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Archivo del 11 de octubre de 2020

Madrid. Edificio comercial

domingo, 11 de octubre de 2020

El Senado aprueba definitivamente los Impuestos sobre Determinados Servicios Digitales y sobre Transacciones Financieras

domingo, 11 de octubre de 2020

Fiscalidad del siglo XXI

El Senado aprueba definitivamente los Impuestos sobre Determinados Servicios Digitales y sobre Transacciones Financieras

Miércoles 7 de octubre de 2020

La Moncloa

El Senado ha aprobado definitivamente los Proyectos de Ley sobre el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras. De esta forma, las dos nuevas figuras fiscales concluyen con éxito su tramitación parlamentaria y permiten a España modernizar su sistema tributario para adaptarlo a la fiscalidad del siglo XXI siguiendo la orientación marcada por la Comisión Europea y otras instituciones internacionales como la OCDE. Además, España se alinea con países europeos que ya tienen figuras similares.

El objetivo del Gobierno con estos dos impuestos es adecuar el sistema fiscal español a las nuevas áreas de negocio digital y a la realidad transfronteriza que supone la globalización y que no se encuentran actualmente bien reflejadas en el marco tributario vigente.

Por tanto, la aprobación de ambos impuestos permite que el sistema fiscal evolucione en la misma dirección que lo hace la sociedad y la tecnología con la idea de seguir siendo la principal herramienta para sostener y fortalecer el Estado del Bienestar y avanzar en la redistribución de la riqueza.

Ambos impuestos entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un plazo fijado para permitir a los sujetos afectados a adaptarse a la normativa.

En cualquier caso, ninguno de las nuevas figuras gravará a las clases medias y trabajadoras, sino a las grandes multinacionales con un modelo de negocio digital que hasta ahora no estaba recogido debidamente en el sistema fiscal y, por otra parte, a los intermediarios financieros en operaciones bursátiles sobre grandes cotizadas. Así, la aprobación de estos impuestos permite un sistema fiscal más justo en el que aporte más, quien más capacidad tenga.

Impuesto Sobre Determinados Servicios Digitales

Actualmente, hay operaciones propias de la economía digital que no están gravadas, lo que supone un agravio comparativo para los negocios tradicionales. El Impuesto Sobre Determinados Servicios Digitales permite corregir ese problema y gravar esas nuevas formas de negocio. El impuesto aprobado por el Gobierno y ratificado hoy definitivamente por el Parlamento tiene su origen en la propuesta de Directiva comunitaria de marzo de 2018 para gravar esos servicios digitales.

España apuesta por lograr un consenso a nivel internacional en esta figura y trabaja en el marco de la OCDE y el G20 para lograr ese acuerdo. Sin embargo, el Gobierno considera que, sin dejar de buscar ese consenso global, hay que avanzar a nivel nacional en esta figura con el compromiso de que, una vez alcanzado un acuerdo internacional, España adaptará su legislación a ese tributo consensuado.

De hecho, varios países europeos comparten esta postura de España y ya han dado pasos para implantar un impuesto digital propio e incluso, en algunos casos como Francia o Italia, ya ha sido aprobado. También Reino Unido ha presentado un gravamen y Austria o Alemania tienen impuestos que gravan algún servicio digital.

Además, este impuesto sigue las conclusiones recogidas en el programa BEPS de lucha contra la erosión de bases imponibles aprobado por la OCDE y que identificó entre los desafíos fiscales, la digitalización de la economía. De hecho, el impuesto aprobado hoy pretende gravar ingresos obtenidos en España por grandes empresas a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal.

El objetivo del impuesto, de carácter indirecto, es gravar servicios digitales en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.

El impuesto afecta a aquellas empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Estos umbrales con criterios objetivos ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no estén afectadas por este tributo.

El tipo de gravamen del impuesto es del 3% y se aplica a tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario.

La recaudación estimada es de 968 millones de euros y su liquidación tendrá una periodicidad trimestral. A la hora de plantear este tributo el Gobierno ha tenido en cuenta el fuerte crecimiento de los ingresos por la publicidad ‘online’, los servicios de intermediación prestados por plataformas digitales y el tráfico de datos en Internet.

Transacciones financieras

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras va en la línea defendida por la Comisión Europea y que ya han adoptado otros países, como Francia o Italia. Esto también contribuye a una mayor coordinación de estos gravámenes en el ámbito europeo.

