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En la dehesa de la Villa. Madrid

jueves, 26 de noviembre de 2020

18 asociaciones abogan por mantener el actual límite fiscal de ahorro individual para la jubilación

jueves, 26 de noviembre de 2020

18 asociaciones abogan por mantener el actual límite fiscal de ahorro individual para la jubilación

La reducción de 8.000 a 2.000 euros de la cuantía deducible perjudicará a millones de autónomos y trabajadores de pymes

Los instrumentos de previsión social complementaria permiten garantizarse una pensión de jubilación adecuada

Instituto de Estudios Económicos

24/11/2020 El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales y también a los del cónyuge. Esto afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos.

18 asociaciones empresariales y profesionales estiman que debe mantenerse el tratamiento actual de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria. Los firmantes de este manifiesto conjunto son ADECOSE, AEB, AEDAF, AMAEF, ASCRI, ATA, CECA, CEOE, CEPYME, la Confederación Española de Mutualidades, el Consejo General de Colegios de Mediadores, FECOR, el Instituto de Actuarios Españoles, el Instituto de Estudios Económicos, INVERCO, OCOPEN, UNACC y UNESPA.

En España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida. Muchos de ellos son trabajadores por cuenta propia o empleados de pymes.

En opinión de las entidades firmantes, la encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión.

El ahorro individual para la jubilación es necesario por varias razones. La primera de ellas es la estructura del mercado laboral español. El establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española. Afectaría especialmente a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente. Se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador.

El sistema individual seguirá siendo necesario e imprescindible para todos aquellos que, como los autónomos o los trabajadores de las pymes, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas.

El segundo motivo por el que la reforma que propone el Gobierno puede tener efectos indeseados es la cuantía insuficiente de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros. A razón de 2.000 euros por año, un trabajador que no tuviera acceso a un plan de empleo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual insuficiente para complementar la pensión pública.

Un tercer elemento que hay que tener presente es la irregularidad de los ingresos del trabajo. Las crisis económicas son fenómenos cíclicos y se materializan varias veces a lo largo de la vida laboral de las personas, como demuestra la experiencia de las primeras dos décadas del siglo XXI. Por este motivo, debe permitirse a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos. Los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral.

La experiencia internacional debe ser una referencia en la que debe mirarse España. En prácticamente todos los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales. La reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos.

Por último, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación. Es decir, su tratamiento fiscal no genera beneficios. La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones. Por lo tanto, toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo.

Nota al editor:

ADECOSE es la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros. Es una asociación independiente, fundada en 1977 con el objetivo de defender los intereses de las corredurías de seguros, y también de reaseguros desde 2020. En total, agrupa a más de 152 empresas líderes del sector de la mediación, cuyo común denominador es su estructura empresarial y capacidad profesional. ADECOSE aglutina una cuota de mercado dentro del canal de corredor del 68%, con un volumen total de primas intermediadas de 7.400 millones de euros.

AEB es la Asociación Española de Banca (AEB). Es una asociación patronal abierta a todos los bancos españoles y extranjeros que operan en España. Aunque la afiliación es voluntaria, en la práctica la mayoría de los bancos instalados en España son miembros de la asociación. Ha estado comprometida con el desarrollo del sistema bancario español y con la contribución del mismo al crecimiento económico del país desde su creación en 1977.

AEDAF es la Asociación Española de Asesores Fiscales. Fundada en 1967, es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.500 abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas y titulados mercantiles y empresariales.

AMAEF es la Asociación para la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras. Está integrada por 28 operadores de banca seguros, 1 agencia exclusiva y 1 correduría de seguros pertenecientes a distintas entidades financieras (bancos, cajas rurales y entidades financieras de crédito), La suma del negocio mediado por las redes de las entidades de crédito representadas en AMAEF alcanza la cifra de más de 23.000 millones de euros, representando más del 94% del total del sector banca-seguros de España. Su objetivo, como organización representativa de la mediación banco-aseguradora, es actuar como interlocutor ante la Administración y otros actores de los sectores económicos y sociales cuando se tratan temas relacionados con la distribución de seguros y planes de pensiones.

ASCRI es la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión. Es el organismo que representa a la industria del venture capital & private equity ante las autoridades, Gobierno, instituciones, inversores, empresarios y medios de comunicación. ASCRI agrupa a más de 142 firmas nacionales e internacionales de venture capital & private equity; unos 80 proveedores de servicios y 14 socios inversores (limited partners); difunde y garantiza los estándares profesionales entre sus miembros: la transparencia, las mejores prácticas y el buen gobierno”.

ATA es la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Actualmente es la mayor organización de este colectivo en España, con una representatividad acreditada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del 54% del total de autónomos. ATA tiene presencia en todas las comunidades autónomas. Su objetivo es la defensa de los intereses de los trabajadores por cuenta propia y cuenta con una amplia gama de servicios para sus socios. Integra más de 300 organizaciones sectoriales, que en conjunto representan a más de 440.000 autónomos.

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera, su obra y acción social y la sostenibilidad.

CEOE es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Fue fundada en 1977 e integra con carácter voluntario a 3 millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad, que se vinculan a CEOE a través de más de 4.500 asociaciones de base. La confederación integra de forma directa a 200 organizaciones territoriales y sectoriales a nivel autonómico y provincial. Se logra así que las empresas estén representadas por la doble vía del sector al que pertenecen y por el territorio en el que están ubicadas. CEOE representa a todo el espectro empresarial español (grandes, pequeñas y medianas empresas) y autónomos ante la sociedad, la Administración y los sindicatos.

CEPYME es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Es una organización de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, para la defensa, representación y fomento de los intereses de la pequeña y mediana empresa y del empresario autónomo.

Confederación Española de Mutualidades es el órgano de representación de las mutualidades de previsión en España. Asocia a más de 200 entidades, que agrupan a más de 2 millones de personas y trabaja en beneficio del mutualismo desde 1947.

Consejo General de Mediadores de Seguros es la corporación de derecho público que aglutina a 52 colegios profesionales distribuidos por todo el territorio nacional y cuenta con más de 7.000 miembros. Forma parte de las principales organizaciones internacionales de profesionales del sector como son BIPAR (Europa), COPAPROSE (América) y WFii (mundial). Cuenta con una escuela de negocios, CECAS, exclusivamente dedicada a la formación aseguradora.

FECOR es la Federación de Asociaciones de Corredores y Corredurías de España. Se creó hace más de 20 años con el objetivo de reforzar profesional e institucionalmente la figura del corredor de seguros. La diversidad de las asociaciones miembros de FECOR otorga a esta organización un expertise que le hace capaz de apoyar a las diferentes tipologías de corredurías con independencia del tamaño y características de las mismas. La comunicación entre asociaciones, la interrelación de todos los miembros, así como la transmisión de conocimientos en gestión de riesgos, son la base de esta federación.

Instituto de Actuarios, como corporación oficial de derecho público, de carácter científico y profesional de ámbito estatal, tiene como misión la regulación, representación, defensa y fomento de la profesión actuarial, así como la colaboración con organismos y autoridades de carácter nacional e internacional.

Instituto de Estudios Económicos es una asociación privada sin ánimo de lucro ni finalidad política, que se financia fundamentalmente mediante aportaciones anuales de las empresas que se han incorporado a la misma como miembros asociados, junto a los recursos que obtiene por la venta de sus publicaciones. A la financiación del instituto contribuyen también diversas ayudas concedidas por un conjunto de instituciones públicas y privadas para proyectos específicos de investigación o convenios de colaboración anual.

INVERCO es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Agrupa a la práctica totalidad de las instituciones de inversión colectiva españolas (fondos y sociedades de inversión), a los fondos de pensiones españoles, y a las instituciones de inversión colectiva extranjeras registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a efectos de su comercialización en España, así como a diversos miembros asociados.

OCOPEN es la Organización de Consultores de Pensiones. Es una asociación profesional, sin ánimo de lucro fundada en 1987, que aglutina a empresas y profesionales de consultoría de pensiones, gestoras de fondos de pensiones y aseguradoras para el desarrollo y consolidación de la previsión social complementaria, aportando opiniones, recomendaciones y propuestas a las empresas, trabajadores, representantes sociales y responsables gubernamentales con el objetivo de fomentar el ahorro finalista para jubilación.

UNACC es la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Es la asociación más representativa del sector de las cooperativas de crédito en España. Constituida en 1970, reúne actualmente a 42 cooperativas de crédito y entre sus funciones está representar y defender los intereses generales de sus asociadas ante los organismos públicos e instituciones.

UNESPA es la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras. Integra a cerca de 200 entidades que reúnen aproximadamente el 98% del volumen de negocio asegurador en el mercado español. Desde 1977, representa los intereses de sus asociados frente a todo tipo de organismos e instituciones nacionales e internacionales.

Black Friday: mejora tu experiencia de compra

jueves, 26 de noviembre de 2020

Black Friday: mejora tu experiencia de compra

Portal del cliente bancario

Banco de España

23/11/2020

En los últimos años el Black Friday se ha incorporado a nuestra rutina de compra, a nuestros hábitos como consumidores. Es bueno que estemos pendientes de ofertas para adquirir esos productos que necesitamos a un precio más ventajoso.

Pero, no siempre tenemos claro qué es lo queremos comprar o cómo lo vamos a pagar. Por eso te damos algunos consejos para aprovechar al máximo las ventajas de estos descuentos:

Consumo responsable

Es importante hacer un ejercicio de reflexión y pensar en las cosas que realmente necesitamos. Hacer una lista de los productos que nos gustaría adquirir, comparar diferentes ofertas, elaborar un presupuesto y fijar un límite de gasto, siempre serán buenas ideas.

Endeudamiento responsable

Presta atención a la publicidad y si decides financiar una compra… ¡No te dejes llevar por frases llamativas del tipo: ¡Financiación “sin intereses”!

Una financiación sin intereses (TIN igual al 0%) no implica que el coste que vayamos a pagar por dicha financiación sea cero. La entidad que nos concede un crédito para comprar un determinado bien, podrá cobrarnos además de intereses, comisiones y otros gastos. Estos importes sí que se tienen en cuenta para el cálculo de la TAE, indicador en el que debemos fijarnos para conocer realmente el coste de la financiación.

Puede suceder que, la opción que se nos ofrezca para financiar una compra, consista en la contratación de una tarjeta con modalidad de pago revolving. Hay que valorar cuidadosamente si este tipo de financiación se adecua a nuestras necesidades y, evitar a toda cosa, dejarse llevar por el miedo a perder la oportunidad de beneficiarnos de la oferta disponible en ese momento.

La forma de pago de estas tarjetas puede llevar a los consumidores a endeudarse de forma indefinida. Para hacer un uso adecuado de la misma, y evitar endeudarnos en exceso, es muy importante conocer las características de esta modalidad de pago.

Consumo seguro

Si vas a comprar un producto a través de internet y usas la tarjeta como método de pago, asegúrate de que la página en la que realizas la compra es segura. Los ciberdelincuentes aprovechan estas fechas para robar nuestros datos personales, así como nuestra información bancaria a través de este canal.

Es importante no bajar la guardia y tomar todas las precauciones que estén a nuestro alcance para evitar caer en la trampa. En este post te contamos algunos consejos.

Devoluciones

Pero, no siempre acertamos con las compras. Las devoluciones de productos adquiridos mediante una tarjeta, normalmente dan como resultado la devolución del importe a la cuenta en la que se encuentran domiciliados sus pagos.

Puede darse el caso de querer solicitar el reembolso de un producto pagado con una tarjeta que ha sido cancelada con posterioridad a la compra. En estos casos… ¿Cómo recupero el dinero? Del mismo modo, si no se dice nada al respecto en el contrato de la tarjeta, lo más habitual, es que la entidad abone la cantidad en la cuenta asociada a la tarjeta.

