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domingo, 13 de septiembre de 2020

Es imprescindible cambiar la ley para que las largas carreras de cotización no vean recortada su pensión

domingo, 13 de septiembre de 2020

Es imprescindible cambiar la ley para que las largas carreras de cotización no vean recortada su pensión

09 Sep 2020

UGT

Mari Carmen Barrera traslada al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la necesidad de que se regule una pensión digna y sin recortes para las carreras de más de 40 años

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, se ha reunido en el día de hoy, junto con la Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato (UJP-UGT) y la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (CONFEDETEL), con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Una reunión en la que Barrera ha trasladado al Gobierno, como ya hiciera el pasado mes de julio a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la exigencia de “que las carreras de cotización por encima de los 40 años generen una pensión digna y sin recortes, como ocurre en otros países del entorno de la Unión Europea, a través de la revisión del concepto de contributividad de las pensiones para las largas carreras de cotización”.

En este sentido, ha recordado al ministro Escrivá, antes de su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del día de hoy, que en España “se da la circunstancia que durante la crisis, y gracias a la desregulación de los ERE que trajo en su día la reforma laboral de 2012, se despidieron a cinco millones de personas, la mayoría de ellos mayores de 55 años, que han visto interrumpida su carrera de cotización y que van a ver mermadas sus pensiones a pesar de haber trabajado toda la vida”.

Una reiterada reivindicación de UGT

Por ello, Mari Carmen Barrera ha considerado que se tenga en cuenta la despenalización de los coeficientes reductores de las jubilaciones pasadas y futuras para las jubilaciones involuntarias “-y las falsas voluntarias que son involuntarias encubiertas- procedentes de ERE, despidos colectivos involuntarios, contratos individuales de prejubilación involuntarios, etc”. En la misma línea, “es el momento en que se atienda la reiterada reivindicación de UGT de eliminación del límite temporal para aplicar la cláusula de salvaguarda en el caso de ERE”.

De esta manera, ha reclamado para estas personas que han visto recortada su pensión hasta en un 40%, por el hecho de haberse jubilado anticipadamente, “que cambien la ley, porque nuestro país, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no tiene en cuenta esas largas carreras de cotización para generar una pensión sin recorte y digna”.

Además, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha demandado la necesidad de que se incorpore esta recomendación en el texto de recomendaciones del Pacto de Toledo, “pues es la única forma de que, a través de la Mesa del Diálogo Social, se pueda llegar a un acuerdo que origine un texto normativo que elimine los recortes en las pensiones en las largas carreras de cotización en nuestro país definitivamente, aplicándose finalmente una razón de justicia con estas personas pensionistas”.

El Gobierno negociará esta semana el teletrabajo en la administración, para personal funcionario y laboral, como reclamó CSIF

domingo, 13 de septiembre de 2020

El Gobierno negociará esta semana el teletrabajo en la administración, para personal funcionario y laboral, como reclamó CSIF

-CSIF reclama criterios homogéneos, voluntariedad, que se mantengan las condiciones laborales y se faciliten los equipos necesarios en el domicilio

08 de Septiembre de 2020csif.es

CSIF

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado el próximo jueves una reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar la regulación del teletrabajo, tal y como reclamó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Los empleados y empleadas de la administración nos han trasladado sus quejas por la aplicación restrictiva y la disparidad de criterios que se están aplicando entre los diferentes departamentos.

Por otra parte, algunas comunidades autónomas están pendientes de que se establezca una regulación a nivel nacional para legislar el teletrabajo. El pasado 17 de junio, CSIF alcanzó un acuerdo de resolución con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios.

Este acuerdo –pionero en este ámbito– contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial, para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus.

Esta modalidad siempre será voluntaria y reversible. Para el resto de personas, el sistema ordinario de trabajo será la modalidad presencial con la posibilidad voluntaria de trabajar desde casa 1 día a la semana.

