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Arco iris en Muxía

miércoles, 7 de octubre de 2020

Martín Miñones

Los fondos europeos y las transferencias extraordinarias a Seguridad Social y CCAA sitúan el techo de gasto de 2021 en 196.097 millones

miércoles, 7 de octubre de 2020

06 de octubre de 2020

mineco.gob.es

Los fondos europeos y las transferencias extraordinarias a Seguridad Social y CCAA sitúan el techo de gasto de 2021 en 196.097 millones

El Gobierno aprueba el acuerdo del límite de gasto no financiero que suspende, siguiendo las recomendaciones europeas, las reglas fiscales

El déficit público registrará el próximo año uno de sus mayores descensos y bajará 3,6 puntos hasta el 7,7% del PIB

En línea con los organismos nacionales e internacionales, se prevé una caída del PIB del 11,2% en 2020 y una recuperación en 2021 del 7,2%

El efecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puede impulsar el crecimiento económico en 2021 en más de dos puntos adicionales, hasta el 9,8%, gracias al mayor dinamismo de la inversión, las exportaciones, el consumo y el empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Acuerdo para establecer el límite de gasto no financiero del Estado para 2021, lo que supone un paso fundamental para la elaboración de los Presupuestos Generales, que deben sentar las bases para la reconstrucción social y económica del país. Se trata de un techo de gasto que asciende hasta los 196.097 millones de euros. Es una cifra que no admite una comparación homogénea con ejercicios anteriores por el contexto de pandemia en el que se ha elaborado y porque incluye transferencias extraordinarias a CCAA y Seguridad Social, así como la absorción importante de un primer paquete de fondos europeos.

Asimismo, el acuerdo contempla también suspender las reglas fiscales en 2020 y en 2021. Se trata de una medida extraordinaria que se adopta en un escenario de pandemia y que se sustenta en la decisión adoptada por la Comisión Europea de activar la cláusula de salvaguarda para este año y el próximo.

El objetivo del Ejecutivo con esta medida es poner a disposición del conjunto de las administraciones públicas todas las herramientas posibles para hacer frente a la emergencia sanitaria y, al mismo tiempo, permitir una flexibilidad fiscal que permita impulsar la recuperación económica y social.

El Gobierno solicitará al Congreso que aprecie si España se encuentra en una situación de emergencia que permita adoptar esta medida excepcional contemplada en la Constitución Española y en la Ley de Estabilidad.

En cualquier caso, como ha recordado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la suspensión de las reglas fiscales no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal. De hecho, la intención del Gobierno es avanzar hacia una senda descendente del déficit público que comenzará de forma significativa a partir del próximo año.

Suspensión de reglas fiscales

En un escenario de pandemia mundial, la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, que también se prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembro dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.

Siguiendo esas directrices de las autoridades comunitarias, el Gobierno de España ha aprobado hoy suspender las reglas fiscales en 2020 y 2021. Se trata de una medida que han adoptado otros países europeos y que también ha recibido el beneplácito del FMI.

Como consecuencia de esta decisión, el Consejo de Ministros ha suspendido la senda y los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno en febrero y que han quedado absolutamente desfasados por el impacto de la crisis.

La suspensión de las reglas fiscales, además de ir en la misma dirección que la adoptada por la UE, es una medida amparada por la Constitución Española y por la Ley de Estabilidad. En concreto, el artículo 135.4 de la Carta Magna recoge esta suspensión en caso de “catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

Por tanto, el Consejo de Ministros ha solicitado al Congreso que declare si España se encuentra en uno de esos supuestos recogidos en la Constitución y que habilitan la suspensión de las reglas fiscales. La ministra de Hacienda ha mostrado su confianza en que la Cámara Baja no tendrá dificultades en pronunciarse a favor de una medida que “dota a las administraciones públicas de la flexibilidad suficiente para abordar la crisis sanitaria, social y económica”.

