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Archivo del 24 de octubre de 2020

Arco iris. Muxía

sábado, 24 de octubre de 2020

Martín Miñones

La magistrada del Tribunal Supremo Celsa Pico es elegida presidenta de la Comisión de Ética Judicial

sábado, 24 de octubre de 2020

Viernes, 23 de octubre de 2020

La magistrada del Tribunal Supremo Celsa Pico es elegida presidenta de la Comisión de Ética Judicial

Sustituye en el cargo a Ignacio Sancho Gargallo, cuyo mandato venció en mayo. La Comisión ha designado a la profesora de Filosofía del Derecho Cristina Hermida del Llano como miembro no judicial

Autor: Comunicación Poder Judicial

La magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Celsa Pico Lorenzo ha sido elegida hoy presidenta de la Comisión de Ética Judicial, puesto en el que sustituirá al también magistrado del alto Tribunal Ignacio Sancho Gargallo, cuyo mandato venció el pasado 9 de mayo.

La designación de Celsa Pico se ha producido de acuerdo con la previsión contenida en el art. 5.1 de la Segunda Parte de los Principios de Ética Judicial. Este precepto establece que la presidencia de la Comisión corresponderá al miembro que resulte elegido por la mayoría de sus compañeros, quien la ejercerá hasta el vencimiento de su mandato como integrante de la misma.

La nueva presidenta forma parte de la Comisión de Ética Judicial desde su constitución, en 2018, por lo que le quedan dos años de mandato.

Cristina Hermida, nuevo miembro no judicial

En la sesión celebrada hoy, ha tomado posesión la profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, Cristina Hermida del Llano, quien sustituirá como miembro no judicial de la Comisión al catedrático de Filosofía del Derecho Luis Prieto Sanchís tras su renuncia voluntaria el pasado mes de septiembre por motivos de carácter personal. Cristina Hermida del Llano fue designada por la Comisión, tal y como establece el art. 3.6 de los Principios de Ética Judicial, en su anterior reunión.

La Comisión de Ética Judicial está integrada por siete miembros, seis de los cuales son jueces y magistrados elegidos en un proceso electoral abierto a toda la Carrera Judicial. El mandato es de cuatro años y la renovación parcial, que afecta a tres miembros judiciales, se produce cada dos. El séptimo integrante de la Comisión es una persona de reconocido prestigio en el mundo académico de la Ética, la Filosofía del Derecho o la Filosofía Moral, designado por la propia Comisión.

La renovación parcial de la Comisión se produjo en septiembre, tras la celebración de las elecciones en julio. Como resultado de dicho proceso electoral, se incorporaron a la Comisión de Ética Judicial el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, la magistrada María José Rivas Velasco y el juez Francisco Javier Parra Iglesias.

*La Comisión de Ética Judicial es un organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, compuesto por seis miembros de la Carrera Judicial -elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles- y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, cuya función es orientar sobre la interpretación de los Principios de Ética Judicial.

Darias destaca la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas como fruto del diálogo y consenso con las CCAA, las EELL y los sindicatos

sábado, 24 de octubre de 2020

Convalidación del RDL en el Congreso de los Diputados

Darias destaca la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas como fruto del diálogo y consenso con las CCAA, las EELL y los sindicatos

Jueves 15 de octubre de 2020

La Moncloa

Ministerio de Política Territorial y Función Pública

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha destacado hoy que la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas es fruto del consenso, fruto del diálogo del Gobierno de España con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y también de un amplio acuerdo con los sindicatos que conforman la Mesa General de Negociación.

«Es un buen ejemplo de lo que, a mi juicio, es la mejor forma de hacer política», ha afirmado Carolina Darias, que ha defendido en el Congreso la convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre.

En este sentido, ha señalado que, para lograr que nuestro país progrese, uno de los objetivos es conseguir un mínimo común de entendimiento.

Regulación legal del teletrabajo

La ministra ha subrayado la necesidad de regular esta modalidad organizativa, dados los tiempos que vivimos, porque hasta ahora la realidad en el trabajo a distancia ha ido por delante de una regulación legal y era absolutamente necesario establecer su ordenación en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), configurando un marco de regulación básica aplicable al personal de todas las administraciones públicas.

El proceso de esta regulación se inició el 11 de junio en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, donde el Gobierno de España, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias compartieron la necesidad de regular de manera conjunta el teletrabajo. Se creó un grupo de trabajo, en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, que elaboró una propuesta desde el diálogo, ratificada por la Conferencia Sectorial.

