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sábado, 17 de octubre de 2020

El Gobierno remite a la Comisión Europea el Plan Presupuestario 2021

sábado, 17 de octubre de 2020

Ministerio de Hacienda

Plan Presupuestario

El Gobierno remite a la Comisión Europea el Plan Presupuestario 2021

 El documento recoge una significativa reducción del déficit público de 3,6 puntos en 2021 hasta situarse en el 7,7% del PIB gracias al crecimiento económico y a los mayores ingresos fiscales

 El Plan incluye una revalorización de las pensiones que garantiza el poder adquisitivo de los mayores, la implementación plena del Ingreso Mínimo Vital y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas

 El Plan incorpora 27.000 millones de euros de inversión correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a financiar con los nuevos fondos comunitarios

 La previsión de crecimiento para España en 2021 es del 7,2% y alcanza el 9,8% al incluir el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 El impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno en 2020 para combatir la pandemia, proteger las rentas de trabajadores y autónomos y dar liquidez a las empresas, asciende a más de 215.000 millones de euros

15 de octubre de 2020.- El Gobierno remite hoy a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2021 en cumplimiento de las normas comunitarias. El documento, que se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y podrá consultarse aquí, incluye las previsiones del cuadro macroeconómico y la evolución de las finanzas públicas en un contexto de pandemia mundial por la COVID-19 sin precedentes en el último siglo.

El Plan Presupuestario parte de una situación de emergencia sanitaria y refleja el efecto de las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico, social y laboral de esta crisis. Unas decisiones que han permitido proteger la renta de los trabajadores y autónomos, ayudar a los colectivos más vulnerables y dar liquidez a las empresas y a las administraciones territoriales.

El objetivo del Gobierno, recogido en el documento enviado a Bruselas, es presentar en breve unos Presupuestos Generales del Estado para 2021 que sean el principal instrumento para la recuperación económica y social de España. Unos Presupuestos expansivos que combinarán el fortalecimiento del Estado del Bienestar y el impulso de la inversión con el inicio de una senda de reducción del déficit. Como ha recordado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la suspensión de las reglas fiscales no implica que el Gobierno renuncie a mejorar el saldo fiscal de la Administración Pública.

Además, los Presupuestos serán el vehículo para canalizar más de 27.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos en 2021 que financiarán las inversiones y reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno la pasada semana y que sentará las bases de un nuevo modelo productivo basado en la digitalización, la transición energética, la cohesión social y la igualdad.

Impacto de medidas contra la COVID

El Plan Presupuestario detalla el impacto de las medidas aprobadas por el Gobierno este año para luchar contra la emergencia sanitaria y paliar los efectos económicos, laborales y sociales de la crisis.

El Gobierno aprobó un conjunto de medidas para reforzar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y el transporte, incluyendo el Fondo COVID de 16.000 millones de euros de transferencias para las comunidades autónomas orientado a garantizar los recursos necesarios en esta materia.

Además, se aprobaron medidas sin precedentes para apoyar a las familias y a los trabajadores, así como a los colectivos más vulnerables y también a las empresas por valor de 55.588 millones de euros en 2020. De hecho, en el peor momento de la crisis un tercio de la población activa estuvo protegida por esta red de seguridad.

Entre estas medidas se encuentran la regulación y el apoyo financiero público de los ERTES, que han permitido salvaguardar el empleo y las rentas de millones de trabajadores, y apoyar a más de medio millón de empresas; la prestación por cese de actividad de los autónomos que ha beneficiado a un millón y medio de trabajadores por cuenta propia.

Además, el Gobierno adoptó una serie de medidas para aliviar las cargas fiscales y de cotizaciones de las empresas y los autónomos con un impacto de casi 1.000 millones de euros. Asimismo, el Ejecutivo también ha puesto en marcha distintas líneas de avales y garantías por valor de 159.469 millones de euros para garantizar la viabilidad de empresas afectadas por la pandemia y, en segunda instancia, financiar proyectos de inversión que permitan fortalecer y ampliar nuestro tejido productivo.

