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Archivo del 16 de noviembre de 2020

Vista de la bahía de Santander .

lunes, 16 de noviembre de 2020

La Sala Primera del Tribunal Supremo notifica las sentencias que resuelven cuatro recursos de casación en relación con el índice IRPH de las hipotecas

lunes, 16 de noviembre de 2020

Viernes, 13 de noviembre de 2020

La Sala Primera del Tribunal Supremo notifica las sentencias que resuelven cuatro recursos de casación en relación con el índice IRPH de las hipotecas

Los asuntos que se deliberaron en el Pleno del pasado 21 de octubre de 2020, fecha en la que se adelantó el fallo

Autor: Comunicación Poder Judicial

En estas sentencias, el Pleno analiza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de marzo de 2020 y constata que la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, que dio lugar a dicha sentencia, trasladó erróneamente al TJUE el sentido de la jurisprudencia de la Sala Primera. A diferencia de lo que sostenía el auto de planteamiento, esta sala había mantenido tanto la contractualidad de la cláusula que establece el IRPH como índice de referencia del préstamo, como la necesidad de aplicar a dicha cláusula el control de transparencia. Por tanto, que el TJUE afirme que la cláusula en cuestión no está excluida de la Directiva 93/13 no supone que deba modificarse la jurisprudencia de la sala, que era concorde con dicho pronunciamiento.

En el análisis de la repercusión de la sentencia del TJUE sobre el control de transparencia de las cláusulas en cuestión, el Pleno parte de que el TJUE ha considerado que la publicación del IRPH en el BOE permitía al consumidor medio comprender que el referido índice se calculaba según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda, incluyendo así los diferenciales y gastos aplicados por tales entidades, de modo que esa publicación salva, para todos los casos, las exigencias de transparencia en cuanto a la composición y cálculo del IRPH. Por ello, se pueden considerar excluidos de los parámetros de la transparencia tanto la comprensibilidad del funcionamiento matemático/financiero del índice IRPH (ningún índice, tampoco el Euribor, resistiría dicha prueba) como la información comparativa con otros índices oficiales.

El segundo parámetro de transparencia establecido por el TJUE es la información que la entidad prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice. En caso de que la falta de información directa sobre la evolución del IRPH en los dos años anteriores determine la falta de transparencia de la cláusula cuestionada, tal falta de transparencia no determina necesariamente su nulidad. Según reiterada jurisprudencia del TJUE, el efecto de la falta de transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato no es su nulidad, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, esto es, permite valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

La Sala, al realizar ese juicio de abusividad de acuerdo con los parámetros del TJUE, considera que el ofrecimiento por la entidad bancaria de un índice oficial, aprobado por la autoridad bancaria, no puede vulnerar por sí mismo la buena fe. Además, el Gobierno Central y varios Gobiernos autonómicos han venido considerando, a través de normas reglamentarias, que el índice IRPH era el más adecuado para utilizarlo como índice de referencia en el ámbito de la financiación de viviendas de protección oficial, por lo que resulta ilógico considerar como actuación contraria a la buena fe la incorporación de ese mismo índice a préstamos concertados fuera de ese ámbito de financiación oficial.

Desde el punto de vista del desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, que debe ser valorado en el momento de suscripción del contrato, la evolución más o menos favorable del índice durante la vida del préstamo no puede ser determinante. Que en su desenvolvimiento posterior el préstamo resulte más caro que otros no supone desequilibrio determinante de abusividad, puesto que el control de contenido no puede derivar en un control de precios y el TJUE ha descartado que las entidades bancarias tuvieran obligación de facilitar información comparativa sobre los distintos índices oficiales, sobre su evolución futura o de asesorar a sus clientes sobre el mejor préstamo posible.

Por último, no se ha justificado que el índice IRPH, que está fiscalizado, en todo caso, por la administración pública, sea más fácilmente manipulable que el resto de los índices oficiales y, de hecho, el Euribor, que es el índice cuya aplicación solicitan los prestatarios, se calcula por una entidad privada (EMMI) y en los últimos años la Comisión Europea ha impuesto fuertes sanciones por la manipulación tanto del Euribor como del Libor.

