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Archivo del 15 de noviembre de 2020

Catedral de León,

domingo, 15 de noviembre de 2020

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluye la Consulta del Artículo IV con España correspondiente a 2020

domingo, 15 de noviembre de 2020

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluye la Consulta del Artículo IV con España correspondiente a 2020

13 de noviembre de 2020

Washington, DC: El 11 de noviembre de 2020,el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)concluyó la Consulta del Artículo IV [1] con España.

La pandemia de COVID-19 ha afectado profundamente a la economía y lasociedad de España, tras cinco años de fuerte crecimiento generador deempleo. En el primer semestre del año, España sufría la mayorcontracción (12,8%) entre las grandes economías avanzadas. La magnitudde la caída refleja la escala de la propagación de los contagios, queexigió medidas estrictas de confinamiento, y las característicasestructurales que hacen que la economía sea más vulnerable antedisrupciones, como el gran predominio de pequeñas y medianas empresas,la importancia del turismo y el uso generalizado de los contratostemporales. El relajamiento gradual de las medidas de confinamientoinsufló algo de vida a la actividad durante el verano, pero la gravedadde la segunda ola de contagios es preocupante.

Un paquete de medidas de mantenimiento de rentas y apoyo a la liquidezha contenido los efectos económicos de la pandemia. El régimen deexpedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha sido fundamentalpara limitar el impacto sobre el desempleo. El sector bancario —respaldado por medidas de política como avales con fondos públicos yla política monetaria expansiva del BCE— ha continuado su apoyo a laeconomía real con actividades de intermediación de crédito, adiferencia de la crisis financiera mundial. Mitigar el impacto sobre laeconomía está afectando significativamente las finanzas públicas: seespera que el coeficiente de deuda pública aumente hastaaproximadamente el 120% del PIB en 2020.

En el marco de un escenario de referencia sin nuevas medidas estrictasde confinamiento generalizadas, se prevé que la actividad se contraigaaproximadamente un 12% en 2020, y que se recupere parcialmente en 2021en aproximadamente un 7%. La recuperación depende de un fuerte repuntedel consumo privado y un incremento sustancial de la inversión públicafinanciada principalmente con fondos anticipados por el Mecanismo deRecuperación y Resiliencia de la UE (MRR). La incertidumbre sobre lasperspectivas es muy elevada. Los riesgos se decantan marcadamente a labaja, y dependerán fundamentalmente de la contención de la segunda olade contagios, del tamaño, los plazos y la composición del gastoadicional financiado por la UE, así como del éxito de las medidas depolítica en la mitigación de las cicatrices sobre el tejido productivo.

Evaluación del Directorio Ejecutivo [2]

Los directores ejecutivos observaron que la pandemia de COVID-19 haafectado profundamente a la economía y la sociedad de España,provocando la trágica pérdida de vidas, el aumento del desempleo y unapronunciada recesión económica. La recuperación será dilatada y estarásujeta a importantes riesgos e incertidumbre. Las perspectivas a cortoplazo dependerán fundamentalmente de la efectividad de las nuevasmedidas de contención y la preparación del sistema sanitario.

Los directores elogiaron a las autoridades por su rápida y contundenteimplementación de medidas de mantenimiento de rentas y apoyo a laliquidez para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia.Subrayaron la importancia de continuar con las medidas de apoyo depolítica económica hasta que la recuperación se encuentre firmementeencauzada, al mismo tiempo que se mantiene la flexibilidad para adaptarese apoyo a la evolución de los acontecimientos. Los directorescoincidieron en que, a medida que la pandemia retroceda, el apoyofiscal deberá focalizarse cada vez más en los grupos vulnerables y lasempresas viables, facilitando la reasignación de recursos haciasectores en expansión.

Los directores subrayaron la urgencia de abordar las vulnerabilidadesdel sector empresarial. Recomendaron priorizar el apoyo de capitalfocalizado en las empresas viables, con una estrategia de salida biendiseñada. Alentaron a que continúen los esfuerzos para fortalecer losmarcos de resolución de deuda privada y ampliar la capacidad de losjuzgados de lo mercantil.

Los directores observaron la fortaleza del sistema financiero, que hacontribuido a mitigar el impacto de la crisis. Hicieron hincapié en lanecesidad de mantener una sólida supervisión, junto con medidas dealivio y políticas prudentes en materia de dividendos. Los directorescelebraron los esfuerzos para fortalecer el marco de lucha contra ellavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (LFT).También alentaron a que se potencien los marcos de gestión de crisis,tanto a nivel nacional como europeo, abordando las carencias existentesen los regímenes de resolución y liquidación.

