AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 23 de octubre de 2020

Hortensia. Donamaría

viernes, 23 de octubre de 2020

El CGPJ firma con Plena Inclusión España un convenio dirigido a garantizar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad intelectual

viernes, 23 de octubre de 2020

Jueves, 22 de octubre de 2020

El CGPJ firma con Plena Inclusión España un convenio dirigido a garantizar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad intelectual

Ambas instituciones se comprometen a desarrollar las medidas necesarias para permitirles la realización de actuaciones en todas las fases del procedimiento

Autor: Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente de la Confederación Plena Inclusión España, Santiago López Noguera, han firmado un convenio marco cuya finalidad es que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o las personas con dificultades de comprensión puedan tener un pleno acceso a la justicia en todas las fases del proceso.

De este modo, se da cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y de carácter vinculante para España.

También, a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que compromete a la Administración de Justicia en el desarrollo de las medidas que resulten necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la prohibición de la discriminación y el acceso universal a la misma. Esta ley recoge el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en el disfrute de sus derechos y establece la obligación de las administraciones públicas de proteger, entre otros, su derecho a la tutela judicial efectiva.

Tanto la Convención de la ONU como la ley estatal muestran la necesidad de centrar los esfuerzos en asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en condiciones de igualdad. El Consejo General del Poder Judicial viene mostrando desde hace años su compromiso con el cumplimiento de las normas en esta materia, no sólo con la finalidad de garantizar la accesibilidad, sino también, mediante ajustes en el procedimiento, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales y en todas sus fases. Asimismo, en la promoción del acceso de las personas con discapacidad a las profesiones jurídicas.

El objetivo del convenio es establecer un marco general de colaboración entre ambas instituciones de modo que las iniciativas que se pongan en marcha permitan el pleno acceso a la justicia, en todas las fases del proceso, de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o personas con dificultades de comprensión.

Con la firma del acuerdo, el CGPJ y la Confederación Plena Inclusión España se comprometen a elaborar guías, protocolos de actuación y cualquier otro tipo de material y herramientas dirigidos a facilitar que los jueces y magistrados puedan garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo.

El convenio busca dar soporte a las personas con discapacidad cuando éstas se acerquen a los juzgados y tribunales. Así, contempla la posibilidad de “dar apoyo a jueces y magistrados, cuando éstos lo requieran, para la práctica de diligencias o pruebas que afecten a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; a promover acciones que faciliten la comprensión de los actos de trámite, diligencias y resoluciones que afecten a los derechos de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo; a colaborar en la formación de los jueces y magistrados y a establecer canales de colaboración en Vigilancia Penitenciaria con el fin de buscar alternativas a la privación de libertad para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.

La Confederación Plena Inclusión España integra a las organizaciones que representan y defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual de todo el territorio nacional y tiene como objetivo contribuir a que estas y sus familias puedan desarrollar su proyecto de vida como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Luis Planas señala satisfecho que el acuerdo político sobre la PAC recoge las propuestas españolas

viernes, 23 de octubre de 2020

Luis Planas señala satisfecho que el acuerdo político sobre la PAC recoge las propuestas españolas

Miércoles 21 de octubre de 2020

La Moncloa

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo político alcanzado por los Estados miembros en torno a la futura Política Agrícola Común (PAC) 2021-2027, que supone un progreso, refuerza el nivel de ambición medioambiental y aporta seguridad a agricultores y ganaderos.

Luis Planas ha valorado así el texto de consenso alcanzado en el transcurso del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, que se inició el pasado lunes, día 19, y que ha finalizado cerca de las 5 de la madrugada en Luxemburgo. Ha enfatizado que se corresponde «exactamente» con lo que España había pedido.

Tras más de dos años y medio de negociaciones y cinco presidencias, el ministro ha valorado el trabajo de la presidencia alemana de este semestre para lograr esta posición de consenso de los Estados miembros y que concita los intereses defendidos por España.

