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jueves, 1 de octubre de 2020

El Gobierno suspende la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021

jueves, 1 de octubre de 2020

Medidas extraordinarias frente a la COVID-19

El Gobierno suspende la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021

Miércoles 30 de septiembre de 2020

La Moncloa

El Gobierno ha decidido suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la COVID-19.

Esto implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021. Así lo ha comunicado hoy la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados en un encuentro con los medios de comunicación.

La decisión va en línea con las acciones adoptadas a nivel europeo y tiene como objetivo dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y las empresas.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla en su artículo 3 que «la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea». Y, en este sentido, que la Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo activar la cláusula general de salvaguarda. Y más recientemente, este mismo mes de septiembre, se comunicó que la cláusula de salvaguarda se mantendrá activa en 2021.

Dicha activación implica que no se suspenden los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

Por tanto, la suspensión de las reglas fiscales se produce en cumplimiento de las medidas adoptadas por la UE para reforzar la respuesta a la crisis y desarrollar un marco de reconstrucción, transformación y resiliencia para seguir avanzando.

De esta forma, el Gobierno aprobará la suspensión de la senda de estabilidad vigente y dará el visto bueno al techo de gasto no financiero del Estado de 2021 que se aprobará en los próximos Consejos de Ministros.

Esta medida implica que quedan suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, así como los fijados para el período 2021-2023 aprobados por las Cortes Generales en marzo y que habían quedado desfasados en la situación actual. A pesar de ello, existirán unos niveles de déficit de referencia que servirán para permitir el funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios.

Este acuerdo pretende combatir las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo y protección destinadas a las empresas y los hogares, promover el crecimiento, sentar las bases de la recuperación económica y social y diseñar un marco de colaboración y entendimiento entre las administraciones para salir de la crisis.

Medidas concretas

La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados.

La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos años.

Asimismo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las CCAA y EELL para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Otra consecuencia relevante es que la suspensión de las reglas fiscales permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería para colaborar en la recuperación económica y social de España.

En cualquier caso, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibro de las finanzas públicas.

De hecho, esta suspensión no afecta al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), o en otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales. Así, se mantienen en 2020 los términos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento de las CCAA y EELL, y se mantienen en vigor las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su cumplimiento.

El Gobierno considera que, dada la situación actual del tejido productivo, resulta más importante que nunca reducir los plazos de pago a proveedores, y el Ejecutivo está dando facilidades para que las CCAA y EELL accedan a los recursos necesarios que lo permitan. En ese sentido, la ministra de Hacienda ha adelantado que el periodo medio de pago de julio ha descendido en todos los subsectores.

Compromiso con la estabilidad presupuestaria

El Gobierno de España seguirá trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ya que debe ser tarea conjunta de todas las Administraciones reconstruir la economía y poder continuar cumpliendo con los compromisos europeos de consolidación fiscal, a la par que apoyar a la economía española y a los colectivos más vulnerables.

Esta medida muestra el compromiso del Gobierno para adoptar todas las iniciativas que sean necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las competencias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, teniendo en cuenta el especial papel que estas administraciones están teniendo en la crisis.

No obstante, María Jesús Montero ha insistido en el compromiso incuestionable del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad y los compromisos europeos en materia de consolidación fiscal, por lo que durante este tiempo el Gobierno mantendrá las medidas de seguimiento que sean imprescindibles para permitir el reequilibro de las finanzas públicas en cuanto sea posible.

De esta forma, el Gobierno no renuncia a preservar el principio de estabilidad presupuestaria y sigue creyendo en sus beneficios, fundamentales para preservar la sostenibilidad y el futuro del Estado del Bienestar. Por tanto, el Ejecutivo se compromete a seguir reduciendo el déficit público en los próximos años, aunque la prioridad actual es combatir la pandemia, proteger a familias, autónomos y empresas y sentar las bases de la recuperación económica y social.

Importancia de los PGE 2021

El Gobierno destina todos sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia y en establecer una red de seguridad para evitar que nadie se quede atrás. Con esta finalidad está elaborando unos Presupuestos Generales del Estado que, además de contribuir a la recuperación económica y social, serán una herramienta fundamental para canalizar los recursos que se reciban de la Unión Europea.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 deben ser la herramienta que permita a España salir lo antes posible de la crisis generada por la emergencia sanitaria y hacerlo con pilares más robustos, competitivos y con mayor cohesión social.