Sin embargo, la titular de Hacienda ha dejado claro que la suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal. De hecho, Montero ha resaltado que el Gobierno no renuncia a la estabilidad presupuestaria ni tampoco al principio de prudencia a la hora de realizar los Presupuestos Generales.

En este sentido, la ministra de Hacienda ha explicado que, pese a no existir unos objetivos de estabilidad para el próximo año, sí que se han establecido unos déficits de referencia basados en la previsión de crecimiento y que deben servir como guía para elaborar las cuentas públicas a cada una de las administraciones.

Referencia de déficit

La previsión para el año en curso es que el déficit público cierre en torno al 11,3% del PIB. Una cifra elevada por el impacto de la pandemia, pero Montero ha resaltado que la intención del Gobierno es iniciar el camino de la consolidación fiscal mediante una reducción paulatina del déficit público a partir del próximo ejercicio. De hecho, el déficit de referencia en 2021 será del 7,7%, lo que supone un descenso de 3,6 puntos respecto a 2020. Se trata de unas de las mayores reducciones del déficit jamás registradas.

La ministra de Hacienda ha destacado que la disminución del déficit no será a costa de aplicar recortes y agrandar las desigualdades, sino que se hará compatible con el fortalecimiento del Estado de Bienestar y la recuperación social y económica del país.

Referencias por subsectores

La referencia de déficit por subsectores muestra cómo la Administración Central asume la mayor parte del coste de la pandemia, algo que ha ocurrido desde el inicio de la emergencia sanitaria. De hecho, la Administración Central asumirá gran parte del déficit de las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social.

En principio, la tasa de referencia del déficit del 7,7% de 2021 se repartiría de la siguiente forma: un 2,4% para la Administración Central; un 2,2% para las Comunidades Autónomas; un 3% para la Seguridad Social; y un 0,1% para las Entidades Locales.

Sin embargo, la ministra de Hacienda ha anunciado que el Gobierno aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas. Es decir, el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.

Por tanto, la tasa de referencia en 2021 será finalmente del 5,2% para la Administración Central. La referencia de las Comunidades Autónomas se reducirá a la mitad y se situará en el, 1,1%. La Seguridad Social pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%.

Las Entidades Locales mantendrán su tasa de déficit del 0,1%, aunque gracias a la suspensión de las reglas fiscales podrán hacer uso de sus remanentes y contribuir así en la recuperación económica y social de España.

Techo de gasto

El Consejo de Ministros también ha fijado hoy el límite de gasto no financiero del Estado para 2021. Es un paso clave para la elaboración de los Presupuestos Generales que tienen como objetivo reconstruir los daños económicos, sociales y sanitarios provocados por la pandemia. La ministra ha indicado que las cuentas públicas deben ser, además, el vehículo para canalizar los fondos europeos que permitan diseñar la transformación del modelo productivo de España hacia una mayor digitalización, un impulso a la transición energética y una mayor igualdad de género.

Todas estas circunstancias hacen que el techo de gasto de 2021 no sea comparable al de años precedentes. De hecho, para analizar el techo de gasto hay que tener en cuenta diversos factores.

En primer lugar, está lo que se podría denominar límite de gasto homogéneo, que asciende a 136.779 millones. Supone un 7,2% más que el límite de gasto aprobado para 2020. Este aumento se debe a las mayores partidas para cubrir el Ingreso Mínimo Vital, incrementar las partidas en dependencia, reforzar la educación o las aportaciones a la Unión Europea. Este límite de gasto sí que admite la comparación con el anterior.

Sin embargo, hay que añadir varios elementos que no tienen equivalencia en años anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte de la referencia de la Seguridad Social. Esta partida, eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros.

Además, hay que incluir una parte de los fondos europeos. Así, la ministra de Hacienda ha recordado que el Consejo Europeo aprobó movilizar 750.000 millones de euros, que se articularán fundamentalmente a través de un Fondo de Recuperación. En concreto, a España le corresponden 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros 12.436 millones del Programa REACT-EU.

El Plan de Recuperación que España presentará a las instituciones europeas recogerá 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación en 2021, que se incorporan al techo de gasto. Además, como se informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer, la mayor parte de los 12.436 millones del programa REACT-EU se destinarán a las CCAA, aunque habrá 2.436 millones que se incorporarán al Ministerio de Sanidad para, posteriormente, repartirlo entre los territorios para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material sanitario.

Por tanto, el techo de gasto de 2021 incorporará un total de 27.436 millones de los fondos europeos, lo que eleva el límite de gasto no financiero hasta los 196.097 millones. La ministra Montero ha señalado que los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público ya que se reconocen como un ingreso.

Con esta cantidad de recursos sin precedentes, el Gobierno elaborará unos Presupuestos Generales expansivos que permitirán proteger a las familias con un fortalecimiento del Estado de Bienestar y ayudar a las empresas reactivando la economía.

La ministra de Hacienda invitó nuevamente a todas las formaciones políticas a realizar sus aportaciones a un Presupuesto que, señaló, quiere que salga adelante con el máximo apoyo posible.

Previsiones de deuda

En cuanto a los objetivos de deuda pública, el Gobierno prevé que se sitúe al cierre de este año en el entorno del 118% del PIB como consecuencia del esfuerzo fiscal realizado para mitigar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis y del impacto de los estabilizadores automáticos. No serán necesarias para este año emisiones adicionales de deuda sobre las ya previstas.

Informe de situación económica

Asimismo, el Gobierno ha analizado el informe de situación de la economía española, que revisa el escenario macroeconómico incorporando los últimos datos publicados, en un entorno que sigue siendo de gran incertidumbre para la elaboración de estimaciones.

Las previsiones para 2020 apuntan a una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 11,2%, en línea con las estimaciones de la OCDE, FMI, Comisión Europea y Banco de España.

Esta revisión a la baja respecto a la realizada en abril en el Programa de Estabilidad se debe, fundamentalmente, a los datos registrados en el segundo trimestre lastrados por la debilidad del consumo interno y la inversión, como consecuencia de las medidas de reducción de la movilidad en el periodo de hibernación de la economía.

En el caso del tercer trimestre, se prevé que el crecimiento sea superior al 10%, por encima de lo que se preveía en abril.

Para 2021, se estima una recuperación del 7,2%, sin contar con los efectos adicionales que aporte el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La tasa de paro se situaría en el 16,9%, dos décimas mejor de lo estimado.

Esas cifras no incorporan los efectos del citado plan, que puede llegar a impulsar en más de dos puntos adicionales el crecimiento en 2021, de forma que alcance el 9,8%, como consecuencia de un mayor dinamismo de la inversión, el consumo privado, las exportaciones y el empleo. Esto permitiría que la tasa de paro se reduzca de forma adicional hasta el 16,3%.

La Audiencia Nacional condena a ocho años cárcel al expresidente de Pescanova y a penas de seis meses a tres años y medio a otros once miembros de la excúpula

miércoles, 7 de octubre de 2020

Martes, 6 de octubre de 2020

La Audiencia Nacional condena a ocho años cárcel al expresidente de Pescanova y a penas de seis meses a tres años y medio a otros once miembros de la excúpula

En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a 7 de los 19 acusados y condena a los otros 12 a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova Manuel F.S.F. y a penas que van de los 6 meses a los 3 años y medio de prisión para otros 11 acusados de la excúpula de la entidad por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a 7 de los 19 acusados y condena a los otros 12 a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente.

Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova S.A. y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.

Prácticas irregulares desde la dirección de Pescanova

La sentencia, de 610 páginas, relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, Manuel F.S.F. Contaba con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes, como el de administración, Alfredo P.U., el financiero, dirigido por Antonio T. y determinados empleados de confianza como José Manuel G.G. o Ángel G.D.