El ministro ha remarcado que la próxima PAC se aplicará el 1 de enero de 2023. Habrá un periodo transitorio, 2021 y 2022, durante el cual agricultores y ganaderos seguirán percibiendo las ayudas conforme al nuevo presupuesto, 47.274 millones de euros, si bien con las reglas de la anterior PAC.

Esta PAC -la más medioambiental de las últimas reformas y adecuada a los tiempos y demandas de la ciudadanía- destinará el 40 % de su presupuesto a objetivos medioambientales, pero también refuerza el papel de agricultores y ganaderos, para asegurar su rentabilidad.

En este sentido, el ministro ha asegurado que la clave de este acuerdo es el equilibrio entre la sostenibilidad de agricultores y ganaderos, a través de la ayuda básica a la renta, y la nueva arquitectura verde de la PAC, que se promoverá con los llamados ecoesquemas -ayudas complementarias para cumplir con prácticas beneficiosas para el medioambiente-.

Estabilidad de las rentas de los agricultores y ganaderos

Tractor en el campoArchivoUn 60 % de las ayudas directas van a la ayuda básica a la renta. El ministro ha incidido en que podremos garantizar la estabilidad de las rentas de los agricultores al nivel que habíamos previsto, de acuerdo con el análisis de necesidades elaborado por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con las autonomías y las organizaciones agrarias y medioambientales. Además, garantizamos certidumbre para agricultores y ganaderos hasta 2027. Esta ayuda pasará a integrar los elementos del pago verde actual, configurando el modelo de condicionalidad reforzada, de manera que agricultores y ganaderos recibirán la ayuda básica a la renta, cumpliendo estrictos requisitos y buenas prácticas en materia de clima y medio ambiente.

El 20 % de las ayudas directas se destinará a los ecoesquemas, que se aplicarán en 2023, con la entrada en vigor de la nueva PAC. En los dos primeros años de aprendizaje, los fondos que no se utilicen podrán destinarse a otras intervenciones. Habrá la flexibilidad necesaria para que los Estados diseñem sus propios ecoesquemas en función de sus necesidades. Así se avanzará a la transformación medioambiental agraria para alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos propuestos.

Esta PAC cuenta con una financiación suficiente para responder a todos los grandes retos que se plantean. Es cuestión de cumplir unos objetivos y con lo aprobado hoy, se pueden cumplir esos objetivos ambientales, también los de reducción de emisiones y aquellos que nos conducirán a una economía descarbonizada en la Unión Europea en el 2050, según el ministro. «El sector primario sin duda contribuye a estos cumplimientos, que están en línea con los acuerdos de París y los objetivos del Pacto Verde de la UE.

El enfoque de género en la PAC, gracias a España

Mujer trabajando en la vendimiaEFEEl ministro ha destacado que el enfoque de género se integra por primera vez en la PAC como parte de sus objetivos específicos. Con ello, se podrán contemplar intervenciones en el Plan Estratégico en las que se discrimine positivamente a la mujer para que tenga más oportunidades de asumir el papel de titular de explotación agraria o pequeña y mediana empresa agroalimentaria en el medio rural.

«Aspiramos además a que la mujer desempeñe un papel más activo y visible en las comunidades rurales como líder de las empresas, organizaciones y cooperativas de su entorno», ha recalcado el ministro. Los jóvenes, ha comentado el ministro, serán más protagonistas en esta nueva PAC. Se tendrá que destinar al menos el 2 % de los fondos de la PAC a los jóvenes agricultores, a través de complementos de pago en el primer pilar (ayudas directas) y ayudas a la primera instalación, que podrán alcanzar hasta 100.000 euros por joven que se instalan por primera vez.

Además, el nuevo enfoque de la PAC basado en un Plan Estratégico, permitirá (en el caso de España a las comunidades autónomas), diseñar medidas de apoyo a los jóvenes agricultores más adaptadas a superar las barreras que dificultan su incorporación (por ejemplo, asignación de tutores, programas de intercambio, formación, etcétera).

