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Archivo del 7 de noviembre de 2020

En Biarritz

sábado, 7 de noviembre de 2020

Coronavirus: cronología de la respuesta de la UE. Viajes y transportes

sábado, 7 de noviembre de 2020

Coronavirus: cronología de la respuesta de la UE

Sociedad Actualización: 26-10-2020

La UE está tomando muchas medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus y su impacto. Consulte nuestra cronología para ver cuáles han sido esas medidas por sector.

Estas son las principales medidas que está tomando la UE frente al COVID-19 en materia sanitaria, investigación, economía, empleo, sociedad, viajes y transporte, así como para ayudar a sus socios de todo el mundo a luchar contra la pandemia.

VIAJES Y TRANSPORTES

Servicios esenciales garantizados y restricciones de viaje

La UE crea un nuevo sistema para conectar las apps de rastreo
19 de octubre de 2020
La Comisión lanza un sistema a nivel europeo, conocido como «pasarela», y garantiza la interoperatividad al conectar las aplicaciones nacionales de rastreo de contactos y alerta en toda la UE.
El sistema arranca con tres aplicaciones nacionales —Corona-Warn-App de Alemania, COVID tracker de Irlanda y immuni de Italia. Está previsto que se unan más en octubre y noviembre.

Más información

Coordinación de las restricciones de movimiento
17 de septiembre de 2020
La Comisión presenta una propuesta para garantizar que cualquier medida adoptada por los Estados miembros que restrinja la libre circulación se coordine y se comunique claramente a nivel de la UE. En una resolución adoptada el 17 de septiembre, el Parlamento apoya la propuesta y pide evaluaciones y métodos sanitarios armonizados.

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Levantamiento gradual de las restricciones
15 de junio de 2020
Los países de la UE están levantando gradualmente las restricciones de viaje introducidas para detener la propagación del coronavirus. El Parlamento exige que la zona Schengen sin pasaporte vuelva a funcionar plenamente lo antes posible.

Más información

Nueva web “re-open”: datos actualizados en español sobre la situación de cada país de la UE
14 de junio de 2020
La UE ha puesto en marcha la web «re-open», que facilita información actualizada sobre la situación en cada país miembro. El objetivo es ayudar a los europeos a planificar sus vacaciones de verano de forma segura. La información se actualiza regularmente y está disponible en 24 idiomas.

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Recomendaciones para un viaje seguro
13 de mayo de 2020
La Comisión Europea propone directrices y recomendaciones para el turismo y el transporte, para ayudar a los países de la UE a coordinar el levantamiento seguro de las restricciones de viaje y proteger a los viajeros.

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Punto y final a los vuelos vacíos
26 de marzo de 2020
La normativa de la UE sobre las franjas horarias de despegue y aterrizaje que obligaba a las compañías aéreas a utilizar esas franjas para poder conservarlas en la siguiente temporada quedan suspendidas temporalmente.

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Garantizar el suministro ininterrumpido de bienes y servicios
18 de marzo de 2020
La UE abre «carriles verdes» en los pasos transfronterizos para garantizar en el Mercado Único el suministro de bienes de primera necesidad y material sanitario y de protección esencial.

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Restricciones de viajes para contener la propagación del virus
17 de marzo de 2020
La UE cierra temporalemente sus fronteras a los viajes no esenciales para contener la propagación del COVID-19.

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Repatriación de ciudadanos de la UE
Desde enero de 2020
El Mecanismo de Protección Civil ha permitido repatriar a decenas de miles de ciudadanos de la UE que se encontraban en terceros países.

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Justicia recibirá 410 millones de la UE para la recuperación económica de la crisis provocada por la COVID-19

sábado, 7 de noviembre de 2020

PGE 2021

Justicia recibirá 410 millones de la UE para la recuperación económica de la crisis provocada por la COVID-19

Jueves 5 de noviembre de 2020

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha comparecido para informar del Proyecto de Ley de Presupuestos General del Estado 2021 (PGE). Justicia recibirá 410 millones de los Fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Zapatero ha explicado que esta partida se recibirá hasta el año 2023. Casi 28 millones durante 2021 y 382 millones de euros en los dos ejercicios siguientes. El secretario de Estado ha indicado que estos fondos se utilizarán tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial de Justicia del 30 de octubre, en un esquema de cogobernanza de proyectos, basado en la corresponsabilidad.

El secretario de Estado ha señalado que estos fondos permitirán financiar los proyectos del plan de trabajo Justicia 2030, mejorando la actividad jurisdiccional y económica. Del mismo modo, también ha señalado que la no ejecución de los fondos del mecanismo de recuperación en estos Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE) 2021, «resultaría en una rendición de cuentas negativa ante Europa, así como una pérdida de esas partidas presupuestarias».

Por otro lado, el secretario de Estado de Justicia ha señalado que el Proyecto de Ley de los PGE 2021 ha aumentado un 7,6% en Justicia respecto al presupuesto base 2020. Estos presupuestos son «los más expansivos de los últimos años», ha señalado Zapatero.

Colectivos más vulnerables

El gasto social para los colectivos más vulnerables será de 110,3 millones de euros, un 8,4% más que en el ejercicio anterior. De esta partida, 66,9 millones de euros corresponden a hacer efectivo el Pacto de Estado contra la violencia de género, lo cual supone un 13,8% de incremento.

Las partidas más destacadas son los más de 40 millones destinados a juzgados especializados en violencia contra la mujer; más de 6,3 millones de euros irán destinados a las Fiscalías especializadas en Violencia de Género; los 5,8 millones para Asistencia jurídica gratuita especializada; los más de 2,5 millones de euros dedicados a las Oficinas de Asistencia a Víctimas; o los más de 10,3 millones para las Unidades forenses de valoración integral del Instituto de Medicina Legal y del INTCF.

Distribución del presupuesto por capítulos

En relación al Capítulo I, relacionado con el gasto de personal, el secretario de Estado de Justicia ha señalado que aumenta en 99,03 millones de euros, un 6,6% más respecto al año anterior. Este aumento es debido principalmente al Plan de Reactivación de la DA 19 RDL 11/2020, cuyo importe en 2021 asciende a 43,78 millones de euros, así como al incremento retributivo para los funcionarios acordado por el Gobierno. En total se ofertarán 240 nuevas plazas de jueces y fiscales, 1.452 plazas para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia y 25 para Abogacía del Estado.

Respecto al Capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, para 2021 el importe es de 141,16 millones de euros un 5,2%, 7,04 millones de euros superior al crédito del año anterior. En este capítulo se incluye, entre otras partidas, la dotación para «salarios de tramitación» por un importe de 15 millones de euros, con lo que se da cobertura a los gastos derivados de las reclamaciones por juicios de despido, cuando la sentencia que declara la improcedencia del despido se dicta transcurridos más de noventa días hábiles desde la presentación de la demanda por el trabajador.

Para el Capítulo IV el presupuesto asignado asciende a 65,03 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,2%. La dotación prevista para Asistencia jurídica gratuita en el ejercicio de 2021, asciende a 49,2 millones de euros, repartidas en 45,5 millones al Consejo General de la Abogacía Española y 3,7 millones de euros al Consejo General de Procuradores.

Por el lado de las inversiones, Capítulo VI, Zapatero ha indicado que se produce un incremento en 22,5 millones de euros. En total se trata de 194,95 millones de euros, de los que el 62% se dedicará a actuaciones relacionadas con la digitalización de la Justicia, 120 millones de euros.

También se van a destinar 47 millones de euros (24%) a infraestructura y equipamientos, de tal modo que para obras de construcción de nuevos edificios judiciales se destinarán 15,02 millones de euros: NEJ en Navamoral de la Mata, Manacor, Cáceres, Toledo, Segovia, Badajoz, Vitigudino y Casas Ibáñez.

Para obras de rehabilitación y mejora de sedes judiciales se destinarán 12,22 millones de euros: Audiencia Provincial de Salamanca y en edificios judiciales de Salamanca, Burgo de Osma (Soria), Ceuta, Toledo, Manzanares y Puertollano (Ciudad Real).

Para el Plan de inversión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de Medicina Legal para la modernización y renovación tecnológica del equipamiento se destinarán 6,2 M€. Para mobiliario de órganos judiciales, fondos de biblioteca y otros equipamientos 6,44 millones de euros y para obras de rehabilitación de edificios históricos afectados al Ministerio de Justicia 1,9 millones de euros.

Presupuestos organismos autónomos

En lo que respecta a la Mutualidad General Judicial, su presupuesto se concreta en unos 24,5 millones de euros (21,6% de incremento) para prestaciones económicas del mutualismo y algo más de 87 millones (3,3% de incremento) para asistencia sanitaria, lo que supone un incremento global del 6,8% respecto a 2020.

El presupuesto del CEJ será de 12,8 millones de euros, un 27% superior al de 2020, que se destinarán en parte a actuaciones como la definición de una estrategia de aprendizaje basada en competencias, la creación de un laboratorio de ideas o el desarrollo y ejecución de un plan de atracción del talento al sector justicia.

En la Comisión también ha comparecido el Subsecretario de Justicia, Miguel Bueno. En ella, Bueno se ha referido al Programa 111N Dirección y Servicios Generales de la Administración de Justicia, destacando que cuenta con «75,7 millones de euros de dotación, lo cual supone un incremento notable respecto de la cifra de la que hasta ahora se disponía». También ha indicado Bueno que «los gastos en materia de Recursos Humanos de la Administración General del Estado cuentan con una dotación en capítulo 1 de 53,14 millones de euros».

Respecto al Programa 112A. Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, y en particular a lo presupuestado para financiar las infraestructuras y equipamiento de la administración de Justicia, el Subsecretario ha señalado que contarán con 33,23 millones de euros. «Con estas dotaciones se mantienen las inversiones ya comprometidas, que continúan ejecutándose, y se pondrá en marcha la construcción de nuevas sedes, al tiempo que apuesta por la rehabilitación de las sedes de órganos judiciales y fiscalías», ha indicado.

Bueno también se ha referido al Programa 921S. Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, del que ha destacado que el presupuesto de Abogacía del Estado para el ejercicio 2021 asciende a 42,06 millones de euros y, por tanto, «presenta un incremento de 6,11 millones de euros que, en términos porcentuales, representa un 17,01% de aumento».

La Sala de Gobierno aprueba un plan de refuerzo para agilizar los pleitos por cláusulas suelo en Vigo

sábado, 7 de noviembre de 2020

Martes, 3 de noviembre de 2020

La Sala de Gobierno aprueba un plan de refuerzo para agilizar los pleitos por cláusulas suelo en Vigo

Los magistrados del Juzgado de Primera Instancia 14 bis, que a comienzos de 2021 finalizarán el trabajo que les había sido encomendado, pasarán a realizar sus funciones en el número 14, también exclusivo para este tipo de casos. Cuatro jueces, la titular del órgano, dos de adscripción territorial y uno en comisión de servicio, tramitarán los asuntos

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado el visto bueno al plan propuesto por los jueces para agilizar la tramitación de los pleitos presentados en Vigo relacionados con cláusulas suelo. Los dos jueces de Adscripción Territorial del Juzgado de Primera Instancia 14 bis finalizarán entre enero y febrero del próximo año la tarea que les había sido encomendada, en concreto, dar respuesta a las 2.035 demandas que se presentaron entre junio y diciembre de 2017. Ante esta situación, el TSXG ha aprobado que sigan prestando sus servicios en el juzgado que desde el inicio de 2018 se encarga de manera exclusiva de la resolución de estos pleitos, cuyo volumen de trabajo es muy elevado.

En la provincia de Pontevedra, es el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Vigo quien asume de forma exclusiva las demandas por acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, entre otros, cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca, hipotecas multidivisa e IRPH. A comienzos de octubre, este órgano tenía 2.897 demandas pendientes de una respuesta judicial. A este plan de choque hay que sumar otro magistrado en comisión de servicios que desde hace ya meses actúa como refuerzo en el número 14.

Más de la mitad de las empresas prevé sufrir un incremento de la morosidad durante la Covid-19

sábado, 7 de noviembre de 2020

Más de la mitad de las empresas prevé sufrir un incremento de la morosidad durante la Covid-19

• El Barómetro sobre Morosidad de CEPYME muestra que el 57% de las pymes espera sufrir un aumento de morosidad y que al 50% de las que sufren mora las llevará a una situación de insolvencia o al cierre.

• El periodo medio de pago supera los 87 días, la cifra más alta desde 2011, según datos del Boletín de Morosidad de CEPYME.

• El coste financiero de la morosidad se incrementó un 3’2%, alcanzando los 2.758 millones de euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2020

CEPYME

CEPYME presenta los resultados del Barómetro de la pyme sobre morosidad y el Boletín de Morosidad de CEPYME.

El Barómetro de la pyme sobre morosidad de CEPYME se ha realizado entre mediados de septiembre y mediados de octubre, en pleno inicio de la segunda ola de la pandemia de la Covid19. Los resultados indican que el 57% de las pymes consultadas está sufriendo o cree que va a sufrir un incremento de morosidad por parte de sus clientes y un 36% contempla también su incremento por parte de las administraciones públicas.

La morosidad repercute directamente en los ingresos de la empresa. El 30 por ciento de las pymes que sufre morosidad señala que supone más de un 10% de sus ingresos. Y para muchas de ellas supone un obstáculo para su supervivencia. Según los resultados del Barómetro, una de cada ocho empresas que sufre mora (casi un 13%) prevé el cierre de su compañía por este motivo, un 20% cree que le llevará a una situación de insolvencia, un 17% apunta a una reducción de su estructura y para la mitad supondrá más necesidad de financiación o de gastos de financiación. Asimismo, el incremento de morosidad también les afectará en pérdida de clientes (53%) o en la reducción o pérdida de márgenes (50%).

La actual crisis repercute directamente en el mantenimiento de la cadena de pago. Según los resultados del Barómetro de CEPYME, a más del 25% de las pymes les preocupa sus obligaciones con proveedores y el 11% ya prevé incurrir en impagos con sus proveedores.
Con el fin de poder analizar mejor las perspectivas de la pequeña y mediana empresa ante el impacto de la Covid-19, CEPYME inició un Barómetro de opinión en marzo, del que hoy se presenta el primer sondeo sobre morosidad, realizado entre el 15 de septiembre y el 12 de octubre, en plena segunda ola de la pandemia.

La muestra recoge las opiniones de cerca de 1.300 empresas, gracias al esfuerzo de coordinación realizado por las organizaciones empresariales. Además, la participación supone un fiel reflejo de la composición del tejido productivo español de nuestro país, ya que un 96,7% de las empresas participantes son pymes y casi el 64% son microempresas (menos de 10 trabajadores).

Boletín de morosidad y de financiación empresarial

El periodo medio de pago se sitúa en la cifra récord desde 2011. Según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME, en el primer trimestre de 2020 se registró un incremento de los plazos de pago hasta situarse en los 87 días, cuatro días más que en el trimestre anterior, frente a los 60 establecidos por la ley.

Aunque los datos corresponden al primer trimestre de este año y tan solo recogen los efectos de la pandemia en el mes de marzo, el incremento en el periodo medio de pago ha sido superior al que habitualmente se registra en el primer trimestre de años anteriores. Y hace prever quede produzca una tendencia ascendente de la morosidad por la crisis de la Covid-19. De hecho, cabe recordar que en el mes de abril, justo al inicio de la pandemia, CEPYME ya registraba en su Barómetro que el 20% de las pymes preveía impagar a sus proveedores.
En cuanto a la incidencia de la morosidad por tamaño de empresa, el Boletín de morosidad refleja que sólo las grandes empresas redujeron el período medio de pago en el primer trimestre de 2020, mientras que tanto las microempresas, como las pequeñas y medianas empresas incrementaron estos plazos.

Estos aumentos fueron más importantes en las microempresas, cuya demora se incrementó en 9,4 días hasta alcanzar los 89,9 días, y en las empresas pequeñas, que incrementaron en 4 días el período medio de pago, hasta los 87 días. Las medianas empresas registraron un ligero repunte, al crecer su período de pagos en 0,4 días, situándose en 85,5 días. Las grandes empresas pasaron de 69,8 días en el último trimestre de 2019 a 67,2 días durante el primer trimestre del año, una reducción de 2,6 días.

Tal como refleja el Boletín de morosidad, el crédito comercial en mora se redujo en el primer trimestre del año, situándose en el 68’3%, el mejor dato de los últimos cinco años. El coste financiero de la morosidad se incrementó un 3’2% respecto del último trimestre de 2019, alcanzando los 2.758 millones de euros, debido principalmente al incremento en el período medio de pago.

Por sectores, la construcción y promoción de viviendas y el sector textil son los que mantienen los períodos medios de pago más altos, con 101 días y 92’9 días, respectivamente. Ambos registran incrementos en los períodos medios de pago, de 1’6 y 3 días, respectivamente, respecto del trimestre anterior.

Por el contrario, el sector donde más se reduce el período medio de pago es el de papel y artes gráficas, que pasa de 83,3 días en el último trimestre de 2019 a 74,8 días en el primer trimestre de este año, seguido del agroalimentario que se sitúa en una media de 73,6 días (-4,8 días respecto al trimestre anterior) y la actividad de distribución agroalimentaria, que se sitúa en una media de 71,3 días (-3,6 días).

Las diferencias estructurales entre las distintas comunidades autónomas españolas en cuanto al comportamiento de pago por parte de las empresas siguen siendo considerables. Nuevamente, Aragón esla región con el menor período medio de pago por parte de sus empresas, equivalente a 71,6 días. Además, esta cifra es 1,9 días inferior a la del trimestre anterior. A Aragón le sigue Castilla y León (72,6 días) que, por segundo trimestre consecutivo, consigue reducir su media, esta vez en 3,8 días. Otras comunidades que han rebajado su demora son Extremadura (-3,9 días) y Castilla-La Mancha (-3,3 días).

El peor comportamiento se observa en la Comunidad Foral de Navarra (119 días de demora media), Cantabria (108,7 días) y la Comunidad de Madrid (95,6 días). Las tres han visto incrementar notablemente su período medio de pago con respecto al trimestre anterior: Navarra en 39,9 días, Cantabria en 27,2 días y Madrid en 11,7 días.

En cuanto a la morosidad de las administraciones públicas, se mantienen las tendencias observadas en trimestres anteriores. Así, en mayo de 2020, el plazo medio de pago del Estado todavía se sitúa dentro del período legal de pago, a pesar del ligero aumento de 5,1 días con respecto al mes anterior. Por su parte, la demora de pago de las comunidades autónomas se coloca 5 días por encima del legal, situándose en 34,9 días en mayo. Finalmente, las corporaciones locales, que siguen presentando una conducta claramente diferenciada, registran un aumento en su plazo medio de pago entre abril y mayo en 9,8 días, hasta triplicar el período legal, alcanzando los 92,5 días.

El comportamiento de las administraciones autonómicas no es uniforme entre territorios.

Cataluña presenta los peores resultados a nivel nacional, por segundo trimestre consecutivo, al pasar de 48,2 días a 52 días. Le siguen de cerca Islas Baleares (48,4 días), La Rioja (47,27) y Cantabria (41,5), que aumentó su período de pago en 9,6 días en mayo. En el otro extremo se encuentra Galicia que, con un período medio de pago de 13,2 días, se sitúa muy por debajo del período legal. Otras administraciones autonómicas que destacan por su buen comportamiento son Canarias (16,5 días), Andalucía (16,9 días) y País Vasco (21,44 días).

Prisión provisional para un joven en Teruel por agredir al juez que le había condenado

sábado, 7 de noviembre de 2020

Martes, 3 de noviembre de 2020

Prisión provisional para un joven en Teruel por agredir al juez que le había condenado

Los hechos se produjeron ayer en la localidad de Teruel cuando el juez practicaba deporte. El joven, tras reconocer al juez, le increpó por la sentencia de conformidad que había dictado el pasado mes de agosto

Autor: Comunicación Poder Judicial

El magistrado Juan José Cortes, en sustitución del titular en el juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel, ha dictado auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para Alex A.M. como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad al agredir a un juez que le había condenado.

Los hechos se produjeron ayer en la localidad de Teruel cuando el juez practicaba deporte. El joven, tras reconocer al juez, le increpó por la sentencia de conformidad que había dictado el pasado mes de agosto. En dicha sentencia el magistrado, Jerónimo Cano, condenaba al joven por dos delitos: por el de atentado contra agentes de la autoridad a la pena de 4 meses de prisión, y por el segundo, un delito leve de lesiones, a indemnizar (conjunta y solidariamente junto con otro joven condenado) con 280 euros a un hombre al que habían agredido y a abonar una multa de 160 euros cada uno.

El magistrado, en su sentencia suspendió la pena de prisión del joven a condición de que éste no volviera a delinquir en el plazo de 2 años, que hiciera efectiva la indemnización a la víctima y el pago de la multa impuesta.
En su auto el instructor, expresa que “la existencia de reincidencia patentiza la realidad del riesgo de reiteración delictiva, a lo que ha de añadirse los reconocidos problemas con el alcohol que hacen que el investigado, al parecer, no tenga problema en realizar conductas tan reprochables como la que se investiga en esta causa”. Por ello y teniendo en cuenta “la gravedad de los hechos imputados, la pena prevista para los mismos, y el riesgo de reiteración delictiva” acuerda la prisión provisional comunicada y sin fianza solicitada por el Ministerio Fiscal.