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viernes, 18 de septiembre de 2020

Interior dota a las Fuerzas de Seguridad del Estado de un protocolo de actuación que mejora su respuesta ante las ocupaciones

viernes, 18 de septiembre de 2020

Interior dota a las Fuerzas de Seguridad del Estado de un protocolo de actuación que mejora su respuesta ante las ocupaciones

Jueves 17 de septiembre de 2020

La Moncloa

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha elaborado un protocolo de actuación ante las ocupaciones ilegales de inmuebles para Policía Nacional y Guardia Civil que homogeneiza y mejora la respuesta policial.

El protocolo también garantiza que los atestados recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores, entre otros objetivos.

Este «Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles» está incluido en una instrucción firmada este jueves por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. La instrucción tiene en cuenta los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado en su Instrucción 1/2020 y los principios de subordinación y coordinación de las FCSE respecto de las directrices emanadas de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal.

El texto recuerda que el fenómeno de la ocupación recibe una respuesta diferenciada en el Código Penal en función de si el inmueble constituye o no la morada de su titular. Pero, en base a la jurisprudencia en la materia, la instrucción del Ministerio del Interior subraya que tanto la primera como la segunda vivienda (cuando el morador ocupa el inmueble solo en determinadas épocas del año, como fines de semana o vacaciones) deben considerarse moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal.

En ambos supuestos, por lo tanto, son de aplicación artículos 202 y siguientes del Código Penal que recogen el delito de allanamiento. El texto señala que se trata de un delito doloso, de simple actividad y de carácter permanente.

En consecuencia, tanto en el caso de primera como de segunda vivienda, y constatado por cualquier vía un allanamiento, el protocolo establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata al desalojo e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede.

Supuestos de usurpación

El protocolo indica en cambio que si el inmueble ocupado no constituye morada, son de aplicación el artículo 245 y siguientes del Código Penal, referidos a la usurpación. En este caso, la intervención de las FCSE es también inmediata y sin necesidad de esperar medidas judiciales si tienen conocimiento de la comisión flagrante del delito. Ahora bien, si no es posible detectar la usurpación en el momento en el que se comete, no es posible desalojar el inmueble salvo con una previa autorización judicial.

En esos casos, la víctima debe acreditar la propiedad y expresar su rechazo a dicha ocupación, y será necesario comprobar la ausencia de un título jurídico que legitime la presencia de los ocupantes, aunque sea de manera temporal. Solo entonces será posible solicitar a la autoridad judicial la medida cautelar de desalojo prevista en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Prevención y ayuda a las víctimas

El protocolo aprobado por el secretario de Estado de Seguridad incluye medidas para mejorar el atestado que debe ser elevado a la administración de Justicia, con el objetivo de facilitar la resolución judicial del conflicto, la restauración a su legítimo dueño del inmueble allanado o usurpado y la reparación de los daños causados.
Asimismo, el protocolo refuerza las acciones encaminadas a evitar la aparición o consolidación de grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas con diferentes fines, entre los que figura el alquilarlas o venderlas a terceros de manera fraudulenta.

En este sentido, el protocolo establece el refuerzo de las investigaciones de grupos u organizaciones delictivas «cuya actividad esté dirigida a la formalización de contratos falsos de venta o alquiler de bienes inmuebles».

Alertcops

De forma paralela, la aplicación para móviles ALERTCOPS incluirá este mes una funcionalidad específica para que afectados, propietarios, vecinos o cualquier otro usuario que detecte un caso de ocupación ilegal de inmuebles puedan poner de forma inmediata los hechos en conocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil.

AlertCops es un servicio prestado a través de una aplicación gratuita en dispositivos móviles, que proporciona un canal directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para comunicar un hecho del que se es víctima o testigo.

Las FCSE desarrollarán asimismo actuaciones de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas, para lo que aprovecharán los canales de contacto e información al ciudadano de sus páginas web oficiales, redes sociales y la propia aplicación ALERTCOPS, que recogerá recomendaciones y mensajes preventivos e información general sobre el modo de actuar en caso de ser víctimas de este tipo de delitos.

Colectivos vulnerables

El Ministerio del Interior señala que la ocupación ilegal de inmuebles puede incluir conductas que en ocasiones generan problemas sociales de convivencia con los vecinos de los inmuebles afectados, que de alguna manera se convierten también en víctimas, por lo que la actuación policial debe ir encaminada a la prevención y persecución de estas conductas.

