AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 27 de octubre de 2020

Nieve en la montaña palentina

martes, 27 de octubre de 2020

Ábalos preside la puesta en servicio de un nuevo tramo de la línea de Alta Velocidad a Galicia, entre Zamora y Pedralba de la Pradería

martes, 27 de octubre de 2020

Ábalos preside la puesta en servicio de un nuevo tramo de la línea de Alta Velocidad a Galicia, entre Zamora y Pedralba de la Pradería

Lunes 26 de octubre de 2020

La Moncloa

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha presidido , junto a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la puesta en servicio de este tramo de 110 kilómetros y 898 millones de euros de inversión.

En el acto han participado también el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez Torrón, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas.

Esta infraestructura, ha supuesto un gran esfuerzo político, económico y técnico, con 14 viaductos y 9 túneles, con el sistema europeo de gestión del tráfico ERTMS nivel 2, que también se ha incluido en el tramo Olmedo-Zamora, y diseñado para velocidades máximas de 300 km/h.

José Luis Ábalos ha subrayado que con el impulso que se está dando a este último tramo, «permite a ADIF trabajar con la previsión de tener todas las obras concluidas a finales de año y la puesta en servicio, siempre condicionada a la autorización de la Agencia, la esperamos para el segundo semestre de 2021».

Para el responsable del Departamento, la puesta en servicio de esta obra se traduce en mejoras reales para los usuarios a partir de mañana con la reducción en los tiempos de viaje para todas las ciudades gallegas, «con la que por fin el tren a Galicia puede ganar a la carretera, con la consiguiente mejora en seguridad y sostenibilidad».

Y todo «gracias a una determinación política necesaria para que esta puesta en servicio se convierta en realidad, con una gestión eficaz en una actuación que llevaba años enmarañada», ha expresado Ábalos.

Además, dentro de este tramo que hoy se inaugura, continúan los trabajos en la nueva estación de «Sanabria Alta Velocidad» que se espera tener disponible en diciembre. Hasta entonces, los usuarios dispondrán de un plan alternativo de transporte por carretera con la estación de A Gudiña.

Último paso para la Alta Velocidad a Galicia

Ábalos ha afirmado que la puesta en servicio de hoy representa un punto de inflexión respecto al atraso en las conexiones ferroviarias gallegas y que «trabajamos a un ritmo intenso en el tramo que resta para completar la conexión de Alta Velocidad a Galicia: el tramo entre Pedralba de la Pradería y Ourense».

Se trata de uno de los tramos más complejos de la Alta Velocidad Ferroviaria de España y de Europa que, para el ministro, «explica el montante de las inversiones que conlleva la Alta Velocidad gallega: 4.750 millones de euros, a los que habría que sumar la inversión en el Eje Atlántico de Alta Velocidad».

En este sentido, Ábalos ha destacado que la inmensa mayoría de estas cantidades ya están ejecutadas con una alta eficiencia en relación a otros países y que ha sido posible, en gran medida, por la solidaridad europea.

Compromiso con el Noroeste peninsular

Con la inauguración del tramo de Alta Velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería, un tramo cuyas labores de mantenimiento se realizarán desde la Base de la Hiniesta en Zamora, Ábalos ha querido mostrar el compromiso del Gobierno con Galicia, Castilla y León y Asturias y la visión de futuro para el Noroeste peninsular, que es el cuadrante más afectado por el proceso de pérdida de población.

El ministro ha asegurado asimismo que el Corredor Atlántico recibirá el mismo impulso inversor que el Mediterráneo en el Plan Europeo de Recuperación, dado que ambos Corredores ferroviarios son una prioridad para el Gobierno.

En los 28 meses que Ábalos lleva al frente del Ministerio, la inversión real ejecutada por Mitma en las tres comunidades del noroeste peninsular asciende a 2.830 millones de euros, el 24,3% del total, duplicando casi lo que es su peso demográfico (el 13%).

