AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 5 de octubre de 2020

…por la Explanada de Alicante

lunes, 5 de octubre de 2020

Es conforme con el Derecho de la Unión una normativa nacional que somete a autorización el arrendamiento, de forma reiterada, durante breves períodos de tiempo, de un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda a clientes de paso que no fijan en él su domicilio

lunes, 5 de octubre de 2020

Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 111/20

Luxemburgo, 22 de septiembre de 2020

Sentencia en los asuntos acumulados C-724/18 Cali Apartments
y C-727/18 Procureur général près la cour d’appel de Paris y ville de Paris

Es conforme con el Derecho de la Unión una normativa nacional que somete a autorización el arrendamiento, de forma reiterada, durante breves períodos de tiempo, de un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda a clientes de paso que no fijan en él su domicilio

La lucha contra la escasez de viviendas destinadas al alquiler de larga duración constituye una razón imperiosa de interés general que justifica esa normativa

Cali Apartments SCI y HX son propietarios de sendos estudios situados en París (Francia). Esos estudios, que habían sido ofrecidos en arrendamiento en un sitio de Internet, fueron arrendados sin autorización previa de las autoridades locales, de forma reiterada y durante breves períodos de tiempo, a clientes de paso.

El juez de medidas provisionales del tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia) y, después, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), sobre la base del Código de la Construcción y de la Vivienda francés, condenaron a ambos propietarios al pago de sendas multas y ordenaron la reversión de los inmuebles en cuestión a su uso como vivienda. En efecto, este Código establece, en particular, que en los ayuntamientos de más de 200 000 habitantes y en los de tres departamentos limítrofes con París, el cambio de uso de los inmuebles destinados a vivienda está sometido a autorización previa y que el hecho de arrendar un inmueble amueblado destinado a vivienda de forma reiterada y durante breves períodos de tiempo a clientes de paso que no fijan en él su domicilio constituye un cambio de uso. El citado Código también establece que dicha autorización, emitida por el alcalde del municipio en el que esté ubicado el inmueble, podrá estar supeditada a una compensación consistente en la transformación simultánea en vivienda de un inmueble que tenga otro uso. Siempre según el mencionado Código, la junta municipal establecerá, mediante acuerdo, las condiciones de concesión de las autorizaciones y de determinación de las compensaciones por barrio y, en su caso, por distrito, a la luz de los objetivos de diversidad social, en función, en particular, de las características de los mercados de la vivienda y de la necesidad de no agravar la escasez de vivienda.

En el marco de los recursos de casación interpuestos por los propietarios contra las sentencias pronunciadas por la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) formuló una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia para que se pronunciase sobre la compatibilidad de la normativa nacional en cuestión con la Directiva 2006/123, relativa a los servicios en el mercado interior. 1
Mediante su sentencia de 22 de septiembre de 2020, la Gran Sala del Tribunal de Justicia ha declarado, en primer lugar, que la Directiva 2006/123 se aplica a una normativa de un Estado miembro relativa a actividades de arrendamiento a cambio de una remuneración de inmuebles amueblados destinados a vivienda a clientes de paso que no fijan en ellos su domicilio, efectuadas de forma reiterada y durante breves períodos de tiempo, tanto con carácter profesional como no profesional. A este respecto, ha señalado que dichas actividades están comprendidas en el ámbito del concepto «servicio», en el sentido del artículo 4, punto 1, de la Directiva 2006/123, y que no se
1 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36). corresponden, por lo demás, con ninguna de las actividades excluidas del ámbito de aplicación de esta Directiva por su artículo 2, apartado 2. Además, ha considerado que la normativa controvertida no estaba excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123 por no constituir una normativa general aplicable indistintamente a cualquier persona en materia de ordenación del territorio o urbanismo, en particular de ordenación urbana. Si bien esta normativa pretende, en efecto, garantizar una oferta suficiente de viviendas destinadas al alquiler de larga duración a precios asequibles, solo se refiere a las personas dedicadas a un tipo particular de arrendamiento.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que una normativa nacional que somete a autorización previa el ejercicio de determinadas actividades de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda está comprendida en el concepto de «régimen de autorización», en el sentido del artículo 4, punto 6, de la Directiva 2006/123, y no en el de «requisito», en el sentido del punto 7 del mismo artículo. En efecto, un «régimen de autorización» se distingue de un «requisito» en que implica un trámite por parte del prestador del servicio, así como un acto formal mediante el cual las autoridades competentes autorizan la actividad de ese prestador, lo que sucede con la normativa controvertida.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha indicado que un «régimen de autorización», como el establecido por la normativa controvertida, debe cumplir los requisitos que figuran en el capítulo III, sección 1, de la Directiva 2006/123 y, en particular, en los artículos 9, apartado 1, y 10, apartado 2, de esta Directiva, lo que presupone apreciar, primero, el carácter justificado del propio principio del establecimiento de este régimen, a la vista del artículo 9 de dicha Directiva y, a continuación, los criterios de concesión de las autorizaciones previstas por ese régimen, a la luz del artículo 10 de esa misma Directiva.

