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viernes, 25 de septiembre de 2020

El Catastro y el Registro de la Propiedad acuerdan un protocolo de coordinación e intercambio de información

viernes, 25 de septiembre de 2020

El Catastro y el Registro de la Propiedad acuerdan un protocolo de coordinación e intercambio de información

24 de septiembre de 2020

Ministerio de Justicia

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda han firmado una resolución conjunta por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y se articula un protocolo que mejorará la coordinación e intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.

Resolución de las direcciones del Catastro y Seguridad Jurídica
El Catastro y el Registro de la Propiedad acuerdan un protocolo de coordinación e intercambio de información

Han firmado una resolución que dota de mayor seguridad jurídica al tráfico mobiliario, simplifica el trámite administrativo al tiempo que facilita la coordinación de parcelas catastrales y fincas registrales, y favorece la inscripción de los bienes de dominio público, entre otras ventajas.

La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública afirma que esta resolución “supone un paso adelante en la buena dirección: la colaboración de las Administraciones Públicas en beneficio de la ciudadanía”.

El director general del Catastro destaca que el acuerdo permite mejorar la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, y ahonda en la transparencia, accesibilidad y simplificación administrativas.

24 de septiembre de 2020.- La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda han firmado una resolución conjunta por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y se articula un protocolo que mejorará la coordinación e intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.

Los objetivos de esta nueva normativa son aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario; incrementar la accesibilidad y la transparencia; remover barreras de acceso a la información inmobiliaria; reducir los costes; permitir la implicación de la ciudadanía que puede actualizar y rectificar la descripción de sus inmuebles, así como simplificar todo el trámite administrativo.

La nueva resolución conjunta aborda temas importantes, no resueltos en el marco legal actual, como la necesidad de obtener un Informe de Validación Gráfica de Alternativas del Catastro (IVGA), para conseguir la coordinación de las representaciones gráficas georreferenciadas alternativas (RGGA), y que permite conocer anticipadamente si el levantamiento topográfico realizado por un técnico se puede incorporar o no a la cartografía catastral.

Asimismo, se dan soluciones técnicas a los problemas derivados de las discrepancias geométricas, giros y desplazamientos cartográficos, lo que posibilita el correcto tratamiento de las comunicaciones recíprocas.
Además, esta nueva resolución viene a solventar problemas detectados como la necesidad de la representación gráfica y consiguiente certificación del solar de un edificio en división horizontal; o el tratamiento de las representaciones gráficas alternativas en determinados supuestos. Así, introduce conceptos prácticos esenciales como la precisión de cartografía, margen de tolerancia y, sobre todo, identidad gráfica de parcela.

Afrontar nuevos supuestos

Este acuerdo concreta la información que se intercambia sobre los estados de coordinación e incluye la corrección o revocación de la misma; y, además, aborda temas como la representación gráfica de los bienes de dominio público, la inscripción de los mismos y el tratamiento de los expedientes administrativos que suponen una reordenación de la propiedad y otros análogos. Finalmente, se aborda el caso de fincas situadas sobre territorios pertenecientes a más de un registro.

La resolución, aparte de solucionar los problemas detectados, permite afrontar nuevos casos y supuestos, de modo que se facilita la coordinación de parcelas catastrales y fincas registrales, se favorece la inscripción de los bienes de dominio público y se aumenta la cantidad y calidad de los intercambios de información entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, de forma segura y coordinada.
La resolución, firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, y el director general del Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz, se suma a la resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y de la Dirección General del Catastro que regula los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los registros de la propiedad, de 26 de octubre de 2015.

Según Sofía Puente Santiago, esta resolución intenta dar respuesta a la necesidad de completar y mejorar el sistema de comunicaciones entre ambas instituciones, a fin de conseguir una mayor eficiencia. Además, “supone un paso adelante en la buena dirección: la colaboración de las Administraciones Públicas en beneficio de la ciudadanía”.

