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Archivo de octubre de 2020

Madrid. Torre Picasso

martes, 20 de octubre de 2020

Las compraventas de vivienda inscritas en el Registro de la Propiedad descienden en agosto el 12,7% anual, mejor dato desde marzo

martes, 20 de octubre de 2020

Las compraventas de vivienda inscritas en el Registro de la Propiedad descienden en agosto el 12,7% anual, mejor dato desde marzo

06/10/2020 | Registradores

•En el mismo mes, las hipotecas de vivienda constituidas cayeron el 2,8% sobre 2019

El Colegio de Registradores incluye en esta nota informativa un avance de datos de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de agosto, mediante la comparación de datos con el mismo mes del año anterior. Teniendo en cuenta el fiel reflejo que representa el Registro de la Propiedad sobre la evolución de la actividad inmobiliaria española, sector de gran importancia para nuestra economía, se muestran a continuación como indicadores más relevantes las compraventas inscritas y también su financiación, a través de las hipotecas constituidas mediante su inscripción registral.

Con relación al número de operaciones realizadas, las compraventas totales pasaron de 70.614 en agosto de 2019 a 65.059 en agosto de este año, mostrando pues un descenso de más de 5.500 operaciones. Las compraventas de vivienda pasaron de 33.982 operaciones el mismo mes del año pasado a 29.671 en agosto de este año, es decir, con un descenso de más de 4.300 operaciones. Las hipotecas, al igual también que los meses anteriores, tuvieron un resultado ligeramente negativo, pero con valores parecidos al año anterior, pasando las hipotecas totales desde 27.682 en agosto del año pasado a 27.442 en este mes de agosto, con un descenso de apenas 250 hipotecas. Igualmente, las hipotecas sobre vivienda registraron un descenso aproximado de 500 operaciones, pasando ligeramente de las 19.000 operaciones en agosto del año pasado a las 18.745 en agosto de este año.

Si se mide la evolución mediante la tasa de variación, las compraventas totales inscritas en agosto de este año frente al mismo mes de 2019 han descendido hasta el -7,9%, mostrando una aceleración de la recuperación respecto al mes de julio, cuando descendieron el 25,1%. Las compraventas de vivienda descendieron en agosto más que las compraventas totales, situándose en el -12,7%, un descenso muy inferior al que experimentaron en julio (-32,9%), mostrando pues una recuperación importante sobre las caídas de meses anteriores.

En cuanto a las hipotecas constituidas, los resultados muestran una mejoría clara con relación al mes de julio, con una evolución anual de agosto frente al mismo mes de 2019 del -0,9% (-20,1% en julio) y del -2,8% anual sobre dicho período para las referidas a viviendas (-22,8% en julio).

  • Los datos mensuales, muestran resultados dispares especialmente en el apartado de hipotecas, con ocasionales crecimientos muy elevados por corresponder a operaciones puntuales que afectan a múltiples fincas de manera simultánea y en otras ocasiones por un probable efecto de “embolsamiento” tras haber sido iniciadas previamente y ralentizarse su tramitación debido al estado de alarma vigente hasta el mes de junio.

Con relación a los resultados por CC.AA. y ciudades autónomas, en lo relativo a las compraventas totales, experimentaron las mayores caídas en Ceuta (-80,4%), seguida de La Rioja (-24,1%), Comunidad Valenciana (-18,3%), Cataluña (-15,3%) y Madrid (-14,3%). En el lado opuesto, aumentaron sobre todo en Melilla (71,1%), seguida de Extremadura (28,6%), Asturias (13,8%), Castilla y León (8,3%), Castilla–La Mancha (8,1) y Cantabria (5,0%)

Con referencia al total de hipotecas constituidas con relación a agosto del año pasado, se produjeron resultados más negativos en Ceuta (-90,5%), La Rioja (-30,7%), Comunidad Valenciana (-24,2%), Andalucía (-15,0%) y Cataluña (-13,1%). Por el contario, las regiones con una evolución más positiva están encabezadas por Canarias (175.7%), seguida por Castilla–La Mancha (39,1%), Extremadura (29,4%), Castilla y León (22,4%), Baleares (18,4%), y Navarra (11,9%).

Por último, el análisis mensual de la evolución anual de compraventas e hipotecas en el Registro de la Propiedad durante los meses de enero a agosto de este año, mediante la comparación con el mismo mes del año anterior, muestra los siguientes resultados:

En el apartado de compraventas inscritas y respecto al mismo periodo del año anterior, desde el mes de marzo se observan caídas, con tasas anuales en el entorno del -20%, continuando este paulatino descenso hasta mayo, con tasas superiores al -50%, y comenzando una recuperación en los meses de junio y julio (-33,4% y -25,1% de compraventas totales respectivamente). En agosto se ha producido una aceleración de dicha recuperación, con un descenso de las compraventas totales sobre agosto de 2019 (-7,9%), más suave que el experimentado el mes anterior. Las compraventas de viviendas en agosto descendieron el -12,7%, confirmando también una reactivación en relación al mes de julio. Destaca este descenso de agosto por mostrar una variación negativa más suave que la ofrecida en marzo, mes inicial de la pandemia.

Las hipotecas constituidas mostraron desde el inicio de la pandemia mayor resistencia a la abrupta crisis económica motivada por la misma. En la comparación con el mismo mes del año anterior, pasaron de crecer con claridad en febrero en torno al 20% anual, de forma similar para las hipotecas totales y las referidas a vivienda, hasta llegar a caídas del -25% en el mes de mayo, muy inferiores en todos los casos a las caídas experimentadas por las compraventas. En junio, la curva descendente se invirtió con claridad dando inicio a la recuperación con caídas anuales, por debajo del -10% en hipotecas totales y ligeramente por encima de dicha cifra en hipotecas constituidas sobre vivienda. En el mes de julio, sin embargo, se invirtió la tendencia de recuperación mostrando peor resultado, -20,1% para el total de hipotecas y -22,8% para hipotecas sobre vivienda. En agosto, se produce una aceleración de la recuperación de las hipotecas, con un ligero descenso del -0,9% en las hipotecas totales sobre el mismo mes de 2019. Las hipotecas relativas a vivienda también se recuperan, el -2,8% sobre agosto de 2019. En los últimos tres meses se mantiene la tónica general de descenso de hipotecas de vivienda, ligeramente más intenso que el experimentado por las hipotecas totales.

El Gobierno recorta la oferta de empleo público casi un 40 por ciento y pone en peligro la viabilidad de la Administración General del Estado

martes, 20 de octubre de 2020

El Gobierno recorta la oferta de empleo público casi un 40 por ciento y pone en peligro la viabilidad de la Administración General del Estado

CSIF rechaza la oferta de empleo público: El recorte puede llevar al colapso a la Seguridad Social o al SEPE

14 de Octubre de 2020

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado hoy un proyecto de oferta de empleo público en la Administración General del Estado que reduce en un 37,6 por ciento el número de plazas en relación a la oferta acordada en 2019. El Gobierno tiene previsto aprobar esta oferta de empleo público por Real Decreto en el último Consejo de Ministros de este mes.

En concreto, la oferta de empleo público que se ha puesto hoy encima de la mesa contempla 7.066 plazas de acceso libre (personas que ingresan en la Administración) y 6.247 plazas destinadas a la promoción interna, frente a las 11.338 y 8.350 contempladas, respectivamente, en 2019. Esta oferta es insuficiente y así se lo hemos trasladado a Función Pública.

Esto supone un 37,6 por ciento menos respecto a las 11.338 de acceso libre que se aprobaron el año pasado y de un 32,3 por ciento en el global de las plazas (acceso libre y promoción interna). Además, la oferta de empleo público no cubre el cien por cien de la tasa de reposición: el número de plazas de nuevo ingreso propuestas son 988 menos que las bajas producidas por fallecimientos y jubilaciones, por lo que se estaría destruyendo empleo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, advierte de que la oferta de empleo público presentada por el Gobierno pone en peligro la viabilidad de esta Administración, teniendo en cuenta los graves problemas por los que atraviesan ámbitos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social en la gestión de prestaciones como los ERTEs o el Ingreso Mínimo Vital.

Se da la circunstancia de que la Administración General del Estado ha perdido en los últimos diez años, entre enero de 2010 y enero de 2020, 43.477 plazas, según datos del Registro Central de Personal. Esto supone una pérdida de 12 empleados públicos al día. La Administración Pública se está desangrando. Además, el 19,22 por ciento de la plantilla tiene más de 60 años y por tanto está a las puertas de la jubilación.

CSIF considera que los 800.000 nuevos empleos anunciados por el presidente del Gobierno también deben ir destinados a reforzar los servicios públicos. CSIF entiende que este plan debe de ir acompañado de un análisis sobre los recursos humanos que siempre hemos demandado para reforzar ámbitos que con la pandemia se encuentran seriamente comprometidos como son la sanidad, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, así como en los servicios sociales la educación, la justicia, Agencia Tributaria o los fuerzas y cuerpos de seguridad.

Entendemos que las administraciones públicas deben de ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía que, como hemos visto, se encuentran en una situación muy delicada.

El Gobierno completa la extensión del programa Educa en Digital a todas las Comunidades Autónomas

martes, 20 de octubre de 2020

13 de octubre de 2020

El Gobierno completa la extensión del programa Educa en Digital a todas las Comunidades Autónomas

mineco.gob.es

El Consejo de Ministros autoriza los últimos seis convenios necesarios para la adquisición de equipos informáticos para centros educativos sostenidos con fondos públicos

Esta actuación permitirá movilizar casi 53 millones de euros adicionales cofinanciados con fondos FEDER para una actuación global de 230 millones

Las licitaciones para la compra de los equipos comenzarán en las próximas semanas

El Consejo de Ministros ha autorizado los últimos seis convenios interadministrativos con las Comunidades Autónomas que restaban para la implantación territorial completa del programa Educa en Digital. De esta forma, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Navarra y Extremadura se unen a las otras once Comunidades Autónomas más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cuyos convenios fueron autorizados el pasado 29 de septiembre.

Gracias a esta actuación, los alumnos de familias en situación de riesgo matriculados en centros educativos sostenidos con fondos públicos de toda España podrán disponer de equipos informáticos con conectividad que facilitarán su educación digital tanto desde el hogar como de forma presencial. El objetivo de esta iniciativa, que comenzará a ejecutarse a lo largo del primer trimestre del presente curso escolar, es contribuir a cerrar la brecha digital en el ámbito educativo, que tan patente se hizo tras el cierre de los centros educativos a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19.

Tras la autorización de estos últimos convenios, cuyo importe asciende a casi 53 millones de euros, el presupuesto inicial movilizado para la puesta en marcha de Educa en Digital alcanzará casi 230 millones de euros, ya que los doce convenios aprobados por el Consejo de Ministros el pasado día 29 de septiembre con el resto de Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla suponen la movilización de más de 176 millones de euros.

De ellos, Red.es, empresa pública dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e IA del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aportará un máximo de hasta 190 millones de euros provenientes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Futuras actuaciones

Además del préstamo de dispositivos para facilitar el acceso a la educación digital, el programa recoge la capacitación digital de docentes y la creación de herramientas tecnológicas específicas para profesorado, alumnado y autoridades educativas mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial. Este desarrollo permitirá establecer itinerarios personalizados para los alumnos, un seguimiento más efectivo de sus progresos y un análisis específico de su evolución por parte del profesorado.

La puesta en marcha a nivel nacional del programa Educa en Digital culmina un proceso iniciado el pasado mes de junio con la firma de un convenio marco entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Red.es con el fin de dotar al sistema educativo español del impulso necesario para profundizar en el proceso de digitalización que se ha desvelado como imprescindible tras la emergencia sanitaria.

Especificidad de Extremadura

El convenio con Extremadura contará con un presupuesto inicial máximo de 8.605.877,98 €, de los cuales hasta 6.884.702,38 € serán aportados por Red.es, y hasta 1.721.175,60 € por la Comunidad Autónoma de Extremadura asumida con fondos adicionales de la UE (asignados por la Autoridad de gestión a Red.es).

La Dirección General de Fondos Europeos, que asume la competencia de Autoridad de Gestión del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) del FEDER ha asignado una dotación de fondos adicional a la región de Extremadura, única región de España clasificada como Menos Desarrollada, para este proyecto que le permite cubrir el importe de la inversión total.

Nuevas reglas para facilitar la financiación participativa europea

martes, 20 de octubre de 2020

Nuevas reglas para facilitar la financiación participativa europea

Parlamento europeo

Las nuevas normas de la UE permitirán a las plataformas europeas de financiación participativa brindar nuevas oportunidades para las empresas emergentes e inversores.


Las nuevas normas actuarán a nivel comunitario y sustituirán a las nacionales.


El Parlamento Europeo aprobó el 5 de octubre nuevas normas que facilitarán la prestación de servicios de las plataformas de financiación participativa en el mercado interior de la UE. La normativa busca ampliar el acceso a la financiación para las empresas emergentes, las empresas innovadoras y las pymes. También mejorará la protección de los inversores y les permitirá el acceso a más alternativas.

Las plataformas de financiación participativa (o crowdfunding, como se conoce en inglés) que operan en la UE tendrán que cumplir las normas comprendidas en la nueva regulación en vez de las que se aplican en cada país. La directiva que acompaña a la nueva regulación tiene como objetivo ampliar el acceso de las pequeñas empresas a la financiación. Las normas se aplicarán a los proveedores de servicios de financiación participativa europeos que recauden hasta 5 millones de euros por proyecto al año.

¿Por qué la nueva legislación euroea sobre financiación participativa es necesaria?
Las normas nacionales existentes sobre financiación participativa no son uniformes, lo que implica la incertidumbre legal ante la falta de salvaguardias. Además, evitan las inversiones en proyectos de otros países e impiden que los proveedores ofrezcan sus servicios a nivel de la UE.

Las reglas actuales limitan las oportunidades de empresas que, sobre todo cuando operan en mercados pequeños, se podrían financiar a través de muchos más inversores.

¿Cómo protegerán las normas a los inversores?
Uno de los mayores riesgos de la financiación partificipativa es que las decisiones de los inversores no están siempre basadas en datos, sino influenciadas por las emociones. La quiebra de las pequeñas empresas y los retrasos en la distrubición de productos son algunos de los problemás más comunes que los inversores no tienen en cuenta.

Las nuevas reglas demandan que los proveedores de servicios de financiación participativa faciliten a sus clientes información clara sobre los riesgos potenciales de cada proyecto. Los inversores tienen que contar con una ficha de información esencial en materia de inversión, elaborada por el promotor del proyecto o por la plataforma.

Costa asturiana. Gijón

lunes, 19 de octubre de 2020

La pandemia ha puesto de manifiesto las carencias de la sanidad en España

lunes, 19 de octubre de 2020

La pandemia ha puesto de manifiesto las carencias de la sanidad en España

16 octubre 2020

UGT

Tras años de recortes y campañas de privatización de la sanidad pública, no hay medios suficientes

En plena segunda ola, con un repunte de contagios de Covid en toda Europa, la Unión General de Trabajadores ha dedicado su consultorio monográfico semanal a analizar la situación de la sanidad y el Sistema Sanitario español en un espacio titulado “Sanidad, un debate urgente”.

El consultorio, emitido en la web a partir de las 12.00 horas, ha sido atendido por personas del ámbito sanitario como Gracia Álvarez, Responsable de Sanidad de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT); Inma Martín, Enfermera de la Comunidad de Madrid; Manuel López, Médico de familia del Campo de Gibraltar, en Cádiz y Manuela Laborda, técnica del Servicios de Estudios del sindicato, que ha sido la encargada de contestar a las dudas de la ciudadanía recibidas por UGT.

Tras ocho meses de pandemia, ¿Cuál es el estado de salud de la sanidad de nuestro país? ¿Se ha hecho algo durante el verano para mejorarlo? ¿Se han mejorado las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario? ¿Se ha contratado personal? ¿Se ha preparado el sistema para lo que vendría en otoño? Estas son algunas de las cuestiones que se han analizado en el debate de hoy.

Invertir en profesionales

La Responsable de Sanidad de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT, Gracia Álvarez ha destacado que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto dónde teníamos más carencias gracias a los recortes progresivos en sanidad y la falta de inversión.

Gracia Álvarez ha explicado que no hay recursos humanos y materiales y existe un déficit muy marcado en atención primaria donde UGT reivindica destinar el 25% del total del presupuesto sanitario, aumentar la inversión en hospitales y llegar a la inversión media de la UE en sanidad, el 7,2%.

Además, Gracia ha denunciado el nivel de temporalidad permanente en el sector, una media del 35%, evidencia que, como mínimo, sino hay otras motivaciones, las plantillas están mal calculadas.