La reserva hídrica española se encuentra al 47,2 por ciento de su capacidad

jueves, 26 de noviembre de 2020

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 47,2 por ciento de su capacidad

Martes 24 de noviembre de 2020

La Moncloa

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 47,2 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 26.405 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 99 hectómetros cúbicos (el 0,2% por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 80,8%
•Cantábrico Occidental al 65,8%
•Miño-Sil al 52,3%
•Galicia Costa al 62,6%
•Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
•Duero al 59,6%
•Tajo al 49,6%
•Guadiana al 31,6%
•Tinto, Odiel y Piedras al 69,9%
•Guadalete-Barbate al 35,8%
•Guadalquivir al 30,6%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 40,7%
•Segura al 34,4%
•Júcar al 48,0%
•Ebro al 63,8%
•Cuencas internas de Cataluña al 84,3%

Las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda España. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 9,7 mm (9,7 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

reserva total embalsada

España se une a la iniciativa ICOS, la red europea de medición de gases de efecto invernadero

jueves, 26 de noviembre de 2020

Medición de gases de efecto invernadero

España se une a la iniciativa ICOS, la red europea de medición de gases de efecto invernadero

Jueves 19 de noviembre de 2020

La Moncloa

España se une al Sistema integrado de observación del carbono (ICOS). Esta infraestructura de investigación, financiada por países del entorno europeo, mide los gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, en todo el continente europeo y los océanos adyacentes.

La medición de los GEI es muy importante, ya que las cantidades excesivas de estos gases de calentamiento son producto del uso de combustibles fósiles, la agricultura y otras actividades humanas, y calientan la atmósfera. Si no se frena pronto, el cambio climático tendrá duras consecuencias para la naturaleza y para las personas.

España aportará de forma gradual ocho estaciones de medición a la red. Dos de las ocho estaciones están midiendo el carbono disuelto en las zonas marítimas adyacentes, dos producirán datos sobre los intercambios de carbono en los ecosistemas, y cuatro torres medirán los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como toda la información del ICOS, también los datos en español estarán disponibles en abierto en el Carbon Portal (Portal del carbono) del ICOS de forma gratuita para que todo el mundo pueda utilizarlos; estos datos se usarán para estudiar, por ejemplo, el cambio climático y sus implicaciones en la Tierra y para los habitantes de este planeta.

Las nuevas estaciones ampliarán la red de mediciones estandarizadas de ICOS al territorio peninsular español, a las Islas Canarias y al Mar Mediterráneo, zonas de importancia estratégica que aumentan la extensión geográfica de la red.

«Nos complace enormemente dar la bienvenida a España a ICOS. Con la red ampliada de estaciones, los datos de ICOS cubrirán áreas desde las Islas Canarias hasta Escandinavia e incluso Svalbard en el norte. Esto nos permite ver cómo las emisiones de carbono se mueven junto con los vientos, y cómo se distribuyen los sumideros en la tierra y en los océanos. Basándose en nuestros datos de alta calidad, los científicos pueden informar mejor a las sociedades sobre los efectos del cambio climático», afirma el Dr. Werner Kutsch, Director General de ICOS.

Una estación en una línea naviera

A partir del uno de enero de 2021, el consorcio español de ICOS estará formado por la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en una estación. La estación ULPGC es en realidad un barco comercial, con un equipo de medición a bordo. El barco viaja desde las Islas Canarias en el Océano Atlántico hasta Barcelona en el Mediterráneo y de vuelta, recogiendo muestras de agua durante su viaje.

«La participación activa del Gobierno de Canarias y de la Fundación Loro Parque asegurará la contribución de la ULPGC para mantener en funcionamiento las estaciones oceánicas con el fin de comunicar activamente los conocimientos de base científica que son relevantes para la acción climática y la toma de decisiones de la región de Canarias dentro de Europa», afirma el Dr. Melchor, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

También en las Islas Canarias se encuentra la estación atmosférica de Izaña de AEMET, que proporciona importante información de fondo sobre las concentraciones de dióxido de carbono y metano en la atmósfera subtropical, así como otros gases de efecto invernadero.

«El programa de ICOS en la estación Izaña se está llevando a cabo en paralelo y de forma independiente al programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la Organización Meteorológica Mundial que comenzó en 1984. La estación también se entrecruza con todos los demás sistemas mundiales de observación de los gases de efecto invernadero, utilizando tanto técnicas terrestres como de teledetección: Esto aporta un valor añadido como punto de comparación permanente de todas las redes», dice el Dr. Emilio Cuevas, coordinador del ICOS español de AEMET.

La cooperación de siete institutos españoles

En los próximos años, cinco institutos más se unirán al consorcio español de ICOS: el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), la Plataforma Oceánica de Canarias, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Los socios desempeñan un papel destacado en la modelización e investigación del clima y en las mediciones regionales de los gases de efecto invernadero en España.

La Asamblea General de ICOS aprobó la solicitud de adhesión de España en su reunión del 17 de noviembre de 2020. Tras la incorporación efectiva de España a ICOS que se producirá el 1 de enero de 2021, la infraestructura de investigación de ICOS contará con 13 estados miembros y cerca de 150 estaciones de medición dirigidas por más de 80 universidades e institutos asociados en toda Europa.

Foment lamenta el llamamiento al boicot de la alcaldesa de Barcelona contra determinadas empresas y reclama la necesidad de equilibrio entre el e-commerce y el comercio tradicional

jueves, 26 de noviembre de 2020

Foment lamenta el llamamiento al boicot de la alcaldesa de Barcelona contra determinadas empresas y reclama la necesidad de equilibrio entre el e-commerce y el comercio tradicional

La patronal considera impropias, inadecuadas y populistas las declaraciones

20 de noviembre de 2020

◾La venta en el comercio electrónico es una cuestión muy sensible, y desde Foment siempre se ha buscado una solución que propicie un equilibrio entre la venta del comercio tradicional y el ecommerce.
◾Sánchez Llibre se ha mostrado contrario al planteamiento de Ada Colau: “Entendemos que un gobernante tiene que trasladar soluciones maduras y solventes ante un tema tan sensible. No planteamientos primarios que vayan orientados al boicot contra unas empresas determinadas y contra la libertad de elección de los consumidores”.

Foment del Treball subraya que la venta al comercio electrónico es una cuestión muy sensible y señala que desde la patronal siempre se ha buscado una solución que permita un equilibrio entre la venta del comercio tradicional de proximidad y la del ecommerce, para que los dos puedan trabajar con las mismas herramientas de competitividad.

El presidente de Fomeno, Josep Sánchez Llibre, considera “impropio, inadecuado y populista” el llamamiento al boicot que ha hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contra unas empresas determinadas y contra la libertad de elección de los consumidores. “Entendemos que un gobernante tiene que plantear soluciones maduras y solventes y no planteamientos primarios que vayan orientados al boicot”, ha dicho Sánchez Llibre.

Foment considera fundamental trabajar para conseguir este equilibrio entre los dos sectores del comercio. La patronal lamenta profundamente las declaraciones de la Ada Colau, “justamente la alcaldesa de Barcelona es la menos indicada para plantear una solución primaria como la del boicot”.

En este sentido, Foment recuerda que en la pasada legislatura Ada Colau convirtió la ciudad de Barcelona en la en la capital mundial del top manta en detenimiento del pequeño y medio comercio de proximidad, y que, con sus políticas de movilidad, ha criminalizado el coche y la moto, afectando muy negativamente al comercio del centro de la ciudad y comportando un gran perjuicio para estos establecimientos.

New York*

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Según el Abogado General Bobek, la prohibición de juzgar o condenar a una persona dos veces por los mismos hechos, aplicable dentro del espacio Schengen, también puede impedir la extradición a un tercer país

miércoles, 25 de noviembre de 2020

www.curia.europa.eu

Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 143/20

Luxemburgo, 19 de noviembre de 2020

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-505/19

WS/Bundesrepublik Deutschland

Según el Abogado General Bobek, la prohibición de juzgar o condenar a una persona dos veces por los mismos hechos, aplicable dentro del espacio Schengen, también puede impedir la extradición a un tercer país

En caso de ser aplicable, esta prohibición no solo impide cualquier ulterior procesamiento en otros Estados miembros, sino que también se opone a la detención en otros Estados miembros en virtud de una notificación roja emitida por Interpol con miras a una posible extradición a un tercer país

Un ciudadano alemán residente en Alemania presentó demanda ante un tribunal alemán (1) pidiendo que se ordenara a este Estado miembro adoptar las medidas necesarias para que se suprimiera una notificación roja (2) emitida por Interpol con el fin de localizarlo, de detenerlo y de restringir sus movimientos para extraditarlo. La notificación roja se basaba en una orden de detención dictada por las autoridades estadounidenses por cargos de corrupción, blanqueo de capitales y estafa.

El ciudadano alegó que no podía viajar a ninguno de los Estados del espacio Schengen sin arriesgarse a que lo detuvieran, puesto que, debido a la notificación roja, esos Estados lo han inscrito en sus listas de personas reclamadas. Adujo que su situación era contraria a la prohibición de que una persona sea juzgada o condenada penalmente dos veces por los mismos hechos (principio non bis in idem), habida cuenta de que el Ministerio Fiscal alemán ya había iniciado un procedimiento de investigación contra él por los mismos hechos y que este se había archivado con carácter firme después de que abonara una determinada cantidad de dinero. También sostuvo que el tratamiento ulterior, por parte de las autoridades de los Estados miembros, de sus datos personales contenidos en la notificación roja vulneraba el Derecho de la Unión.

En este contexto,(3) el tribunal alemán pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión prohíbe a los Estados miembros, cuando Interpol emite una notificación roja a petición de un tercer país y dicha notificación se refiere a hechos a los que puede ser aplicable el principio non bis in ídem: i) dar cumplimiento a la notificación limitando la libertad de circulación de la persona reclamada y ii) seguir tratando sus datos personales contenidos en la notificación.

En las conclusiones que presenta hoy, el Abogado General Michal Bobek propone que se declare, en primer lugar, que el principio non bis in idem, tal como se aplica en el espacio Schengen (4) y se consagra como derecho fundamental en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (5) y el derecho de los ciudadanos de la Unión a la libre circulación (6) prohíben a los Estados miembros dar cumplimiento a una notificación roja emitida por Interpol a petición de un tercer país, y en consecuencia limitar la libertad de circulación de una persona, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro hayan determinado con carácter firme que el principio non bis in idem es aplicable a los cargos concretos por los que la notificación ha sido emitida.

El Abogado General señala, en primer lugar, que una resolución por la que un fiscal ordena definitivamente el archivo de un proceso penal con la aprobación del tribunal competente y que da lugar a que, una vez el acusado haya cumplido ciertas condiciones, se impida todo ulterior enjuiciamiento, está comprendida en el principio non bis in idem tal y como es aplicable en el espacio Schengen.

A continuación, el Abogado General señala que, en caso de que sea aplicable, el principio non bis in idem no solo prohíbe cualquier nuevo enjuiciamiento en otros Estados miembros, sino que también se opone a la detención en otros Estados miembros con miras a una posible futura extradición a un tercer país. En efecto, un espacio jurídico significa un espacio jurídico, tanto interna como externamente: una persona cuya causa judicial se haya resuelto finalmente con carácter firme tiene derecho a que se la deje tranquila. Debe tener la posibilidad de desplazarse libremente sin temor a volver a ser perseguida por los mismos hechos en, y no solo por, otro Estado del espacio Schengen. Aunque tenga derecho a acogerse al principio non bis in idem, la persona que puede ser detenida con miras a su extradición no goza de tranquilidad ni tiene la posibilidad de desplazarse libremente por la Unión.