Por su parte, el director general del Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz, ha destacado que permite mejorar la accesibilidad y transparencia de los servicios públicos, la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, la simplificación administrativa y la atención al ciudadano, además de reducir costes para los intervinientes. “Es lo que la sociedad demanda a los servidores públicos”

Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2020-2022)

viernes, 25 de septiembre de 2020

16.09.2020

Nota informativa

Banco de España

Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2020-2022)


Esta nota describe los rasgos principales de los escenarios macroeconómicos para la economía española en el período 2020-2022 que el Banco de España publica hoy en su página web (disponibles en este enlace). En relación a los escenarios del pasado junio, las actuales proyecciones incorporan la nueva información conocida desde entonces, lo que, entre otros elementos, incluye las estimaciones preliminares de la Contabilidad Nacional Trimestral para el segundo trimestre del año, y los cambios observados en los supuestos técnicos que subyacen a la construcción de los escenarios.

En los últimos meses, la pandemia del Covid-19 ha provocado una distorsión sin precedentes en la actividad económica, tanto a escala global como en España. Las perspectivas económicas en el corto y medio plazo siguen estando muy condicionadas por la evolución epidemiológica, aspecto sobre el que aún persiste una elevada incertidumbre. En este sentido, la limitada información disponible a la fecha de cierre de este ejercicio de proyecciones en cuanto a la magnitud precisa del impacto que el repunte de los contagios por Covid-19 observado en nuestro país en las últimas semanas habría tenido ya sobre el grado de dinamismo de la actividad, así como la incertidumbre acerca de la evolución epidemiológica en la parte final de septiembre, aconsejan la formulación de dos escenarios alternativos para el tercer trimestre, cada uno de los cuales constituye el punto de partida para un escenario diferenciado a lo largo de todo el horizonte de proyección.

La principal diferencia entre estos dos escenarios viene dada por los supuestos sobre la evolución de la pandemia a lo largo de los próximos trimestres, lo que, a su vez, condiciona el grado de severidad de las medidas de contención que eventualmente será necesario desplegar y su consiguiente impacto en la actividad económica. Ambos escenarios comparten el supuesto de que la disponibilidad de una solución médica efectiva frente al Covid-19 tras el segundo trimestre de 2021 permitirá levantar las posibles medidas de contención que se mantuviesen activas hasta entonces.

El escenario 1 contempla la aparición de rebrotes que, sin embargo, requerirían solamente de medidas de contención de ámbito limitado, tanto desde el punto de vista geográfico como de las ramas afectadas. Estas medidas causarían alteraciones adicionales relativamente limitadas de la actividad económica, cuya incidencia sería más acusada en las ramas vinculadas al ocio y la hostelería (y, desde el punto de vista de la demanda, al turismo), mientras que la actividad en el resto de ramas productivas solo se vería afectada de forma indirecta a través de los efectos de arrastre sectoriales.

El escenario 2, en cambio, contempla una mayor intensidad de los rebrotes de la pandemia en el corto plazo. Si bien se asume que la contención de dichos rebrotes no llegaría a precisar de la aplicación de medidas de distanciamiento social tan estrictas y generalizadas como las que estuvieron en vigor antes del inicio de la desescalada, sí se contempla que dichas limitaciones, además de perjudicar con mayor intensidad la actividad de las ramas de servicios también pudieran tener una incidencia directa (y no solo a través de los efectos de arrastre) en el grado de dinamismo del resto de ramas productivas.

Bajo estas consideraciones, en el escenario 1, el producto de la economía registraría un descenso del 10,5% en media anual en 2020, caída que se ampliaría hasta el 12,6% en caso de materializarse la situación epidemiológica más desfavorable que subyace a la construcción del escenario 2. No obstante, el repunte de la actividad que se prevé en el segundo semestre de este año, tras el histórico desplome registrado en el primero, ejercería un efecto arrastre positivo sobre la tasa media de crecimiento del PIB en 2021, que alcanzaría el 7,3% en el escenario 1, y se quedaría en el 4,1% en el escenario 2, como consecuencia, en este segundo caso, de la mayor incidencia de la pandemia hasta mediados del próximo año. La prolongación de la recuperación daría lugar a avances más modestos de la actividad en 2022. En cualquier caso, al final de 2022, el nivel del PIB se situaría unos 2 puntos porcentuales (pp) por debajo del nivel previo a la crisis en el escenario 1, brecha que se ampliaría hasta algo más de 6 pp en el escenario 2.

El impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral y en las cuentas públicas será relativamente persistente. El total de horas trabajadas experimentaría un descenso muy pronunciado en el promedio de 2020, que ascendería al 11,9% en el escenario 1 y al 14,1% en el escenario 2. A pesar de que el repunte de esta variable, que comenzó con el proceso de desescalada, proseguiría a lo largo del resto del horizonte de proyección, el número de horas trabajadas totales sería aún, al final de 2022, un 4,5% y un 8,3% inferior al previo al Covid-19 bajo los escenarios 1 y 2, respectivamente. Por lo que respecta a las cuentas públicas, se estima que el déficit de las AAPP registrará un fuerte aumento en 2020, situándose en el 10,8% y el 12,1% del PIB en cada uno de los dos escenarios considerados.

A pesar de que estas ratios disminuirían a largo del horizonte de proyección, el déficit público aún permanecería en 2022 en cotas muy elevadas. Por su parte, la deuda pública experimentaría en 2020 un aumento de más de 20 pp en el escenario 1 y de unos 25 pp en el escenario 2 hasta situarse en el 116,8% y el 120,6% del PIB, respectivamente. Esta ratio continuaría aumentando en los dos años siguientes; en mayor medida, en términos acumulados, en el escenario 2.

En el ámbito de los precios de consumo, tras la notable desaceleración de los últimos meses, se espera que tanto la tasa de inflación general como la subyacente se estabilicen en niveles no muy alejados de los actuales en lo que resta del año. De esta forma, en el promedio de 2020, la tasa de variación interanual del IAPC general se situaría en el -0,2% en el escenario 1 y en el -0,3% en el escenario 2, mientras que la tasa del IAPC excluidos alimentos y energía sería del 0,7% y 0,6% en cada uno de estos escenarios. En el resto del horizonte de proyección, se espera que los precios sigan experimentando tasas de variación muy moderadas, aunque paulatinamente crecientes, en un contexto de recuperación gradual de la demanda y de una cierta aceleración del componente energético de los precios.
En los escenarios descritos, los riesgos para el crecimiento económico están orientados a la baja a lo largo de todo el horizonte de proyección. En concreto, no se puede descartar que, en los próximos trimestres, se materialicen desarrollos epidemiológicos más desfavorables que los considerados en el escenario 2, que comporten la necesidad de introducir limitaciones sobre la movilidad o la actividad de mayor calado, o que surjan obstáculos que supongan algún retraso en el calendario de obtención y distribución de un remedio efectivo para el Covid-19. Tampoco puede descartarse que, a pesar de las medidas de política económica desplegadas para hacer frente a crisis sanitaria actual, el deterioro en el potencial de crecimiento de la economía pueda ser más acusado que el contemplado en los escenarios descritos. Más allá de las posibles implicaciones adicionales de la pandemia, persisten otros riesgos relevantes procedentes del entorno exterior, como son la posibilidad de que, una vez acabado el período transitorio, el brexit pueda no culminar con un acuerdo y una eventual intensificación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

En sentido contrario, un riesgo al alza muy relevante viene dado por las distintas iniciativas que se han puesto en marcha para hacer frente a la crisis a escala europea, y de manera singular la aprobación, a finales de julio, del programa para la recuperación denominado Next Generation EU. Los escenarios diseñados en este ejercicio de proyecciones no incorporan los efectos de este programa pues aún no se conocen los detalles precisos en cuanto a la magnitud, el destino y la distribución temporal de los recursos que podrán canalizarse a través del mismo. No obstante, las estimaciones realizadas por el Banco de España sugieren que, bajo determinados supuestos, los efectos macroeconómicos de este programa podrían llegar a ser potencialmente relevantes.