El pleno del TC por unanimidad acuerda denegar la petición de suspensión de penas impuestas a Junqueras y Romeva por el Supremo.

jueves, 1 de octubre de 2020

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente Oficina de Prensa

Nota informativa Nº 91/2020

El pleno del TC por unanimidad acuerda denegar la petición de suspensión de penas impuestas a Junqueras y Romeva por el Supremo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad denegar la medida cautelar de suspensión de las penas de prisión e inhabilitación absoluta impuestas por la Sala Penal del Tribunal Supremo a Oriol Junqueras y Raúl Romeva, de trece y doce años de duración, respectivamente.

En relación con las vulneración de las garantías de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria que se atribuyen al tribunal sentenciador, tanto en el ámbito nacional como en relación con el Parlamento Europeo, que fueron denunciadas en la demanda de amparo y que expresamente se invocan como motivo de suspensión, el Tribunal recuerda que, de aceptarse el planteamiento de ese motivo supondría dar por buena la lesión denunciada, aunque fuera de manera provisional; y ello contravendría la doctrina constitucional, que impide sustentar la suspensión cautelar en la anticipación de lo que debe ser resuelto en la sentencia.

Según la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional, para acordar o no la suspensión de las penas privativas de libertad se tiene en cuenta, como directriz inicial, que la pena se sitúe por encima o por debajo de la frontera de los cinco años de prisión, que es la que le sirve al legislador penal para diferenciar entre las penas graves y menos graves”.

El Auto deniega la suspensión dada la notable extensión de las penas privativas de libertad impuestas, sin que en el presente caso concurran las circunstancias excepcionales que, conforme a la doctrina constitucional, justificarían la suspensión de una pena de prisión grave, esto es, superior a cinco años de duración. Por tanto, se considera que debe prevalecer el interés general que comporta la ejecución de la sentencia impugnada.

Respecto a la suspensión de la pena de inhabilitación absoluta, el Tribunal reitera su doctrina y, con base en ella, se desestima la medida, dada la notable extensión de las penas impuestas, la naturaleza de los delitos por los que fueron condenados los recurrentes y la importancia de los cargos públicos que ostentaban cuando se cometieron los hechos delictivos.

Finalmente los recurrentes también alegan como circunstancia sobrevenida la pandemia provocada por el Covid-19. El Auto señala que “no corresponde a este Tribunal dilucidar, y menos aún en este trámite incidental, sobre la procedencia de la excarcelación interesada, pues un pronunciamiento de este Tribunal sobre esa pretensión supondría, además, ignorar la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo”.

Madrid, 16 de septiembre de 2020

Los lanzamientos practicados descendieron un 90,6 por ciento en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia de la alerta sanitaria por COVID-19

jueves, 1 de octubre de 2020

Viernes, 25 de septiembre de 2020

Los lanzamientos practicados descendieron un 90,6 por ciento en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia de la alerta sanitaria por COVID-19

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 92,1 por ciento y los derivados del impago del alquiler, un 89,8. Los concursos se redujeron en un 22,7 por ciento y, por primera vez, los de personas físicas, en total 1.176, superaron a los de personas jurídicas, que fueron 1.129. Se presentaron un 2,6 por ciento menos demandas por despido, mientras que las de reclamación de cantidad bajaron un 36,7 por ciento.

Autor: Comunicación Poder Judicial

La actividad de los órganos judiciales sufrió un importantísimo descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por el COVID-19. La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se realizó en distintas fases, de forma paulatina y escalonada.

La necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los órganos judiciales, las vacaciones de verano y la persistencia de la incidencia de la pandemia hicieron que el segundo trimestre del año tenga unas características de disminución de todos los indicadores tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, por lo que se aconseja tomar con cautela las variaciones interanuales.

Las medidas asociadas al estado de alarma a consecuencia del COVID tuvieron un profundo efecto en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020. El mayor impacto se observó en los lanzamientos. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2020 (1.383) fue un 90,6 por ciento inferior al del mismo trimestre de 2019, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El 73,2 por ciento de los lanzamientos (1.013) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 300 (el 21,7 por ciento) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 70 restantes obedecieron a otras causas.

La disminución interanual de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias fue del 92,1 por ciento, y ya van 20 trimestres consecutivos de disminuciones; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 89,8 por ciento, siendo el quinto trimestre en el que se observan reducciones interanuales.

Andalucía (con 275, el 19,9 por ciento del total nacional) es la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el este trimestre, seguida por la Comunidad Valenciana (con 195), Cataluña (con 148) y Castilla y León (con 126).

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Andalucía, con 172, lo que equivale al 17 por ciento del total; le siguen la Comunidad Valenciana (131); Cataluña (119) y Castilla y León y Madrid (101 cada una). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, Andalucía, con 91, encabeza el ranking, seguida de la Comunidad Valenciana, con 57, y de Cataluña, con 21.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2020 fue de 6.953, un 62,6 por ciento menos que en mismo trimestre de 2019. De ellos, 947 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un decremento interanual del 91,3 por ciento.

