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Archivo del 16 de septiembre de 2020

Alrededores de Nogueira de Ramuín. Ourense

miércoles, 16 de septiembre de 2020

El Tribunal de Justicia interpreta por primera vez el Reglamento de la Unión que consagra la «neutralidad de Internet»

miércoles, 16 de septiembre de 2020

curia.europa.eu

Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 106/20

Luxemburgo, 15 de septiembre de 2020

Sentencia en los asuntos acumulados C-807/18 y C-39/19

Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

El Tribunal de Justicia interpreta por primera vez el Reglamento de la Unión que consagra la «neutralidad de Internet»

Las exigencias de protección de los derechos de los usuarios de Internet y de trato no discriminatorio del tráfico se oponen a que un proveedor de acceso a Internet dé preferencia a determinadas aplicaciones y determinados servicios mediante ofertas que concedan a esas aplicaciones y servicios una «tarifa cero» y sometan la utilización de las demás aplicaciones y servicios a medidas de bloqueo o de ralentización

La sociedad Telenor, establecida en Hungría, ofrece, entre otros, servicios de acceso a Internet. Entre los servicios que propone a sus clientes figuran dos paquetes de acceso preferente (denominados de «tarifa cero») cuya particularidad consiste en que el tráfico de datos generado por determinados servicios y aplicaciones específicos no se descuenta del volumen de datos contratado por los clientes. Además, , una vez consumido ese volumen de datos, los clientes pueden continuar utilizando sin restricciones esas aplicaciones y esos servicios específicos, mientras que las demás aplicaciones y servicios disponibles son objeto de medidas de bloqueo o de ralentización del tráfico.

Tras iniciar dos procedimientos con el fin de controlar la conformidad de los dos paquetes mencionados con el Reglamento 2015/2120, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta, (1) la Oficina de Medios y Comunicaciones húngara adoptó sendas resoluciones en las que consideró que estos paquetes no respetaban la obligación general de trato equitativo y no discriminatorio impuesta por el artículo 3, apartado 3, del citado Reglamento, y ordenó a Telenor que les pusiera fin.

La sociedad húngara interpuso dos recursos ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), el cual decidió plantear al Tribunal de Justicia unas cuestiones prejudiciales con el fin de saber cómo debe aplicarse el artículo 3, apartados 1 y 2, del Reglamento 2015/2120, que garantiza un determinado número de derechos (2) a los usuarios finales de servicios de acceso a Internet y que prohíbe a los proveedores de dichos servicios poner en práctica acuerdos o prácticas comerciales que limiten el ejercicio de estos derechos, así como el artículo 3, apartado 3, que establece una obligación general de trato equitativo y no discriminatorio del tráfico.

En su sentencia de 15 de septiembre de 2020, el Tribunal de Justicia, en formación de Gran Sala, ha interpretado por primera vez el Reglamento 2015/2120, que consagra el principio esencial de la apertura de Internet (más comúnmente denominado «neutralidad de la Red»).

Por lo que se refiere, en primer lugar, al artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2015/2120, interpretado conjuntamente con el artículo 3, apartado 1, del mismo Reglamento, el Tribunal de Justicia señala que la segunda de estas disposiciones prevé que los derechos que reconoce a los usuarios finales de servicios de acceso a Internet deben ejercerse «a través de su servicio de acceso a Internet» y que la primera exige que el mencionado servicio no implique una limitación del ejercicio de estos derechos. Asimismo, del artículo 3, apartado 2, del citado Reglamento se desprende que los servicios de un proveedor de acceso a Internet determinado deben ser evaluados a la luz de esta exigencia por las autoridades nacionales de reglamentación, 3 y bajo el control de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, tomando en consideración tanto los acuerdos celebrados por ese proveedor con los usuarios finales como las prácticas comerciales puestas en marcha por dicho proveedor.

En este contexto, el Tribunal de Justicia, tras realizar una serie de precisiones generales sobre el sentido de los conceptos de «acuerdos», de «prácticas comerciales» y de «usuarios finales» 4 que figuran en el Reglamento 2015/2120, estima que la celebración de acuerdos mediante los cuales unos clientes determinados contratan paquetes que combinan una «tarifa cero» y medidas de bloqueo o de ralentización del tráfico asociado a cualquier aplicación o servicio diferentes de los sujetos a dicha tarifa cero puede limitar el ejercicio de los derechos de los usuarios finales, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento, en una parte significativa del mercado. En efecto, esos paquetes pueden potenciar la utilización de las aplicaciones y los servicios privilegiados y reducir correlativamente la utilización de las demás aplicaciones y de los demás servicios disponibles, atendiendo a las medidas con las que el proveedor de servicios de acceso a Internet en cuestión dificulta técnicamente esta utilización o incluso la imposibilita. Además, cuanto mayor es el número de clientes que celebra dichos acuerdos, mayor es la posibilidad de que la incidencia acumulada de esos acuerdos, habida cuenta de su magnitud, provoque una limitación importante del ejercicio de los derechos de los usuarios finales, o incluso menoscabe aspectos esenciales de estos derechos.