Por lo que respecta a las condiciones previstas por el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2006/123, en particular aquellas según las cuales el régimen de autorización debe estar justificado por una razón imperiosa de interés general y el objetivo perseguido por este régimen no debe poder alcanzarse mediante una medida menos restrictiva (criterio de proporcionalidad), el Tribunal de Justicia ha señalado, por un lado, que la normativa controvertida pretende establecer un mecanismo de lucha contra la escasez de viviendas destinadas al alquiler de larga duración, con el objetivo de dar respuesta al deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda y al aumento de las tensiones en los mercados inmobiliarios, lo que constituye una razón imperiosa de interés general. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha señalado que la normativa nacional de que se trata es proporcionada al objetivo perseguido. En efecto, resulta materialmente circunscrita a una actividad específica de arrendamiento de inmuebles, excluye de su ámbito de aplicación las viviendas que constituyen la residencia principal del arrendador, y el régimen de autorización que establece tiene un alcance geográfico restringido. Además, el objetivo perseguido no puede alcanzarse con una medida menos restrictiva, en particular porque un control a posteriori, por ejemplo por medio de un sistema de declaración acompañado de sanciones, no permitiría frenar inmediata y eficazmente el movimiento de transformación rápida generador de una escasez de viviendas destinadas al alquiler de larga duración.

Por lo que respecta a los requisitos aplicables, en virtud del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2006/123, a los criterios de autorización establecidos por la normativa de que se trata, el Tribunal de Justicia ha señalado, en lo que atañe, en primer término, al requisito de que esos criterios estén justificados por una razón imperiosa de interés general, que estos últimos deben, en principio, considerarse justificados por tal razón en la medida en que delimitan las reglas de determinación a nivel local de las condiciones de concesión de las autorizaciones previstas por un régimen adoptado a nivel nacional que resulta justificado por la misma razón.

En lo relativo, en segundo término, al requisito de proporcionalidad de dichos criterios, el Tribunal de Justicia ha manifestado que la normativa nacional de que se trata establece la facultad de acompañar la concesión de la autorización solicitada de una obligación de compensación en forma de transformación concomitante en vivienda de inmuebles con otro uso, en una cuantía definida por la junta municipal de los municipios afectados, a la vista del objetivo de diversidad social y en función, en particular, de las características de los mercados de vivienda y de la necesidad de no agravar la escasez de viviendas. Si bien esta facultad constituye, en principio, un instrumento adecuado para alcanzar esos objetivos, toda vez que deja a las autoridades locales la opción de establecer efectivamente una obligación de compensación, así como de determinar, en su caso, la cuantía de la misma, corresponde al juez nacional comprobar, primero, si dicha facultad proporciona una respuesta efectiva a una escasez de viviendas destinadas al alquiler de larga duración, existente en el territorio de esos municipios. A continuación, el juez nacional debe cerciorarse de que esa misma facultad resulta no solo adecuada a la situación del mercado de alquiler, sino también compatible con el ejercicio de la actividad de arrendamiento de que se trata. Para ello debe tomar en consideración la mayor rentabilidad normalmente generada por esta actividad en relación con el arrendamiento de inmuebles destinados a viviendas residenciales, así como las modalidades prácticas que permiten cumplir con la obligación de compensación en la localidad afectada, asegurándose de que esta obligación pueda satisfacerse mediante una pluralidad de mecanismos de compensación que respondan a condiciones de mercado razonables, transparentes y accesibles.

Por cuanto respecta, en tercer término, al requisito de que los criterios sean claros, inequívocos y objetivos, el hecho de que la normativa controvertida no defina, en particular, mediante umbrales cuantitativos, el concepto de «arrendamiento de un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda de forma reiterada durante breves períodos de tiempo a clientes de paso que no fijan en él su domicilio» no constituye, en sí mismo, un elemento que permita demostrar un incumplimiento de ese requisito, siempre que las autoridades locales precisen los términos correspondientes a ese concepto de manera clara, inequívoca y objetiva. Asimismo, el hecho de que el legislador nacional solo delimite las reglas de determinación, por una autoridad local, de las condiciones de concesión de las autorizaciones previstas por un régimen remitiéndose a los objetivos que dicha autoridad debe tomar en consideración no puede, en principio, llevar a considerar que esas condiciones de concesión son insuficientemente claras y objetivas, sobre todo cuando la normativa nacional controvertida no solo fija las finalidades que deben perseguir las autoridades locales de que se trata, sino también los datos objetivos en función de los cuales dichas autoridades deben determinar las mencionadas condiciones de concesión.