En relación con este caso concreto, el Abogado General señala, no obstante, que la cuestión de si los dos procedimientos relativos al ciudadano versan verdaderamente sobre los mismos hechos (todavía) no ha sido resuelta, y menos aún con carácter firme, por las autoridades competentes de Alemania o de cualquier otro Estado miembro de la Unión. En consecuencia, al menos por el momento, no existe ninguna resolución que los demás Estados miembros puedan y deban reconocer y aceptar, en atención al principio de confianza mutua, como equivalente a una propia. En estas circunstancias, el Abogado General considera que nada impide a otros Estados miembros distintos de Alemania dar cumplimiento a la notificación roja emitida por Interpol contra el ciudadano alemán. Las meras dudas expresadas por las autoridades policiales de un Estado miembro respecto a la compatibilidad de la notificación roja con el principio non bis in idem no se pueden equiparar a una resolución firme que declare efectivamente aplicable dicho principio.

Por lo que respecta a la cuestión de la protección de los datos, el Abogado General Bobek propone que se declare que el Derecho de la Unión (7) no se opone al ulterior tratamiento de los datos personales contenidos en una notificación roja emitida por Interpol, incluso si el principio non bis in idem fuese aplicable a los cargos por los cuales ha sido emitida, siempre que el tratamiento se lleve a cabo de conformidad con la normativa de protección de datos aplicable.
El hecho de que una persona pueda estar amparada por el principio non bis in idem en relación con los cargos por los que se haya emitido una notificación roja no significa que los datos que contiene se hayan transmitido ilegalmente. El principio non bis in idem no puede cuestionar la veracidad y exactitud de datos como la información personal, el hecho de que la persona de que se trate sea reclamada en un tercer país por haber sido acusada o condenada por determinados delitos y el hecho de que se haya dictado contra ella una orden de detención en dicho país. Tampoco fue ilegal la transmisión inicial de los datos. Por lo tanto, la aplicación del principio non bis in idem no confiere a la persona de que se trate el derecho a instar la supresión de sus datos personales.

El tratamiento ulterior de los datos personales no solo es legal, sino que, en atención a la finalidad de dicho tratamiento, puede incluso ser indispensable. Así, la consulta, la adaptación, la comunicación y la difusión de los datos, especialmente en interés de la persona contra la que se haya emitido la notificación roja, pueden ser necesarias para evitar que se vea sometida injustamente a medidas penales en los Estados miembros o, si estas ya se han adoptado, para garantizar su cese inmediato.

1 El Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Wiesbaden, Alemania).
2 Las notificaciones rojas se emiten con respecto a personas que son reclamadas ya sea para ser enjuiciadas o para que cumplan condena. En esencia, se trata de solicitudes de las autoridades de todo el mundo dirigidas a localizar y, si es posible, a limitar provisionalmente los desplazamientos de las personas reclamadas, en espera de que se emita una solicitud de extradición (que debe formularse por separado).
3 Entretanto, Interpol suprimió la notificación roja de que se trata. El ciudadano solicita ahora al tribunal alemán que ordene a Alemania a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que Interpol emita una nueva notificación roja por los mismos hechos.
4 Artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (CAAS) (DO 2000, L 239, p. 19).
5 Véase el artículo 50.
6 Artículo 21 TFUE.
7 Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO 2016 L 119, p. 89), en relación con el artículo 54 del CAAS y el artículo 50 de la Carta.

Comercio lanza la plataforma #JuntosMasLejos para apoyar la internacionalización de las empresas españolas

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Medidas de apoyo a la internacionalización

Comercio lanza la plataforma #JuntosMasLejos para apoyar la internacionalización de las empresas españolas

Martes 17 de noviembre de 2020

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presentado la plataforma #JuntosMasLejos, que engloba por primera vez todos los servicios y herramientas de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas.

Se trata de una iniciativa incluida en el Plan de Choque frente al COVID-19 en apoyo a la internacionalización que se puso en marcha desde el inicio de la pandemia para mantener el tejido exportador español.

La ministra ha destacado que esta plataforma ofrece complementariedad y colaboración entre los diferentes organismos y agentes implicados en el soporte a la internacionalización. «La herramienta es una iniciativa conjunta del ICEX, CEOE y Cámara de Comercio de España, claro ejemplo de la excelente colaboración público-privada entre las tres instituciones, con el fin último de apoyar la internacionalización de la economía española».

En su intervención, Reyes Maroto ha agradecido el trabajo desarrollado por la red de Oficinas económicas y comerciales y por ICEX, con una extraordinaria adaptación a las nuevas circunstancias. «Ante la ausencia de movilidad internacional, los consejeros comerciales han sido claves para cerrar operaciones comerciales o conseguir suministros de material sanitario, entre otras actuaciones que han realizado con una extraordinaria profesionalidad», ha reconocido.

Reyes Maroto ha detallado que el conjunto de medidas del Plan de choque frente a la COVID ha movilizado 2.643 millones de euros. Además, ha recordado los instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización: incrementado los fondos disponibles para las operaciones de exportación e inversión de Pymes al ampliar la dotación de la Línea FIEM PYME, que pasa de 50 millones de a 150 millones de euros; la línea CESCE COVID con un importe global de 2.000 millones de euros destinados a asegurar la financiación bancaria a empresas exportadoras afectadas por la pandemia, e incrementada hasta los 500 millones para la línea para Pymes y empresas no cotizadas; o el nuevo mecanismo ‘fast track’ lanzado por COFIDES, dirigido a la aprobación de aplazamientos de cuotas de deudas de empresas afectadas por la crisis.

Plataforma #JuntosMasLejos

A través de un punto de acceso único, la plataforma #JuntosMasLejos nace con vocación de ser un espacio informativo, formativo y colaborativo para facilitar a las empresas españolas todas las herramientas para apoyarles en sus procesos de internacionalización: asesoramiento, soporte financiero, ayudas y subvenciones, promoción comercial o medidas para la digitalización, entre otros.

En la presentación, han asistido los representantes de las instituciones que han puesto en marcha esta iniciativa: la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, además de la consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, María Peña.

Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, esta plataforma es de suma relevancia para dar respuestas ágiles y adaptadas a las necesidades actuales de las empresas en la era post- COVID, ya que «el sector exterior será uno de los motores de la recuperación económica de nuestro país como ya lo fue en la última crisis económica». Por eso, considera esencial «impulsarlo y ofrecer todos los recursos de máxima calidad y utilidad a disposición de nuestras empresas para acompañarles en sus procesos de internacionalización y colocarlas en buenas posiciones para afrontar los nuevos retos».

Para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, «es imprescindible impulsar y ayudar a las empresas en su expansión internacional. Por eso, queremos mostrar el compromiso del sector privado y el público por ir de la mano para promover la internacionalización a través de este proyecto #JuntosMasLejos».

En su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, señaló que «#JuntosMasLejos representa un ejemplo de los frutos que pueda dar la colaboración público-privada». Para Bonet «es fundamental destacar el papel de las empresas, y las organizaciones que las representamos, en la estrategia de internacionalización de la economía española que dirige el Ministerio Industria, Comercio y Turismo y en sus planes de acción bienales».

La teniente coronel Silvia Gil será la primera mujer en hacerse cargo de una Comandancia de la Guardia Civil

miércoles, 25 de noviembre de 2020

La teniente coronel Silvia Gil será la primera mujer en hacerse cargo de una Comandancia de la Guardia Civil

Martes 24 de noviembre de 2020

24/11/2020. La Moncloa

La teniente coronel Silvia Gil se hará cargo de la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel, una vez destinada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

La teniente coronel será de esta forma la primera mujer que se hará cargo de una Comandancia en el Cuerpo. Estaba hasta el momento comisionada en el Destacamento de Naciones Unidas en Colombia. Silvia Gil obtuvo el empleo de teniente en 2001 tras cursar sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid).

Su primer destino como teniente fue el puesto de Vecindario (Las Palmas); más tarde fue destinada a la Sección de Rescate e Intervención en Montaña (SEREIM) de Cangas de Onís (Asturias), siendo la primera mujer oficial al frente de un área de montaña. También estuvo destinada como Capitán en el Subsector de Tráfico de Las Palmas, dónde también fue por primera vez jefa de un subsector; y su último destino como Comandante ha sido en el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, donde fue la impulsora del I plan de Igualdad en la Guardia Civil.

Silvia Gil es Licenciada en Derecho y Grado Universitario en Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas, Diplomada en Estado Mayor, Máster en Seguridad, Máster en Estudios de Género y Doctorando en Estudios Feministas y de Género, entre otros cursos.

En el ámbito internacional ha sido profesora de Tráfico para la policía palestina en el marco de un acuerdo bilateral de cooperación con AECID en Cisjordania; Oficial de enlace de la Guardia Civil con la Escuela de Oficiales de la Gendarmería Nacional Francesa (EOGN) en Melun; y Oficial de Enlace de la Misión de la Unión Europea de Administración de Fronteras (EUBAM RAFAH) en Palestina.

Está en posesión de diversas condecoraciones como Cruz de Plata y con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y Cruz al Mérito Policial, y Cruces al Mérito Militar, Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo entre otras. Además, cuenta con la Medalla al Servicio Política Europea Seguridad y Defensa.

El balón de oxígeno en forma de préstamos del FMI: Atender las necesidades urgentes de financiamiento provocadas por la pandemia

miércoles, 25 de noviembre de 2020

El balón de oxígeno en forma de préstamos del FMI: Atender las necesidades urgentes de financiamiento provocadas por la pandemia

Fondo Monetario Internacional

Por IMF Blog

Las pérdidas humanas y la perturbación económica mundial derivadas de la pandemia de COVID-19 han desencadenado una demanda de financiamiento sin precedentes. Más de una tercera parte de los países miembros del FMI han recibido ayuda de la institución. Desde el inicio de la pandemia, el FMI ha respondido con rapidez y decisión para satisfacer la demanda urgente y excepcional de asistencia financiera por parte de sus países miembros.

Desde marzo de 2020, 70 países miembros, entre ellos muchos países de bajo ingreso, han recibido apoyo financiero en el marco de dos instrumentos creados para hacer frente a las necesidades urgentes de financiamiento que pueden surgir a causa de desastres naturales (entre otros, pandemias, terremotos y huracanes): el Servicio de Crédito Rápido y el Instrumento de Financiamiento Rápido. Este apoyo ha ascendido a más de USD 29.000 millones. En abril, el FMI también aprobó un amplio paquete de reformas, basado en modificaciones anteriores, para fortalecer el alcance y la flexibilidad de la asistencia financiera en el marco de estos servicios.

Otros países han recibido apoyo del FMI a través de otros canales, como son los aumentos en el marco de programas existentes, hasta un importe aproximado de USD 70.000 millones. En comparación con anteriores crisis, como la epidemia de ébola, las necesidades que ha desencadenado la actual pandemia no tienen precedentes. La rápida respuesta del FMI ha contribuido a que muchos países contengan y mitiguen el impacto de este shock externo. Esta asistencia financiera no está ligada a la habitual condicionalidad del FMI y al escalonamiento en el tiempo de los desembolsos, aun cuando los países tienen que observar compromisos en materia de políticas para hacer frente a sus dificultades, así como compromisos en términos de gobernanza sobre la manera de emplear estos recursos.

Estado de situación del COVID-19

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Martes 24 de noviembre de 2020

Moncloa

Actualización nº 257. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 24.11.2020 (datos consolidados a las 14:00 horas del 24.11.2020).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de casos vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 1.594.844 casos confirmados de COVID-19 y 43.668 fallecidos.

Los datos utilizados para realizar este informe se pueden obtener del PDF adjunto.

El faro de Madrid visto desde la dehesa de la Villa

martes, 24 de noviembre de 2020

El pleno del TC avala la constitucionalidad de la Ley de protección de la seguridad ciudadada de 2015 salvo las grabaciones “no autorizadas” a la policía

martes, 24 de noviembre de 2020

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

Nota informativa Nº 108/2020

El pleno del TC avala la constitucionalidad de la Ley de protección de la seguridad ciudadada de 2015 salvo las grabaciones “no autorizadas” a la policía

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC) salvo la necesidad de autorización para el “uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” prevista en el art. 36.23 de la Ley.