El Banco de España publica los estados financieros públicos primarios de las entidades de crédito

viernes, 25 de septiembre de 2020

Banco de España

Madrid, 18 de septiembre de 2020

El Banco de España publica los estados financieros públicos primarios de las entidades de crédito

El Banco de España inicia la publicación trimestral de los estados financieros públicos primarios, individuales y consolidados de las entidades de crédito, entidad a entidad, de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2020, de 11 de junio. Esta circular que, entre otros aspectos, modifica, las normas 4 y 5 de la Circular 4/2017 a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, establece que la difusión de los estados financieros públicos primarios corresponde al Banco de España, con independencia de que, como ocurría hasta ahora, pueda seguir realizándose por las asociaciones representativas de las entidades de crédito.

Este cambio en la Circular 4/2017 afecta exclusivamente al proceso de difusión de la información de los estados financieros públicos primarios y no modifica los requerimientos relativos a la remisión de esta información por las entidades de crédito al Banco de España ni los procesos de revisión y control de calidad efectuados por esta institución. Hasta la entrada en vigor de la Circular 2/2020, el Banco de España procedía a la remisión de esta información a las asociaciones representativas de las entidades de crédito, que se encargaban de su difusión. Tras el cambio normativo, el Banco de España, en el marco del compromiso asumido con la mejora de la transparencia de la información de las entidades de crédito en España, procederá a difundirlos trimestralmente en su página web.

Los estados financieros primarios comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.
Esta publicación por parte del Banco de España se inicia con los datos correspondientes al segundo trimestre de 2020. Adicionalmente, se proporciona la serie histórica de estos estados desde marzo de 2018, primera fecha de envío por las entidades de crédito de los formatos de estados públicos establecidos en la Circular 4/2017.

Puede accederse a la información directamente a través de la sección de Supervisión mediante el siguiente enlace Estados financieros públicos primarios de las entidades de crédito o a través del tema Información financiera y prudencial de entidades de crédito de la sección de Estadísticas de la página web.

El Defensor pregunta a la AEAT si está multando a contribuyentes por presentar la declaración fuera de plazo tras haber enfermado de COVID-19

viernes, 25 de septiembre de 2020

El Defensor pregunta a la AEAT si está multando a contribuyentes por presentar la declaración fuera de plazo tras haber enfermado de COVID-19

Defensor del Pueblo

16/09/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio con la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) para conocer qué criterios está aplicando en los casos en que los ciudadanos no hayan podido presentar en plazo sus declaraciones de impuestos por haber enfermado de Covid-19.

La Institución ha tenido conocimiento del caso de un ciudadano ingresado en el hospital hasta el 5 de julio, que habría sido sancionado por presentar fuera de plazo la declaración trimestral del IRPF. Al parecer, el plazo para presentar dicha declaración concluyó el 20 de mayo y la declaración trimestral fue presentada el 21 de junio.

Según recuerda el Defensor en el escrito remitido a la Administración, el artículo 179 de la Ley General Tributaria establece que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en el supuesto que concurra fuerza mayor, como pudiera ser, por ejemplo, el hecho de haber estado gravemente enfermo u hospitalizado.

Ampliación de los plazos

El Defensor del Pueblo ya pidió durante el estado de alarma que se ampliasen los plazos para que pymes y autónomos pudieran cumplir con sus obligaciones tributarias (IVA trimestral, retenciones de IRPF y pagos fraccionados de Sociedades). Asimismo, solicitó más flexibilidad para la presentación de la campaña de Renta y Patrimonio 2019.

En una carta enviada a Hacienda, el Defensor señaló que las personas que hubieran perdido a un familiar o que estuviesen ingresadas o aisladas podían experimentar dificultades inéditas para acceder a la documentación y datos necesarios para realizar la presentación.

Un problema que, a juicio de la Institución, también podían tener las personas que estuviesen desplazadas y los sanitarios, que en los momentos más duros de la pandemia centraban todos sus esfuerzos y su tiempo en combatir la crisis sanitaria.