Todas las medidas aprobadas por el Gobierno para luchar contra la pandemia y mitigar la crisis suman 215.979 millones de euros en 2020.

Reducción del déficit

La presentación del Plan Presupuestario se produce en un contexto inédito que ha llevado a la Comisión Europea a tomar medidas extraordinarias como la aplicación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2020, que también se prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.

En línea con esta decisión comunitaria, el Gobierno de España ha aprobado la suspensión de las reglas fiscales de 2020 y 2021, como también han adoptado otros países europeos. Esto implica la suspensión de los objetivos de estabilidad para esos dos ejercicios, que serán sustituidos por unas tasas de referencia. En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene en el Plan Presupuestario el compromiso de avanzar a partir del próximo año en una senda descendente del déficit.

De hecho, el documento recoge que el déficit en 2021 se situará en el 7,7% del PIB, lo que supone uno de los mayores descensos de la serie con una caída de 3,6 puntos respecto al dato de 2020. Esta reducción se produce en gran medida por la recuperación de los ingresos gracias a la mejor evolución del ciclo económico –con la estimación de un fuerte repunte del PIB- y a las medidas tributarias relacionadas con una fiscalidad más justa y progresiva, adaptada a las nuevas áreas de negocio y a los impuestos medioambientales.

La distribución del déficit de 2021 por subsectores muestra que la Administración Central asumirá la mayor parte del coste de la pandemia, como ha ocurrido desde el inicio de la emergencia sanitaria. De esta forma, la tasa de referencia inicial de la Administración Central será del 2,4%; para las Comunidades Autónomas del 2,2%; la Seguridad Social un 3%; y para las Entidades Locales un 0,1%.

Sin embargo, como ya explicó la ministra de Hacienda en la presentación del techo de gasto, el Gobierno ha decidido que la Administración Central asuma la mitad del déficit de las Comunidades Autónomas y gran parte del déficit de la Seguridad Social.

En concreto, el Estado aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas. Es decir, el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.

Por tanto, la tasa de referencia final de la Administración Central es del 5,2%. La referencia de las Comunidades Autónomas se reduce a la mitad y se situará en el 1,1% y la Seguridad Social pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%.

Las Entidades Locales mantendrán su tasa de déficit del 0,1%, aunque gracias a la suspensión de las reglas fiscales podrán hacer uso de sus remanentes y contribuir así en la recuperación económica y social de España.

Cuadro 2.6 bis. Previsiones 2021

Asimismo, la ratio de deuda pública sobre el PIB comenzará a reducirse en 2021 al situarse en 117,4%, frente al 118,8% de 2020.

El Plan Presupuestario contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020. Este descenso en la ratio es consecuencia del mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020. Un aumento de los ingresos públicos que se explica por la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio.

El impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley contra el Fraude fiscal se sitúa en 6.847 millones en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja.

Por ejemplo, en 2021 se aplicará el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, que fueron aprobados recientemente por el Parlamento y que permitirán modernizar el sistema fiscal y adaptarse a la nueva realidad económica. El próximo año también se impulsará la fiscalidad medioambiental, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. En este contexto, se enmarca la creación del Impuesto sobre Envases de Plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública.

El documento enviado a las autoridades europeas también recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, cuyo objetivo es favorecer hábitos más saludables.

También recoge las medidas incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que permitirán reforzar el control de las prácticas irregulares asociadas a las nuevas tecnologías, combatir la economía sumergida mediante la bajada del límite de pagos en efectivo en el ámbito profesional y también combatir la elusión fiscal de las grandes multinacionales para hacer un sistema tributario más justo.

Revalorización de las pensiones, IMV y permisos de paternidad

El Plan Presupuestario remitido a Bruselas recoge también el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado 2021 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre. Un límite de gasto no financiero extraordinario por la situación de pandemia que no admite comparación con años anteriores.

Para evaluar el techo de gasto hay que tener en cuenta distintas variables. En primer lugar, estaría el denominado techo de gasto homogéneo, que asciende a 136.779 millones. Supone un 7,2% más que el límite de gasto aprobado para 2020. Este incremento se debe a las mayores partidas para respaldar medidas como el Ingreso Mínimo Vital, mayores recursos para la dependencia o la educación. Este límite de gasto sí que admite la comparación con el anterior.

Sin embargo, hay que sumar otras partidas sin correspondencia en ejercicios anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte del déficit de la Seguridad Social, lo que eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros.

Por último, hay que sumar una parte de los fondos europeos. En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España presentará a las instituciones europeas recogerá 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021, que se incorporan al techo de gasto. Además, hay que sumar 2.436 millones del programa REACT-EU que se destinan al Ministerio de Sanidad para repartirlo, posteriormente, entre los territorios para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material y equipamiento sanitario.

Hay que recordar que los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público, ya que se reconocen como un ingreso. Con todos estos factores, el límite de gasto no financiero total se sitúa en 196.097 millones de euros.

La mejora de la economía en 2021 también se refleja en la evolución del gasto. Así, el Plan Presupuestario contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53% en 2020 al 48% en 2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.

Este comportamiento es compatible con un fortalecimiento del Estado del Bienestar y con medidas de protección social. De hecho, el Plan Presupuestario recoge el compromiso del Gobierno con los pensionistas, que verán revalorizada su pensión en 2021 según la inflación prevista. Esto permitirá que los mayores no pierdan poder adquisitivo.

Asimismo, el Plan Presupuestario también recoge el aumento gradual del permiso de paternidad que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad. Esta medida supone un avance más hacia la igualdad real e implica que, por primera vez, los padres y las madres tendrán derecho a las mismas semanas de permiso.

El documento también recoge el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación para luchar contra la pobreza que estaba prevista en el acuerdo de Gobierno y que fue acelerada para ayudar a las personas más vulnerables durante la crisis. Se trata de una prestación que se consolida en 2021 y que permite reforzar el Estado de Bienestar.

Cuadro macroeconómico

El Plan Presupuestario recoge las previsiones del cuadro macroeconómico teniendo en cuenta los últimos datos de evolución económica en un entorno de gran incertidumbre por la evolución del virus. El escenario descrito para el año 2021 cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Así, para 2020 las estimaciones indican una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 11,2%. Sin embargo, para 2021 se prevé un significativo rebote de la economía. La previsión del Gobierno apunta a un crecimiento del 7,2%, cifra que alcanza el 9,8% cuando se incluye el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aportará un mayor dinamismo de la inversión, el consumo privado, las exportaciones y el empleo.

Por su parte, la tasa de paro se reducirá hasta el 16,3%, frente al 17,1% previsto para 2020.

Cuadro macroeconómico inercial y con impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Las competencias digitales como palanca de la transformación digital

sábado, 17 de octubre de 2020

30 Septiembre 2020

Digitalización

Las competencias digitales como palanca de la transformación digital

CEOE

España está por debajo de la media de la UE (puesto 16), con un 43% de personas entre 16 y 74 años que aún carecen de competencias digitales, según Informe DESI (Índice de Economía y Sociedad Digitales).

La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia que el reto de la digitalización no es algo optativo; lo que era un objetivo en el medio o largo plazo, se ha convertido en una prioridad y una urgencia del corto plazo, de la que depende la supervivencia de la mayoría de las empresas. Teniendo en consideración lo mucho que nos está ayudando la tecnología y la digitalización en estos duros momentos, resulta imprescindible hacer un mayor esfuerzo por consolidar y aumentar el avance tecnológico en España y sus empresas.

El presidente de Telefónica, Jose Mª Álvarez Pallete, señalaba en su intervención en la Cumbre Empresarial de CEOE del pasado mes de junio: «Es como si nos hubieran metido en una cápsula del tiempo y hubiéramos avanzado cinco años en digitalización». En la misma línea, Fuencisla Clemares, directora Google España, se refería, en esa misma cumbre, a que «el COVID ha puesto de manifiesto la relevancia de la tecnología en todos los ámbitos». «Creo que también nos ha marcado el camino de la recuperación, que no es otro que seguir apostando por la digitalización de la empresa y de las instituciones españolas a todos los niveles», añadía.