En aplicación de estos criterios, las sentencias hacen los pronunciamientos pertinentes sobre los recursos analizados en cada caso.

Las sentencias cuentan con el voto particular del magistrado D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, que considera que las cláusulas enjuiciadas son nulas, por no superar el control de abusividad, y que procedería la sustitución del IRPH por el Euribor.

Informe “La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional”

lunes, 16 de noviembre de 2020

Informe “La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional”

Instituto de Estudios económicos

CEIM refuerza con este informe por qué la Comunidad de Madrid debe ser un referente en las políticas tributarias a aplicar en España

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha señalado la idoneidad de este informe que, en las circunstancias económicas actuales “destaca a Madrid como un ejemplo a seguir en materia fiscal y no como una anomalía que hay que corregir”.

El director del IEE, Gregorio Izquierdo, ha explicado cómo «la Comunidad de Madrid se sitúa en una mejor posición competitiva y sus políticas tributarias han contribuido a que la economía madrileña muestre una mayor resiliencia y capacidad de recuperación en situaciones adversas».

Madrid, 5 de noviembre de 2020. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 presentados por la coalición de Gobierno PSOE – Unidas Podemos incluyen, entre otras medidas, una subida fiscal en el Impuesto de Sociedades, Patrimonio e IRPF, que según CEIM, «afectará directamente a la competitividad empresarial, tan dañada por la crisis económica derivada del COVID-19, y en consecuencia, a la generación de empleo y al Estado del Bienestar».

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid ha sido así de contundente esta mañana durante la presentación del Informe “La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional” realizado por CEIM, con la colaboración del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y en el marco del Convenio de Diálogo Social de la Comunidad de Madrid. Miguel Garrido ha señalado la necesidad de ayudar a empresas y autónomos en la coyuntura actual, porque «al contrario de lo que hacen el resto de países europeos, en España, no sólo no hay ayudas reales y de calado al sector económico, sino que se penaliza a las empresas con subidas de impuestos y exceso de trámites burocráticos».

Así, el presidente de los empresarios madrileños ha destacado la idoneidad de presentar este informe que, en las circunstancias económicas actuales “destaca a la Comunidad de Madrid como un ejemplo a seguir en materia fiscal y no como una anomalía que hay que corregir”. Asimismo, ha insistido en que “todo incremento de la fiscalidad incide directamente sobre la rentabilidad empresarial, penaliza la inversión y limita los recursos para la producción promoviendo su deslocalización y desincentivando la entrada de capital en las empresas”.

Principales conclusiones del Informe de CEIM: Por qué la Comunidad de Madrid debe preservar la autonomía, corresponsabilidad y competitividad fiscal

El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, ha sido el encargado de presentar el Informe en el que se destaca por qué la Comunidad de Madrid debe ser un referente en las políticas tributarias a aplicar en España y no al contrario, y se ponen de manifiesto las siguientes evidencias:

Si se aplicara una armonización de la imposición patrimonial para la Comunidad de Madrid, esto supondría una pérdida de competitividad que a medio y largo plazo implicaría una contracción mínima del 2% del PIB para Madrid y del 0,5% del PIB nacional.

A la vista de las experiencias de otros países como Alemania y Francia, una subida del Impuesto sobre Patrimonio podría tener, en el medio y largo plazo, un efecto neto negativo sobre el conjunto de los ingresos públicos.

La corresponsabilidad fiscal forma parte intrínseca de la naturaleza de las autonomías, más aún cuando conviven un régimen común con regímenes forales.

Las Comunidades Autónomas deben tener el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal, que no es otra cosa que tener libertad para poder reflejar las preferencias de sus ciudadanos en el diseño de los gastos e ingresos públicos.

La corresponsabilidad fiscal es una palanca de mejora de eficiencia del sector público que no deja de ser la gran reforma pendiente de nuestra administración.

Es importante no penalizar el ahorro porque cumple un papel fundamental como motor de la inversión, de la productividad y del crecimiento a largo plazo, y por ende, de la prosperidad y bienestar social.

