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lunes, 9 de noviembre de 2020

FEUSO supera las 600.000 firmas en contra de la Ley Celaá

lunes, 9 de noviembre de 2020

FEUSO supera las 600.000 firmas en contra de la Ley Celaá

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USO

6 noviembre, 2020

La Federación de Enseñanza de USO, junto con la comunidad aglutinada en “Más plurales”, ha recogido en menos de diez días más de 600.000 firmas contra la Ley Celaá

En menos de diez días, la Federación de Enseñanza de USO, en el marco de la plataforma “Más plurales”, ha recabado el apoyo de más de 600.000 personas en la campaña de firmas en contra de la Ley Celaá, la enésima ley educativa de Gobierno. En un país donde cada partido que accede a La Moncloa practica la ideología con el pilar básico de la enseñanza, el consenso y la necesidad de Pacto de Estado que cada cual pide únicamente cuando está en la oposición vuelve a definir la deriva de la nueva ley educativa, la conocida como “Ley Celaá” por el apellido de la Ministra que la lanza.

La LOMLOE o “Ley Celaá”, una ley coja por la falta de consenso

FEUSO se concentró ayer frente al Congreso junto con otros miembros de la comunidad educativa, desde padres y madres de alumnos a otros sindicatos, para pedir que se pare el rodillo de la Ley Celaá. FEUSO y el resto de asociaciones esperaban, no obstante, que su voz se escuchase en el Congreso y no a sus puertas, en la calle. Pero, finalmente, la concentración, autorizada a última hora y con un aforo de cien personas, fue la única aportación que se permitió hacer “en” la Cámara.

“Más plurales”, la plataforma promotora de la concentración, aglutina a sectores de todos los ámbitos de la enseñanza con varios puntos en común. El primero de ellos, la falta de consenso con la que nace, otra vez, una ley de Educación. En este caso, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, LOMLOE.

FEUSO recuerda que se ha tramitado de forma exprés sin negociación, diálogo ni consenso, y en mitad de la mayor crisis sociolaboral de los últimos 70 años. La LOMLOE, por lo tanto, no puede dar estabilidad al sistema educativo, sino que aleja toda posibilidad de alcanzar el necesario y demandado Pacto Educativo. Han prohibido la participación de la sociedad civil en su tramitación.

La comunidad educativa se enfrenta de nuevo a una ley partidista, que no responde a los intereses del conjunto de la sociedad, injusta y discriminatoria, con una fuerte carga ideológica que elimina derechos y libertades individuales y colectivos.

Una ley inoportuna y tramposa, porque no es el momento ni las formas, por la puerta de atrás mientras toda España mira hacia los hospitales, de tramitar una ley que cambia radicalmente el modelo de educación en nuestro país. El momento perfecto para impedir la pluralidad de voces y una participación normalizada de la sociedad en su debate.

Educación Especial, Concertada y Religión, las grandes damnificadas

La LOMLOE parte de varios preceptos que colisionan contra normas de rango superior, como la Constitución; que, en su artículo 27, ampara la pluralidad de elección en su máxima expresión. Sin embargo, la Ley Celaá busca bordear la Constitución para, sin entrar al engorroso y largo trámite de modificarla, ahogar por inanición el resto de itinerarios posibles frente a un solo modelo de educación.

La nueva ley discrimina a la red de centros de enseñanza concertada y a sus trabajadores, y condena al sistema a una progresiva desaparición. El texto omite cualquier mejora a los profesionales del sector de la enseñanza concertada, que no permite unas condiciones laborales equivalentes para todas las plantillas de los centros sostenidos con fondos públicos. Discriminación que, en los últimos años, FEUSO ha tenido que ir corrigiendo a golpe de sentencia.

Asimismo, la ley condena al cierre a los centros de Educación Especial, obligando a las familias a escolarizar a sus hijos en centros ordinarios, aunque esta no sea su elección ni su voluntad, ni lo recomendable para la correcta integración, pues cada caso presenta diferentes capacidades.

