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Archivo del 16 de octubre de 2020

La Marina de Alicante

viernes, 16 de octubre de 2020

El presidente de la comisión de Asuntos Fiscales: “No podemos permitir que continúen los paraísos tributarios en la UE”

viernes, 16 de octubre de 2020

El presidente de la comisión de Asuntos Fiscales: “No podemos permitir que continúen los paraísos tributarios en la UE”

Parlamento Europeo

El recién elegido presidente de la nueva comisión de Asuntos Fiscales, el socialdemócrata Paul Tang, asegura que este órgano polítco será el centro europeo de debate sobre fiscalidad.

Entrevista con el presidente de la subcomisión de Asuntos Fiscales, Paul Tang

¿Cuáles serán las tareas principales de la nueva comisión de Asuntos Fiscales del Parlamento?

Estamos en una etapa crítica. Los gobiernos están ahora, justificadamente, gastando miles de millones en salvar vidas y en medios de subsistencia. Pero las deudas que se contraigan ahora deberán reembolsarse. Después de la última crisis, cometimos un doble error: optar por la austeridad y aumentar los impuestos a la clase media. Solo los más ricos se quedaron al margen de las consecuencias. Esta vez tendrá que ser diferente. Hay que buscar formas de gravar a aquellos que no están pagando justamente su parte, que son tanto las personas con mayor poder adquisitivo como las grandes corporaciones. Podemos salir de esta crisis de una manera justa y mantener la confianza de nuestros ciudadanos. Solo las empresas evitan pagar entre 50.000 y 190.000 millones de euros en impuestos cada año. La nueva comisión trabajará para hacer frente a esta injusticia desde el corazón de nuestro sistema económico. También trabajaremos para que nuestro sistema tributario impulse la sostenibilidad. Si se adoptan impuestos que hagan pagar a los agentes más contaminantes, podemos estimular la innovación y favorecer al medio ambiente.

Anteriormente, los comités fiscales en el Parlamento han sido comités de investigación, creados para investigar escándalos como los llamados Lux Leaks y Panama Papers, ¿por qué es ahora necesario contar con un comité permanente?

Desde que empecé en el Parlamento Europeo hace cinco años, ¡hemos tenido comisiones sobre asuntos fiscales casi de forma permanente! Después de publicar sus respectivos informes, se disolvían, hasta que se tenían que volver a reestablecer tras aparecer otro escándalo tributario. Con esta comisión permanente podemos continuar el valioso trabajo de los organismos anteriores en términos de investigación y sensibilización del público, pero también podemos tener el foco a largo plazo. Podemos, por ejemplo, entablar relaciones duraderas con los parlamentos nacionales y otras organizaciones internacionales. De esta forma, la comisión de Asuntos Fiscales se convertirá en el centro europeo de debate sobre fiscalidad.

La UE no tiene muchas competencias en el ámbito fiscal, ¿qué diferencia puede marcar está comisión?

Como demostraron las comisiones anteriores, gran parte de lo que se trata son asuntos que permanecen en la sombra. Simplemente presionando para que haya más transparencia, daremos un impulso que propiciará el cambio. Los ciudadanos exigen acción, y esta comisión será su voz en el ámbito europeo.

En los últimos años, ha habido muchas revelaciones y filtraciones sobre la evasión fiscal a nivel global y el blanqueo de capitales, ¿cómo cree que ha respondido la UE?

Inevitablemente, la posición que la UE ha adoptado con los Estados miembros no ha sido la misma que con los países no miembros. La lista de paraísos fiscales no pertenecientes a la UE ha sido útil para ejercer presión sobre paraísos fiscales conocidos. No es perfecta, sobre todo tras la eliminación [por parte del Consejo, encargado de esta lista] de las Islas Caimán, pero es un comienzo. Para los países de la UE, por otro lado, la presión tiene que ejercerse principalmente desde el Parlamento Europeo. En marzo de 2019, señalamos siete países de la UE, incluido mi país de origen, los Países Bajos, como paraísos fiscales. Señalarlos y avergonzarlos ayudó enormemente a cambiar la mentalidad de la población en los Países Bajos, lo que provocó que cada vez más compatriotas reconozcan la necesidad de reformas duras. ¡Siete paraísos fiscales de la UE cuestan a los Gobiernos de los otros Estados miembros más de 40.000 millones de euros cada año! No podemos permitir que esto continúe y confío en que la adopción del fondo de Recuperación y Resiliencia haga que la presión sobre estos Gobiernos aumente. La Comisión debería ser muy clara: los paraísos fiscales de la UE deben reformar su sistema fiscal o sus planes de recuperación y resiliencia no se aprobarán.

UGT reclama un marco de diálogo social para el Plan de Recuperación

viernes, 16 de octubre de 2020

UGT reclama un marco de diálogo social para el Plan de Recuperación

07 Octubre 2020

El Sindicato echa en falta, entre los objetivos, la modernización de la legislación laboral, el refuerzo de la protección social y la lucha contra la pobreza

•La modernización económica y social de nuestro país pasa por la lucha contra el desempleo y la precariedad

•La creación de 800.000 empleos es un objetivo realista, e incluso escaso, si tenemos en cuenta el volumen de inversiones y los empleos destruidos durante la pandemia

La Unión General de Trabajadores considera que el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’, presentado esta mañana por el presidente del Gobierno, marca un buen camino para acometer la modernización de nuestro país, con un esfuerzo inversor potente e inédito hasta el momento, que debe servir para hacerlo más justo, más igualitario, más productivo y con más estado de bienestar.

En este sentido, y en primer lugar, es necesario poner en valor el papel de la Unión Europea para afrontar el proceso de reconstrucción post-COVID, y la oportunidad que ofrece la pertenencia de nuestro país a la UE para acometer este proyecto común con el resto de los socios comunitarios.

Recuperar los servicios públicos más debilitados

No obstante, y compartiendo la filosofía de cambio y modernización en la que se inspira el Plan, el Sindicato echa en falta aspectos que considera fundamentales en ese proceso, como la modernización de la legislación laboral, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y los servicios públicos. En este sentido, UGT considera absolutamente imprescindible que una parte de los recursos del Plan estén dirigidos a abordar el fortalecimiento de los servicios públicos (educación, sanidad, atención a la dependencia) que han evidenciado mayores debilidades durante la pandemia.

Derogar las reformas laborales

Para UGT la modernización económica y social de nuestro país debe incluir la lucha contra el desempleo y la precariedad. Tal y como hemos defendido hoy mismo, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el Plan de Recuperación debe contener entre sus objetivos la lucha contra el trabajo no decente (temporalidad, bajos salarios, brechas salariales, desigualdad, desempleo, excesos de horas extras no pagadas, etc.). Y dado que el principal factor generador de precariedad es la reforma laboral, es imprescindible abordar el proceso de diálogo necesario para su derogación.

En el proceso de reformas de la legislación laboral y social deben incluirse, además, la derogación de la reforma de pensiones de 2013 y la apertura de un nuevo marco de futuro para el sistema público de pensiones; la revisión del sistema de protección por desempleo para restablecer niveles de cobertura dignos; y medidas de lucha contra la lacra del desempleo masivo y la situación de pobreza de miles de trabajadores y trabajadoras que tiene empleo pero no recursos suficientes para una vida digna.

Las repercusiones sobre la creación de empleo avanzadas por el presidente Sánchez, con una creación de en torno a 800.000 puestos de trabajo, son para UGT realistas, e incluso escasas, teniendo en cuenta la capacidad de creación de puestos de trabajo de algunos sectores (como la rehabilitación de vivienda) y los puestos de trabajo perdidos en los últimos meses.

El Plan de Reconstrucción requiere diálogo social

Si bien el presidente del Gobierno, durante su presentación del Plan de Reconstrucción, ha hecho referencia a la participación de los agentes sociales, UGT considera imprescindible formalizar un ámbito de diálogo social para la participación de las organizaciones sindicales en los aspectos fundamentales de planificación y seguimiento del mismo. En esta línea, además, se está trabajando en el conjunto de los países de la Unión Europea, con la coordinación de la Confederación Europea de Sindicatos.

Según el Abogado General Pitruzzella, el Derecho de la Unión establece, en principio, una obligación de aceptar efectivo en euros para el pago de deudas pecuniarias

viernes, 16 de octubre de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 119/20

Luxemburgo, 29 de septiembre de 2020

Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-422/19 Johannes Dietrich/Hessischer Rundfunk y C-423/19 Norbert Häring/Hessischer Rundfunk

Según el Abogado General Pitruzzella, el Derecho de la Unión establece, en principio, una obligación de aceptar efectivo en euros para el pago de deudas pecuniarias

Sin embargo, la Unión y los Estados miembros, en el ejercicio de competencias distintas de la relativa a la política monetaria, pueden imponer restricciones al uso de billetes de banco en euros como medio de pago por motivos de interés público, con sujeción a ciertas condiciones

Dos ciudadanos alemanes, que debían abonar el canon audiovisual en el Land de Hesse (Alemania), ofrecieron pagar dicho canon en efectivo a la Hessischer Rundfunk (Radiotelevisión de Hesse). Este organismo, invocando su Estatuto sobre el procedimiento de pago del canon audiovisual, que excluye la posibilidad de pagar dicho canon en efectivo, rechazó los ofrecimientos de pago de los dos ciudadanos y les envió sendos requerimientos de pago.

Ambos ciudadanos impugnaron esos requerimientos y el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) ha terminado conociendo del asunto. Ante este órgano jurisdiccional, dichos ciudadanos sostuvieron que tanto el Derecho nacional [en concreto, el artículo 14 de la Gesetz über die Deutsche Bundesbank ―Ley del Banco Central Alemán (en lo sucesivo, «BBankG»)] como el Derecho de la Unión (1) establecen la obligación incondicional e ilimitada de aceptar billetes denominados en euros como medio para liquidar deudas monetarias. Según ellos, dicha obligación solo puede limitarse mediante acuerdo contractual entre las partes o en virtud de una autorización prevista por una ley federal o por el Derecho de la Unión. Añaden que la exclusión del pago en efectivo no puede justificarse por motivos prácticos relacionados con los pagos por parte de un número muy elevado de contribuyentes («procedimientos masivos»).

El Bundesverwaltungsgericht considera que la exclusión de la posibilidad de pagar el canon audiovisual en efectivo, prevista en el Estatuto sobre el procedimiento de pago de la Hessischer Rundfunk, es contraria al artículo 14 de la BBankG, disposición de Derecho federal de rango superior, según la cual los billetes de banco denominados en euros son de curso legal «ilimitado». Dicho tribunal se interroga, no obstante, sobre la conformidad de la citada disposición de la BBankG con la competencia exclusiva de la Unión en materia de política monetaria. Se pregunta, asimismo, si el propio Derecho de la Unión no contiene la prohibición de que las entidades públicas de los Estados miembros se nieguen a que se dé cumplimiento mediante billetes denominados en euros a una obligación pecuniaria impuesta en virtud de prerrogativas públicas, lo que conllevaría que el Estatuto de la Hessischer Rundfunk fuera contrario al Derecho de la Unión. El presente asunto presenta, por tanto, cuestiones inéditas y de naturaleza constitucional relativas al contenido de la competencia exclusiva atribuida a la Unión con respecto a la política monetaria, así como relativas a los efectos del curso legal de los billetes denominados en euros previsto en el Derecho de la Unión. Este asunto también plantea la cuestión de si es posible que los Estados miembros cuya moneda es el euro adopten normas nacionales que restrinjan el uso de efectivo.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Giovanni Pitruzzella señala, en primer lugar que, en el sistema de reparto de competencias de la Unión previsto en los Tratados, cuando se atribuye a la Unión una competencia exclusiva en un sector determinado, solo ella puede legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho sector y los Estados miembros pierden cualquier prerrogativa al respecto. (2) En lo que atañe específicamente a la política monetaria, según el Abogado General, la competencia exclusiva atribuida a la Unión no se limita a la definición y a la aplicación de una política monetaria en términos operativos (política monetaria «en sentido estricto»), sino que comprende también todas las competencias y todas las facultades necesarias para la creación y el correcto funcionamiento de la moneda única, el euro. Esto incluye una dimensión normativa que comprende la definición y la regulación del estatuto y del curso legal de la moneda única y, en particular, de los billetes y monedas denominados en euros. De ello se desprende que una norma de Derecho nacional adoptada por un Estado miembro cuya moneda es el euro que, atendiendo a su objetivo y a su contenido, regula el curso legal de los billetes denominados en euros, invade el ámbito de competencia exclusiva atribuida a la Unión y, por tanto, no es conforme con el Derecho de la Unión.

Dicho esto, el Abogado General precisa, no obstante, que la competencia exclusiva atribuida a la Unión respecto a la moneda única no llega hasta el extremo de incluir una competencia general para regular las modalidades de extinción de las obligaciones pecuniarias, ni de Derecho privado ni de Derecho público, que sigue estando en manos de los Estados miembros. Por lo tanto, un Estado miembro puede adoptar una disposición de Derecho nacional que, atendiendo a su objetivo y a su contenido, no regule el curso legal de los billetes denominados en euros, sino la organización y el funcionamiento de la administración pública que imponga a dicha administración una obligación de aceptar los pagos en efectivo por parte de sus administrados.

