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Archivo del 22 de octubre de 2020

Intervención de la Decana en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

jueves, 22 de octubre de 2020

El Congreso aprecia que existen las condiciones de excepcionalidad para suspender las reglas fiscales

jueves, 22 de octubre de 2020

Medidas para combatir la COVID-19

El Congreso aprecia que existen las condiciones de excepcionalidad para suspender las reglas fiscales

Martes 20 de octubre de 2020

La Moncloa

La medida, solicitada por el Gobierno, sigue las recomendaciones de la Comisión Europea y está amparada por la Constitución Española y la Ley de Estabilidad.

El Congreso de los Diputados ha apreciado hoy que España sufre una emergencia extraordinaria por la pandemia de la COVID-19 que justifica la suspensión temporal de las reglas fiscales en 2020 y 2021. Este posicionamiento, solicitado por el Gobierno en cumplimiento de la Constitución Española y la Ley de Estabilidad, ha sido aprobado en la Cámara Baja por amplia mayoría absoluta.

De esta forma, España sigue las recomendaciones de la Comisión Europea, que decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.

Como consecuencia de esta decisión, que ya ha sido adoptada por otros países europeos y ha recibido el beneplácito del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Ministros celebrado el pasado 6 de octubre suspendió la senda y los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno en febrero y por el Parlamento en marzo y que han quedado absolutamente desfasados por el impacto de la emergencia sanitaria.

La medida adoptada por el Ejecutivo cuenta con el amparo de la Constitución Española y la Ley de Estabilidad. En concreto, el artículo 135.4 de la Carta Magna recoge esta suspensión en caso de «catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».

Por tanto, con la apreciación adoptada hoy por la Cámara Baja se cumple este precepto constitucional y quedan suspendidos los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. Asimismo, permitirá a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes durante los dos ejercicios de suspensión de las reglas fiscales.

En cualquier caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que la suspensión de las reglas fiscales «no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal». De hecho, la titular de Hacienda ha reiterado que el Gobierno no renuncia a la estabilidad presupuestaria ni tampoco al principio de prudencia a la hora de realizar los Presupuestos Generales.

Responsabilidad fiscal y reducción del déficit

En este sentido, Montero ha recordado que el Gobierno se compromete a iniciar una senda de reducción del déficit público a partir del próximo año. Así lo contempla el Plan de Estabilidad de 2021 enviado a Bruselas al recoger para el próximo ejercicio una de las mayores disminuciones del déficit de 3,6 puntos hasta situarlo en el 7,7% del PIB.

Durante su intervención, la ministra de Hacienda ha recordado que, pese a no existir objetivos de estabilidad, sí habrá unos objetivos de referencia. En concreto, la tasa de referencia por subsectores muestra cómo la Administración Central asume la mayor parte del coste de la pandemia, algo que ha ocurrido desde el inicio de la emergencia sanitaria. De hecho, la Administración Central asumirá gran parte del déficit de las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social.

En principio, la tasa de referencia del déficit del 7,7% de 2021 se repartiría de la siguiente forma: un 2,4% para la Administración Central; un 2,2% para las Comunidades Autónomas; un 3% para la Seguridad Social; y un 0,1% para las Entidades Locales.

Sin embargo, el Gobierno aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas. Es decir, el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.

Por tanto, la tasa de referencia en 2021 será finalmente del 5,2% para la Administración Central. La referencia de las Comunidades Autónomas se reducirá a la mitad y se situará en el, 1,1%. La Seguridad Social pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%.

Las Entidades Locales mantendrán su tasa de déficit del 0,1%, aunque gracias a la suspensión de las reglas fiscales podrán hacer uso de sus remanentes y contribuir así en la recuperación económica y social de España.

Techo de gasto

Aunque el límite de gasto no financiero del Estado de 2021 no se sometía a votación en el Congreso, la ministra de Hacienda también ha recordado que el contexto provocado por la pandemia conlleva la fijación de un techo de gasto excepcional sin comparación con el de ejercicios anteriores al incorporar una serie de elementos extraordinarios.

En primer lugar, está lo que se podría denominar límite de gasto homogéneo, que asciende a 136.779 millones. Supone un 7,2% más que el límite de gasto aprobado para 2020. Este aumento se debe a las mayores partidas para cubrir el Ingreso Mínimo Vital, incrementar las partidas en dependencia, reforzar la educación o las aportaciones a la Unión Europea. Este límite de gasto sí que admite la comparación con el anterior.

Sin embargo, hay que añadir varias partidas que no tienen equivalencia en años anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte de la referencia de la Seguridad Social. Esta partida, eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros.

Además, hay que incluir una parte de los fondos europeos. Los Presupuestos Generales de 2021 recogerán la inclusión de 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación, que se incorporan al techo de gasto. Además, se incluirán 2.436 millones del programa REACT-EU que corresponden al Ministerio de Sanidad para, posteriormente, repartirlo entre las comunidades autónomas para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material sanitario.

Por tanto, el techo de gasto de 2021 incorporará un total de 27.436 millones de los fondos europeos, lo que eleva el límite de gasto no financiero hasta los 196.097 millones. En cualquier caso, los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público ya que se reconocen como un ingreso.

Techo de Gasto. CSIF reclama un plan de empleo para reforzar los servicios públicos y recuperar el poder adquisitivo

jueves, 22 de octubre de 2020

Techo de Gasto. CSIF reclama un plan de empleo para reforzar los servicios públicos y recuperar el poder adquisitivo

6 octubre 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado considera que el techo de gasto aprobado hoy por el Gobierno debe servir para reforzar los servicios públicos y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores/as de nuestras administraciones.

CSIF ha reclamado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública iniciar la negociación de los presupuestos en el ámbito de las ofertas de empleo público y las retribuciones.

En primer lugar, entendemos que las administraciones públicas deben de ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía que, como hemos visto, se encuentran en una situación muy delicada en ámbitos como la sanidad, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, así como en los servicios sociales la educación, la justicia, Agencia Tributaria o los fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por otra parte, CSIF reitera su rechazo a la congelación salarial –la ministra de Economía volvió a referirse hoy a esta posibilidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros–.

Entendiendo las dificultades por las que atraviesa la economía, hay que recordar que los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo. Además, en muchos ámbitos esta situación se ve agravada por la precariedad en empleo, que registra una tasa de temporalidad del 27,8 por ciento, por encima de la del sector privado.

CSIF recuerda además que los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, por lo que reivindicamos un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones.

Consumo refuerza el etiquetado, publicidad y control de las mascarillas higiénicas

jueves, 22 de octubre de 2020

Consumo refuerza el etiquetado, publicidad y control de las mascarillas higiénicas

Martes 13 de octubre de 2020

El Ministerio de Consumo ha iniciado el procedimiento para reforzar la regulación en el comercio de las mascarillas higiénicas, también denominadas cobertores faciales comunitarios.

La Moncloa

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Para ello, Consumo ya ha remitido a consulta pública el texto para ampliar los requisitos de etiquetado, publicidad y control de estos productos con el fin de garantizar que la población sea consciente de su finalidad y características.

En España, entre la población sin síntomas de Covid-19 y que no está en contacto con personas contagiadas, se ha popularizado el uso de mascarillas higiénicas. Esto ha motivado que en el mercado existan numerosos productos de este tipo que, sin embargo, no se ajustan a los requisitos mínimos de protección facial. De hecho, en los últimos días, diversos centros sanitarios han prohibido el acceso a sus instalaciones con mascarillas de tela.

Tal y como ha advertido recientemente la Comisión Europea, la regulación actual hace que, en determinadas ocasiones, las indicaciones, sugerencias, formas de presentación o referencias a equivalencias estén dando lugar a malentendidos sobre el tipo de mascarilla que se está adquiriendo. Por ello, Consumo apuesta por un texto normativo que defina el concepto de ‘mascarilla higiénica’ o ‘cobertor facial comunitario’, como primer paso para endurecer la regulación de este producto.

Con ello, el Gobierno va a reforzar los requisitos de etiquetado de estos productos, incidiendo sobre la veracidad de las características que indiquen información sobre lavados y pérdida de eficacia.

Asimismo, se prohibirá la utilización de inscripciones, signos, anagramas, dibujos o indicaciones que puedan dar lugar a engaño sobre el tipo de mascarilla que el consumidor está adquiriendo.

Por último, Consumo regulará la utilización e información del comercio de los filtros que son utilizados a modo de consumibles y que son intercambiables. Estos pueden comercializarse separadamente de las mascarillas higiénicas, aspecto que actualmente tampoco tiene una normativa específica.

Sanciones

De acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (LGDCU), Consumo va a establecer como infracción el incumplimiento de las normas relativas a etiquetado, envasado y publicidad de las mascarillas higiénicas.

Las autoridades de consumo de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con su normativa autonómica, podrán iniciar expedientes sancionadores contra las compañías que comercialicen este tipo de mascarillas sin respetar las normas de etiquetado y retirar de la circulación los productos.

Orden Ministerial

La regulación de las mascarillas higiénicas se hará a través de una Orden Ministerial con base en la potestad del Ministerio de Consumo para dictar reglamentos sobre etiquetado de productos recogido en la LGDCU.