Y le pone la puntilla a la asignatura de Religión, dificultando el acceso a ella de las familias que libremente así lo elijan, tal y como recogen los derechos constitucionales. Más de 5 millones de alumnos la cursan en la actualidad.

260.000 puestos de trabajo de la enseñanza, en riesgo por la Ley Celaá

Acabar de facto con el modelo educativo actual pone en riesgo, por lo tanto, a centros educativos, pero también a sus profesionales. En los 9.000 centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos trabajan más de 260.000 personas. Con el recorte súbito de la financiación y el trasvase para potenciar un único itinerario, esos puestos de trabajo están en riesgo.

Y, además de recortes, la ley siembra cizaña entre quién se hace o no con los fondos, sin pararse a analizar cuántos miles de trabajadores hay tras la decisión de hacer política y cuántas familias, 4 millones, han decidido optar por esos otros modelos de educación que ahora quieren ahogar.

Movilización en las redes sociales contra la Ley Celaá

En los últimos meses, la etiqueta o hashtag #StopLeyCelaá ha sido varias veces trending topic en la red social Twitter, en las diferentes campañas promovidas en redes sociales en contra de la LOMLOE. Con motivo de la pandemia y las medidas sanitarias, la movilización digital ha sido más que nunca el foro donde profesionales de la enseñanza y familias han podido mostrar su descontento.

Ayer, unido a #StopLeyCelaá, desde FEUSO y Más Plurales se lanzó un nuevo “tuitazo”. El hashtag #MasPlurales lideró durante varias horas la lista de tendencias en España, con más de 150.000 tuits compartidos.

Si tú también consideras que la enseñanza debe hacernos “Más plurales, más libres, más iguales”, secunda y apoya la campaña con tu firma.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el caso de un préstamo hipotecario en una vivienda de protección oficial referenciado al IRPH-Entidades

lunes, 9 de noviembre de 2020

Viernes, 6 de noviembre de 2020

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el caso de un préstamo hipotecario en una vivienda de protección oficial referenciado al IRPH-Entidades

El Pleno de la Sala de lo Civil desestima por unanimidad el recurso de un consumidor que se había subrogado a un préstamo concedido para financiar una vivienda de protección oficial

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia el recurso interpuesto por un consumidor que se había subrogado en un préstamo concedido para la financiación de una promoción de viviendas de protección oficial.

En la escritura de compraventa y subrogación se había especificado el tipo de interés fijado por la normativa sobre financiación de viviendas de protección oficial, referenciado al IRPH-Entidades. El prestatario solicitó la nulidad de esta cláusula por considerar, entre otras razones, que no cumplía los parámetros del control de transparencia.

Esta pretensión fue desestimada en primera y en segunda instancia y el Pleno de la Sala, por unanimidad, ha desestimado el recurso de casación.

Se adjunta nota de la Sala.

Tribunal Supremo

Sala Civil

Gabinete técnico

Sentencia 585/2020, de 6 de noviembre. Recurso (CAS) 3990/2016

Control de abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario que incorpora el interés fijado por la normativa sobre financiación de viviendas de protección oficial, referenciado al IRPH-Entidades

El Pleno de la Sala Primera ha resuelto en esta sentencia el recurso interpuesto por un consumidor que se había subrogado en un préstamo concedido para la financiación de una promoción de viviendas de protección oficial. En la escritura de compraventa y subrogación se había especificado que el tipo de interés era el resultante de añadir 0,10 puntos al interés establecido en el RD 801/2005, de 1 de julio, para los préstamos hipotecarios que tuvieran por objeto la financiación de viviendas de protección oficial, que se calculaba sobre el índice IRPHEntidades. El prestatario solicitó la nulidad de esta cláusula por considerar, entre otras razones, que no cumplía los parámetros del control de transparencia. Esta pretensión fue desestimada en primera y en segunda instancia y el Pleno de la Sala, por unanimidad, ha desestimado el recurso de casación.

El recurrente alegaba, para justificar la falta de transparencia de la cláusula, que no fue advertido de la posibilidad de obtener una financiación distinta a la contratada. Para desestimar el recurso, la Sala aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su propia jurisprudencia, según la cual la transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato está vinculada con la información que permite al consumidor prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato, pero esto no supone que la entidad bancaria tenga una obligación de asesoramiento sobre las distintas posibilidades de financiación.

En este caso, el consumidor se adhirió a una condición general que establecía la aplicación del régimen de financiación establecido y regulado en una norma reglamentaria, cuyo tipo de interés ha sido revisado periódicamente desde 2005 por sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros (el último de 31 de marzo de 2020) publicados en el BOE. Este conjunto de circunstancias permite considerar que el prestatario tenía a su disposición suficiente información sobre los elementos configuradores de la financiación que contrataba y de la carga económica y jurídica que tal financiación le suponía.

En caso de que la falta de información directa por parte de la entidad crediticia sobre la evolución del índice de referencia en los dos años anteriores (criterio a que hace referencia la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020) pudiera considerarse como determinante de la falta de transparencia de la cláusula cuestionada, tal falta de transparencia no determinaría necesariamente la nulidad de la cláusula. Según reiterada jurisprudencia del TJUE, el efecto de la  falta de transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato no es la nulidad, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, esto es, permite valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

La Sala, al realizar ese juicio de abusividad de acuerdo con los parámetros del TJUE, concluye que el ofrecimiento al consumidor de un préstamo sometido al sistema de financiación previsto para las viviendas de protección oficial en su normativa reguladora no puede considerarse como una actuación del predisponente contraria a las exigencias de la buena fe.

La sentencia no comparte la tesis del recurso sobre el «carácter manipulable» del índice, que está fiscalizado, en todo caso, por la administración pública. El recurrente no ha justificado que este índice sea más fácilmente manipulable que el resto de los índices oficiales y, de hecho, el Euribor, que es el índice cuya aplicación solicita en la demanda, se calcula por una entidad privada (EMMI) y en los últimos años la Comisión Europea ha impuesto fuertes sanciones por la manipulación tanto del Euribor como del Libor.

Tampoco puede aceptarse que la dispar evolución en los años posteriores del IRPH respecto de otros índices, por causas no atribuibles a la entidad bancaria, o la falta de información sobre la evolución futura de tal índice, causara, en el momento de la contratación, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes contrario a las exigencias de la buena fe.

El recurso que resuelve esta sentencia fue deliberado en el Pleno de 21 de octubre, pero no forma parte del grupo de los cuatro recursos mencionados en el adelantamiento del fallo que se hizo público en esa fecha. Las sentencias correspondientes a esos cuatro recursos se publicarán en los próximos días.

Gabinete Técnico, Área Civil

Noviembre, 2020

El juez condena a un año de inhabilitación a la secretaria municipal de Fustiñana (Navarra) por negarse a tramitar expedientes de matrimonio

lunes, 9 de noviembre de 2020

Jueves, 5 de noviembre de 2020

El juez condena a un año de inhabilitación a la secretaria municipal de Fustiñana (Navarra) por negarse a tramitar expedientes de matrimonio

La funcionaria, que también desempeñaba su labor en el Juzgado de Paz, entre cuyas funciones está el Registro Civil, obligaba a los solicitantes a tener que desplazarse hasta Tudela

Autor:Comunicación Poder Judicial

La secretaria del Ayuntamiento de Fustiñana ha sido condenada a abonar 3.240 euros de multa y a un año de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por haberse negado tramitar los expedientes de matrimonio civil a lo largo de los años 2018 y 2019, lo que obligó a los solicitantes a desplazarse hasta Tudela.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona relata que la encausada, M. J. M., también desempeña su labor como funcionaria en el Juzgado de Paz de dicha localidad desde hace aproximadamente 35 años.

Entre las competencias de los Juzgados de Paz se encuentran las funciones del Registro Civil que les corresponden y, en concreto, la instrucción de los expedientes matrimoniales.

La acusada, según asegura el juez, “sabedora de la normativa aplicable y conocedora o debiendo conocer las obligaciones inherentes a su cargo”, se negó a lo largo de los citados años a tramitar los expedientes matrimoniales.

Esta “reiterada negativa”, prosigue el magistrado, se mantuvo “a pesar de los requerimientos realizados por el encargado y el resto del personal del Registro Civil de Tudela”, practicados tanto por escrito como verbalmente.

En el juicio, celebrado el pasado 29 de septiembre, el fiscal solicitó para la procesada una multa de 7.200 euros y una inhabilitación para empleo o cargo público de dos años por un delito de desobediencia cometido por funcionario público del artículo 411 del Código Penal. Subsidiariamente, interesó la aplicación del artículo 410.1, y reclamó una condena de 3.240 euros de multa y un año de inhabilitación. La defensa, por su parte, abogó por la absolución.

En la sentencia, el magistrado acoge la acusación subsidiaria del delito de desobediencia invocado por el fiscal al ser más favorable para la acusada.

En cuanto a las pruebas, el juez manifiesta que en la vista oral no se discutió la existencia de la norma legal que prevé que los juzgados de paz sean competentes para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio civil.

En el juicio, la inculpada declaró que creía que no se tenía que encargar del matrimonio en el Registro Civil, que a ella nunca le dijeron que tenía que llevar los expedientes matrimoniales.

El magistrado, sin embargo, asegura que la procesada, que es “nada menos que la secretaria del Ayuntamiento de Fustiñana y además la encargada del Registro Civil”, tiene unos conocimientos sobre la materia “que superan a todos los operadores jurídicos de la zona”. “Es decir, era ella quien debía indicar sobre la normativa aplicable y no solicitar que le ilustraran sobre la misma”, destaca el juez.

Pasividad reiterada y actitud insistentemente obstaculizadora

En sus razonamientos jurídicos, entre otras sentencias sobre el delito de desobediencia, el juez cita la dictada recientemente por el Tribunal Supremo (TS) sobre el expresidente de la Generalidad de Cataluña en el denominado caso Torra.

“Como se desprende de la sentencia del TS analizada, el hecho de preguntar por la normativa en concreto (que como hemos dicho la acusada tiene la obligación de conocer) o de alegar que quería saber si actuaba en concepto de secretaria del Ayuntamiento o de encargada del Registro Civil de Fustiñana son excusas absolutamente intrascendentes, debía tramitar los expedientes y no lo hizo”, afirma el juez, para quien estas “excusas” constituyen la pasividad reiterada y la actuación insistentemente obstaculizadora a las que hace referencia el Supremo en el caso Torra.

El magistrado concluye que “absolutamente todas las pruebas practicadas denotan sin margen de duda que la acusada, a pesar de saber que debía tramitar los expedientes de matrimonio a realizar por el Juzgado de Paz de Fustiñana, se opuso a ello sin motivo alguno a pesar de los numerosos requerimientos que se le realizaron y de las quejas de los vecinos de la localidad que querían contraer matrimonio en la misma”.

El déficit del Estado se sitúa hasta septiembre en el 5,09% del PIB por el impacto de la COVID-19

lunes, 9 de noviembre de 2020

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado se sitúa hasta septiembre en el 5,09% del PIB por el impacto de la COVID-19

Viernes 30 de octubre de 2020

La Moncloa

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que reflejan el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas para gestionar esta emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias de la crisis.

En concreto, el Ministerio de Hacienda difunde hoy el dato de déficit del Estado hasta septiembre, que se sitúa en el 5,09% del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social del mes de agosto, que se sitúa en el 7,07% del PIB, excluyendo la ayuda financiera.

Al igual que en los meses previos, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y la batería de medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

Déficit del Estado (septiembre)

En los nueve primeros meses del año, el déficit del Estado se sitúa en 56.291 millones de euros lo que equivale al 5,09% del PIB. Se trata de una cifra más moderada que el mes anterior. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 3,56%.

Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 12,3%, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 18,5%, hasta 188.672 millones. Ese comportamiento se explica, fundamentalmente, por el aumento de programas sanitarios y por las mayores transferencias a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

Además, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros se sitúan en 132.381 millones, lo que supone una disminución del 12,3% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de septiembre están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Así, los recursos impositivos -representan el 82,4% del total- se sitúan en 109.120 millones, lo que implica una disminución del 14%. Retroceden la mayor parte de las figuras tributarias. Por un lado, se produce un descenso del 12,7% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 14,3%, hasta los 50.252 millones. Este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y por la minoración de ingresos de medidas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la COVID-19. En cualquier caso, el IVA sigue moderando su caída respecto a la registrada en meses anteriores.

También respecto a los impuestos sobre la producción y las importaciones, hay que recordar que en 2020 se ha recuperado el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya que en 2019 se suspendió la presentación e ingreso del cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2019. Por tanto, la recaudación hasta septiembre por este impuesto asciende a 747 millones, frente a unos ingresos de 317 millones en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero crecen un 21,9%.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 16,1%, siendo también la reducción de la recaudación más moderada respecto a la experimentada en meses anteriores. El Impuesto sobre Sociedades baja un 2,6%. Por su parte, el IRPF desciende un 21,7% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 56,1% y las cotizaciones sociales un 1,0%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 31,2% así como los intereses, que disminuyen un 17,5%. Destaca el buen comportamiento de los dividendos del Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando en parte el descenso registrado en los dividendos de ENAIRE y de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en 2020.

Empleos no financieros del Estado

Hasta septiembre los empleos no financieros han ascendido a 188.672 millones, cifra superior en un 18,5% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las CCAA y a la Seguridad Social.

Las transferencias a las CCAA aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior. El objetivo de estas medidas es garantizar a las CCAA los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad.

A lo anterior hay que sumar la parte correspondiente a los dos primeros tramos del Fondo COVID por importe de 8.000 millones (sobre un total de 16.000 millones). Este fondo no reembolsable -las CCAA no lo tienen que devolver- se distribuye teniendo en cuenta los costes derivados de la pandemia en el sistema sanitario, educativo, así como para compensar la caída de los ingresos fiscales autonómicos.

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las CCAA han recibido, entre otros, 300 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por el COVID-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.

Los consumos intermedios se incrementan en un 16,7%, crecimiento en el que inciden los 851 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,9% debido a la subida salarial del 2% así como a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 6,7%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%, mientras que la cooperación internacional corriente se incrementa en un 19,3%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 51%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7). También esta rúbrica incluye un gasto relacionado con la pandemia de 98 millones por la compra de respiradores mecánicos.

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 9,9% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 898 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 39,9%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

Déficit conjunto de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social (agosto)

Hasta agosto de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 78.127 millones, lo que equivale al 7,07% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 78.104 millones de euros, también el 7,07% del PIB.

Administración Central

La Administración Central ha registrado un déficit del 5,52% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 23 millones hasta agosto.
•El déficit del Estado en agosto equivale al 5,45% del PIB, lo que supone 60.248 millones.
•Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 743 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,07% del PIB, lo que implica un descenso del 33,8% respecto a 2019.

Comunidades Autónomas

La Administración regional ha registrado un superávit 2.097 millones, lo que supone el 0,19% del PIB, frente al déficit del 0,25% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CCAA y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.

En concreto, la obtención de este resultado obedece al adelanto de la financiación procedente del Estado: se han transferido 5.976 millones correspondientes al Tramo I del Fondo COVID-19, 325 millones del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales, 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia; se ha adelantado la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, lo que supone 447 millones; incremento de recursos provenientes de la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación, y además con la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, se transfirió el importe derivado de dicha actualización entre marzo y abril.

Además, los ingresos se han incrementado un 8,3%. En este sentido, cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos en un 8,7%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 20% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 11,9%, por los mayores recursos recibidos del Estado.

Como ya se ha advertido en los meses previos, hay que tener en cuenta que tanto en 2019 como en 2020 ha habido prórroga de los Presupuestos Generales, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 24%, destacando el descenso del 22,4% del ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 3,8%, los consumos intermedios crecen un 9,6%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 4,9% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID hasta agosto. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 2,0%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia.

Las subvenciones se elevan un 13,9% y las prestaciones sociales un 6,6%. Entre los gastos que descienden nos encontramos con las transferencias entre AAPP, que caen en un 4,7%, así como los intereses y la inversión, que disminuyen en un 15,8% y en un 3,3%, respectivamente.

Todas las CCAA (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta agosto de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla la Mancha y Murcia, el resto, es decir un total de 13 CCAA, logran situarse en superávit.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza los 4.851 millones en gasto en sanidad, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,74% del PIB. El comportamiento de este subsector responde, fundamentalmente, a los impactos ocasionados por la crisis derivada de la COVID-19, especialmente sobre las prestaciones sociales. Los recursos se han incrementado un 13,5%, por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 24%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 22.085 millones, lo que representa el 2% del PIB, y supone un 78,5% de todo el incremento de gasto registrado.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 6.428 millones, un 0,58% del PIB, frente al déficit del 0,63% del PIB registrado hace un año, lo que representa un descenso del 17,7%. Esta favorable evolución se debe a la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 82.914 millones, con un incremento del 0,6% respecto a los de finales de agosto de 2019. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 106.514 millones, un 9,1% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la COVID-19.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 12.689 millones hasta agosto. Las cotizaciones sociales descienden un 2,9%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta agosto en 13.633 millones.

La evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de agosto cercano a los 11.000 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la cobertura frente a la COVID-19 suponen el 59,7% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 2.420 millones, un 51,6% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la COVID-19 y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra un resultado negativo de 116 millones.

El Presidente de CEOE apuesta por la colaboración público-privada, la digitalización y el diálogo social.

lunes, 9 de noviembre de 2020

20 Octubre 2020

CEOE

En la inauguración del XVII Foro de Diálogo Italia-España

El Presidente de CEOE apuesta por la colaboración público-privada, la digitalización y el diálogo social.

Clausuraron el acto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte. En el marco del Foro, representantes de CEOE y de CONFINDUSTRIA mantuvieron una reunión para estrechar la cooperación bilateral de cara a la recuperación económica.

Foro de Diálogo España-Italia

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, apostó por la colaboración público-privada, la digitalización, la seguridad jurídica, el diálogo social o la formación de cara a la recuperación económica, durante el XVII Foro de Diálogo Italia-España que se celebró hoy en Roma y que estuvo organizado por CEOE y la Fundación AREL. Junto a ellos, intervinieron los copresidentes de dicho Foro, Enrico Letta por parte italiana y Josep Duran i Lleida por parte española. Clausuraron el acto, en el que intervinieron altos cargos institucionales y numerosos representantes del mundo económico y empresarial de ambos países, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte. En el marco del evento, representantes de CEOE y de CONFINDUSTRIA mantuvieron una reunión para estrechar la cooperación bilateral, especialmente en el seno de la Unión Europea.

Contexto internacional

En la sesión de apertura intervino el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien se centró en hablar de la respuesta europea a la crisis y la dimensión geopolítica en la que nos encontramos. En este sentido, informó de la caída del PIB prevista a nivel mundial en torno al 5%, y que estará repartida de forma muy desigual, ya que, en Europa se prevén caídas de entre el 10% y el 15%. En su opinión, tanto el Banco Central como los Estados miembros actuaron con rapidez frente a la crisis, acudiendo de forma mancomunada a los mercados financieros y haciendo transferencias a los países a fondo perdido. Lo importante, añadió, es gastar bien el dinero que, de cara a la recuperación, irá principalmente destinado a la digitalización y al cambio climático. Borrell habló de las 3 B: “Building Back Better”, para destacar la necesidad de reconstruir un futuro mejor, sin reproducir el pasado.

El nuevo contexto geopolítico, aseguró el representante de la UE, viene marcado por dos grandes escenarios: el desarrollo de África y de sus sistemas políticos, y la rivalidad entre China y Estados Unidos. El gigante asiático jugará un papel fundamental en esta nueva realidad. El futuro de Europa, indicó, dependerá, en gran parte, de lo que haga con sus poderes blandos (digitalización, comercio…). “Estamos ante un mundo más desigual, más libre, más digital, en el que se cuestionan los sistemas democráticos y el multilateralismo es poco efectivo”, sentenció. Además, insistió, “ahora todos debemos ser Keynesianos”, aumentando el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. El problema, subrayó, es que la gente tiene miedo y tiende al ahorro, lo que disminuye el consumo y, en consecuencia, el empleo. En este nuevo contexto, recalcó, habrá que construir respuestas sobre la marcha y no todos los países están preparados para dar las mismas respuestas. Regiones como América Latina se enfrentan a una década de crecimiento perdido, aseveró. Por otro lado, Europa es muy dependiente de China, reiteró, por lo que debe fomentar la transformación digital para no perder el liderazgo tecnológico. El futuro de África también marcará el contexto internacional, dependiendo de si adopta sistemas más democráticos o más totalitarios, informó. Por todo ello, ante esta “tormenta perfecta”, Europa debe mostrarse más firme que nunca en sus principios y valores, nivelando el campo de juego con China, apostando por el diálogo y la sostenibilidad. “Debemos redefinir nuestro propio camino al modo de Sinatra, es decir, in my way”, concluyó.

Inauguración

En la sesión de inauguración, participaron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; los copresidentes de dicho Foro, Enrico Letta por parte italiana y Josep Duran i Lleida por parte española; y los embajadores de Italia en España, Riccardo Guariglia y de nuestro país en Italia, Alfonso Dastis.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, hizo un decálogo de recomendaciones de cara a la recuperación económica. En este sentido, apostó por tener una visión de medio y largo plazo para llevar a cabo las inversiones necesarias para hacer de España un país más competitivo, resiliente y sostenible. La transición energética es fundamental para alcanzar esta sostenibilidad, puntualizó. La confianza a través de la seguridad jurídica es fundamental, así como el consenso y diálogo social para llegar a acuerdos que nos ayuden a salir de la crisis. Es imprescindible un marco regulatorio más flexible y adaptado a los cambios de la economía española, subrayó; y, en este contexto, la colaboración público-privada para mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios públicos, tanto en el ámbito de la educación y la sanidad, como en el de las Infraestructuras, es crucial.

Asimismo, consideró prioritario conservar el tejido productivo a través de medidas que están funcionando, como los ERTEs o las líneas de avales públicos; y se debe potenciar la reindustrialización para generar un empleo de calidad y mejor remunerado. El objetivo debe ser, recalcó, alcanzar un peso del 20% sobre el PIB. La innovación y la digitalización del tejido productivo, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y de la Administración pública son indispensables; así como la estabilidad presupuestaria. Hay que disponer del gasto público necesario en el corto plazo para salir de la crisis, y volver a una senda de estabilidad fiscal a medio y largo plazo. “Es importante gastar bien”, insistió. Por último, Garamendi incidió en la igualdad de oportunidades y el crecimiento inclusivo a través de la formación y la educación. “La prioridad son las personas y el empleo, ésta es la mejor fórmula de inclusión social”, sentenció. En esta línea, aseguró que no debemos dejar a nadie atrás en la recuperación y en las transformaciones energéticas y digitales.

Los copresidentes del Foro, Enrico Letta y Josep Duran i Lleida, insistieron en fomentar el diálogo entre los Estados miembro y las instituciones para encarar la recuperación económica. “No podemos afrontar los problemas solos, Italia y España deben unirse para hacer frente a las dificultades, que no son sólo nacionales, sino también europeas”, subrayó Letta. Por su parte, Duran i Lleida, destacó que no es momento de competir entre nosotros, sino de cooperar los países unidos, y potenciar la cooperación público-privada. Toda crisis lleva consigo una oportunidad, prosiguió, pero hay que saber aprovecharla; “la integración europea es la respuesta a nuestros problemas”.

Los embajadores de Italia en España, Riccardo Guariglia y de nuestro país en Italia, Alfonso Dastis, abogaron por que la competitividad entre países se transforme en cooperación, “cuando España e Italia trabajan juntos, no sólo es mejor para ambos, sino también para Europa”, señalaron. Asimismo, informaron de que la población de los dos países representa casi un cuarto de la europea, y sus economías cerca del 22% de la del conjunto de Europa. Por tanto, “la unión hace la fuerza, y este foro es un win-win para todos”, resaltaron.

Proyecto común

El ministro italiano de Exteriores, Luigi Di Maio, destacó que nuestras relaciones son estratégicas para el futuro de Europa, y que juntos estamos construyendo el futuro del proyecto europeo, por eso es crucial reforzar la sintonía y cooperación entre nuestros países. Se centró, además, en la importancia de la Next Generation EU; del cambio climático; de la estabilidad económica; de la integración europea; y de propuestas concretas para reformas institucionales. Debemos colaborar España e Italia unidos por nuestro interés común, y en aras de renovar la Unión Europea, para hacer frente no sólo a ésta, sino también a futuras crisis, insistió.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, a su vez, apostó por reforzar el multilateralismo a partir de la autonomía estratégica, reduciendo la interdependencia de Europa. Señaló también cuatro áreas prioritarias para esta Región, que son la salud, la movilidad, las cadenas globales de valor y las nuevas tecnologías. En este sentido, aseguró que necesitamos una Organización Mundial de la Salud más fuerte, con mayor capacidad de reacción y mejor financiada; acortar las cadenas de valor, que sean más cercanas, pero en base a un sistema de comercio abierto con una reglamentación adecuada; apostar por la tecnología, fijando estándares concretos, con una fiscalidad más justa y mejor gobernanza digital; e impulsar la sostenibilidad en todas sus vertientes. “Este foro es una ocasión perfecta para impulsar nuestras relaciones económicas, comerciales y de inversión; y lograr que ese cuarto de la población europea unida transforme la vanguardia de Europa en la era post-Covid”, sentenció.

Reunión CEOE y CONFINDUSTRIA

En el marco del foro, el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, mantuvo una reunión con los máximos representantes de CONFINDUSTRIA, para impulsar y fomentar nuestras relaciones bilaterales; así como en el seno de BusinessEurope (patronal europea), en aras de abordar más en profundidad intereses comunes, entre ellos la política industrial europea. Durante la reunión, en la que también participó el director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se apostó por el diálogo entre países, la cooperación permanente entre instituciones, y por defender el multilateralismo, con el objetivo de construir una Europa más cohesionada y resiliente.

Foro de Diálogo Italia-España

Desde 1999, el Foro de Diálogo España-Italia reúne periódicamente a personalidades relevantes de la política, del empresariado y de la sociedad civil española e italiana, con el objetivo de guiar y fortalecer la colaboración entre ambos países.

En esta edición, intervinieron, además de los ya mencionados anteriormente, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro italiano del Ambiente, Sergio Costa; el comisario europeo de Asuntos Exteriores y Monetarios, Paolo Gentiloni; el vicepresidente de CEOE, Josep Sánchez Llibre; y representantes de importantes instituciones europeas y CEOs de empresas de ambos países. En el transcurso de la jornada, todos ellos debatieron acerca de los grandes temas del Next Generation EU; de la innovación y la digitalización, como los principales motores de la renovación europea; y abordaron el Green New Deal, para hacer frente al desafío de la sostenibilidad en Europa.

La clausura del Foro, que tendrá lugar esta tarde, correrá a cargo del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte.