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sábado, 12 de septiembre de 2020

El Defensor cuestiona el uso de un decreto-ley para modificar 28 normas

sábado, 12 de septiembre de 2020

El Defensor cuestiona el uso de un decreto-ley para modificar 28 normas

07/09/2020 defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020, de simplificación administrativa en Andalucía.

Sin embargo, la Institución ha estimado necesario realizar una reflexión –que ha dirigido al Presidente de la Junta de Andalucía- sobre la técnica normativa aplicada y sobre las implicaciones que puede tener, a pesar de que esté garantizado ya el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al haberse presentado varios recursos contra esta norma.

Fernández Marugán considera que, al margen de lo que pueda fallar el Alto Tribunal, resulta necesario alertar sobre un problema que, a su juicio, “puede no comprometer la estricta constitucionalidad de una norma, pero que sin duda constituye una deriva que es imprescindible diagnosticar y reorientar para la buena salud de nuestro sistema político”.

El Defensor no puede dejar de preguntarse cuál es el papel al que se relega al Parlamento de Andalucía cuando una norma incide de manera directa en el equivalente a la producción legislativa de varios años. Fernández Marugán, a título ilustrativo, expone en su resolución que en la década 2010-2019 el Parlamento de Andalucía aprobó 82 leyes, 10 de las cuales eran leyes anuales de presupuestos. Este Decreto-ley incide sobre 19 normas legales, a las que hay que sumar tres normas con rango o valor de ley, más varios decretos hasta un total de 28 normas.

En opinión del Defensor, se ha optado “por establecer un modelo vertical y descendente de reformas, utilizando para tal fin el Decreto-ley, que elimina trámites y permite alumbrar la nueva legislación en un tiempo récord” Sin embargo, para Fernández Marugán, no parece esta la técnica normativa más adecuada, entre otras cosas porque supone incrustar preceptos muy concretos en normas que parten de unas premisas y unos modelos de organización en ocasiones muy distintos, lo que anuncia problemas de interpretación y conflictividad que deberán resolver los tribunales.

Así, señala en su resolución, “que si lo que se pretende es un cambio sustancial en la forma de concebir la intervención pública en los procesos jurídicos, económicos y sociales, un cambio de esta magnitud no sólo –ni principalmente- se logra a través de modificaciones legales, sino que requiere que el conjunto de los operadores jurídicos y sociales se convenzan de su necesidad y asuman sus postulados, aunque no necesariamente en todos sus términos”. En este sentido, hace hincapié en que “difícilmente ello puede ser así, si la legislación surge como la voluntad de un Gobierno, que traduce el juicio técnico –pero no necesariamente el sentir del tejido social- de un grupo de expertos y altos funcionarios”.

Fernández Marugán considera que “para hacer buenas leyes, no sólo es necesaria la perfección técnica sino que en un sistema como el nuestro también es imprescindible que el proceso mismo se lleve con razonable publicidad y permita el escrutinio público de las opciones y de las premisas en que estas se basan”.

El Defensor concluye su reflexión asegurando que “un modelo de producción legislativa basado en comités de expertos puede ofrecer un excelente punto de partida, y en algunos supuestos será suficiente, pero cuando se trata de asuntos de relevancia, como lo son muchos de los que el Decreto-ley 2/2020 aborda, ese modelo se queda corto y son precisamente el sistema de información pública y el propio trámite parlamentario los que permiten traer al debate todos los pareceres relevantes de modo que se conjure el riesgo de marginar visiones fundamentales de la realidad”.

María Socorro García Melón renueva como secretaria de Gobierno del Tribunal Superior por cinco años más

sábado, 12 de septiembre de 2020

Viernes, 11 de septiembre de 2020

María Socorro García Melón renueva como secretaria de Gobierno del Tribunal Superior por cinco años más

El próximo lunes tomará posesión del cargo ante el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El TSJC destaca en su informe el “encomiable esfuerzo” de García Melón para la implantación del expediente judicial electrónico y su labor durante la pandemia

Autor: Comunicación Poder Judicial

La letrada de la administración de justicia María Socorro García Melón ha sido renovada como secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para un nuevo periodo de cinco años.

El próximo lunes, 14 de septiembre, tomará posesión de su cargo en la sede del Ministerio de Justicia ante el ministro Juan Carlos Campo, tal y como publica hoy el Boletín Oficial del Estado.

García Melón llegó a la Secretaría de Gobierno del TSJC en mayo de 2015 y hace unos meses volvió a presentar su candidatura para seguir al frente de los 62 letrados de la administración de justicia que ejercen en Cantabria.

La secretaria de Gobierno del Tribunal Superior tiene una dilatada trayectoria profesional que inició en 1979 cuando accedió al Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Durante más de treinta años fue secretaria judicial de Audiencia Provincial, primero en Bilbao, durante un breve periodo de un año, y después en Cantabria, territorio al que llegó en 1981.

Posteriormente, ocupó cuatro años el puesto de letrada de la administración de justicia en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y después pasó a serlo de la Sala Civil y Penal, justo antes de convertirse en secretaria de Gobierno del Tribunal.

Además, mientras fue letrada en la Audiencia de Cantabria, también ejerció de secretaria de la Junta Electoral Provincial de manera ininterrumpida durante 28 años, interviniendo en todos los procesos electorales desde 1981 hasta 2010.

En el año 2005, recibió la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Relevante labor en la pandemia

Para su nombramiento, el Ministerio de Justicia recabó informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que destacó su “encomiable esfuerzo” en la implantación del expediente judicial electrónico en la comunidad autónoma, “gestionando con moderación y empatía la resistencia al cambio y trasladando al Gobierno de Cantabria la necesidad de modernización de la plataforma tecnológica en todo aquello que fuera susceptible de mejora”.

En este sentido, el informe de la Sala de Gobierno subraya que esta “relevante labor ha posibilitado mantener el funcionamiento del sistema público de Justicia durante la situación generada por la pandemia” y deja constancia de su “actividad diaria y presencial para reducir el impacto de la crisis sanitaria en los órganos judiciales, manteniendo operativas todas las vías de comunicación y facilitando la armonización entre las resoluciones del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Cantabria”.

Consumo potencia la protección de personas vulnerables ante abusos financieros

sábado, 12 de septiembre de 2020

Convocatoria de subvenciones 2020

Consumo potencia la protección de personas vulnerables ante abusos financieros
Sábado 29 de agosto de 2020

La Moncloa

El Ministerio de Consumo ha acordado conceder en 2020 un total de 1.423.137,84 euros a organizaciones sociales para el desarrollo de programas destinados a la información, defensa y protección de los derechos de consumidores y usuarios.

Un 58% de los fondos destinados a los programas están relacionados con la protección de personas vulnerables ante posibles abusos financieros, hipotecarios o ligados al sobreendeudamiento familiar.

Asimismo, Consumo destina 1.212.428,30 euros a la financiación de programas de fomento con el fin de asegurar el ejercicio de las funciones de representación institucional y defensa de las personas consumidoras que desarrollan estas asociaciones.

Las asociaciones beneficiarias de esta convocatoria son, en orden de cuantía recibida, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), Facua- Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (FACUA), la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE), la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).

En total, el ministerio, a través de la Dirección General de Consumo, destina un total de 2.735.566,14 euros a esta convocatoria del año 2020 a la que han concurrido un total de siete organismos con 20 proyectos específicos, según la resolución definitiva de esta convocatoria. Todas, a excepción de ASUFÍN, cuentan también con financiación para proyectos de fomento de su actividad en defensa de los consumidores y usuarios.

Entre los proyectos específicos, destacan los dirigidos a la protección de consumidores vulnerables ante productos hipotecarios y financieros así como a prevenir el sobreendeudamiento familiar. En concreto, esta temática es la que mayor volumen de fondos se lleva del conjunto de la convocatoria pública.

La segunda temática en orden de importancia es la que tiene que ver con el consumo sostenible y la economía circular, que se financiará con el 17% del total de la convocatoria. Le siguen los proyectos relacionados con la protección de menores ante la publicidad sexista y los programas relacionados con el suministro eléctrico del hogar.

Esta convocatoria de subvenciones, aprobada mediante Resolución de 16 de junio de 2020 del Ministerio de Consumo, se enmarca en las obligaciones de fomento del asociacionismo consumerista por parte de las administraciones públicas recogidas en la Constitución.

CEOE y EY presentan el informe ‘gestión de la crisis turística provocada por la covid-19’

sábado, 12 de septiembre de 2020

03 Septiembre 2020

Turismo

CEOE y EY presentan el informe ‘gestión de la crisis turística provocada por la covid-19’

CEOE y la firma de servicios profesionales EY han presentado conjuntamente este jueves el informe ‘Gestión de la crisis turística provocada por la COVID-19’, en un contexto en el que la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 está causando un impacto económico y social de dimensiones aún incalculables en este sector, que venía generando de manera directa el 12,7% de los empleos y el 12,3% del PIB del país. Un encuentro informativo que ha contado con la presencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE, Marta Blanco, y la socia responsable de Sector Público y de Financial Accounting Advisory Services de EY, Chus Escobar.

El documento incluye propuestas inspiradas en las intervenciones de los líderes del sector en la Cumbre Empresarial de CEOE de junio de 2020, otras demandas de representantes del ámbito turístico y las mejores prácticas internacionales.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que este año se perderán entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales en 2020, mientras que la OCDE considera que los destinos más afectados serán aquellos con un mayor grado de dependencia del turismo internacional. Todo ello pone el foco en España.