En el trimestre analizado se presentaron 3.387 ejecuciones hipotecarias, un 12,2 por ciento menos que en el primer trimestre de 2019. El mayor número se dio en Cataluña, con 826 (el 24,4 por cien del total nacional), seguida de la Comunidad Valenciana, con 659; Andalucía, 588; y Murcia, 273.

El número de concursos presentados entre el 1 de abril y el 30 de junio, contabilizando los presentados en los juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción, fue de 2.305, de los que 1.176 correspondieron a personas físicas no empresarios. Es el primer trimestre en el que los concursos de personas físicas superan a los concursos presentados en los juzgados de lo Mercantil. El total de concursos ha mostrado una reducción del 22,7 por ciento respecto al segundo trimestre de 2019.

En los juzgados de lo Mercantil se han presentado 1.129 concursos, un 34,7 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2019. Como en trimestres anteriores, Cataluña ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los juzgados de lo Mercantil: 417, lo que supone el 36,9 por ciento del total. Le siguieron Madrid, 163; la Comunidad Valenciana, 145; y Andalucía, con 110.

Los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción (1.176) mostraron una disminución interanual del 6,2 por ciento. Cataluña fue el territorio con más concursos presentados (389, el 33,1 por ciento del total nacional). Le siguieron la Comunidad Valenciana y Madrid, con 143; y Andalucía, con 138.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2020 en los juzgados de lo Mercantil fue de 708, con una reducción del 31,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. A esta cifra se añaden los 278 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

En el segundo trimestre de 2020 llegaron a la fase de convenio un total de 48 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 435, un 41,6 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019.

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 108 expedientes, un 14,3 por ciento menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En los juzgados de lo Mercantil se han admitido a trámite 35 concursos consecutivos, 24 de ellos en Cataluña. Se han declarado 201 concursos consecutivos, 132 de ellos en Cataluña; y se han declarado y concluido por el art.176 bis un total de 22.

Las demandas por despido disminuyen un 2,6 por ciento

En el segundo trimestre de 2020 se presentaron 27.401 demandas por despido, un 2,6 por ciento menos que en igual trimestre de 2019. Madrid, con 5.982 (el 21,8 por ciento del total nacional), ha sido la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 5.316; Andalucía, con 3.734, y la Comunidad Valenciana, con 3.273.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los juzgados de lo Social, 21.297, ha sido un 36,7 por cien inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2019. De ellas, 4.212 se presentaron en Andalucía, el 19,8 por cien del total; 3.693 en Madrid; 2.077 en Cataluña y 2.036 en la Comunidad Valenciana.

Los procedimientos monitorios disminuyen un 23 por ciento

En el segundo trimestre de 2020 se han presentado en los Juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción 133.351 procedimientos monitorios, lo que supone una disminución interanual del 23 por ciento. Como en trimestres anteriores, la mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía, con 28.706: le han seguido la Comunidad Valenciana, 18.453; Cataluña, 16.727; y Madrid, 14.049.

Los monitorios europeos, que venían mostrando incrementos interanuales muy importantes desde 2018, han tenido una disminución del 78,8 por ciento en este trimestre. Se presentaron un total de 1.358, de los cuales 292 en la Comunidad Valenciana; 281 en Madrid; y 186 en Galicia.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo)

En el segundo trimestre de 2020 han ingresado en los juzgados especializados 45.988 asuntos de esta naturaleza; se han resuelto 17.617, quedando en tramitación 262.527. Se han dictado 13.161 sentencias, el 97,8 por ciento de las cuales fueron estimatorias. El importante incremento en el ingreso, y en consecuencia en la pendencia, se debe a la Comunidad de Madrid, que ha reflejado el ingreso de 27.555 asuntos, correspondiendo la mayor parte de ellos a asuntos pendientes de registrar.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2020 ingresaron 757, un 20,6 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019, y se resolvieron 449. En Andalucía se ha presentado el mayor número de demandas (236, que representan el 31,2 por ciento del total nacional). Le siguen Cataluña, con 141; Comunidad Valenciana, con 88, y Madrid, con 80.

Los datos estadísticos completos correspondientes al segundo trimestre de 2020 y las series completas desde 2007 están disponibles en este enlace

Las exportaciones alcanzaron los 147.487 millones de euros de enero a julio de 2020

jueves, 1 de octubre de 2020

Informe de comercio exterior, enero-julio de 2020

Las exportaciones alcanzaron los 147.487 millones de euros de enero a julio de 2020

Lunes 21 de septiembre de 2020

La Moncloa

Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron en el mes de julio los 23.385 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 3,3% en comparación con el mes anterior. Sin embargo, la cifra muestra una reducción del 7,5% respecto al mismo mes de 2019, según los datos de comercio declarado de Aduanas.