Los hechos probados de la sentencia relatan cómo, a consecuencia de la crisis financiera que empezó a detectarse en 2008, el presidente de la entidad, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza , entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares de financiación con objeto de seguir obteniendo financiación bancaria.

Una vez obtenida esa financiación se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”.

Mecanismos ilícitos para seguir obteniendo financiación

Entre los mecanismos ilícitos ideados por los condenados, el tribunal destaca las operaciones de comercio internacional con filiales de ultramar que permitió a Pescanova obtener financiación bancaria a través de “créditos documentarios” millonarios, a espaldas de las propias filiales y sin que sus cantidades coincidieran con los datos que aparecían en la contabilidad de Pescanova.

Además, los acusados crearon una serie de empresa ficticias, las denominadas “sociedades instrumentales” con las que también simularon operaciones de compraventa de pescado que les permitió contratar pólizas de crédito y líneas de factoring que eran abonadas con pagarés que descontaban en los bancos permitiendo tener tesorería durante la vigencia de las financiaciones bancarias.

Esas operaciones de compraventa inexistentes que se reflejaron en la contabilidad con conocimiento del auditor interno y que ocultaron en gran medida el pasivo bancario, señala la Sala, unido a los continuos neteos (compensaciones de activos con pasivos y de créditos con deudas) y la falta del adecuado control por parte del responsable del auditor externo, cargo que ostentaba Santiago S.F., perteneciente a la firma BDO Auditores S.L., que no puso salvedad alguna a la formulación de las cuentas y demás documentos oficiales que la entidad debía poner en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de valores, motivó que una vez publicados los buenos resultados elaborados ficticiamente por la entidad, personas físicas y jurídicas invirtieran importantes sumas de dinero que perdieron como consecuencia de que la realidad de la situación económica y financiera de Pescanova era muy distintas de la publicada en las cuentas.

Concurso medial entre cuatro delitos

Según explican los magistrados a lo largo de su sentencia, la primera fase de la estrategia llevada a cabo por los acusados consistió en la creación de las formas ilegales de financiación y la creación ficticia de una serie de operaciones comerciales de compraventa; estas operaciones serían las constitutivas de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares.

En la segunda fase, en la que se desarrolla la financiación bancaria a través de líneas factoring o de pólizas de descuento bancario se consumó el delito de estafa, del que el de falseamiento era el medio. Los engañados por la sociedad eran los bancos y el mecanismo del engaño fueron las facturas, “transformadas en remesas de facturas supuestamente vinculadas a unos inexistentes contratos de compraventa de pescado”.

A partir de ahí, la tercera fase consistió en trasladar a las cuentas anuales una imagen con beneficios y con poca deuda financiera, “muy distinta a la real, que se transmitió perfectamente al público en general y a los inversores en particular”. Una vez conseguida esa buena imagen irreal, se trataba de captar inversores que les permitiera una situación financiera más relajada que la propia de la financiación bancaria.

En esta tercera fase el tribunal concluye que también se produce una relación concursal medial entre el delito de falseamiento de las cuentas anuales y el de falseamiento de la información económica y financiera.
De esta forma el tribunal concluye que los cuatro delitos están en una única relación de concurso medial.

Alzamiento de bienes del matrimonio F.S.F.

La sentencia considera acreditado que el presidente de Pescanova y su esposa, Rosario A., sacaron 4 millones y medio de euros de las cuentas de España e ingresaron el dinero en dos entidades bancarias de la localidad portuguesa de Valença, después de que se conociera que las cuentas no reflejaban la situación real de Pescanova y se hubieran presentado las primeras querellas y que trataron de transferir el dinero a una cuenta previamente abierta en Hong-Kong.

La sentencia explica que él como autor y su esposa como cooperadora necesaria, trataron de impedir que una parte de la devolución del préstamo de los 6 millones prestados por el presidente de Pescanova en nombre de Sodesco estuviera al alcance de los inversores de Pescanova y para ello sacaron el dinero de España a dos cuentas abiertas en Portugal. La intención de matrimonio, indica la sentencia, era trasladar parte de la devolución de los 6 millones desde las cuentas de Kiwi S.A, de España a Portugal y desde Portugal a China, para lo cual, Rosario A. abrió una cuenta en el “chartered Bank of China” de la ciudad de Hong Kong.