Los directores celebraron la intención de las autoridades de utilizarfondos europeos para respaldar la recuperación económica a corto plazoy fomentar un cambio estructural hacia una economía más productiva, másverde y digital, en consonancia con las prioridades de política de losplanes de recuperación nacionales. Subrayaron la necesidad deeficiencia en la coordinación, la ejecución y la supervisión de losplanes.

Los directores coincidieron en que, a medio plazo, será necesaria laconsolidación fiscal para reconstruir los colchones fiscales y situarla deuda en una senda a la baja. Celebraron los esfuerzos en curso paramejorar la progresividad de los impuestos y la capacidad de recaudaciónde impuestos, y alentaron nuevas reformas del sistema de pensiones.

Los directores observaron que la pandemia ha agravado las ya altasdisparidades socioeconómicas en España. Celebraron los esfuerzos parafortalecer la red de seguridad en el ámbito social con la introduccióndel régimen de ingreso mínimo. Alentaron una mayor recapacitación yrentrenamiento para los trabajadores desplazados, la actualización delas prestaciones por desempleo, que se aborde la dualidad del mercadolaboral y la mejora de la igualdad de género.

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores

domingo, 15 de noviembre de 2020

Jueves, 5 de noviembre de 2020

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores

La Sala Tercera aplica esta doctrina al estimar un recurso contra una sentencia de la Audiencia Nacional que anuló una resolución de la CNMC que había impuesto a Radio Popular-COPE tres sanciones de multa de 50.001 euros cada una

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que “el principio acusatorio, que constituye una de las garantías estructurales del proceso penal, cuya protección se reconoce por el artículo 24.2 de la Constitución, vinculado al derecho de defensa, al derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a ser informado de la acusación, debe modularse cuando se trate de su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador, de modo que, a diferencia de la trascendencia que tiene en el proceso penal, en este ámbito no comporta que el órgano competente para resolver un expediente sancionador no pueda imponer una sanción, modificando, para ello, la calificación jurídica efectuada por el órgano instructor, siempre que no se base en la consideración de hechos distintos de los hechos determinados en la fase de instrucción (salvo en el supuesto en que se hayan practicado actuaciones complementarias para su concreción definitiva en la ulterior fase decisoria), y se respete el derecho de defensa, en los términos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, (en la actualidad el artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)”.

La Sala aplica esta doctrina al estimar un recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra una sentencia de la Audiencia Nacional, que anuló una resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC que había impuesto a Radio Popular SA-COPE tres sanciones de multa de 50.001 euros, cada una, como responsable de la comisión de tres infracciones administrativas de carácter grave, por la emisión de tres comunicaciones radiofónicas que fomentan comportamientos nocivos para la salud, prohibidas en el artículo 18.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. La sentencia recurrida basó su fallo en que dicho órgano había lesionado el principio acusatorio del artículo 24.2 de la Constitución -derecho a ser informado de la acusación- al considerar a Radio Popular SA-COPE responsable de tres infracciones graves, en contra del criterio del instructor del expediente, que había propuesto el archivo de las actuaciones.

El Tribunal Supremo concluye, en cambio, que la resolución impugnada es conforme a derecho y que no ha vulnerado el principio de tipicidad ni el derecho a la presunción de inocencia, puesto que, partiendo de los hechos que el Tribunal de instancia considera probados (que coinciden con los determinados en la resolución impugnada), la valoración de las conductas infractoras, consistentes en la difusión, en la cadena de radio, de campañas publicitarias referidas a la promoción de un vino y de un ron, dadas las circunstancias de las cuñas publicitarias, “es congruente con la prohibición establecida en el artículo 18.3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que prescribe que está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud, en consonancia con la regulación contenida en la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, puesto que los anuncios no contienen advertencias que sirvan para hacer comprender al público en general, y a los menores en particular, potenciales oyentes de los programas deportivos radiofónicos, los efectos nocivos que para la salud produce el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas”.

Asimismo, indica que la sentencia recurrida ha efectuado “una transposición del principio acusatorio tal como se entiende en el proceso penal”, sin introducir las modulaciones requeridas para su aplicación en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, según exige la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto de la aplicación del artículo 24.2 de la Constitución a los procedimientos sancionadores, “porque, aunque ambos son manifestación del «ius puniendi» del Estado, se aprecian diferencias sustanciales entre ambos procedimientos en torno a la naturaleza de los mismos y respecto de las funciones que asumen el órgano instructor y el órgano resolutor del procedimiento sancionador y las facultades que competen al juez instructor y al Tribunal sentenciador”.

Conforme con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como con la del Tribunal Constitucional, en relación con la aplicación del principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores, la Sala concluye que en el caso enjuiciado en este recurso de casación, no resultaba procedente que el Tribunal de instancia declarase la nulidad de las sanciones impuestas, y rechaza que la CNMC hubiese vulnerado el principio acusatorio, tal como debe entenderse protegido en el artículo 24 de la Constitución, puesto que en la tramitación del procedimiento sancionador “se han respetado las garantías procedimentales que se derivan del referido precepto constitucional, ya que se ha preservado el principio de separación entre el órgano instructor y el órgano resolutor, así como el derecho de defensa y el derecho a ser informado de la acusación”.

Por último, rechaza también que la calificación jurídica de los hechos como no constitutivos de infracción administrativa vincule al órgano competente al dictaminar el expediente sancionador, porque supone desapoderarlo para resolver de la potestad sancionadora reconocida en la legislación de carácter sustantiva, que, al regular el régimen jurídico de las infracciones y sanciones, pretende garantizar la tutela de los bienes jurídicos protegidos.

La Seguridad Social registra 18.990.364 afiliados medios en octubre, 113.974 más que en septiembre

domingo, 15 de noviembre de 2020

Balance mensual de la afiliación

La Seguridad Social registra 18.990.364 afiliados medios en octubre, 113.974 más que en septiembre

Miércoles 4 de noviembre de 2020

La Moncloa

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.990.364 personas en octubre, lo que representa un aumento de 113.974 cotizantes respecto a septiembre (un 0,60% más). Es el sexto mes consecutivo en que el sistema de Seguridad Social suma ocupados desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

Como ya ocurriera los dos meses anteriores, el sistema sumó más mujeres que hombres en octubre: se han contabilizado 99.970 trabajadoras afiliadas más este mes, mientras que el número de ocupados varones crece en 14.004. Los hombres representan el 53,38% del conjunto de los afiliados.

En términos desestacionalizados, y corregido el efecto calendario, el sistema también tiene un comportamiento positivo y ha registrado 45.365 afiliados más en octubre, un incremento del 0,23% respecto a septiembre, hasta los 18.951.589.

Por otro lado, en datos acumulados entre el 1 y el 31 de octubre el número de personas afiliadas a la Seguridad Social creció en 142.555, cerrándose el mes en 18.986.284, a pesar de la habitual caída registrada el último día del mes (-45.569 afiliados el día 30 de octubre).

Teniendo en cuenta la cifra a último día laborable de octubre, se han recuperado más de la mitad de los afiliados que se perdieron en los momentos más duros de la pandemia. El 30 de octubre había 589.922 afiliados más que el 30 de abril, fecha a último día de mes, en que se registró el menor número de trabajadores en alta como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la COVID 19, 18.396.362.

Respecto a octubre de 2019, el sistema perdió 439.628 trabajadores afiliados. No obstante, la tasa interanual se situó en el -2,26%, un índice que mejora los de los momentos más agudos de la pandemia, cuando llegó a ser del -4,58%.

Respecto a septiembre

En octubre, el número medio de afiliados registró un aumento de 113.974 ocupados con respecto a la media de septiembre (0,60%). La afiliación continúa la recuperación que se inició en mayo tras el primer impacto de la pandemia de la COVID-19 y sube por sexto mes consecutivo.

En concreto en el Régimen General, la afiliación mensual creció en octubre hasta los 15.661.201 ocupados (0,73% más), 113.669 afiliados más. Sin los sistemas especiales Agrario, que sumó 2.839 afiliados, y del Hogar, con 3.249 más, se registraron 107.580 ocupados más, situándose en 14.553.803 trabajadores.

La Educación es el sector que más contribuye al incremento mensual de afiliados. Este sector registró en el Régimen General 135.032 trabajadores más que el mes anterior, un 16,27%. También creció la afiliación en Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento, con 8.766 afiliados más (un 3,94%), Administración Pública y Defensa, con 27.084 ocupados (2,44%), Construcción, 10.488 (1,22%), e Industria Manufacturera, con 6.826 trabajadores más (0,37%).

En sentido contrario, la merma más acusada correspondió a Hostelería, que registró 85.077 afiliados menos, un -7,10%. También destaca Actividades sanitarias y de servicios sociales, con 15.341 afiliados menos (-0,92%). Agricultura, Ganadería y Pesca, con 2.453 afiliados menos, registra una variación de -3,11% este mes.

El Régimen de Autónomos, por su parte, contabilizó 3.265.369 afiliados medios, tras un aumento en el mes de 1.816 (0,06%), superando las cifras que registraba en febrero, antes de la pandemia. El Régimen del Mar contabilizó 62.645 ocupados, 1.482 menos que en septiembre (-2,31%) y el del Carbón se situó en 1.149 afiliados medios, 28 afiliados menos.

La mayoría de las comunidades autónomas sumó afiliados el último mes. Han tenido un comportamiento especialmente positivo la Comunidad Valenciana (2,26%), Murcia (1,61%) y País Vasco (1,31%). Solamente tres comunidades pierden afiliados: Islas Baleares (-11,79%), Castilla-La Mancha (-1,04%) y Extremadura (-0,62%).

En comparación con 2019

En el último año, el Sistema de la Seguridad Social ha perdido 439.628 afiliados (un -2,26%). En junio, momento de mayor caída de la afiliación interanual, se llegaron a restar 893.360 afiliados respecto al mismo mes de 2019, con una tasa interanual de -4,58%. Murcia, que sumó un 0,76% de afiliados en doce meses, y Castilla-La Mancha, con un 0,09%, registran un aumento interanual de la afiliación. El resto pierde afiliados, con particular intensidad en Baleares (-17,64%).

El Régimen General registró 429.445 menos afiliados que en octubre de 2019 (-2,67%). En este conjunto, se integraron los 10.422 ocupados que restó el Sistema Especial Agrario y los 19.097 del Sistema Especial de Empleados Hogar.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte, contabilizó 6.607 trabajadores menos que hace un año (-0,20%). El Régimen del Mar disminuyó en 3.395 ocupados (-5,14%) y el del Carbón decreció en 180, lo que supuso una merma del 13,54%.

La CES reclama una directiva de salario mínimo más ambiciosa

domingo, 15 de noviembre de 2020

La CES, Confederación Europea de Sindicatos, reclama una directiva de salario mínimo más ambiciosa

Sindicato USO

30 octubre, 2020

En un Comité Ejecutivo celebrado los días 28 y 29 de octubre, en el que ha participado USO, la Confederación Europea de Sindicatos ha abordado la presentación de la Directiva de la Comisión Europea dirigida a garantizar un salario mínimo adecuado en los 27 países de la UE.

La reunión ha contemplado más aspectos en su agenda como la situación de los fondos europeos para la recuperación o las propuestas de legislación para los trabajadores de plataforma u otros trabajadores atípicos. También otras materias relacionadas con la responsabilidad social de las empresas o la transición ecológica justa.

Situación crítica por el retraso de las ayudas

Europa está afrontando una segunda ola del COVID-19 que está dejando a millones de trabajadores en una situación crítica. Las ayudas europeas necesarias para afrontar la crisis económica y social derivada de la pandemia se están retrasando debido al desacuerdo entre las instituciones europeas; y no parece que vayan a ser desembolsadas antes de junio de 2021.

Ante esta perspectiva, la CES ha solicitado que se prorroguen y amplíen las medidas de emergencia. Es la única manera de asegurar que todas aquellas personas que se encuentran en paro parcial u otras medidas, puedan seguir beneficiándose de mecanismos de protección. También es necesario que los mecanismos se amplíen para proteger a más colectivos: jóvenes, trabajadores precarios, etc., y que los sectores que se encuentran especialmente afectados (sector aéreo, restauración, espectáculos, etc.) perciban algún tipo de prestación.

Una recuperación de las personas

Bajo el lema “La recuperación de las personas”, la CES está llevando a cabo una campaña centrada en la ayuda a los trabajadores en dificultades para construir un futuro digital socialmente más justo y respetuoso con el clima.

Para lograrlo, desde la CES y USO se insta a la UE a que involucre a los sindicatos en el diseño, implementación y monitoreo de los planes nacionales de recuperación.

También es necesario revertir los recortes presupuestarios a la financiación de la salud y al Fondo de Transición Justa. Si uno de los pilares de la recuperación va a ser la transición ecológica, hay que asegurarse que esta se haga de manera justa. El aumento de los objetivos de reducción de emisiones para 2030 (60%) y 2050 (100%) debe estar ligado a la creación de empleo; especialmente para aquellas regiones y sectores muy dependientes del combustible fósil y de las industrias de altas emisiones que no cuentan con una innovación digital y de redes desarrolladas.

La insuficiente Directiva por el salario mínimo europeo

La reunión de los sindicatos europeos a la que ha asistido el secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible de USO, Javier de Vicente, ha centrado buena parte de sus debates en torno a la Directiva sobre salario mínimo justo y negociación colectiva propuesta por la Comisión Europea. Valorada como insuficiente por la mayoría de los sindicatos allí presentes, la propuesta todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo que podría introducir enmiendas.

A pesar del avance que supone la creación de una directiva marco para todos los países de la UE, esta no asegura dos aspectos imprescindibles: un umbral de salario mínimo que corresponda al 60% de la mediana salarial y al 50% del salario medio del país, para que los trabajadores salgan de la pobreza y la garantía del respeto al derecho de negociación colectiva.

Desde USO valoramos el avance de la creación de esta Directiva que podría establecer una política común para acabar con el aumento de los trabajadores pobres (se ha pasado del 8,3% en 2007 al 9,4% en 2018), pero consideramos claramente insuficiente la propuesta de la Comisión que está legislando los derechos a la baja en un momento en el que la defensa de las personas trabajadoras es crucial para lograr una recuperación justa.