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Archivo del 14 de noviembre de 2020

Molino. Aguilar de Campoo

sábado, 14 de noviembre de 2020

Los registradores aclaran las grandes dudas societarias sobre prevención del blanqueo

sábado, 14 de noviembre de 2020

Los registradores aclaran las grandes dudas societarias sobre prevención del blanqueo
El protocolo familiar exige nombrar un solo representante como titular real
Una sociedad controlada por una cotizada no está exenta de proceder a la identificación
Xavier Gil Pecharromán
2/11/2020 – El Economista
Todos los firmantes de un protocolo familiar que sindiquen su voto en una sociedad para ejercitarlo frente a los socios no familiares de una manera conjunta, se consideran cotitulares y, por tanto, deben designar a un representante como titular real (TR) a los efectos de la prevención del blanqueo de capitales.

Así, se determina en las Normas sobre procedimiento del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), sobre la identificación del Titular Real a los efectos de la legislación antiblanqueo, elaborado por el Colegio de Registradores de España y remitido a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia para su aprobación y puesta en marcha.

Así, por ejemplo, si padre, madre e hija poseen cada uno el 15% del capital y del derecho de voto de una sociedad en que existe un socio mayoritario con el 55% y en virtud del protocolo familiar se sindica el voto, el grupo familiar es titular registral por el 45% aunque la participación de cada uno individualmente considerada no supere el umbral del 25%, previsto en la Ley.

En una sociedad de capital sobre acciones y participaciones, la totalidad del capital de tres socios por terceras partes sobre todas y cada una de las acciones o participaciones no confiere a ninguno de ellos la cualidad de TR sobre la legislación antiblanqueo, porque el poder de decisión y control no recae sobre ninguno de ellos. El Derecho de sociedades -artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC)- les obliga a designar una sola persona como representante común y responden solidariamente.

Esta misma regla es aplicable a cualesquiera otras situaciones de cotitularidad de derechos sobre participaciones o acciones, como la llamada comunidad germánica en todas sus manifestaciones, en las que la cosa o el derecho común pertenece a todos los comuneros, sin fijación de una cuota determinada.

Titularidades indirectas
Los casos de titularidad indirecta plantean más problemas de identificación del TR como beneficiario último. Es una de las prioridades de la lucha antiblanqueo, puesto que los propósitos defraudatorios suelen instrumentarse a través de cadenas de control prolongadas y enmarañadas con sociedades puente en paraísos fiscales o bajo regímenes más o menos opacos de transparencia de la composición subjetiva.

En el ordenamiento jurídico nacional e internacional no se regulan definiciones firmes a este respecto, sino todo lo contrario, ya que se da una definición poco clara que incluye tres modalidades aparentemente distintas de participación indirecta: la propiedad del TR sobre el capital de la sociedad participada; el control del TR sobre la sociedad participada usualmente a través de los derechos de voto que ostenta el TR sobre la declarante; y el control por otros medios.

En cuanto a la propiedad, el ordenamiento jurídico dispone que el TR es la persona física que posea más del 25% del capital, lo que implica que es TR quien de forma directa o indirecta posea un interés económico sobre el patrimonio de la sociedad, en el control indirecto.

Sociedades interpuestas
Ante un supuesto de sociedades interpuestas, la participación del TR se podrá calcular llevando a cabo el producto de los tantos por cientos de participación, pudiendo obtener el tipo o tanto de participación efectiva. En cuanto al supuesto de control en último término del TR sobre la entidad declarante, se utiliza un control equivalente al expresado en las cuentas consolidadas para determinar el control de la matriz sobre filiales y subfiliales. En este sentido se pronuncia la normativa europea.

En estas situaciones, al ir alargando la cadena de titularidad, se obtendrá una participación efectiva inferior al 25% exigido legalmente. Así, por tanto, se deberá calcular a través de lo que en Derecho comparado se denomina método en cascada, que puede ser de cascada simple, si solo se tienen en cuenta los eslabones conectados por participaciones financieras superiores al 50% o el método complejo de la cascada», si se considera que no se interrumpe el flujo de control, cuando un eslabón de la cadena está conectado con el siguiente por control por otros medios» idóneos, como, por ejemplo, una filial que controla a una subfilial participada financieramente al 20% gracias a pactos con terceros, por lo que se utilizará este método.

Además, está el caso del control por otros medios, originado cuando el control a través del derecho de voto se hace efectivo mediante mecanismos diferentes a los de participación financiera en el capital o el patrimonio.

Cotizadas intermedias
Una sociedad controlada por una cotizada no está exceptuada de identificar el TR, si una sociedad anónima o limitada es una filial totalmente participada por una cotizada que, a su vez, cuenta con una cierta persona física que ostenta el control y, por tanto, es el TR. Esos datos figuran de los Registros de participaciones significativas que establece la legislación española y la comunitaria sobre transparencia y que mantiene actualizados el correspondiente órgano de supervisión del mercado.

En el caso que en una compañía haya acciones sin voto, se debe tener en cuenta esta circunstancia para identificar al titular real, algo que se da sobre todo en las sociedades limitadas. En caso de cómputo discrepante según el capital y el control a través del voto, prevalece este segundo.

Mayorías reforzadas
Si por regla general la posesión de más del 50% de los derechos de voto asegura al titular de las acciones el control de la sociedad, esta circunstancia quiebra si en estatutos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, se exige, por ejemplo, más del 70% del total de los derechos de voto para nombrar y destituir administradores o para adoptar acuerdos estratégicos.

En esta sociedad, si el accionista mayoritario tiene un 70% de intereses contrapuestos al del titular del 30% del voto, ambos gozan de un poder de veto por lo que el TR es la de dos titulares reales con igual «poder de voto» al 50%. Se trata de sustituir el porcentaje de votos por un índice adecuado de poder de voto.

Un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones que contiene una cláusula conforme a la que un cliente ha consentido en la obtención y la conservación de su documento de identidad no puede demostrar que esa persona haya dado válidamente su consentimiento cuando la correspondiente casilla haya sido marcada por el responsable del tratamiento antes de la firma del contrato

sábado, 14 de noviembre de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 137/20

Luxemburgo, 11 de noviembre de 2020

Sentencia en el asunto C-61/19

Orange România SA/Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones que contiene una cláusula conforme a la que un cliente ha consentido en la obtención y la conservación de su documento de identidad no puede demostrar que esa persona haya dado válidamente su consentimiento cuando la correspondiente casilla haya sido marcada por el responsable del tratamiento antes de la firma del contrato

Lo mismo sucede cuando se induce a error al consumidor en cuanto a la posibilidad de celebrar el contrato en caso de negativa del tratamiento de sus datos, o cuando la libre elección de oponerse a dicha obtención y conservación se ve afectada por la exigencia de un formulario adicional en el que se exprese esa negativa

Orange România SA presta servicios de telecomunicaciones móviles en el mercado rumano. El 28 de marzo de 2018, la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Carácter Personal (Autoridad Nacional de Supervisión del Tratamiento de Datos Personales) (ANSPDCP) le impuso una multa por haber obtenido y conservado las copias de los documentos de identidad de sus clientes sin el consentimiento expreso de estos.

Según la ANSPDCP, durante el período comprendido entre el 1 y el 26 de marzo de 2018, Orange România había celebrado contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones móviles que contenían una cláusula conforme a la que se había informado a los clientes y estos habían consentido en la obtención y la conservación de una copia de su documento de identidad con fines de identificación. La casilla relativa a dicha cláusula había sido marcada por el responsable del tratamiento antes de la firma del contrato.

En estas circunstancias, el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía) solicitó al Tribunal de Justicia que precisara las condiciones en las que puede considerarse válido el consentimiento de los clientes para el tratamiento de datos personales.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que el Derecho de la Unión 1 contempla una lista de los casos en que un tratamiento de datos personales puede considerarse lícito. En particular, el consentimiento del interesado debe ser libre, específico, informado e inequívoco. En este sentido, el consentimiento no se presta válidamente en caso de silencio, de casillas ya marcadas o de inacción.

Además, cuando el consentimiento del interesado se haya prestado en el marco de una declaración escrita que se refiere también a otras cuestiones, esta declaración debe presentarse de forma inteligible y de fácil acceso, y utilizando un lenguaje claro y sencillo. Para garantizar al interesado una verdadera libertad de elección, las estipulaciones contractuales no deben inducir al interesado a error sobre la posibilidad de celebrar el contrato aun cuando se niegue a dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos.

El Tribunal de Justicia precisa que, al ser Orange România la responsable del tratamiento de los datos personales, debe ser capaz de demostrar la licitud del tratamiento de esos datos y, por lo tanto, en el presente asunto, la existencia de un consentimiento válido de sus clientes. A este respecto, como en este caso no parece que los propios clientes interesados hubiesen marcado la casilla relativa a la cláusula sobre la obtención y la conservación de las copias de su documento de identidad, el mero hecho de que esa casilla esté marcada no demuestra que exista una manifestación afirmativa de su consentimiento. Corresponde al Tribunalul București efectuar las comprobaciones necesarias a este respecto.
Asimismo, según el Tribunal de Justicia, corresponde al Tribunalul București comprobar si las estipulaciones contractuales controvertidas podían inducir a error a los clientes interesados en cuanto a la posibilidad de celebrar el contrato pese a no consentir en el tratamiento de sus datos, a falta de precisiones sobre esta posibilidad. Además, en caso de negativa de un cliente a consentir en el tratamiento de sus datos, el Tribunal de Justicia observa que Orange România exigía que este declarase por escrito que no consentía ni en la obtención ni en la conservación de la copia de su documento de identidad. Según el Tribunal de Justicia, este requisito adicional afecta indebidamente a la libre elección de oponerse a esa obtención y a esa conservación. En todo caso, dado que la referida sociedad está obligada a demostrar que sus clientes manifestaron su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales mediante un comportamiento activo, no puede exigirles que manifiesten su negativa de manera activa.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia concluye que un contrato relativo a la prestación de servicios de telecomunicaciones que contenga una cláusula conforme a la cual el interesado ha sido informado y ha consentido en la obtención y la conservación de una copia de su documento de identidad con fines de identificación, no permite demostrar que esa persona haya dado válidamente su consentimiento para dicha obtención y dicha conservación, cuando la casilla referente a dicha cláusula haya sido marcada por el responsable del tratamiento de datos antes de la firma del contrato, o cuando las estipulaciones contractuales de dicho contrato puedan inducir al interesado a error sobre la posibilidad de celebrar el contrato en cuestión pese a negarse a consentir en el tratamiento de sus datos, o cuando la libre elección de oponerse a dicha obtención y a dicha conservación se vea indebidamente obstaculizada por ese responsable, al exigir que el interesado, para negarse a dar su consentimiento a ese tratamiento, cumplimente un formulario adicional en el que haga constar esa negativa

1 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31), y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1).

Estado de situación del COVID-19

sábado, 14 de noviembre de 2020

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Lunes 9 de noviembre de 2020

La Moncloa

Actualización nº 246. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19).

09.11.2020 (datos consolidados a las 14:00 horas del 09.11.2020)

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs). Se incluyen los casos notificados antes del 11 de mayo en los que está registrada una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) así como todos aquellos que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento.

A partir del 11 de mayo se incluyen todos los casos notificados confirmados según una PDIA tal como se establece en la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 1.381.218 casos confirmados de COVID-19 y 39.345fallecidos (Tabla 1, Tabla 5, Figura 1, Figura 2).

La AIReF estima un déficit del 8% del PIB, tras alcanzar el 11,6% en 2020

sábado, 14 de noviembre de 2020

05/11/2020

Comparecencia de Cristina Herrero en la Comisión de Presupuestos

La AIReF estima un déficit del 8% del PIB, tras alcanzar el 11,6% en 2020

• En el escenario central, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que el PIB podría disminuir un 11,1% en 2020 y que se recuperaría en 2021 hasta alcanzar un crecimiento del 8,2%

• Las diferencias entre los escenarios de la AIReF y el del Gobierno se deben sobre todo a la velocidad de la recuperación esperada, estrechamente ligada a las hipótesis sobre la evolución de la pandemia

• En el escenario central, los ingresos se situarán en el 42,5% en 2021, seis décimas por debajo de lo previsto por el Gobierno, debido a que la AIReF espera una recaudación menor de los impuestos

• La materialización del escenario macroeconómico pesimista de la AIReF supondría una previsión de ingresos de 18.400 millones de euros menor que la del Gobierno, mientras en el escenario optimista se alcanzaría la previsión del Plan Presupuestario

• La AIReF proyecta un aumento en la ratio de deuda sobre PIB en torno a 23 puntos en el año 2020, y una reducción de hasta 2,4 puntos en 2021. Esto situaría la ratio de deuda sobre PIB en el 118,4% y el 116% del PIB en 2020 y 2021, respectivamente

• La institución reitera la recomendación de diseñar una estrategia fiscal nacional a medio plazo y realiza dos recomendaciones nuevas dirigidas a gestionar la incertidumbre y mejorar la información de alta frecuencia

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, compareció hoy en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, donde presentó el Informe sobre las Líneas Fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas 2021, en el que la institución analiza el Plan Presupuestario del Gobierno y en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. En el informe, la AIReF estima un déficit público del 11,6% del PIB en 2020, que bajará al 8% en 2021.
Cristina Herrero inició su intervención resaltando el escenario cambiante en el que se enmarca la valoración de los Presupuestos. En tan solo unas semanas las perspectivas de crecimiento a nivel global han virado hacia escenarios más pesimistas a medida que se constata la gravedad y extensión de la segunda oleada de la pandemia de coronavirus. En este contexto, para valorar el cuadro macroeconómico de los

Presupuestos, la AIReF ha seguido elaborando escenarios contingentes a la evolución de la pandemia. Estos escenarios se han revisado respecto a los empleados a comienzos de octubre en el aval del Plan Presupuestario para recoger la información más reciente sobre la evolución de la actividad económica y el agravamiento de la pandemia.
En un escenario central en el que se supone que persiste la pandemia, pero no es necesario un confinamiento generalizado, la AIReF estima que el PIB podría disminuir un 11,1% en 2020 y se recuperaría en 2021 hasta alcanzar un crecimiento del del 8,2%. En un escenario optimista, en el que los rebrotes actuales se controlan y la confianza y el gasto se recuperan de manera rápida, el PIB podría aumentar hasta un 10,0% en 2021, tras descender un 10,7% en 2020. Por último, si la contención de la segunda oleada requiere medidas más severas de restricción de la movilidad y de la actividad económica, o se asume una mayor persistencia de la pandemia, la previsión de crecimiento del PIB para 2021 se reduce hasta un 6,5%, tras caer un 11,4% en 2020. En estos tres escenarios se incorpora un impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de 2,7 puntos en 2021, estimado a partir del modelo econométrico de la AIReF.
Sobre la base de estos escenarios, la AIReF sigue considerando que el escenario macroeconómico de los Presupuestos 2021 podría ser alcanzable si confluyen circunstancias favorables tanto en lo que respecta a la evolución de la pandemia, como a la ejecución e impacto de los fondos recibidos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y los demás fondos de Next Generation EU, que en el escenario del Gobierno constituyen la palanca sobre la que se sostiene la recuperación económica. No obstante, la AIReF hace notar el riesgo de que se materialicen escenarios menos benignos, asociados a menores tasas de crecimiento. De hecho, las previsiones de crecimiento del Gobierno para 2021 se encuentran en el rango superior de los escenarios elaborados por la AIReF.
Las diferencias entre los escenarios de la AIReF y el del Gobierno se deben no tanto al impacto estimado del PRTR como a la velocidad de la recuperación esperada, estrechamente ligada a las hipótesis sobre la evolución de la pandemia. El agravamiento reciente de la pandemia aleja la posibilidad de que se materialice la hipótesis sobre la que se sustentan las previsiones macroeconómicas del Gobierno, que asumen que los rebrotes se mantienen controlados y concentrados, sin dar lugar a medidas de confinamiento estrictas. Además, las previsiones del Gobierno suponen que a lo largo de 2021 se producen avances significativos en la lucha contra la pandemia que permiten una progresiva recuperación de la normalidad. Por su parte, la AIReF considera que, pese a los avances en el desarrollo de una vacuna y de tratamientos contra la COVID-19, aún es muy incierto el momento en el que podrían estar disponibles para su uso masivo entre la población y el grado de cobertura que podrían alcanzar, de forma que permitiesen resolver la crisis sanitaria de forma efectiva y eliminar así las medidas de contención de la pandemia que lastran el crecimiento económico.
En cuanto al PRTR, la AIReF destaca la necesidad de que la selección de los proyectos y reformas se haga con la máxima exigencia, para que éstos tengan los efectos multiplicadores deseados sobre la actividad económica a corto y medio plazo.

Escenario presupuestario
En el escenario central, la AIReF estima un déficit de las AAPP de 8% del PIB en 2021 tras el 11,6% en 2020. Ambas cifras son superiores a las recogidas en el Plan Presupuestario (11,3% en 2020 y 7,7% en 2021). La recuperación económica, la retirada progresiva de las medidas implementadas por la crisis de la COVID–19 y las modificaciones tributarias incluidas en el proyecto de Presupuestos impulsarán esta reducción del déficit. En sentido contrario, las nuevas medidas de gasto implican una menor reducción del déficit. Con un efecto neutral sobre el déficit, las estimaciones de la AIReF asumen la implementación del PRTR en 2021 de acuerdo con las previsiones del Gobierno, lo que supone un incremento de ingresos y gastos de 2,8 puntos del PIB.
Tras una caída del 6,4% en 2020, la AIReF prevé que los ingresos crecerán en 2021 un 6,2%, situándose en el 39,7% del PIB, 42,5% incluyendo los ingresos del PRTR. Este nivel sería 6 décimas inferior a lo previsto en el Plan Presupuestario. En ambos casos, la previsión de ingresos está basada en escenarios macroeconómicos que contemplan una rápida y efectiva implementación del PRTR y en la aprobación de los Presupuestos con las modificaciones impositivas propuestas y con las nuevas figuras anunciadas. La AIReF estima un menor crecimiento de los impuestos, en torno a un punto del PIB. Las diferencias en el impacto de las medidas tributarias se concentran en los nuevos tributos por el previsible retraso en su aprobación. Por el contrario, la AIReF prevé una evolución más positiva de las cotizaciones sociales y otros ingresos corrientes.
Los gastos se situarán en 2021, sin incluir el PRTR, en el 47,6% según las estimaciones de la AIReF, frente al 48% del Plan Presupuestario, tras el máximo del 52,5% del PIB en 2020. La progresiva retirada de las medidas implementadas en 2020 se verá parcialmente compensada por las medidas contempladas en el Presupuesto 2021 y por la consolidación de parte del gasto sanitario. En términos nominales, los empleos bajarían un 0,6%, mientras que el Plan Presupuestario contempla una subida del 0,4%, asumiendo una mayor consolidación del gasto asociado a la pandemia. No obstante, la implementación del PRTR impulsará el crecimiento del gasto, 5,4% según la AIReF, hasta situarse en el 50,5% del PIB.
Las estimaciones del escenario central de la AIReF siguen sometidas a un elevado grado de incertidumbre por la propia evolución de la crisis sanitaria de la COVID–19 y sus efectos sobre la actividad económica, a lo que se suman los riesgos de implementación del PRTR. La materialización del escenario macroeconómico pesimista esbozado por la AIReF supondría una menor previsión de ingresos en torno a 18.400 millones de euros, mientras que se mantendrían en torno a las previsiones del Plan Presupuestario en el caso del escenario optimista. Además, los riesgos en la implementación del PRTR podrían suponer un menor crecimiento, que se traduciría en un mayor déficit para las AAPP.
Por subsectores, la Administración Central continuará asumiendo parte del déficit del resto de subsectores, Fondos de Seguridad Social y Comunidades Autónomas, a través de transferencias directas. Por otra parte, la implementación del PRTR afectará a todos los subsectores, aunque es neutral también para cada una de las administraciones. Respecto a las tasas de referencia recogidas en el Plan Presupuestario, la AIReF estima
para 2021 desviaciones en el caso de la AC y los FSS, compensados en parte por un menor déficit de las CCAA.

Sostenibilidad
La paralización de la actividad económica y el incremento de las necesidades de financiación derivadas de la crisis de la COVID-19 provocarán un fuerte aumento, en principio temporal, del déficit público que a su vez acarreará un incremento permanente en el nivel de deuda pública sobre el PIB, situándola en su valor máximo de los últimos cien años. La AIReF proyecta un aumento en la ratio de deuda sobre PIB en torno a 23 puntos en el año 2020, y una reducción de hasta 2,4 puntos en 2021, bajo el escenario de ejecución completa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presupuestado para ese año. Esto situaría la ratio de deuda sobre PIB en el 118,4% y el 116% del PIB en 2020 y 2021, respectivamente.
La AIReF sostiene que la contención de la crisis sanitaria y la normalización de la actividad económica serán elementos necesarios para la estabilización de la ratio de deuda sobre PIB en los próximos años. Un crecimiento por encima de la tendencia durante varios años, a medida que la economía mundial emerge de la recesión causada por la COVID-19, estabilizaría la ratio de deuda en el entorno del 120% del PIB en ausencia de medidas. La puesta en marcha del Plan Europeo Next Generation EU tendrá un efecto positivo en la actividad económica en el corto plazo, así como en la productividad y el crecimiento potencial en el largo plazo, lo que se traducirá en una mejor evolución de la posición fiscal, con reducción de la ratio de deuda sobre PIB de entre 4 y 10 puntos. Una vez superada la crisis, una senda de reducción de la ratio de deuda que la sitúe por debajo de los niveles previos a la pandemia a lo largo de la próxima década requerirá el diseño de un plan de consolidación adecuado, con una reducción gradual y sostenida del déficit público hacia el equilibrio estructural.
Según la institución, los riesgos y retos para la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas son elevados. Uno de los principales riesgos es que la recesión provoque daños estructurales, de modo que en el futuro haya que hacer frente no sólo a una ratio de deuda pública más elevada, sino también a un mayor y más persistente déficit estructural y una materialización más elevada de los pasivos contingentes de los préstamos avalados por el Estado. Otro riesgo destacable es la mayor dependencia de unas condiciones favorables de financiación como las actuales, ya que un repunte de los tipos de interés puede generar rápidamente una dinámica creciente de la ratio de deuda pública. A lo anterior hay que añadir el desafío conocido del envejecimiento de la población y el mayor gasto en pensiones, que de no ser financiado con ingresos adicionales se traducirá en un incremento muy significativo del endeudamiento desde unos niveles históricamente muy elevados.

Recomendaciones
La AIReF reitera la recomendación de diseñar una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las AAPP. Esto requiere contar con todos los niveles de la administración, considerar los niveles de deuda pública y los riesgos fiscales, establecer un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos y servir de marco para los planes
de reequilibrio de las AAPP y promover su coordinación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además, la AIReF incluye dos recomendaciones nuevas. Una de ellas dirigida a gestionar la incertidumbre, puesto que no se pueden descartar escenarios muy distintos de los contemplados en el Plan Presupuestario, lo que aconseja capacidad de reacción tanto para profundizar en medidas como para evitar la consolidación de medidas que nacen con vocación temporal para paliar los efectos de la crisis. Y otra dirigida a mejorar la información de alta frecuencia, dado el retraso de las estadísticas habituales y el reto que supone para el seguimiento de los efectos de la pandemia.
Por otra parte, como en informes anteriores, la AIReF resalta la relevancia de incrementar la transparencia en el proceso presupuestario, por lo que mantiene las recomendaciones de incluir en los PGE información en términos de contabilidad nacional.

La reserva hídrica española se encuentra al 47,2 por ciento de su capacidad

sábado, 14 de noviembre de 2020

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 47,2 por ciento de su capacidad

Martes 10 de noviembre de 2020

La Moncloa

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 47,2 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 26.395 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 333 hectómetros cúbicos (el 0,6% por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 82,2%
•Cantábrico Occidental al 67,0%
•Miño-Sil al 53,7%
•Galicia Costa al 64,3%
•Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
•Duero al 59,6%
•Tajo al 49,4%
•Guadiana al 31,3%
•Tinto, Odiel y Piedras al 69,9%
•Guadalete-Barbate al 36,0%
•Guadalquivir al 30,6%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 41,6%
•Segura al 35,0%
•Júcar al 47,2%
•Ebro al 63,6%
•Cuencas internas de Cataluña al 83,2%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Tortosa con 121,6 mm (121,6 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro: