AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 12 de octubre de 2020

Día de la Hispanidad

lunes, 12 de octubre de 2020

Madrid. Torre Picasso y edificio bancario

lunes, 12 de octubre de 2020

Pablo Zapatero destaca la seguridad jurídica digital en las conclusiones sobre digitalización y acceso a la Justicia

lunes, 12 de octubre de 2020

Reunión informal de ministros de Justicia de la UE

Ministerio de Justicia

Pablo Zapatero destaca la seguridad jurídica digital en las conclusiones sobre digitalización y acceso a la Justicia

El secretario de Estado de Justicia ha destacado la importancia en la época de la COVID-19 de las actuaciones judiciales telemáticas con plenas garantías legales.

Zapatero, que ha participado en la reunión informal de ministros de la Unión Europea, ha hecho un llamamiento a la necesaria cooperación jurídica internacional para luchar contra los delitos de abuso infantil.
9 de octubre de 2020.- El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha participado hoy, en representación del ministro de Justicia de España, en la reunión informal a través de videoconferencia de ministros de la Unión Europea. En el encuentro, Zapatero ha resaltado los avances que ha hecho España en materia de digitalización en el ámbito judicial ante el contexto que se ha planteado con la pandemia de la COVID-19.

“Hemos hecho reformas legales y disponemos ya de infraestructuras tecnológicas que nos permitirán la identificación electrónica fiable y segura en videoconferencia”. Lo que posibilitará, según el secretario de Estado, hacer todo tipo de actuaciones judiciales telemáticas con plena garantías legales. Ha destacado cómo, bajo este esquema de seguridad jurídica digital, se han podido realizar ya más de 97.000 actuaciones judiciales.

Por otro lado, en la reunión, Zapatero ha felicitado a la Comisión Europea por haber articulado en tiempo récord una estrategia europea coherente y exhaustiva para combatir el abuso infantil.
Esta estrategia recoge, según el secretario de Estado, las diferentes dimensiones que concurren en la lucha contra este tipo de abusos, incluidos los aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, “difíciles de combatir”.

Cooperación y compromiso contra el abuso infantil

El secretario de Estado ha puesto en valor la existencia en España de instituciones con una estructura clara y definida para erradicar estos crímenes, destacando la Unidad Central de Ciberdelincuencia, de la que depende una Brigada destinada a luchar contra delitos de explotación sexual infantil en la red, o la Fiscalía de criminalidad informática.

“La lucha contra los delitos en internet exige la plena cooperación entre Estados”, ha resaltado Zapatero, quien ha asegurado que España está concienciada de la importancia de la cooperación jurídica internacional, sobre todo en el seno de la Unión Europea.

Prueba del compromiso de España en la lucha contra el abuso infantil es la actual tramitación de un proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia contra la violencia, con especial atención al ámbito online. Esta ley pone especial atención en la prevención, en la detección y en la coordinación entre los agentes implicados. “Es un problema que debe abordarse de forma conjunta”, ha señalado Zapatero.

Lucha contra el antisemitismo

Por último, el representante español en la reunión de Justicia europea se ha referido a la necesidad de formar a los operadores jurídicos y concienciar a la sociedad en general frente al antisemitismo, particularmente a las víctimas. “En España contamos con secciones especializadas de la Fiscalía para los delitos de odio en general y la policía dispone de protocolos específicos de actuación para estos casos”, ha destacado Zapatero, que ha concluido haciendo un llamamiento a la necesidad de la concienciación en este ámbito.

El TSJ de Aragón no ratifica las medidas sanitarias adoptadas en la localidad de Andorra por el Gobierno de Aragón

lunes, 12 de octubre de 2020

Martes, 6 de octubre de 2020

El TSJ de Aragón no ratifica las medidas sanitarias adoptadas en la localidad de Andorra por el Gobierno de Aragón

El tribunal reprueba a la administración autonómica, no solo que no se hayan dirigido al órgano judicial competente, la Sala de lo Contencioso del TSJA, sino que se pidiera la ratificación de las medidas al juzgado de lo contencioso de Teruel cuatro días después de que la orden se hubiera hecho efectiva, por lo que califican las medidas adoptadas de “ilegitímas»

Autor: Comunicación Poder Judicial

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado un auto en el los magistrados no ratifican la prórroga de las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón en materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Andorra (Teruel)

La petición al TSJA de ratificación de medidas fue presentada por el Gobierno de Aragón el pasado viernes día 2 de octubre, un día despues de que se acordara el levantamiento (ORDEN SAN/937/2020 publicada en el BOA el 1 de octubre) de las medidas adoptadas el 10 de septiembre (SAN/846/2020) que restringian la movilidad en el municipio de Andorra por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 y sus posteriores prórrogas.

El tribunal advierte que “resulta inaceptable lo ocurrido, puesto que, además de no dirigirse al órgano competente, se pidió la ratificación en el Juzgado el 29-9-2020 a las 8:22:30 de la mañana, en el cuarto día de la eficacia de la orden, que se iniciaba el 26 de septiembre a las 00:00 horas”, recuerda que “la restricción de derechos fundamentales exige, en los preceptos que expresamente se menciona en la Constitución Española, la previa autorización judicial” y puntualiza que existe una diferencia entre autorización y ratificación.

Los magistrados explican en su auto que cuando se produce una restricción de derechos, “no es sólo relevante la razón material para restringirlos, sino la absoluta legalidad del procedimiento para hacerlo, no justificándose la restricción de los mismos únicamente en la razón de fondo, del mismo modo que un registro de una morada sin previa autorización judicial por la policía no se justifica en haber encontrado efectos del delito en su interior”.

Por todo ello concluyen que “a la luz de todo lo razonado, consideramos que no se debe ratificar, ya que, con independencia de si podía ser razonable la prórroga en cuanto al fondo, como afirma el Ministerio Fiscal, la entrada en vigor de la misma sin previa autorización judicial, sin haberla pedido siquiera antes de que entrase en vigor, y sin haber razonado o argumentado los motivos de urgencia que podrían justificarla, hacen ilegítima la misma”.

Concedido el permiso para investigar si hay uranio en la Sierra Suroeste extremeña

lunes, 12 de octubre de 2020

Martes, 6 de octubre de 2020

Concedido el permiso para investigar si hay uranio en la Sierra Suroeste extremeña

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia confirma la resolución de la Junta de Extremadura que otorgaba el permiso de investigación

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso de una empresa filial de un grupo australiano y podrá continuar con la investigación para saber si existe uranio en un terreno de 8.000 hectáreas en la comarca Sierra Suroeste.

En concreto en la finca Cabra Alta, que afecta a los términos municipales de Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Zahínos y Villanueva del Fresno, y en otras de los alrededores.

La Dirección General de Minas de la Junta de Extremadura le permitió en 2018 realizar catas durante tres años en una superficie de 286 cuadrículas mineras y restaurar el terreno y, provocó el rechazo de los vecinos y de los alcaldes de las localidades afectadas, por lo que el Ejecutivo extremeño anuló en julio de 2019 el permiso que le concedió en 2018.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso interpuesto por la empresa. En ese sentido, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx, confirma la resolución de la Junta que otorgaba el permiso de investigación denominado Ansar y la autorización de su plan de restauración.

Contra la presente sentencia, con fecha 29 de septiembre, sólo cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El TSJ de Andalucía ratifica las medidas sanitarias contra la pandemia del Covid-19 adoptadas por la Junta

lunes, 12 de octubre de 2020

Viernes, 9 de octubre de 2020

El TSJ de Andalucía ratifica las medidas sanitarias contra la pandemia del Covid-19 adoptadas por la Junta

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada considera justificadas las medidas para preservar la salud pública y no lesivas para los derechos fundamentales. La resolución ha contado con el voto particular contrario de uno de los magistrados que estimó vulnerados estos derechos

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Granada ha ratificado la Orden de 1 de septiembre de 2020 de la Junta de Andalucía que aplicó una serie de medidas sanitarias y de prevención ante la situación de riesgo derivada de la propagación de los casos de contagio del Covid-19. La resolución ha contado con el voto particular contrario de uno de los magistrados, que consideró que algunas de las medidas afectan a derechos fundamentales de las personas, sobre todo los derechos de reunión y circulación.

En su exposición de motivos para solicitar la ratificación de las medidas impuestas, la Junta de Andalucía argumentó que «es patente y notorio que estamos en una crisis mundial que está afectando a la población andaluza, teniendo el Gobierno de Andalucía la obligación de emprender medidas extraordinarias urgentes que posibilite una acción inmediata, rápida, organizada, armonizada, coordinada, con la máxima calidad, y con una comunicación en tiempo real y efectiva que permita no sólo una monitorización adecuada sino una toma de decisiones en caso necesario».

El conjunto de medidas tenían como objetivo la protección de los participantes de eventos multitudinarios, tales como salones de celebraciones, congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias, ferias comerciales, acceso a playas, donde se estableció el cierre durante el intervalo horario de 21:30 a 07:00 horas del día siguiente, y las visitas a residencias de ancianos, centros de día y ocupacionales, así como los centros no residenciales de carácter asimilado.

El auto reconoce que las medidas que afectan a los centros residenciales son «más intensas» pues determinan «las condiciones mínimas en que deben efectuarse las visitas, realización de paseos, vacaciones», etc, lo que «implica una restricción temporal del derecho reconocido en el artículo 19 de la Constitución Española y, en consecuencia, de otros derechos fundamentales cuyo ejercicio precisa inexcusablemente de gozar previamente de libertad».

En este punto, la resolución insiste en que, de acuerdo con las resoluciones de otros órganos judiciales, la ratificación de las medidas «no alcanza a la declaración de conformidad a derecho de las mismas», sino sólo «a un ejercicio de ponderación o fiscalización sobre el carácter necesario, justificado y proporcional de las limitaciones que se impongan, en atención al fin perseguido, esto es, la protección de la salud pública».

Por lo tanto, los magistrados concluyen que «las medidas incluidas en la orden son justificadas y proporcionadas —y, hemos de añadir, necesarias— para la consecución del fin que se pretende, esto es, la protección de la vida, salud e integridad física, al amparo de los artículos 15 y 43 de la CE, sin que quepa predicar una lesión de derechos fundamentales de tal entidad que deba entenderse desproporcionada o injustificada, que se trata del concreto objeto de la solicitud de ratificación que nos ocupa».

Frente a este planteamiento uno de los magistrados de la Sección Primera ha mostrado su discrepancia con la posición mayoritaria al sostener que, sobre todo, dos de las medidas recogidas en la Orden autonómica afectan a los derechos fundamentales de reunión y circulación. El magistrado sostiene que «es admisible que se limiten o restrinjan derechos fundamentales dada la excepcionalidad de la situación sanitaria, pero no se pueden suspender y dejar sin efecto los derechos fundamentales».

En su voto particular, el magistrado recuerda que, cuando se produce una situación de contagio, «la suspensión de todas las visitas (no una limitación o restricción, sino la suspensión total) es flagrante que resulta contraria a la Constitución». Igualmente, recuerda que la libertad deambulatoria puede llegar a ser suspendida «De tal forma que los internos en las residencias pasan a estar en una suerte de arresto domiciliario o localización permanente de forma indefinida y por un mínimo de 28 días sin haber cometido ningún delito y en virtud de un reglamento, algo que a simple vista ya parece que no es muy respetuoso con la Constitución española».