«Tenemos que atender a las necesidades reales de los ciudadanos», ha dicho el ministro sobre el agravio que representan los peajes de la AP9 en Galicia en la movilidad diaria para muchos gallegos. «Un agravio que, por primera vez este gobierno va a enfrentar, como se verá en los presupuestos». Unos presupuestos que, según Ábalos, verán reflejados el compromiso con la calidad y el mantenimiento de la red ferroviaria y de carreteras existente.

Respecto a la red de Alta Velocidad a Castilla y León, que está más avanzada que en otros territorios, Ábalos ha afirmado que «necesita completarse y que se culminen algunas actuaciones pendientes, de inversión y de material móvil, que se traducirán en mejoras en las conexiones de muchas ciudades», entre ellas Zamora y Puebla de Sanabria.

Por último, el ministro ha recordado que la lucha contra la COVID-19 sigue siendo la prioridad para el Gobierno, pero «es importante no parar nada que pueda continuar dentro del marco de las medidas sanitarias y así, prepararnos para el futuro. Y por eso, con esfuerzo y compromiso en este tiempo hemos podido completar este tramo, pese a las difíciles condiciones de los últimos 8 meses» y ha destacado la oportunidad que supone el Plan Europeo de Recuperación Económica que «tenemos que aprovecharlo».

El TSJ de Castilla y León no ratifica las restricciones de movilidad adoptadas por la Junta antes de la declaración del Estado de Alarma

martes, 27 de octubre de 2020

Lunes, 26 de octubre de 2020

El TSJ de Castilla y León no ratifica las restricciones de movilidad adoptadas por la Junta antes de la declaración del Estado de Alarma

La Sala cree que la Junta no puede adoptar una medida de esa intensidad como competencia propia y al amparo de la Ley Orgánica 3/86, sino que debe hacerlo dentro del Estado de Alarma

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL no ha ratificado el acuerdo 73/2020 (23 de octubre) de la Junta de Castilla y León por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas por motivos muy graves de salud pública.

La Sala entiende que “la medida adoptaba en el Acuerdo 73/2020 rebasa el presupuesto habilitante de la Ley 3/1986, tanto por la extraordinaria situación de crisis sanitaria mundial existente, persistiendo en el tiempo, como por la intensidad de la afectación del derecho fundamental a la libre circulación de las personas, que queda en suspenso durante una franja horaria para toda la población de Castilla y León, de forma indiferenciada, sin distinción, a diferencia de lo realizado en las medidas anteriores, entre municipios más o menos afectados por la enfermedad transmisible, lo que exige una ley que la posibilite con las garantías y exigencias de la doctrina constitucional sobre esta materia”.

“Así se ha hecho ahora mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2.No basta para justificar el Acuerdo, frente a lo que se dice en su Exposición de Motivos y en la solicitud de ratificación, que se remitiera ante la situación epidemiológica y sanitaria de la pandemia en Castilla y León por la Covid-19 y su extrema gravedad, una carta al Presidente de Gobierno de España solicitando una medida de ‘toque de queda’ (concepto no jurídico frente al de limitación o restricción del derecho de circulación) ‘con el instrumento normativa que proceda’ y no formalmente la declaración del estado de alarma”, señala el Tribunal.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Puigdemont contra la orden de detención y la petición de la suspensión de inmunidad al Parlamento Europeo

martes, 27 de octubre de 2020

Lunes, 26 de octubre de 2020

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Puigdemont contra la orden de detención y la petición de la suspensión de inmunidad al Parlamento Europeo

La Sala analiza el alcance de las inmunidades y subraya que los recurrentes olvidan que en este caso “no se trata de la emisión de una orden de detención contra un europarlamentario, sino de la adquisición de esa condición por unas personas contra las que, con anterioridad a ese momento, se habían emitidos órdenes de detención, por la presunta comisión de hechos que podían ser constitutivos de graves delitos”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado los autos del instructor de la causa del “Procés”, Pablo Llarena, de 10 de enero y 4 de marzo de 2020 en los que acordó mantener las órdenes nacionales, internacionales y europeas de detención contra el expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig, y pedir al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad correspondiente a los europarlamentarios Carles Puigdemont y Antoni Comín.