Recoge doctrina del TS y explica que el delito de alzamiento de bienes es un delito de mera actividad que consiste en la actuación del deudor, sobre sus propios bienes, destinada a mostrarse real o aparentemente insolvente frente a todos o parte de los acreedores, con el propósito de frustrar los créditos que hubieran podido atenderse total o parcialmente con dichos bienes.

Durante el juicio ambos acusados reconocieron sin ambages las transferencias de España a Portugal, aunque discreparon de su carácter delictivo y alegaron que su intención no era ocultar patrimonio a los inversores de Pescanova, sino poder utilizar su patrimonio a la vista de los inconvenientes derivados de la situación económica de la sociedad.

Por estos hechos, el expresidente de Pescanova resulta condenado a dos años de cárcel y a uno su mujer por delito de alzamiento de bienes.

En su sentencia, el tribunal rechaza las dilaciones indebidas alegadas por los acusados que, entre otros argumentos, esgrimían la extensa duración de la instrucción y del juicio. La Sala recuerda que las sesiones solo se vieron interrumpidas debido a la pandemia durante el periodo de confinamiento y añade que gracias a la retransmisión diario de la vista por la tv pública gallega se evitaron posibles problemas de salud para los abogados y los propios acusados, lo que evitó que el juicio se tuviera que suspender. Toda la causa de Pescanova supera los 80.000 folios de extensión.

Inteligencia artificial: oportunidades y desafíos

miércoles, 7 de octubre de 2020

Inteligencia artificial: oportunidades y desafíos

La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en nuestras vidas. Descubra cuáles son las oportunidades y las amenazas para la seguridad, democracia, negocios y empleos.

Parlamento Europeo

Inteligencia artificial: el ser humano, lo primero
El crecimiento y la economía de la UE dependen en gran medida del uso de los datos y de las tecnologías conectadas. La inteligencia artificial ya afecta, de forma positiva o negativa, a la vida diaria de los europeos. Por eso, el Parlamento Europeo estableció una comisión para examinar el impacto de la tecnología.

Lea más sobre qué es la inteligencia articial y cómo se usa.

142 zettabytes. Se espera que el volumen de datos en el mundo pase de 33 zettabytes en 2018 a 175 en 2025 (1 zettabyte son mil billones de gigabytes)

Ventajas de la IA
Los países europeos están avanzados en la industria digital y en las aplicaciones entre empresas. Con una infrastructura de gran calidad y un marco regulatorio que proteja la privacidad y la libertad d expresión, la UE podría llegar a ser un líder global en la economía de datos y en sus aplicaciones.

Beneficios de la IA para los ciudadanos
La inteligencia artificial sirve para ayudar a que los ciudadanos mejoren la atención médica, los coches y otros medios de transporte sean más seguros y a que los productos y servicios sean personalizados, más baratos y duraderos. También facilita el acceso a la información, educación y formación, lo que se puso especialmente de manifiesto con la necesidad del aprendizaje a distancia durante la pandemia de Covid-19. Además, la IA puede hacer que los lugares de trabajo sean más seguros, ya que los robots realizarían para las tareas más peligrosas, y crearía más puestos de trabajo a medida que la industria y las empresas se van adaptando a esta tecnología.

Oportunidades para las empresas
La IA permite el desarrollo de una nueva generación de productos y servicios, incluso en sectores en los que las empresas europeas ya tienen posiciones sólidas: economía verde y circular, maquinaria, agricultura, salud, moda, turismo. La IA se usa para agilizar y optimizar las rutas de venta, mejorar el mantenimiento de las máquinas, aumentar la producción y la calidad, mejorar el servicio al cliente y ahorrar energía.