Corresponde al Bundesverwaltungsgericht, que es el único competente para determinar el alcance exacto de la normativa nacional, decidir si el artículo 14 de la BBankG es una disposición que, atendiendo a su objetivo y a su contenido, constituye una regulación del curso legal de los billetes denominados en euros. Según el Abogado General, parece que dicho artículo pretende completar el concepto de Derecho de la Unión de curso legal de los billetes. Si este fuera el caso, procedería entonces considerar que el citado artículo regula el curso legal de los billetes denominados en euros y que, por tanto, al invadir el ámbito de competencia exclusiva de la Unión en relación con la política monetaria, no debe ser aplicado.

En respuesta a otra cuestión del Bundesverwaltungsgericht, el Abogado General señala que, ante la falta de una definición normativa de curso legal de los billetes denominados en euros, corresponde al Tribunal de Justicia determinar por vía interpretativa el alcance de dicho concepto de Derecho de la Unión.

A la luz de un análisis de los elementos interpretativos pertinentes que proporciona el Derecho de la Unión, (3) el Abogado General Pitruzzella concluye que, en el estado actual del Derecho de la Unión, el concepto de curso legal de los billetes de banco debe ser interpretado en el sentido de que conlleva una obligación de principio, a cargo del beneficiario de una obligación de pago, de aceptar efectivo por parte del deudor de una obligación pecuniaria, con dos excepciones: por un lado, en caso de que las partes contratantes, en virtud de la autonomía privada, hayan acordado otros medios de pago; y, por otro lado, en caso de que la Unión o un Estado miembro cuya moneda es el euro, en el ejercicio de sus respectivas competencias distintas de la política monetaria, hayan adoptado una norma, la cual, atendiendo a su objetivo y a su contenido, no tenga por objeto la regulación del curso legal, sino que establezca, por motivos de interés público, restricciones al uso de billetes denominados en euro como medio de pago. Restricciones de esta índole son compatibles con el concepto de Derecho de la Unión de curso legal de los billetes denominados en euros siempre y cuando no den lugar, de hecho o de Derecho, a una supresión total de los billetes de banco denominados en euros, se establezcan por motivos de interés público y existan otros medios legales para la liquidación de deudas monetarias. Asimismo, deben ser proporcionadas y adecuadas para lograr el objetivo de interés público perseguido y no deben rebasar los límites de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo.

El Abogado General indica asimismo que la Unión no establece un derecho absoluto al pago en efectivo en todos los casos, pero que el valor del curso legal atribuido al efectivo puede tener una conexión directa con el ejercicio de derechos fundamentales en los casos en que el uso de efectivo funciona como un elemento de inclusión social. En efecto, en el momento actual, el uso de dinero en una forma distinta de su forma física representada por el efectivo presupone que se utilicen servicios financieros básicos, a los que un número de personas nada desdeñable aún no tiene acceso. Para estos individuos «vulnerables» el efectivo constituye la única forma de dinero accesible y, en consecuencia, el único medio para ejercitar sus derechos fundamentales vinculados al uso del dinero. En consecuencia, las medidas de limitación del uso de efectivo como medio de pago deben tener en cuenta la función de inclusión social que este desempeña para esos individuos vulnerables y garantizar la existencia efectiva de otros medios legales para liquidar deudas pecuniarias. El Abogado General considera que existe una obligación de adoptar medidas que permitan a las personas vulnerables que no tienen acceso a los servicios financieros básicos cumplir las obligaciones que les incumben, en particular de naturaleza pública, sin que esto les suponga cargas adicionales.

Corresponde, sin embargo, al Bundesverwaltungsgericht determinar la compatibilidad con el Derecho de la Unión y con el curso legal de los billetes denominados en euros de una norma nacional, como el Estatuto sobre el procedimiento de pago del canon audiovisual de la Hessischer Rundfunk, que establezca restricciones al pago con billetes denominados en euros. A este respecto, el Abogado General observa que la medida parece prever una exclusión absoluta y sin excepciones al pago del canon audiovisual mediante billetes, sin que se haya tomado en consideración la función de inclusión social que el efectivo desempeña para los individuos vulnerables mencionados anteriormente.