“Es muy importante tener la perspectiva de que esto es un problema de salud comunitaria y hay que tratar de adelantarse fortaleciendo la salud pública y la atención primaria, que es la que se encarga de los rastreos. Nuestros profesionales han dado la talla a pesar de los recortes y la falta de recursos pero hay que preguntarse cuáles van a ser las consecuencias de la focalización y no tener en cuenta que se sigue enfermando de otras cosas, sigue habiendo enfermos crónicos que deben atenderse, accidentes.. etc”.

Mejorar las condiciones laborales en el ámbito sanitario

Inma Martín, Enfermera del barrio de Carabanchel, en Madrid, ha contado su experiencia durante los meses de la pandemia, el cansancio, el miedo, la desmoralización y ha criticado la descoordinación y la falta de medios que ha impedido a los profesionales del sistema sanitario madrileño atender a los pacientes con normalidad.

Se ha preguntado si la poca preparación y el poco trabajo por parte de las administraciones se debe a “un no saber o un no querer”, algo que ha desconcertado mucho a los profesionales del ámbito sanitario que no entienden cómo la Administración en Madrid no se ha dejado aconsejar, en ningún momento, por los expertos, de hecho, “no se ha dado la importancia necesaria a la prevención, pero es fundamental para intentar llegar a una tercera oleada y que esto se convierta en algo cíclico. Debemos apoyar la prevención, la atención primaria, los rastreadores y fomentar la conciencia social. No se trata tanto de prohibir como de responsabilidad” ha destacado.

“Los aplausos nos daban una inyección de ánimo y de fuerza, pero nosotros no somos héroes, somos trabajadores y hacemos todo lo que podemos, pero no tenemos los recursos suficientes” ha finalizado.

Por su parte, Manuel Lopez, Médico de familia del Campo de Gibraltar, en Cádiz ha manifestado que al principio la sensación era de impotencia, miedo, falta de medios y de información clínica pero además de mucha inseguridad jurídica puesto que muchas de las decisiones finales les corresponden a los facultativos.

“Te dejan sólo, con toda la responsabilidad y te das cuenta de que, en una situación así el sistema hace aguas. Todo esto ha puesto de manifiesto las carencias que llevábamos denunciando desde hace años descapitalizando lo mejor que tenemos que son nuestros profesionales”.

“Además, en este momento, en plena segunda ola, podemos decir que nuestro sistema no se ha preparado como debería para afrontar esta situación. Sigue muriendo gente cada día. No podemos normalizar esta situación”. ha añadido

La AIReF emplaza al Gobierno a diseñar un Plan de Reequilibrio con una estrategia fiscal a medio plazo tras aplicar la cláusula de escape

lunes, 19 de octubre de 2020

La AIReF emplaza al Gobierno a diseñar un Plan de Reequilibrio con una estrategia fiscal a medio plazo tras aplicar la cláusula de escape

13 octubre 2020

•La Ley de Estabilidad exige que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal informe sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales para la aplicación de la cláusula de escape con carácter previo a la tramitación parlamentaria
•La AIReF considera pertinente activar la cláusula de escape en el contexto actual para priorizar la respuesta de las AAPP a la crisis
•La aprobación por el Congreso de alguno de los supuestos de excepcionalidad que contempla la Ley conlleva la obligación de poner en marcha planes de reequilibrio a medio plazo
•La AIReF cree que la estrategia fiscal a medio plazo debe contar con todos los niveles de la administración, considerando sus realidades fiscales en materia de recursos y competencias, para asegurar una adecuada coordinación y corresponsabilidad
•Además, debe considerar los niveles de deuda pública y los riesgos fiscales; establecer un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos; y servir de marco para los planes de reequilibrio de las AAPP

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado hoy en su página web el Informe sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. En dicho informe, la AIReF emplaza al Gobierno a diseñar una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas (AAPP) tras la aplicación de la cláusula de escape.

La AIReF recuerda que, en el ámbito de las reglas fiscales, España está sometida a una doble regulación. Por un lado, la acordada a nivel supranacional en el marco de la Unión Europea (UE) y, por otro, la establecida a nivel nacional. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE contempla la existencia de una cláusula general de escape ante una situación de recesión económica severa. Esta cláusula fue activada en marzo para 2020 y en septiembre se extendió a 2021. Tras la aplicación, no se suspenden los procedimientos del PEC, pero se permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

En el ámbito nacional, la Constitución española y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) también contemplan supuestos de excepción al cumplimiento de las reglas fiscales en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno acordó llevar a cabo la suspensión de las reglas fiscales españolas en 2020 y en 2021. La LOEPSF requiere que el Congreso apruebe por mayoría absoluta que España se encuentra en uno de esos supuestos que habilitan la activación de la cláusula de escape, previo pronunciamiento de la AIReF sobre la ocurrencia de esos supuestos. Este trámite previo resulta necesario para dar cumplimiento al procedimiento legalmente establecido y, en el caso de que posteriormente resulte aprobado por el Congreso, poder hacer efectiva la activación de la cláusula de escape.

En el informe, la AIReF aprecia la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la LOEPSF como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, puesto que la situación, de carácter extraordinario y que escapa al control de las AAPP, está teniendo un fuerte impacto global en términos humanos, sanitarios, sociales y económicos. La propia presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, reclamó en junio ante la Comisión de Hacienda del Congreso la activación de dicha cláusula.

Los informes de la AIReF publicados desde el inicio de la pandemia han tratado de, en un entorno de máxima incertidumbre, cuantificar los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las finanzas públicas. La caída de la actividad podría suponer una contracción del PIB del 11,8% en 2020 según las últimas estimaciones de la AIReF. Además, esta caída económica y las medidas adoptadas para luchar contra la crisis han supuesto un grave deterioro de las cuentas públicas. En su informe de julio, la AIReF estimó para 2020 un déficit del 11,9% del PIB que podría alcanzar el 14,4% si se materializa el escenario más adverso. Asimismo, la AIReF proyecta un aumento en la ratio de deuda sobre PIB de entre 22,1 y 27,7 puntos en el año 2020, situando la ratio de deuda sobre PIB en un rango entre el 117,6 y el 123,2% del PIB en 2020.

En este contexto, la AIReF considera pertinente activar la cláusula de escape prevista en la LOEPSF para priorizar la respuesta de las AAPP a la crisis, quedando también ampliamente superados los objetivos fiscales aprobados previamente. La suspensión, lejos de implicar una relajación de la responsabilidad fiscal, debe llevar a las AAPP a orientar sus actuaciones a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, que, como señala el artículo 11.3 de la LOEPSF, no puede ponerse en peligro por la desviación temporal del déficit.

Recomendaciones

Desde el inicio de la crisis, la AIReF ha recomendado en varias ocasiones hacer uso del margen que permite la normativa española mediante la activación de la cláusula de escape para que las AAPP pudieran contar con el margen legal existente cuando los objetivos fiscales quedaron claramente desbordados. También recomendó que se fuera preparando, tal y como exige la ley, la estrategia de salida que se plasmaría en un Plan de reequilibrio. El acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de octubre recogió la primera recomendación de la AIReF.

Por su parte, la LOEPSF establece que la aprobación por el Congreso de alguno de los mencionados supuestos conlleva la obligación de poner en marcha planes de reequilibrio a medio plazo.

Además, el Plan de Recuperación para Europa o “Next Generation EU” concederá a las AAPP en los próximos años importantes recursos para la realización de inversiones y reformas que, por su propia naturaleza, tienen carácter plurianual, lo que refuerza la relevancia de contar con una planificación a medio plazo.

La AIReF recomendó en julio el establecimiento de una estrategia nacional conjunta que asegurara la coherencia de todos los planes, tanto a nivel de administración como nacional y europeo. Para garantizar su implementación, la institución resaltaba la necesidad de contar con un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos y de dotarse de elementos de flexibilidad para que, en un contexto de incertidumbre como el actual, pudieran ser objeto de revisión. El Ministerio de Hacienda consideró entonces que cumplía esta recomendación con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 2021-2023. Sin embargo, la AIReF cree que este plan solo podrá considerarse un plan fiscal a medio plazo en la medida en que recoja las previsiones de los principales agregados fiscales, para que pueda servir como instrumento de política presupuestaria más allá del calendario presupuestario anual, incluyendo la fijación de prioridades estratégicas y de objetivos presupuestarios a medio plazo.

Por este motivo, la AIReF reitera al Gobierno la recomendación de que realice esa planificación fiscal nacional, ya sea dentro o no del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Esta planificación debe establecer una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las AAPP. Para lograrlo será necesario:
•Contar con todos los niveles de la administración, considerando sus realidades fiscales en materia de recursos y competencias, para asegurar una adecuada coordinación y corresponsabilidad.
•Considerar los niveles de deuda pública y los riesgos fiscales, en especial, los asumidos por la gestión de la crisis de la COVID-19.
•Establecer un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos.
•Servir de marco para los planes de reequilibrio de las AAPP y promover su coordinación con el plan de recuperación y resiliencia.

La CNMC autorizó ocho operaciones de concentración en el mes de septiembre

lunes, 19 de octubre de 2020

La CNMC autorizó ocho operaciones de concentración en el mes de septiembre

08 Octubre 2020

◦Destacó la operación por la que Çimsa adquirió el negocio de cemento blanco de Cemex, aprobada en segunda fase y sujeta a compromisos.
◦Siete operaciones se aprobaron en primera fase, al no presentar problemas para la competencia en los mercados afectados.
◦En seis de éstas se utilizó el procedimiento abreviado.

La CNMC aprobó un total de 8 concentraciones durante el pasado mes de septiembre. Estas operaciones empresariales afectaron a sectores tan diversos como el del cemento blanco, el hospitalario y farmacéutico, el de productos para animales, el almacenamiento en terminales portuarias, o al sector de las entidades financieras, las superficies comerciales y la impresión papelera.

C/1052/19: ÇIMSA / ACTIVOS CEMEX
Çimsa adquiere el negocio de cemento blanco de Cemex

El pasado 29 de septiembre, la CNMC aprobó en segunda fase y sujeta a compromisos la adquisición por parte de Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret, A.S (ÇIMSA) del negocio de cemento blanco de las sociedades Cemex España Operaciones, S.L.U., Cemex, S.A.B. de C.V. y Cemex España, S.A.(CEMEX), excluyendo determinados activos. (Ver nota de prensa)

La operación se autorizó tras un intenso trabajo en segunda fase. Este incluyó un paquete de compromisos sometidos a un test de mercado, tanto con los competidores como con los principales clientes de las partes, y un análisis económico exhaustivo a partir de los datos de clientes de cemento blanco a granel y ensacado en España

Los compromisos presentados suponen, en primer lugar, la transferencia por parte de Çimsa de su derecho de uso sobre la terminal de Alicante en favor de Cementos Molins. Esta transferencia incluye la lista de clientes a los que Çimsa ha suministrado desde Alicante y los activos necesarios ubicados en la terminal.

En segundo lugar, y con el objetivo de garantizar el suministro de cemento blanco en la zona sur de España, se presentó un compromiso adicional que establece que Çimsa utilizará el silo de Cemex ubicado en Motril para servir a los clientes de cemento blanco hasta ahora servidos desde la terminal de Sevilla de Çimsa, así como a los clientes de Cemex servidos desde Motril.

La Comisión vigilará el efectivo cumplimiento de los compromisos. Así, Çimsa deberá informar periódicamente a la CNMC sobre el avance en cumplimiento e implementación de los mismos. Igualmente, la CNMC supervisará de manera proactiva los precios y condiciones comerciales en el mercado de cemento blanco en España.

C/1122/20: BANCO SANTANDER / URO
El Banco Santander recompra 681 de sus sucursales a la Socimi Uro

El 8 de septiembre de 2020, la CNMC autorizó, en primera fase, la operación por la que Banco Santander, S.A. adquiere el control exclusivo de Uro Property Holdings Socimi, S.A.

Uro es una Socimi cotizada en el mercado bursátil español, cuya cartera actualmente cuenta con 681 sucursales del Banco Santander, que fueron transferidas a Uro en 2007.

La CNMC considera que esta concentración no supone una amenaza para la competencia en los mercados afectados, ya que la participación de las partes en los mercados considerados es de escasa importancia y los solapamientos horizontales son poco relevantes.

La operación afectará de forma poco significativa a la estructura competitiva del mercado, puesto que se produce un cambio de titularidad jurídica de unos activos cuya titularidad económica ya estaba en manos del Banco Santander.

C/1123/20 MEIF 6/VIAMED
El Grupo Macquaire adquiere el Grupo hospitalario Viamed

El 8 de septiembre de 2020, la CNMC autorizó, en primera fase, la operación por la que el fondo de inversión Macquarie Group Limited adquiere el control exclusivo del Grupo Viamed.
Grupo Viamed es un grupo hospitalario nacional con 25 centros repartidos por toda España. Cuenta además con una residencia para personas dependientes, una docena de policlínicas y tres hospitales de media y larga duración (convalecientes).

La CNMC no considera que esta concentración pueda suponer una amenaza para la competencia efectiva en los mercados afectados, dado que no se producen solapamientos horizontales ni verticales entre las partes de la operación.

C/1124/20 QUANTUM CAPITAL PARTNERS / PAPRESA
El fondo Quantum adquiere la papelera Papresa

El 8 de septiembre de 2020, la CNMC autorizó, en primera fase, la operación por la que el fondo de inversión Quantum Capital Partners GmbH adquiere el control exclusivo de Papresa S.A.

Papresa S.A es una empresa situada en Rentería (Guipúzcoa) cuya actividad se centra en la fabricación de bobinas de papel prensa a partir de fibra de papel reciclada, para la impresión de periódicos, impresión comercial y otros usos.

Por su parte, las sociedades de cartera del Grupo Quantum operan en diversos sectores (automoción, equipos y componentes industriales, servicios de correo, juguetes, etc.) y no participan en empresas activas en los mercados relacionados con el mercado del papel prensa.

La CNMC considera que esta concentración no supone una amenaza para la competencia dada la inexistencia de solapamientos entre las actividades de las partes implicadas.

C/1125/20 RUBIS TERMINAL/TEPSA
Rubis Terminal adquiere al proveedor de almacenamiento portuario Tepsa

El 17 de septiembre de 2020, la CNMC autorizó, en primera fase, la operación por la que Rubis Terminal S.A.S adquiere el control exclusivo de Terminales Portuarias (Tepsa).

Rubis es una sociedad internacional cuya actividad principal es el almacenamiento de graneles líquidos (mayoritariamente crudo y sus derivados). Opera en Bélgica, Francia, Países Bajos y Turquía. No está presente en empresas dedicadas al almacenamiento en terminales portuarias en España, ni en mercados relacionados.

Tepsa es una filial de la petrolera PetroFrance, cuya actividad principal está centrada en la actividad de recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles líquidos. Opera en los puertos de Barcelona, Bilbao, Tarragona y Valencia.

Con la presente operación no se producirán solapamientos entre las actividades que desarrollan ambas partes, al operar las mismas en mercados geográficos diferentes. La CNMC no considera que esta concentración pueda suponer una amenaza para la competencia en los mercados afectados.

C/1121/20 ABAC / MAIPE / ELASA / LLANERA / NORVET
El fondo Abac adquiere el control exclusivo de cuatro empresas dedicadas a la comercialización de productos para animales

El 17 de septiembre de 2020, la CNMC autorizó, en primera fase, la operación por la que Abac Solutions SCA adquiere el control exclusivo de Maipe Comercial, S.L., Elasa, S.A., Comercial Veterinaria LLanera, S.L. y Noreste Veterinario, S.L. Las cuatro transacciones se encuentran interrelacionadas, y constituyen una única operación.

Abac es un fondo de inversión que centra sus inversiones en empresas españolas activas en diversos sectores como consumo, tecnología y medios de comunicación, servicios, industria y energía.

Maipe es una empresa domiciliada en Vizcaya que se dedica a la comercialización de productos para animales, así como de alimentación, medicamentos e higiénicos.

Elasa es una empresa española que se dedica a la comercialización y distribución de productos zoosanitarios, instrumental quirúrgico y veterinario, así como aditivos de piensos y productos para ganadería y animales domésticos. Elasa cuenta con cinco tiendas, cuatro de ellas situadas en la provincia de Segovia y una situada en Madrid. Asimismo, cuenta con un almacén situado en la provincia de Segovia.

Llanera es una sociedad ubicada en Asturias dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios.

Norvet es una sociedad que se dedica a la distribución de productos zoosanitarios en la provincia de Galicia.

La cuota resultante en el mercado nacional de distribución mayorista de productos farmacéuticos y consumibles para animales y en el mercado de distribución mayorista de comida para animales es poco significativa (inferior al 6%). A nivel provincial, se producen solapamientos horizontales relevantes (superior al 30%) en varios mercados infranacionales de distribución mayorista de productos farmacéuticos y consumibles para animales.