Una PAC menos burocrática

A partir de 2023, los agricultores y ganaderos podrán recibir las ayudas, sin tener que presentar formalmente una solicitud. Para ello, se hará un uso intensivo de las nuevas tecnologías, utilizando el seguimiento de los cultivos mediante las últimas tecnologías de imágenes de satélite (imágenes Sentinel), lo que permitirá capturar directamente los datos necesarios de las solicitudes de ayuda y reducir sustancialmente los controles físicos sobre el terreno.

Esta será una PAC más simplificada, para que el agricultor tenga que perder menos tiempo en trámites administrativos y pueda dedicar más tiempo a gestionar su explotación.

Otra de las demandas españolas es que el pago redistributivo estará enfocado en las explotaciones medianas y pequeñas que más dependen de la agricultura. El ministro ha apuntado que la nueva PAC permitirá establecer un pago redistributivo a partir de los importes derivados de la limitación de los pagos (denominado capping) para incrementar el importe percibido en las primeras hectáreas por agricultores medianos y pequeños que más dependen de los ingresos agrarios para mantener su actividad.

Ayudas acopladas a la aceituna de mesa

Aceituna de mesaArchivoAdemás, respecto a los pagos vinculados a la producción (llamados pagos acoplados) y programas específicos para los sectores productivos más sensibles. Los Estados miembros podrán destinar hasta el 13 % de los importes de los pagos directos para conceder pagos vinculados a la producción a sectores productivos que necesitan recibir apoyos para su mantenimiento. «Hemos conseguido incluir la aceituna de mesa expresamente como sector elegible para las ayudas acopladas», ha comentado el ministro.

En lo que se refiere a programas sectoriales destinados a apoyar a sectores concretos a través de organizaciones de productores, el 3 % de los pagos directos se puede destinar a programas sectoriales, a través de organizaciones de productores. Desde el ministerio «propondremos la creación de un programa sectorial para el sector del olivar, de acuerdo con las propuesta contenidas en la Hoja de Ruta del sector».

Los programas sectoriales se mantienen como los del vino, apicultura y frutas y hortalizas, este último sin techo presupuestario, al igual que los programas escolares. Estos programas son particularmente importantes para España, pues representan a producciones mediterráneas muy importantes, en sectores en los que ocupamos posiciones de liderazgo europeo y mundial.

Las ayudas al desarrollo rural, ha dicho Planas, «nos permitirán seguir financiando Inversiones en la mejora de regadíos». España apuesta por el regadío sostenible, que permita ahorrar en consumo de agua, disminuir el uso de energía, potenciando el uso de aguas reutilizables. Los fondos del desarrollo rural jugarán un papel muy importante en el impulso de estas inversiones.

Transición digital, aliada para la transformación ambiental

La transición digital será un complemento necesario de la transformación ambiental. Se mantienen las ayudas a la innovación a través de la Asociación Europea para la Innovación y se potencia el sistema para el conocimiento y la innovación en la agricultura (Agriculture Knowledge and Innovation System, AKIS). De esta forma, se facilitará la transición digital para que la innovación llegue a todos, particularmente a medianos y pequeños agricultores y para que a través de la formación, puedan hacer el mejor uso de las nuevas tecnología y acceder a los ecoesquemas y ayudas de la nueva PAC.

Planas también ha hecho hincapié en que, para el sector vitivinícola, se ha logrado que las autorizaciones de viñedo sean más allá de 2030, en concreto hasta 2040, demanda planteada por España y Francia. Alcanzado este acuerdo general de la Unión Europea (UE), comenzarán las negociaciones a tres bandas, los denominados trílogos, entre Consejo, Comisión y Parlamento europeos sobre los reglamentos comunitarios de la PAC y que deberían estar concluidas a principio del próximo año.

Mientras continúan estas negociaciones, los Estados miembros podrán seguir definiendo sus planes estratégicos. El ministro ha explicado que la nueva PAC supone un cambio profundo con respecto a la actual, ya que los Estados miembros podrán diseñar y aplicar la PAC de acuerdo con sus necesidades y problemas específicos, que tendrá en cuenta las características particulares de nuestros diferentes modelos de agricultura. «Esto nos permitirá tener una PAC adaptada a nuestra realidad, sin las rigideces que supone un modelo de talla única a nivel europeo», ha asegurado el ministro.