España se sitúa como una de las economías de la OCDE con un tratamiento tributario más lesivo en el ámbito del ahorro y la imposición patrimonial es de las más elevadas, en un entorno internacional en el que la tendencia es a la desaparición o bonificación de estos tributos.

La actual tributación efectiva sobre el ahorro en España genera problemas de doble imposición y supuestos de confiscatoriedad.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto especialmente contraproducente, que no existe en ningún otro país dentro de la UE, por los significativos costes que incorpora al ahorro, la inversión y la actividad. De hecho, a medio y largo plazo algunos estudios contemplan que su impacto neto sobre la recaudación global acaba siendo negativo.

El Impuesto sobre Sucesiones no existe o funciona de forma residual en la mayor parte de los países de la UE. De hecho, el tipo medio del impuesto dentro de la OCDE es del 15%. La fuerte incidencia negativa que tiene este impuesto sobre la supervivencia de las empresas en los procesos de transmisión generacional obliga a exonerar del mismo a las empresas familiares tal y como se hace en la mayor parte de Europa.
Madrid es, junto a País Vasco, la región que tiene uno de los sistemas tributarios más atractivos del país y, por ello, ambas tienen una mejor clasificación en el Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea, situándose junto a Navarra, en la fase 5 de desarrollo, es decir, en el máximo nivel de una clasificación que va de 1 a 5, dentro de la ordenación de la Comisión Europea.

Madrid es la Comunidad Autónoma que más aporta al resto de España en términos fiscales, siendo la más solidaria con el resto de regiones. En concreto, contribuye con más de 19.000 millones de euros, siendo Cataluña la segunda que más aporta, con algo menos de 10.000 millones.
Madrid es la región en donde mejor se cumple con las obligaciones tributarias de toda España, tal y como demuestra sus menores niveles de economía sumergida. Frente a un promedio para España del 23,1% de su peso en el PIB, en Madrid supone un 16,2%.

Los ciudadanos madrileños ya son los que más impuestos por persona aportan en España: un 32% más que la media de España.

En definitiva, Gregorio Izquierdo ha destacado que, tal y como muestra el Informe, «la Comunidad de Madrid se sitúa en una mejor posición competitiva y sus políticas tributarias han contribuido a que la economía madrileña muestre una mayor resiliencia y capacidad de recuperación en situaciones adversas». Y ha insistido en que “las subidas impositivas son especialmente desaconsejables en momentos como el actual, ya que erosionan la capacidad de recuperación y desincentivan la actividad y el necesario ahorro”.

Puedes consultar el estudio completo en este enlace.

¡Participa ahora en la consulta pública sobre el futuro FSE+ en España!

lunes, 16 de noviembre de 2020

¡Participa ahora en la consulta pública sobre el futuro FSE+ en España!

Consulta pública sobre el FSE

Comisión europea

El futuro del Fondo Social Europeo+ (FSE+) se está debatiendo ahora mismo a nivel nacional: el principal instrumento europeo que apoya a la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para todos.

06/11/2020

La autoridad de gestión del FSE+ en España ha lanzado una consulta pública sobre el periodo 2021-2027 con la intención de animar a entidades y ciudadanos a participar.

Tras un proceso de diálogo con representantes del sector público estatal, autonómico y local, el sector privado, el tercer sector y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, se ha elaborado un documento estratégico de análisis de las aportaciones recibidas. El contenido de este documento identifica las prioridades en materia de empleo, educación, inclusión social y lucha contra la pobreza, y constituye el punto de partida para el diseño del futuro FSE+ en España.

El proceso de consulta pública lanzado por la autoridad de gestión del FSE+ permite a cualquier interesado de formular por escrito aportaciones u observaciones que considere oportunas respecto al contenido del Documento Estratégico FSE+ 2021-2027. El plazo establecido para el envío de aportaciones es entre el 27 de octubre y el lunes 30 de noviembre.