11 % – 37 % Aumento estimado de la productividad laboral, relacionada con la IA, para 2035 (Think Tank del PE, 2020).

Oportunidades para los servicios públicos
La IA en los servicios públicos reduciría los costes y ofrecería oportunidades nuevas en el transporte público, educación, energía, gestión de los residuos y mejoraría la sostenibilidad de los productos. En definitiva, podría contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Refuerzo de la democracia
El escrutino basado en los datos, la prevención de la desinformación y de los ciberataques y el acceso a la información de calidad podrían hacer más fuerte a la democracia. La diversidad y la transparencia también se beneficiarían de la IA, al utilizarse, por ejemplo, datos analíticos en los procesos de contratación y evitar la posibilidad de prejuicios.

IA, seguridad y protección
Se prevé que la inteligencia artificial se utilice más en la prevención del delito y en el sistema de justicia penal, ya que los conjuntos de datos masivos podrían procesarse más rápido, los riesgos de fuga de los prisioneros se evaluarían con mayor precisión, el crimen o incluso los ataques terroristas se podrían predecir y prevenir. Las plataformas en línea ya lo utilizan para detectar y reaccionar ante comportamientos en línea ilegales e inapropiados.

En el campo militar, la IA puede usarse para estrategias de defensa y ataque en piratería y phishing o para atacar sistemas clave en la guerra cibernética. La ventaja clave de los sistemas de armas autónomos es la posibilidad de participar en conflictos armados con un riesgo reducido de daño físico.

Amenazas y desafíos
La creciente dependencia de los sistemas de IA plantea riesgos.

Infrautilización o uso execesivo de la IA
La infrautilización de la IA se considera una gran amenaza. No aprovechar las oportunidades que ofrece la IA podría implicar una implementación deficiente de algunos programas europeos, como el Pacto Verde Europeo. También supondría la pérdida de ventaja competitiva frente a otras regiones, el estancamiento económico y menos posibilidades para los ciudadanos. La infrautilización podría deberse a la desconfianza del público y las empresas en la IA, una infraestructura deficiente, la falta de iniciativa, las bajas inversiones o, como que el aprendizaje automático de la IA depende de los datos, a los mercados digitales fragmentados.

El uso excesivo es también problemático. Existe el riesgo de invertir en aplicaciones inútiles o usar la IA en tareas que no la requieren, como en intentar explicar con esta tecnología problemas sociales complejos.

Responsabilidad: ¿Quién es el culpable de los daños de la IA?
Determinar quién es el responsable del daño causado por un servicio o aparato que aplicó la IA es un gran desafío. En un accidente en el que esté implicado un coche de conducción autónoma, ¿quién debería cubrir los daños: el propietario, el fabricante del vehículo o el programador?

Si el productor estuviera libre de responsabilidad, podría no haber ningún incentivo para ofrecer un buen producto o servicio, y se dañaría la confianza de los ciudadanos en la tecnología. Sin embargo, unas regulaciones demasiados estrictas impedirían la innovación.

Amenazas a los derechos fundamentales y a la democracia
Los resultados de la IA dependen de su uso y de los datos utilizados. Existe la posibilidad de sesgar, intencional o involuntariamente, tanto el diseño como los datos. Por ejemplo, algunos aspectos importantes de un asunto podrían no estar programados en el algoritmo o, por el contratio, podrían programarse para reflejar y replicar segos estructurales. Además, el uso de números para represetar una realidad social compleja podría hacer que la IA parezca objetiva y precisa cuando no lo es (lo que se conoce como «mathwashing»).

Otro de los peligros es utilizar la inteligencia artificial tomar decisiones influenciadas por la etnia, el sexo o la edad incluidos en los datos al contratar o despedir, ofrecer préstamos o incluso en procesos penales.

La IA también supone riesgos para la privacidad y la protección de datos al utilizarse, por ejemplo, en equipos de reconocimiento facial o para el seguimiento en línea y la creación de perfiles de personas. Además, permite fusionar información que una persona ha proporcionado con datos nuevos, lo que genera resultados que la persona no esperaría.