Pero la Instrucción también indica que en algunos casos de ocupación ajena hay situaciones de verdadera vulnerabilidad entre los ocupantes. En estos casos, y sin renunciar a la restitución a su dueño del inmueble allanado, las FCSE ejercerán su papel legal de agente desencadenante de una respuesta ágil por parte de las entidades e instituciones sociales y asistenciales con competencias para paliar dichas situaciones de especial fragilidad.

Esta precaución se aplicará con especial esmero cuando se trate de colectivos como menores de edad, personas con discapacidad o grupos en situaciones de indigencia o extrema necesidad.

El protocolo también prevé medidas de colaboración y cooperación con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, los Cuerpos de Policía Local y con la Seguridad Privada. Asimismo, se establecen medidas de formación y orientación policial, y de seguimiento, coordinación y evaluación.

En respuesta a esta problemática social, el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus funciones de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, por medio de la Fiscalía General del Estado ha dictado la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

El Pago Medio a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas baja en junio en 2,06 días, hasta los 32,88 días

viernes, 18 de septiembre de 2020

Período Medio de Pago a Proveedores de junio de 2020

El Pago Medio a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas baja en junio en 2,06 días, hasta los 32,88 días

Jueves 10 de septiembre de 2020

La Moncloa

El PMP de las comunidades autónomas se situó en junio en 32,88 días, lo que supone una reducción de 2,06 días con respecto al mes anterior. El PMP de la Administración Central también ha descendido, hasta en 29,39 días, 1,40 días menos que en mayo. El PMP de las Entidades Locales es de 76,11 días en el segundo trimestre de 2020, mientras que el registrado en los Fondos de la Seguridad Social en junio se sitúa en 11,2 días.

Datos de la Administración Central

El PMP de la Administración Central se ha cifrado en 29,39 días en junio, 1,40 días menos que en mayo.

La ratio de operaciones pagadas se ha situado en 27,70 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado 31,49 días.

Datos de las comunidades autónomas (CCAA)

En las Comunidades Autónomas, el Período Medio de Pago a Proveedores se sitúa en junio en 32,88 días, con lo que se reduce en 2,06 días con respecto al mes anterior, suponiendo una disminución del 5,9%.

Esa reducción ha sido posible por el incremento de los recursos que ha transferido la Administración Central a las Comunidades Autónomas.

En relación a la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 28,68 días y la de operaciones pendientes de pago en 38,18 días. Ello supone una disminución de 0,76 días con respecto a las operaciones pagadas, y una bajada de 2,36 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior.

Este mes, ninguna comunidad presenta un PMP superior al plazo de 60 días.

Deuda comercial

El importe de la deuda comercial asciende a 4.023,24 millones de euros, equivalente al 0,36% del PIB nacional.

Ello supone una reducción de 341,98 millones de euros con respecto al mes anterior (el 7,83%). Se trata del volumen de deuda más bajo desde marzo de 2019.

Medidas por el COVID-19

Como ha ocurrido en meses anteriores, la evolución del PMP y de la deuda comercial están relacionadas con el aumento de la tramitación de las operaciones de naturaleza comercial, especialmente en el ámbito sanitario, como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Las operaciones comerciales de naturaleza sanitaria generadas entre marzo y junio se han incrementado con respecto al mismo periodo de 2019 en un 11,75%.

Teniendo en cuenta el aumento del volumen de operaciones tramitadas, para contener la deuda comercial y el PMP ha sido básico el incremento del volumen de pagos efectuados por el conjunto de Comunidades Autónomas.

Para facilitar los pagos a las CCAA, en particular en junio, destaca la tramitación de los fondos destinados a cubrir necesidades de financiación derivadas de la desviación del objetivo de déficit de 2019 pendientes de financiar a través de los compartimentos del FLA y Facilidad Financiera. De los 4.152 millones aprobados en conjunto, en junio se destinaron 2,191,98 millones de euros a pagos directos a proveedores y otros acreedores, de los que 1.533,12 computaron como pagos en PMP.

Además, han resultado determinantes las medidas de liquidez adoptadas por el Estado para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

De esta manera, para las Comunidades Autónomas de régimen común cabe destacar, tanto el abono en los meses de marzo y abril de una cuantía global de 2.862,55 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, y el mayor importe anticipado en relación a la liquidación del sistema de financiación a practicar en julio, que hasta junio alcanza una cuantía de 3.657,02 millones de euros.

Todo ello está permitiendo hasta el mes de junio que los niveles de deuda comercial y PMP de las CCAA no se hayan visto afectados por la crisis sanitaria.

Datos de las Corporaciones Locales

En cuanto a todo el conjunto de las Corporaciones Locales (cesión y variables), el Período Medio de Pago a Proveedores se sitúa en 76,11 días en el segundo trimestre del año, 9,35 días más con respecto al primer trimestre de 2020.

