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domingo, 8 de noviembre de 2020

Coronavirus: cronología de la respuesta de la UE. Respuesta global de la UE

domingo, 8 de noviembre de 2020

Coronavirus: cronología de la respuesta de la UE

Sociedad Actualización: 26-10-2020

La UE está tomando muchas medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus y su impacto. Consulte nuestra cronología para ver cuáles han sido esas medidas por sector.

Estas son las principales medidas que está tomando la UE frente al COVID-19 en materia sanitaria, investigación, economía, empleo, sociedad, viajes y transporte, así como para ayudar a sus socios de todo el mundo a luchar contra la pandemia.

Respuesta global de la UE
Apoyar los esfuerzos de los países socios para abordar la pandemia de coronavirus


25 millones de euros para Gambia
19 de octubre de 2020
La UE otorga 25 millones de euros para Gambia como parte del paquete financiero del Equipo Europa para para contribuir a la recuperación de la pandemia y apoyar la transición hacia la democracia.

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Puente aéreo humanitario de la UE
11 de septiembre de 2020
El puente aéreo humanitario de la UE sirve para ayudar a países afectados por la pandemia de COVID-19 de todo el mundo. Desde su lanzamiento el 8 de mayo, 67 vuelos han llevado equipo médico y trabajadores humanitarios a áreas críticas en África, Asia y América.

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Continúan las entregas mundiales de suministros médicos y equipo de protección
28 de julio de 2020
A través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, la UE sigue distribuyendo suministros médicos y equipos de protección personal en todo el mundo. Hasta ahora, se han realizado entregas a 24 países, incluidos 7 Estados miembros, además de la ayuda bilateral.

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Nuevo paquete de asistencia para el norte de África
2 de julio de 2020
La UE adopta un nuevo paquete de ayuda para apoyar a los migrantes y las comunidades locales y hacer frente al COVID-19 en el norte de África. El paquete incluye 80 millones de euros en nuevos fondos y 30 millones de euros del del Fondo Fiduciario de Emergencia para África.

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Apoyo a la República Centroafricana
18 de junio de 2020
La UE otorga 54 millones de euros a la República Centroafricana para ayudar al gobierno en la lucha contra el coronavirus.

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Paquete de 60 millones de euros para ayudar a los países del Cuerno de África
17 de junio de 2020
La UE moviliza un paquete de 60 millones de euros para ayudar a abordar el impacto sanitario y socioeconómico de la crisis en el Cuerno de África. En mayo, la UE aprobó 105,5 millones de euros de ayuda para proyectos humanitarios en Djibouti, Etiopía, Kenia y Somalia centrados en atención médica, ayuda alimentaria y necesidades básicas de los refugiados.

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55 millones de euros adicionales para refugiados sirios y comunidades locales en Jordania y Líbano
10 de junio de 2020
La UE moviliza un paquete de ayuda de 55 millones de euros para ayudar a los refugiados sirios y las personas vulnerables en Jordania y Líbano durante la crisis del coronavirus. La ayuda se centra en los servicios de salud y agua, saneamiento e higiene. Esto se suma a un paquete de asistencia de casi 240 millones de euros aprobado en marzo.

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50 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria
20 de mayo de 2020
Se movilizan 50 millones de euros adicionales para proporcionar acceso a servicios de salud, equipos de protección, agua y saneamiento a personas vulnerables en la región del Sahel y el lago Chad, la República Centroafricana, la región de los Grandes Lagos en África, África Oriental, Siria, Yemen, Palestina y Venezuela, así como ayuda a los Rohinyá. La financiación se canaliza a través de ONG, organizaciones internacionales, agencias de la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

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3.000 millones de euros en préstamos para países vecinos y socios
15 de mayo de 2020
La UE aprueba préstamos por valor de 3.000 millones de euros para ayudar a los países vecinos y socios de la UE a mitigar los efectos sociales y económicos negativos de la pandemia, al tiempo que preserva la estabilidad financiera.

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105,5 millones de euros adicionales para países del Cuerno de África
14 de mayo de 2020


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3.300 millones de euros de ayuda de la UE para los Balcanes Occidentales
29 de abril de 2020
La UE está movilizando un paquete de más de 3.300 millones de euros para ayudar a sus socios de los Balcanes Occidentales, brindando apoyo al sector de la salud, la recuperación social y económica, la asistencia humanitaria a los refugiados y la asistencia macro y microfinanciera.

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Más de36.000 millones de euros para apoyar a los países socios.
8 de abril de 2020
La UE lanza un paquete de «Equipo de Europa» para ayudar a los países más vulnerables a combatir la pandemia y mitigar sus consecuencias sociales y económicas, en particular en África, países vecinos de la UE, pero también en Asia y. el Pacífico, así como en América Latina y el Caribe

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Hasta 28 millones de euros para apoyar la investigación en África subsahariana
8 de abril de 2020
La Asociación Europea de Ensayos Clínicos (EDCTP) de Europa y los países en desarrollo está lanzando tres convocatorias de expresiones de interés para apoyar las capacidades de investigación en el África subsahariana, con un presupuesto de hasta 28 millones de euros financiado por «Horizonte 2020», el programa de investigación e innovación de la UE.

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700 millones de euros en asistencia financiera para ayudar a Grecia a gestionar la migración
3 de marzo de 2020
La UE ha asignado un presupuesto de 350 millones de euros en apoyo continuo a Grecia, a donde llegan la mayoría de los refugiados y migrantes. Se puede solicitar otros 350 millones de euros como parte de un presupuesto adicional. Grecia recibe además equipos médicos, tiendas de campaña y mantas a través del Mecanismo de Protección Civil.

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Competitividad fiscal 2020: ¿Por qué no se pueden subir más los impuestos en España?

domingo, 8 de noviembre de 2020

Competitividad fiscal 2020: ¿Por qué no se pueden subir más los impuestos en España?

Instituto de Estudios Económicos

Un decálogo de razones por las que no se deben subir los impuestos en España y menos ahora:

La carga fiscal que soportan los ciudadanos y, especialmente, las empresas españolas, es excesiva y mucho más distorsionante que la resultante del análisis simple de la ratio de la presión fiscal.

En todo caso, en plena crisis la presión fiscal en relación al PIB ha aumentado un 6,5% en 2020 respecto al año anterior, cuando la mayor parte de los países están reduciendo impuestos.

El esfuerzo fiscal, que tiene en cuenta el nivel de renta, en España es casi un 7% superior a la media de la UE.

El indicador de presión fiscal normativa elaborado por el IEE en base al Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation, evidencia que el diseño de nuestro sistema fiscal es de un orden de un 10% peor que la media de UE.

La competitividad fiscal ha sufrido un retroceso en el 2020, ya que según la Tax Foundation ahora estamos en la posición 27 de los 36 países analizados, frente a la posición 23 que ocupábamos el año pasado, ya que la mayor parte de los países están reduciendo impuestos.

La presión fiscal en las empresas españolas en relación al PIB es casi dos puntos superior a la del promedio de la UE.

Las empresas en España aportan un 31,9% de la recaudación total, frente al 24,6% que apartan las empresas europeas en promedio.

La cuña fiscal supone mayores costes laborales para la empresa y en España es especialmente alta por las cotizaciones sociales a cargo de la empresa.

La progresividad del impuesto sobre la renta en España es una de las más altas entre los países avanzados, y un 17% superior al promedio europeo. La situación se agrava por la incidencia conjunta entre el impuesto sobre la renta y el patrimonio.

Subir impuestos en el contexto actual frenaría las posibilidades de recuperación, con lo que resulta especialmente contraproducente. Las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, a la vez que aumentan los costes y deterioran las expectativas de los agentes, provocando una degradación de la confianza, que es el pilar de la recuperación.

Madrid, 26 de octubre de 2020. El Presidente y el Director General del IEE, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, han divulgado por segundo año consecutivo en España el informe elaborado por la Tax Foundation de Estados Unidos sobre el Índice de Competitividad Fiscal (ICF). El informe pone en perspectiva los planes fiscales de los países de la OCDE midiendo la competitividad de sus respectivos sistemas tributarios. El ICF permite, por tanto, comparar el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas, desvelando qué países presentan un sistema más eficiente y favorecedor del crecimiento y evidenciando qué demarcaciones sufren un modelo más obstruccionista y entorpecedor del desarrollo y el progreso socioeconómico, entre las que, lamentablemente, cada vez destaca más España.

Así, en el ICF, España se sitúa en el año 2020 en la posición 27 del total de los 36 países analizados, cuatro puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en 2019, lo que muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional. Y lo peor es que, de llevarse a cabo las subidas impositivas anunciadas, junto con las ya concretadas, esa posición va a descender todavía más.

Las métricas de presión fiscal bruta aportan una visión miope de la situación de los diferentes sistemas impositivos a nivel global, pues adolece de varias limitaciones. Además, por sus implicaciones en la medición, tiende a sesgar a la baja, de manera errónea, la percepción de la carga fiscal que soportan los ciudadanos y las empresas españolas con respecto a nuestro entorno comparado. Para realizar un análisis más realista de la verdadera carga fiscal que supone un sistema impositivo, deben complementarse, al menos, con tres elementos: los niveles de economía sumergida, el esfuerzo relativo a los niveles de renta de la población, y el nivel de competitividad y neutralidad.

Para este tercer factor, además del Índice Competitividad de la Tax Foundation, el IEE elabora el Indicador de Presión Fiscal Normativa (PFN), basado precisamente en dicho índice, para estimar la carga que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías en términos comparados.

La presión fiscal efectiva (ajustada de economía sumergida) y el esfuerzo fiscal nos equipara a Europa

La economía sumergida deriva en una sobrecarga impositiva para aquellos que sí cumplen las normas fiscales y desvirtúa la ratio de presión fiscal, ya que en el PIB (denominador de la ratio de presión fiscal) se recoge una estimación de economía sumergida. Al ser la economía sumergida estimada en España superior a la del conjunto de la UE (22% vs 13%, respectivamente según el FMI), la ratio de presión fiscal bruta parece ópticamente baja en nuestro país (cosa que no es así).

Cuando se corrige este aspecto, utilizando como referencia el PIB sin tener en cuenta la aportación de la economía sumergida, se observa que la presión fiscal efectiva de España es muy similar a la de la media de la Unión Europea (44,5% vs 45%, respectivamente). De hecho, la presión fiscal efectiva de la Unión Europea y la de España son elevadas en las comparativas internacionales y notablemente superiores a la de otros países de la OCDE, como son Estados Unidos, Japón, Suiza, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda o Canadá, la mayoría de ellos con presiones fiscales efectivas inferiores en más de 10 puntos a la nuestra.

Por tanto, nuestro reto es reducir la economía sumergida para aumentar la recaudación, lo que pasa tanto por mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude fiscal, como por apostar por sistemas fiscales más razonables para los contribuyentes que aumenten el coste de oportunidad de operar en la economía sumergida, una tendencia que se incrementa, no solo con el nivel de tipos impositivos, sino también en coyunturas de crisis económica como la actual.

Por su parte, el esfuerzo fiscal permite comparar la carga que un sistema tributario impone a sus contribuyentes con relación a su renta, ya que se calcula cómo la relación entre la presión fiscal y el PIB per cápita de cada país. España realiza un esfuerzo fiscal un 6,6% superior al de la Unión Europea, que ya de por sí es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE. Entre las grandes economías avanzadas, tan solo Italia presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país.

La presión fiscal normativa, también es comparativamente más lesiva para España

Un sistema tributario competitivo y neutral promueve unos niveles más altos de crecimiento económico e inversión, mientras que uno no competitivo, ineficiente y distorsionador los perjudica. Entendiendo por competitivo el mantenimiento de unos tipos marginales en niveles bajos, y, entendiendo por neutral, la capacidad de canalizar la recaudación con el menor grado de distorsiones posibles sobre las decisiones de los agentes y con unas reglas que sean de aplicación clara, sencilla y general. Esto es lo que pretende medir el Indicador de Presión Fiscal Normativa, elaborado por el IEE con base en el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation.

La presión fiscal normativa para España se sitúa en 110,5 puntos, es decir, es un 10,5% más elevada que la media de la UE, y también superior a los 108,1 puntos del año 2019, lo que muestra un cierto deterioro de la competitividad fiscal en el último año. Este empeoramiento también se refleja en el descenso desde la posición 23 hasta la 27 (de los 36 países analizados), en cuanto a una presión fiscal normativa más elevada. La situación de España es también un 9,4% peor a la del promedio de los países de la OCDE, y muy alejada de las primeras posiciones que ocupan Estonia, Letonia y Nueva Zelanda.

La carga fiscal para las empresas es muy elevada con independencia del indicador utilizado

Ya la presión fiscal empresarial bruta, incluso con todas sus limitaciones como indicador, es en España sensiblemente superior a la del conjunto de la Unión Europea, alcanzando en 2018 el 11,1% del PIB en España frente al 9,6% en la UE. Si, además, se realiza el ajuste por el peso de la economía sumergida, se obtiene que las diferencias con Europa en la presión fiscal empresarial son aún mayores, con una carga efectiva que soportan las empresas españolas, del 14,2% del PIB, la séptima mayor de los países analizados y superior en más de 3 puntos a la de la UE (11,1%).

Si la presión fiscal normativa general en España es ya muy superior a nuestros homólogos, en el que caso de la presión fiscal normativa sobre el Impuesto sobre Sociedades, el gap es aún mayor: la Presión Fiscal Normativa sobre el IS es un 22,6% más elevada que la media de la Unión Europea, y un 15,8% superior al del promedio de la OCDE. De nuevo, se ha producido un sensible empeoramiento frente a los resultados de 2019, donde España mostraba una presión fiscal normativa sobre el Impuesto sobre Sociedades un 16% mayor que la de la Unión Europea, y su lugar en el ranking ha bajado desde el puesto 22 a la posición 28, de 36 países analizados (OCDE).

En el ámbito de la imposición patrimonial, la situación de España es todavía, si cabe, más onerosa, y tiene una de las posiciones competitivas más débiles en este ámbito (presentando el segundo peor resultado, tan solo por detrás de Italia, de los 36 países analizados). En concreto, la presión fiscal normativa sobre la imposición patrimonial en España es un 40,9% peor que la de la UE, y un 39% menos competitiva que el promedio de la OCDE.

Por su parte, la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral que supone para la empresa tener un trabajador contratado y el salario neto final que recibe dicho trabajador, se sitúa en España en el 39,5% en 2019, o, dicho de otro modo, el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,5% del coste laboral. España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 36,0%, en la posición 15 de 36 analizados.

La cuña fiscal se calcula como el porcentaje del coste laboral que suponen las retenciones sobre las rentas del trabajo que se destinan para el Impuesto sobre la Renta y, además, las cotizaciones a la Seguridad Social (tanto las pagadas por parte de la empresa como las pagadas por parte del trabajador). De estos tres elementos, la mayor cuña fiscal en España viene explicada por las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que son significativamente más elevadas en nuestro país (es el séptimo país con este coste más alto), mientras que España se sitúa entre los países con menores impuestos sobre la renta y cotizaciones sociales a cargo del trabajador, en términos relativos al salario bruto, que la media de la OCDE.

Ello supone mayores costes laborales para las empresas, lo que provoca un deterioro de la competitividad de la economía e incidir negativamente sobre la generación de empleo. Hay estimaciones que apuntan a que la elasticidad del empleo con respecto al coste laboral es -0,37, es decir: un aumento del coste laboral del 1% se traduce en una reducción del -0,37% en el empleo.

A propósito del argumento de la progresividad fiscal: ya es muy elevada en España con relación a nuestro entorno comparado

España se sitúa, según el indicador de progresividad elaborado por el IEE a partir del análisis de la OCDE, entre los países donde el impuesto sobre la renta es más progresivo (117,1). En concreto, en octavo lugar de un total de veintidós analizados, superando tanto a la media de la UE (100) como la media de la OCDE (111,4). Así, según este indicador, en España el impuesto sobre la renta es un 17% más progresivo que el promedio de la UE.

Esta mayor progresividad en España debería ser tenida en cuenta a la hora de modificar la estructura del IRPF, ya que las presuntas mejoras de la equidad deben guardar un equilibrio con respecto a criterios de la eficiencia económica. La discriminación fiscal que implica una progresividad muy acentuada en los tramos más altos de la renta penaliza la atracción y retención de talento y al capital humano más productivo, que pueden trasladarse a otros países con menor tributación (movimiento muy accesible ahora por la posibilidad mayoritaria de teletrabajar que otorga una mayor libertad en la prestación de servicios).

Recomendaciones del IEE: No hay nada más inoportuno en la actual coyuntura que subir impuestos

Subir impuestos en un contexto de recesión como el actual es especialmente inoportuno y contraproducente, ya que supondría retardar, cuando no imposibilitar, las posibilidades de recuperación económica de nuestro país. Las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que requiere la economía española, y deterioran las expectativas de los agentes, provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación. No es casualidad que la respuesta a la pandemia del COVID-19 de algunas de las principales economías de la OCDE, como Alemania, Francia, Italia o Estados Unidos, ha estado marcada por la tendencia a reducir el nivel de impuestos, salvo en España, que comienza a ser una excepción dentro de su entorno.

Como se demuestra en el informe, los argumentos que suelen esgrimirse para justificar subidas impositivas en España desvirtúan la verdadera carga fiscal que soportan estos agentes. Ni la presión fiscal es baja cuando se ajusta por los niveles de economía sumergida o por el nivel de renta, o cuando se incorporan las ineficiencias y distorsiones del sistema impositivo a través de la presión fiscal normativa; ni las empresas pagan pocos impuestos, pues soportan una carga fiscal superior a la media de nuestro entorno comparado en cualquiera de los indicadores utilizados; ni tampoco los grandes patrimonios y rentas contribuyen poco: los primeros soportan una presión fiscal normativa prácticamente sin parangón entre las economías avanzadas, mientras que con respecto a los segundos, están sujetos a una progresividad que es de las más elevadas con respecto a los principales países de nuestro entorno.

De cara al futuro, y una vez que hayamos dejado atrás la presente crisis, es prioritario recuperar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, que debe producirse a través de una contención y mejora de la eficiencia del gasto y nunca a través de subidas impositivas que comprometen el crecimiento y, por lo tanto, la propia consolidación presupuestaria. En un momento de profunda crisis como el presente, y más aún en una economía abierta y con movilidad de factores como España, la única forma de aumentar de forma sostenible nuestra recaudación impositiva pasa por favorecer la recuperación de la actividad. Para ello, nuestro objetivo debiera ser tener una fiscalidad competitiva y homologada con nuestro entorno para favorecer la actividad, la inversión empresarial y el empleo, lo cual pasa por mitigar nuestra excesiva tributación del capital en general y sobre la empresa en particular, que es justo lo contrario de lo que equivocada e inoportunamente se plantea.

Unai Sordo: “El objetivo prioritario de los PGE tiene que ser proteger a la población afectada por la pandemia y la crisis económica e impulsar la actividad económica”

domingo, 8 de noviembre de 2020

Unai Sordo: “El objetivo prioritario de los PGE tiene que ser proteger a la población afectada por la pandemia y la crisis económica e impulsar la actividad económica”

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido hoy con el secretario general de CCOO, para presentar al sindicato las principales partidas del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que, a juicio de Unai Sordo, y sin perjuicio de las demandas, aportaciones y enmiendas que CCOO traslade con posterioridad, deben servir para proteger a las personas de las consecuencias de la pandemia – “Necesitamos unos presupuestos, y necesitamos unos presupuestos que tengan como principal objetivo proteger a las personas contra las consecuencias de la pandemia, de la crisis sanitaria y de la crisis económica que estamos atravesando” – e impulsar la economía.

04/11/2020.

CCOO

“Los PGE se tienen que aprobar sí o sí”, ha aseverado el secretario general de CCOO. “Sería impensable que por cuarto o quinto año consecutivo se prorrogaran unas cuentas que se aprobaron en un contexto económico y social diametralmente distinto al que sufrimos en estos momentos”, señaló.

Para Unai Sordo, los Presupuestos Generales del Estado que se aprueben tienen que tener como como principal objetivo “proteger a las personas contra las consecuencias de la pandemia, de la crisis sanitaria y de la crisis económica que estamos atravesando”. En su opinión, todas las medidas de confinamiento o restricción de la actividad económica que se tengan que tomar deben ir acompañadas de un plan de rastreo y de un refuerzo intenso de la atención médica primaria. “Si no se contiene la pandemia nuestra economía va a sufrir durante más tiempo que si esta se contiene. No hay una dicotomía entre economía y sanidad”, afirmó.

A grandes rasgos, el secretario general de CCOO ha avanzado algunas consideraciones respecto al proyecto de Presupuestos. “Son unos Presupuestos expansivos, que incorporan un tercio de las transferencias europeas, algo necesario y positivo, lo cual apoyamos, pero poco ambiciosos en materia de ingresos”, señaló.

Para CCOO, los objetivos prioritarios de los PGE tienen que ser proteger a la población afectada por la pandemia y la crisis económica, proteger la salud, proteger las rentas y cuidar a las personas. “Tienen que ser suficientes para seguir desarrollando políticas laborales para mantener los puestos de trabajo, que mantengan la protección a través de los ERTE y para las personas que pierdan su empleo”, explicó Unai Sordo, porque “nuestro país sigue estando en riesgo de destrucción de empleo”.

Asimismo, según desgranó, hay que seguir apostando por reforzar las políticas de atención a la dependencia – más de 200 mil personas siguen en las listas de espera – ; por políticas industriales, identificando los sectores a los que destinar recursos; por reforzar los servicios públicos, dotándolos de más plantillas y promoviendo la modernización tecnológica de las administraciones públicas; y por impulsar la investigación y la enseñanza, así como la sanidad, principalmente.

Si, como señaló Unai Sordo, el primer objetivo prioritario es cuidar de las personas, en su opinión, el segundo debe ser impulsar la economía. Objetivo que exige una política fiscal más ambiciosa para los próximos años. “Necesitamos recaudar en una medida equiparable a la media de la Unión Europea”, aseguró. Esto precisa de recortar el diferencial de 6 puntos que nos separa (más de 70 mil millones de euros al año) de la media europea. En este sentido, advirtió de que “va a haber campañas denunciando que estos Presupuestos suponen un hachazo fiscal”, por lo que “instamos al Gobierno a no dejarse acorralar por la constante exageración hagan lo que hagan en materia fiscal”.

El secretario general de CCOO quiso también instar al diálogo social: “Demandamos poner en pie un auténtico marco de diálogo social que sirva para afrontar las políticas que necesita el país, instamos a aprovechar el único escenario no contaminado por la bronca política y por el sectarismo”, subrayó. Como recordó, no es una anécdota que la de la aprobación de los ERTE fuese la única votación en el Congreso con un respaldo casi unánime.

El subsidio para personas que agotaron sus prestaciones llega tarde y mal

domingo, 8 de noviembre de 2020

El subsidio para personas que agotaron sus prestaciones llega tarde y mal

UGT

03 Noviembre 2020

El Gobierno aprueba con meses de retraso esta prestación, que incumple el acuerdo alcanzado en julio con los agentes sociales

•Hemos entrado en un segundo estado de alarma y todavía no se ha puesto en marcha el acuerdo entre el gobierno, organizaciones sindicales y empresariales para proteger a las personas que perdieron su empleo y finalizaron sus prestaciones en los inicios de la pandemia.

El II ASDE (Acuerdo Social en Defensa del Empleo) recogía en el mes de junio la reivindicación sindical de extender la protección por desempleo a las personas que habían consumido sus prestaciones durante el estado de alarma. Sin embargo, hasta el Consejo de Ministros celebrado el 3 de noviembre no se ha abordado la puesta en marcha de esta prestación.

La propuesta sindical fue que se reconociera un periodo de reposición de prestaciones a todas las personas que habían percibido y consumido prestaciones por desempleo durante el estado de alarma.

Tras las discrepancias entre sindicatos y gobierno sobre el número de personas a proteger, finalmente se alcanzó un acuerdo que debía dar cobertura, al menos a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones, en principio, hasta el 30 de septiembre, además de contemplarse la posibilidad de que se prorrogaran estas prestaciones ante posibles rebrotes.

La demora en la puesta en marcha de esta medida ha supuesto en la práctica el incumplimiento de un acuerdo alcanzado hace meses con los interlocutores sociales (UGT-CCOO-CEOE-CEPYME), que ahora se va a poner en funcionamiento con retraso y con menor alcance del acordado.

Esto implica que muchas personas que han perdido su empleo y han agotado sus prestaciones por desempleo, llevan meses sin ninguna protección y sin posibilidad o grandes dificultades de acceder a un empleo ante la situación de pandemia en la que seguimos inmersos.

Si el acuerdo alcanzado para el primer estado de alarma que finalizó en junio se va a poner en marcha en noviembre y con un alcance muy limitado, UGT y CCOO nos preguntamos si va a ser necesario establecer medidas adicionales para el nuevo estado de alarma que se extiende hasta el próximo mes de mayo.

Para UGT y CCOO la crisis sanitaria nos ha llevado a acordar medidas de gran intensidad para preservar empleo y actividad económica, también para las personas sin ingresos, pese a los evidentes problemas de implantación del Ingreso Mínimo Vital y, venimos insistiendo desde el inicio de la crisis en la situación de las personas desempleadas que consumen y agotan prestaciones sin posibilidad de encontrar empleo. Este colectivo es atendido ahora con retraso y de forma insuficiente, además de constatar que el Gobierno incumple uno de los compromisos asumidos en el seno del Diálogo Social lo que constituye, en este caso, un pésimo precedente.

Desde la constitución del Gobierno, y durante el proceso de negociación de este subsidio, UGT y CCOO insistieron de nuevo en la necesidad de abordar, además, la reforma del sistema de protección por desempleo para dar una respuesta inmediata a los centenares de miles de personas paradas que carecen de protección, antes y después de la pandemia, y eliminar los vacíos de cobertura existentes.

Este planteamiento sigue en vigor y es hoy más necesario incluso, cuando el Gobierno, pese a que se mantiene la dificultad evidente de encontrar empleo en la actual crisis sanitaria, decide reducir la cobertura a las personas paradas que había acordado con los interlocutores sociales.

El paro registrado sube en 49.558 personas en el mes de octubre, la segunda menor subida en este mes en los últimos 13 años

domingo, 8 de noviembre de 2020

El paro registrado sube en 49.558 personas en el mes de octubre, la segunda menor subida en este mes en los últimos 13 años

Miércoles 4 de noviembre de 2020

La Moncloa

El paro registrado se ha incrementado en todos los meses de octubre en los últimos 25 años y en 2019 aumentó en 97.948 personas en ese mes. El paro desestacionalizado baja en 46.014 personas.

El paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha subido en 49.558 personas (1,31%) en el mes de octubre en relación con el mes anterior. En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 46.014 personas.

Variación mensual del paro registrado

Variación mensual del paro registrado

El paro registrado se ha incrementado todos los meses de octubre desde hace 25 años. De hecho, la subida de este mes en 2020 es la segunda menor en los últimos 13 años. Por ejemplo, en octubre de 2019, el desempleo subió en 97.948 personas.

Variación mensual de paro registrado en los meses de octubre

Variación mensual de paro registrado en los meses de octubre

El total de desempleados y desempleadas es de 3.826.043.

El paro por sectores

Por sectores económicos, el paro registrado se reduce en la Construcción en 365 personas (-0,12%). Aumenta en Servicios en 30.624 personas (1,15%), en Agricultura se incrementa en 10.234 personas (5,75%) y en la industria se registran 786 personas más, un 0,26%.

Variación mensual del paro por sectores

Variación mensual del paro por sectores

En el colectivo Sin Empleo Anterior se incrementa en 8.279 personas (2,45%).

El paro atendiendo al sexo y la edad

El desempleo masculino se sitúa en 1.622.758 al subir en 28.067 (1,76%) y el femenino en 2.203.285, tras incrementarse en 21.491 (0,99%) en relación al mes de septiembre. Se mantiene, por tanto, una preocupante brecha de género.

Variación mensual del paro registrado por género

Variación mensual del paro registrado por género

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se incrementa en octubre en 16.161 personas (4,67%) respecto al mes anterior.

El paro por comunidades autónomas

El paro registrado baja en tres comunidades autónomas: País Vasco (-6.287), Comunidad Valenciana (-3.833) y Murcia (-511).

Variación mensual del paro registrado por comunidad autónoma

Variación mensual del paro registrado por comunidad autónoma

Sube en las catorce comunidades autónomas restantes con Andalucía (9.506), Canarias (8.207) y Cataluña (6.358) a la cabeza en términos absolutos.

Prestaciones del mes de septiembre

El importe total de las prestaciones abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el mes de septiembre asciende a 2.606 millones de euros, un 53% menos que en el mes de mayo, cuando alcanzó su máximo.

El importe acumulado de prestaciones por ERTE desde el mes de marzo hasta el 30 de septiembre alcanza los 12.000 millones de euros.

El total de beneficiarios a final del mes fue de 2.543.056 personas con un aumento respecto al mismo mes del año anterior del 41,6%.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de septiembre de 2020 ha sido de 1.046,1 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 134,6 euros (14,8%).

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de septiembre de 2020 ha sido de 795,3 euros.

Contratos

En el mes de octubre se celebraron 1.551.357 contratos. Suponen una reducción del -30,27% (-673.400) sobre el mismo mes del año 2019.

En octubre de 2020 se han registrado 152.319 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan el 9,82% de todos los contratos.

Los contratos indefinidos del mes de octubre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 85.234 a tiempo completo y 67.076 a tiempo parcial.