Manda tu contribución a: fse2021-2027@mitramiss.es(link sends e-mail)

El Consejo Económico y Social aprueba un Informe sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España

lunes, 16 de noviembre de 2020

06/10/2020

El Consejo Económico y Social aprueba un Informe sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España

• Aboga por transformar la Garantía Juvenil para combatir el paro entre los menores de 25 años
• El CES propone incentivar la contratación indefinida de jóvenes con los fondos europeos para la reconstrucción

El Consejo Económico y Social de España (CES) propone incentivar la contratación indefinida de jóvenes con los fondos europeos concedidos para la reconstrucción del país. En concreto, este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral plantea en su recientemente aprobado Informe sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España llevar adelante la recuperación en dos etapas para hacer frente a la crisis provocada por la actual pandemia.

En la primera, sugiere impulsar la conversión de contratos temporales mediante acuerdos colectivos para conseguir una estabilidad de la población asalariada joven mayor que la de 2019. En la segunda, recomienda promover una contratación inicial más estable, incluso modulando los requisitos para el acceso a financiación o recursos procedentes de los fondos europeos.

Por otra parte, entre otras medidas, el CES aboga por transformar la Garantía Juvenil para combatir el paro entre los menores de 25 años, que en España ha vuelto a incrementarse con 16.657 nuevos inscritos en septiembre, según se desprende de los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Específicamente, el Informe defiende, hacer la Garantía Juvenil de carácter permanente, no coyuntural, y reducir el desempleo estructural de los jóvenes. En este sentido, el CES considera urgente que el Consejo Europeo concrete y desarrolle los mecanismos de refuerzo de este instrumento.

Respecto al marco español, el CES piensa que los esfuerzos adicionales que se realicen en la aplicación de la Garantía Juvenil deberían priorizar las actuaciones de formación, teniendo en cuenta la brecha existente entre la cualificación de los jóvenes y las principales demandas de las empresas en la actualidad, tan relacionadas con la revolución digital y los perfiles científicos y tecnológicos.

En este contexto, el organismo apremia a elevar el número de personas graduadas en Formación Profesional (FP) y a dedicar más esfuerzos a optimizar la calidad del sistema educativo y de aprendizaje. De hecho, el informe insta a revisar la eficiencia de las vías de entrada al empleo y la capacidad de los mecanismos de mejora en el ajuste oferta-demanda en el mercado laboral.

Blindar el Plan de Choque por el Empleo Joven

Asimismo, el CES recomienda blindar el Plan de Choque por el Empleo Joven, a la vista de que la dotación presupuestaria prevista para el periodo 2019-2021 puede quedar comprometida como consecuencia de la crisis sanitaria.

Finalmente, el Informe insta a evaluar adecuadamente las políticas de empleo para jóvenes y remarca la prevalencia que debería otorgarse a las políticas activas, objetivos para los que resulta esencial el diálogo con los interlocutores sociales para poner en marcha medidas eficaces y coherentes.

•Informe 02/2020 sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España

Foment constata que los datos de empleo de octubre muestran más sombras que luces

lunes, 16 de noviembre de 2020

Foment constata que los datos de empleo de octubre muestran más sombras que luces

La patronal insiste en la urgencia de poner en marcha planes de choque económicos para las empresas y sectores afectados

4 de noviembre de 2020

Fomento

◾Deberemos estar expectantes a la evolución de las próximas semanas puesto que es de prever que las medidas impeditivas o limitativas de la actividad comportarán un aumento de ERTE y ERE.
◾En el lado positivo destaca un crecimiento de la afiliación en 113.974 personas en España y 20.910 en Cataluña, básicamente por las contrataciones en el sector educativo.
◾En el lado negativo destaca un crecimiento del paro de casi 50.000 personas en España y 6.358 en Cataluña, si bien octubre es un mes en el que aumenta el paro tradicionalmente.

El número de desempleados en Cataluña ha aumentado este mes de octubre en 6.358 personas (1,33%) respecto al mes anterior. El incremento del 1,33% es el más bajo en un mes de octubre desde el año 2007. En términos interanuales, el paro registrado ha aumentado en 97.292 personas, lo que supone un incremento interanual en términos relativos de un 25,12%, siendo la variación interanual más alta en un mes de octubre desde 2009. De esta forma, el número de desempleados en Cataluña es de 484.559 personas. Respecto a la contratación, se han efectuado más contratos que el mes anterior (3.747 contratos más), y se mantiene la dualidad entre los contratos temporales que representan el 86,42%, y los indefinidos que representan el 13,58% del total de contratos realizados en este mes.

Foment del Treball constata que los datos de empleo correspondientes al mes de octubre muestran más sombras que luces.

En el lado positivo destacamos un crecimiento de la afiliación en 113.974 personas en España y 20.910 en Cataluña, lograda básicamente por las contrataciones en el sector educativo; una disminución del número de trabajadores afectados por ERTE a pesar de las restricciones y una recuperación paulatina desde hace unos meses del 68,4% de los empleos perdidos desde el inicio de la crisis.

En el lado negativo se ha de destacar un crecimiento del paro de casi 50.000 personas en España y 6.358 en Cataluña, si bien octubre es un mes en el que aumenta el paro tradicionalmente; una caída interanual de la contratación respecto el mismo mes del año pasado del 30%, siendo aún mayor la caída de la contratación indefinida con un 36%, lo que denota una pérdida de dinamismo en la contratación; una grave afectación del paro en sectores como la hostelería y que aún estamos lejos de recuperar el empleo perdido desde marzo.

Deberemos estar expectantes a la evolución de las próximas semanas puesto que es de prever que las medidas impeditivas o limitativas de la actividad comportarán un aumento de ERTE y ERE.

Desde Foment del Treball insistimos en la urgencia de poner en marcha planes de choque económicos para las empresas y sectores afectados, así como la remoción de las medidas legislativas que limitan el poder de dirección empresarial y la capacidad de adoptar las decisiones pertinentes para adaptarse a las circunstancias actuales.

El aumento, en términos interanuales, del paro registrado del 25,12%, supone un incremento de 97.292 personas desempleadas más respecto del mismo mes del año anterior.

Respecto a la variación mensual, en Cataluña, en este mes de octubre de 2020 el paro ha registrado un incremento de 6.358 personas desempleadas más respecto al mes anterior (1,33% en términos relativos).

Por sectores, el incremento mensual del paro registrado se concentra principalmente en el sector servicios (4.201), seguido por las personas sin empleo anterior (1.224) y agricultura (1.169). En el sector de la industria el desempleo se reduce en 176 personas y en la construcción en 60 personas.

Por provincias, el paro registrado mensualmente aumenta en todas las provincias. Concretamente, en Barcelona aumenta en 1.079 personas, en Girona en 2.483 personas, en Lleida en 1.853 personas y en Tarragona en 943 personas. En términos interanuales, el paro aumenta en un 23,94% en Barcelona, en un 29,69% en Girona, en un 28,59% en Lleida y en un 27,20% en Tarragona.

El paro registrado en cada provincia se sitúa este mes de octubre en 351.676 en Barcelona, 47.739 en Girona, 26.206 en Lleida y 58.938 en Tarragona.

Contratación. Respecto al número de contratos registrados durante el mes de octubre en Cataluña, el número de contratos se sitúa en 220.439 contratos, de los cuales un 13,58% (29.926 contratos) lo han sido de carácter indefinido, y el 86,42%, es decir, 190.513 contratos, han sido temporales. El número de contratos registrados en Cataluña se ha incrementado en 1,73 % respecto al mes anterior (3.747 contratos más) y se reduce un -30,86% respecto al mes de octubre de 2019 (98.385 contratos menos).

A nivel estatal el paro registrado se ha incrementado en 49.558 personas en relación al mes anterior (1,31%). La cifra de paro a nivel estatal se sitúa en el mes de octubre de 2020 en 3.826.043 personas (22,62% en términos anuales).

Afiliación. En Cataluña, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha situado en el mes de octubre de 2020 en 3.375.642 ocupados, lo que supone 22.910 ocupados más respecto el mes de septiembre (0,68%), y 93.953 ocupados menos respecto al mismo mes del año anterior (-2,71%).

En ámbito estatal el número de afiliados a la Seguridad Social se ha situado en el mes de octubre en 18.990.364 ocupados, lo que supone un incremento de 113.974 personas afiliadas respecto al mes anterior (0,60%), y en términos interanuales la afiliación registró un descenso de 439.628 afiliados (-2,26%).