El Abogado General subraya, por último, que no se desprende en absoluto de la disposición del TFUE que atribuye al curso legal el alcance de concepto de Derecho primario, 4 ni de ninguna otra disposición de Derecho de la Unión, que el legislador constitucional de la Unión haya pretendido excluir la posibilidad de que la Unión atribuya valor de curso legal, paralelamente a los billetes y a la monedas metálicas en euros, a otras formas de dinero, no necesariamente físicas, como, por ejemplo, a una moneda digital (Central Bank Digital Currency).

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

1 Artículo 128, apartado 1, tercera frase, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), reproducido en el artículo 16, párrafo primero, segunda frase, del Protocolo (n.º 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en el artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (DO 1998, L 139, p. 1)
2 Conforme al artículo 2 TFUE, apartado 1, en tal caso, los Estados miembros pueden adoptar de manera autónoma actos jurídicamente vinculantes solo si están facultados por la Unión al respecto o para aplicar actos de la Unión.
3 Esto es, la Recomendación 2010/191/UE de la Comisión, de 22 de marzo de 2010, sobre el alcance y los efectos del curso legal de los billetes y monedas en euros (DO 2010, L 83, p. 70) y el considerando 19 del Reglamento n.º 974/98.

SOTEU. Primeras reacciones de expertos

viernes, 16 de octubre de 2020

SOTEU. Primeras reacciones de expertos

SOTEU a debate

Comisión Europea

El primer discurso de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el último debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU), es la prueba de que en Europa hay un sentimiento de querer formar parte de un proyecto común.

05/10/2020

Siguiendo esta línea, hemos contado con la opinión de expertos en temas europeos para conocer mejor el programa de propuestas y medidas de la UE para el próximo año.

Hablamos con Francisco Fonseca, director de la Representación de la Comisión Europea en España, con Federico Steinberg, Investigador Principal del Real Instituto Elcano, profesor de la UAM y Asesor Especial del Alto Representante para la Política Exterior Europea Josep Borrell, y con Susana del Río, Doctora en Ciencias Políticas, Académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes, Directora del Grupo de expertos Convención sobre el futuro de Europa, Fide.

Los tres coinciden en que han visto un discurso ambicioso, urgente y necesario donde la presidenta mostró confianza en el proyecto europeo ante el Parlamento Europeo.

“La UE debe afrontar los desafíos en un mundo global y en un modelo multilateral de relaciones entre países y continentes con diferentes programas políticos”, comenta Susana del Río.

“El programa es bastante ambicioso en el sentido de que intenta que la autonomía estratégica de la Unión se vaya desarrollando, que juegue un papel más importante en el mundo y poner el acento de la recuperación económica con los nuevos fondos en los temas digitales y medioambientes, […]” responde Federico Steinberg

Las propuestas más fuertes según los expertos son: el Plan de Recuperación Europeo, el Pacto Verde o la digitalización. Y dentro de ellas, Francisco Fonseca destaca otras medidas concretas:

La creación de una agencia biomédica europea BARDA responsable de coordinar toda la investigación biomédica en Europa, en cuanto a vacunas, resistencia a la pandemia y protocolo sanitario, “hace falta no despilfarrar energía, hace falta coordinarlo”, comenta Fonseca.
La implantación en Europa de una sede europea a favor del hidrógeno, dado a la carencia de materias primas, el hidrógeno garantiza el futuro frente al carbono.
La decisión de invertir 8 mil millones de euros a crear unos grandes centros europeos coordinados de supercomputación.

Según Francisco Fonseca: “El imposible es no intentarlo, creo que es preferible fracasar a decir no puedo intentarlo porque es imposible […]”

El mayor reto de la Unión Europea
En la última pregunta de la entrevista nos interesó conocer qué inconvenientes puede haber en la Unión Europea a la hora de llevar a cabo su programa y esto fue lo que los expertos contestaron:

“El mayor problema que tenemos en Europa es que somos percibidos en el exterior como una adición de intereses de Estados Unidos […]”, contesta Francisco Fonseca. “No puede ser que nos vean como una adición de intereses nacionales”.

Este año, “El mayor reto que tiene la Unión Europea es ser Unión Europea” *- comenta Susana del Río, – “es ser ejemplo en su manera de crear políticas y de llegar acuerdos entre diferentes partidos y gobiernos a través del debate”.

Para poder conseguir este objetivo, todos los países deben trabajar conjuntamente con la base de los valores, tener como referencia firme la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y proteger una democracia supranacional europea de calidad.

Federico Steinberg destaca que Europa debe vencer sus divisiones internas para avanzar hacia una mayor integración en el mundo y mostrarse fuerte ante otras potencias como China, Estados Unidos o Rusia.