El dato de media del subsector está calculado conforme a la misma metodología establecida para cada corporación local a nivel individual, es decir, que se ponderan los días en función del volumen de deuda de cada entidad, de manera que en el cálculo del PMP tienen más peso aquellas entidades con mayor endeudamiento con los proveedores.

Si no se utilizara este método, la media simple de los PMP individuales muestra un dato de 36,12 días, alejado de los 76,11 días resultantes de aplicar la metodología como si el subsector fuera una sola entidad.

Además, de las entidades que han presentado información en este período, la mayoría cumple con el plazo de pago que marca la normativa de morosidad. Concretamente, el 71,62% de las entidades de cesión (grandes municipios de más de 75.000 habitantes, diputaciones, consejos y cabildos insulares) y el 77,33% de las de variables (resto de municipios) presentan en dicho período un PMP igual o inferior a 30 días. Con los datos de la muestra se puede afirmar que el 70% de las entidades que presentan información presentan un PMP inferior a 24,64 días.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), y que representan en torno al 11,8% en cesión y el 12,13% en variables, el Período Medio de Pago bajaría hasta los 22,33 días en junio para la totalidad del subsector, un importe claramente dentro del plazo legal.

De las principales ciudades, cuatro presentan un PMP superior a 30 días, y una, incluida en el grupo anterior, supera los 60 días.

En el caso de los Fondos de la Seguridad Social

En el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP de junio se ha situado en 11,22 días. El indicador ha aumentado en 0,15 días respecto al mes anterior.

La ratio de operaciones pagadas ha ascendido a 10,08 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago se ha situado en 16,55 días.

900.000 trabajadores en ERTE, pendientes de bajar al 50% y otra prórroga de última hora

viernes, 18 de septiembre de 2020

900.000 trabajadores en ERTE, pendientes de bajar al 50% y otra prórroga de última hora

USO

14 septiembre, 2020

894.478 personas siguen reguladas por un ERTE, sin noticias de la prórroga a 30 de septiembre

El RD-ley 8/2020 de 17 de marzo y una prórroga tras otra han regulado las condiciones especiales de los ERTE por causa de fuerza mayor.

El 30 de abril, 3.074.462 personas estaban reguladas por un ERTE de fuerza de mayor, a las que se sumaban 312.323 por otros tipos de ERTE, que también podían tener su origen en el coronavirus. En total, 3.386.785 trabajadores regulados.

El 31 de agosto, últimos datos cerrados de la Seguridad Social, 894.478 personas seguían estando en ERTE, 735.946 reguladas por uno de fuerza mayor.

Sin nuevas condiciones en la prórroga, quienes cumplen 6 meses en ERTE pasan a cobrar el 50% de su base reguladora

“Aunque no podamos decir con exactitud cuántos de esos casi 900.000 trabajadores son los mismos que ya estaban en ERTE al inicio de la pandemia, sí hay un alto porcentaje de trabajadores que mañana mismo cumplirán seis meses en ERTE y su prestación bajará automáticamente del 70% de la base reguladora al 50%. Eso ya se sabía cuando, a finales de junio, también en el último minuto y con agonía, se firmó la prórroga hasta el 30 de septiembre. USO registró una petición para que se contemplara que se siguiera cobrando el 70% a partir del día 181. Se nos hizo caso omiso y ahora ha llegado el día y sigue pendiente de resolver”, denuncia Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Servicios, el más golpeado, pero hay ERTE en todos los sectores

Los trabajadores de Servicios siguen siendo los más golpeados por los ERTE, pero los hay en todos los sectores. Entre los de causa de fuerza mayor, siguen reguladas 167.708 personas en servicios de comidas y bebidas; 113.380 en servicios de alojamiento; y 69.308 y 39.422 personas en comercio al por menor y al por mayor, respectivamente.

Pero también destaca, justo detrás, el sector de Educación, con 38.514 personas reguladas, la mayoría de ellas pertenecientes a la Educación Infantil, un sector abandonado de la protección de la enseñanza reglada, como viene denunciando la Federación de Enseñanza de USO desde el inicio de la crisis.

En cuanto a los ERTE que no son por fuerza mayor, sino por causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción en su mayoría, destaca la incidencia de la crisis en otras actividades: publicidad (6.552 trabajadores); fabricación de productos mecánicos (6.338); actividades auxiliares de oficina (6.135), programación; consultoría informática (5.960); arquitectura e ingeniería (5.656); y edición (4.254 personas en ERTE), entre otros.