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. De esta forma, se evita que el impuesto afecte a la compraventa de acciones de pymes.

Además, el impuesto no afecta al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salieran por primera vez a Bolsa. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición.

Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen, destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

La liquidación del impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual. La estimación de ingresos de este gravamen es de 850 millones de euros anuales.

El TSJCyL ratifica las medidas sanitarias aprobadas por la Junta respecto a León, Palencia y San Andrés del Rabanedo

domingo, 11 de octubre de 2020

Viernes, 9 de octubre de 2020

El TSJCyL ratifica las medidas sanitarias aprobadas por la Junta respecto a León, Palencia y San Andrés del Rabanedo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que la declaración de actuaciones coordinadas aprobada por el Ministerio de Sanidad es de obligado cumplimiento por todas las partes incluidas

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL ha ratificado las órdenes de la Junta de Castilla y León respecto a León, Palencia y San Andrés del Rabanedo encaminadas a contener la pandemia.

La Sala ha ratificado las medidas sanitarias adoptadas para el municipio de León dictadas en ejecución de la Orden del Ministerio de Sanidad de 30 de septiembre de 2020, adoptada previa reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al amparo de lo previsto en el art. 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, toda vez que:

  • La declaración de actuaciones coordinadas aprobada por el Ministerio de Sanidad es de obligado cumplimiento por todas las partes incluidas.
  • No consta que se haya suspendido la ejecutividad de dicha Orden.
  • La Consejera de Sanidad ha adoptado las medidas en el ejercicio de sus competencias en el marco del Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León; Plan aprobado, entre otras normas, al amparo La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, establece en su artículo 1 que, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la propia Ley, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

El Tribunal ha ratificado igualmente las medidas sanitarias de Palencia y San Andrés del Rabanedo porque, aunque no resultaba obligatoria su adopción en ejecución de la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 2020 por razones de población, la situación epidemiológica y sanitaria respondía a los otros criterios tenidos en cuenta en la referida Orden y la Consejería de Sanidad en ejercicio de sus competencias y en el marco del Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, al amparo La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, ha considerado procedente aplicar las medidas, lo que ha quedado justificado con el informe epidemiológico aportado.

Un Estado miembro de destino de un servicio de venta en línea de medicamentos no sujetos a prescripción médica no puede prohibir que farmacias establecidas en otros Estados miembros que vendan dichos medicamentos recurran al servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda y comparadores de precios

domingo, 11 de octubre de 2020

Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.° 121/20

Luxemburgo, 1 de octubre de 2020

Sentencia en el asunto C-649/18

A/Daniel B y otros

Un Estado miembro de destino de un servicio de venta en línea de medicamentos no sujetos a prescripción médica no puede prohibir que farmacias establecidas en otros Estados miembros que vendan dichos medicamentos recurran al servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda y comparadores de precios

Por el contrario, siempre que se cumplan determinadas condiciones, el Estado miembro de destino puede limitar la publicidad, prohibir la oferta promocional de medicamentos y exigir la inclusión de un cuestionario de salud en el proceso de pedido de medicamentos en línea

A, sociedad neerlandesa que explota una oficina de farmacia establecida en los Países Bajos y un sitio web destinado específicamente a la clientela francesa, se enfrenta a Daniel B, UD, AFP, B y L («Daniel B y otros»), profesionales que explotan oficinas de farmacia y asociaciones que representan los intereses profesionales de los farmacéuticos establecidos en Francia, en un litigio que tiene por objeto la promoción por parte de A de su sitio web entre la clientela francesa mediante una campaña publicitaria en distintos soportes y de amplia difusión. Los medicamentos comercializados a través de dicho sitio web disponen de autorización de comercialización en Francia y no están sujetos a prescripción médica.

La campaña publicitaria llevada a cabo se basaba en la inclusión de folletos publicitarios en paquetes expedidos por otros operadores de venta a distancia (método denominado en francés «asilage») y en el envío de publicidad por correo postal. Asimismo, A publicó en su sitio web ofertas promocionales consistentes en aplicar un descuento sobre el precio total del pedido de medicamentos cuando este supere un determinado importe y recurrió a un servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda.