Por último, en lo que atañe, en cuarto término, a los requisitos de publicidad previa, transparencia y accesibilidad de las condiciones de concesión de las autorizaciones, el Tribunal de Justicia ha indicado que para satisfacer esos requisitos basta con que todo propietario que desee arrendar un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda a clientes de paso que no fijan en él su domicilio pueda tener pleno conocimiento, antes de iniciar las actividades de arrendamiento de que se trata, de las condiciones para la concesión de una autorización y de la eventual obligación de compensación, establecidas por las autoridades locales en cuestión, algo que hace posible la publicación de las actas de las reuniones de la junta municipal en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el sitio de Internet del municipio.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El Tribunal Supremo suspende cautelarmente un apartado de la Orden por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos por el Estado de alarma

lunes, 5 de octubre de 2020

Martes, 29 de septiembre de 2020

El Tribunal Supremo suspende cautelarmente un apartado de la Orden por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos por el Estado de alarma

El apartado suspendido dispone que se tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado la petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) y ha suspendido de forma cautelar el apartado segundo de la Orden SND 413/2010, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por el Estado de alarma.

El apartado suspendido dispone que “una vez realizadas las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos cuyos certificados hayan sido objeto de prórroga automática, para la cumplimentación de la fecha hasta la que es válida la inspección en las tarjetas ITV y los certificados de inspección técnica de los vehículos a los que se refieren los artículos 10 y 18 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, se tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas”.

La Sala concluye que procede la suspensión cautelar de dicho artículo ya que lo contrario hace perder su finalidad legítima al recurso, y que en este caso “están en conflicto no un interés público frente a un interés privado, sino solo intereses privados enfrentados: las concesiones de ITV y los titulares de vehículos”.

FENADISMER argumentaba en su petición que la medida le causa no solo un perjuicio económico, pagar dos veces la tasa con apenas días de diferencia, sino también la pérdida de productividad por tener que acudir dos veces seguidas. Además, alegaba en su petición que, en contra de cómo se ha hecho hasta ahora y así establece en su normativa reguladora, sea cual sea el día en que el vehículo pase la revisión en la estación ITV no se consignará como fecha de la próxima revisión la que le corresponda a partir de dicha fecha de realización de la revisión, sino desde la fecha límite en que durante el estado de alarma le correspondía pasarla, sin que exista ninguna razón que lo justifique.

En su auto, la Sala afirma que coincide con el contenido del punto 7 de la resolución del Defensor del Pueblo, al que se refiere el recurrente en su petición, que pone de relieve que “al descontar el periodo de prórroga está acortando (la Administración) el periodo de manera artificial la duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente operación antes de lo previsto”.

El Fondo de Financiación de las CCAA para el cuarto trimestre de 2020 asciende a 4.633,42 millones

lunes, 5 de octubre de 2020

Acuerdo de la CDGAE para la distribución de fondos

El Fondo de Financiación de las CCAA para el cuarto trimestre de 2020 asciende a 4.633,42 millones

Viernes 25 de septiembre de 2020

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado asignar a las Comunidades Autónomas para el cuarto trimestre de 2020 un total de 4.633,42 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas.

La Moncloa

En concreto, se destinan 3.008,57 millones de euros al compartimento Facilidad Financiera (FF) y 1.624,85 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El importe total de 4.633,42 millones de euros se repartirá entre las CCAA adheridas al Fondo de Financiación del siguiente modo:

Las comunidades que reúnen los requisitos exigidos para acogerse al compartimento de Facilidad Financiera son Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y La Rioja.

Las comunidades de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana se financian en 2020 a través del compartimento Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El resto de comunidades (Asturias, Madrid, País Vasco y Navarra) no han solicitado en este trimestre financiación con cargo al Fondo de Financiación 2020.

En el conjunto de 2020, el reparto efectuado a través de los Fondos de Financiación de las Comunidades Autónomas asciende a 31.706,09 millones de euros. Además, el pasado 14 de mayo se aprobó la asignación de 4.152 millones adicionales para atender las desviaciones del objetivo de déficit de 2019 pendientes de financiar (el denominado Extra FLA). De esta forma, con este acuerdo, los territorios recibirán ya 35.858,09 millones de euros procedentes de los mecanismos extraordinarios de liquidez.

La aprobación de este acuerdo reafirma el compromiso del Gobierno con las CCAA y el papel del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas aportando liquidez a los territorios a muy bajo coste, incluso en momentos como el actual de dificultad económica y financiera derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Mayores recursos

Por otra parte, las Comunidades Autónomas recibirán este año la mayor transferencia de recursos procedentes de la Administración central.