“No se trata de sostener solo el turismo o el comercio. Un tsunami para el empleo como este se lleva a todas las actividades por delante. Un ejemplo muy claro que se extrae de estos datos: si el comercio está en ERTE de fuerza mayor, bajan la contratación de publicidad y la edición de folletos, y también estos entran en ERTE ETOP. No se puede dejar ningún sector fuera mientras la única alternativa sean los ERTE. Tampoco puede condenarse a los trabajadores a consumir su prestación sine die o a rebajar lo que perciben a nivel de pobreza. Los esfuerzos deben orientarse a regenerar la actividad, no a regatearle el 10% de su prestación a un trabajador obligado a no trabajar”, incide Pérez.

Algunos datos de afectados por ERTE según comunidades autónomas

La Comunidad de Madrid (191.404), Cataluña (183.357), Andalucía (105.910), Canarias (91.746), Comunidad Valenciana (75.533) y las Islas Baleares (64.921) son, en términos absolutos, las autonomías con más personas que permanecían en ERTE en agosto.

Sin embargo, si nos fijamos en cuántas personas se mantienen en ERTE desde el inicio de la pandemia, los datos cambian significativamente:
•Baleares es la comunidad autónoma que menos ha recuperado su empleo: el 45,84% de las personas que estaban en ERTE en abril siguen estándolo a principios de septiembre. En Canarias, ese dato es del 39,62%, con ambas provincias en los mismos términos. Las siguen Ceuta (35,60%), Comunidad de Madrid (33,80%) y Cataluña (27,02%). Barcelona es su provincia más golpeada (28,93%).
•En el otro extremo, Navarra es la comunidad que menos personas mantiene en ERTE con respecto al inicio de la crisis, el 15,07%, seguida de Cantabria (15,77%). Otras dos provincias están por debajo del 16%: Huelva (15,88%) y Soria (15,99%).

Ábalos invita a la ciudadanía y a la industria a unirse a la oportunidad que ofrece la nueva movilidad para España

viernes, 18 de septiembre de 2020

Presentación Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada

Ábalos invita a la ciudadanía y a la industria a unirse a la oportunidad que ofrece la nueva movilidad para España

Jueves 17 de septiembre de 2020

La Moncloa

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha recordado que dicha Estrategia es una de las líneas políticas que van a constituir la hoja de ruta del Ministerio en esta legislatura.

En el acto de presentación de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que se ha celebrado en la sede del Departamento y en el que ha estado acompañado por el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura y de la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, el ministro ha recordado que dicha Estrategia es una de las líneas políticas que van a constituir la hoja de ruta del Ministerio en esta legislatura.

En la presentación han participado también el secretario general del International Tranport Fórum (ITF), Young Tae Kim, así como la Comisaria Europea de Transporte, Adina Vălean, a través de sendos vídeos que se han presentado durante el acto.

Ábalos ha celebrado la representación transversal y nutrida del mundo de la movilidad y de los transportes en España que se ha dado cita en este evento, como reflejo del nuevo enfoque que para el Ministerio supone este proyecto. Entre ellos se encontraban una amplia representación de administraciones, representantes de todos los modos de transporte y también de la nueva movilidad, del sector tecnológico, asociaciones ecologistas, asociaciones de usuarios, el mundo sindical y entidades internacionales.

Asimismo, ha destacado los principios que marcan la Estrategia, avanzando en la movilidad como un derecho para la ciudadanía, afrontando la emergencia climática y el impulso de la movilidad saludable e incorporando de forma intensa la digitalización y las nuevas tecnologías al ecosistema de la movilidad.

La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada

Ábalos ha recordado a los participantes que es el momento de abordar y dar solución a los desafíos de nuestra movilidad pese a los diferentes orígenes, lugares de procedencia, responsabilidades y trayectorias. También que nos encontramos en un momento de transformación disruptiva de la movilidad, y de toda la economía, marcada por tres vectores de cambio: la necesidad de descarbonizar la economía, la oportunidad que nos brinda la digitalización y la creciente aglomeración de población en las ciudades, que plantea retos tanto en la movilidad urbana, como en los entornos más despoblados.

