AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 8 de octubre de 2020

Monumento a Rizal. Madrid

jueves, 8 de octubre de 2020

El Tribunal Supremo advierte que Hacienda no puede pedir registrar un domicilio o empresa sin un motivo debidamente justificado

jueves, 8 de octubre de 2020

Miércoles, 7 de octubre de 2020

El Tribunal Supremo advierte que Hacienda no puede pedir registrar un domicilio o empresa sin un motivo debidamente justificado

La Sala anula por defectos de motivación un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa basada en que había tributado por debajo de la media del sector, lo que inducía a pensar que podía haber estado ocultando ventas efectivas

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado por defectos de motivación un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa basada en que había tributado por debajo de la media del sector, lo que inducía a pensar que podía haber estado ocultando ventas efectivas.

La Sala afirma que “la corazonada o presentimiento de la Administración de que, por tributar un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a éste en una especie de presunción iuris et de iure de fraude fiscal, es un dato que por sí mismo no basta, ni para establecer una relación causal o esquema que desemboque en ese fraude –ni siquiera en la presunción de deberes incumplidos, que deberán ser esclarecidos a través del procedimiento correspondiente, con ulterior control judicial-, ni menos aún para anclar en tal circunstancia la necesidad de entrada en el domicilio para el cotejo de datos que respalden o desmientan la sospecha albergada por la Administración”.

Añade que cuando la sospecha se funda en una fuente de ciencia “tan evanescente y laxa, de origen tan arcano, con base estadística o comparativa no contrastada ni, que se sepa, publicada, deben quedar firmemente establecidos, al menos, como punto de partida, cuáles son los criterios que llevan a la administración a aferrarse a esa rotunda conclusión, si se tiene en cuenta que la desviación de la media puede alcanzar distintos niveles de intensidad y no suponer, con tal dato aislado, presunción de fraude alguno”.

El tribunal subraya que “no se puede acceder al domicilio definido en el artículo 18.2 de la Constitución española con un propósito meramente prospectivo o indeterminado, por si acaso, ya que la naturaleza fundamental del derecho que la Constitución ampara y permite excepcionalmente sacrificar o excluir, lo debe ser en presencia de un bien constitucionalmente protegido –y el deber de contribuir del artículo 31.1 de la Constitución es uno de ellos, expresado en términos generales”.

Sin embargo, según la sentencia, “del cotejo de la situación hipotética, sospechada o derivada de una información meramente fragmentaria, nacida de la proyección de datos genéricos obrantes en documentos o cuadros estadísticos y cuya fiabilidad, a falta de más sólidos elementos de convicción, hemos de poner por fuerza en duda, no es base suficiente para servir de título habilitante a la Administración –para pedir- y al juez –para otorgar- la entrada en el domicilio”.

No cabe autorización “para ver qué se encuentra”

La Sala en su sentencia, ponencia del magistrado Francisco José Navarro Sanchís, establece los requisitos que deben reunir tanto la solicitud de entrada y registro en el domicilio o en la sede social de una empresa, formulada por la Agencia Tributaria, como el auto judicial que autorice la misma.

“No cabe, según la sentencia, la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, “para ver qué se encuentra”, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener, por lo que no proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el comprobado”.

Asimismo, la autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y periodos que afectan las pesquisas, como exigen los artículos 113 y 142 de la Ley General Tributaria (LGT). Añade que “sin la existencia de ese acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido a efectos de práctica de pesquisas tributarias, por falta de competencia.

Agrega que la posibilidad de adopción de la autorización de entrada inaudita parte se refiere a la eventualidad de no anunciar la diligencia de entrada con carácter previo a su práctica. “Tal situación, de rigurosa excepcionalidad, ha de ser objeto de expresa fundamentación sobre su necesidad en el caso concreto, tanto en la solicitud de la Administración y, con mayor obligación, en el auto judicial, sin que quepa presumir en la mera comprobación un derecho incondicionado o natural a entrar en el domicilio”, subraya la Sala.

Respecto al auto judicial, razona que “es preciso que motive y justifique –esto es, formal y materialmente- la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada, sometiendo a contraste la información facilitada por la Administración, que debe ser puesta en tela de juicio, en su apariencia y credibilidad, sin que quepan aceptaciones automáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos. Sólo es admisible una autorización por auto tras el análisis comparativo de tales requisitos, uno a uno”.

Para autorizar la entrada –aclara la Sala- no pueden servir de base los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes.

“Tal análisis –según la sentencia- de hacerse excepcionalmente, debe atender a todas las circunstancias concurrentes y, muy en particular, a que de tales indicios, vestigios o datos generales y relativos –verificado su origen, seriedad y la situación concreta del interesado respecto a ellos- sea rigurosamente necesaria la entrada, lo que exige valorar la existencia de otros factores circunstanciales y, en particular, la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o requerimientos de información efectuados por la Administración”.

El comercio electrónico superó en España los 12.200 millones de euros en el primer trimestre de 2020, un 11,6% más que el año anterior

jueves, 8 de octubre de 2020

El comercio electrónico superó en España los 12.200 millones de euros en el primer trimestre de 2020, un 11,6% más que el año anterior

CNMC

02 Octubre 2020

La facturación del comercio electrónico en España ha aumentado en el primer trimestre de 2020 un 11,6% interanual hasta alcanzar los 12.243 millones de euros, según los últimos datos de comercio electrónico disponibles en el portal CNMCData.

Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 12,5% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 7,1% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 6,6%.

Si nos fijamos en el número de transacciones, en el primer trimestre de 2020 se han registrado más de 226 millones de transacciones, un 11,4% más. Los juegos de azar y apuestas lideran el ranking por compraventas (6,4%).