Daniel B y otros presentaron una demanda ante el tribunal de commerce de Paris (Tribunal de lo Mercantil de París, Francia) en la que solicitaron, en particular, el resarcimiento por los daños que consideran haber sufrido como consecuencia de la competencia desleal que, a su juicio, había ejercido A al haberse beneficiado indebidamente del incumplimiento de la normativa francesa en materia de publicidad y de venta de medicamentos en línea. Dicho Tribunal concluyó que al distribuir más de tres millones de folletos publicitarios fuera de su oficina de farmacia, A había atraído a la clientela francesa a través de medios contrarios a la dignidad de la profesión farmacéutica, incurriendo de ese modo en actos de competencia desleal.

La cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), que actualmente conoce del litigio, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia con el fin de saber si las disposiciones de la Directiva sobre medicamentos para uso humano (1) y de la Directiva sobre el comercio electrónico (2) autorizan a un Estado miembro a imponer en su territorio a los farmacéuticos que son nacionales de otro Estado miembro de la Unión normas específicas relativas a la prohibición de atraer a la clientela mediante procedimientos y medios considerados contrarios a la dignidad de la profesión, a la prohibición de incitar a los pacientes a un consumo abusivo de medicamentos y a la obligación de respetar las buenas prácticas en la dispensación de medicamentos, exigiendo la inclusión de un cuestionario de salud en el proceso de pedido de medicamentos en línea y prohibiendo el recurso al servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda y comparadores de precios.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia establece, de entrada, que un servicio de venta en línea de medicamentos, como el que es objeto de controversia, puede constituir un servicio de la sociedad de la información en el sentido de la Directiva sobre el comercio electrónico.

A continuación, indica que, con independencia del soporte físico o electrónico a través del cual se lleve a cabo, una actividad publicitaria como la efectuada por A constituye un elemento accesorio e indisociable del servicio de venta en línea. Por consiguiente, en virtud de la Directiva sobre el comercio electrónico, el Estado miembro de destino de un servicio de venta en línea de medicamentos no sujetos a prescripción médica no puede, en principio, restringir la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro, en relación con dicha actividad, salvo si esa restricción está justificada por determinados objetivos de interés general. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que la restricción derivada de la aplicación de la legislación nacional que prohíbe, con carácter general y absoluto toda publicidad utilizada por los profesionales de la salud para promover sus actividades de atención sanitaria, excede de lo necesario para proteger la salud pública y la dignidad de una profesión regulada. Por tanto, corresponde a la cour d’appel de Paris comprobar si la prohibición controvertida no lleva a impedir que el prestador de servicios de que se trata en este caso realice cualquier tipo de publicidad fuera de su oficina de farmacia, con independencia del soporte o de la intensidad. El Tribunal de Justicia observa que, si así fuera, la citada prohibición iría más allá de lo necesario para garantizar la consecución de los objetivos perseguidos.

Respecto a la prohibición de hacer ofertas promocionales relativas a la concesión de un descuento sobre el precio total del pedido de medicamentos cuando este supere determinado importe, el Tribunal de Justicia pone de relieve que la Directiva sobre el comercio electrónico no se opone, en principio, a que el Estado miembro de destino aplique esa prohibición, siempre que tenga por objeto impedir el consumo excesivo o inadecuado de medicamentos. No obstante, precisa que la prohibición debe estar regulada de manera suficiente y, en particular, solo debe tener por objeto medicamentos y no simplemente productos parafarmacéuticos, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
En cuanto atañe a la cumplimentación con carácter previo de un cuestionario de salud en línea a fin de validar el primer pedido de medicamentos realizado por un paciente en el sitio web de una oficina de farmacia, el Tribunal de Justicia observa que esta medida puede tener un efecto disuasorio en los pacientes que deseen comprar medicamentos en línea. No obstante, el Tribunal de Justicia recuerda que ya ha declarado que la multiplicación de los elementos interactivos existentes en Internet que deben ser utilizados por el cliente antes de que pueda realizar una compra de medicamentos es una medida aceptable, menos restrictiva de la libertad de circulación de mercancías que una prohibición de venta en línea de medicamentos. En consecuencia, estima que la normativa francesa de que se trata no va más allá de lo necesario para garantizar el logro del objetivo de salud pública perseguido.