Según el responsable del Departamento, todo ello conduce a la necesidad de alcanzar una nueva movilidad cuyas principales características serán:

• El abandono progresivo de los combustibles fósiles tradicionales para dar paso a las tecnologías más limpias, como en el caso de los vehículos eléctricos, que serán conectados y autónomos.
• En el ámbito urbano, la recuperación por peatones y modos de transporte saludables del espacio hasta ahora conquistado por el automóvil.
• La necesidad de dar respuesta a las necesidades reales de movilidad de los ciudadanos en los entornos más despoblados mediante soluciones de transporte adaptadas a la baja demanda.
• La recopilación y análisis masivos de datos, que contribuirán a mejorar la planificación del transporte.
• La automatización del transporte de mercancías y la logística, que se convertirán así en más eficientes incorporando paulatinamente mejoras tecnológicas.
• El aumento de la importancia de la conservación y mantenimiento de las infraestructuras.
• La mejora de la intermodalidad nacional e internacional, tanto de viajeros como de mercancías.
• El aumento de la transparencia y la participación de los ciudadanos en las políticas de movilidad.
• Lograr un sistema de transportes inclusivo, con accesibilidad universal y asequible para todos los ciudadanos.

En este sentido, el ministro ha subrayado su intención de que su Departamento lidere este proceso de cambio que vive el sector del transporte, siempre de la mano del resto de administraciones y agentes implicados, y teniendo en cuenta que hoy en día no se puede separar la política del transporte de otras políticas sectoriales como son la política energética, industrial, urbanística, social, medioambiental o la de innovación.

La Estrategia, integrada por nueve ejes que se desglosan en más de 40 líneas de acción y más de 150 medidas, se presenta en la forma de un Documento para el Debate.

Próximos avances

El ministro ha afirmado que desde su departamento se han puesto en marcha transformaciones en línea con los nuevos desafíos de movilidad.

En este sentido, Ábalos se ha referido a la deslocalización de recursos del Ministerio, que arrancaron ayer en Teruel y que aúna la mejora de la competitividad de nuestras empresas públicas con el aprovechamiento del talento que existe en entornos que afrontan riesgos demográficos y que, con frecuencia, no encuentra forma de desarrollarse y la sociedad lo pierde.

El ministro ha anunciado que este Departamento está trabajando en el desarrollo de «Cercanías 25», que será presentado próximamente y contempla actuaciones concretas para impulsar el transporte ferroviario de proximidad desde un enfoque global, integrador, inclusivo y especialmente orientado a mejorar la experiencia de viaje al usuario.

Además, ha hecho a alusión a la próxima presentación de «Mercancías 30» y que está orientado a incrementar la cuota del transporte ferroviario de mercancías.

El ministro ha asegurado que se trata de ejemplos de iniciativas que responden a los desafíos demográficos, sociales y ambientales de la movilidad que antes citaba y que se plantean en la Estrategia.

Plan Europeo de Recuperación

El responsable ministerial ha querido destacar la especial relevancia y la oportunidad que supone el Plan Europeo de Recuperación Económica para avanzar en la reformas y medidas de la Estrategia de Movilidad.

Asimismo, ha afirmado que dicho plan tiene unos propósitos específicos: transformar la UE a través de sus principales políticas, en particular el Pacto Verde Europeo, la revolución digital y la resiliencia y nuestro Plan Nacional, tal como ha expresado, tiene que responder efectivamente a ellos.

El Diálogo Abierto de Movilidad

El ministro ha resaltado el inicio hoy de un Diálogo Abierto con el sector y con la sociedad. Un proceso innovador orientado a transmitir, pero también a recibir, escuchar y colaborar que se desarrollará a lo largo de los próximos meses y estará abierto a todos los actores del ámbito de la movilidad y a la sociedad en su conjunto.

Ábalos ha mostrado su deseo de que sea un auténtico debate nacional acerca de la movilidad que quisiéramos para el futuro de nuestros ciudadanos y empresas.

Este ambicioso proceso de participación pública pretende promover la participación de todos los agentes implicados en el ámbito de la movilidad que contribuya a enriquecer el Documento para el Debate que se ha presentado con el fin de dar respuesta a los nuevos retos de la movilidad del futuro.

En este proceso, durante los próximos tres meses, el Ministerio busca entablar un verdadero debate, basado en la escucha, la comunicación y la colaboración, con los actores del transporte y la movilidad, con partidos políticos, sindicatos, empresarios, académicos y representantes de ONG y con la sociedad en su conjunto. Para ello se organizarán eventos como reuniones, mesas redondas, webinars, talleres…, para dialogar sobre todos los retos se presentan en el ecosistema de la movilidad.

Este Diálogo se articulará en torno a semanas temáticas, que abordarán asuntos como la movilidad sin emisiones, la logística, la automatización, la movilidad saludable, la movilidad rural, el mantenimiento de las infraestructuras o los retos sociales que se abren en este nuevo escenario.

El ninisterio ha puesto también a disposición de la ciudadanía una página web específica donde realizar aportaciones, y ya es posible suscribirse a una newsletter mensual que incluirá noticias destacadas de los temas abordados en la Estrategia.