Las Comunidades Autónomas se están beneficiando de los 16.000 millones del Fondo COVID-19, de los que ya se ha hecho efectivo el pago de dos tramos por importe de 8.000 millones. Con esta transferencia las comunidades han recibido ya la mitad de este fondo no reembolsable aprobado por el Gobierno para combatir la pandemia.

Además, las CCAA se han visto favorecidas por otras medidas como la aprobación de las entregas a cuenta de 2020 que, por primera vez en la historia, el Gobierno ha actualizado sin que tan siquiera se hubiera aprobado un anteproyecto de Presupuestos. Además, esa actualización se ha hecho sin incluir en el cálculo la caída de ingresos derivada de la pandemia.

De esta forma, las Comunidades Autónomas recibirán este ejercicio 7.907 millones más que el año anterior por el sistema de financiación autonómica. Además, también se han repartido otros recursos, como el Fondo Social Extraordinario.

Contabilizando todas las transferencias directas -sin incluir los préstamos de los mecanismos extraordinarios de liquidez-, el Gobierno ha facilitado a las Comunidades Autónomas 24.532 millones de euros más que el pasado ejercicio.

Puede consultar aquí los datos de los mecanismos extraordinarios de financiación.

La nómina de pensiones contributivas de septiembre se sitúa en 9.911,42 millones de euros

lunes, 5 de octubre de 2020

Seguridad Social

La nómina de pensiones contributivas de septiembre se sitúa en 9.911,42 millones de euros

Viernes 25 de septiembre de 2020

La Moncloa

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 9.911.42 millones de euros a 1 de septiembre, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al mismo mes del año pasado.

En septiembre se abonaron 9.765.352 pensiones contributivas, lo que eleva el total de la nómina a 9.911.425 millones de euros. Esta cuantía creció un 2,25% en los últimos doce meses.

Más de dos tercios de la nómina se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, cuyo montante ascendió a 7.103,24 millones de euros. Esta cuantía supuso un crecimiento del 2,84% en los últimos doce meses.

A las pensiones de viudedad, se destinaron 1.708.997 millones de euros, un 1,42% más que hace un año. La nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se situó en 934,1 millones de euros, lo que supone una ligera variación negativa (-0,40%). El montante de las prestaciones de orfandad fue de 139,6 millones (0,89%), y el de las prestaciones a favor de familiares, de 25,4 millones de euros (3,11%).

Gráfico de la evolución del número de pensiones contributivas

Gráfico de la evolución del número de pensiones contributivas

En el último mes se ha realizado por parte de la Seguridad Social el ajuste estadístico de los pensionistas españoles en el extranjero (que habitualmente se realiza en abril), lo que provoca un impacto en la serie del número total de pensiones que se corregirá el próximo mes cuando ya se pueda realizar la comparación homogénea.

Pensión media

La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), aumentó en el último año un 2,20%, hasta situarse a 1 de agosto en 1.014,96 euros mensuales. La pensión media de jubilación fue de 1.166,72 euros, un 2,28% más que el año pasado. Por su parte, la pensión media de viudedad fue de 728,18 euros al mes (2,07%).

En concreto, las nuevas altas de pensiones de jubilación en agosto, última fecha disponible, son un 4,68% más cuantiosas que las nuevas pensiones de jubilación en el mismo mes de 2019. La media fue de 1.396,1 euros al mes, llegando a 1.517,6 euros/mes en el caso de las procedentes del Régimen General.

Saldo de altas y bajas

Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a lo largo del mes de agosto se registraron 37.179 nuevas altas de pensión, un 2,1% más que hace un año, aunque bajaron respecto al mes anterior.

Si se considera el acumulado anual, desde enero hasta agosto de 2020 han causado alta 330.931 nuevas pensiones, un 13,2% menos que en el mismo periodo del año pasado. Por otro lado, desde enero han causado baja 354.247 pensiones, un 12,8% más que el año anterior. Las prestaciones de viudedad y jubilación son las que concentran un mayor número de bajas, del 16,5% y 13,9%, respectivamente.

Este resultado refleja la evolución de la pandemia de la COVID-19, tanto por el cierre de oficinas en los meses de estado de alarma, que dejaron de prestar atención presencial durante algunas semanas, como por la propia situación de confinamiento, que hizo que muchos ciudadanos postergasen sus gestiones con la Seguridad Social. También hay que tener en cuenta cómo ha influido la pandemia de COVID-19 en términos de mortandad sobre el conjunto de la población y, en mayor medida, sobre el colectivo de las personas de más edad.

Importe de la pensión media por comunidades autónomas

Importe de la pensión media por comunidades autónomas

Clases Pasivas

Por otro lado, el número de pensiones pertenecientes a clases pasivas en vigor en el mes de agosto de 2020 fue de 635.910. La nómina mensual de estas pensiones ascendió a 1.152,93 millones de euros.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

La información completa de las pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social se puede consultar en el archivo adjunto.