No obstante, no se prevé que se produzcan cambios sustanciales en la estructura competitiva del mercado, dado que existe complementariedad geográfica entre las partes y las cuotas se diluyen si se tiene en cuenta el área de influencia de la provincia. Además, existen competidores que ejercen una relevante presión competitiva tanto de implantación nacional como local, además de la proliferación del canal online.

Finalmente, de acuerdo con la información aportada por la notificante, los costes de cambio son poco significativos, los contratos a largo plazo y las exclusivas son poco habituales y existe poder compensador de la demanda tanto de clientes directos (fundamentalmente clínicas y hospitales veterinarios, tiendas de mascotas, grandes superficies y establecimientos ganaderos) como de almacenes mayoristas y cooperativas farmacéuticas.

Por todo lo anterior, la CNMC no considera que esta concentración pueda suponer una amenaza para la competencia en los mercados afectados.

C/1126/20 NEURAXPHARM / ACTIVOS DE BUCCOLAM
El fondo Apax Partners adquiere el negocio de venta del medicamento Buccolam para integrarlo en Neuraxpharm

El 22 de septiembre de 2020, la CNMC autorizó, en primera fase, la operación por la que el fondo Apax Partners LLP adquiere (a través de Neuraxpharm Holdco SAR) todos los activos relacionados con el medicamento Buccolam.

Buccolam es un medicamento propiedad del Grupo Takeda, destinado al tratamiento de convulsiones prolongadas (ataques epilépticos) y agudas en lactantes, niños y adolescentes, el cual sólo puede adquirirse bajo receta médica.
Neuraxpharm posee una sede en Barcelona y se dedica al desarrollo, fabricación y venta de productos destinados al tratamiento de trastornos del sistema nervioso central. Es la única empresa en la cartera de Apax que vende fármacos antiepilépticos, si bien sus principios activos difieren de los de Buccolam.

Buccolam es un fármaco indicado para un estatus epiléptico de ámbito pediátrico de primera línea de tratamiento prehospitalario y/o en ausencia de acceso a la vía venosa, mientras que los productos comercializados por Neuraxpharm se ubican en la segunda y cuarta línea de tratamiento, en función del tiempo transcurrido desde el inicio de la crisis epiléptica. Neuraxpharm no dispone de productos en su portfolio que operen en el mismo mercado de producto que Buccolam, ni de líneas de I+D de productos sustitutivos de éste.

La CNMC no considera que la presente concentración suponga una amenaza para la competencia efectiva en el mercado afectado. Tampoco se considera que la operación pueda dar lugar a efectos cartera derivados de la complementariedad de los mercados de producto en los que operan las partes. Los volúmenes de ventas del negocio adquirido son poco relevantes y se trata además de un producto que tiene medicamentos sustitutivos mucho más baratos e igualmente efectivos.

C/1127/20 APG/ VIA LP
El fondo inmobiliario APG adquiere el control exclusivo del Grupo Via tras adquirir la mitad restante

El 29 de septiembre de 2020, la CNMC autorizó, en primera fase, la operación por la que el fondo de inversión especializado en bienes inmobiliarios APG Strategic Real Estate Pool (APG) adquiere el control exclusivo de Via LP.

Via LP es una sociedad que pertenece al Grupo Via, especializada en bienes inmobiliarios por toda Europa. En España se dedica al alquiler de superficies comerciales en centros comerciales y outlets.

La presente operación afecta al mercado de alquiler de activos inmobiliarios para uso comercial en centros outlet. APG ya controlaba el negocio adquirido de manera conjunta con el Grupo Hammerson, de manera que la operación supone un cambio cualitativo más que cuantitativo en el mercado afectado. Las partes implicadas en la operación no operan en los mismos mercados geográficos ni tampoco en ningún mercado verticalmente relacionado, por lo que la CNMC considera que esta concentración no supondrá un obstáculo para la competencia efectiva.

El Tesoro reduce en 15.000 millones de euros la emisión prevista para 2020

lunes, 19 de octubre de 2020

08 de octubre de 2020

El Tesoro reduce en 15.000 millones de euros la emisión prevista para 2020

mineco.gob.es

Con esta reducción la emisión neta ascenderá a 115.000 millones de euros y la emisión bruta a 282.137 millones
Las buenas condiciones de financiación, la mejora en la evolución de los ingresos, la gestión eficiente y la prudencia en la estimación de las necesidades han permitido reducir el volumen de financiación
El Tesoro revisó en mayo el programa de financiación de 2020 para financiar las medidas sociales y económicas puestas en marcha para hacer frente a las crisis del COVID-19
El Tesoro ha mostrado una gran capacidad de adaptación en un entorno complejo, con el incremento de las emisiones, la creación de nuevas referencias y la flexibilización de las subastas
Las emisiones han registrado records de demanda y la participación de inversores internacionales sigue siendo elevada, lo que pone de manifiesto su confianza en España
Durante el año ha seguido reduciéndose el coste de la deuda en circulación, situándose en el mínimo histórico del 1,93% y el coste medio de la deuda emitida, que es del 0,23%
La reducción de los costes de financiación va a permitir que disminuyan la carga de intereses del Estado y de las Administraciones Públicas
La reducción del programa de financiación, junto a la utilización de fondos SURE, permite reducir a la mitad las emisiones previstas en lo que queda de año

El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, ha anunciado hoy que el Tesoro reducirá en 15.000 millones el volumen de financiación neto previsto para 2020. De esta forma la emisión neta será de 115.000 millones de euros y la financiación bruta ascenderá a 282.137 millones.

Las buenas condiciones de financiación, así como la mejora en la evolución de los ingresos previstos, las amortizaciones anticipadas de las comunidades autónomas, la estimación prudente realizada en mayo, y la eficaz gestión del Tesoro han permitido reducir el volumen de financiación requerido este año.

El Tesoro Público revisó en mayo su programa anual para hacer frente a las necesidades adicionales de financiación derivadas de la puesta en marcha de medidas sociales y económicas para hacer frente al COVID-19. La ágil y rápida respuesta del Tesoro ha permitido mantener los servicios públicos en un contexto de elevadas necesidades.

Asimismo, ha implementado distintas medidas para gestionar de manera eficiente el incremento de la financiación. El Tesoro ha aumentado el tamaño de las subastas y ha flexibilizado las condiciones para participar en la segunda vuelta. También se ha recurrido en mayor medida al procedimiento de sindicación bancaria, habiendo emitido un volumen nominal de 52.000 millones de euros a través de cinco emisiones.

Se han emitido nuevas referencias, destacando la emisión a 7 años realizada en marzo, que fue pionera en el mercado europeo, y la sindicación a 10 años realizada en abril, que fue la mayor de la historia del mercado de capitales y registró la demanda más alta recibida por cualquier emisor público o privado, hasta ese momento, para una sola referencia.

El esfuerzo de los últimos años de ampliar y profundizar la base inversora ha permitido que el peso de los inversores no residentes se mantenga en el 47%. Asimismo, a pesar del fuerte incremento de las inversiones, la ratio de cobertura se ha incrementado de forma notable, especialmente en los tramos más largos, lo que pone de manifiesto la confianza de los inversores.

El coste de la deuda se sitúa en mínimos históricos

El coste medio de las nuevas emisiones ha ido reduciéndose a lo largo del año y se sitúa en el 0,23%, nivel idéntico al de 2019. Esto ha permitido que el coste medio de la deuda en circulación haya seguido bajando y se sitúe en el 1,93%, lo que constituye un nuevo mínimo histórico. Todo ello ha sido posible al tiempo que sigue aumentando la vida media de la cartera de la Deuda del Estado a niveles máximos, situándose actualmente en 7,75 años.

A pesar del incremento de las necesidades de financiación, la reducción de los costes va a permitir que disminuya el pago de intereses y se contenga el esfuerzo requerido para atender a su pago.

Recursos del SURE

Con la reducción de las necesidades de financiación para 2020, hasta final de año el Tesoro tiene prevista una financiación bruta de casi 32.000 millones de euros.

Se prevé que aproximadamente 10.000 millones se cubran con el nuevo instrumento SURE en 2020, una vez que la Comisión Europea ha anunciado el comienzo de su programa de emisión. Estos fondos se destinarán a atender los gastos de los distintos programas puestos en marcha para reducir el impacto sobre el empleo del COVID-19. El resto de fondos asignados a España, hasta completar los 21.325 aprobados, se recibirá en 2021.

La reducción del programa de financiación hará que bajen de 47.000 a 32.000 las necesidades de financiación hasta final de año lo que, junto a la utilización de fondos SURE, reducirá el recurso del Tesoro al mercado de capitales en lo que queda del año hasta los 22.000 millones de euros. Por ello, no se prevén más emisiones sindicadas en 2020.

Monte Pindo saliendo de la ría de Corcubión

domingo, 18 de octubre de 2020

El 99 por ciento de la Carrera Judicial dice sentirse totalmente independiente para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional

domingo, 18 de octubre de 2020

Viernes, 16 de octubre de 2020

El 99 por ciento de la Carrera Judicial dice sentirse totalmente independiente para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional

El CGPJ publica los resultados de una encuesta realizada por Metroscopia entre los pasados 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces y magistrados. La inmensa mayoría de los consultados afirma no haber recibido nunca sugerencias o presiones. Casi el 90 por ciento sostiene que los políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos complejos en lugar de alcanzar pactos y acuerdos. Ese mismo porcentaje apuesta por que los doce vocales del turno judicial del CGPJ vuelvan a ser designados por elección directa por parte de jueces y magistrados. La mayoría cree que el juicio del ‘procés’ ha reforzado la imagen de la Justicia en España y en Europa

Autor: Comunicación Poder Judicial

Los jueces y magistrados españoles tienen una percepción muy positiva de la Justicia en España, que consideran independiente del poder político pese a que la mayoría -el 83 por ciento- cree que todos los Gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz. Así, el 99 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial afirman sentirse totalmente independientes para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Así se desprende de los resultados de la encuesta que Metroscopia ha realizado por encargo del Consejo General del Poder Judicial entre los pasados 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces/zas y magistrados/as en activo -la muestra supone casi el 20 por ciento de la Carrera Judicial- seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales. La encuesta íntegra puede consultarse en este enlace.

La encuesta revela que los jueces españoles, con independencia de su sexo, edad u orientación ideológica, comparten un mismo sentido de la profesión: el 92 por ciento cree que su función es velar por el cumplimiento de las leyes y el 98 por ciento siente que la Justicia es la última salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Ajenos a las presiones

Los miembros de la Carrera Judicial también coinciden (86 %) en rechazar la idea de estar interviniendo con sus decisiones en materias de naturaleza exclusivamente política, pero sí creen (88 %) que con frecuencia los políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos más complejos en lugar de esforzarse por alcanzar pactos y acuerdos.

En cualquier caso, el 90 por ciento de los encuestados afirma no haber recibido nunca indicación o sugerencia alguna sobre cómo resolver un caso concreto por parte del Gobierno, las Comunidades Autónomas o el CGPJ; el 88 por ciento, tampoco de partidos políticos, otros jueces o grupos de presión económicos o sociales. El porcentaje desciende hasta el 72 por ciento cuando la pregunta se refiere a la presión mediática. Hasta un 9 por ciento responde que “con frecuencia” se siente presionado por los medios de comunicación, de los que una gran mayoría (84 %) piensa que no reflejan adecuadamente el quehacer judicial.

Aun así, el 84 por ciento de los integrantes de la Carrera Judicial dicen que, a la hora de dictar sentencia, nunca (32 %) o raramente (52 %) tienen en cuenta las presiones que pudieran llegarles.

Reformas

La encuesta revela un claro interés por erradicar cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial, que se manifiesta en un apoyo mayoritario (90 %) a que los doce vocales del turno judicial que forman parte del CGPJ sean designados mediante elección directa por los miembros de la Carrera Judicial. El mismo porcentaje cree necesario un nuevo pacto de Estado por la Justicia para remodelar a fondo su organización y funcionamiento.

Los jueces también respaldan reformas para restringir el ejercicio de la acción popular (68 %) o prohibir que los partidos políticos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción.

Menos apoyo encuentra la posibilidad de que los fiscales pasen a instruir las investigaciones, en combinación con el juez de garantías. Solo un 41 % se muestra a favor, mientras que el 55 % está en contra.

Satisfechos con su profesión

Pese a que el 94 por ciento de los encuestados considera que la función de juzgar es ahora más compleja que nunca, una gran mayoría -el 79 %- se siente satisfecho con su trabajo como juez y prácticamente el mismo porcentaje cree que su capacitación profesional es similar o superior a la de sus colegas de la Unión Europea.

También afirman que la forma en que se desarrolló el juicio por el proceso separatista en Cataluña celebrado en el Tribunal Supremo -que fue transmitido en directo en la web www.poderjudicial.es- ha reforzado la imagen de la Justicia en España (68 %) y en Europa (59 %).

El CENDOJ, el servicio del CGPJ más valorado por los jueces

La última parte de la encuesta está dedicada a la valoración que los jueces hacen del Consejo General del Poder Judicial y de sus órganos técnicos: el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) es el mejor valorado, alcanzando una nota de 8,2, y también obtienen una buena calificación los Servicios de Formación, de Personal Judicial y de Relaciones Internacionales y la Oficina de Comunicación. El Servicio de Inspección y el régimen disciplinario reciben asimismo más opiniones a favor que en contra.

También son más las opiniones positivas (49 %) que negativas (42 %) cuando los encuestados son preguntados acerca de si, durante el actual mandato, el CGPJ ha proporcionado el apoyo necesario a los jueces y magistrados que han sido objeto de acoso por parte de los medios de comunicación o instancias políticas. Sin embargo, la mayoría (54 % frente al 43 %) considera que el Consejo no ha transmitido una imagen de independencia de la Justicia española o realizado nombramientos atendiendo exclusivamente a criterios de mérito y capacidad (48 % frente a 42 %).

Olga Novo, galardonada con el Premio Nacional de Poesía 2020

domingo, 18 de octubre de 2020

Concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte

Olga Novo, galardonada con el Premio Nacional de Poesía 2020

Jueves 15 de octubre de 2020

Ministerio de Cultura y Deporte

El jurado del Premio Nacional de Poesía ha propuesto a Olga Novo Presa para ser galardonada con el Premio Nacional de Poesía, correspondiente a 2020, por su obra Feliz Idade. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.

La Moncloa

El jurado ha elegido esta obra «Por tratarse de un relato vitalista que celebra el amor y la existencia más allá del tiempo. El libro es una criatura viva que relaciona la maternidad y la muerte con una profunda presencia crítica de la memoria histórica».

Ha destacado además que «la voz poética de Olga Novo, inconfundible y de gran potencia, conjuga autenticidad y verdad, y se distingue por su lenguaje visionario que trae a la contemporaneidad el eco ancestral de toda una tradición literaria».

Imagen de Olga Novo

Biografía

Olga Novo (Vilarmao, Puebla del Brollón, Lugo, 1975) es doctora en Filología Gallega por la Universidad de Santiago de Compostela.

Voz destacada de la poesía contemporánea en gallego, es autora de una obra entroncada con propuestas radicales surrealistas y libertarias, marcada además por un profundo vitalismo telúrico, el feminismo, la memoria agraria y el erotismo. Así se plasma en la antología ‘Los líquidos íntimos’ (Cálamo, 2013), donde Olga Novo ha vertido al castellano una parte esencial de su obra, ofrecida además en su lengua original.

De sus tres primeros poemarios publicados, ‘A teta sobre o sol’ (1996), ‘Nós nus’ (1997, Premio Losada Diéguez de Creación) y ‘A cousa vermella’ (2004), la crítica ya destacó su gran torrente vivencial y su fuerza expresiva, unidas a una honda y personal sensualidad. Con posterioridad, ha publicado ‘Cráter’ (2011), Premio de la Crítica española.

Asimismo, es autora de dos poemarios en colaboración: ‘Magnalia’ (2001), con el también poeta Xoán Abeleira y la pintora Alexandra Domínguez; y ‘Monocromos’ (2006), con el pintor Concetto Pozati. También ha publicado libros de ensayo y colabora con varias publicaciones culturales. Tras licenciarse en Filología Gallega por la Universidad de Santiago de Compostela, ha compaginado la labor literaria con la docencia.

Jurado

El jurado, presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura y actuando como vicepresidenta Begoña Cerro Prada, subdirectora de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, ha estado formado por: Inés Fernández-Ordóñez Hernández, por la Real Academia Española; Ana Romaní Blanco, por la Real Academia Gallega/Real Academia Galega; Sebastián García Trujillo, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Marta Pessarrodona Artigas, por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d’Estudis Catalans; Vicent Salvador Liern, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Ana Bueno de la Peña (Ana Rossetti), por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); Francisco José Díaz de Castro, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Aurelio Martín González, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Rosa M.ª García Rayego, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; Juan Carlos Pérez Mestre, por el Ministerio de Cultura y Deporte y Pilar Pallarés García, autora galardonada en la convocatoria de 2019.