En cuanto a la segmentación geográfica, las webs de comercio electrónico en España se han llevado el 49,2% de los ingresos en el primer trimestre de 2020. El 50,8% restante se corresponde con compras con origen en España hechas a webs de comercio electrónico en el exterior.

El saldo neto exterior (la diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a sitios webs españoles y lo que se compra desde España al extranjero) arroja un déficit de 3.959 millones de euros.

Por número de transacciones, el 40,5% de las compraventas se registran en webs españolas y el 59,5% en webs del extranjero.

El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior ha sido de 6.215 millones de euros, un 18,3% más que en el primer trimestre del año anterior. El 95,5% de las compras desde España hacia el exterior se dirigen a la Unión Europea[1].

Las ramas de actividad con mayor volumen de negocio desde España hacia el exterior son el trasporte aéreo (un 8,9%), las prendas de vestir (8,1%) y los juegos de azar y apuestas (un 5,4%).
Por su parte, las ventas desde webs españolas hacia el exterior se han situado en una facturación de 2.256 millones de euros, un 3,6% más que en el primer trimestre del año anterior. El 66,6% de las compras desde el exterior proviene de la Unión Europea[2].

Asimismo, las áreas de actividad relacionadas con el sector turístico (que agrupa las agencias de viajes, transporte aéreo, transporte terrestre, alquiler de automóviles y los hoteles) acaparan el 62,8% de las compras que desde el extranjero se hacen en webs de comercio electrónico españolas.

Los ingresos de comercio electrónico dentro de España (compras hechas en España a webs españolas) han aumentado un 6,6% interanual hasta los 3.773 millones de euros. El sector turístico supone el 20,6% de la facturación dentro de España, seguido de la administración pública, impuestos y seguridad social (5,8%).

[1] Incluye el Reino Unido que abandonó la Unión Europea durante el primer trimestre de 2020, concretamente el 31 de enero de 2020.

[2] Véase la nota al pie anterior.

El Defensor celebra que la policía acepte su recomendación para que todos sus agentes se encuentren siempre plenamente identificados

jueves, 8 de octubre de 2020

El Defensor celebra que la policía acepte su recomendación para que todos sus agentes se encuentren siempre plenamente identificados

01/10/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, valora positivamente que la Dirección General de la Policía haya aceptado su recomendación para que todos los agentes, independientemente de la unidad a la que pertenezcan, se encuentren siempre plenamente identificados.

Fernández Marugán formuló esta recomendación en el marco de una actuación en la que un ciudadano denunciaba la falta de identificación de algunos agentes policiales que se encontraban desplegados en una zona de Madrid como consecuencia de unos disturbios.

Para el Defensor, todos los agentes deben portar su número de manera visible para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a identificar a las autoridades y personal al servicio de la Administración. Así, insiste en que es necesario para dotar de transparencia las actuaciones de los agentes de seguridad.

En su recomendación Fernández Marugán pedía regular, en caso necesario, la identificación de aquellas Unidades Policiales, como son las Unidades de Prevención y Reacción, los Grupos de Atención al Ciudadano y los Grupos Operativos de Respuesta, que intervienen en despliegues preventivos ante situaciones de violencia callejera y disturbios que requieran la actuación policial inmediata.

En su respuesta, el Director General de la Policía, asegura que comparte el criterio del Defensor y señala que, por lo tanto, “no pueden existir agentes policiales que en determinados momentos de actuaciones policiales no se encuentren identificados plenamente”. En este sentido, se ha comprometido a adoptar las medidas oportunas para el uso correcto de la uniformidad reglamentaria por parte de todas las unidades. Además, señala que la Dirección General de la Policía ha consultado a la Comisión Técnica de Uniformidad, Vestuario y Equipamiento, que ha analizado la recomendación del Defensor del Pueblo.

Los órganos judiciales notificaron en septiembre un 10,7 % más de resoluciones que en 2019

jueves, 8 de octubre de 2020

Lunes, 5 de octubre de 2020

Los órganos judiciales notificaron en septiembre un 10,7 % más de resoluciones que en 2019

El mes pasado se enviaron 39.193 documentos que finalizan asuntos, frente a los 35.414 del mismo periodo del año pasado. Entre el 1 y el 30 de septiembre se recibieron 46.273 nuevos casos, lo que supone un descenso interanual del 21,5 %

Autor: Comunicación Poder Judicial

Los órganos judiciales gallegos notificaron durante el mes de septiembre 39.193 resoluciones que ponen fin a procedimientos, un 10,7 % más que el año pasado en el mismo periodo, cuando comunicaron 35.414. En concreto, los juzgados y tribunales de la comunidad notificaron el mes pasado 16.685 providencias; 6.532 sentencias; y 15.976 autos, decretos y otras resoluciones finales.

El TSXG efectuó 1.370 comunicaciones, frente a las 1.025 que realizó en 2019, y, las audiencias provinciales, 2.022. En las ciudades, A Coruña, con 7.170, es la que más notificaciones realizó en septiembre, seguida de Vigo (5.866), Ourense (3.042), Pontevedra (2.983), Santiago (2.686), Lugo (2.557) y Ferrol (1.645). En total, las siete urbes enviaron 25.949 resoluciones -un 9,4 % más que en 2019-, frente a las 9.852 de los juzgados mixtos situados en el resto de partidos judiciales, lo que significa un 13,6 % más que en septiembre del año pasado.

Además, en los órganos judiciales de la comunidad se recibieron el mes pasado 46.273 nuevos asuntos, frente a los 58.989 que se iniciaron en el mismo periodo de 2019, lo que supone un descenso interanual de un
21,5 %. De ellos, 1.253 se ingresaron en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG); 3.060, en las audiencias provinciales; 29.019, en los juzgados de las ciudades; y 12.938, en los órganos del resto de municipios.