En el periodo comprendido entre enero y julio, las exportaciones alcanzaron los 147.487 millones de euros, un -14,6% respecto al mismo periodo de 2019. Por su parte, las importaciones bajaron un 18,2%, hasta los 155.367 millones de euros.

Como resultado, el déficit comercial de los siete primeros meses del año 2020 alcanzó los 7.880 millones de euros, un 54,2% menos que el registrado en el mismo periodo de 2019, y la tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se situó en el 94,9% (90,9% en enero-julio de 2019).

Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, «después del impacto que la COVID-19 supuso en los flujos comerciales, las exportaciones se han ido recuperando progresivamente desde mayo hasta ahora y es el tercer mes consecutivo con crecimientos intermensuales. Estos indicios de recuperación del comercio exterior vienen a confirmar que nuestras empresas exportadoras son muy competitivas y están en buena posición para aprovechar las oportunidades que ofrezcan los mercados internacionales a medida que se vaya consolidando la recuperación de la economía mundial».

Datos de enero a julio

Las exportaciones españolas decrecen un 14,6% en línea con otras economías europeas (-12,7% en la zona euro y -12,0% en la UE-27). En este contexto, se redujeron las exportaciones de Francia (-21,1%), Reino Unido (-15,8%) Italia (-14,0%) y Alemania (-13,1%). Fuera de Europa, también bajan las ventas de EEUU (-16,3%), China (-4,1%) y Japón (-15,9%).

El sector que ha aumentado sus exportaciones fue el de la alimentación, bebidas y tabaco. Las principales contribuciones negativas provinieron de los bienes de equipo, el sector del automóvil, los productos energéticos y las manufacturas de consumo.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (60,6% del total) descendieron un 12,6% en los siete primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (53,0% del total) decrecieron un 12,4% y las destinadas al resto de la Unión Europea (7,5% del total), disminuyeron un 14,6%.

Las ventas a terceros destinos (39,4% del total) se redujeron un 17,4% en este periodo, con disminución de las exportaciones a Oceanía (-25,2%), América Latina (-28,3%), África (-23,1%), Oriente Medio (-14,7%), América del Norte (-11,1%) y Asia excluido Oriente Medio (-9,5%).

Por comunidades autónomas, las exportaciones crecieron en Extremadura (+6,8% interanual). Los mayores descensos se dieron en Canarias (-32,0%), el Principado de Asturias (-23,6%) y el País Vasco (-21,6%).

Datos del mes de julio

Las exportaciones españolas de mercancías se redujeron un 7,5% respecto al mismo mes de 2019, aunque aumentó un 3,3% en comparación con el mes de junio de 2020. Las importaciones decrecieron un 14,7% en términos interanuales, mientras que crecieron un 12,0% respecto al mes de junio.

Como resultado, en julio de 2020 se registró un déficit de 306,3 millones de euros, un 87,7% inferior al del mismo mes de 2019. La tasa de cobertura se situó en el 98,7%, 7,7 puntos porcentuales más que en julio de 2019. En cambio, con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, las exportaciones cayeron un 8,4% interanual y las importaciones se aminoraron un 15,3%.

El saldo no energético arrojó un superávit de 929,5 millones de euros (déficit de 647,6 M€ en julio de 2019) y el déficit energético se redujo un 32,8%.

La caída interanual de las exportaciones en julio de España (-7,5%) es menor que la registrada en la zona euro (-9,6%) y en la UE-27 (-9,0%). También es menor a la registrada en Alemania (-11,0%), Reino Unido (-14,9%) y Francia (-19,2%) pero algo mayor a la de Italia (-7,3%). Fuera de Europa, también decrecieron las ventas de Japón (-19,2%) y EEUU (-15,4%) mientras que aumentaron las de China (7,2%).

Los sectores que han aumentado las exportaciones fueron los de alimentación, bebidas y tabaco, otras mercancías y automóvil. Por el contrario, los sectores que contribuyeron negativamente fueron productos energéticos, bienes de equipo, manufacturas de consumo y productos químicos.

En julio de 2020, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 61,5% del total (57,1% en julio de 2019) y se redujeron un 0,4%. Las dirigidas a la zona euro se incrementaron un 0,6% y las destinadas al resto de la UE decrecieron un 7,5%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Alemania (10,2%), mientras que las dirigidas a Francia se mantuvieron estables. Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 38,5% del total y disminuyeron un 17,0% interanual y las ventas a Reino Unido disminuyeron un 19,6%.

El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar en esta dirección web.