Preparados para la Década Digital

domingo, 18 de octubre de 2020

Preparados para la Década Digital

Comisión Europea

UE preparada para la Década Digital

La presidenta von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión, estableció para 2021 un cambio de ciclo para toda Europa, al que ha llamado la Década Digital. Estas son las claves de lo que nos espera en los próximos 10 años.

02/10/2020

UE preparada para la Década Digital

¿Por qué la digitalización es importante?
Europa apuesta por la digitalización como un modo de garantizar oportunidades de desarrollo y conexión en todos los países de la UE.. ¿Cómo beneficiará a los europeos?

En cuanto a la salud: La pandemia ha puesto en jaque a todo el mundo por lo que un aumento de la digitalización ayudaría en la detección de la propagación de enfermedades, a tomar las medidas adecuadas en cada ocasión y a desarrollar tratamientos más rápidamente.

En el aspecto industrial: Facilitará a las empresas y pymes a invertir en servicios y productos de gran valor al igual que en la innovación en industrias automovilísticas, aeroespaciales, de energías renovables y de la salud.

Y para la sociedad: Garantizará una mayor seguridad a la ciudadanía en cuanto a seguridad vial, ciberseguridad o en el transporte público seguro y limpio. Será una oportunidad también para revitalizar las zonas rurales; y así poder explotar su potencial.

“Queremos liderar el camino, la vía europea, hacia la era digital: sobre la base de nuestros valores, nuestra fortaleza y nuestras ambiciones globales.” comentó la presidenta en su discurso.

¿ Cuáles son las medidas que propone la Comisión?
De los 750 mil millones del plan de recuperación Next Generation EU, un 20% irá dirigido a acciones en el ámbito Digital. Estas son algunas de las medidas que se llevarán a cabo:

Supercomputación: Europa ha elaborado un nuevo presupuesto ambicioso de 8 mil millones de euros a fin de mantener el liderazgo en la supercomputación. Con esta inversión se podrá:

Desarrollar y mantener una infraestructura de datos con la ayuda de aplicaciones científicas, industriales y sociales.

Contribuir en el descubrimiento de la vacuna contra la Covid.

Despliegue de la tecnología de 5G. La conectividad 5G es considerada por la UE como la piedra angular de la transformación digital y un pilar esencial para la recuperación.

Ofrecerá importantes oportunidades económicas en los próximos años para aumentar la competitividad europea y la sostenibilidad y fomentará la expansión de la infraestructura de red.

Es por eso que la Comisión propone reducir cualquier coste: eliminando aquellos obstáculos administrativos innecesarios y aumentar la velocidad de despliegue de las redes de muy alta capacidad.

Y lo que es más, Europa continúa comprometida a no dejar de lado otros temas en mente como es la lucha contra el cambio climático por tanto se necesitará del compromiso de los países para lograr que el impacto medioambiental real sea mínimo.

Inversión pública para la recuperación

domingo, 18 de octubre de 2020

Inversión pública para la recuperación

FMI

Vitor Gaspar, Paolo Mauro, Catherine Pattillo y Raphael Espinoza

Los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas extraordinarias para afrontar la crisis de la COVID-19. Sin dejar de centrarse en dar respuesta a la emergencia sanitaria y proporcionar asistencia de emergencia a hogares y empresas, los gobiernos han de preparar las economías para la transición al mundo pospandemia, lo que incluye ayudar a las personas a volver a trabajar.

La inversión pública es esencial. La nueva edición de nuestro informe Monitor Fiscal muestra que aumentar el gasto público en las economías avanzadas y de mercados emergentes podría ayudar a reactivar la actividad económica tras el derrumbamiento de la economía mundial más brusco y profundo de la historia contemporánea. También podría crear millones de puestos de trabajo directamente en el corto plazo y millones más de forma indirecta en el largo plazo. Un aumento de la inversión pública equivalente al 1% del PIB podría fortalecer la confianza en la recuperación e incrementar el PIB en un 2,7%, la inversión privada en un 10% y el empleo en un 1,2% si las inversiones son de alta calidad y si la actual carga de la deuda pública y privada no menoscaba la respuesta del sector privado a estos estímulos.

En esta edición de nuestro informe Monitor Fiscal analizamos por qué se necesita más inversión pública, el efecto que podría tener en el crecimiento y el empleo y lo que los gobiernos pueden hacer para cerciorarse de que la inversión contribuya a la recuperación.

Argumentos a favor de un aumento de la inversión

Ya antes de la pandemia, llevábamos más de un decenio con la inversión mundial en niveles muy bajos, pese al evidente deterioro de carreteras y puentes en algunas economías avanzadas y las ingentes necesidades de infraestructuras de transporte, agua potable, saneamiento, etc. en la mayoría de las economías emergentes y en desarrollo. Ahora existen necesidades acuciantes de inversión en sectores fundamentales para el control de la pandemia, como la atención de salud, la educación, la seguridad de los edificios, la seguridad del transporte y la infraestructura digital.

El bajo nivel de las tasas de interés en todo el mundo también apunta a que es un buen momento para invertir. El nivel de ahorro es elevado, el sector privado se mantiene a la espera y hay muchas personas desempleadas que pueden ocupar los puestos de trabajo que se creen gracias a la inversión pública. La inversión privada es muy escasa, debido a la fuerte incertidumbre acerca del futuro de la pandemia y las perspectivas económicas. Por lo tanto, en muchos países ha llegado la hora de acometer inversiones públicas de alta calidad en proyectos prioritarios, lo que puede hacerse endeudándose a un costo reducido.

La inversión pública ser fundamental para la recuperación, ya que podría generar, de forma directa, entre 2 y 8 puestos de trabajo por cada millón de dólares gastado en infraestructuras tradicionales, y entre 5 y 14 empleos por cada millón gastado en investigación y desarrollo, electricidad verde y edificios eficientes.

No obstante, los proyectos de inversión pueden tardar en ejecutarse. Para que la inversión cree empleos ahora —que es cuando más se necesitan—, los países deberían impulsar el mantenimiento de las infraestructuras, siempre que se considere seguro. También es hora de empezar a reconsiderar y reanudar proyectos prometedores que se retrasaron por la crisis, de acelerar proyectos ya previstos para que se cristalicen en los próximos dos años y de concebir otros nuevos ajustados a las prioridades poscrisis.

Encontrar el equilibrio justo

Sin embargo, a algunos países les resultará endeudarse para invertir en vista de que las condiciones de financiamiento son restrictivas. Aun así, un aumento progresivo de la inversión pública financiada mediante deuda podría compensar a estos países, siempre que los riesgos de refinanciamiento de la deuda y las tasas de interés no suban demasiado y que los gobiernos escojan con acierto los proyectos de inversión. Es posible que los países también tengan que reasignar el gasto o recaudar ingresos adicionales para inversiones prioritarias.

Los países más pobres —especialmente en el contexto de los Objetivos de Desarrollo de Sostenible para 2030— necesitarán ayuda financiera de la comunidad internacional. Invertir en la adaptación al cambio climático es crucial, sobre todo en los países susceptibles a inundaciones y sequías. Ha habido ayuda oficial, pero los USD 10.000 millones asignados en 2018 se quedan cortos frente a los USD 25.000 millones de inversión que necesitan anualmente las economías de bajo ingreso, según estimaciones del personal técnico del FMI.

Mantener la calidad de los proyectos de inversión es esencial. Hemos observado, por ejemplo, que el costo de un proyecto concreto puede aumentar hasta un 10%-15% simplemente si se lleva a cabo en un período en el que la inversión es especialmente elevada. Los incrementos de costos tienden a ser más altos y los proyecto sufren retrasos más prolongados si se autorizan y ejecutan cuando la inversión pública aumenta sustancialmente, según nuestro análisis. Los incrementos rápidos de la inversión pública también acarrean el riesgo de facilitar la corrupción. Igualmente, resulta crucial mejorar la gestión de gobierno relacionada con la selección y administración de los proyectos, porque hay un margen de un tercio, en promedio, para mejorar la eficiencia de las infraestructuras (como muestra un libro publicado recientemente por el FMI sobre cómo una sólida gestión de la infraestructura puede poner fin al despilfarro de la inversión pública: Well Spent: How Strong Infrastructure Governance Can End Waste in Public Investment).

Catalizar de la inversión privada

También analizamos cómo, en esta crisis tan particular, la inversión pública podría dar al crecimiento un impulso suficiente para catalizar la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado.

Examinamos si el efecto del gasto público adicional en el PIB (el «multiplicador fiscal») podría atenuarse porque algunos trabajos no pueden realizarse de forma segura durante la pandemia y porque las empresas saldrán de la crisis con menos capacidad financiera para invertir.

No obstante, en esta época de gran incertidumbre, la inversión pública puede fortalecer la confianza de los inversionistas privados en la recuperación y alentarlos a que ellos también inviertan, en parte porque es una muestra del compromiso del gobierno con el crecimiento sostenible. Los proyectos de inversión pública también pueden estimular la inversión privada de una forma más directa. Por ejemplo, las inversiones en comunicaciones digitales, electrificación o infraestructuras de transporte posibilitan el surgimiento de nuevas empresas. Asimismo, nuestros resultados muestran que las inversiones en sanidad y otros servicios sociales están asociadas con notables incrementos de la inversión privada en un horizonte temporal de un año.

En resumen, la inversión pública es un componente muy poderoso de los programas de estímulo destinados a limitar las repercusiones económicas de la pandemia. Incluso mientras continúan salvando vidas y los medios de subsistencia de los ciudadanos, los países pueden ir sentando los cimientos de una economía más resiliente si invierten en actividades muy productivas, generadoras de empleo y más verdes.

En Donamaría. Navarra

sábado, 17 de octubre de 2020

El Gobierno remite a la Comisión Europea el Plan Presupuestario 2021

sábado, 17 de octubre de 2020

Ministerio de Hacienda

Plan Presupuestario

El Gobierno remite a la Comisión Europea el Plan Presupuestario 2021

 El documento recoge una significativa reducción del déficit público de 3,6 puntos en 2021 hasta situarse en el 7,7% del PIB gracias al crecimiento económico y a los mayores ingresos fiscales

 El Plan incluye una revalorización de las pensiones que garantiza el poder adquisitivo de los mayores, la implementación plena del Ingreso Mínimo Vital y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas

 El Plan incorpora 27.000 millones de euros de inversión correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a financiar con los nuevos fondos comunitarios

 La previsión de crecimiento para España en 2021 es del 7,2% y alcanza el 9,8% al incluir el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 El impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno en 2020 para combatir la pandemia, proteger las rentas de trabajadores y autónomos y dar liquidez a las empresas, asciende a más de 215.000 millones de euros

15 de octubre de 2020.- El Gobierno remite hoy a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2021 en cumplimiento de las normas comunitarias. El documento, que se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y podrá consultarse aquí, incluye las previsiones del cuadro macroeconómico y la evolución de las finanzas públicas en un contexto de pandemia mundial por la COVID-19 sin precedentes en el último siglo.

El Plan Presupuestario parte de una situación de emergencia sanitaria y refleja el efecto de las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico, social y laboral de esta crisis. Unas decisiones que han permitido proteger la renta de los trabajadores y autónomos, ayudar a los colectivos más vulnerables y dar liquidez a las empresas y a las administraciones territoriales.

El objetivo del Gobierno, recogido en el documento enviado a Bruselas, es presentar en breve unos Presupuestos Generales del Estado para 2021 que sean el principal instrumento para la recuperación económica y social de España. Unos Presupuestos expansivos que combinarán el fortalecimiento del Estado del Bienestar y el impulso de la inversión con el inicio de una senda de reducción del déficit. Como ha recordado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la suspensión de las reglas fiscales no implica que el Gobierno renuncie a mejorar el saldo fiscal de la Administración Pública.

Además, los Presupuestos serán el vehículo para canalizar más de 27.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos en 2021 que financiarán las inversiones y reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno la pasada semana y que sentará las bases de un nuevo modelo productivo basado en la digitalización, la transición energética, la cohesión social y la igualdad.

Impacto de medidas contra la COVID

El Plan Presupuestario detalla el impacto de las medidas aprobadas por el Gobierno este año para luchar contra la emergencia sanitaria y paliar los efectos económicos, laborales y sociales de la crisis.

El Gobierno aprobó un conjunto de medidas para reforzar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y el transporte, incluyendo el Fondo COVID de 16.000 millones de euros de transferencias para las comunidades autónomas orientado a garantizar los recursos necesarios en esta materia.

Además, se aprobaron medidas sin precedentes para apoyar a las familias y a los trabajadores, así como a los colectivos más vulnerables y también a las empresas por valor de 55.588 millones de euros en 2020. De hecho, en el peor momento de la crisis un tercio de la población activa estuvo protegida por esta red de seguridad.

Entre estas medidas se encuentran la regulación y el apoyo financiero público de los ERTES, que han permitido salvaguardar el empleo y las rentas de millones de trabajadores, y apoyar a más de medio millón de empresas; la prestación por cese de actividad de los autónomos que ha beneficiado a un millón y medio de trabajadores por cuenta propia.

Además, el Gobierno adoptó una serie de medidas para aliviar las cargas fiscales y de cotizaciones de las empresas y los autónomos con un impacto de casi 1.000 millones de euros. Asimismo, el Ejecutivo también ha puesto en marcha distintas líneas de avales y garantías por valor de 159.469 millones de euros para garantizar la viabilidad de empresas afectadas por la pandemia y, en segunda instancia, financiar proyectos de inversión que permitan fortalecer y ampliar nuestro tejido productivo.

Todas las medidas aprobadas por el Gobierno para luchar contra la pandemia y mitigar la crisis suman 215.979 millones de euros en 2020.

Reducción del déficit

La presentación del Plan Presupuestario se produce en un contexto inédito que ha llevado a la Comisión Europea a tomar medidas extraordinarias como la aplicación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2020, que también se prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.

En línea con esta decisión comunitaria, el Gobierno de España ha aprobado la suspensión de las reglas fiscales de 2020 y 2021, como también han adoptado otros países europeos. Esto implica la suspensión de los objetivos de estabilidad para esos dos ejercicios, que serán sustituidos por unas tasas de referencia. En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene en el Plan Presupuestario el compromiso de avanzar a partir del próximo año en una senda descendente del déficit.

De hecho, el documento recoge que el déficit en 2021 se situará en el 7,7% del PIB, lo que supone uno de los mayores descensos de la serie con una caída de 3,6 puntos respecto al dato de 2020. Esta reducción se produce en gran medida por la recuperación de los ingresos gracias a la mejor evolución del ciclo económico –con la estimación de un fuerte repunte del PIB- y a las medidas tributarias relacionadas con una fiscalidad más justa y progresiva, adaptada a las nuevas áreas de negocio y a los impuestos medioambientales.

La distribución del déficit de 2021 por subsectores muestra que la Administración Central asumirá la mayor parte del coste de la pandemia, como ha ocurrido desde el inicio de la emergencia sanitaria. De esta forma, la tasa de referencia inicial de la Administración Central será del 2,4%; para las Comunidades Autónomas del 2,2%; la Seguridad Social un 3%; y para las Entidades Locales un 0,1%.

Sin embargo, como ya explicó la ministra de Hacienda en la presentación del techo de gasto, el Gobierno ha decidido que la Administración Central asuma la mitad del déficit de las Comunidades Autónomas y gran parte del déficit de la Seguridad Social.

En concreto, el Estado aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas. Es decir, el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.

Por tanto, la tasa de referencia final de la Administración Central es del 5,2%. La referencia de las Comunidades Autónomas se reduce a la mitad y se situará en el 1,1% y la Seguridad Social pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%.

Las Entidades Locales mantendrán su tasa de déficit del 0,1%, aunque gracias a la suspensión de las reglas fiscales podrán hacer uso de sus remanentes y contribuir así en la recuperación económica y social de España.

Cuadro 2.6 bis. Previsiones 2021

Asimismo, la ratio de deuda pública sobre el PIB comenzará a reducirse en 2021 al situarse en 117,4%, frente al 118,8% de 2020.

El Plan Presupuestario contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020. Este descenso en la ratio es consecuencia del mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020. Un aumento de los ingresos públicos que se explica por la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio.

El impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley contra el Fraude fiscal se sitúa en 6.847 millones en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja.

Por ejemplo, en 2021 se aplicará el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, que fueron aprobados recientemente por el Parlamento y que permitirán modernizar el sistema fiscal y adaptarse a la nueva realidad económica. El próximo año también se impulsará la fiscalidad medioambiental, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. En este contexto, se enmarca la creación del Impuesto sobre Envases de Plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública.