La elaboración de un Plan Estratégico de la PAC en España, supondrá un esfuerzo de cooperación sin precedentes entre el Estado y las comunidades autónomas, para poner en marcha un paquete de instrumentos financiados con un presupuesto de más de 50.000 millones de euros si se contabilizan las aportaciones del Estado, las comunidades autónomas y los fondos de recuperación de la UE y del Plan Nacional de Inversiones y Reformas.

Webinar: La necesidad de favorecer la fiscalidad del ahorro para la jubilación

viernes, 23 de octubre de 2020

Webinar: La necesidad de favorecer la fiscalidad del ahorro para la jubilación

Instituto de Estudios Económicos

Pilar González de Frutos: ‘no solo hay que quitar los beneficios fiscales al ahorro, sino que hay que intensificarlo’.

Ángel Martínez-Aldama: ‘es preciso que se reformulen o puntualicen los beneficios de la fiscalidad del ahorro para la jubilación’.

Gregorio Izquierdo: ‘se deben mantener, cuando no reforzar, los incentivos fiscales actualmente existentes a los planes de pensiones en España’.

Madrid, 29 de septiembre de 2020. El Director General del IEE, Gregorio Izquierdo, junto a Pilar González de Frutos y Ángel Martínez-Aldama, presidentes de Unespa e Inverco, respectivamente, han organizado una jornada online para reflexionar sobre cómo fomentar la fiscalidad de los ahorros de los planes de pensiones.

Durante el webinar, titulado ‘La necesidad de favorecer la fiscalidad del ahorro para la jubilación’, la Presidenta de Unespa ha señalado que ‘no solo hay que quitar los beneficios fiscales al ahorro sino que hay que intensificarlo, mejorarlo, complementarlo’, para que el producto cumpla su misión. Hablando de la fiscalidad del ahorro-previsión, cuando las cuentas se hacen bien, el resultado es que el gasto fiscal es muy bajo, porque no estamos ante un beneficio fiscal, sino ante un esquema de tributación diferida.

Pilar González de Frutos ha indicado que es un producto para todos los colectivos y que en un sistema en el que la previsión pública aporta al salario medio y a los salarios bajos tasas de sustitución del entorno del 80%, los incentivos objetivos para el ahorro por estas capas de ciudadanos son muy bajos. También ha destacado que se debe trabajar para incrementarla la eficiencia de los beneficios fiscales, para lo que hay que ampliar el foco y concebir el fomento del ahorro como una combinación de medidas fiscales y no fiscales. Por ello, creo importante hablar de mecanismos de automatismo en el ahorro, de subvención condicionada, de esquemas diseñados desde la legislación y el diálogo social para universalizar la previsión; y de cómo se va a apoyar todo eso desde la fiscalidad.

Ángel Martínez-Aldama, durante su intervención ha indicado que ‘es preciso que se reformulen o puntualicen los beneficios de la fiscalidad del ahorro para la jubilación’. Ha añadido que tenemos uno de los sistemas de planes de pensiones más competitivos del mundo, y ha destacado las contribuciones que hacen nuestros productos de ahorro en favor de la sociedad, como los pagos anules de 4.300 millones de euros a 400.000 familias cada año.

La jornada ha sido clausurada por Gregorio Izquierdo, Director General del Instituto de Estudios Económicos, con la exposición del trabajo elaborado en dicha institución sobre ‘El marco fiscal de los planes de pensiones’. Durante el acto ha indicado que España se está enfrentando, al igual que el conjunto de economías avanzadas de la UE, a los retos derivados del envejecimiento de la población y ha planteado una serie de recomendaciones desde el IEE:

No se deben reducir, sino mantener, los incentivos fiscales actualmente existentes a los planes de pensiones en España, de deducción en el IRPF por las aportaciones a los planes de pensiones. En cualquier caso, deben elevarse significativamente los límites de las aportaciones realizadas a favor de los cónyuges sin rentas, tal y como fija la recomendación 16 del Pacto de Toledo.


La tributación de las prestaciones de los planes de pensiones, correspondiente al rendimiento financiero derivado de la gestión del plan, debería tributar como parte de los rendimientos del ahorro generados a más de un año. Este tratamiento debería aplicarse obligatoriamente también a la parte de esos rendimientos incluidos en las percepciones en forma de renta vitalicia.


En lo relativo al fomento a los planes de empleo, habría que excluir del cómputo de las bases de cotización a la Seguridad Social las aportaciones a sistemas de previsión social y se debería reinstaurar la deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades para las aportaciones a sistemas de previsión social.


Con carácter general, ha de abogarse por la seguridad jurídica, con un marco regulatorio estable, predecible y favorable de los instrumentos de previsión a largo plazo.


Los planes individuales y los planes de empleo son complementarios, por ello el sistema debe simultanear los incentivos a ambos instrumentos. La construcción de un segundo y tercer pilar mediante algún esquema organizativo capaz de universalizar el ahorro y apoyar al sistema público de pensiones en el cumplimiento de sus objetivos.

Los pronósticos en los tiempos del virus

viernes, 23 de octubre de 2020

Los pronósticos en los tiempos del virus

FMI

Por Hernando Vargas Herrera

Entre los aspectos únicos de la crisis del COVID-19, cabría quizás resaltar su alcance. A diferencia de la mayor parte de eventos que afectan a las economías, el COVID-19 fue un duro golpe tanto para los países avanzados como para los países emergentes. Sus consecuencias sobre la oferta y la demanda incidieron en los mercados financieros, la economía real y el comercio mundial. Esta combinación única afectó nuestra capacidad para prever la trayectoria del crecimiento, la inflación, el desempleo, la deuda y otros “signos vitales” de la economía. Nos preguntamos si modelos y herramientas eficaces en circunstancias normales captarían plenamente la enormidad de lo que estaba sucediendo. Concluimos que era necesario actualizarlos. Imaginemos un equipo médico que debe reemplazar un dispositivo importante en medio de una cirugía compleja. Avanzamos significativamente en este frente y uno de los elementos clave de ese éxito fue la estrecha cooperación con los expertos en fortalecimiento de capacidades del FMI.

El COVID-19 ha causado daños económicos significativos en Colombia. Las restricciones sobre la movilidad cerraron total o parcialmente sectores enteros de la economía. En el segundo trimestre, el PIB se redujo 15,5% (en relación con el año anterior); entre febrero y julio, el desempleo se disparó ocho puntos porcentuales, y el precio del petróleo y la demanda de nuestras exportaciones se desplomaron.

Las autoridades reaccionaron rápidamente con grandes programas de transferencias y subvenciones para respaldar el empleo y el ingreso de las personas, a los que se sumaron otros recursos para combatir la pandemia. El Banco de la República, el banco central del país, adoptó rápidamente medidas para estabilizar los mercados financieros, proporcionar crédito y asegurar que los sistemas de pagos siguieran funcionando. Desde marzo, la tasa de política monetaria se ha reducido 250 puntos básicos.

Un shock sin igual

Este shock económico hizo cuestionar algunos aspectos técnicos relacionados con la forma en que el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizan sus análisis y elaboran las previsiones que guían las políticas macroeconómicas.

Pero si el shock es algo que nunca ha sucedido, es posible que los modelos no las capten adecuadamente y no nos proporcionen una orientación clara.

Ello sucedió en la crisis de la pandemia, dificultando la formulación de la política monetaria. Nuestra estrategia de fijación de metas de inflación, por ejemplo, se sustenta tanto en los mercados financieros, para que transmitan las medidas de política monetaria a la economía, como en análisis prospectivos para comprender cómo estas políticas funcionan a lo largo del tiempo. Durante la crisis, sin embargo, el impacto sobre la oferta y la demanda fue diferente de lo que habíamos observado anteriormente. Los agentes económicos y financieros no necesariamente estaban actuando como nosotros en el Banco creíamos que lo harían. Además, la incertidumbre en torno al futuro de la pandemia hace muy difícil determinar cómo decisiones adoptadas hoy afectarán los resultados futuros.

