de España

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Banco de España y la CNMV renuevan su convenio de colaboración para el fomento de la educación financiera

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han renovado hoy su convenio de colaboración para el impulso de la educación financiera en el sistema educativo, uno de los principales proyectos del Plan de Educación Financiera.

La ministra, Isabel Celaá, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, rubricaron con su firma este acuerdo, que implica la participación de las tres instituciones en el fomento, entre los integrantes de la comunidad educativa, de los principios básicos del Plan, como, por ejemplo, la planificación y la gestión de unas finanzas personales responsables.
La renovación del convenio amplía el esfuerzo conjunto de las instituciones en la consecución de los objetivos del Plan de Educación Financiera. Una década después de la firma del primer acuerdo entre el Ministerio y los supervisores financieros, algunos contenidos de educación financiera y emprendimiento están ya presentes en los currículos de educación primaria y enseñanza media.

Además, y con el apoyo del Ministerio de Educación y de Formación Profesional y de las consejerías de las comunidades autónomas, el Plan de Educación Financiera lanza cada curso su programa escolar de Educación Financiera, al que los institutos y centros educativos de toda España pueden apuntarse gratuitamente, de forma voluntaria y flexible. El contenido trabaja las áreas temáticas que establece el programa PISA en competencia financiera: dinero y transacciones, planificación y gestión de las finanzas personales, el riesgo y el beneficio y el panorama financiero.

El Plan de Educación Financiera es una iniciativa impulsada desde 2008 por el Banco de España y la CNMV para el fomento de la educación financiera de la población española, que cuenta con una red de 41 colaboradores de diversos ámbitos comprometidos con el desarrollo de este objetivo.

Escrivá invita a los grupos parlamentarios a alcanzar «un acuerdo de forma urgente» para iniciar la reforma de las pensiones

viernes, 11 de septiembre de 2020

Comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo

Escrivá invita a los grupos parlamentarios a alcanzar «un acuerdo de forma urgente» para iniciar la reforma de las pensiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

La Moncloa

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en el Congreso, ha señalado que «la crisis de la COVID-19 ha hecho aún más necesario llegar a un acuerdo», de forma que las pensiones «ya se revaloricen con un marco estable el año que viene».

Para ello, Escrivá a subrayado la necesidad de tomar la iniciativa legislativa de forma urgente «con el objetivo de eliminar la incertidumbre de los pensionistas actuales y futuros».

El ministro ha indicado que es necesario «alcanzar cuanto antes un amplio acuerdo político» sobre la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones en el seno del Pacto de Toledo. En este aspecto, ha señalado que el borrador de recomendaciones actual es un «magnífico punto de partida» para llegar a este consenso. Una vez alcanzado el acuerdo político, el ministro ha indicado la conveniencia de conseguir también el consenso con los interlocutores sociales y, sobre esa base, iniciar la tramitación de un proyecto de ley para abordar la reforma del sistema de pensiones.

Según ha explicado el ministro, el sistema de pensiones español tiene algunas características peculiares. Una de ellas es la existencia de un mecanismo para revalorizar las pensiones que no tiene en cuenta la evolución de precios y salarios, «una excepción en comparación con los países con sistemas homologables al nuestro, de ahí la necesidad de su reforma». En otros aspectos, como la edad de jubilación, el gasto en pensiones en relación al PIB, o el nivel de cotizaciones, nuestro sistema es similar a los de otros países comparables, «al igual que lo son los retos que afronta a medio plazo, que son, en cualquier caso, asumibles».

Escrivá ha subrayado que esta situación no ha cambiado por la crisis de la COVID-19, que «tiene un impacto notable pero transitorio sobre las cuentas de la Seguridad Social».

En este contexto, el ministro de Inclusión ha anunciado cuáles serán las líneas de actuación del Ministerio si hay consenso político para la reforma de las pensiones, en línea con las recomendaciones del borrador. «A corto plazo, se profundizará la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social» (recomendaciones 1 y 6 del borrador).

En este sentido, el ministro ha anunciado que se iniciará en el próximo presupuesto la financiación de gastos impropios de la Seguridad Social, de forma que «al final de la legislatura quedaría eliminado el déficit previsto». Las estimaciones del Ministerio, según Escrivá, están «en línea con lo planteado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal». La medida, además, «ayudaría a mitigar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema a corto plazo y centrar la atención en los retos a largo plazo».

Entroncadas con ello, el ministro ha anunciado medidas para sustanciar la recomendación 4 del borrador a través del impulso de la cotización por ingresos reales en el régimen de autónomos. «Tendrá una implantación gradual, no generará distorsiones significativas ni en los autónomos ni en la gestión administrativa y será implementada por tramos», según ha anunciado, lo que permitirá que un porcentaje elevado de autónomos vea reducidas sus cotizaciones.

Además, el ministro ha anunciado actuaciones en otros aspectos: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (recomendación 2), alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal (recomendación 12) y desarrollar los sistemas de previsión social complementarios (recomendación 16).

Diapositiva sobre la revaloriación de las pensiones

Sobre el primer punto, el ministro ha resaltado que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones «no sólo cumple con las recomendaciones del borrador, sino que también lo hace con el artículo 50 de la Constitución, de ahí su relevancia». Además, ha señalado que es un «elemento clave para dar certidumbre a los pensionistas y el conjunto de la sociedad y está en línea con los mecanismos de los países de nuestro entorno». Por todo ello, considera «clave que el próximo año ya se aplique un nuevo marco estable para la revalorización, que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas».

Respecto al aumento de la edad efectiva de jubilación para acercarla a la edad legal, Escrivá ha indicado que es una medida «que goza de una importante aceptación social y que, según los cálculos de la AIReF, tiene un impacto económico relevante». Así, ha planteado la necesidad de incentivar la demora en la jubilación, «que hasta ahora han tenido poca aplicación práctica», mediante una exhaustiva evaluación de la realidad del mercado laboral para los trabajadores próximos a la edad de jubilación, así como una reordenación de los incentivos existentes y una corrección de los «elementos distorsionantes de la jubilación anticipada». Con ello, el ministro de Inclusión cree que «se puede revertir la tendencia actual de crecimiento de las jubilaciones anticipadas voluntarias».

Finalmente, el ministro se ha comprometido a revisar el sistema actual de previsión complementaria, en línea con la recomendación 16 del borrador y con el encargo que ha realizado la AIReF al Gobierno. En este sentido, Escrivá ha subrayado que «sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario impulsar los planes de empleo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable que ahora mismo tienen los planes individuales». Según ha señalado, «a través de la negociación colectiva y de la creación de un fondo de pensiones abierto en la administración, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión».

El juzgado ratifica las medidas que restringen el derecho de reunión en municipios coruñeses debido a la COVID-19

viernes, 11 de septiembre de 2020

Miércoles, 9 de septiembre de 2020

El juzgado ratifica las medidas que restringen el derecho de reunión en municipios coruñeses debido a la COVID-19

El magistrado que ha dictado los dos autos considera la medida proporcionada

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha ratificado las medidas restrictivas de derechos fundamentales aprobadas por la Xunta el pasado 2 de septiembre en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada para hacer frente a la COVID-19. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña también ha ratificado las medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del coronavirus en los ayuntamientos de A Laracha y Carballo. En todos los casos las restricciones limitan el derecho de reunión.

El magistrado que ha dictado los dos autos considera la medida proporcionada. Así, entiende que, “en la obligada ponderación” entre el derecho a la vida y el derecho de reunión, ha de darse “obligada preferencia” al derecho a la vida, “aunque ello imponga una limitada material y temporalmente restricción del derecho de reunión”. Además, recuerda que las autoridades sanitarias “pueden intervenir en las actividades públicas y privadas en orden a la protección de la salud de la población y la prevención de enfermedades”.

Tras analizar los informes sobre la progresión de los rebrotes en los distintos ayuntamientos afectados, el juez indica que el riesgo “aparece como alto”. El magistrado destaca en los dos autos que la medida que afecta al derecho de reunión “aparece, desde luego, como necesaria, al haberse agotado anteriores medidas de intervención de menor incidencia en la libertad y derechos de los ciudadanos”. Además, subraya que es “adecuada”, atendiendo “a la lógica de los procesos de transmisión, a los informes y al bien jurídico a cuya protección se dirige: la vida”.