El último Informe DESI “Índice de Economía y Sociedad Digitales”, que mide el rendimiento y evolución de los Estados miembros de la UE en materia de competitividad digital, recoge, entre otros indicadores, el capital humano. «Españan está por debajo de la media de la UE (puesto 16), con un 43% de personas entre 16 y 74 años que aún carecen de competencias digitales», precisa.

En la última edición del Plan Digital 2025 de la CEOE publicada en junio 2020, pone de manifiesto así mismo que «el empleado del futuro debe reunir aquellas competencias que le permitan una mayor adaptación al cambio.(…) Si los trabajadores son formados en las nuevas tecnologías que les afectan a su trabajo, se propicia una mayor adaptación al cambio cultural».

CEOE Campus conoce de primera mano los retos a los que se enfrentan las empresas y sus profesionales, y les brindamos las herramientas de desarrollo que necesitan para impulsar su competitividad. Por esta razón, y con el objetivo de promover la digitalización en España mediante el conocimiento, hemos cerrado una alianza con The Valley Digital Business School. Con este acuerdo, CEOE Campus y The Valley trabajarán en conjunto para ofrecer a profesionales y empresas el acceso a la formación en competencias digitales que precisan para mejorar su competitividad en el mercado y sus oportunidades de empleabilidad, reducir sus tiempos de reacción ante los cambios de la economía digital, incrementar su adaptación y acelerar su aplicación a las nuevas circunstancias.

La colaboración de The Valley como partner académico de CEOE Campus en los programas de digitalización inicia su andadura con Claves de la Digitalización, que comienza el próximo 5 de octubre, Programa Profesional Digital, que iniciará el 12 de noviembre, y Programa Líder Digital en 2021.

En palabras de Nuria Torrijos, directora del área Digitalización en CEOE Campus, «la transformación digital se ha acelerado desde la irrupción de la pandemia, sin embargo, el reto está ahora en los profesionales que tenemos que cambiar el CHIP cultural abrazando la tecnología e innovación continua. Esta colaboración posibilita sumar a aquellos profesionales que todavía no lo han hecho»

Para Ana Delgado, Chief Education Officer & Partner en The Valley y directora académica del programa, «la llegada de la pandemia ha cambiado la forma de hacer las cosas, tanto en el ámbito personal como profesional. Nos encontramos ahora en un entorno cambiante que ha puesto en evidencia la necesidad de contar con habilidades digitales que permitan a los profesionales adecuar los procesos a la nueva realidad, para seguir siendo exitosos y relevantes. Así, con este acuerdo, ponemos a disposición el expertise del ecosistema digital The Valley, para seguir ayudando a empresas y profesionales a aprovechar las oportunidades de la economía digital, teniendo siempre como premisa el conocimiento».

La CNMC aprueba con compromisos la adquisición por parte de ÇIMSA del negocio de cemento blanco de CEMEX

sábado, 17 de octubre de 2020

La CNMC aprueba con compromisos la adquisición por parte de ÇIMSA del negocio de cemento blanco de CEMEX

30 Septiembre 2020

Competencia

◦La concentración se aprueba tras un intenso trabajo en segunda fase y un paquete de compromisos que ha sido sometido a un test de mercado, tanto con los competidores como con los principales clientes de las partes, así como a un análisis económico exhaustivo a partir de los datos de clientes de cemento blanco a granel y ensacado en España
◦Los compromisos presentados suponen, en primer lugar, la transferencia por parte de ÇIMSA de su derecho de uso sobre la terminal de Alicante en favor de CEMENTOS MOLINS. Esta transferencia incluye la lista de clientes a los que ÇIMSA ha suministrado desde Alicante y los activos necesarios ubicados en la terminal.
◦En segundo lugar, y con el objetivo de garantizar el suministro de cemento blanco en la zona sur de España, se ha presentado un compromiso adicional que establece que ÇIMSA utilizará el silo de CEMEX ubicado en Motril para servir a los clientes de cemento blanco hasta ahora servidos desde la terminal de Sevilla de ÇIMSA, así como a los clientes de CEMEX servidos desde Motril.
◦La Comisión vigilará el efectivo cumplimiento de los compromisos, debiendo ÇIMSA informar periódicamente a la CNMC sobre el avance en cumplimiento e implementación de los mismos. Igualmente, el Consejo de la CNMC encomienda a la Dirección de Competencia una supervisión proactiva de los precios y condiciones comerciales en el mercado de cemento blanco en España.

La CNMC ha acordado la aprobación de la adquisición por parte de Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret, A.S (ÇIMSA) del negocio de cemento blanco de las sociedades Cemex España Operaciones, S.L.U., Cemex, S.A.B. de C.V. y Cemex España, S.A.(CEMEX), excluyendo determinados activos. Esta decisión se ha adoptado tras una intensa investigación en segunda fase y va acompañada de un paquete de compromisos dirigidos a solucionar los problemas de competencia detectados durante la investigación y manifestados en el test de mercado (C/1052/19).

Con esta adquisición ÇIMSA se convierte en el líder del mercado tanto en cemento blanco a granel como en ensacado, dando lugar a cuotas superiores al 50% en el caso de cemento blanco a granel.

Para valorar las repercusiones derivadas de la adquisición propuesta, la CNMC realizó un primer test de mercado dirigido a conocer la opinión de competidores y clientes afectados por la operación. En julio de 2019, acordó el paso de la operación a “segunda fase”, con el objetivo de realizar un análisis en profundidad de los posibles efectos adversos para la competencia derivados de la operación.

En febrero de 2020, la Dirección de Competencia elaboró un pliego de concreción de hechos en el que se identificaron varios problemas de competencia. Entre otros, se detectó en primer lugar, que la operación daba lugar a elevadas cuotas de mercado, en particular en el mercado de cemento blanco a granel, en las zonas del Levante y sur de España, siendo además estas zonas en las que se consume mayor volumen de cemento blanco a granel. En segundo lugar, se reducía significativamente el número de alternativas para muchos clientes de cemento blanco a granel, dificultando el cambio de proveedor, con la consiguiente reducción del poder de negociación de los mismos, ya de por sí limitado con anterioridad a la operación. Asimismo, se consideró que, tras la operación, la entidad resultante no estaría sujeta a una presión competitiva suficiente por parte de sus competidores en el mercado, ni competidores potenciales y que la reducción del número de alternativas de suministro y la estabilidad del mercado de cemento blanco podía dar lugar a riesgos de efectos coordinados tras la operación.

En ausencia de compromisos, se determinó que la operación reforzaba la ya de por sí elevada concentración en el mercado y posición de liderazgo que venía ostentando CEMEX en cemento blanco a granel en el área de influencia de 400km alrededor de la de la planta adquirida a CEMEX (situada en Buñol), así como en las zonas de Levante y Sur de España, donde se observó una notable reducción del número de las alternativas de suministro de cemento blanco a granel en un radio de 400km para la mayoría de clientes en dichas zonas.

Como consecuencia de lo anterior, ÇIMSA presentó en marzo una propuesta de compromisos para intentar resolver los problemas detectados, compromisos que fueron objeto de mejoras y actualizaciones hasta la presentación de la propuesta final el 27 de julio de 2020.

El paquete final de compromisos aprobado está dirigido a resolver los riesgos a la competencia detectados, garantizando el mantenimiento del número de alternativas de suministro existentes con anterioridad a la operación, especialmente en la zona de Levante, mediante la entrada de un nuevo operador, CEMENTOS MOLINS, a través de la adquisición del silo de Alicante de ÇIMSA y el fondo de comercio asociado al mismo. Además, en la zona Sur de España, los compromisos garantizan la continuidad del suministro de cemento blanco a los clientes de ÇIMSA y CEMEX desde el silo de Motril durante un periodo de dos años.