El Gobierno presenta a audiencia pública el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones

domingo, 13 de septiembre de 2020

11 de septiembre de 2020

El Gobierno presenta a audiencia pública el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones

Ministerio de Economía

La futura Ley transpondrá al ordenamiento jurídico español el código europeo de las comunicaciones electrónicas adoptado en 2018.
Como principales novedades, se amplía el ámbito de la regulación para incluir los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería, se moderniza el concepto de servicio universal, así como los derechos de los usuarios, se refuerzan las capacidades de los servicios de comunicaciones de emergencia y se revisan las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico con el fin de impulsar el despliegue de las redes 5G y otros servicios innovadores
La renovación de la Ley de Telecomunicaciones es uno de los proyectos recogidos en la estrategia España Digital 2025 para impulsar la conectividad, piedra angular de la transformación digital en todo el territorio nacional

Hoy se ha iniciado el periodo de audiencia pública para el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones (APL), al que se podrán realizar aportaciones hasta el día 13 de octubre en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La futura Ley realizará la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas.

La tramitación y aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones es uno de los compromisos de la estrategia “España Digital 2025” en el ámbito de la conectividad, piedra angular de la transformación digital.

El anteproyecto incluye la regulación no solo de los servicios de comunicaciones electrónicas, sino también aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y todos los usos del dominio público radioeléctrico.

Como novedad, por primera vez se regulan los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería. Se imponen obligaciones de carácter administrativo, como la inscripción en el Registro de Operadores y la obligación de observar medidas de seguridad de acuerdo con los riesgos propios de su naturaleza diferenciada respecto a los servicios tradicionales.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto en valor las redes de telecomunicaciones, por lo que el anteproyecto presta especial atención a favorecer un acceso en igualdad de condiciones y en condiciones asequibles a las comunicaciones electrónicas con la renovación y flexibilización del servicio universal.

Por una parte, se eliminan ciertos elementos como las cabinas y las guías telefónicas. Por otra, se incluye que las velocidades de acceso garanticen la prestación de modo funcional de determinados servicios digitales esenciales como correo electrónico, noticias en línea o banca por internet. Asimismo, para garantizar la asequibilidad y al mismo tiempo la capacidad de elección del usuario, se establece la posibilidad de que el servicio universal pueda ser prestado por todos los operadores.

En lo relativo a los derechos de los usuarios, se realiza la armonización comunitaria prevista en el Código, al reforzar la transparencia de los contratos, limitar su duración y regular, por primera vez, los paquetes de servicios. También amplía los derechos en el ámbito de la portabilidad móvil y las obligaciones de accesibilidad para los usuarios con discapacidad.

La norma refuerza también las capacidades de los servicios de comunicaciones de emergencia. Se amplían las posibilidades de actuación e información que facilitarán un servicio 112 más efectivo a las Comunidades Autónomas. En concreto, se introducen nuevas facilidades para el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias y disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112.

También como novedad, se incluye una revisión de las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico, con el objetivo de facilitar el despliegue de las redes 5G y otros servicios inalámbricos innovadores. La más importante de estas reformas es la determinación de una duración mínima de 20 años para las licencias asociadas a los usos limitativos de espectro.

Por último, hay que señalar que el anteproyecto de ley conserva en lo sustancial el marco legal español en lo relativo al apoyo al despliegue de infraestructuras, que ha propiciado la inversión privada y el desarrollo en España de la más extensa red de fibra óptica de Europa, y fue tomado como modelo para el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

La escolarización de niños de 0 a 3 años sube 10 puntos en la última década en España y supera en 12 puntos la media de la OCDE

domingo, 13 de septiembre de 2020

La escolarización de niños de 0 a 3 años sube 10 puntos en la última década en España y supera en 12 puntos la media de la OCDE

Martes 8 de septiembre de 2020

La Moncloa

La tasa de escolarización en España de niños de primer ciclo de Infantil (0 a 3 años) ha subido más de 10 puntos en la última década, hasta el 38,2%, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Panorama de la Educación 2020.

Este estudio indica que la tasa de escolarización de 0 a 3 años en España ha aumentado más de 10 puntos y se sitúa por encima de la media en los países de la OCDE, del 25,5%, y de la de los países de la Unión Europea, del 23,6%. En segundo ciclo de Infantil, la escolarización es casi completa en España, con porcentajes por encima del 96% en todas las edades.

La publicación, de periodicidad anual, analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos de los países miembros de la OCDE, su financiación y el impacto de la formación en el mercado de trabajo y en la economía.

Del informe se desprende también que la formación general de la población española sigue mejorando. El porcentaje de adultos que han cursado solo estudios obligatorios ha bajado del 48,4% en 2009 al 38,7% en 2019. La media de los países de la OCDE es del 21,9% y de la Unión Europea es del 18,3%. Sin embargo, se prevé que la cifra siga mejorando dado que, en la población de 24 a 34 años, las personas que no tienen estudios postobligatorios son el 30,2%.

Por otra parte, España sigue teniendo un déficit de titulados en segunda etapa de secundaria. El 22,7% de la población adulta española tiene esta titulación, mientras que el porcentaje es del 42,3% en la media de países de la OCDE y del 44,8% en la UE. Por el contrario, el porcentaje de población adulta con estudios superiores (el 38,6%) está en la media de la OCDE (39,6%) y de la UE (37,4%).

Alta tasa de acceso y de titulación de la educación superior

En cuanto a la tasa de acceso a la educación superior, en 2018 era del 64,8%, mientras que la de la OCDE era del 49,3% y la de la UE del 48,3%. La tasa de titulación entre los menores de 30 años era, por su parte, del 52%, frente al 37,6% de la media OCDE y el 35,7% de la media UE.

Destaca la tasa de acceso a la Formación Profesional de Grado Superior y otros estudios superiores no universitarios, que era en 2018 en España el 26,6%, por encima de la media de la OCDE (9,9%) y de la UE (7,3%).

Mayo nivel estudios, mayor empleabilidad y mayor remuneración

El informe confirma también que a mayor nivel de estudios, mayor empleabilidad y mayor remuneración. Así, la tasa de empleo de la población de 25 a 34 años que no ha completado la educación secundaria era del 63% en 2019. Este porcentaje aumenta hasta el 71% en las personas que han completado la educación secundaria y al 79% para las personas con titulación superior. La relación entre empleo y nivel educativo es similar en todos los países.

Igualmente, a mayor nivel de estudios, mayor remuneración. Así, los titulados superiores ganan en España un 48% más que los titulados en secundaria. A su vez, estos ganan un 16% más que quienes tienen un nivel inferior. Esto ocurre también en la media de la OCDE y de la UE.

La brecha salarial entre hombres y mujeres, sin embargo, está generalizada en todos los niveles educativos. Las mujeres con educación superior cobran un 24% menos que los hombres con la misma titulación en la OCDE, y el 19% menos en el caso de España. Para las tituladas en secundaria o niveles inferiores, su remuneración es un 22% y un 23% menor, respectivamente, que la de los hombres con ese mismo nivel educativo. En España, estos porcentajes son del 25% y 21%.

Gasto educativo similar a la OCDE y la UE

En términos de porcentaje del PIB, el gasto educativo en España en 2017 era del 4,3%, cifra similar a la media OCDE y UE, que se situó en el 4,9% y el 4,5%, respectivamente.

En 2017, la financiación pública de la educación alcanzaba el 90% de la financiación total para la media de países de la OCDE y el 92% para la UE. En España, la financiación pública representaba el 87%.

Ratio de alumnos por docente dentro de la media

En cuanto al número de estudiantes por profesor, España se encuentra en la media europea y por debajo de la media de la OCDE, con 14 alumnos por profesor en Primaria (13 en la UE y 15 en la OCDE); 12 alumnos por profesor en primera etapa de Secundaria (11 en la UE y 13 en la OCDE) y en segunda etapa de Secundaria es de 12 por docente (igual que la media europea y uno menos que la OCDE). En formación profesional de Grado Medio la ratio baja a 9 alumnos por profesor, cuando la media tanto de la OCDE como de la UE es de 13.

La retribución de los profesores en España está por encima de la media OCDE y la media UE, pero en niveles similares a los países de nuestro entorno.

Por último, las horas de enseñanza obligatoria en España se sitúan en la media en Primaria (792 horas anuales en España, 804 en la OCDE y 769 en la UE), pero está por encima de ambas medias en la primera etapa de Secundaria: 1.054 horas, lo cual supone 161 horas más que la media de la UE (892 horas) y 131 más que la media de la OCDE (922 horas).