Encuentro turismo 3-9

Encuentro turismo 3-9

Hasta el momento, el número de pernoctaciones hoteleras en España se ha reducido un 71,1% entre los meses de enero y julio respecto al mismo periodo del año anterior, con impacto en todas las comunidades autónomas, pero especialmente en las más turísticas.

Solo las llegadas de turistas internacionales se han reducido un 72,4% en los siete primeros meses del año y el gasto turístico internacional, un 72,6%.

La situación es más preocupante si cabe si se tiene en cuenta que la imposición de cuarentenas a la vuelta al origen o las restricciones de viaje a nuestro país están generando una imagen de inseguridad que ocasiona cancelaciones y cambio de la preferencia por otros destinos.

Esto unido a otros riesgos como posibles llamamientos masivos a la población en todos los destinos del mundo para reactivar el turismo local, hacen necesario implementar nuevas medidas, como lo han hecho otros países, para frenar el impacto económico de la pandemia sobre el sector turístico, sus empresas y trabajadores.

Concretamente, los gobiernos de diferentes países están poniendo en marcha diversas medidas para apoyar la reactivación del turismo y la continuidad de la actividad empresarial del sector, especialmente en el ámbito fiscal como, por ejemplo, la aplicación de tipos super reducidos de IVA; líneas específicas de financiación y ampliación de las líneas de avales; el aplazamiento del pago de impuestos, tasas y cotizaciones a la Seguridad Social; o excepciones temporales o reducciones en facturas esenciales; así como participación en el capital de empresas estratégicas.

Asimismo, en otros países se han aplicado mecanismos de ayuda al mantenimiento del empleo a través de la asunción por parte de las administraciones del coste salarial de contratos suspendidos o con reducción de jornada; la definición de nuevas estrategias de promoción y comunicación o herramientas de mercado hasta la reactivación de la conectividad.

Plan urgente para impulsar la recuperación del turismo

En esta línea, el informe presentado plantea una serie de medidas sobre las que trabajar para impulsar la recuperación del sector turístico y garantizar la supervivencia de sus empresas, así como el mantenimiento del empleo que genera.

En primer lugar, se plantean medidas para facilitar la liquidez de las empresas:

Mantenimiento de la vigencia y ampliación del ámbito de aplicación de los aplazamientos de deudas tributarias y de Seguridad Social.
Mantenimiento de la vigencia y ampliación de las cuantías de las líneas de crédito y de avales concedidas por el ICO. Extensión de los períodos de carencia y amortización y aumento del porcentaje de garantías.
Otorgar ayudas en forma de préstamos a muy largo plazo a empresas viables que se comprometan a invertir en mejoras de competitividad.
Ayudas al transporte y a la conectividad.
Medidas para mitigar el perjuicio en las empresas derivado de las situaciones de viajes cancelados y pospuestos.
Medidas para impulsar la demanda en el sector turístico:

Recuperar la confianza en el destino a través de una campaña de comunicación que se adapte a cada mercado emisor, destacando el esfuerzo y la inversión de las empresas españolas por garantizar la seguridad en sus establecimientos.
Medidas sanitarias para generar confianza en el turista.
Restablecer a la mayor brevedad posible la movilidad ordinaria y conectividad área con los principales emisores de turistas que visitan España.
Facilitar la suscripción de seguros médicos de viaje para turistas internacionales que incluyan las contingencias derivadas de la COVID-19, tales como gastos médicos, hospitalarios o farmacéuticos o gastos como cancelación, interrupción o extensión de los viajes.
Reducción al 7% durante 2020 y 2021 de los tipos impositivos aplicables a los servicios prestados por el sector turístico. La reducción de tipos afectaría a los servicios de alojamiento, restauración o transporte de viajeros, pero también a las prestaciones de servicios a las que le sea de aplicación el régimen especial de agencias de viajes, y a otros servicios de la cadena de valor del turismo.
Exoneración temporal de tasas turísticas.
Medidas fiscales por parte de los Ayuntamientos.
Lanzamiento de una campaña para la promoción del destino España adaptada a las circunstancias.
Aumentar la colaboración público-privada en el sector mediante programas de vacaciones subvencionados que dinamicen el empleo y favorezcan la desestacionalización.
Medidas para la contención de costes operativos de las empresas del sector turístico:

Mantenimiento de los ERTE por causa de fuerza mayor asociados a la COVID-19 hasta la recuperación de la demanda.
Mantener e impulsar las medidas de flexibilidad en la negociación de alquileres asumidos por empresas del sector.

Plan para la recuperación de la actividad turística y para el aumento de su capacidad de creación de valor

El documento recoge una propuesta para elaborar un Plan estratégico con la participación de los agentes públicos y privados, que incorpore en su diagnóstico la situación actual y las dificultades para la recuperación de la demanda. Este plan estaría llamado a ser parte fundamental del programa de reconstrucción español y europeo y a dedicar los suficientes recursos presupuestarios.