En consecuencia, la sentencia, de la que ha sido ponente el Presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, desestima la mayoría de las impugnaciones (arts. 19.2, 20.2, 36,2 y 23, 37.1 en relación con los arts. 30.3, 37.3 y 7 así como la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015) del recurso de inconstitucionalidad presentado por 97 diputados del PSOE; 11 de Izquierda Plural y Chunta Aragonesista; 4 de Unión Progreso y Democracia y 2 del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.

El Tribunal analiza los preceptos con un meticuloso estudio de la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluye lo siguiente:

1º. Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “no autorizado” del art. 36.23 de la LOPSC, que prevé como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La sentencia explica que hay censura previa proscrita por el art. 20.2 CE cuando la difusión de las imágenes o datos se sometan a un previo examen de su contenido por el poder público, de forma que aquélla (la difusión) solo se pueda realizar si éste “otorga el placet”.

En consecuencia, “el art. 36.23 dado que sujeta a la obtención de autorización administrativa previa la actividad consistente en usar imágenes o datos de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, resulta contrario a la interdicción de censura previa ex art. 20.2 CE”

2º Declarar que los arts. 36.23, 37.3 y 37.7 LOPSC no son inconstitucionales siempre que se interpreten en el sentido siguiente:

-Art. 36.23. El término “uso” debe interpretarse en el sentido de que para que pueda apreciarse infracción grave es necesaria la publicación o difusión ilícita, no bastando la mera captación no seguida de publicación o difusión; y el término “imágenes o datos personales o profesionales” comprende también las relativas a la vida privada, elemento este que deberá tomarse en cuenta para determinar si prevalece o no el derecho a la información.

-Art. 37.3 califica como infracción leve “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal (…) cuando provoquen alteraciones menores (…)”. Deben interpretarse en el sentido de que esas alteraciones menores tienen que ser relevantes, es decir, de una determinada entidad y gravedad.

-Art. 37.7 tipifica como infracción leve la ocupación de cualquier inmueble, vivienda (…) en contra de la voluntad de su propietario (…) cuando no sea constitutiva de infracción penal.

El Tribunal entiende la sanción como infracción leve no puede ser considerada como límite desproporcionado, dado que la ocupación se ha realizado contra la voluntad del propietario o titular de un derecho real. Por tanto, nada se puede objetar desde el punto de vista del principio de taxatividad (art. 25.1 CE).

El párrafo segundo de dicho apartado se sanciona “la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto en la Ley”. La sentencia entiende que es constitucional porque, a pesar de tratarse de una norma sancionadora en blanco, el núcleo esencial de la prohibición se encuentra en la misma, y queda completado con la referencia a otras normas de rango legal, no pudiendo estas a su vez ser completadas por normas reglamentarias.

Respecto al resto del contenido del art. 37.7, entre otros, el apartado “se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada”, el Tribunal desestima la impugnación y no lo declara inconstitucional, con sujeción al principio de legalidad.

3º La disposición final primera de la LOPSC por la que se introduce la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social es conforme a la Constitución siempre que se interprete conforme a lo indicado en el fundamento jurídico 8 C), concretado en los siguientes puntos:

  1. Aplicación a las entradas individualizadas.
  2. Pleno control judicial.
  3. Cumplimiento de las obligaciones internacionales

El régimen especial para Ceuta y Melilla de rechazo en frontera de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente (Disposición Final Primera LOPSC), es conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consistente en que el “rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre. La actuación material [será constitucional], sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera”.

Además, el rechazo ha de llevarse a cabo con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio español.
En todo caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables (los menores de edad, las embarazadas o personas de edad avanzada).

4º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
En este apartado se pueden citar, entre otros, los siguientes preceptos impugnados:

-Art. 36.2 LOPSC tipifica como infracción grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.

Para el Tribunal, este precepto “se orienta a evitar que la perturbación grave de la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones o manifestaciones ante las Cortes impida el normal funcionamiento del órgano parlamentario en sus distintas formas y composiciones o produzca una desconsideración del símbolo encarnado en las sedes parlamentarias”.

Así, la sentencia avala la protección de dos bienes jurídicos. Por un lado, la especial significación institucional que tienen las instituciones parlamentarias y por otro, el normal funcionamiento de estos órganos. Además, resulta constitucional el apartado segundo, en su integridad, comprendiendo los términos “aunque no estuvieren reunidas”.

También se declara constitucional el art. 20.2 LOPSC relativo a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán realizar registros corporales externos. La sentencia explica que dicha práctica “no lesiona el derecho a la intimidad corporal cuando dichos registros, que incluso pueden conllevar el desnudo parcial, se basen en indicios racionales de que se porten objetos y puedan ser utilizados con la finalidad de cometer un delito o infracción, o de alterar la seguridad ciudadana”. El Tribunal entiende que esta actuación deberá basarse en el principio de proporcionalidad, de modo que solo procederá cuando resulte idónea para la protección de la seguridad ciudadana.

Han votado en contra de la sentencia los magistrados María Luisa Balaguer Callejón y Cándido Conde-Pumpido Tourón. Sólo la primera redactará un voto particular.

En los próximos días se facilitará el contenido íntegro de la sentencia y del voto particular.

Madrid, 19 de noviembre de 2020

Plan de medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia de autónomos y empresas

martes, 24 de noviembre de 2020

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Plan de medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia de autónomos y empresas

Martes 17 de noviembre de 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y trabajadores autónomos, con la adopción de nuevas medidas en los ámbitos financiero y concursal.

Con el objetivo de que puedan seguir disponiendo de la financiación adecuada para cubrir sus necesidades de liquidez o realizar sus proyectos de inversión, se amplía hasta el 30 de junio el plazo de concesión de las dos Líneas de hasta 140.000 millones de avales públicos gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad (fundamentalmente, no estar en mora ni incursas en procedimiento concursal) podrán disponer de una ampliación en el vencimiento de los préstamos de la Línea de Avales del ICO para liquidez de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años, desde los cinco actuales. Adicionalmente, podrán gozar de un plazo adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses.

Más del 73% de las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tienen un plazo de entre 4 y 5 años, según los datos disponibles hasta el 31 de octubre.

Asimismo, las entidades financieras no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados y habrán de mantener las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplan los criterios de elegibilidad y cuenten con un préstamo avalado al amparo de alguna de las dos Líneas de Avales de ICO.

Las entidades financieras aprobarán la ampliación de los plazos a solicitud del cliente en un máximo de 30 días.

A partir de la entrada en vigor de estos cambios, todas las operaciones de financiación garantizadas con aval del ICO contarán con un plazo de amortización que puede llegar a los ocho años. Se igualan así las características de la Línea de Avales aprobada en marzo con la de la Línea de Avales para inversión y liquidez, que se aprobó en julio, y que ya tenía ese plazo máximo.

Se prevé, asimismo, una rebaja de hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de los plazos.

Menos cargas financieras

Con las modificaciones aprobadas se alivia de manera notable la carga financiera de autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que puedan disponer de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones financieras.

Por ejemplo, para el crédito medio concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor (operación de 77.500 euros con un tipo del 2,5%) y que tuviera un plazo de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia, el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar 161 euros los próximos 12 meses y 1.518 a partir de entonces.

En el ámbito de turismo, ocio y cultura, en el que el crédito medio concedido tiene un importe de 100.270 euros al 2,2%, con un plazo de devolución de cinco años y que contara con 12 meses de carencia, el cliente mantendría su cuota durante un año adicional en 183 euros y, al extender el plazo de devolución en tres años más, una vez finalizada la carencia vería reducida su cuota de 2.184 a 1.487 euros.

En el crédito tipo del sector de la industria de alimentación y bebidas, con un plazo de devolución de cuatro años, un importe de 270.600 euros y una cuota del 2,1%, la extensión del plazo de devolución en otros tres ejercicios y la introducción de 12 meses de carencia permitiría bajar la cuota mensual de 6.688 a 473 euros durante un año y, a partir de entonces, situarla en 4.344 euros.

Con datos a cierre del pasado mes de octubre, los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, y el de industria textil y moda, junto al comercio al por menor de estos ámbitos, concentran 274.000 operaciones, casi un tercio de los créditos concedidos, por lo que estas medidas pueden ayudar de manera notable a proteger la solvencia de los autónomos y empresas vinculados a los mismos.

Medidas adicionales

Asimismo, para reforzar las medidas de apoyo a la liquidez y ampliar su alcance, podrán beneficiarse de los avales de la Línea de 40.000 millones de euros para liquidez e inversión aprobada en julio los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). De esta forma se fomenta el mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales, como alternativa a la financiación bancaria.

Estas medidas son adicionales a las ya aprobadas en las últimas semanas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para reforzar la solvencia y la financiación empresarial, en particular para apoyar a las empresas exportadoras a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

En primer lugar, se ha creado una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada con 1.000 millones de euros, dando así continuidad a la línea del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En segundo lugar, se ha ampliado en 100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para PYME y empresas no cotizadas. Y, finalmente, se ha creado una nueva línea de cobertura de avales para empresas cotizadas, por un importe de 1.000 millones de euros de euros y con vigencia temporal hasta diciembre de 2021.

Medidas en el ámbito concursal

El RDL establece también otras medidas para apoyar la solvencia, recuperación y mantenimiento de las empresas viables, evitando así el posible impacto sobre la continuidad de la actividad económica y la estabilidad financiera generado por el desencadenamiento automático de procesos de liquidación derivados de la caída transitoria de los ingresos por la situación excepcional generada por la pandemia sanitaria. Con este objetivo, se amplía el alcance temporal de algunas medidas aprobadas en materia concursal.

De forma específica, se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores.

También se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación.

Estas medidas permitirán evitar el concurso de empresas que, en condiciones de normalidad, serían viables, proporcionándoles un tiempo adicional para su recuperación o para la negociación con sus acreedores.

Por otra parte, se eleva de 500 a 1.000 millones de euros el umbral de capitalización recogido en la Ley del Mercado de Valores a partir del cual una empresa está obligada a solicitar que la negociación de sus acciones pase de realizarse exclusivamente en un mercado de Pyme en expansión a hacerlo en un mercado regulatorio. De este modo se incentiva el desarrollo de los mercados de financiación alternativa.

Adicionalmente, se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

Asimismo, el impacto de la crisis ha supuesto una amenaza para las empresas españolas que estaban viendo mermado su valor patrimonial, muchas de ellas de sectores estratégicos. Esto supone un elevado riesgo de que se lanzasen operaciones de adquisición por parte de inversores extranjeros, que hay que limitar. En consecuencia, en relación con el régimen de autorización previa de inversiones extranjeras, se aclaran los sectores estratégicos en los que se requiere autorización para llevar a cabo una inversión. Asimismo, de forma temporal hasta el 30 de junio de 2021, se incluyen en el régimen de autorización previa las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas si la inversión es superior a 500 millones de euros.

Con el fin de garantizar la continuidad de las instituciones en tanto se produce el proceso de renovación, se prevé que, tras la finalización del mandato del presidente, vicepresidente y consejeros no natos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), éstos puedan continuar en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de sus sucesores.

Reducción IVA

Mediante este Real Decreto-Ley se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 la rebaja al 0% del IVA aplicable a la compra de determinados productos sanitarios como mascarillas, guantes, gafas, gorros, batas impermeables, termómetros, respiradores, y diversos elementos de protección individual por parte de hospitales

Además se rebaja, hasta el 31 de diciembre de 2021, el IVA de las mascarillas al tipo superreducido, bajando del 21% al 4% y se adoptan una serie de disposiciones para la transposición de la normativa comunitaria en materia energética. De esta forma, el precio ha pasado de 0,96 euros a 0,72 euros la unidad, con un IVA del 21%. La rebaja del gravamen al 4% provocará una próxima disminución del precio máximo. Por tanto, está previsto que finalmente el precio de las mascarillas bajará en torno a un 35%.

Financiación de la Seguridad Social y el SEPE

Por otra parte, el Real Decreto-ley también contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social tras el impacto de la pandemia.

Esta transferencia garantiza la financiación del sistema de la Seguridad Social para atender las medidas puestas en marcha para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia. Entre esas medidas que siguen vigentes para proteger las rentas de los trabajadores se encuentran los ERTEs, la prestación por cese de actividad para los autónomos o medidas de alivio para las empresas mediante exoneraciones en las cotizaciones sociales.

El Real Decreto-ley incluye además un crédito extraordinario por importe de 2.300 millones para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal .El objetivo de esta transferencia es hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios por desempleo derivado de las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19.

Deducciones e incentivos fiscales

Asimismo, se amplía la deducción por inversiones en producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales para incorporar la fase de producción a la aplicación de este incentivo en las producciones de animación.

El Real Decreto-ley recoge además la modificación de una serie de incentivos fiscales al sector del automóvil para adecuarlos a la regulación comunitaria. De esta forma, se adapta la libertad de amortización para determinadas inversiones al Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado, y se modifican los límites temporales para poner en funcionamiento las inversiones y para aplicar el incentivo.

Además, se modifica la deducción por innovación y se introducen diferencias, según la dimensión de la empresa, de forma que para pymes la deducción pasa a ser del 50%, mientras que para no pymes será del 15%.

REF de Canarias

Por otro lado, este Real Decreto-ley modifica de manera puntual el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para adaptarlo a las disposiciones comunitarias relativas a la prórroga de las Directrices de Ayuda con finalidad regional para 2014-2020.

La modificación permite prorrogar las referencias temporales previstas en la reserva por inversiones y en la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (ZEC), que concluían el 31 de diciembre de 2020 y han sido prorrogadas por la UE hasta el 31 de diciembre de 2021. Esta ampliación garantiza la operatividad de dichos instrumentos.

Foment y CATFORMACIÓ denuncian una desescalada discriminatoria para las empresas privadas de formación no reglada

martes, 24 de noviembre de 2020

Foment y CATFORMACIÓ denuncian una desescalada discriminatoria para las empresas privadas de formación no reglada

Las empresas han aplicado las medidas de prevención generales del Procicat con inversiones económicas importantes

20 de noviembre de 2020

◾La suspensión de la presencialidad y el forzoso paso a aula virtual es un agravio para todas aquellas personas que no tienen la opción de continuar la formación en linea por carencia de medios, carencia de cobertura por ubicación, etc.
◾CATFORMACIO avisa de que el sector privado no reglado volverá a la presencialidad “reduciendo la ocupación en 50% a partir del 23 de noviembre y aplicando rigurosamente las medidas de carácter general que aplican al resto del tejido empresarial al cual pertenecemos”.

Foment del Treball apoya y hace suyas las reivindicaciones de CatFormació, que representa a las empresas privadas de formación no reglada de Cataluña. Ante la ambigüedad y confusión provocadas por la resolución SLT/2700/2020 y visto el plan de desescalada del Procicat denuncian un plan que es discriminatorio para las empresas privadas y para sus alumnos. Las empresas han cumplido todas las normas de seguridad y han hecho inversiones importantes para facilitar la continuidad de la formación, pero el plan presentado por Procicat pone en peligro miles de puestos de trabajo.

CatFormació manifiesta lo siguiente:
1.No somos extraescolares sino que somos empresas privadas de formación y nos corresponde aplicar las medidas generales de prevención dictadas por el Procicat y no las específicas de Educación.
2.Las empresas privadas de formación hemos aplicado rigurosamente las medidas de prevención generales del Procicat, en muchos casos haciendo inversiones económicas importantes para la adaptación de los espacios y equipaciones.
3.A pesar de que hacemos la misma actividad, el plan de desescalada discrimina entre formación del Departamento de Educación y formación de las empresas privadas de formación, permitiendo la presencialidad reducida de la primera pero no de la segunda, generando un agravio comparativo inaceptable.
4.El plan del Procicat pone en riesgo los puestos de trabajo de miles de trabajadores de nuestras empresas cuando ya han sufrido un ERTE, a la vez que blinda y amplía los privilegios de los trabajadores públicos, que ya disfrutan de un puesto de trabajo seguro y que no han visto menguado su poder adquisitivo durante esta crisis sanitaria.
5.La suspensión de la presencialidad y el forzoso paso a aula virtual es un agravio para todas aquellas personas que no tienen la opción de continuar la formación en linea por carencia de medios, carencia de cobertura por ubicación, etc.
6.La suspensión de la presencialidad fomenta la economía sumergida de particulares en espacios no regulados y sin ningún control de medidas de prevención en detrimento de espacios seguros y regulados con una ocupación máxima y regulados por licencia de apertura.
7.Las empresas de formación privadas estamos en riesgo de cierre después de 5 meses sin actividad (3 de confinamiento forzado y 2 meses de inactividad en verano), sufriendo un goteo constante de bajas y habiendo asumido inversiones importantes para adaptarnos rigurosamente a las medidas de prevención.
8.Celebramos la apertura otros sectores con igual o más alto riesgo de contagio pero exigimos que no sea en detrimento de nuestra actividad, que es de bajo riesgo y dónde no constan datos públicos de brotes o contagios.
9.Devolveremos a la presencialidad reduciendo la ocupación en 50% a partir del 23 de noviembre y aplicando rigurosamente las medidas de carácter general que aplican al resto del tejido empresarial al cual pertenecemos.
10.Apoyamos que se tomen las medidas punitivas correspondientes cuando se detecten casos que vulneren la protección de la salud pero en ningún caso se penalice a priori un sector entero que ha hecho grandes esfuerzos en un contexto muy difícil para aplicar con rigor todas las medidas de prevención.

Dos de cada tres españoles que enviaron un paquete lo hicieron a través de Correos y Correos Express

martes, 24 de noviembre de 2020

Dos de cada tres españoles que enviaron un paquete lo hicieron a través de Correos y Correos Express

20 noviembre 2020 CNMC

◦El tiempo de espera en las oficinas postales fue lo que obtuvo peor valoración por parte de los usuarios de las mismas.
◦Un 71% de los usuarios de buzones postales valoró positivamente la facilidad para encontrar uno.

Correos (y su filial Correos Express) fueron la principal empresa elegida por los españoles para enviar un paquete (envíos en los últimos seis meses). Dos de cada tres personas prefirieron la compañía estatal para realizar sus envíos de paquetería, según los últimos datos del Panel de Hogares CNMC del segundo trimestre de 2020 sobre paquetería y correo postal.

Además, entre los que enviaron paquetes, MRW fue utilizada por casi un 9% de los individuos y Seur por un 6%. El resto de compañías de envío de paquetería aglutinaron el 14% restante.

Empresa con la que enviaron el último paquete (porcentaje de individuos, II-2020)

Fuente: CNMCData. Universo: Individuos que han enviado un paquete en los últimos seis meses.

Los individuos que enviaron un paquete en los últimos seis meses se mostraron satisfechos con la fiabilidad del envío que les ofrecía la empresa elegida (un 80%), seguido del tiempo de entrega (un 71%). Además, más de la mitad se mostraron satisfechos con el precio de los servicios que contrataron con estas empresas de mensajería.

Fuente: CNMCData. Universo: Individuos que han enviado un paquete en los últimos seis meses.

Cuatro de cada diez españoles acudieron a una oficina de Correos en los últimos seis meses, y algo más del 70% se mostraron satisfechos con los servicios recibidos. Lo mejor valorado fue la atención del personal de sus oficinas (76%), seguido de la cercanía de la oficina a su domicilio (71%) y la información recibida sobre el precio y coste de los servicios (61%). No obstante, apenas la mitad de los que acudieron a alguna oficina postal se mostraron conformes con el tiempo de espera para realizar sus gestiones en una oficina de Correos.

Fuente: CNMCData. Universo: Individuos que han visitado una oficina de Correos en los últimos seis meses.

Entre los individuos que utilizaron un buzón de Correos en los últimos seis meses, lo mejor valorado fue la facilidad para encontrar uno (71%), seguido de la cercanía a su vivienda (70%) y la información aparecida en el buzón sobre el horario de recogida, que fue aprobado por el 65% de los usuarios.

Fuente: CNMCData. Universo: Individuos que han utilizado un buzón de Correos en los últimos seis meses.

Los individuos que enviaron una carta en los últimos seis meses lo hicieron a través de Correos (96%) y en su mayoría utilizaron la modalidad de carta ordinaria (83%). Los usuarios que enviaron cartas se mostraron satisfechos en un 60% con el tiempo de entrega, mientras que solo algo más de la mitad aprobó el precio que pagó por los servicios contratados.

Fuente: CNMCData. Universo: Individuos que han enviado una carta en los últimos seis meses.

Metodología.

Estos resultados forman parte del Panel de Hogares CNMC, una encuesta a hogares e individuos de periodicidad semestral. La CNMC pretende recopilar información directamente de los ciudadanos a través de encuestas y análisis de las facturas de los servicios. El estudio es de naturaleza multisectorial y recoge datos relativos a los mercados de telecomunicaciones, audiovisuales, energía, postal y transporte, entre otros. La encuesta de esta oleada se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2020 e incluyó a 4.979 hogares y 9.355 individuos. Esta herramienta aporta una información amplia y diversa, y permite a la CNMC conocer mejor el punto de vista de los consumidores.

Sancionado el conductor que deslumbró con un puntero láser a un camionero

martes, 24 de noviembre de 2020

21/11/20

Sancionado el conductor que deslumbró con un puntero láser a un camionero

La investigación se inició gracias al video colgado en redes sociales por el conductor del camión

La sanción a la que se enfrenta el infractor asciende a 30.000 euros

Sancionado el conductor que deslumbró con un puntero láser a un camionero

La Guardia Civil ha logrado identificar y proponer para sanción al conductor de una furgoneta de reparto que, en la noche del pasado día 11, circulaba apuntando con un puntero láser al conductor de un camión que circulaba detrás de él.

Al día siguiente de ocurrir los hechos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias (GIAT), detectó a través de las redes sociales un video en el que se observaba la infracción. Una furgoneta de una conocida empresa de reparto, en un momento dado de la circulación, proyectó varias veces un haz de luz de color verde –proveniente de un puntero laser- sobre la visión del conductor del camión de gran tonelaje que circulaba detrás, provocando el deslumbramiento de éste y pudiendo causar un grave accidente.

Tras visualizar el video, el GIAT realizó un informe en el que, fotograma a fotograma, consiguió desgranar varios puntos de referencia para identificar la vía en la que se habían producido los hechos.

Una vez identificado el lugar entre los kilómetros 125 y 123 de la autopista de peaje AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo), término municipal de Soses y partido judicial de La Seu de Urgell (Lleida), así como la matrícula de la furgoneta de reparto desde la que se cometió la infracción, los agentes se pusieron en contacto con la empresa y obtuvieron los datos del trabajador que conducía en esos momentos el vehículo.

La Guardia Civil ha instruido un expediente por infracción muy grave a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana bajo el siguiente precepto: “La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes”, el cual fue remitido a la Subdelegación de Gobierno de Lleida (Cataluña).

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT), perteneciente al Sector/Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias.

Colegio Mayor Universitario. Madrid

lunes, 23 de noviembre de 2020

El Tribunal Supremo anula una condena por delito fiscal porque Hacienda investigó fuera de lo permitido un impuesto prescrito

lunes, 23 de noviembre de 2020

Martes, 17 de noviembre de 2020

El Tribunal Supremo anula una condena por delito fiscal porque Hacienda investigó fuera de lo permitido un impuesto prescrito

En el caso analizado, la administración inició una actuación de inspección en el mes de junio de 2016, cuatro años y 5 meses después de finalizar el plazo de autoliquidación

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a cuatro personas de un delito fiscal porque Hacienda investigó fuera de lo permitido respecto a anualidades prescritas de un impuesto. Los cuatro acusados habían sido condenados por un delito fiscal por defraudar 565.932 euros del impuesto del IVA en operaciones inmobiliarias en 2011.

La deuda tributaria, conforme al artículo 66 de la Ley General tributaria, prescribe a los 4 años y en el caso analizado, la administración inició una actuación de inspección en el mes de junio de 2016, cuatro años y 5 meses después de finalizar el plazo de autoliquidación. La inspección se realizó en relación al impuesto de sociedades, a partir del que realizó investigaciones que afectaban al impuesto de IVA.

La sentencia analiza la extensión de las facultades de inspección de la Administración tributaria una vez que ha transcurrido el plazo de cuatro años de prescripción administrativa, teniendo en cuenta que el plazo de prescripción del delito fiscal, referido a infracciones tributarias que superan los 120.000 euros, es de cinco años.

La Sala explica que en el caso analizado la administración efectuó indagaciones personales, con solicitud de extractos bancarios y escrituras públicas, elementos de investigación “que no eran necesarios para el impuesto que se dice se investigaba, el impuesto de sociedades, para el que el IVA es neutro en la medida en que el impuesto de sociedades tributa por las ganancias de la sociedad, para lo que es preciso la comparación entre los gastos de producción y el beneficio obtenido, obteniendo un beneficio que es la base imponible del impuesto”.

La sala recuerda que los artículos 66 bis y 115 de la citada ley permiten ciertas actuaciones expresamente autorizadas por la norma. La administración tributaria no puede liquidar impuestos prescritos, pero sí puede realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley y las derivadas del artículo 66bis.

Respecto al art. 115, el tribunal indica que permite a la administración tributaria comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables.

Indagar periodos prescritos para investigar impuestos no prescritos

La sentencia añade que esas comprobaciones o investigaciones pueden realizarse incluso en el caso de que las mismas afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios prescritos “siempre que tal comprobación o investigación resulte precisa en relación con la de alguno de los derechos a los que se refiere el artículo 66 de esta Ley que no hubiesen prescrito. Es decir, la administración tributaria puede indagar actos y periodos prescritos para la investigación sobre impuestos no prescritos como el de sociedades. Ahora bien, no basta con la mera expresión de la justificación del hecho que habilita la investigación, sino que esta debe ser relevante en la indagación del impuesto que se investiga para el que existe una expresa autorización legal”.

La prescripción de la deuda tributaria conforme al art 66 de la Ley General Tributaria impide la actuación de la Administración en liquidación de impuestos prescritos. Los actos de investigación después de esa prescripción han de ajustarse a la previsión de los art 66bis y 115 de la LGT entre los que no cabe la investigación sobre el impuesto de Valor Añadido ya prescrito fuera de los supuestos de compensación o de devolución.

En el caso concreto, la Sala concluye que la actuación investigadora que se inició fuera de plazo no tenía por objeto las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación de deducciones aplicadas, autorizadas por el art. 66 bis, “ y la mención a la indagación de un impuesto de sociedades no era sino el señuelo que se dispuso para reabrir la investigación sobre un hecho tributario prescrito de a acuerdo al art. 66 de la ley General Tributaria, pues el IVA en neutro en la determinación de los gastos e ingresos que fundas la base del impuesto de sociedades”.

Consecuentemente, la actuación de la inspección sobre impuestos prescritos fue una actividad realizada sin el amparo legal preciso que autorizara la actuación administrativa de indagación tributaria y por ello debe apartarse del proceso penal por aplicación del art. 11 de la LOPJ.

La deuda se estabilizará en el entorno del 120% del PIB si no se toman medidas

lunes, 23 de noviembre de 2020

La deuda se estabilizará en el entorno del 120% del PIB si no se toman medidas

18 noviembre 2020

•La AIReF calcula que la deuda aumentará 23 puntos en 2020 y se reducirá 2,4 en 2021. Estos aumentos situarían la ratio de deuda sobre PIB en el 118,4% y el 116% del PIB, respectivamente

•En ausencia de medidas de política económica, la deuda se estabilizará en valores próximos al 120% en los próximos años aun cuando la economía retorne a tasas de crecimiento próximas a su potencial
•La puesta en marcha del Plan Europeo Next Generation EU (NGEU) podrá tener un efecto positivo en la actividad económica que se traduciría en una mejor evolución de la posición fiscal, con una reducción estimada de la ratio de deuda de entre 4 y 10 puntos en 2030
•La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal afirma que España no se enfrenta a un problema de financiación a corto plazo, pero los elevados niveles de deuda aumentan la vulnerabilidad frente a subidas de los tipos de interés
•A ello cabe añadir los riesgos asociados a la posible materialización de los pasivos contingentes asociados a las ayudas a las empresas en el contexto de la crisis del coronavirus y el incremento del gasto en pensiones ligado al envejecimiento demográfico
•La AIReF considera necesario diseñar un plan de consolidación presupuestaria a medio y largo plazo que permita aumentar la credibilidad y reduzca la incertidumbre y que comience a implementarse cuando se consolide la recuperación

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado hoy el Observatorio de Deuda, en el que estima que la ratio deuda sobre el PIB se puede estabilizar en el entorno del 120% en los próximos años, bajo los supuestos del escenario inercial de la institución y en ausencia de medidas contractivas o expansivas. En este escenario subyace la hipótesis de retorno a la senda de crecimiento potencial y el cierre la brecha de producto a lo largo de los próximos cinco años.

En el Observatorio, la AIReF constata que, en los primeros nueve meses de 2020, la deuda pública sumó casi 120.000 millones de euros, hasta alcanzar los 1,3 billones de euros. Esto supuso un aumento de la ratio de deuda sobre PIB de 18,6 puntos respecto al cierre del año pasado, situándola en el 114,1%, su valor máximo de los últimos cien años.

En los últimos 5 años de crecimiento económico y de tipos de interés históricamente bajos, la ratio de deuda sobre PIB se redujo sólo 5,2 puntos frente al aumento de 65 puntos registrado entre 2008 y 2014. Este descenso es notablemente menor al registrado en los países de la zona euro con una deuda elevada y un crecimiento acumulado similar. Según la AIReF, el cumplimiento estricto del requerimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF) habría situado la ratio de deuda en torno al 90% del PIB en el escenario más favorable a finales de 2019, generando un espacio fiscal algo mayor. Sin embargo, el margen generado no habría sido suficiente para compensar el aumento en la ratio de deuda previsto para 2020, sin precedentes en tiempos de paz.

La AIReF estima un incremento de 22,8 puntos en la ratio de deuda en 2020, situándola en el 118,4 % del PIB a finales de ese año. Para 2021 se espera una reducción de 2,4 puntos en 2021 hasta el 116%, bajo la hipótesis de la ejecución de la totalidad de los proyectos incluidos en los PGE. Ambas previsiones están en línea con las presentadas por el Gobierno.

En 2020, la combinación de aumento de déficit público y caída del PIB será probablemente la mayor en la historia reciente, contribuyendo ambos factores a la escalada de la ratio. Por su parte, el rebote del crecimiento económico esperado en 2021 junto, con un entorno de tipos de interés en mínimos históricos, lograrán reducir la ratio de deuda, a pesar de que se mantenga un déficit primario en el próximo año.

La caída de los tipos de interés registrada en los últimos años ha permitido una considerable reducción de la carga de la deuda, situando el gasto por intereses en el 2,3% del PIB a finales de 2019. Desde mediados de 2012, el coste efectivo de financiación de la deuda se ha reducido de manera sistemática en una cuantía de 180 puntos básicos, lo que ha permitido reducir el gasto en intereses incluso en valor absoluto, desde los 35.442 millones de euros de 2014 hasta los 28.349 millones de 2019. Tras un breve pero significativo repunte de las rentabilidades de la deuda soberana y primas de riesgo en los primeros momentos de la crisis, la intensificación de las de compras de activos por parte del Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a situar los diferenciales en los niveles previos. De este modo, la curva española de tipos de interés se sitúa cerca de los mínimos históricos. Bajo las actuales condiciones de financiación, la AIReF estima que la carga financiera no representa una presión de gasto preocupante en el corto plazo.

La AIReF afirma que la contención de la crisis sanitaria y la normalización de la actividad económica serán elementos imprescindibles para la estabilización de la ratio de deuda sobre PIB en los próximos años. Bajo los supuestos del escenario inercial de la AIReF y en ausencia de medidas -contractivas o expansivas-, la ratio de deuda sobre PIB se estabilizaría en el entorno del 120% en los próximos años. En este escenario subyace una senda de crecimiento por encima de la tendencia y el cierre la brecha de producto a lo largo de los próximos cinco años.

La puesta en marcha del Plan Europeo Next Generation EU (NGEU) podrá tener un efecto positivo en la actividad económica en el corto plazo y en la productividad y el crecimiento potencial en el largo plazo. Esto se traduciría en una mejor evolución de la posición fiscal, con una reducción estimada de la ratio de deuda de entre 4 y 10 puntos en 2030.

Más allá de la contención y estabilización del nivel de endeudamiento generado por la pandemia, la AIReF afirma que la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas a medio plazo exigirá una senda de reducción de la ratio de deuda hacia una posición más desahogada. Por tanto, una vez superada la crisis, será necesaria la implementación de un plan de consolidación adecuado que, mediante una planificación estratégica a medio plazo, aborde los desequilibrios estructurales actuales y futuros de las cuentas públicas y adopte medidas en aquellas partidas de ingresos y gastos que menos dañen el crecimiento.

En este sentido, la institución señala que una estrategia de consolidación fiscal corta e intensa puede generar paradójicamente una dinámica creciente en la ratio de deuda en el corto plazo. Por otro lado, un ritmo de ajuste demasiado lento no está exento de riesgos, ya que un cambio en las condiciones de financiación o nuevos episodios de crisis pueden generar nuevos aumentos de la ratio de deuda desde un nivel de partida elevado. Una reducción gradual y sostenida del déficit público hacia el objetivo de equilibrio estructural podría situar la ratio de deuda pública por debajo de los niveles previos a la pandemia a lo largo de la próxima década.

Riesgos a medio y largo plazo

Según la AIReF, uno de los principales riesgos de la situación actual es que la crisis sanitaria produzca daños estructurales, de modo que en el futuro haya que hacer frente no sólo a una ratio de deuda pública más elevada, sino también a un mayor y más persistente déficit estructural y una materialización de los pasivos contingentes de los préstamos avalados por el Estado. La AIReF estima que un nivel de ejecución de entre el 15% y el 30% de los avales otorgados por el Estado en los próximos cinco años de vigencia de la línea de avales supondría un incremento adicional de la ratio de deuda de entre 1 y 2 puntos de PIB en los próximos cinco años.

Otro riesgo destacable en un contexto de elevado endeudamiento es la mayor dependencia de unas condiciones favorables de financiación como las actuales, ya que un repunte de los tipos de interés puede generar rápidamente una dinámica creciente de la deuda pública. Así, un repunte de 100 puntos básicos en las expectativas de los tipos de interés a lo largo de 2021 supondría un incremento en la carga financiera de 1 punto de PIB en 2030 y de 1,4 puntos en 2040, situando el gasto por intereses en el 2,8% y en el 3,6% del PIB respectivamente. Esto resultaría en un incremento de 6 puntos en la ratio de deuda en 2030 y de 15 puntos en 2040.

Por otro lado, el incremento del gasto en pensiones asociado al envejecimiento de la población constituye uno de los principales retos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo. Si este incremento del gasto no se financia con ingresos adicionales se traducirá en un incremento muy significativo del endeudamiento desde unos niveles históricamente muy elevados. La AIReF estima un incremento adicional de la ratio de deuda sobre PIB asociado al gasto en pensiones próximo a 9 puntos a finales de esta década, y entre 22 y 30 puntos en 2040.

Deuda de las CCAA

A nivel regional, la AIReF observa un aumento generalizado en los riesgos de sostenibilidad de las finanzas derivado de la abrupta caída del crecimiento económico y del deterioro de los saldos fiscales. Parte de estos riesgos serán trasladados a la Administración Central a través del fondo extraordinario que ayudará a financiar los gastos causados por el coronavirus por importe de 16.000 millones y 13.486 millones en los años 2020 y 2021.

La AIReF proyecta un incremento de la ratio de deuda del subsector de 1,8 puntos acumulados para el año 2021. En ausencia del fondo extraordinario, este incremento se estima en 4,3 puntos. Las liquidaciones de las entregas a cuenta de 2020 y 2021 supondrán esfuerzos fiscales adicionales futuros que retrasarán el ajuste a los objetivos de deuda establecidos. El aumento de la ratio de deuda tendrá una distribución desigual entre las distintas CCAA, siendo La Comunitat Valenciana e Illes Balears los territorios que más verán crecer su deuda pública en los próximos dos años, desde unos niveles previos ya por encima de la media del subsector.

Estado de situación del COVID-19

lunes, 23 de noviembre de 2020

La Moncloa

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Martes 17 de noviembre de 2020

Actualización nº 252. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 17.11.2020 (datos consolidados a las 14:00 horas del 17.11.2020).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs). Se incluyen los casos notificados antes del 11 de mayo en los que está registrada una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) así como todos aquellos que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento.

A partir del 11 de mayo se incluyen todos los casos notificados confirmados según una PDIA tal como se establece en la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 1.510.023 casos confirmados de COVID-19 y 41.688 fallecidos (Tabla 1, Tabla 5, Figura 1, Figura 2 del documento PDF adjunto).

Personal funcionario del Estado podrá optar a la movilidad geográfica y por departamentos, por primera vez en 17 años

lunes, 23 de noviembre de 2020

Personal funcionario del Estado podrá optar a la movilidad geográfica y por departamentos, por primera vez en 17 años

  • Cerramos las bases del concurso
  • CSIF acuerda la convocatoria de 870 plazas para personal C1 y C2 con funciones administrativas y auxiliares que pueden trasladarse con criterios de antigüedad y conciliación

12 de Noviembre de 2020

CSIF

El personal funcionario del Estado podrá optar a la movilidad por primera vez después de 17 años. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), tras un largo proceso negociador, ha cerrado las bases para la convocatoria del concurso unitario de movilidad para este colectivo, que podrá optar a un traslado en cualquier otra provincia de España.

Este acuerdo, que afecta al personal C1 y C2 con funciones administrativas y auxiliares y se prevé ampliarse a otros cuerpos de la Administración, prevé un concurso unitario en el que por primera vez se reserva el 57% del total de plazas convocadas, (unas 870 distribuidas en toda España), a vacantes puras, es decir que no están ocupadas por ninguna persona, lo que amplía las posibilidades de movilidad.

Desde el sindicato, valoramos la importancia de este acuerdo porque ayudará a centenares de personas que en estos momentos se encuentran trabajando en una provincia diferente a la de su origen, lo que en muchos casos supone un distanciamiento de sus familias y obviamente una situación de desarraigo. De este acuerdo también se beneficiará el personal del Sepe y Fogasa, que podrán solicitar un traslado a los tres años de servicio.

El concurso estará basado primordialmente en la valoración de la antigüedad (40% de la puntuación total), que se alcanzará con 30 años de servicio, computando toda la derivada de los servicios en el sector público, y razones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (15%).

Se valora además:

• El grado personal consolidado (10%)

• El trabajo desarrollado (10%) atendiendo al tiempo de desempeño de puestos de trabajo en el Cuerpo o Escala desde el que se participa, diferenciando por tramos en función de su nivel de complemento de destino. Se podrá elegir participar desde puestos C1 o C2.

• Los cursos de formación y perfeccionamiento (10%)

• Los méritos específicos (15%) figurarán en el concurso definidos con carácter genérico y estableciéndose un máximo de tres méritos en cada puesto, añadiéndose un cuarto mérito en los supuestos de valoración de la lengua cooficial de la CCAA, con independencia del Cuerpo o Escala en el que se hayan adquirido estos.

La puntuación mínima exigida para la adjudicación de un puesto de trabajo será de diez puntos y las solicitudes se presentarán por vía telemática. Esperamos su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mes.

Condesa de Pardo Bazán. Calle de la Princesa. Madrid

domingo, 22 de noviembre de 2020

La CNMV publica la memoria de atención de reclamaciones y consultas de inversores de 2019

domingo, 22 de noviembre de 2020

17 de noviembre de 2020

• El Servicio de Reclamaciones de la CNMV resolvió en 2019 1.031 reclamaciones, número similar al de 2018 (1.045)
• El porcentaje de aceptación de los criterios de la CNMV por parte de las entidades en las reclamaciones con informe favorable al reclamante fue el 80,2%, nivel que se ha multiplicado por once en los últimos seis años (en 2014 era el 7,3%)
• Se atendieron 7.560 consultas de inversores
• La memoria contiene información sobre las reclamaciones de los Servicios de atención al cliente (SAC) de las principales entidades
• Incluye una recopilación detallada de los criterios aplicados en las reclamaciones

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado hoy la Memoria de Atención de Reclamaciones y Consultas de los Inversores correspondiente a 2019. Este informe recoge la actividad realizada por el supervisor en la resolución de las reclamaciones y quejas de los inversores sobre las entidades y productos con los que operan y de atención a las dudas y consultas en general.
El número de expedientes nuevos registrados en el Servicio de Reclamaciones de la CNMV fue de 1.077, un 5,8%% más que el año anterior. En 2019 se concluyeron 1.031 expedientes de reclamación, de los cuales 345 fueron inadmitidos y 686 se tramitaron como reclamaciones.


En relación con los 686 escritos tramitados, el Servicio de Reclamaciones concluyó con un informe motivado que determina que la actuación de la entidad ha sido incorrecta en el 41,5 % de los casos, y correcta, en el 39,7 % de los casos. También resulta destacable que en el 16,3 % de casos el reclamante obtuvo satisfacción completa a su pretensión o llegó a un acuerdo con la entidad sin llegar a formularse informe motivado de la CNMV.
Resultado final de la tramitación
Si se consideran los 557 expedientes de reclamación que concluyeron con informe final motivado (81,2 % de los tramitados), los reclamantes obtuvieron un informe favorable a sus pretensiones en el 51,2 % de los casos y desfavorable en el 48,8 % restante.

De los casos en que el informe final fue favorable al reclamante el porcentaje de aceptación de los criterios de la CNMV por parte de las entidades fue del 80,2% de los casos.
En los últimos años, el porcentaje de aceptaciones o rectificaciones de las entidades tras haber emitido el Servicio de Reclamaciones un informe favorable al reclamante ha crecido con fuerza: en seis años se ha multiplicado por once, al pasar del 7,3% en 2014 al 80,2% en 2019

Consultas de los inversores

En 2019 se atendieron 7.560 consultas, un 29,8 % menos que en el ejercicio 2018. La mayoría se realizaron por vía telefónica (85,6 %); el segundo medio más utilizado fue el formulario de la sede electrónica (10,6 %), seguido del correo ordinario y la presentación a través del registro general (3,8 %).
Los inversores presentaron consultas sobre cuestiones vinculadas a la coyuntura de los mercados o a determinados acontecimientos, entre los que cabe señalar, entre otras, las relativas a la oferta pública voluntaria de adquisición sobre las acciones de la sociedad

Distribuidora Internacional de Alimentación, S. A. (DIA), a un tipo de fraude realizado por empresas denominadas recovery rooms, a otro nuevo tipo de fraude conocido como cuentas de trading financiadas, así como las relativas a entidades no habilitadas, conocidas como chiringuitos financieros.

En las 686 reclamaciones concluidas en 2019 hubo 1.046 causas de reclamación. En cuanto al tipo de producto reclamado, casi un tercio de las reclamaciones resueltas se referían a IIC, mientras que las restantes aludían a otro tipo de valores, como instrumentos de capital, bonos u obligaciones y derivados financieros. Respecto de las cuestiones más reclamadas, destacan las relativas a la información posterior solicitada a las entidades (21%), a las comisiones cobradas por las entidades (18%) y a la información previa a la comercialización del instrumento financiero (16,5 %).

Rankings de entidades

En la memoria se analiza el comportamiento del sector y se publican siete ránkings de entidades:

  • por número de reclamaciones resueltas
  • por plazo de lectura de la notificación de apertura de la reclamación
  • por plazo de contestación a la petición inicial de alegaciones
  • por porcentaje de pronunciamientos favorables al reclamante
  • por número de allanamientos y avenimientos
  • por porcentaje de actuaciones posteriores comunicadas tras pronunciamientos favorables al reclamante
  • por porcentaje de aceptación de criterios o rectificación tras pronunciamientos favorables al reclamante

Criterios de actuación de la CNMV

En la memoria se recogen, por cuarto año consecutivo, los criterios que la CNMV sigue para la resolución de las reclamaciones en los distintos temas: reclamaciones sobre mera ejecución/comercialización, sobre asesoramiento/ gestión de carteras, sobre información previa a la compra de valores, de IIC, y sobre información posterior de valores y de IIC. También se abordan con detalle los criterios aplicados a las reclamaciones sobre órdenes de valores, suscripciones y reembolsos de IIC, comisiones, testamentarías, titularidad, así como los criterios de las reclamaciones sobre el funcionamiento del SAC y defensor del cliente de las entidades.

Con la inclusión de esta información, el informe, además de servir como instrumento de transparencia sobre la actividad de la institución, constituye una guía pormenorizada, sistemática, práctica y actualizada de las pautas que sigue el Servicio de Reclamaciones en sus resoluciones. Adicionalmente, al detallarse los criterios aplicados tanto en reclamaciones resueltas con informe favorable al reclamante como desfavorable, es posible identificar no sólo las malas prácticas llevadas a cabo por las entidades reclamadas sino también actuaciones que se consideran correctas.

Debe tenerse en cuenta que en algunas de las 285 reclamaciones resueltas en 2019 con informe favorable al reclamante había más de una entidad reclamada, por lo que se

«La ganancia de poder adquisitivo de salarios y pensiones será fundamental para la reactivación económica cuando las perspectivas sanitarias mejoren»

domingo, 22 de noviembre de 2020

«La ganancia de poder adquisitivo de salarios y pensiones será fundamental para la reactivación económica cuando las perspectivas sanitarias mejoren»

Los datos del IPC conocidos hoy – los precios han agudizado su caída en octubre, situando el IPC en el -0,8% anual, cuatro décimas por debajo del de septiembre – revelan que estamos en una situación de fragilidad económica y de debilidad de la demanda y el consumo. Para el secretario de Juventud de CCOO, Carlos Gutiérrez, “este nivel bajo de inflación permitirá que salarios y pensiones ganen poder adquisitivo, convirtiéndose en una palanca fundamental para la reactivación económica cuando las perspectivas sanitarias mejoren”. “Desde CCOO, seguimos trabajando para afrontar la crisis desde la justicia social y la solidaridad, protegiendo los trabajos, salarios y las rentas de los trabajadores y trabajadoras y extiendo la protección social», señaló.

13/11/2020.

CCOO

Carlos Gutiérrez

Los precios han agudizado su caída en octubre – el IPC se sitúa en el -0,8% anual, cuatro décimas por debajo del de septiembre -, debido a la bajada del precio de la electricidad y al mayor descenso de los servicios de telefonía. La inflación subyacente -sin energía ni alimentos perecederos-, baja una décima hasta el 0,3% interanual, su nivel mínimo desde 2015, reflejo de la debilidad de la demanda de consumo e inversión y el efecto precaución de hogares y empresas que aplazan sus decisiones de consumo e inversión a la espera de cómo evoluciona la situación sanitaria, económica y laboral..

A juicio de CCOO, la reactivación parcial de la demanda, y la aplicación de nuevas restricciones ante los sucesivos rebrotes de la pandemia, no parece que vayan a acelerar la variación de los precios, que se mantendrán en niveles muy moderados con una caída prevista de tres décimas para el conjunto de 2020.

En 2020 la subida media pactada va a ser muy superior a la inflación media – los salarios pactados se sitúan en el 1,91% -, lo que permitirá una importante ganancia de poder adquisitiva este año, y recuperar poder adquisitivo perdido con la devaluación salarial que operó hasta mediados de 2018 debido al desequilibrado diseño de las reformas laborales a favor de los intereses empresariales.

Sin embargo, CCOO señala que la subida pactada no es la misma para toda la población asalariada del sector privado cubierta por la negociación colectiva. Hasta octubre, la mayoría tienen una subida salarial media inferior a la recomendada por el IV AENC: el 5 por cien tiene un convenio con subida del 0%, otro 7 por cien una subida que no llega al 1%, el 49 por cien tiene convenios con subidas entre el 1 y el 2% y solo el 39 por cien restante tiene subidas superiores al 2%, que en su gran mayoría no superan el 2,5%.

CEOE ha elaborado y remitido al Gobierno una propuesta de proyecto de Real Decreto-Ley de agilización de la distribución de los fondos europeos NEXT GENERATION EU

domingo, 22 de noviembre de 2020

15 NOV 2020

Acelerar el procedimiento

CEOE ha elaborado y remitido al Gobierno una propuesta de proyecto de Real Decreto-Ley de agilización de la distribución de los fondos europeos NEXT GENERATION EU

España debe ejecutar 140.000 millones de euros en seis años provenientes del Plan Europeo de Recuperación, lo que constituye un importantísimo reto de gestión. El propio Plan “España puede”, ya advierte de posibles “cuellos de botella” operativos, por falta de medios, o legales, dada la complejidad de la tramitación.

De un lado, si no se superan estos obstáculos, al demorar los compromisos de gasto y, de este modo, impedir que puedan ser atendidos con el importe asignado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la recuperación de la economía española a la que están destinados estos fondos se podría ver frustrada, con la consiguiente destrucción de empresas y empleos.

Por tanto, para maximizar el impacto de estos fondos es fundamental eliminar dichos los cuellos de botella y las trabas burocráticas de la legislación vigente en materia de contratos públicos y subvenciones.

La respuesta de CEOE

Con esta urgencia, a principios de octubre, en el seno de la Comisión Legal de CEOE, se constituyó un grupo de trabajo compuesto, por un lado, por expertos y referentes nacionales en materia de Derecho Público y, por otro lado, por representantes de organizaciones empresariales sectoriales con gran experiencia en licitaciones y subvenciones.

La propuesta de CEOE que se ha derivado de estos trabajos se vertebra en torno a una norma de urgencia ad hoc que temporalmente excepcione, sin modificarlas, la aplicación de determinadas disposiciones de la legislación de contratación pública y de subvenciones, al tratarse de la distribución de los fondos Next Generation EU.

En concreto, se propone la aprobación de un Real Decreto-ley con modificaciones en preceptos específicos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, así como de otras normas complementarias, que resulten exclusivamente de aplicación respecto de los procedimientos a los que se destinen los fondos europeos.

Concretamente, la propuesta de CEOE pretende ofrecer soluciones a través de las siguientes actuaciones:

Proporcionar a las unidades encargadas de la ejecución y gestión de los fondos europeos medios adicionales para hacer frente a esta labor, no solo atajando o minimizando los “cuellos de botella” operativos, sino también generando sinergias entre dichas unidades, gracias a modelos de documentación administrativa extrapolables y a la preferencia otorgada a la tramitación de estos procedimientos.

Acortar los tiempos de tramitación de los expedientes y simplificar su instrucción. Por ejemplo, suspendiendo la necesidad de que sean calificados de urgentes todos los procedimientos. Así, se dispone que los que estén sujetos a este ámbito de aplicación se tramiten directamente en los plazos establecidos para los expedientes calificados de urgentes.

Además, se propone la exclusión de la exigencia de garantía provisional, la generalización de las declaraciones responsables y la utilización de medios electrónicos.

Se plantea evitar que determinados trámites, como la fiscalización previa o la acreditación de la existencia de crédito presupuestario, impidan avanzar en la tramitación de los contratos o las ayudas, con el consiguiente ahorro de tiempo.

Se persigue hacer compatibles las imprescindibles medidas de control ambiental de determinados proyectos con la agilidad en la tramitación de los procedimientos destinados a llevarlos a cabo.

Incentivar la búsqueda en el sector privado de proyectos transformacionales y alineados con los objetivos de los fondos europeos Next Generation EU, ante los réditos asociados a ser los primeros en plantear estos proyectos al sector público. A tal fin, se habilita a los particulares para presentar propuestas de contratos que se puedan acoger a los principios del Plan Nacional, accediendo a una puntuación adicional en su oferta de licitación a fin de incentivar la presentación de propuestas por parte de los particulares.

Agilizar la colaboración público-privada, flexibilizando las formas de colaboración interadministrativas y de los sectores público y privado a través de consorcios con el objetivo de que dicha colaboración permita una utilización más eficiente y eficaz de los fondos europeos.

Incorporar a las entidades financieras a la misión de agilización, abriendo la posibilidad de que voluntariamente se sometan al correspondiente convenio de colaboración, cuando las bases reguladoras así lo prevean, para intervenir en el procedimiento de concesión de las subvenciones, de cara a la tramitación de las solicitudes, el análisis de requisitos y la propuesta de concesión.

Luis Planas valora el paso adelante emprendido por la DOP Cava en su apuesta por la diferenciación y la creación de valor

domingo, 22 de noviembre de 2020

En Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Luis Planas valora el paso adelante emprendido por la DOP Cava en su apuesta por la diferenciación y la creación de valor

Jueves 19 de noviembre de 2020

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cava, a quienes ha reiterado el apoyo del ministerio a esta mención de calidad supraautonómica, cuya fortaleza le sitúa en una buena posición para hacer frente a los desafíos presentes y futuros.

El ministro ha destacado la apuesta continua de esta denominación por la calidad y la diferenciación, para mejorar su competitividad y ofrecer nuevos cavas a un mercado cada vez más exigente.

«Uno de los grandes retos no es la cantidad, sino la creación de valor», según el ministro, que apuesta por «valorizar nuestras denominaciones de origen y los productos de calidad» agroalimentarios.

En este sentido, ha valorado el salto a la calidad al que se ha sumado el sector del cava a través de la diferenciación de dos segmentos de productos, los cava de guarda y los de guarda superior, este último engloba el cava reserva, el gran reserva y el cava de parajes singulares. Esto significa «segmentar para incrementar el valor» y, sobre todo, salvaguardar los valores de aquellos cavas de calidad superior.

Además, ha puesto en valor la zonificación emprendida por la DOP para poner en valor las producciones de determinadas áreas productivas y que por sus características permiten ofrecer cavas singulares, además de ofrecer mayor información a los consumidores.

La puesta en valor, en los mercados internacionales, de las denominaciones de origen es otro de los ejes para que las menciones de calidad hagan frente a los desafíos con mayor seguridad. El apoyo del ministerio ha posibilitado la inclusión de la DOP Cava en la lista de 12 DOP e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) españolas (de un total de 100 europeas) dentro del reciente acuerdo entre la UE y China sobre indicaciones geográficas, que otorga protección a estas figuras de calidad.

Retos del sector

Reunión del ministro Luis Planas y el onsejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida CavaAsimismo, los productores y elaboradores de cava cuenta con el apoyo del ministerio para buscar soluciones ante los actuales desajustes entre la oferta y la demanda. A este respecto, en septiembre de 2019 se modificó la normativa de potencial vitícola, simplificando y dando mayor seguridad jurídica al procedimiento sobre limitaciones y restricciones a aplicar en denominaciones supraautonómicas.

En el marco de esta normativa, en diciembre de ese mismo año se estableció la limitación de nuevas superficies de viñedo, siguiendo las recomendaciones del Consejo Regulador del Cava, para el territorio de la DOP y los años 2020, 2021 y 2022. Según ha puntualizado, «el conjunto del sector productor y transformador es quien tiene que decidir su futuro y cómo valorizar su producto».

Y en relación con el sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea se ha propuesto extenderlo hasta 2040.

El ministro entiende que con una superficie de viñedo estabilizada, el futuro de esta mención pasa por incrementar el valor añadido, apostar por la calidad, la sostenibilidad y la innovación.

Cava es una DOP supraautonómica, por lo que la autoridad competente es el MAPA. Tiene presencia en 7 comunidades autónomas: Cataluña (cuenta con el 80 % del viñedo de las casi 38.000 hectáreas acogidas a la indicación), Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco.

Unos 6.600 viticultores y un total de 357 bodegas (214 elaboradores de cava y 143 elaboradoras de vino base) están acogidos a la DOP, que vende casi un 70 % de su elaboración en los mercados exteriores, si bien en valor, el porcentaje baja al 50 %.

Con un 9 % de la producción vitivinícola, Cataluña ocupa el segundo lugar en España (por detrás de Castilla-La Mancha) y más de una quinta parte del valor de las exportaciones de vino (20,5 % del total nacional en valor y el 8,8 en volumen). En gran medida, este potencial se debe a la producción de cava, donde Cataluña es líder y un referente a nivel mundial.

En el Principado de Asturias.

sábado, 21 de noviembre de 2020

Las subidas de precios del IPC de octubre solo benefician a los gigantes de internet

sábado, 21 de noviembre de 2020

Las subidas de precios del IPC de octubre solo benefician a los gigantes de internet

13 noviembre, 2020

USO

El IPC sigue mostrando en octubre un aumento imparable de alimentos básicos como la fruta, en alza toda la pandemia

El IPC sufre una segunda ola de caída y se sitúa en niveles de lo más crudo del estado de alarma, con una tasa anual del -0,8% al finalizar octubre. Los precios, no obstante, registran una subida mensual del 0,5% con respecto a septiembre.

Caen en muchos paquetes de productos, incluyendo los suministros de la vivienda, pero siguen subiendo en alimentación: “fruta, legumbres y hortalizas siguen aumentando de precio. Son productos básicos que no han dejado de encarecerse durante la pandemia, especialmente la fruta, que sube casi un 12% con respecto al mes pasado”, detalla Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

Los precios de la nueva temporada textil, con los cierres, serán ganancia para grandes plataformas que ni crean empleo ni pagan impuestos en nuestro país

El otro grupo de productos que más se encarece es la ropa y el calzado, por la llegada de la nueva temporada.

“La ropa es uno de los productos más afectados por los cierres del comercio en la segunda ola. En los datos de octubre, aún no existe una incidencia real de estos cierres, pero sí queremos pedir a las diferentes administraciones que los han decretado que flexibilicen las medidas. Es obvio que con el cambio de temporada las familias necesitan comprar ropa y calzado, especialmente para los más pequeños, y cerrar las tiendas obliga a las familias a comprar en grandes plataformas que ni generan empleo de calidad ni pagan impuestos en nuestro país. Mientras tanto, los pequeños comerciantes se asfixian al no poder dar salida, por segunda vez este año, a la gran inversión que supuso apostar por la nueva temporada. La ciudadanía encaja la subida de precios y esta no revierte en beneficio laboral”, pide García.