La Sala de Apelación desestima los recursos planteados por los cuatro recurrentes contra los citados autos, en los que solicitaban que se dejasen sin efecto dichas órdenes de detención que consideraban incompatibles con las inmunidades que les corresponden como eurodiputados a algunos de ellos (Puigdemont y Comín).

El tribunal señala que teniendo en cuenta que los recurrentes han sido procesados por hechos que pueden ser constitutivos de delitos graves y que se han posicionado en situación de rebeldía, “las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión han de considerarse justificadas, al ser absolutamente necesarias en orden a asegurar la acción de la Justicia, que no solo exige la posibilidad de practicar diligencias, sino garantizar que los procesados se encuentren a disposición del tribunal”. Asimismo, explica que la existencia de las órdenes de detención que se impugnan no han impedido a los recurrentes alcanzar la condición efectiva de europarlamentarios, ni tampoco asistir a las sesiones del Parlamento.

La Sala analiza el alcance de las inmunidades y subraya que los recurrentes olvidan que en este caso “no se trata de la emisión de una orden de detención contra un europarlamentario, sino de la adquisición de esa condición por unas personas contra las que, con anterioridad a ese momento, se habían emitidos órdenes de detención, por la presunta comisión de hechos que podían ser constitutivos de graves delitos”. Y, en esas circunstancias, -indica la Sala- el TJUE entendió, en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, que es posible que un tribunal interno, si lo considera necesario, mantenga la situación de prisión provisional previamente acordada respecto de una persona que ha adquirido con posterioridad la condición de europarlamentario, siempre que, a la mayor brevedad solicite al Parlamento la suspensión de la inmunidad.

A este respecto, afirma que eso es precisamente lo que se ha hecho en la presenta causa, en la que, manteniendo las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, ya se ha solicitado del Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de los recurrentes que tienen la condición de europarlamentarios y que se encuentran en el territorio de otro Estado miembro.

La Sala recuerda que el procesamiento de los recurrentes se acordó antes de que adquiriesen la condición de miembros del Parlamento europeo. En esta línea, afirma que “no se aprecia contradicción con el derecho europeo, en la medida en que en el derecho interno se reconocen a los europarlamentarios las mismas inmunidades de los parlamentarios nacionales, y que, es el propio derecho europeo el que se remite a la regulación de cada Estado. Tampoco con la finalidad reconocida a las inmunidades, ya que no puede considerarse persecución arbitraria perturbadora de la función del Parlamento la acción de la justicia de un Estado miembro, iniciada con mucha anterioridad a la adquisición de la condición de parlamentario y por hechos que nada tienen que ver con sus funciones como tal”.

El tribunal señala que la finalidad de la inmunidad es garantizar que el eurodiputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecuciones políticas arbitrarias, operando como una garantía de la independencia e integridad del Parlamento. “Pero no tienen como finalidad establecer una absoluta inmunidad frente a la acción de la Justicia, con mayor razón cuando se trata de hechos y de procesos anteriores a la adquisición de la condición de europarlamentario, y sin que aquellos presenten relación alguna con las funciones que se le asignan como tal. Dicho de otra forma, la acción justificada de la Justicia no puede ser valorada como una persecución política arbitraria”, subrayan los magistrados.

En consecuencia, concluye que no puede valorarse de igual forma la situación de quien es perseguido judicialmente después de ser elegido parlamentario, que la de quienes, habiéndose incoado ya el procedimiento penal por hechos no relacionados con aquellas funciones, adquiere después aquella condición.