Esta tecnología presenta riesgos para la democracia, al crear, por ejemplo, cámaras de eco por internet basadas en el comportamiento previo de alguien en la red, al mostrar solo un contenido específico. Los sistemas de IA también pueden usarse para crear vídeos, audios o imágenes falsos pero realistas, conocidos como «deepfakes» o «ultrafalsos. Este contenido puede implicar riegos financieros, daños reputacionales y problemas en las tomas decisiones. Todo esto podría conducir a la separación y polarización en la esfera pública y manipular las elecciones.

La libertad de reunión y protesta está también amenazada por la IA, ya que ésta podría rastrear y controlar a las personas vinculadas a ciertas creencias o acciones.

Impacto en el empleo
El uso de IA en el empleo eliminaría un gran número de puestos de trabajo, pero crearía otros. La educación y la formación tendrán un papel crucial para prevenir el desempleo a largo plazo y garantizar una mano de obra cualificada.

14 % El 14 % de los empleos en los países de la OCDE son altamente automatizables y un 32 % podría enfrentar cambios sustanciales (estimación, Think Tank del PE 2020).

Competición
La acumulación de información amenaza con la distorsión de la competencia ya que los actores con más información tendrían una ventaja y eliminarían a los competidores.

Riesgos en la seguridad y protección
Las aplicaciones de IA que están en contacto físico con personas o integradas en el cuerpo humano pueden presentar riesgos de seguridad si están mal diseñadas, mal utilizadas o pirateadas.

El uso mal regulado de la IA en las armas podría provocar la pérdida del control humano sobre las armas peligrosas.

Retos de transparencia
Se podrían aprovechar los desequilibrios en el acceso a la información. Por ejemplo, un proveedor en línea puede usar la IA para predecir cuánto está dispuesto a pagar el consumidor al observar su comportamiento en línea o una campaña política podría adaptar su mensaje.

Otro problema de transparencia es que, a veces, las personas desconocen si están interactuando con IA o con una persona.

La Seguridad Social registra 18.876.389 afiliados en septiembre, 84.013 más que en agosto

miércoles, 7 de octubre de 2020

Balance mensual de la afiliación

La Seguridad Social registra 18.876.389 afiliados en septiembre, 84.013 más que en agosto

Viernes 2 de octubre de 2020

La Moncloa

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.876.389 personas en septiembre, lo que representa un aumento de 84.013 cotizantes respecto a agosto (un 0,45% más). Como ya ocurriera el mes pasado, el sistema sumó más mujeres que hombres en septiembre: se han contabilizado 82.528 afiliadas más, mientras que el número de trabajadores crece en 1.485.

Es el quinto mes consecutivo en que el sistema de Seguridad Social suma ocupados (en términos medios) desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Además, es la mayor subida en este mes desde que hay registro. El año pasado, la afiliación se redujo un 0,16% en este mes.

En términos desestacionalizados, y corregido el efecto calendario, el sistema ha registrado 109.271 afiliados más en septiembre, un incremento del 0,58% respecto a agosto, hasta los 18.906.225.

Por otro lado, el dato a último día de septiembre el número de personas afiliadas a la Seguridad Social fue de 18.843.729, lo que supone un incremento acumulado a lo largo del mes de 252.423 ocupados.

Respecto a agosto

El mes pasado, el número medio de afiliados registró un aumento de 84.013 ocupados con respecto a la media de agosto (0,45%). La afiliación continúa la recuperación que se inició en mayo tras el impacto de la pandemia de la COVID-19. En marzo se registraba un retroceso de 243.469 personas afiliadas de media y en abril, de 548.093.

En concreto, en septiembre creció la afiliación mensual en el Régimen General hasta los 15.547.532 ocupados (0,55% más), con un incremento de 85.068 afiliados. Sin los sistemas especiales Agrario, que sumó 35.525 afiliados, y del Hogar, con 457 más, se registraron 49.086 ocupados más en el Régimen General en septiembre, hasta los 14.446.223 trabajadores.