La ministra ha recordado el importante papel de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que firmaron el 21 de septiembre el acuerdo, y a quienes ha reconocido su plena disposición para el diálogo y el consenso.

«Es una norma pionera», ha indicado la ministra, que introduce la regulación integral de una nueva modalidad en la prestación del servicio público. Supone la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, introduciendo un artículo 47 bis, que afectará aproximadamente a 2,5 millones de empleadas y empleados públicos, como norma básica aplicable tanto al personal funcionario como al personal laboral al servicio de todas las administraciones públicas.

Este Real Decreto-ley, acordado en el marco común para todas las administraciones públicas, tendrá que ser desarrollado ahora por cada Administración pública en un plazo de seis meses, adaptándolo a su territorio y a su normativa.

Características de la regulación básica del teletrabajo

Durante su intervención, la ministra ha resaltado algunas de las singularidades de esta regulación básica del teletrabajo en las administraciones públicas:

  • Objetivo: regulación del teletrabajo en todas las administraciones públicas, constituyendo una nueva forma de organización y de estructuración del trabajo, para prestar un mejor servicio a los intereses generales y asegurar el normal funcionamiento de las administraciones públicas.
  • Modalidad de trabajo fuera de las dependencias: modelo de organización, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
  • Modalidad de trabajo que no se considera ordinaria ni absoluta: cada Administración determinará la manera de combinar presencialidad y teletrabajo y se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.
  • Carácter voluntario y reversible: salvo situaciones excepcionales, debidamente justificadas, pero siempre la voluntariedad y la reversibilidad son dos vectores que califican a esta nueva modalidad de organización del trabajo en las administraciones públicas.
  • Tareas susceptibles de poder ser realizadas mediante teletrabajo: Además, la empleada o empleado público debe tener las competencias digitales necesarias para poder realizar la prestación del servicio.
  • Mismos derechos: la empleada o empleado público tiene los mismos derechos y deberes sea cual sea la modalidad de trabajo que desempeñe.
  • Medios tecnológicos: las administraciones públicas deben proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para que las empleadas y empleados públicos puedan desarrollar la actividad y será cada Administración pública la que concrete los medios para el desempeño.
  • Autorización: la prestación del servicio ha de ser expresamente autorizada a través de criterios objetivos para el acceso y compatible con la modalidad ordinaria presencial. Y en ningún caso, el teletrabajo puede suponer un incumplimiento ni de la jornada de trabajo ni del horario.
  • Mejor organización del trabajo: se establece expresamente que el teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento y ha de para la mejor consecución de los objetivos de la Administración pública en su servicio a los intereses generales.

-Garantizar la prestación de los servicios públicos: sin perjuicio de su voluntariedad, su utilización deberá venir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos y, en todo caso, habrá de asegurarse el cumplimiento de las necesidades del servicio.

Carolina Darias ha reiterado que este Gobierno abre el camino hacia una Administración del Siglo XXI: «Una Administración pública que, como anunció el presidente en la presentación del Plan España Puede, forma parte de una de las 10 políticas palanca y que va a significar un punto de inflexión, y confiemos también en un punto de no retorno, para recuperar el valor de lo público».

Un punto de inflexión, ha continuado la ministra, para avanzar también en la modernización de la administración pública, «que debe contribuir activamente al logro de las grandes transformaciones que necesita España y que encuentra en el teletrabajo una de sus piezas fundamentales».

Medidas sanitarias de urgente necesidad

Carolina Darias también ha defendido las medidas sanitarias que, por razones de urgente necesidad, aparecen recogidas también en el Real Decreto-ley.

Son medidas transitorias, ha recordado la ministra, para ampliar y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante la pandemia: «Medidas excepcionales en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, aplicables a todo el territorio nacional, para la contratación de profesionales sanitarios, tanto facultativos como no facultativos, ante la sobrecarga del sistema y de la presión asistencial».

El Gobierno da respuesta, ha recalcado la ministra, a una demanda de las comunidades autónomas por la falta de personal, porque «creemos en la cogobernanza».

Más de 13.000 profesionales de la Sanidad estarán a disposición de las CCAA, con la posibilidad que les abre el Gobierno, respondiendo a su llamada, para nuevas contrataciones: por un lado, médicos que han aprobado el MIR pero no han obtenido una plaza en la convocatoria 19-20, y en segundo lugar, a médicos especialistas fuera del ámbito de la Unión Europea, siempre y cuando el comité de evaluación haya emitido el informe propuesta, es decir, estén en la primera fase de tramitación del expediente.