El documento enviado a las autoridades europeas también recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, cuyo objetivo es favorecer hábitos más saludables.

También recoge las medidas incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que permitirán reforzar el control de las prácticas irregulares asociadas a las nuevas tecnologías, combatir la economía sumergida mediante la bajada del límite de pagos en efectivo en el ámbito profesional y también combatir la elusión fiscal de las grandes multinacionales para hacer un sistema tributario más justo.

Revalorización de las pensiones, IMV y permisos de paternidad

El Plan Presupuestario remitido a Bruselas recoge también el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado 2021 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre. Un límite de gasto no financiero extraordinario por la situación de pandemia que no admite comparación con años anteriores.

Para evaluar el techo de gasto hay que tener en cuenta distintas variables. En primer lugar, estaría el denominado techo de gasto homogéneo, que asciende a 136.779 millones. Supone un 7,2% más que el límite de gasto aprobado para 2020. Este incremento se debe a las mayores partidas para respaldar medidas como el Ingreso Mínimo Vital, mayores recursos para la dependencia o la educación. Este límite de gasto sí que admite la comparación con el anterior.

Sin embargo, hay que sumar otras partidas sin correspondencia en ejercicios anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte del déficit de la Seguridad Social, lo que eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros.

Por último, hay que sumar una parte de los fondos europeos. En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España presentará a las instituciones europeas recogerá 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021, que se incorporan al techo de gasto. Además, hay que sumar 2.436 millones del programa REACT-EU que se destinan al Ministerio de Sanidad para repartirlo, posteriormente, entre los territorios para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material y equipamiento sanitario.

Hay que recordar que los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público, ya que se reconocen como un ingreso. Con todos estos factores, el límite de gasto no financiero total se sitúa en 196.097 millones de euros.

La mejora de la economía en 2021 también se refleja en la evolución del gasto. Así, el Plan Presupuestario contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53% en 2020 al 48% en 2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.

Este comportamiento es compatible con un fortalecimiento del Estado del Bienestar y con medidas de protección social. De hecho, el Plan Presupuestario recoge el compromiso del Gobierno con los pensionistas, que verán revalorizada su pensión en 2021 según la inflación prevista. Esto permitirá que los mayores no pierdan poder adquisitivo.

Asimismo, el Plan Presupuestario también recoge el aumento gradual del permiso de paternidad que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad. Esta medida supone un avance más hacia la igualdad real e implica que, por primera vez, los padres y las madres tendrán derecho a las mismas semanas de permiso.

El documento también recoge el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación para luchar contra la pobreza que estaba prevista en el acuerdo de Gobierno y que fue acelerada para ayudar a las personas más vulnerables durante la crisis. Se trata de una prestación que se consolida en 2021 y que permite reforzar el Estado de Bienestar.

Cuadro macroeconómico

El Plan Presupuestario recoge las previsiones del cuadro macroeconómico teniendo en cuenta los últimos datos de evolución económica en un entorno de gran incertidumbre por la evolución del virus. El escenario descrito para el año 2021 cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Así, para 2020 las estimaciones indican una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 11,2%. Sin embargo, para 2021 se prevé un significativo rebote de la economía. La previsión del Gobierno apunta a un crecimiento del 7,2%, cifra que alcanza el 9,8% cuando se incluye el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aportará un mayor dinamismo de la inversión, el consumo privado, las exportaciones y el empleo.

Por su parte, la tasa de paro se reducirá hasta el 16,3%, frente al 17,1% previsto para 2020.

Cuadro macroeconómico inercial y con impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Las competencias digitales como palanca de la transformación digital

sábado, 17 de octubre de 2020

30 Septiembre 2020

Digitalización

Las competencias digitales como palanca de la transformación digital

CEOE

España está por debajo de la media de la UE (puesto 16), con un 43% de personas entre 16 y 74 años que aún carecen de competencias digitales, según Informe DESI (Índice de Economía y Sociedad Digitales).

La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia que el reto de la digitalización no es algo optativo; lo que era un objetivo en el medio o largo plazo, se ha convertido en una prioridad y una urgencia del corto plazo, de la que depende la supervivencia de la mayoría de las empresas. Teniendo en consideración lo mucho que nos está ayudando la tecnología y la digitalización en estos duros momentos, resulta imprescindible hacer un mayor esfuerzo por consolidar y aumentar el avance tecnológico en España y sus empresas.

El presidente de Telefónica, Jose Mª Álvarez Pallete, señalaba en su intervención en la Cumbre Empresarial de CEOE del pasado mes de junio: «Es como si nos hubieran metido en una cápsula del tiempo y hubiéramos avanzado cinco años en digitalización». En la misma línea, Fuencisla Clemares, directora Google España, se refería, en esa misma cumbre, a que «el COVID ha puesto de manifiesto la relevancia de la tecnología en todos los ámbitos». «Creo que también nos ha marcado el camino de la recuperación, que no es otro que seguir apostando por la digitalización de la empresa y de las instituciones españolas a todos los niveles», añadía.

El último Informe DESI “Índice de Economía y Sociedad Digitales”, que mide el rendimiento y evolución de los Estados miembros de la UE en materia de competitividad digital, recoge, entre otros indicadores, el capital humano. «Españan está por debajo de la media de la UE (puesto 16), con un 43% de personas entre 16 y 74 años que aún carecen de competencias digitales», precisa.

En la última edición del Plan Digital 2025 de la CEOE publicada en junio 2020, pone de manifiesto así mismo que «el empleado del futuro debe reunir aquellas competencias que le permitan una mayor adaptación al cambio.(…) Si los trabajadores son formados en las nuevas tecnologías que les afectan a su trabajo, se propicia una mayor adaptación al cambio cultural».

CEOE Campus conoce de primera mano los retos a los que se enfrentan las empresas y sus profesionales, y les brindamos las herramientas de desarrollo que necesitan para impulsar su competitividad. Por esta razón, y con el objetivo de promover la digitalización en España mediante el conocimiento, hemos cerrado una alianza con The Valley Digital Business School. Con este acuerdo, CEOE Campus y The Valley trabajarán en conjunto para ofrecer a profesionales y empresas el acceso a la formación en competencias digitales que precisan para mejorar su competitividad en el mercado y sus oportunidades de empleabilidad, reducir sus tiempos de reacción ante los cambios de la economía digital, incrementar su adaptación y acelerar su aplicación a las nuevas circunstancias.

La colaboración de The Valley como partner académico de CEOE Campus en los programas de digitalización inicia su andadura con Claves de la Digitalización, que comienza el próximo 5 de octubre, Programa Profesional Digital, que iniciará el 12 de noviembre, y Programa Líder Digital en 2021.

En palabras de Nuria Torrijos, directora del área Digitalización en CEOE Campus, «la transformación digital se ha acelerado desde la irrupción de la pandemia, sin embargo, el reto está ahora en los profesionales que tenemos que cambiar el CHIP cultural abrazando la tecnología e innovación continua. Esta colaboración posibilita sumar a aquellos profesionales que todavía no lo han hecho»

Para Ana Delgado, Chief Education Officer & Partner en The Valley y directora académica del programa, «la llegada de la pandemia ha cambiado la forma de hacer las cosas, tanto en el ámbito personal como profesional. Nos encontramos ahora en un entorno cambiante que ha puesto en evidencia la necesidad de contar con habilidades digitales que permitan a los profesionales adecuar los procesos a la nueva realidad, para seguir siendo exitosos y relevantes. Así, con este acuerdo, ponemos a disposición el expertise del ecosistema digital The Valley, para seguir ayudando a empresas y profesionales a aprovechar las oportunidades de la economía digital, teniendo siempre como premisa el conocimiento».

La CNMC aprueba con compromisos la adquisición por parte de ÇIMSA del negocio de cemento blanco de CEMEX

sábado, 17 de octubre de 2020

La CNMC aprueba con compromisos la adquisición por parte de ÇIMSA del negocio de cemento blanco de CEMEX

30 Septiembre 2020

Competencia

◦La concentración se aprueba tras un intenso trabajo en segunda fase y un paquete de compromisos que ha sido sometido a un test de mercado, tanto con los competidores como con los principales clientes de las partes, así como a un análisis económico exhaustivo a partir de los datos de clientes de cemento blanco a granel y ensacado en España
◦Los compromisos presentados suponen, en primer lugar, la transferencia por parte de ÇIMSA de su derecho de uso sobre la terminal de Alicante en favor de CEMENTOS MOLINS. Esta transferencia incluye la lista de clientes a los que ÇIMSA ha suministrado desde Alicante y los activos necesarios ubicados en la terminal.
◦En segundo lugar, y con el objetivo de garantizar el suministro de cemento blanco en la zona sur de España, se ha presentado un compromiso adicional que establece que ÇIMSA utilizará el silo de CEMEX ubicado en Motril para servir a los clientes de cemento blanco hasta ahora servidos desde la terminal de Sevilla de ÇIMSA, así como a los clientes de CEMEX servidos desde Motril.
◦La Comisión vigilará el efectivo cumplimiento de los compromisos, debiendo ÇIMSA informar periódicamente a la CNMC sobre el avance en cumplimiento e implementación de los mismos. Igualmente, el Consejo de la CNMC encomienda a la Dirección de Competencia una supervisión proactiva de los precios y condiciones comerciales en el mercado de cemento blanco en España.

La CNMC ha acordado la aprobación de la adquisición por parte de Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret, A.S (ÇIMSA) del negocio de cemento blanco de las sociedades Cemex España Operaciones, S.L.U., Cemex, S.A.B. de C.V. y Cemex España, S.A.(CEMEX), excluyendo determinados activos. Esta decisión se ha adoptado tras una intensa investigación en segunda fase y va acompañada de un paquete de compromisos dirigidos a solucionar los problemas de competencia detectados durante la investigación y manifestados en el test de mercado (C/1052/19).

Con esta adquisición ÇIMSA se convierte en el líder del mercado tanto en cemento blanco a granel como en ensacado, dando lugar a cuotas superiores al 50% en el caso de cemento blanco a granel.

Para valorar las repercusiones derivadas de la adquisición propuesta, la CNMC realizó un primer test de mercado dirigido a conocer la opinión de competidores y clientes afectados por la operación. En julio de 2019, acordó el paso de la operación a “segunda fase”, con el objetivo de realizar un análisis en profundidad de los posibles efectos adversos para la competencia derivados de la operación.

En febrero de 2020, la Dirección de Competencia elaboró un pliego de concreción de hechos en el que se identificaron varios problemas de competencia. Entre otros, se detectó en primer lugar, que la operación daba lugar a elevadas cuotas de mercado, en particular en el mercado de cemento blanco a granel, en las zonas del Levante y sur de España, siendo además estas zonas en las que se consume mayor volumen de cemento blanco a granel. En segundo lugar, se reducía significativamente el número de alternativas para muchos clientes de cemento blanco a granel, dificultando el cambio de proveedor, con la consiguiente reducción del poder de negociación de los mismos, ya de por sí limitado con anterioridad a la operación. Asimismo, se consideró que, tras la operación, la entidad resultante no estaría sujeta a una presión competitiva suficiente por parte de sus competidores en el mercado, ni competidores potenciales y que la reducción del número de alternativas de suministro y la estabilidad del mercado de cemento blanco podía dar lugar a riesgos de efectos coordinados tras la operación.

En ausencia de compromisos, se determinó que la operación reforzaba la ya de por sí elevada concentración en el mercado y posición de liderazgo que venía ostentando CEMEX en cemento blanco a granel en el área de influencia de 400km alrededor de la de la planta adquirida a CEMEX (situada en Buñol), así como en las zonas de Levante y Sur de España, donde se observó una notable reducción del número de las alternativas de suministro de cemento blanco a granel en un radio de 400km para la mayoría de clientes en dichas zonas.

Como consecuencia de lo anterior, ÇIMSA presentó en marzo una propuesta de compromisos para intentar resolver los problemas detectados, compromisos que fueron objeto de mejoras y actualizaciones hasta la presentación de la propuesta final el 27 de julio de 2020.

El paquete final de compromisos aprobado está dirigido a resolver los riesgos a la competencia detectados, garantizando el mantenimiento del número de alternativas de suministro existentes con anterioridad a la operación, especialmente en la zona de Levante, mediante la entrada de un nuevo operador, CEMENTOS MOLINS, a través de la adquisición del silo de Alicante de ÇIMSA y el fondo de comercio asociado al mismo. Además, en la zona Sur de España, los compromisos garantizan la continuidad del suministro de cemento blanco a los clientes de ÇIMSA y CEMEX desde el silo de Motril durante un periodo de dos años.

Compromiso de desinversión del silo de Alicante y fondo de comercio asociado en favor de CEMENTOS MOLINS.

En virtud de este compromiso, ÇIMSA se compromete a transferir a largo plazo el derecho de uso del silo de Alicante en favor de MOLINS, así como todos los activos vinculados a la misma, sujeto a ciertas cláusulas suspensivas relativas a la obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas. La transferencia también incluye los activos de la terminal de Alicante que actualmente utiliza ÇIMSA en el negocio del cemento blanco, así como su fondo de comercio suministrado desde la citada terminal, que incluye la lista de los clientes a los que ÇIMSA ha suministrado cemento blanco desde esta terminal durante los tres últimos años. Asimismo, ÇIMSA se compromete a que la ejecución de dicho compromiso se re realice con carácter previo a la de la operación principal.

La CNMC sometió esta propuesta de compromisos a un test de mercado que incluía los principales clientes de las partes, así como competidores y realizó un análisis económico exhaustivo en base a los datos de los clientes de cemento blanco en España, con objeto de valorar la suficiencia e idoneidad de los mismos.

En este sentido, a la luz de los resultados del test de compromisos y del análisis económico realizado, se constató que, si bien los citados compromisos resolvían los problemas de competencia detectados en el mercado geográfico de 400km alrededor de la planta de Buñol, no resultaban suficientes para resolver los problemas de competencia identificados en la zona sur de España.

Compromiso relativo al uso por ÇIMSA del silo de Motril de CEMEX para servir a los clientes de ambos en la zona Sur de España.

Por ello, el 24 de septiembre de 2020 ÇIMSA presentó un compromiso adicional, dirigido a solventar específicamente los problemas de competencia en la zona sur. De acuerdo con este compromiso, ÇIMSA servirá desde el silo de Motril y hasta el fin de la concesión del mismo en 2022 a la totalidad de clientes de ÇIMSA servidos anteriormente desde su silo de Sevilla, así como a la totalidad de clientes de CEMEX que venían siendo servidos desde Motril con anterioridad a la presente operación. De esta forma se permite que dichos clientes mantengan inalteradas las alternativas de suministro al poder servirse desde Motril durante un plazo de dos años, tiempo suficiente para que el nuevo entrante, CEMENTOS MOLINS, se asiente en el mercado y los clientes de la zona sur puedan, en su caso, adaptarse a los proveedores de cemento blanco alternativos.

La CNMC vigilará el efectivo cumplimiento de los compromisos, debiendo ÇIMSA informar a la CNMC, mediante la remisión de informes quincenales, sobre el avance en cumplimiento e implementación de los mismos.

Por último, a la vista de las características del mercado de cemento blanco en España identificadas en el análisis de esta concentración, el Consejo de la CNMC insta a la Dirección de Competencia a realizar una supervisión proactiva periódica de los precios y condiciones comerciales en dicho mercado.

La AIReF estima que el gasto en pensiones aumentará al 14,2% del PIB en 2050 tras actualizar sus previsiones demográficas

sábado, 17 de octubre de 2020

La AIReF estima que el gasto en pensiones aumentará al 14,2% del PIB en 2050 tras actualizar sus previsiones demográficas

28 septiembre 2020

AIReF

•El incremento del gasto en pensiones de 3,3 puntos del PIB respecto al nivel de 2019, 10,9% del PIB, se explica por los factores demográficos como resultado del proceso de envejecimiento de la población, que se compensa solo parcialmente por la evolución prevista del mercado de trabajo y de los factores institucionales
•En el escenario central, la población aumenta hasta los 54 millones de habitantes en 2050, con entradas anuales netas promedio de 330.000 inmigrantes entre 2020 y 2050, cierta recuperación de la fecundidad y mejoras en la esperanza de vida
•Este escenario central podría alterarse de forma relevante de materializarse algunos escenarios de riesgo simulados por la AIReF, como unos menores flujos de migración neta, el estancamiento del mercado de trabajo o que la crisis de la COVID-19 tenga efectos estructurales
•La AIReF dispone de una herramienta web para simular la evolución del gasto en pensiones en diferentes escenarios
•La AIReF considera que continúan siendo válidas las conclusiones y propuestas de la Opinión de 2019, siendo necesario abordar retos a corto y largo plazo
•En el corto plazo, la AIReF considera conveniente cerrar el déficit estructural de la Seguridad Social, trasladándolo a aquellas partes de la Administración con herramientas suficientes para reducirlo, sin obviar la necesidad de abordar el déficit estructural de las AAPP que quedaría inalterado
•A largo plazo, siguen vigentes las propuestas de profundización de la reforma paramétrica de 2011. Así, elevar 2 años la edad efectiva de jubilación y aumentar de 25 a 35 años del periodo de cómputo para la jubilación supondría una contención del gasto adicional de 1,4 puntos del PIB
•La institución estima que las reformas paramétricas de 2011, en su regulación actual, suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050 y la aplicación del factor de sostenibilidad desde 2023 implica un ahorro adicional de 0,9 puntos en 2050
•La AIReF afirma que la elevada incertidumbre hace aconsejable empezar a estudiar y debatir otras opciones que garanticen la sostenibilidad, suficiencia y equidad si se materializasen escenarios más adversos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó hoy la actualización de las previsiones demográficas y de gasto en pensiones a largo plazo en las que estima, en su escenario central, que el gasto en pensiones se situará en el 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un incremento de 3,3 puntos desde los niveles actuales. En la Opinión sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social presentada el enero de 2019, la AIReF estimó que esta partida aumentaría hasta el 13,2% en 2048, lo que en la práctica implica un aumento de su anterior estimación.