En segundo lugar, en lo que atañe a la interpretación del artículo 3, apartado 3, del Reglamento 2015/2120, el Tribunal de Justicia indica que, para apreciar una incompatibilidad con dicha disposición, no es necesaria ninguna evaluación de la incidencia de las medidas de bloqueo o de ralentización del tráfico en los derechos de los usuarios finales. En efecto, la mencionada disposición no impone este requisito para apreciar el cumplimiento de la obligación general de trato equitativo y no discriminatorio del tráfico que en ella se establece. Además, el Tribunal de Justicia estima que, puesto que las medidas de ralentización o de bloqueo del tráfico no se basan en diferencias objetivas entre los requisitos técnicos en materia de calidad de servicio de determinadas categorías específicas de tráfico, sino en consideraciones de índole comercial, dichas medidas han de considerarse, como tales, incompatibles con la referida disposición.

En consecuencia, unos paquetes como los sujetos al control del Fővárosi Törvényszék pueden, con carácter general, infringir tanto el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2015/2120 como el artículo 3, apartado 3, con la precisión de que las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes pueden empezar a examinarlos en relación con la segunda de las citadas disposiciones.

1 Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (DO 2015, L 310, p. 1).
2 Derecho de los usuarios finales a acceder a las aplicaciones, a los contenidos y a los servicios, así como a utilizarlos, y el derecho a suministrar aplicaciones, contenidos y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección.

El pleno del TC acuerda denegar la suspensión de las órdenes nacionales de busca y captura e ingreso en prisión de Puigdemont y Comín decretadas por el Supremo

miércoles, 16 de septiembre de 2020

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente Oficina de Prensa

El pleno del TC acuerda denegar la suspensión de las órdenes nacionales de busca y captura e ingreso en prisión de Puigdemont y Comín decretadas por el Supremo

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha acordado denegar la suspensión de las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión de los procesados y declarados en rebeldía, Carles Puigdemont y Antoni Comín, que fueron acordadas por el magistrado instructor del Tribunal Supremo y confirmadas por la Sala de Recursos de la Sala Penal en auto de 5 de noviembre de 2019.

El Auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, explica que “tal suspensión acarrea la perturbación de la función jurisdiccional, y supone una injerencia de la jurisdicción constitucional en las decisiones adoptadas por la jurisdicción ordinaria que ha de ser abordada con suma cautela, caso a caso, para evitar que este Tribunal desempeñe funciones que le están constitucionalmente vedadas por ser propias de la jurisdicción ordinaria”.

Los recurrentes también solicitaban al TC que planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el sentido de que era contrario al Derecho de la Unión y a la jurisprudencia del TJUE que no se suspendiera el procedimiento penal como consecuencia de su elección como parlamentarios europeos y conseguir la inmunidad correspondiente.

En este punto el Auto rechaza tal petición porque no se pone en relación una norma de la Unión Europea con una norma nacional sino con un eventual criterio aplicativo de ésta y, además, se trata de una petición condicionada que no puede admitirse en este trámite incidental porque “equivaldría a una resolución anticipada del fondo del recurso de amparo”. Además, también se razona que la solicitud de los recurrentes es contraria a la jurisprudencia consolidada por el Tribunal de Luxemburgo

El Tribunal recuerda que las resoluciones judiciales impugnadas en amparo fueron adoptadas tras procesar por delitos graves a Puigdemont y Comín que, desde el mes de julio de 2018, han sido declarados procesalmente rebeldes por no haber concurrido a ninguno de los llamamientos judiciales que les han formulado.

El Tribunal Constitucional concluye afirmando que “si levantara las órdenes de busca y detención acordadas, estaría negando, de hecho, su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento pese a haberles reconocido la adquisición de las prerrogativas e inmunidades que les corresponden como parlamentarios europeos”.

Madrid, 11 de septiembre de 2020

El IDAE destina 181 millones a las primeras convocatorias para financiar proyectos renovables innovadores en siete comunidades autónomas

miércoles, 16 de septiembre de 2020

La decisión se ha adoptado en el Consejo de Administración del Instituto

El IDAE destina 181 millones a las primeras convocatorias para financiar proyectos renovables innovadores en siete comunidades autónomas

Jueves 10 de septiembre de 2020

La Moncloa

El Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado las primeras convocatorias del paquete, dotado inicialmente con 316 millones de apoyo público, para financiar proyectos innovadores de tecnologías renovables.

Estas primeras convocatorias, acordadas con las comunidades autónomas, asignarán más de 181 millones de euros para apoyar iniciativas en siete regiones -Andalucía, Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia-, lo que movilizará una inversión privada adicional de unos 551 millones, generando empleo local; y eliminará más 712.000 toneladas equivalentes de CO2 al año (t eq CO2/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Esta paquete dirigido a renovables se complementa con otras dos líneas de apoyo público activadas por MITECO y coordinadas por IDAE, el Plan de Rehabilitación Energética (PREE) y la segunda convocatoria del programa de incentivo a la movilidad alternativa y sostenible MOVES. En total, un conjunto de ayudas dotado con más 700 millones, alineado con las dos principales líneas señalas por la Unión Europea (UE) para activar la recuperación de la economía frente al COVID-19, la transición energética y la digitalización.