También incluye la posibilidad de que las CCAA puedan disponer que tanto el personal médico como de enfermería puedan atender a aquellas unidades en los centros hospitalarios u otras áreas con déficit de personal. Al mismo tiempo, se modifica la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias para que algunas pruebas se realicen de manera telemática y por medios electrónicos.

El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el impuesto valenciano sobre actividades sobre el Medio Ambiente

sábado, 24 de octubre de 2020

Martes, 20 de octubre de 2020

El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el impuesto valenciano sobre actividades sobre el Medio Ambiente

La Sala indica que “no quiebra los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera que el Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (IAIMA) de la Comunidad Valenciana no es contrario a la Constitución española ni vulnera el derecho de la Unión Europea.

La Sala indica que este tributo, creado por el artículo 154 de la Ley autonómica 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat Valenciana, “respeta los límites que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 6 LOFCA; no afecta a las competencias atribuidas al Estado en la Constitución; no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición; y no vulnera el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad”.

Asimismo, señala que se trata de una figura impositiva que “no quiebra los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española”.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por Iberdrola Renovables Energías, S. A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia que confirmó la resolución del Conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat, de 23 de mayo de 2016, en relación con la liquidación del IAIMA, en su modalidad de producción energética, correspondiente al ejercicio 2013, por un importe de 65.325 euros.

El Tribunal Superior de Navarra ratifica la limitación de las reuniones a seis personas y el cierre de la hostelería a las 22 horas

sábado, 24 de octubre de 2020

Viernes, 16 de octubre de 2020

El Tribunal Superior de Navarra ratifica la limitación de las reuniones a seis personas y el cierre de la hostelería a las 22 horas

La Sala de lo Contencioso advierte de que, para futuras restricciones de derechos fundamentales, el Gobierno foral deberá aportar, además de los informes epidemiológicos, informes técnicos específicos. El Tribunal rechaza la habilitación de la Orden Foral 54/20 que facultaba a los ayuntamientos a imponer medidas sanitarias más restrictivas al considerarla una competencia exclusiva del Gobierno de Navarra

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha ratificado hoy la orden foral dictada por el Gobierno de Navarra el pasado día 11 que, entre otras medidas, restringió a las 22 horas el cierre de los locales de hostelería y restauración y limitó a seis personas las reuniones tanto en el ámbito público como privado debido a la evolución negativa de la pandemia.

No obstante, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN advierte al Gobierno foral de que, para futuras limitaciones, “será exigible” que “la Administración, además de los datos epidemiológicos —que son presupuesto material de las medidas, ofrezca una motivación argumentativa específica de la necesidad de las medidas concretas que acuerda, motivación especialmente importante en supuestos como el presente en el que se produce restricción de derechos fundamentales”.

Asimismo, el Tribunal no ratifica, y por tanto rechaza, la habilitación recogida en la Orden Foral 54/20, de 11 de octubre, por la que se faculta a las entidades locales a adoptar medidas sanitarias.

En el auto, que puede ser recurrido, la Sala asegura que esa habilitación no cumple con el triple canon de constitucionalidad exigido. Explica al respecto que entre las competencias en materia de salud pública de las entidades locales “no se establece, en ningún caso, la posibilidad de adoptar medidas generales para el control de la pandemia que afecten a toda la población del municipio y que impliquen la restricción de derechos fundamentales por razones sanitarias”.

Es más, añade, tales competencias deben adoptarse, en todo caso, en el marco de las directrices sanitarias generales establecidas por el Gobierno de Navarra —titular de la competencia en materia sanitaria— y no pueden situarse nunca fuera de ese marco general.

“Entender lo contrario nos llevaría en la práctica a una atomización decisoria entre distintas Administraciones públicas incompatible con el presupuesto material que se pretende atajar —una pandemia generalizada— y, más aún, posiblemente contradictoria entre sí y como consecuencia frustrante de la finalidad sanitaria perseguida y contrario a la seguridad jurídica, más deseable que nunca cuando tratamos de restricciones de derechos fundamentales”, razona el Tribunal Superior, que concluye que esta habilitación no cumple ni con el criterio de necesidad ni el de proporcionalidad.