Sobre la prohibición de que las farmacias que vendan dichos medicamentos recurran al servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda y comparadores de precios, el Tribunal de Justicia considera que esta prohibición puede restringir las posibilidades de una farmacia de darse a conocer entre la potencial clientela que resida en otro Estado miembro y para promover el servicio de venta en línea que propone a dicha clientela y que, por tanto, debe ser examinada como una restricción de la libre prestación de servicios de la sociedad de la información. El Tribunal de Justicia señala que, si bien el Gobierno francés ha alegado que esa medida está justificada por la voluntad de garantizar una distribución equilibrada de las oficinas de farmacia en el conjunto del territorio nacional, dicho Gobierno no ha aportado la prueba, cuya carga le incumbe, de que sea adecuada para garantizar dicho objetivo y necesaria desde esa perspectiva. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estima que un Estado miembro de destino de un servicio de venta en línea de medicamentos no sujetos a prescripción médica no puede prohibir que las farmacias que vendan dichos medicamentos recurran al servicio remunerado de optimización en motores de búsqueda y comparadores de precios, a menos que se acredite debidamente ante la cour d’appel de Paris que esa normativa es adecuada para garantizar la consecución de un objetivo de protección de la salud pública y que no va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

1 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO 2001, L 311, p. 67), modificada por la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011 (DO 2011, L 174, p. 74).
2 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO 2000, L 178, p. 1).
www.curia.europa.eu

Gobernador del Banco de España. Comparecencia ante el Congreso de los Diputados

domingo, 11 de octubre de 2020

Técnicas Reunidas se estrena en el MARF con un programa de pagarés por 100 millones de euros

domingo, 11 de octubre de 2020

Técnicas Reunidas se estrena en el MARF con un programa de pagarés por 100 millones de euros

2 de octubre de 2020

Bolsas y mercados

El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha incorporado hoy a negociación el primer Programa de Pagarés de Técnicas Reunidas, con el que la compañía debuta en los mercados de renta fija. Mediante este Programa de emisión continuada, Técnicas Reunidas podrá colocar pagarés de manera flexible a lo largo de los próximos doce meses hasta alcanzar un saldo vivo de 100 millones. Los plazos de vencimiento de los pagarés se situarán entre los 3 días y los 2 años.

Banca March participa como Sole Lead-Arranger y Entidad Colaboradora del Programa, y se encargará de distribuir las distintas emisiones de pagarés que se vayan efectuando a lo largo de los próximos 12 meses entre inversores institucionales. Asimismo, Banca March es el Asesor Registrado de Técnicas Reunidas en el MARF. El asesor legal del emisor para el Programa de Pagarés ha sido el despacho Gómez-Acebo & Pombo Abogados.

Técnicas Reunidas es una de las principales empresas internacionales de ingeniería especializada en proyectos industriales. Su actividad se centra principalmente en dar respuesta a las necesidades de demanda de energía y productos respetuosos con el medio ambiente para un amplio espectro de clientes en todo el mundo, de acuerdo con los requisitos de sostenibilidad de los diferentes países en los que opera. Desde 1960, Técnicas Reunidas ha diseñado y construido más de 1.000 plantas industriales en más de 50 países. Actualmente, Técnicas Reunidas opera en 35 países.

El Grupo alcanzó en el primer semestre de 2020 unas ventas consolidadas de 2.110 millones de euros, con un beneficio de explotación de 33 millones. La compañía cotiza en Bolsa y forma parte del índice IBEX Medium Cap ®.

Estado de los embalses

domingo, 11 de octubre de 2020

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 46,2 por ciento de su capacidad

Martes 6 de octubre de 2020

Mapa reserva hídrica

Mapa reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 46,2 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 25.845 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 23 hectómetros cúbicos (el 0,0% por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La capacidad total de agua embalsada se ha incrementado a 55.899 Hm3 (antes 55.622) debido a que se han incluido varios embalses pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 71,2%
•Cantábrico Occidental al 66,6%
•Miño-Sil al 53,5%
•Galicia Costa al 57,9%
•Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
•Duero al 59,0%
•Tajo al 46,1%
•Guadiana al 30,7%
•Tinto, Odiel y Piedras al 61,6%
•Guadalete-Barbate al 36,9%
•Guadalquivir al 31,3%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 43,9%
•Segura al 38,2%
•Júcar al 47,3%
•Ebro al 61,7%
•Cuencas internas de Cataluña al 84,2%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Santander con 169,8 mm (169,8 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro: