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Archivo del 13 de octubre de 2020

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martes, 13 de octubre de 2020

España y Portugal inician acciones concretas en la frontera ante el reto demográfico

martes, 13 de octubre de 2020

XXXI Cumbre hispano-portuguesa, en Guarda

España y Portugal inician acciones concretas en la frontera ante el reto demográfico

Sábado 10 de octubre de 2020

La Moncloa

10/10/2020. Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo

10/10/2020. Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la secretaria general de Reto Demográfico, Elena Cebrián, han presentado hoy la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo entre España y Portugal en el marco de la XXXI Cumbre hispano-portuguesa celebrada en Guarda (Portugal).

Se trata de un documento marco que permitirá abordar, de forma conjunta, el reto demográfico, y garantizar la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico, generación de empleo, conectividad y mejora de la calidad de vida de las personas que viven a ambos lados de la frontera, con especial atención a las mujeres y los jóvenes.

El ámbito de actuación del documento abarca, en ambos países, un total de 2.782 municipios y freguesías, 5.014.600 habitantes y 143.719 km2, que suponen el 17% de la superficie de España y casi el 62% de la de Portugal.

«La Estrategia recupera la centralidad de este territorio en Portugal y en España, y aporta una visión estratégica territorial, que aspira a convertirse en un ejemplo positivo e innovador de cooperación en Europa», ha declarado la vicepresidenta Teresa Ribera.

La Estrategia es una herramienta clave que permitirá articular de forma eficaz y rápida el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española y canalizar inversiones hacia el espacio transfronterizo común. La vicepresidenta ha destacado que «el documento prioriza proyectos transfronterizos y multi-país como vectores para la recuperación y para la construcción de resiliencia social, económica y ambiental a escala europea. En ese sentido, nuestros países son pioneros».

El documento está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con el compromiso de los Gobiernos y la participación de todos los actores relevantes: comunidades autónomas, entidades locales y agentes sociales y económicos.

Objetivos estratégicos

La Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo establece cinco objetivos estratégicos: garantizar la igualdad de oportunidades a ambos lados de la frontera; asegurar la prestación adecuada de servicios básicos aprovechando los recursos; facilitar la interacción transfronteriza; fomentar el desarrollo de nuevas actividades económicas e iniciativas empresariales y favorecer la fijación de población en las zonas transfronterizas especialmente afectadas por la despoblación.

Para alcanzar estos objetivos, el texto propone actuar en cinco vectores de transformación: movilidad transfronteriza y eliminación de los costes de contexto; desarrollo y mejora de las infraestructuras para la conectividad física y digital; coordinación y apoyo en la gestión de los servicios básicos como la educación, la salud y los servicios sociales; el desarrollo económico e innovación territorial y la protección del medio ambiente, desarrollo de agenda urbana y cultura.

Movilidad transfronteriza y conectividad

Con el objeto de simplificar obstáculos y eliminar barreras a la movilidad, la Estrategia fortalece y promueve la figura del trabajador transfronterizo con la creación de un documento específico que la regule, estableciendo puntos de apoyo e información en los municipios transfronterizos, garantizando los derechos derivados de la libre circulación de trabajadores y ampliando y fortaleciendo la actividad de la red Eures.

La Estrategia también establece el fomento del transporte de proximidad transfronteriza, aborda mejoras en el actual sistema de peajes y el impulso de la digitalización y sostenibilidad del transporte. También se prevé la creación de un único documento de circulación para estandarizar el paso de los menores a ambos lados de las Eurociudades y Eurorregiones.

Infraestructuras y conectividad digital

En el ámbito de la conectividad, la Estrategia incide en la necesidad de elaborar un plan de conectividad digital adecuada al territorio y fomentar el desarrollo de proyectos piloto 5G en las zonas transfronterizas. En concreto, el corredor de conectividad 5G en la autovías Porto-Vigo, Évora-Mérida, Aveiro-Salamanca y Faro-Huelva.

Impulsar la adaptación de las infraestructuras transfronterizas a las nuevas necesidades derivadas del cambio climático y la transición digital y la coordinación de una información geográfica y cartográfica que facilite la futura implantación de la movilidad autónoma son otros de los ámbitos prioritarios de la Estrategia para promover un entorno empresarial favorable en sectores tractores para la creación de empleo.

Respecto a las infraestructuras, el documento recoge, entre otras medidas, el impulso a la finalización de la infraestructura del Corredor Atlántico en las zonas fronterizas, junto a la modernización y mejora de conexiones por carretera e infraestructuras ferroviarias. Se finalizarán, entre otras, la conexión de la autovía A-11 entre Zamora y la A4/E82 (Quintanilla) y la conexión EXA1 con la A23 (Moraleja-Monfortinho-Castelo Branco).

Educación, salud, servicios sociales

El texto también aborda la promoción y diseño de programas conjuntos de formación profesional. Asimismo, se promoverá y facilitará el acceso a los jóvenes de ambos lados de la frontera a la educación superior y a la formación profesional, se fomentará la creación de una red de escuelas fronterizas bilingües.

Para una mayor eficiencia de los recursos, se fomentará la cooperación y la coordinación en la asistencia y la respuesta a emergencias médicas en las zonas fronterizas, con la creación de una tarjeta de identidad médica transfronteriza y la creación de un portal administrativo conjunto.

España y Portugal también promoverán redes de colaboración para la prevención de la exclusión social en la zona transfronteriza, especialmente entre las personas mayores y las familias vulnerables, y fomentarán la colaboración para luchar contra la violencia de género fortaleciendo la coordinación de los servicios sociales.

En el ámbito de la seguridad, se promoverá la eficacia del servicio 112 en las regiones transfronterizas, permitiendo el desplazamiento y transporte al lugar de emergencia del equipo más cercano.

Asimismo, y para incrementar la coordinación en la gestión de incendios forestales, se constituirá un Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO).

Desarrollo económico e innovación

La revitalización económica y la creación de empleo de la zona transfronteriza es otro eje prioritario. Para ello, España y Portugal formularán políticas dirigidas a suprimir barreras normativas, promoviendo marcos proporcionales para el acceso y la actividad de la iniciativa empresarial.

Asimismo, se impulsará un análisis conjunto de las posibilidades de armonización fiscal hispanolusa, así como instrumentos e incentivos fiscales que contribuyan a promover la actividad económica a ambos lados de la frontera.

La Estrategia también acuerda la creación de un programa de desarrollo agroforestal y agroalimentario de los territorios transfronterizos que promueva sistemas sostenibles; y la puesta en marcha de un programa de recuperación sostenible e inclusivo de las aldeas despobladas para rehabilitar su tejido social y urbano.

La dinamización del turismo se impulsará mediante iniciativas como Fortalezas de la Frontera, entre otras actividades, así como la promoción de ferias transfronterizas.

Sostenibilidad y conservación de la biodiversidad

La Estrategia impulsará un acuerdo global en materia de conservación de la biodiversidad ibérica y apoyará la gestión conjunta de las áreas protegidas transfronterizas y el estudio de la declaración de otras nuevas.

El documento también plantea avanzar en el acuerdo de cooperación para el uso sostenible de las cuencas hidrográficas y realizar una gestión coordinada de las áreas marinas protegidas cercanas a ambos países, como las Rías Baixas/Maceda y los Volcanes de Fango de Cádiz /Costa Sudoeste Ría Formosa y consolidar la cooperación luso-española en materia de adaptación al cambio climático.

En el ámbito energético, se reforzará la cooperación en el campo de las renovables, incluido el hidrógeno verde y las interconexiones energéticas, teniendo en cuenta el objetivo común de descarbonización de la economía.

A diferencia de la mayoría de áreas de frontera en la Unión Europea, los territorios transfronterizos entre España y Portugal -1.214 kilómetros de frontera terrestre- sufren dinámicas demográficas regresivas, con pérdida de población y envejecimiento. Revertir esta situación es clave para revitalizar estos territorios, fijar población y reducir su vulnerabilidad demográfica, social y económica, lo que requiere políticas y estrategias adaptadas a estos territorios que permitan aprovechar el impulso de los planes de reconstrucción europeos.

El recurso de casación contra el auto del Vicepresidente del Tribunal General por el que se desestimó la demanda de medidas provisionales del Sr. Junqueras i Vies también es desestimado

martes, 13 de octubre de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado den° 131/20

Luxemburgo, 8 de octubre de 2020

Auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia en el asunto C-201/20 P(R)

Oriol Junqueras i Vies/Parlamento Europeo

El recurso de casación contra el auto del Vicepresidente del Tribunal General por el que se desestimó la demanda de medidas provisionales del Sr. Junqueras i Vies también es desestimado

Mediante sentencia del Tribunal Supremo dictada el 14 de octubre de 2019, el Sr. Oriol Junqueras i Vies fue condenado a trece años de prisión y a otros tantos de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos sus honores, empleos y cargos públicos, incluidos los electivos, e incapacidad para obtener o ejercer otros nuevos. Se le había imputado, en particular, su participación en un proceso de secesión como Vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña con ocasión de la celebración del referéndum de autodeterminación de dicha Comunidad Autónoma. Durante el desarrollo del procedimiento penal que dio lugar a la citada sentencia, el Sr. Junqueras i Vies fue elegido miembro del Parlamento Europeo el 26 de mayo de 2019, resultado que fue proclamado por la Junta Electoral Central española mediante acuerdo de 13 de junio de 2019. No obstante, al no haber obtenido permiso para prestar el juramento o promesa de acatar la Constitución española que la normativa nacional exige a los electos al Parlamento Europeo, su escaño fue declarado vacante por la Junta Electoral Central. (1) Por lo tanto, el Sr. Junqueras i Vies no asistió a la sesión inaugural del Parlamento el 2 de julio de 2019.

Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2019, (2) el Tribunal de Justicia respondió a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo relativas a la inmunidad prevista en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. (3) (4) El 20 de diciembre de 2019, la Sra. Riba i Giner, diputada europea, solicitó al Presidente del Parlamento Europeo que adoptara medidas urgentes para confirmar la inmunidad del Sr. Junqueras i Vies.

Mediante acuerdo de 3 de enero de 2020, la Junta Electoral Central declaró la inelegibilidad del Sr. Junqueras i Vies por haber sido condenado a una pena privativa de libertad. Este solicitó al Tribunal Supremo la suspensión de la ejecución de dicho acuerdo.
Mediante auto de 9 de enero de 2020, el Tribunal Supremo se pronunció sobre los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2019 en el proceso penal sustanciado contra el Sr. Junqueras i Vies. El Tribunal Supremo consideró que no procedía autorizar el desplazamiento del Sr. Junqueras i Vies a la sede del Parlamento Europeo, ni acordar su libertad, ni declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de 2019, ni tramitar el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria ante el Parlamento Europeo. Acordó asimismo comunicar dicho auto a la Junta Electoral Central y al Parlamento Europeo. Observó que, cuando el Sr. Junqueras i Vies había sido proclamado electo, el juicio oral del proceso penal que le afectaba había concluido y se había iniciado el proceso de deliberación de la sentencia. Así, en la medida en que el Sr. Junqueras i Vies había obtenido la condición de diputado europeo con el proceso ya en fase de juicio oral, no podía ampararse en la inmunidad para obstaculizar la prosecución de su enjuiciamiento.

En su sesión plenaria de 13 de enero de 2020, el Parlamento Europeo, por una parte, en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2019, tomó nota de la elección al Parlamento Europeo del Sr. Junqueras i Vies con efectos desde el 2 de julio de 2019 y, por otra parte, habida cuenta del acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020 y tras el auto del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2020, hizo constar la vacante de su escaño con efectos desde el 3 de enero de 2020.

El Sr. Junqueras i Vies interpuso entonces un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea con objeto de que se anulase la decisión del Parlamento Europeo de 13 de enero de 2020 de declarar vacante su escaño con efectos desde el 3 de enero de 2020 y la denegación por esta institución de la solicitud de medidas urgentes tendentes a proteger su inmunidad parlamentaria, presentada el 20 de diciembre de 2019. Asimismo, presentó una demanda de medidas provisionales. Mediante su auto de 3 de marzo de 2020, el Vicepresidente del Tribunal General desestimó la demanda de medidas provisionales del Sr. Junqueras i Vies, (5) basándose en que este no había logrado demostrar que la concesión de las medidas provisionales solicitadas estuviese, a primera vista, justificada de hecho y de Derecho (fumus boni iris). (6) El Sr. Junqueras i Vies interpuso entonces un recurso de casación contra este auto.

Mediante su auto de hoy, la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación del Sr. Junqueras i Vies.
La Vicepresidenta confirma que, cuando la vacante de un escaño se deriva de la anulación del mandato de un miembro del Parlamento Europeo resultante de la aplicación del Derecho nacional, dicha institución únicamente es informada de la expiración de ese mandato por las autoridades nacionales, que declaran la expiración del mandato. Se trata de una situación jurídica preexistente y resultante exclusivamente de una decisión de dichas autoridades de la que el Parlamento únicamente puede tomar nota. No corresponde, a primera vista, al Parlamento europeo comprobar el respeto del procedimiento previsto por el Derecho nacional en la materia, puesto que esa facultad corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, ni comprobar la conformidad de dicho procedimiento con el Derecho de la Unión, puesto que esa facultad corresponde asimismo a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, en su caso, tras una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia, o a este último, en el marco de un recurso por incumplimiento.

Por lo tanto, el Vicepresidente del Tribunal General consideró fundadamente que, a priori, el Parlamento Europeo no resultaba competente para poner en cuestión la regularidad de la vacante del escaño dimanante de la anulación del mandato. Asimismo consideró fundadamente que, a primera vista, el Presidente del Parlamento debía informar al Parlamento del hecho de que el mandato del Sr. Junqueras Vies había concluido el 3 de enero de 2020 y que no incumbía a esta institución controlar la regularidad del procedimiento nacional que había conducido a la anulación de dicho mandato respecto al Derecho de la Unión.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

1 Para una descripción más detallada de los hechos, véase CP 139/19.
2 Sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C-502/19, véase CP 161/19).
3 Protocolo (n.° 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DO 2012, C 326, p. 266).
4 El Tribunal de Justicia declaró que debía considerarse que gozaba de inmunidad en virtud del Protocolo una persona que había sido oficialmente proclamada electa al Parlamento cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no había sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento para participar en su primera sesión. El Tribunal de Justicia precisó que esta inmunidad implicaba el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta a la persona de que se tratase, al objeto de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Por último, el Tribunal de Justicia indicó que, si el tribunal nacional competente estimara, no obstante, que debía mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por esa persona de la condición de miembro del Parlamento Europeo, habría de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspendiera dicha inmunidad.
5 Auto del Vicepresidente del Tribunal General de 3 de marzo de 2020, Junqueras i Vies (T-24/20 R, véase CP 24/20).
6 La suspensión de la ejecución y las demás medidas provisionales deben también ser urgentes, en el sentido de que para evitar que los intereses de la parte que las solicite sufran un perjuicio grave e irreparable es necesario que dichas medidas sean acordadas y surtan efectos desde antes de que se resuelva sobre el recurso principal. Los requisitos relativos al fumus boni iuris y a la urgencia son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben desestimarse cuando no concurra alguno de ellos.

El Tribunal Supremo confirma una multa de un millón de euros a Deloitte por infracción grave en relación a una auditoría al Grupo Santander en 2011

martes, 13 de octubre de 2020

Viernes, 9 de octubre de 2020

El Tribunal Supremo confirma una multa de un millón de euros a Deloitte por infracción grave en relación a una auditoría al Grupo Santander en 2011

La consultora cometió una infracción de un artículo de la Ley de Auditoría de Cuentas referido a no haber analizado todos los factores que podían dar lugar a una amenaza a la independencia de los auditores

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 1.002.605 euros a la sociedad Deloitte S.L. impuesta en 2016 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por infracción grave en relación a una auditoría llevada a cabo al Grupo Santander en 2011. El Supremo desestima el recurso de casación de Deloitte contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de febrero de 2019, que ratificó la multa inicialmente.

La sanción fue impuesta por incumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, referido a no haber analizado todos los factores que podían dar lugar a una amenaza a la independencia de los auditores y, en concreto, la posible amenaza de interés propio por la desproporción existente entre los honorarios facturados al Grupo Santander por servicios de no auditoría y por los servicios de auditoría.

En ese sentido, la Audiencia Nacional subrayó la desproporción existente en honorarios que los auditores habían facturado por trabajos distintos de los de auditoría, aproximadamente del 236 por 100 respecto de los facturados por los trabajos de auditoría, lo que debió de ser detectado y evaluado en los correspondientes papeles de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

El Supremo indica que, teniendo en cuenta la relevancia del conjunto de relaciones mantenidas entre la sociedad Deloitte y el Grupo Banco de Santander, y la naturaleza e importancia de los servicios prestados a la entidad auditada, ”no consideramos inadecuada la apreciación del Tribunal de instancia respecto de que la concurrencia de factores de riesgo que son susceptibles de crear conflictos de intereses, obligaban a que las amenazas se reflejaran documentalmente en los papeles de trabajo, de modo que, constatada esa falta de diligencia, procede la imposición de las sanciones”.

Doctrina jurisprudencial

En esta materia, la sentencia fija como doctrina jurisprudencial la siguiente:

“1.- El artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, que consagra el principio general de independencia como principio rector de la actuación profesional de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría, debe interpretarse en el sentido de que los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deben detectar, identificar y reflejar documentalmente en los papeles de trabajo aquellos factores o circunstancias relativas al interés propio que pongan en riesgo el desempeño objetivo de su función, a los efectos, en su caso, de adoptar las medidas de salvaguarda que sean adecuadas y suficientes para salvaguardar la objetividad e integridad en la realización del trabajo de auditoría.

2.- En aquellos supuestos, en que el factor de riesgo, que pueda comportar una amenaza a la independencia del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, proceda de la percepción de honorarios derivados de la realización de servicios de auditoría y de otros servicios distintos a los de auditoría, y la eventual desproporción de éstos respecto de aquéllos sea significativa por la naturaleza del trabajo de auditoría o la dimensión de la sociedad auditada (en la medida que revele la concurrencia de un interés propio por cuanto permita evidenciar la existencia de una relación de dependencia económica o financiera del auditor o la sociedad de auditoría frente a la entidad auditada), el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría deben dejar constancia documental de ello en los papeles de trabajo y adoptar las medidas de salvaguarda que sean necesarias y adecuadas para preservar la independencia. En caso de que la desproporción sea de tal importancia que comprometa gravemente la independencia, deberán abstenerse de realizar el trabajo de auditoría encomendado.

3.- A estos efectos, para efectuar el cómputo correcto de los honorarios percibidos por el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría por servicios de auditoría, en relación con la percepción de honorarios devengados o percibidos por la realización de otros servicios distintos a los de auditoría, habrá que estar a la definición de actividades de auditoría a que se refiere el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, mientras el legislador, en el ejercicio de su potestad de configuración normativa, de conformidad con la normativa de la Unión Europea, no explicite de forma precisa qué servicios relacionados con la actividad de auditoría pueden entenderse comprendidos en dicha noción, porque su realización no compromete la objetividad e imparcialidad del trabajo de auditoría de cuentas que corresponde al auditor”.

El Programa de Extensión de Banda Ancha ampliará la cobertura a más de 650.000 hogares y empresas y llegará al 93% de la población

martes, 13 de octubre de 2020

9 de septiembre de 2020

Ministerio de Economía

El Programa de Extensión de Banda Ancha ampliará la cobertura a más de 650.000 hogares y empresas y llegará al 93% de la población

Las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), apoyarán la conectividad digital de todo el territorio mediante el despliegue de banda ancha en 33 provincias, con una inversión total de 186 millones de euros y ayudas por un importe de 105,77 millones de euros
Con los proyectos comprometidos en esta convocatoria, se alcanzará el 93% de cobertura en todo el territorio, avanzando hacia el objetivo de la agenda España Digital 2025 de alcanzar el 100% de cobertura poblacional de banda ancha a velocidad de al menos 100 Mbps
Con el fin de reforzar la cobertura en las áreas rurales o menos pobladas, la convocatoria de 2020 incorpora determinadas novedades orientadas a movilizar la inversión pública y privada en las zonas grises

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la resolución provisional de la convocatoria del año 2020 del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), por la que se beneficiarán de cobertura 653.157 hogares y empresas hasta ahora sin acceso a esta tecnología. Este programa, gestionado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Después de evaluar las 108 propuestas recibidas, se ha propuesto la concesión de ayudas a 33 proyectos, dirigidos a 33 de las 45 provincias inicialmente previstas: Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Girona, Lleida, Tarragona, Castellón, Valencia, Badajoz, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Navarra y La Rioja.

Se está trabajando en una próxima convocatoria parcial para desarrollar proyectos de extensión de banda ancha en las provincias en las que no se han presentado propuestas que cumpliesen los requisitos establecidos.

Los proyectos aprobados a diferentes operadores suponen una inversión total de 186 millones de euros con ayudas por importe de 105,77 millones de euros.

Las ayudas se otorgan para la extensión de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha ultra rápidas en las denominadas zonas blancas: aquellas sin cobertura actual y que no tienen previsiones de despliegue en los próximos tres años. Además, este año, como novedad, se han podido incluir también ayudas para las zonas grises, aquellas donde hay presencia de un solo operador que puede proporcionar servicios a velocidades de más de 30 Mbps, pero sin superar los 100 Mbps, para las que el Gobierno obtuvo la aprobación de la Comisión Europea.

La extensión de la banda ancha al 100% de la población con una velocidad de al menos 100 Mbps es un compromiso del Gobierno recogido en la estrategia España Digital 2025. Con el fin de alcanzar este objetivo, el Gobierno está elaborando un “Plan para la Conectividad de personas, empresas y territorios” que sirva para extender la banda ancha a las zonas rurales más dispersas y contribuya también a cerrar la brecha digital territorial, hacer frente al reto demográfico y construir una sociedad y economía más inclusiva y sostenible.

Programa PEBA-NGA

El Programa PEBA-NGA ha sido un instrumento fundamental para convertir España en el país con la red de fibra óptica más extensa de Europa, a pesar de las dificultades que presentan la orografía y la dispersión geográfica poblacional de nuestro país.

Según datos de la Comisión Europea, la cobertura de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) alcanza al 80,4% de la población española, frente a la media europea del 34%. En zonas rurales, el diferencial de cobertura a favor de España es igualmente relevante: de media, solamente el 21% de los hogares europeos cuentan con FTTH, frente al 46% en nuestro país.

En el periodo 2013-2019 este Programa ha concedido ayudas a 130 operadores para la realización de 753 proyectos con una inversión asociada de 871,40 millones de euros y unas ayudas de 478,90 millones de euros. Más de la mitad de ese importe fue concedido en 2018 y 2019. En la convocatoria de 2019 se otorgaron 140,14 millones de euros que han servido para dar cobertura a 705.974 hogares y empresas en 12.760 Entidades Singulares de Población (ESP). La convocatoria 2020 dará cobertura a 653.157 hogares y empresas en 6.682 entidades de población.

Cuando el próximo año finalicen los proyectos con ayudas concedidas en las convocatorias anteriores, la cobertura de velocidad ultra rápida habrá alcanzado el 91% de la población española. Con los proyectos aprobados en esta convocatoria la cobertura alcanzará el 93%.

Presentación del Boletín Especial del Observatorio de Vivienda y Suelo

martes, 13 de octubre de 2020

Presentación del Boletín Especial del Observatorio de Vivienda y Suelo

Ábalos anuncia la apertura del trámite de consulta pública de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda

Jueves 24 de septiembre de 2020

La Moncloa

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado la apertura del trámite de consulta pública previa del Anteproyecto de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, un nuevo marco legislativo que ofrecerá cobertura jurídica y protección a la vivienda social y protegida, entendiéndola como un instrumento clave de la acción pública en favor del derecho a la vivienda.

Ábalos ha recordado que, desde su llegada al Ministerio, la Agenda Urbana y la Vivienda «son una prioridad y que se verían reforzadas dentro de nuestras prioridades políticas», dado que en los últimos años «ha sido abandonada o, incluso, se daba una auténtica marcha atrás con, por ejemplo, operaciones de venta de vivienda social a fondos que anulaban su carácter social y perjudicaban a muchas personas en una situación vulnerable».

Por ello, el ministro ha concluido que «esto no puede volver a ocurrir. Debemos hacer autocrítica como país y dar una vuelta profunda a la cuestión de la vivienda social. Porque algunos de los problemas que vemos hoy derivan de decisiones que se tomaron hace años o décadas».

La futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda

En este sentido, la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda responde a la necesidad de dotar al derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, de una norma con rango de Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio efectivo en todo el territorio.

Esta apertura de la consulta pública previa, invita a asociaciones representativas, colectivos sociales, agentes públicos y privados y al conjunto de la sociedad a formular aportaciones al contenido de una ley, entre cuyos objetivos destacan los siguientes:
•Regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general.
• Blindaje de la función social de la vivienda.
•Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda.
• Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible.
• Refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia.
• Transparencia e información en las operaciones inmobiliarias de vivienda.

Asimismo, la futura ley forma parte de un marco de acción en materia de vivienda que, entre otras metas, persigue ampliar la oferta de vivienda social en España, sumándose al desarrollo de varias medidas que el Ministerio está implementando y en las que está trabajando, como, por ejemplo:
•El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
•El Plan 20.000 viviendas en alquiler social o asequible.
• Las medidas orientadas a crear un entorno favorable para la promoción de vivienda en alquiler a precios asequibles.
•El Plan de Rehabilitación y Renovación Urbana Sostenible.
•El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE

Además, va en la línea ya marcada por todas las medidas que se han implementado en estos meses como consecuencia del coronavirus, protegiendo y haciendo posible que los ciudadanos no vean menoscabado su acceso a una vivienda digna y adecuada.

Nuevo Boletín Especial sobre Vivienda Social

Este anuncio se ha realizado en el acto de presentación, celebrado hoy en la sede del Ministerio, del nuevo Boletín Especial sobre Vivienda Social del Observatorio de Vivienda y Suelo, cuyos datos ofrecen la información más relevante de que se dispone actualmente en la materia y en el que se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas en favor de la vivienda social, entendida como aquella vivienda en régimen de alquiler de precio limitado de titularidad pública o de entidades especializadas del tercer sector, dirigida a personas y hogares con dificultades de acceso a una vivienda en el mercado.

La vivienda social constituye un instrumento de política de vivienda escasamente desarrollado en España, en contraste con los principales países europeos, al haber estado centrada la producción de vivienda protegida en nuestro país en las promociones destinadas a la venta.

Por su parte, el nuevo «Boletín Especial Vivienda Social 2020» recoge información aportada por las distintas CCAA y principales ayuntamientos, así como datos del Ministerio de Hacienda, de la oficina estadística europea Eurostat, entre otras fuentes de información, para dar a conocer la situación de la vivienda social en nuestro país.

El nuevo Boletín se estructura en tres capítulos:
1.»La actividad de la vivienda protegida en España (1981-2019)», recoge datos sobre la evolución de la promoción de vivienda protegida sobre el total de vivienda construida, sus cifras en relación con la población y los hogares, así como los diferentes regímenes de tenencia a los que se ha destinado y los tipos de promotor.
2.»El parque de vivienda social», hace un balance de la situación en España en comparación con el resto de países de la Unión Europea y analiza el parque de vivienda social disponible, en base a la información facilitada al Departamento por CCAA y ayuntamientos.
3.»La inversión en políticas de vivienda», estudia su evolución a escala europea, así como a nivel estatal, presentando las cuantías presupuestarias destinadas a políticas públicas de vivienda a nivel autonómico y municipal.

Datos que ofrece el nuevo Boletín

Entre los datos más significativos del Boletín Especial se encuentra la estimación del parque de vivienda social de titularidad pública existente en nuestro país, que está situado en el entorno de las 290.000 viviendas sociales. De ellas, 180.000 son de titularidad de las CCAA y otras 110.000 viviendas son de titularidad municipal.

Se trata de una cifra que contrasta con los más de 2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo 1981-2019, como consecuencia de que tales viviendas protegidas han sido destinadas de manera mayoritaria a la venta, teniendo muy escaso peso la promoción de vivienda pública destinada al alquiler.

En lo que tiene que ver con la inversión en políticas de vivienda, se señala que el gasto en promoción de vivienda y fomento de la edificación se situó en España en 0,22% respecto al PIB, lo que supone estar cerca del conjunto de la UE, situada en 0,25%. No obstante, este gasto se ha destinado a promover vivienda pública con diversas formas de tenencia: compraventa, alquiler o alquiler con opción a compra, pero no solo al alquiler social o asequible, como ha ocurrido mayoritariamente en un gran número de los países de la UE.

Finalmente, el Boletín Especial recoge datos desagregados por CCAA y Ayuntamientos de la inversión presupuestaria destinada a políticas de vivienda, que alcanzó en 2019 los 2.297,4 millones de euros, superando así la media anual del conjunto del periodo 2010-2019, situada en 1.933,9 millones de euros.

El Boletín Especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo constituye una publicación digital de más de 80 páginas y numerosas tablas y gráficos que se puede descargar de manera libre y gratuita a través del Centro Virtual de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Puede consultarse en el siguiente enlace.