La AIReF señala que los incentivos a la contratación no pueden sustituir a las reformas estructurales para combatir la temporalidad y el desempleo

martes, 27 de octubre de 2020

La AIReF señala que los incentivos a la contratación no pueden sustituir a las reformas estructurales para combatir la temporalidad y el desempleo

14 octubre 2020

• La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal analiza siete tipos de incentivos, cuyo importe supuso alrededor de 2.000 millones de euros en 2018

• La institución concluye que los incentivos facilitan la obtención de empleo en periodos de crisis, pero los efectos positivos son modestos y no perduran en el tiempo

• Considera que hay que dirigir los incentivos a colectivos muy específicos de baja empleabilidad, articular un menor número de incentivos y homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias

• Reclama una mayor coordinación entre todas las administraciones y con las demás políticas activas, en particular la formación, y afirma que hay que realizar un seguimiento y evaluación continuos del sistema de incentivos

• Para fomentar el trabajo autónomo, la AIReF recomienda ir hacia un sistema de cotizaciones acorde a los ingresos y, mientras tanto y dado el contexto económico, mantener la tarifa plana reforzando la inspección

• La AIReF propone también concentrar esfuerzos en mejorar los contratos de formación, en particular su componente formativo, e impulsar su uso por parte de las empresas

• Apuesta por rediseñar los incentivos a la contratación de personas con discapacidad poniendo el foco en los colectivos con especiales dificultades, especialmente en el empleo protegido

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó hoy el estudio de la segunda fase del Spending Review ‘Incentivos a la contratación y al trabajo autónomo’, en el que analiza siete tipos de incentivos, cuyo importe supuso alrededor de 2.000 millones de euros en 2018. Con esta evaluación, la AIReF da continuidad a la realizada en la primera fase del Spending Review sobre el gasto en Políticas Activas de Empleo (PAE).

Los incentivos a la contratación y al trabajo tratan de promover el empleo de determinados individuos de baja empleabilidad reduciendo sus costes laborales, principalmente mediante reducciones en las cotizaciones sociales. Cuando la minoración de las cuotas es financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que transfiere el importe de su coste a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), se conocen con el nombre de bonificaciones, mientras que si el coste es asumido directamente por la Seguridad Social se denominan reducciones.

En los siete incentivos que forman parte del encargo realizado a la AIReF, confluyen dos objetivos distintos: mejorar la empleabilidad de determinados grupos de población y promover determinados tipos de empleo, fundamentalmente la contratación indefinida y el empleo autónomo. Atendiendo a los colectivos, los incentivos a las personas con discapacidad representaron el 41% del gasto evaluado en 2018. Según el tipo de empleo, el 32% del gasto evaluado se destinó a estímulos a las altas en el empleo autónomo.

El periodo objeto de estudio se caracteriza por una gran dispersión normativa y una generalización de los incentivos a toda la población. En concreto, el sistema de incentivos analizado se inició con la reforma laboral de 2012 y sufrió diversas adaptaciones hasta finales de 2018, cuando se derogaron todas las medidas que establecían su supresión cuando la tasa de paro se situara por debajo del 15%. A lo largo del periodo se produjeron multitud de cambios, con aprobaciones y derogaciones de incentivos, modificaciones en las condiciones de elegibilidad, cuantías y duraciones.

Conclusiones generales

A nivel general, el estudio de la AIReF constata que los incentivos deben constituir una herramienta orientada a mejorar la empleabilidad de determinados colectivos, pero en ningún caso sustituyen a las reformas necesarias para combatir la elevada temporalidad y el alto nivel de desempleo que caracterizan al mercado laboral español. La evaluación muestra los indicios de la eficacia potencial de los incentivos analizados, pues constata que sí facilitan la obtención de empleo en periodos de crisis. Sin embargo, los efectos positivos son modestos y se encuentran sobre todo en individuos con un nivel de formación medio-alto. Además, no perduran en el tiempo una vez que desaparece el incentivo.

Por otro lado, a partir de una muestra representativa de empresas, la AIReF concluye que una reducción de incentivos del 50% aceleró la caída del empleo del -2,73% al – 2,96% entre julio de 2012 y diciembre de 2014.