Las ayudas a las renovables aprobadas por el Consejo de Administración del Instituto, y que se publicarán próximamente en el Boletín Oficial del Estado, se dividen en dos grupos:
•Ayudas para la instalación de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, que apoya proyectos fotovoltaicos, eólicos, de biomasa o gases renovables, incluyendo iniciativas de hidrógeno renovable y autoconsumo, entre otras.
•Ayudas para la construcción de instalaciones que generen energía térmica a partir de fuentes renovables, que impulsa proyectos con tecnologías como la geotermia, la energía solar térmica, la aerotermia o la biomasa. Se financiarán proyectos, incluyendo aplicaciones innovadoras, que permitirán a las empresas reducir costes energéticos y emisiones de CO2 y reforzar su competitividad.

Entre otros sectores, las ayudas favorecerán la penetración de energías renovables térmicas y eléctricas en el sector agroalimentario y sus industrias conexas. Los sectores industrial y de servicio son otros segmentos que pueden beneficiarse de este paquete.

En esta primera convocatoria, la generación eléctrica renovable contará con unos 80,2 millones de euros en apoyos; y la línea que financia instalaciones térmicas sumará casi 101 millones.

El reparto de estas primeras convocatorias, acordado con las respectivas comunidades autónomas y de acuerdo con la disponibilidad actual de partidas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en cada autonomía, se concreta de la siguiente manera: 124,3 millones de euros en Andalucía; 10 millones de euros en el Principado de Asturias; 8,13 millones en Castilla-La Mancha; 7 millones en Cataluña; 16,7 millones en Extremadura; 11,1 millones en la Comunidad de Madrid; y 3,75 millones en Murcia.

El IDAE continuará trabajando con las regiones para aprobar, lo antes posible, el resto de convocatorias hasta completar la dotación inicial del paquete de ayudas, de 316 millones de euros. Además, esta línea podrá ser complementada con los fondos previstos por la Unión Europea para la reactivación económica frente al COVID-19.

Activación de inversiones

Se prevé que, en conjunto, estas primeras convocatorias movilicen más 551 millones de euros en inversiones asociadas a proyectos que, además de suponer un impulso para la reactivación económica, contribuirán a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y evitarán la emisión de 712.000 t eq CO2/año, en línea con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Por tecnologías, y de acuerdo con el reparto inicial acordado con las autonomías, estas primeras convocatorias distribuirá 65,7 millones para proyectos fotovoltaicos; 30,9 para solar térmica; 35,7 millones para biomasa; 22 millones pata gases renovables; 13 millones para geotermia e hidrotermia; 5,7 para aerotermia; 4,1 para hidráulica; 2,8 para eólica; y 750.000 euros para redes de calor.

En total, se estima un aumento de capacidad de 344,2 megavatios (MW) en proyectos renovables de generación eléctrica, y 483 MW en iniciativas de generación térmica.

Criterios de Transición Justa y Reto Demográfico

Las convocatorias de ayudas definirán las tipologías de tecnología específicas elegibles, adaptadas a las necesidades de cada región y acordados con sus autoridades. A la hora de valorar los proyectos, y también con en concierto con las regiones, se establecen criterios vinculados a la transición justa, el reto demográfico, innovación, apuesta por la eficiencia, lucha contra la pobreza energética, impulso a sectores industriales estratégicos de la región o apoyo a la participación ciudadana en el sistema energético.

Las ayudas se resolverán por concurrencia competitiva entre las solicitudes presentadas, por lo que los importes destinados finalmente a cada una de las tecnologías dependerá del resultado de dicha concurrencia, reasignando los potenciales presupuestos sobrantes entre las distintas tecnologías.

Podrán presentarse a las convocatorias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación de la ayuda.

El programa será cofinanciado por Fondos de la Unión Europea, como el Fondo FEDER, y podrá ser reforzado con otros instrumentos europeos dirigidos a impulsar la recuperación económica.

La reserva hídrica española se encuentra al 49,7 por ciento de su capacidad

miércoles, 16 de septiembre de 2020

La reserva hídrica española se encuentra al 49,7 por ciento de su capacidad

Martes 8 de septiembre de 2020

La Moncloa

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

Los embalses almacenan actualmente 27.627 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 656 hectómetros cúbicos (el 1,2 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 71,2%
•Cantábrico Occidental al 73,6%
•Miño-Sil al 65,5%
•Galicia Costa al 59,9%
•Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
•Duero al 65,0%
•Tajo al 48,5%
•Guadiana al 32,1%
•Tinto, Odiel y Piedras al 63,8%
•Guadalete-Barbate al 38,9%
•Guadalquivir al 33,2%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 46,9%
•Segura al 42,7%
•Júcar al 49,6%
•Ebro al 66,2%
•Cuencas internas de Cataluña al 87,0%

Las precipitaciones han afectado a la vertiente Mediterránea y han sido prácticamente nulas en la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Barcelona (A) con 63,4 mm (63,4 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto.

Tabla de la reserva total embalsada, por cuencas