La necesaria respuesta a las crisis sanitaria y económica cambió muchas directrices y supuestos macroeconómicos. Como consecuencia de la fuerte contracción de los recaudos de impuestos y con el fin de movilizar recursos y destinarlos a servicios sanitarios y respaldo económico para la ciudadanía, el Gobierno suspendió la regla fiscal de 2020 y 2021. Puesto que se prevé que la deuda pública aumentará significativamente, la política fiscal futura tendrá que ser más restrictiva que lo supuesto anteriormente para asegurar que el Gobierno pueda alcanzar las metas fiscales a mediano plazo.

Fue, por lo tanto, una coincidencia feliz que, antes de que estallara la crisis, ya hubiéramos empezado a reconfigurar nuestros modelos para mejorar la instrumentación de las políticas monetarias y fiscales, labor iniciada originalmente para incorporar acontecimientos centrales como los grandes flujos migratorios procedentes de Venezuela e importantes reformas fiscales. Al respecto, el respaldo del Instituto de Capacitación del FMI fue fundamental, sobre todo una vez que comenzó la pandemia.

Los equipos del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aunaron esfuerzos con los expertos del FMI en dos ámbitos centrales: el impacto estimado de la pandemia en el corto plazo y el perfeccionamiento de los modelos de pronóstico a mediano y largo plazo. En cuanto al corto plazo, el FMI nos ayudó a mejorar el análisis sectorial empleando una metodología que conjuga tres elementos: los eventos en sí (por ejemplo, confinamiento obligatorio), su gravedad y su persistencia.

Con respecto al análisis a más largo plazo, formulamos conjuntamente un modelo de equilibrio general nuevo, adaptado a las características de una pequeña economía exportadora de petróleo como la de Colombia, y calibrado empleando nuestras metas fiscales específicas. Se denominó COFFEE, por la abreviación en inglés de Sistema Colombiano de Evaluación Fiscal y Económica.

Esa labor complementó las revisiones de la estrategia operativa y comunicativa del régimen de fijación de metas de inflación que el Banco puso en marcha hace algunos años. Además, hemos creado procesos de previsión a muy corto plazo (indicadores de actividad en tiempo real) y empleamos información de modelos satélite para comprender mejor fenómenos específicos de la economía real.

Las enérgicas medidas adoptadas para combatir la pandemia, conjugadas con las sólidas variables económicas fundamentales de nuestro país, han permitido atenuar el impacto nocivo de la crisis. De la misma manera que una persona fuerte tiene mayor probabilidad de recuperarse rápidamente de COVID-19, nuestra economía ha logrado combatir hasta ahora la ‘inflamación’ y se prevé que recobrará el equilibrio. El camino por delante, que sin duda alguna será largo, se supedita en parte a la recuperación de nuestros socios comerciales mundiales y regionales, pero también depende fundamentalmente de la medida en que mantengamos buenos fundamentos. Cuantificar cabalmente nuestros signos vitales macroeconómicos es esencial para acertar con nuestros pronósticos y asegurar que sigamos comprendiendo cómo está funcionando la economía colombiana.

Hernando Vargas es el Gerente Técnico del Banco de la República. Tiene un doctorado en economía de la Universidad de Illinois en Urbana- Champaign. Se incorporó al Banco Central en 1994 y trabajó como investigador y director de estudios económicos antes de convertirse en Gerente Técnico. Ha escrito sobre la transmisión de la política monetaria en Colombia, la utilización de encajes en un régimen de inflación-objetivo, los efectos macroeconómicos de las reformas fiscales, intervención cambiaria y en temas de economía política sobre la política monetaria. Se ha desempeñado como docente en cursos de microeconomía macroeconomía y política monetaria en varias universidades de Colombia.