La AIReF considera que los incentivos deben dirigirse a colectivos muy específicos de baja empleabilidad. Para ello debe articularse un marco estable basado en un conjunto sistemático de indicadores que permitan identificar los colectivos con menor probabilidad de encontrar un empleo y consecuentemente adaptar los incentivos a las necesidades de cada momento.

Además, es necesario articular un menor número de incentivos y homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias. Según la AIReF, un sistema más sencillo, con requisitos claros y de fácil verificación podría estimular su uso por parte de las empresas. Además, un sistema más focalizado permitiría incrementar las cuantías y hacerlos más atractivos.

La AIReF también considera necesaria una mayor coordinación entre todas las administraciones que permita enfocar los esfuerzos en los colectivos con mayores necesidades en cada territorio y simplificar la diversidad de incentivos, mejorando así su eficacia.

Asimismo, la institución asegura que la vinculación de los incentivos a programas de formación puede mejorar la empleabilidad de los colectivos vulnerables, si bien se necesitan reformas que mejoren la calidad de la formación y su vinculación con el mercado laboral. Además, la combinación de los incentivos con otras medidas de activación podría mejorar su eficacia. Para ello es preciso avanzar en la implementación de herramientas de perfilado y en el diseño de itinerarios que permitan mejorar la atención personalizada a los demandantes de empleo.

La AIReF considera también que hay que realizar un seguimiento y evaluación continuos del sistema de incentivos y construir una base de datos con las evaluaciones realizadas. En concreto, sugiere la construcción de un sistema de indicadores de seguimiento y de conjuntos de datos para que las administraciones puedan evaluar los incentivos, incorporando la información de las comunidades autónomas, así como para facilitar y promover la evaluación entre la comunidad científica.

Propuestas específicas

En el análisis de la tarifa plana de trabajadores autónomos, la AIReF concluye que cumple el objetivo de fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia, pero en personas con un nivel de formación medio-alto y que llevaban poco tiempo en desempleo. El incentivo mejora la supervivencia de estos trabajadores mientras está vigente, pero al finalizar la supervivencia converge a la de los no beneficiarios. La AIReF recomienda ir hacia un sistema de cotizaciones acorde a los ingresos y, mientras tanto y dado el contexto económico, mantener la tarifa plana reforzando inspección.

Sobre el contrato apoyo a los emprendedores, derogado en el año 2018, la AIReF constata que cumplía parcialmente con el objetivo de facilitar el empleo estable y potenciar la iniciativa empresarial. Concluye que los efectos positivos no llegaron a los colectivos más vulnerables, que necesitarían otro tipo de incentivos, bien vinculados a la formación, bien con requisitos que resulten más atractivos para las empresas.

Sobre los incentivos a la conversión en indefinidos de los contratos de formación y aprendizaje, la AIReF asegura que cumplen el objetivo de favorecer la inserción laboral de los jóvenes con baja formación. Sin embargo, el efecto encontrado es pequeño y el uso del contrato de formación por las empresas es reducido. Así, la AIReF propone concentrar los esfuerzos en mejorar los contratos de formación, en particular su componente formativo, e impulsar su uso por parte de las empresas.

En cuanto a los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, que suponen el 40% del gasto analizado en este Estudio, la AIReF no ha podido evaluar sus efectos sobre la contratación de personas con discapacidad debido a la ausencia de cambios normativos en el periodo. Un enfoque alternativo a través de los incentivos regionales no encuentra evidencia de que fomenten la contratación de personas con discapacidad.

Sí encuentra efectos positivos importantes sobre la probabilidad de mantener el empleo frente a trabajadores con discapacidad no bonificados. La AIReF propone rediseñar estos incentivos poniendo el foco en los colectivos con especiales dificultades, especialmente en el empleo protegido. Además, resalta la necesidad de mejorar la disponibilidad de información sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad en el empleo ordinario y en el empleo protegido, tanto a nivel agregado
como el acceso a microdatos que mejoren la calidad de las evaluaciones.