Compromiso de desinversión del silo de Alicante y fondo de comercio asociado en favor de CEMENTOS MOLINS.

En virtud de este compromiso, ÇIMSA se compromete a transferir a largo plazo el derecho de uso del silo de Alicante en favor de MOLINS, así como todos los activos vinculados a la misma, sujeto a ciertas cláusulas suspensivas relativas a la obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas. La transferencia también incluye los activos de la terminal de Alicante que actualmente utiliza ÇIMSA en el negocio del cemento blanco, así como su fondo de comercio suministrado desde la citada terminal, que incluye la lista de los clientes a los que ÇIMSA ha suministrado cemento blanco desde esta terminal durante los tres últimos años. Asimismo, ÇIMSA se compromete a que la ejecución de dicho compromiso se re realice con carácter previo a la de la operación principal.

La CNMC sometió esta propuesta de compromisos a un test de mercado que incluía los principales clientes de las partes, así como competidores y realizó un análisis económico exhaustivo en base a los datos de los clientes de cemento blanco en España, con objeto de valorar la suficiencia e idoneidad de los mismos.

En este sentido, a la luz de los resultados del test de compromisos y del análisis económico realizado, se constató que, si bien los citados compromisos resolvían los problemas de competencia detectados en el mercado geográfico de 400km alrededor de la planta de Buñol, no resultaban suficientes para resolver los problemas de competencia identificados en la zona sur de España.

Compromiso relativo al uso por ÇIMSA del silo de Motril de CEMEX para servir a los clientes de ambos en la zona Sur de España.

Por ello, el 24 de septiembre de 2020 ÇIMSA presentó un compromiso adicional, dirigido a solventar específicamente los problemas de competencia en la zona sur. De acuerdo con este compromiso, ÇIMSA servirá desde el silo de Motril y hasta el fin de la concesión del mismo en 2022 a la totalidad de clientes de ÇIMSA servidos anteriormente desde su silo de Sevilla, así como a la totalidad de clientes de CEMEX que venían siendo servidos desde Motril con anterioridad a la presente operación. De esta forma se permite que dichos clientes mantengan inalteradas las alternativas de suministro al poder servirse desde Motril durante un plazo de dos años, tiempo suficiente para que el nuevo entrante, CEMENTOS MOLINS, se asiente en el mercado y los clientes de la zona sur puedan, en su caso, adaptarse a los proveedores de cemento blanco alternativos.

La CNMC vigilará el efectivo cumplimiento de los compromisos, debiendo ÇIMSA informar a la CNMC, mediante la remisión de informes quincenales, sobre el avance en cumplimiento e implementación de los mismos.

Por último, a la vista de las características del mercado de cemento blanco en España identificadas en el análisis de esta concentración, el Consejo de la CNMC insta a la Dirección de Competencia a realizar una supervisión proactiva periódica de los precios y condiciones comerciales en dicho mercado.

La AIReF estima que el gasto en pensiones aumentará al 14,2% del PIB en 2050 tras actualizar sus previsiones demográficas

sábado, 17 de octubre de 2020

La AIReF estima que el gasto en pensiones aumentará al 14,2% del PIB en 2050 tras actualizar sus previsiones demográficas

28 septiembre 2020

AIReF

•El incremento del gasto en pensiones de 3,3 puntos del PIB respecto al nivel de 2019, 10,9% del PIB, se explica por los factores demográficos como resultado del proceso de envejecimiento de la población, que se compensa solo parcialmente por la evolución prevista del mercado de trabajo y de los factores institucionales
•En el escenario central, la población aumenta hasta los 54 millones de habitantes en 2050, con entradas anuales netas promedio de 330.000 inmigrantes entre 2020 y 2050, cierta recuperación de la fecundidad y mejoras en la esperanza de vida
•Este escenario central podría alterarse de forma relevante de materializarse algunos escenarios de riesgo simulados por la AIReF, como unos menores flujos de migración neta, el estancamiento del mercado de trabajo o que la crisis de la COVID-19 tenga efectos estructurales
•La AIReF dispone de una herramienta web para simular la evolución del gasto en pensiones en diferentes escenarios
•La AIReF considera que continúan siendo válidas las conclusiones y propuestas de la Opinión de 2019, siendo necesario abordar retos a corto y largo plazo
•En el corto plazo, la AIReF considera conveniente cerrar el déficit estructural de la Seguridad Social, trasladándolo a aquellas partes de la Administración con herramientas suficientes para reducirlo, sin obviar la necesidad de abordar el déficit estructural de las AAPP que quedaría inalterado
•A largo plazo, siguen vigentes las propuestas de profundización de la reforma paramétrica de 2011. Así, elevar 2 años la edad efectiva de jubilación y aumentar de 25 a 35 años del periodo de cómputo para la jubilación supondría una contención del gasto adicional de 1,4 puntos del PIB
•La institución estima que las reformas paramétricas de 2011, en su regulación actual, suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050 y la aplicación del factor de sostenibilidad desde 2023 implica un ahorro adicional de 0,9 puntos en 2050
•La AIReF afirma que la elevada incertidumbre hace aconsejable empezar a estudiar y debatir otras opciones que garanticen la sostenibilidad, suficiencia y equidad si se materializasen escenarios más adversos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó hoy la actualización de las previsiones demográficas y de gasto en pensiones a largo plazo en las que estima, en su escenario central, que el gasto en pensiones se situará en el 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un incremento de 3,3 puntos desde los niveles actuales. En la Opinión sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social presentada el enero de 2019, la AIReF estimó que esta partida aumentaría hasta el 13,2% en 2048, lo que en la práctica implica un aumento de su anterior estimación.

Las nuevas previsiones incorporan los datos conocidos hasta la fecha y las mejoras metodológicas que la AIReF ha ido incorporando a sus modelos de previsión en los últimos años. Además, contemplan la incidencia de la crisis de la COVID-19 a corto plazo. No obstante, ante la situación de incertidumbre, en este escenario central se ha optado por asumir que no tendrá efectos estructurales sobre la economía española en las previsiones a largo plazo.

Conforme al Documento Técnico presentado hoy por la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, el factor demográfico impulsa fuertemente el crecimiento del gasto en pensiones como resultado del proceso de envejecimiento, siendo compensado parcialmente por la evolución del mercado de trabajo y de los factores institucionales, condicionados por las reformas aprobadas.

Según el escenario central, la población en España aumenta hasta los 54 millones de habitantes en 2050, mientras que la población en edad de trabajar se mantiene por encima de los 30 millones de personas durante todo el horizonte de previsión. Como consecuencia, la tasa de dependencia (entendida como población de más de 66 años dividida entre población entre 16 y 66 años) alcanza el 53% en 2050.

Esta evolución viene explicada por las previsiones en migraciones, fecundidad y esperanza de vida. A partir de su modelo de flujos de migración bilaterales entre más de 100 países, la AIReF estima un flujo de entradas anuales netas promedio de 330.000 personas en el periodo 2020–2050, bajo el supuesto de que se mantienen las políticas migratorias actuales.

En cuanto a la fecundidad, la AIReF prevé una convergencia a 1,4 hijos por mujer en 2050, lo que supone una recuperación desde los niveles históricamente bajos que se han registrado en los últimos años.

Por último, se prevén mejoras continuadas en la esperanza de vida, aunque a menor ritmo que en décadas pasadas, lo que situaría la esperanza de vida al nacer en 86,8 años en 2050. El impacto de la COVID-19 se ha incorporado en las previsiones a corto plazo de la esperanza de vida y de las migraciones, suponiendo caídas significativas pero temporales, en línea con los datos disponibles.

En lo que se refiere al crecimiento y al mercado de trabajo y de manera coherente con las previsiones demográficas ya expuestas, la AIReF asume como escenario central un crecimiento medio del PIB real de 1,4% en el periodo 2020–2050. A corto plazo, la AIReF incorpora sus previsiones propias, que ya recogen el impacto de la COVID–19. Posteriormente, realiza hipótesis sobre las tasas de actividad, el desempleo y la productividad, de acuerdo con la práctica habitual en la literatura académica. Por un lado, la tasa de actividad crecería 2 puntos hasta 2050, reflejando una mayor participación de la población femenina y de los mayores, en consonancia con las reformas tendentes a postergar la edad de jubilación efectiva. Por su parte, la tasa de paro se iría reduciendo, en consonancia con la disminución de la población en edad de trabajar, hasta alcanzar en 2050 una tasa próxima al 7% de la población activa. Por otro lado, la productividad crecería de media un 0,9% al año, igual al promedio de las dos últimas décadas (2000-2019); su trayectoria asume la convergencia en 2035 al 1,1% desde los valores actuales próximos a cero.

En el escenario central, la AIReF considera el impacto de las reformas paramétricas de 2011, que suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050, y la aplicación del factor de sostenibilidad a partir de 2023, lo cual supone un ahorro de 0,9 puntos adicionales de PIB.

Asimismo, la AIReF también ha simulado el impacto que tendría la profundización de las reformas paramétricas de 2011 en línea con las propuestas de la Opinión de 2019. Esta profundización contendría el gasto en pensiones en 1,4 puntos del PIB, asumiendo que la edad efectiva de jubilación se retrasa 2 años sin alterar la edad legal y que el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión aumenta de 25 a 35 años.

Simulaciones de riesgos y efectos sobre el gasto

La AIReF señala que la incertidumbre en torno a las proyecciones demográficas y macroeconómicas es elevada y pueden materializarse escenarios más adversos. Por este motivo, incluye en la actualización simulaciones de escenarios de riesgo, así como un ejercicio de sensibilidad de las principales variables.

Así, una reducción del saldo migratorio neto a la mitad de lo previsto supondría un incremento de 1,9 puntos de PIB de gasto en pensiones.

También un mayor estancamiento del mercado laboral con una convergencia de l a tasa de paro estructural al 10% -en lugar del 7% incluido en su escenario central- implicaría un incremento del gasto en pensiones en 2050, en este caso de 1,2 puntos.

Por último, la institución considera un tercer escenario en el que la actual crisis de la COVID-19 tiene un impacto estructural sobre el PIB potencial y la productividad, lo que elevaría el gasto en 0,7 puntos del PIB.

En el lado positivo, el plan de Recuperación y Resiliencia puede ser el detonante de reformas estructurales que mejoren la productividad, el crecimiento potencial y el empleo.

Propuestas

Como resultado de este análisis y teniendo en cuenta la situación actual, la AIReF considera que continúan siendo válidas las propuestas incluidas en la Opinión de 2019. En el corto plazo, considera conveniente cerrar el déficit estructural de la Seguridad Social, trasladándolo a aquellas partes de la Administración con herramientas suficientes para reducirlo. No obstante, señala que la resolución a corto plazo del déficit estructural de la Seguridad Social no debe rebajar la necesidad de afrontar los retos a largo plazo, ni hacer olvidar que el déficit estructural de las AAPP permanecería inalterado.

Por ello, siguen vigentes las propuestas de profundización de las reformas paramétricas para contener el incremento previsto del gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población. Una pronta implementación de las reformas permitiría una implantación más gradual que si se retrasan en el tiempo, facilitando su aceptación social y la adaptación de las decisiones individuales a la nueva situación.

De hecho, la elevada incertidumbre hace aconsejable que se empiecen a estudiar y debatir otras opciones que garanticen la sostenibilidad, suficiencia y equidad del sistema si se materializasen escenarios más adversos. La AIReF considera que un acuerdo en el Pacto de Toledo sería un buen principio, aunque su efectividad para garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social dependerá de la concreción de las recomendaciones en la normativa.

La AIReF dispone en su página web de una herramienta web que permite simular la evolución del gasto en pensiones en diferentes escenarios. Puedes acceder a esta herramienta en este enlace.