El sector que más sumó fue la Educación (7,15%) impulsado por el inicio de curso escolar. Le siguieron el Sistema Especial Agrario (5,14%), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (3,15%) y Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca (1,13%).

En sentido contrario, la bajada más acusada correspondió a las Actividades de los Hogares (-6,55%), Hostelería (-3,80%) y Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (-2,72%).

El Régimen de Autónomos registró 3.263.553 afiliados medios, tras un aumento en el mes de 392 (0,01%). El Régimen del Mar contabilizó 64.126 ocupados, 1.435 menos que en agosto (-2,19%) y el del Carbón se situó en 1.178 afiliados medios (-13).

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha (2,29%), La Rioja (2,12%) y Madrid (1,15%) son las que más afiliados suman este mes. En el otro extremo se sitúan Islas Baleares (-2,58%) y Cantabria (-1,58%).

En comparación con 2019

En el último año, el Sistema ha perdido 447.062 afiliados (un -2,31%), un descenso interanual menor al de los meses anteriores. En agosto, se registró una pérdida interanual de 527.851 ocupados, en julio, de 747.656, y en junio, el momento de mayor caída de la afiliación interanual, se llegaron a restar 893.360 afiliados respecto al mismo mes de 2019.

Murcia, que sumó un 0,46% de afiliados en doce meses, y Castilla-La Mancha, con un 0,39%, fueron las únicas comunidades con un aumento interanual de la afiliación.

El Régimen General registró 440.236 menos afiliados que en septiembre de 2019 (-2,75%). En este conjunto, se integraron los 3.020 ocupados que ha restado el Sistema Especial Agrario y los 21.309 del Sistema Especial de Empleados Hogar.

El Régimen Especial de Autónomos, por su parte, contabilizó 2.705 trabajadores menos que hace un año (-0,08%). El Régimen del Mar disminuyó en 3.948 ocupados (-5,80%) y el Carbón decreció en 172, lo que supuso una merma del 12,74%.

La evolución de las cifras de afiliación en los últimos meses están fuertemente condicionadas por la pandemia de la COVID-19. Desde el 12 de marzo al 30 de abril, la fase más crítica de la pandemia, se perdieron 947.896 afiliados en España. Desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre se han recuperado 447.367 de los empleos perdidos. No obstante, si se descuenta el efecto del último día de septiembre (una caída de 167.687 afiliados), la recuperación del empleo supera los 600.000 puestos.

ERTE

Al cierre del mes de septiembre había 728.909 personas incluidas en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo que representa 83.529 personas menos que un mes antes. Este comportamiento implica un retroceso de un 80,29% menos de trabajadores en ERTE por Fuerza Mayor (605.861) y un 67,83% menos en el caso de ERTE no Fuerza Mayor (123.048) respecto a los máximos registrados el 30 de abril. De esta forma, al cierre de septiembre, tres de cada cuatro personas incluidas en ERTE durante la pandemia han salido de esta situación.

Por comunidades autónomas, la reducción de los trabajadores en situación de ERTE ha sido heterogénea desde el 30 de abril, con una media del 76,29% en el conjunto del Estado. El mayor porcentaje de salidas de un ERTE se han producido en Navarra (88,16%), Cantabria (86,63%), Murcia (85,84%), Galicia (84,88%), La Rioja (84,72%) y Extremadura (84,58%). También han abandonado esta situación por encima del 80% en Castilla y León (84,55%), Castilla-La Mancha (83,36%), Aragón (83,18%), Asturias (82,69%), País Vasco (81,85%), Andalucía (80,90%) y Comunidad Valenciana (80,49%).

Por el contrario, en Islas Baleares, con 48,83% de los trabajadores, y, en Canarias, con el 62,34%, han sido los lugares donde menos trabajadores han salido de ERTE.