Las nuevas previsiones incorporan los datos conocidos hasta la fecha y las mejoras metodológicas que la AIReF ha ido incorporando a sus modelos de previsión en los últimos años. Además, contemplan la incidencia de la crisis de la COVID-19 a corto plazo. No obstante, ante la situación de incertidumbre, en este escenario central se ha optado por asumir que no tendrá efectos estructurales sobre la economía española en las previsiones a largo plazo.

Conforme al Documento Técnico presentado hoy por la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, el factor demográfico impulsa fuertemente el crecimiento del gasto en pensiones como resultado del proceso de envejecimiento, siendo compensado parcialmente por la evolución del mercado de trabajo y de los factores institucionales, condicionados por las reformas aprobadas.

Según el escenario central, la población en España aumenta hasta los 54 millones de habitantes en 2050, mientras que la población en edad de trabajar se mantiene por encima de los 30 millones de personas durante todo el horizonte de previsión. Como consecuencia, la tasa de dependencia (entendida como población de más de 66 años dividida entre población entre 16 y 66 años) alcanza el 53% en 2050.

Esta evolución viene explicada por las previsiones en migraciones, fecundidad y esperanza de vida. A partir de su modelo de flujos de migración bilaterales entre más de 100 países, la AIReF estima un flujo de entradas anuales netas promedio de 330.000 personas en el periodo 2020–2050, bajo el supuesto de que se mantienen las políticas migratorias actuales.

En cuanto a la fecundidad, la AIReF prevé una convergencia a 1,4 hijos por mujer en 2050, lo que supone una recuperación desde los niveles históricamente bajos que se han registrado en los últimos años.

Por último, se prevén mejoras continuadas en la esperanza de vida, aunque a menor ritmo que en décadas pasadas, lo que situaría la esperanza de vida al nacer en 86,8 años en 2050. El impacto de la COVID-19 se ha incorporado en las previsiones a corto plazo de la esperanza de vida y de las migraciones, suponiendo caídas significativas pero temporales, en línea con los datos disponibles.

En lo que se refiere al crecimiento y al mercado de trabajo y de manera coherente con las previsiones demográficas ya expuestas, la AIReF asume como escenario central un crecimiento medio del PIB real de 1,4% en el periodo 2020–2050. A corto plazo, la AIReF incorpora sus previsiones propias, que ya recogen el impacto de la COVID–19. Posteriormente, realiza hipótesis sobre las tasas de actividad, el desempleo y la productividad, de acuerdo con la práctica habitual en la literatura académica. Por un lado, la tasa de actividad crecería 2 puntos hasta 2050, reflejando una mayor participación de la población femenina y de los mayores, en consonancia con las reformas tendentes a postergar la edad de jubilación efectiva. Por su parte, la tasa de paro se iría reduciendo, en consonancia con la disminución de la población en edad de trabajar, hasta alcanzar en 2050 una tasa próxima al 7% de la población activa. Por otro lado, la productividad crecería de media un 0,9% al año, igual al promedio de las dos últimas décadas (2000-2019); su trayectoria asume la convergencia en 2035 al 1,1% desde los valores actuales próximos a cero.

En el escenario central, la AIReF considera el impacto de las reformas paramétricas de 2011, que suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050, y la aplicación del factor de sostenibilidad a partir de 2023, lo cual supone un ahorro de 0,9 puntos adicionales de PIB.

Asimismo, la AIReF también ha simulado el impacto que tendría la profundización de las reformas paramétricas de 2011 en línea con las propuestas de la Opinión de 2019. Esta profundización contendría el gasto en pensiones en 1,4 puntos del PIB, asumiendo que la edad efectiva de jubilación se retrasa 2 años sin alterar la edad legal y que el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión aumenta de 25 a 35 años.

Simulaciones de riesgos y efectos sobre el gasto

La AIReF señala que la incertidumbre en torno a las proyecciones demográficas y macroeconómicas es elevada y pueden materializarse escenarios más adversos. Por este motivo, incluye en la actualización simulaciones de escenarios de riesgo, así como un ejercicio de sensibilidad de las principales variables.

Así, una reducción del saldo migratorio neto a la mitad de lo previsto supondría un incremento de 1,9 puntos de PIB de gasto en pensiones.

También un mayor estancamiento del mercado laboral con una convergencia de l a tasa de paro estructural al 10% -en lugar del 7% incluido en su escenario central- implicaría un incremento del gasto en pensiones en 2050, en este caso de 1,2 puntos.

Por último, la institución considera un tercer escenario en el que la actual crisis de la COVID-19 tiene un impacto estructural sobre el PIB potencial y la productividad, lo que elevaría el gasto en 0,7 puntos del PIB.

En el lado positivo, el plan de Recuperación y Resiliencia puede ser el detonante de reformas estructurales que mejoren la productividad, el crecimiento potencial y el empleo.

Propuestas

Como resultado de este análisis y teniendo en cuenta la situación actual, la AIReF considera que continúan siendo válidas las propuestas incluidas en la Opinión de 2019. En el corto plazo, considera conveniente cerrar el déficit estructural de la Seguridad Social, trasladándolo a aquellas partes de la Administración con herramientas suficientes para reducirlo. No obstante, señala que la resolución a corto plazo del déficit estructural de la Seguridad Social no debe rebajar la necesidad de afrontar los retos a largo plazo, ni hacer olvidar que el déficit estructural de las AAPP permanecería inalterado.

Por ello, siguen vigentes las propuestas de profundización de las reformas paramétricas para contener el incremento previsto del gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población. Una pronta implementación de las reformas permitiría una implantación más gradual que si se retrasan en el tiempo, facilitando su aceptación social y la adaptación de las decisiones individuales a la nueva situación.

De hecho, la elevada incertidumbre hace aconsejable que se empiecen a estudiar y debatir otras opciones que garanticen la sostenibilidad, suficiencia y equidad del sistema si se materializasen escenarios más adversos. La AIReF considera que un acuerdo en el Pacto de Toledo sería un buen principio, aunque su efectividad para garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social dependerá de la concreción de las recomendaciones en la normativa.

La AIReF dispone en su página web de una herramienta web que permite simular la evolución del gasto en pensiones en diferentes escenarios. Puedes acceder a esta herramienta en este enlace.

La Marina de Alicante

viernes, 16 de octubre de 2020

El presidente de la comisión de Asuntos Fiscales: “No podemos permitir que continúen los paraísos tributarios en la UE”

viernes, 16 de octubre de 2020

El presidente de la comisión de Asuntos Fiscales: “No podemos permitir que continúen los paraísos tributarios en la UE”

Parlamento Europeo

El recién elegido presidente de la nueva comisión de Asuntos Fiscales, el socialdemócrata Paul Tang, asegura que este órgano polítco será el centro europeo de debate sobre fiscalidad.

Entrevista con el presidente de la subcomisión de Asuntos Fiscales, Paul Tang

¿Cuáles serán las tareas principales de la nueva comisión de Asuntos Fiscales del Parlamento?

Estamos en una etapa crítica. Los gobiernos están ahora, justificadamente, gastando miles de millones en salvar vidas y en medios de subsistencia. Pero las deudas que se contraigan ahora deberán reembolsarse. Después de la última crisis, cometimos un doble error: optar por la austeridad y aumentar los impuestos a la clase media. Solo los más ricos se quedaron al margen de las consecuencias. Esta vez tendrá que ser diferente. Hay que buscar formas de gravar a aquellos que no están pagando justamente su parte, que son tanto las personas con mayor poder adquisitivo como las grandes corporaciones. Podemos salir de esta crisis de una manera justa y mantener la confianza de nuestros ciudadanos. Solo las empresas evitan pagar entre 50.000 y 190.000 millones de euros en impuestos cada año. La nueva comisión trabajará para hacer frente a esta injusticia desde el corazón de nuestro sistema económico. También trabajaremos para que nuestro sistema tributario impulse la sostenibilidad. Si se adoptan impuestos que hagan pagar a los agentes más contaminantes, podemos estimular la innovación y favorecer al medio ambiente.

Anteriormente, los comités fiscales en el Parlamento han sido comités de investigación, creados para investigar escándalos como los llamados Lux Leaks y Panama Papers, ¿por qué es ahora necesario contar con un comité permanente?

Desde que empecé en el Parlamento Europeo hace cinco años, ¡hemos tenido comisiones sobre asuntos fiscales casi de forma permanente! Después de publicar sus respectivos informes, se disolvían, hasta que se tenían que volver a reestablecer tras aparecer otro escándalo tributario. Con esta comisión permanente podemos continuar el valioso trabajo de los organismos anteriores en términos de investigación y sensibilización del público, pero también podemos tener el foco a largo plazo. Podemos, por ejemplo, entablar relaciones duraderas con los parlamentos nacionales y otras organizaciones internacionales. De esta forma, la comisión de Asuntos Fiscales se convertirá en el centro europeo de debate sobre fiscalidad.

La UE no tiene muchas competencias en el ámbito fiscal, ¿qué diferencia puede marcar está comisión?

Como demostraron las comisiones anteriores, gran parte de lo que se trata son asuntos que permanecen en la sombra. Simplemente presionando para que haya más transparencia, daremos un impulso que propiciará el cambio. Los ciudadanos exigen acción, y esta comisión será su voz en el ámbito europeo.

En los últimos años, ha habido muchas revelaciones y filtraciones sobre la evasión fiscal a nivel global y el blanqueo de capitales, ¿cómo cree que ha respondido la UE?

Inevitablemente, la posición que la UE ha adoptado con los Estados miembros no ha sido la misma que con los países no miembros. La lista de paraísos fiscales no pertenecientes a la UE ha sido útil para ejercer presión sobre paraísos fiscales conocidos. No es perfecta, sobre todo tras la eliminación [por parte del Consejo, encargado de esta lista] de las Islas Caimán, pero es un comienzo. Para los países de la UE, por otro lado, la presión tiene que ejercerse principalmente desde el Parlamento Europeo. En marzo de 2019, señalamos siete países de la UE, incluido mi país de origen, los Países Bajos, como paraísos fiscales. Señalarlos y avergonzarlos ayudó enormemente a cambiar la mentalidad de la población en los Países Bajos, lo que provocó que cada vez más compatriotas reconozcan la necesidad de reformas duras. ¡Siete paraísos fiscales de la UE cuestan a los Gobiernos de los otros Estados miembros más de 40.000 millones de euros cada año! No podemos permitir que esto continúe y confío en que la adopción del fondo de Recuperación y Resiliencia haga que la presión sobre estos Gobiernos aumente. La Comisión debería ser muy clara: los paraísos fiscales de la UE deben reformar su sistema fiscal o sus planes de recuperación y resiliencia no se aprobarán.

UGT reclama un marco de diálogo social para el Plan de Recuperación

viernes, 16 de octubre de 2020

UGT reclama un marco de diálogo social para el Plan de Recuperación

07 Octubre 2020

El Sindicato echa en falta, entre los objetivos, la modernización de la legislación laboral, el refuerzo de la protección social y la lucha contra la pobreza

•La modernización económica y social de nuestro país pasa por la lucha contra el desempleo y la precariedad

•La creación de 800.000 empleos es un objetivo realista, e incluso escaso, si tenemos en cuenta el volumen de inversiones y los empleos destruidos durante la pandemia

La Unión General de Trabajadores considera que el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’, presentado esta mañana por el presidente del Gobierno, marca un buen camino para acometer la modernización de nuestro país, con un esfuerzo inversor potente e inédito hasta el momento, que debe servir para hacerlo más justo, más igualitario, más productivo y con más estado de bienestar.

En este sentido, y en primer lugar, es necesario poner en valor el papel de la Unión Europea para afrontar el proceso de reconstrucción post-COVID, y la oportunidad que ofrece la pertenencia de nuestro país a la UE para acometer este proyecto común con el resto de los socios comunitarios.

Recuperar los servicios públicos más debilitados

No obstante, y compartiendo la filosofía de cambio y modernización en la que se inspira el Plan, el Sindicato echa en falta aspectos que considera fundamentales en ese proceso, como la modernización de la legislación laboral, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y los servicios públicos. En este sentido, UGT considera absolutamente imprescindible que una parte de los recursos del Plan estén dirigidos a abordar el fortalecimiento de los servicios públicos (educación, sanidad, atención a la dependencia) que han evidenciado mayores debilidades durante la pandemia.

Derogar las reformas laborales

Para UGT la modernización económica y social de nuestro país debe incluir la lucha contra el desempleo y la precariedad. Tal y como hemos defendido hoy mismo, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el Plan de Recuperación debe contener entre sus objetivos la lucha contra el trabajo no decente (temporalidad, bajos salarios, brechas salariales, desigualdad, desempleo, excesos de horas extras no pagadas, etc.). Y dado que el principal factor generador de precariedad es la reforma laboral, es imprescindible abordar el proceso de diálogo necesario para su derogación.

En el proceso de reformas de la legislación laboral y social deben incluirse, además, la derogación de la reforma de pensiones de 2013 y la apertura de un nuevo marco de futuro para el sistema público de pensiones; la revisión del sistema de protección por desempleo para restablecer niveles de cobertura dignos; y medidas de lucha contra la lacra del desempleo masivo y la situación de pobreza de miles de trabajadores y trabajadoras que tiene empleo pero no recursos suficientes para una vida digna.

Las repercusiones sobre la creación de empleo avanzadas por el presidente Sánchez, con una creación de en torno a 800.000 puestos de trabajo, son para UGT realistas, e incluso escasas, teniendo en cuenta la capacidad de creación de puestos de trabajo de algunos sectores (como la rehabilitación de vivienda) y los puestos de trabajo perdidos en los últimos meses.

El Plan de Reconstrucción requiere diálogo social

Si bien el presidente del Gobierno, durante su presentación del Plan de Reconstrucción, ha hecho referencia a la participación de los agentes sociales, UGT considera imprescindible formalizar un ámbito de diálogo social para la participación de las organizaciones sindicales en los aspectos fundamentales de planificación y seguimiento del mismo. En esta línea, además, se está trabajando en el conjunto de los países de la Unión Europea, con la coordinación de la Confederación Europea de Sindicatos.

Según el Abogado General Pitruzzella, el Derecho de la Unión establece, en principio, una obligación de aceptar efectivo en euros para el pago de deudas pecuniarias

viernes, 16 de octubre de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 119/20

Luxemburgo, 29 de septiembre de 2020

Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-422/19 Johannes Dietrich/Hessischer Rundfunk y C-423/19 Norbert Häring/Hessischer Rundfunk

Según el Abogado General Pitruzzella, el Derecho de la Unión establece, en principio, una obligación de aceptar efectivo en euros para el pago de deudas pecuniarias

Sin embargo, la Unión y los Estados miembros, en el ejercicio de competencias distintas de la relativa a la política monetaria, pueden imponer restricciones al uso de billetes de banco en euros como medio de pago por motivos de interés público, con sujeción a ciertas condiciones

Dos ciudadanos alemanes, que debían abonar el canon audiovisual en el Land de Hesse (Alemania), ofrecieron pagar dicho canon en efectivo a la Hessischer Rundfunk (Radiotelevisión de Hesse). Este organismo, invocando su Estatuto sobre el procedimiento de pago del canon audiovisual, que excluye la posibilidad de pagar dicho canon en efectivo, rechazó los ofrecimientos de pago de los dos ciudadanos y les envió sendos requerimientos de pago.

Ambos ciudadanos impugnaron esos requerimientos y el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) ha terminado conociendo del asunto. Ante este órgano jurisdiccional, dichos ciudadanos sostuvieron que tanto el Derecho nacional [en concreto, el artículo 14 de la Gesetz über die Deutsche Bundesbank ―Ley del Banco Central Alemán (en lo sucesivo, «BBankG»)] como el Derecho de la Unión (1) establecen la obligación incondicional e ilimitada de aceptar billetes denominados en euros como medio para liquidar deudas monetarias. Según ellos, dicha obligación solo puede limitarse mediante acuerdo contractual entre las partes o en virtud de una autorización prevista por una ley federal o por el Derecho de la Unión. Añaden que la exclusión del pago en efectivo no puede justificarse por motivos prácticos relacionados con los pagos por parte de un número muy elevado de contribuyentes («procedimientos masivos»).

El Bundesverwaltungsgericht considera que la exclusión de la posibilidad de pagar el canon audiovisual en efectivo, prevista en el Estatuto sobre el procedimiento de pago de la Hessischer Rundfunk, es contraria al artículo 14 de la BBankG, disposición de Derecho federal de rango superior, según la cual los billetes de banco denominados en euros son de curso legal «ilimitado». Dicho tribunal se interroga, no obstante, sobre la conformidad de la citada disposición de la BBankG con la competencia exclusiva de la Unión en materia de política monetaria. Se pregunta, asimismo, si el propio Derecho de la Unión no contiene la prohibición de que las entidades públicas de los Estados miembros se nieguen a que se dé cumplimiento mediante billetes denominados en euros a una obligación pecuniaria impuesta en virtud de prerrogativas públicas, lo que conllevaría que el Estatuto de la Hessischer Rundfunk fuera contrario al Derecho de la Unión. El presente asunto presenta, por tanto, cuestiones inéditas y de naturaleza constitucional relativas al contenido de la competencia exclusiva atribuida a la Unión con respecto a la política monetaria, así como relativas a los efectos del curso legal de los billetes denominados en euros previsto en el Derecho de la Unión. Este asunto también plantea la cuestión de si es posible que los Estados miembros cuya moneda es el euro adopten normas nacionales que restrinjan el uso de efectivo.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Giovanni Pitruzzella señala, en primer lugar que, en el sistema de reparto de competencias de la Unión previsto en los Tratados, cuando se atribuye a la Unión una competencia exclusiva en un sector determinado, solo ella puede legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho sector y los Estados miembros pierden cualquier prerrogativa al respecto. (2) En lo que atañe específicamente a la política monetaria, según el Abogado General, la competencia exclusiva atribuida a la Unión no se limita a la definición y a la aplicación de una política monetaria en términos operativos (política monetaria «en sentido estricto»), sino que comprende también todas las competencias y todas las facultades necesarias para la creación y el correcto funcionamiento de la moneda única, el euro. Esto incluye una dimensión normativa que comprende la definición y la regulación del estatuto y del curso legal de la moneda única y, en particular, de los billetes y monedas denominados en euros. De ello se desprende que una norma de Derecho nacional adoptada por un Estado miembro cuya moneda es el euro que, atendiendo a su objetivo y a su contenido, regula el curso legal de los billetes denominados en euros, invade el ámbito de competencia exclusiva atribuida a la Unión y, por tanto, no es conforme con el Derecho de la Unión.

Dicho esto, el Abogado General precisa, no obstante, que la competencia exclusiva atribuida a la Unión respecto a la moneda única no llega hasta el extremo de incluir una competencia general para regular las modalidades de extinción de las obligaciones pecuniarias, ni de Derecho privado ni de Derecho público, que sigue estando en manos de los Estados miembros. Por lo tanto, un Estado miembro puede adoptar una disposición de Derecho nacional que, atendiendo a su objetivo y a su contenido, no regule el curso legal de los billetes denominados en euros, sino la organización y el funcionamiento de la administración pública que imponga a dicha administración una obligación de aceptar los pagos en efectivo por parte de sus administrados.

Corresponde al Bundesverwaltungsgericht, que es el único competente para determinar el alcance exacto de la normativa nacional, decidir si el artículo 14 de la BBankG es una disposición que, atendiendo a su objetivo y a su contenido, constituye una regulación del curso legal de los billetes denominados en euros. Según el Abogado General, parece que dicho artículo pretende completar el concepto de Derecho de la Unión de curso legal de los billetes. Si este fuera el caso, procedería entonces considerar que el citado artículo regula el curso legal de los billetes denominados en euros y que, por tanto, al invadir el ámbito de competencia exclusiva de la Unión en relación con la política monetaria, no debe ser aplicado.

En respuesta a otra cuestión del Bundesverwaltungsgericht, el Abogado General señala que, ante la falta de una definición normativa de curso legal de los billetes denominados en euros, corresponde al Tribunal de Justicia determinar por vía interpretativa el alcance de dicho concepto de Derecho de la Unión.

A la luz de un análisis de los elementos interpretativos pertinentes que proporciona el Derecho de la Unión, (3) el Abogado General Pitruzzella concluye que, en el estado actual del Derecho de la Unión, el concepto de curso legal de los billetes de banco debe ser interpretado en el sentido de que conlleva una obligación de principio, a cargo del beneficiario de una obligación de pago, de aceptar efectivo por parte del deudor de una obligación pecuniaria, con dos excepciones: por un lado, en caso de que las partes contratantes, en virtud de la autonomía privada, hayan acordado otros medios de pago; y, por otro lado, en caso de que la Unión o un Estado miembro cuya moneda es el euro, en el ejercicio de sus respectivas competencias distintas de la política monetaria, hayan adoptado una norma, la cual, atendiendo a su objetivo y a su contenido, no tenga por objeto la regulación del curso legal, sino que establezca, por motivos de interés público, restricciones al uso de billetes denominados en euro como medio de pago. Restricciones de esta índole son compatibles con el concepto de Derecho de la Unión de curso legal de los billetes denominados en euros siempre y cuando no den lugar, de hecho o de Derecho, a una supresión total de los billetes de banco denominados en euros, se establezcan por motivos de interés público y existan otros medios legales para la liquidación de deudas monetarias. Asimismo, deben ser proporcionadas y adecuadas para lograr el objetivo de interés público perseguido y no deben rebasar los límites de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo.

El Abogado General indica asimismo que la Unión no establece un derecho absoluto al pago en efectivo en todos los casos, pero que el valor del curso legal atribuido al efectivo puede tener una conexión directa con el ejercicio de derechos fundamentales en los casos en que el uso de efectivo funciona como un elemento de inclusión social. En efecto, en el momento actual, el uso de dinero en una forma distinta de su forma física representada por el efectivo presupone que se utilicen servicios financieros básicos, a los que un número de personas nada desdeñable aún no tiene acceso. Para estos individuos «vulnerables» el efectivo constituye la única forma de dinero accesible y, en consecuencia, el único medio para ejercitar sus derechos fundamentales vinculados al uso del dinero. En consecuencia, las medidas de limitación del uso de efectivo como medio de pago deben tener en cuenta la función de inclusión social que este desempeña para esos individuos vulnerables y garantizar la existencia efectiva de otros medios legales para liquidar deudas pecuniarias. El Abogado General considera que existe una obligación de adoptar medidas que permitan a las personas vulnerables que no tienen acceso a los servicios financieros básicos cumplir las obligaciones que les incumben, en particular de naturaleza pública, sin que esto les suponga cargas adicionales.

Corresponde, sin embargo, al Bundesverwaltungsgericht determinar la compatibilidad con el Derecho de la Unión y con el curso legal de los billetes denominados en euros de una norma nacional, como el Estatuto sobre el procedimiento de pago del canon audiovisual de la Hessischer Rundfunk, que establezca restricciones al pago con billetes denominados en euros. A este respecto, el Abogado General observa que la medida parece prever una exclusión absoluta y sin excepciones al pago del canon audiovisual mediante billetes, sin que se haya tomado en consideración la función de inclusión social que el efectivo desempeña para los individuos vulnerables mencionados anteriormente.

El Abogado General subraya, por último, que no se desprende en absoluto de la disposición del TFUE que atribuye al curso legal el alcance de concepto de Derecho primario, 4 ni de ninguna otra disposición de Derecho de la Unión, que el legislador constitucional de la Unión haya pretendido excluir la posibilidad de que la Unión atribuya valor de curso legal, paralelamente a los billetes y a la monedas metálicas en euros, a otras formas de dinero, no necesariamente físicas, como, por ejemplo, a una moneda digital (Central Bank Digital Currency).

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

1 Artículo 128, apartado 1, tercera frase, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), reproducido en el artículo 16, párrafo primero, segunda frase, del Protocolo (n.º 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en el artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (DO 1998, L 139, p. 1)
2 Conforme al artículo 2 TFUE, apartado 1, en tal caso, los Estados miembros pueden adoptar de manera autónoma actos jurídicamente vinculantes solo si están facultados por la Unión al respecto o para aplicar actos de la Unión.
3 Esto es, la Recomendación 2010/191/UE de la Comisión, de 22 de marzo de 2010, sobre el alcance y los efectos del curso legal de los billetes y monedas en euros (DO 2010, L 83, p. 70) y el considerando 19 del Reglamento n.º 974/98.

SOTEU. Primeras reacciones de expertos

viernes, 16 de octubre de 2020

SOTEU. Primeras reacciones de expertos

SOTEU a debate

Comisión Europea

El primer discurso de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el último debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU), es la prueba de que en Europa hay un sentimiento de querer formar parte de un proyecto común.

05/10/2020

Siguiendo esta línea, hemos contado con la opinión de expertos en temas europeos para conocer mejor el programa de propuestas y medidas de la UE para el próximo año.

Hablamos con Francisco Fonseca, director de la Representación de la Comisión Europea en España, con Federico Steinberg, Investigador Principal del Real Instituto Elcano, profesor de la UAM y Asesor Especial del Alto Representante para la Política Exterior Europea Josep Borrell, y con Susana del Río, Doctora en Ciencias Políticas, Académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes, Directora del Grupo de expertos Convención sobre el futuro de Europa, Fide.

Los tres coinciden en que han visto un discurso ambicioso, urgente y necesario donde la presidenta mostró confianza en el proyecto europeo ante el Parlamento Europeo.

“La UE debe afrontar los desafíos en un mundo global y en un modelo multilateral de relaciones entre países y continentes con diferentes programas políticos”, comenta Susana del Río.

“El programa es bastante ambicioso en el sentido de que intenta que la autonomía estratégica de la Unión se vaya desarrollando, que juegue un papel más importante en el mundo y poner el acento de la recuperación económica con los nuevos fondos en los temas digitales y medioambientes, […]” responde Federico Steinberg

Las propuestas más fuertes según los expertos son: el Plan de Recuperación Europeo, el Pacto Verde o la digitalización. Y dentro de ellas, Francisco Fonseca destaca otras medidas concretas:

La creación de una agencia biomédica europea BARDA responsable de coordinar toda la investigación biomédica en Europa, en cuanto a vacunas, resistencia a la pandemia y protocolo sanitario, “hace falta no despilfarrar energía, hace falta coordinarlo”, comenta Fonseca.
La implantación en Europa de una sede europea a favor del hidrógeno, dado a la carencia de materias primas, el hidrógeno garantiza el futuro frente al carbono.
La decisión de invertir 8 mil millones de euros a crear unos grandes centros europeos coordinados de supercomputación.

Según Francisco Fonseca: “El imposible es no intentarlo, creo que es preferible fracasar a decir no puedo intentarlo porque es imposible […]”

El mayor reto de la Unión Europea
En la última pregunta de la entrevista nos interesó conocer qué inconvenientes puede haber en la Unión Europea a la hora de llevar a cabo su programa y esto fue lo que los expertos contestaron:

“El mayor problema que tenemos en Europa es que somos percibidos en el exterior como una adición de intereses de Estados Unidos […]”, contesta Francisco Fonseca. “No puede ser que nos vean como una adición de intereses nacionales”.

Este año, “El mayor reto que tiene la Unión Europea es ser Unión Europea” *- comenta Susana del Río, – “es ser ejemplo en su manera de crear políticas y de llegar acuerdos entre diferentes partidos y gobiernos a través del debate”.

Para poder conseguir este objetivo, todos los países deben trabajar conjuntamente con la base de los valores, tener como referencia firme la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y proteger una democracia supranacional europea de calidad.

Federico Steinberg destaca que Europa debe vencer sus divisiones internas para avanzar hacia una mayor integración en el mundo y mostrarse fuerte ante otras potencias como China, Estados Unidos o Rusia.

Madrid. Edificios de oficinas

jueves, 15 de octubre de 2020

El Notariado tiene que borrar todos los DNI que ha digitalizado en las operaciones mercantiles

jueves, 15 de octubre de 2020

El Notariado tiene que borrar todos los DNI que ha digitalizado en las operaciones mercantiles


Forman parte de la base de datos de Titulares Únicos del Consejo General
El fallo considera que afecta a la protección de datos de los ciudadanos


Xavier Gil Pecharromán


Madrid 13/10/2020 – El Economista


El Consejo del Notariado tiene que proceder a la destrucción certificada de todos los datos y documentos recabados de las notarías, a través de la digitalización de los DNI de los participantes en operaciones mercantiles para su inclusión en la base de titulares únicos, paralelo al que llevan acabo los Registros Mercantiles para la lucha contra la corrupción y el Blanqueo de Capitales.

Así, lo ordena el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 1 de octubre de 2020, en la que determina que el Consejo General del Notariado carece de competencia para recabar directamente y de forma generalizada e indefinida cualquier información del notario, imponiéndole a este la obligación de remitirla, «pues su cometido se reduce a proporcionar información estadística así como suministrar información del índice único».

La ponente, la magistrada Prendes Valle, estima que esta obligación irrumpe en la esfera de los ciudadanos, ya que desde el momento en el que la imagen digitalizada de su DNI se debe conservar en una base de datos, estaríamos ante un tratamiento de datos que no tendría soporte legal y al que no ha prestado su consentimiento. Ello es especialmente relevante teniendo en cuenta que en el Acuerdo del Consejo General del Notariado, por el que se pone en marcha este procedimiento, se explica que la imagen del DNI y sus datos pueden ser «reaprovechados» tanto dentro del colectivo notarial como fuera de él para los servicios existentes en la Plataforma Signo (Servicio Integrado de Gestión Notarial).

La legislación notarial impone a los notarios la obligación de custodia
La ponente recuerda que la causa de nulidad, en cuanto el acuerdo del Pleno del Consejo General del Notariado, que obliga a los fedatarios a digitalizar los DNI y remitirlos al Consejo, excede de las competencias y atribuciones que le son asignadas en el artículo 344 del Reglamento Notarial al no incluirse la posibilidad de dictar normas de alcance general, sin que el Acuerdo de 16 de diciembre de 2017 pueda equivaler a una mera circular.

Además, recuerda que la causa de nulidad, la legislación notarial impone a los notarios la obligación de custodia, hasta el punto que no pueden permitir tampoco sacar de su archivo ningún documento que se halle bajo su custodia por razón de su oficio, ni pueden dejar examinarlo, sin que proceda un decreto judicial, salvo lo dispuesto en la norma (artículo 32 de la Ley del Notariado). «En contraposición, el Consejo del Notariado se arroga el tratamiento de datos personales que a priori le corresponde al notario al no existir una disposición en contrario», concluye la ponente.

El recuso que anula el acuerdo del Consejo del Notariado ha sido presentado por un grupo de cinco notarios y por el Colegio de Registradores. La sentencia es recurrible en casación ante el Supremo.

El Gobierno firma un protocolo de buenas prácticas con la Asociación Española de Anunciantes y AUTOCONTROL para la publicidad en entornos digitales

jueves, 15 de octubre de 2020

09 de octubre de 2020

El Gobierno firma un protocolo de buenas prácticas con la Asociación Española de Anunciantes y AUTOCONTROL para la publicidad en entornos digitales

mineco.gob.es

El acuerdo fija un marco de autorregulación para la publicidad digital con el objetivo de asegurar que las comunicaciones comerciales digitales se llevan a cabo de forma responsable y proteger a los usuarios, especialmente a los menores
El entorno digital ocupa ya la primera posición por volumen de inversión publicitaria en España, con más de un tercio del total

Representantes del Gobierno, la Asociación Española de Anunciantes y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) han suscrito hoy un protocolo de buenas prácticas que servirá de marco común para mejorar los contenidos publicitarios en entornos digitales. El acuerdo pretende así proteger a los usuarios y especialmente a los menores, principales consumidores de contenido digital.

Los firmantes se han comprometido a colaborar en el desarrollo y promoción de actuaciones de autorregulación, a compartir información relativa al ámbito del acuerdo y a organizar y llevar a cabo cuantas acciones de divulgación, formación o estudio se consideren convenientes. Para el seguimiento de este protocolo se ha constituido además una Comisión integrada por dos representantes de cada una de las partes.

El texto, abierto a nuevas incorporaciones futuras, ha sido suscrito por Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ambos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, junto a Rafael Escudero, secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo, Lidia Sanz, directora general de la Asociación Española de Anunciantes, y José Domingo Gómez, director general de AUTOCONTROL.

En ese sentido, la autorregulación ha demostrado ser una importante vía complementaria a la administrativa y judicial en el ámbito publicitario, garantizando que este tipo de contenido se ajusta a la normativa en vigor.

Protección efectiva, también en internet

El objetivo del acuerdo es asegurar que las comunicaciones comerciales digitales se llevan a cabo de forma responsable y se ajustan, como sucede con la publicidad en otros formatos, a la normativa vigente. En ese sentido, por ejemplo, este tipo de contenido debe ser claramente identificable, igual que sus promotores y responsables.

El entorno digital es especialmente sensible por su dinamismo en la introducción de nuevas fórmulas y herramientas, tales como la publicidad comportamental, la publicidad programática, la publicidad nativa, la integración de recomendaciones publicitarias en contenido de influyentes o el contenido patrocinado.

Internet es ya el principal segmento dentro de los medios convencionales en lo que se refiere a volumen de inversión publicitaria, lo que supone un 38,6% de los 2.296,2 millones de euros de inversión totales registrados en 2019. Además, es el segmento de mayor crecimiento, con un 8,8% de variación respecto al año anterior.

Día de la Niña: “¿que no qué? Soy una niña, puedo hacer lo que me proponga”

jueves, 15 de octubre de 2020

Día de la Niña: “¿que no qué? Soy una niña, puedo hacer lo que me proponga”

USO

11 octubre, 2020

En el Día de la Niña, USO quiere dejar claro que las niñas no están predestinadas a futuras “tareas femeninas” si no son dirigidas culturalmente

Hoy se celebra la novena edición del Día Internacional de la Niña, instaurado por la ONU en 2011 y que se conmemoró por primera vez el 11 de octubre de 2012. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó para reivindicar los derechos de todas las niñas, así como para fomentar el conocimiento de los numerosos problemas a los que se enfrentan en todo el mundo, especialmente en los países menos desarrollados.

De hecho, el germen del Día de la Niña se dio en China, de la mano de Unicef hace 25 años. Era simbólico, al ser China un país donde la “ley del hijo único” golpeó especialmente a las niñas. Millones de niñas, nunca conoceremos cifras oficiales, fueron asesinadas al nacer, especialmente en la China rural. Otras acabaron superpoblando orfanatos en condiciones infrahumanas. Se desató un movimiento de adopciones internacionales desconocido hasta entonces. ¿Por qué es un estigma nacer niña? El estigma se va adquiriendo socialmente, pues las niñas no nacen “predestinadas a tareas femeninas”.

¿Que no qué? Soy una niña, puedo hacer lo que me proponga

Antes de estar influidas por lo que la sociedad espera de ellas, las niñas tienen un abanico natural de inquietudes y capacidades que incluye tanto las que “se esperan de ellas” como las que, también socialmente, se atribuyen a los niños.

Por eso, desde USO queremos visibilizar qué hacen las niñas: las niñas hacen de todo y, de no ser teledirigidas durante su educación, descubrirán sus vocaciones profesionales sin injerencias. Las niñas pueden, no deben, ser cuidadoras. Pueden hacerlo si lo deciden, si es su vocación, como tampoco puede estigmatizarse a un niño que decida orientarse a los cuidados u otras “actividades femeninas”.

Así, en USO hemos elegido para este día el lema “¿Que no qué? Soy una niña, puedo hacer lo que me proponga”. Y la hemos ilustrado con imágenes que, por suerte, hoy son comunes entre nuestras niñas. Las niñas tienen habilidades artísticas, tienen fuerza, les gusta la informática, tienen ingenio, pueden cuidar y curar, pueden disfrutar por igual las actividades físicas y las intelectuales… son niñas.

Hoy, solo como un ejemplo, no como un único día al año en el que pelear por sus derechos, queremos visibilizar a las niñas desarrollando actividades que culturalmente han sido atribuidas a niños, además de aquellas que se les presuponen a ellas. Hay que romper desde edad temprana con los estereotipos de género. Así se eliminarán a futuro las discriminaciones de género que podrán sufrir en etapas posteriores y que se trasladan al mundo laboral, con trabajos más precarios, salarios inferiores y más presencia en las tareas peor tratadas.

Además de la educación externa, optativa o reglada, es importante que el ejemplo de igualdad de capacidades nazca de cada entorno familiar y de las tareas del día a día, sin discriminación entre los miembros masculinos y femeninos de la familia. Las niñas no pueden ser conducidas durante su crecimiento hacia la formación que tradicionalmente se le asigna a una mujer: deben elegir libremente sus vocaciones tras estimular sus múltiples capacidades.

Esclavitud sexual, mutilación genital o matrimonio infantil: abusos con nombre de niña

Las niñas sufren un abuso específico de algunos de sus derechos fundamentales. Aunque varios de los atentados contra los Derechos Humanos en la infancia se dan indistintamente contra niños y niñas, como es el trabajo infantil, ellas son las que sufren por amplia mayoría la esclavitud sexual y el matrimonio infantil; y un ataque a su integridad física intolerable, como la mutilación o ablación genital.

Desde USO, queremos alzar la voz contra esos abusos, que empiezan con un desigual acceso a la educación o la discriminación en cuanto a libertades personales, y puede terminar en la justificación de la violencia de género y la explotación sexual.

Según Ayuda en Acción, el matrimonio infantil afecta a 15 millones de niñas en países del África subsahariana, Latinoamérica y en el Sudeste Asiático. Según Plan Internacional, 13 de esos 15 millones de niñas son casadas contra su voluntad, y antes de convertirse en mujeres, en África. Los otros 2 millones se reparten entre Latinoamérica y Asia.

Algunos de los países que permiten el matrimonio infantil son Senegal, Malí, Níger, Mozambique, Irán, Arabia Saudí, Sudán y Bangladesh. Sin embargo, según Plan Internacional, el matrimonio infantil también afecta a los países en desarrollo: una de cada tres mujeres se casa antes de los 18 años, siendo niña, afectando en mucha mayor medida a las niñas en situación de pobreza.

Además, según Save the Children, aproximadamente 1,2 millones de niños y niñas son víctimas de explotación sexual. Recoge un documento de Naciones Unidas que las mujeres y niñas suponen el 71% de las víctimas de trata, y el 96% de los casos de trata es por explotación sexual.

El trabajo infantil, una lacra que acaba con la infancia de 151 millones de niños y niñas en todo el mundo

En lo referente al trabajo infantil, Unicef estima que unos 151 millones de niños y niñas son víctimas de esa práctica en todo el mundo. Prácticamente la mitad, 72 millones, es explotada en forma de esclavitud, trata, trabajo forzoso o reclutamiento para conflictos armados.

Al igual que en el caso del matrimonio infantil, casi la totalidad de las niñas que sufren trabajo infantil se encuentra en África y en Sudeste Asiático. Cabe añadir a Oriente Medio y a países desarrollados que, además, también cuentan con casos de explotación sexual de menores.

Respecto a otros tipos de discriminación o abuso, Plan Internacional apunta que entre 500 y 1.500 millones de niños y niñas son víctimas de todo tipo de violencia cada año. Una parte sustancial de estos casos se producen en las escuelas. Según el estudio “Escuchad nuestras voces”, un 28% de niñas se siente insegura en el camino al colegio. Y, además, una de cada cuatro nunca se siente cómoda en los aseos de las escuelas. Es remarcable también que en Asia un 70% de los niños y niñas asegura haber sufrido violencia en el colegio.

Todos estos problemas suponen una traba real para el cumplimiento de los derechos de la infancia y, en particular, de las niñas. Aún nos queda un camino muy largo por recorrer para llegar a su solución. Desde USO, seguiremos trabajando por los derechos de las niñas, desde grandes políticas hasta los ámbitos más pequeños.

La AIReF estima que el gasto en pensiones aumentará al 14,2% del PIB en 2050 tras actualizar sus previsiones demográficas

jueves, 15 de octubre de 2020

La AIReF estima que el gasto en pensiones aumentará al 14,2% del PIB en 2050 tras actualizar sus previsiones demográficas

28 septiembre 2020

•El incremento del gasto en pensiones de 3,3 puntos del PIB respecto al nivel de 2019, 10,9% del PIB, se explica por los factores demográficos como resultado del proceso de envejecimiento de la población, que se compensa solo parcialmente por la evolución prevista del mercado de trabajo y de los factores institucionales

•En el escenario central, la población aumenta hasta los 54 millones de habitantes en 2050, con entradas anuales netas promedio de 330.000 inmigrantes entre 2020 y 2050, cierta recuperación de la fecundidad y mejoras en la esperanza de vida

•Este escenario central podría alterarse de forma relevante de materializarse algunos escenarios de riesgo simulados por la AIReF, como unos menores flujos de migración neta, el estancamiento del mercado de trabajo o que la crisis de la COVID-19 tenga efectos estructurales

•La AIReF dispone de una herramienta web para simular la evolución del gasto en pensiones en diferentes escenarios

•La AIReF considera que continúan siendo válidas las conclusiones y propuestas de la Opinión de 2019, siendo necesario abordar retos a corto y largo plazo

•En el corto plazo, la AIReF considera conveniente cerrar el déficit estructural de la Seguridad Social, trasladándolo a aquellas partes de la Administración con herramientas suficientes para reducirlo, sin obviar la necesidad de abordar el déficit estructural de las AAPP que quedaría inalterado

•A largo plazo, siguen vigentes las propuestas de profundización de la reforma paramétrica de 2011. Así, elevar 2 años la edad efectiva de jubilación y aumentar de 25 a 35 años del periodo de cómputo para la jubilación supondría una contención del gasto adicional de 1,4 puntos del PIB

•La institución estima que las reformas paramétricas de 2011, en su regulación actual, suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050 y la aplicación del factor de sostenibilidad desde 2023 implica un ahorro adicional de 0,9 puntos en 2050

•La AIReF afirma que la elevada incertidumbre hace aconsejable empezar a estudiar y debatir otras opciones que garanticen la sostenibilidad, suficiencia y equidad si se materializasen escenarios más adversos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó hoy la actualización de las previsiones demográficas y de gasto en pensiones a largo plazo en las que estima, en su escenario central, que el gasto en pensiones se situará en el 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un incremento de 3,3 puntos desde los niveles actuales. En la Opinión sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social presentada el enero de 2019, la AIReF estimó que esta partida aumentaría hasta el 13,2% en 2048, lo que en la práctica implica un aumento de su anterior estimación.

Las nuevas previsiones incorporan los datos conocidos hasta la fecha y las mejoras metodológicas que la AIReF ha ido incorporando a sus modelos de previsión en los últimos años. Además, contemplan la incidencia de la crisis de la COVID-19 a corto plazo. No obstante, ante la situación de incertidumbre, en este escenario central se ha optado por asumir que no tendrá efectos estructurales sobre la economía española en las previsiones a largo plazo.

Conforme al Documento Técnico presentado hoy por la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, el factor demográfico impulsa fuertemente el crecimiento del gasto en pensiones como resultado del proceso de envejecimiento, siendo compensado parcialmente por la evolución del mercado de trabajo y de los factores institucionales, condicionados por las reformas aprobadas.

Según el escenario central, la población en España aumenta hasta los 54 millones de habitantes en 2050, mientras que la población en edad de trabajar se mantiene por encima de los 30 millones de personas durante todo el horizonte de previsión. Como consecuencia, la tasa de dependencia (entendida como población de más de 66 años dividida entre población entre 16 y 66 años) alcanza el 53% en 2050.

Esta evolución viene explicada por las previsiones en migraciones, fecundidad y esperanza de vida. A partir de su modelo de flujos de migración bilaterales entre más de 100 países, la AIReF estima un flujo de entradas anuales netas promedio de 330.000 personas en el periodo 2020–2050, bajo el supuesto de que se mantienen las políticas migratorias actuales.

En cuanto a la fecundidad, la AIReF prevé una convergencia a 1,4 hijos por mujer en 2050, lo que supone una recuperación desde los niveles históricamente bajos que se han registrado en los últimos años.

Por último, se prevén mejoras continuadas en la esperanza de vida, aunque a menor ritmo que en décadas pasadas, lo que situaría la esperanza de vida al nacer en 86,8 años en 2050. El impacto de la COVID-19 se ha incorporado en las previsiones a corto plazo de la esperanza de vida y de las migraciones, suponiendo caídas significativas pero temporales, en línea con los datos disponibles.

En lo que se refiere al crecimiento y al mercado de trabajo y de manera coherente con las previsiones demográficas ya expuestas, la AIReF asume como escenario central un crecimiento medio del PIB real de 1,4% en el periodo 2020–2050. A corto plazo, la AIReF incorpora sus previsiones propias, que ya recogen el impacto de la COVID–19. Posteriormente, realiza hipótesis sobre las tasas de actividad, el desempleo y la productividad, de acuerdo con la práctica habitual en la literatura académica. Por un lado, la tasa de actividad crecería 2 puntos hasta 2050, reflejando una mayor participación de la población femenina y de los mayores, en consonancia con las reformas tendentes a postergar la edad de jubilación efectiva. Por su parte, la tasa de paro se iría reduciendo, en consonancia con la disminución de la población en edad de trabajar, hasta alcanzar en 2050 una tasa próxima al 7% de la población activa. Por otro lado, la productividad crecería de media un 0,9% al año, igual al promedio de las dos últimas décadas (2000-2019); su trayectoria asume la convergencia en 2035 al 1,1% desde los valores actuales próximos a cero.

En el escenario central, la AIReF considera el impacto de las reformas paramétricas de 2011, que suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050, y la aplicación del factor de sostenibilidad a partir de 2023, lo cual supone un ahorro de 0,9 puntos adicionales de PIB.

Asimismo, la AIReF también ha simulado el impacto que tendría la profundización de las reformas paramétricas de 2011 en línea con las propuestas de la Opinión de 2019. Esta profundización contendría el gasto en pensiones en 1,4 puntos del PIB, asumiendo que la edad efectiva de jubilación se retrasa 2 años sin alterar la edad legal y que el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión aumenta de 25 a 35 años.

Simulaciones de riesgos y efectos sobre el gasto

La AIReF señala que la incertidumbre en torno a las proyecciones demográficas y macroeconómicas es elevada y pueden materializarse escenarios más adversos. Por este motivo, incluye en la actualización simulaciones de escenarios de riesgo, así como un ejercicio de sensibilidad de las principales variables.

Así, una reducción del saldo migratorio neto a la mitad de lo previsto supondría un incremento de 1,9 puntos de PIB de gasto en pensiones.

También un mayor estancamiento del mercado laboral con una convergencia de l a tasa de paro estructural al 10% -en lugar del 7% incluido en su escenario central- implicaría un incremento del gasto en pensiones en 2050, en este caso de 1,2 puntos.

Por último, la institución considera un tercer escenario en el que la actual crisis de la COVID-19 tiene un impacto estructural sobre el PIB potencial y la productividad, lo que elevaría el gasto en 0,7 puntos del PIB.

En el lado positivo, el plan de Recuperación y Resiliencia puede ser el detonante de reformas estructurales que mejoren la productividad, el crecimiento potencial y el empleo.

Propuestas

Como resultado de este análisis y teniendo en cuenta la situación actual, la AIReF considera que continúan siendo válidas las propuestas incluidas en la Opinión de 2019. En el corto plazo, considera conveniente cerrar el déficit estructural de la Seguridad Social, trasladándolo a aquellas partes de la Administración con herramientas suficientes para reducirlo. No obstante, señala que la resolución a corto plazo del déficit estructural de la Seguridad Social no debe rebajar la necesidad de afrontar los retos a largo plazo, ni hacer olvidar que el déficit estructural de las AAPP permanecería inalterado.

Por ello, siguen vigentes las propuestas de profundización de las reformas paramétricas para contener el incremento previsto del gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población. Una pronta implementación de las reformas permitiría una implantación más gradual que si se retrasan en el tiempo, facilitando su aceptación social y la adaptación de las decisiones individuales a la nueva situación.

De hecho, la elevada incertidumbre hace aconsejable que se empiecen a estudiar y debatir otras opciones que garanticen la sostenibilidad, suficiencia y equidad del sistema si se materializasen escenarios más adversos. La AIReF considera que un acuerdo en el Pacto de Toledo sería un buen principio, aunque su efectividad para garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social dependerá de la concreción de las recomendaciones en la normativa.

La AIReF dispone en su página web de una herramienta web que permite simular la evolución del gasto en pensiones en diferentes escenarios. Puedes acceder a esta herramienta en este enlace.