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miércoles, 18 de noviembre de 2020

El Gobierno adopta medidas urgentes para apoyar la liquidez y solvencia empresarial

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Consejo de Ministros

El Gobierno adopta medidas urgentes para apoyar la liquidez y solvencia empresarial

La Moncloa, Madrid, martes 17 de noviembre de 2020

El objetivo es evitar que empresas viables tengan que cerrar por problemas temporales de liquidez y solvencia derivados de la caída de su actividad como consecuencia de la COVID, permitiéndoles la refinanciación o reestructuración de sus deudas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que las medidas aprobadas hoy se suman a la respuesta «decidida y coherente» del Gobierno en los ámbitos económico y social para proteger el tejido productivo, el empleo, las rentas familiares y favorecer la recuperación económica.

En este sentido, Calviño ha recordado que el Ejecutivo activó el 17 de marzo una línea de avales para empresas y autónomos por un importe total de hasta 100.000 millones de euros, que ha permitido aprobar más de 881.000 operaciones, el 98% con pymes y autónomos. Con posterioridad, movilizó otra línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 40.000 millones y creó un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas estratégicas, dotado con hasta 10.000 millones para que pudieran afrontar sus eventuales problemas de solvencia.

Nadia Calviño ha indicado que estas y otras medidas están siendo eficaces, pero hay que adaptarlas para ayudar a los proyectos empresariales que hasta la irrupción del COVID eran sostenibles y que ahora pueden estar atravesando tensiones de liquidez o desequilibrios patrimoniales causados por las circunstancias extraordinarias.

Contenido del Real Decreto-ley aprobado hoy

Nadia Calviño durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosFoto: Pool Moncloa/JM CuadradoLa titular de Asuntos Económicos ha explicado que la norma introduce medidas relacionadas con los avales del ICO y con la normativa concursal.

Así, se amplía, hasta el 30 de junio de 2021, el plazo para la concesión de las dos líneas de avales del ICO. Además se amplía el plazo máximo de los créditos avalados, de forma que los clientes que lo soliciten pueden alargar su crédito hasta 8 años y el periodo de carencia hasta 24 meses.

La vicepresidenta ha resaltado que con estas medidas, «los autónomos y las empresas notarán un importante alivio de su carga financiera y dispondrán de más tiempo para recuperar su actividad y afrontar sus obligaciones». La medida, ha dicho, protegerá «de manera muy notable» a los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, de industria textil y moda y el comercio al por menor, que concentran casi un tercio de las operaciones con aval del ICO.

El Real Decreto estipula que las entidades financieras deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados a sus clientes, y deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días. También prevé una rebaja del 50% en los aranceles notariales y registrales al formalizar las operaciones de ampliación.

Con el fin de facilitar el acceso de las empresas a fuentes de financiación alternativas a las bancarias, se eleva a 500 a 1.000 millones de euros el umbral a partir del cual deben pasar del mercado alternativo bursátil para PYMES en expansión al mercado continuo.

Medidas adicionales

Las medidas incluidas en el Real Decreto son adicionales a las acordadas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para reforzar la solvencia y la financiación empresarial.

Primero se creó una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada con 1.000 millones de euros. Luego se amplió en 100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para PYMES y empresas no cotizadas y finalmente se aprobó una nueva línea de cobertura de avales para empresas cotizadas, por un importe de 1.000 millones y con vigencia hasta diciembre de 2021.

Medidas en el ámbito concursal

Nadia Calviño ha subrayado que se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes. Y se prolongan hasta el 31 de enero las previsiones de que los jueces inadmitan a trámite las solicitudes de incumplimiento de convenios de acreedores y de acuerdos de refinanciación.

Por otra parte, se extiende hasta el 30 de junio de 2021 la autorización previa a inversiones directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea, o de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuando se trate de sociedades cotizadas o de inversiones superiores a los 500 millones de euros en sociedades no cotizadas de sectores estratégicos.

La ministra también ha recordado que se extiende hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para que los ciudadanos que todavía tienen pesetas puedan cambiarlas en el Banco de España.

Adicionalmente, se amplía a todo 2021 el plazo de vigencia para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

Reducción del precio de las mascarillas y del material sanitario contra el COVID-19

El Real Decreto-ley incluye la reducción del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas desechables en un 25%, como acordó la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del pasado jueves. Su precio pasa de 0,96€ a 0,72 euros, y será aun menor cuando entre en vigor la rebaja del IVA al 4%, ya anunciada la semana pasada y que se ha introducido en esta nueva norma. Este gravamen se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

El objetivo, ha dicho la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, es que no haya impedimentos «para ningún grupo de población, especialmente los más vulnerables» para acceder al material obligatorio de protección contra el virus.

Por otro lado, se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 la aplicación del tipo 0 del IVA a la importación y adquisición de material sanitario que tenga como destino centros sanitarios públicos o privados y entidades de carácter social.

Otras medidas

La norma contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para garantizar la financiación de la Seguridad Social y un crédito extraordinario de 2.300 millones para el Servicio Público de Empleo.

Montero ha señalado que de esta manera se garantiza que se pueda mantener la red de seguridad creada tras el impacto de esta pandemia -con medidas como los ERTES o la prestación del cese de actividad para los autónomos-, el sistema de pensiones, y garantizar las prestaciones contributivas y los subsidios por desempleo.

Finalmente, se ajustan a la normativa comunitaria medidas tributarias e incentivos fiscales para incentivar el sector de la Cultura y sobre el sector del automóvil.

Convocatorias para la contratación de personal investigador

El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas por valor de 148 millones de euros para contratar investigadores a través de concurrencia competitiva, que financiarán e incentivarán la formación y especialización en I+D+I de investigadores del sector público y privado.

Entre estas convocatorias están los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, que este año incrementan su financiación en un 30%, lo que permitirá pasar de 650 a 803 ayudas. Se cumple así, ha señalado María Jesús Montero, con el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, entre cuyos objetivos figura incrementar los programas de atracción y retención del talento investigador.

Otras ayudas son las de ‘Personal Técnico de apoyo a I+D+i, con 170 contratos laborales, las ‘Torres Quevedo’, que facilitan la incorporación a empresas durante 3 años de 200 doctores, y los ‘Doctorados Industriales’, que permiten la formación de 60 investigadores predoctorales en el ámbito de la empresa.

Asuntos de actualidad

La portavoz del Gobierno ha indicado que, en la cuarta semana desde que el 25 de octubre entró en vigor la declaración del Estado de alarma, las cifras de casos de COVID-19 siguen siendo altas pero que la reducción de la incidencia acumulada en el conjunto del país indica que «se está en la dirección correcta», y ha insistido en seguir aplicando «de forma contundente y estricta las recomendaciones de las autoridades sanitarias».

Montero ha anunciado que el Consejo Europeo del próximo jueves, al que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se centrará en la respuesta de la Unión Europea a la pandemia y en el programa de adquisición de vacunas. Una de las empresas con las que está negociando, ha dicho Montero, es Moderna, que ha anunciado esta semana que su vacuna ha obtenido, en sus ensayos, una eficacia próxima al 95%.

La ministra ha valorado positivamente la constitución, ayer, de la Mesa del Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia, y el papel desempeñado por las organizaciones sindicales y empresariales, «que han entendido este momento tan inédito, tan excepcional que vive nuestro país, y están contribuyendo de forma decidida a la recuperación a través de las distintas líneas de trabajo abiertas».

Montero ha reivindicado también el diálogo parlamentario para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2021, «absolutamente necesarios» para posibilitar la recuperación económica, garantizar las rentas del conjunto de los trabajadores y aprovechar la inyección prevista de fondos europeos.

Detenido en Tenerife el principal responsable de un fraude mediante inversiones en criptomonedas

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Detenido en Tenerife el principal responsable de un fraude mediante inversiones en criptomonedas

Ministerio del Interior

Adeje, Arona y Candelaria (Tenerife), 16/11/2020

Operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil

El fraude, cometido mediante una estafa tipo Ponzi, asciende a 378.750, 51 euros y ha afectado, al menos, a 26 personas

Los agentes han practicado cuatro registros en las oficinas de la empresa, ubicadas en las localidades de Adeje, Arona y Candelaria, donde han intervenido tres vehículos de alta gama, abundante documentación y dispositivos electrónicos

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que, supuestamente, defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso una estafa tipo Ponzi. Asimismo, se han practicado cuatro registros en oficinas y domicilios ubicados en distintos puntos de la isla de Tenerife, concretamente en las localidades de Adeje, Arona y Candelaria. En la operación se han intervenido tres vehículos de alta gama, abundante documentación y dispositivos electrónicos, y se ha procedido al bloqueo de numerosas cuentas bancarias a nombre de las personas investigadas.

La investigación comenzó durante el pasado mes de septiembre, cuando tres afectados interpusieron sus respectivas denuncias por estafa. Al mismo tiempo, los agentes obtuvieron informaciones de actividades financieras sospechosas recibidas en unidades centrales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Posteriormente, los agentes detectaron otros 23 afectados más. Fruto del análisis de toda la información se averiguó la existencia de esta estafa tipo Ponzi, relacionada con inversiones en criptomonedas.

Ponzi, una estafa que funciona si crece el número de víctimas

Una estafa tipo Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. Esta estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas víctimas.

En este caso, la investigación se ha centrado en una empresa que ofrecía software que permitían programar estrategias de inversión en criptomonedas y hacer trading las 24 horas del día sin interrupción. Al mismo tiempo, desde la empresa se había articulado un sistema de canalización del dinero en criptomonedas, a través de monederos digitales, que permitía distraer el control de las inversiones realizadas por los clientes de la empresa.

La empresa investigada emitió un comunicado en el que se informaba a los clientes de la congelación de varios software de inversión con la imposibilidad de recuperar el capital invertido por los clientes. Ante esta situación, y contando los investigadores con que la empresa podría estar distrayendo gran parte del dinero invertido por sus clientes para provecho propio, se procedió a la detención del responsable ejecutivo de la empresa.

La participación ciudadana, fundamental es este tipo de delitos

Para resolver investigaciones de esta índole es fundamental la participación ciudadana en la prevención y detección de este tipo de fraudes para, así, disponer de primera mano de toda la información sobre estas organizaciones.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recomiendan, a cualquier persona que pueda sentirse perjudicado por una estafa piramidal, ponerse en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que advierta a otros posibles inversores y, al mismo tiempo, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al objeto de interponer denuncia.

El redactado de la última prórroga de los ERTE provoca un nuevo atasco en el SEPE

miércoles, 18 de noviembre de 2020

El redactado de la última prórroga de los ERTE provoca un nuevo atasco en el SEPE

USO

11 noviembre, 2020

La redacción de la última prórroga de los ERTE provoca confusión y aumenta el colapso del SEPE

Los afectados por un ERTE y los trabajadores del SEPE siguen sufriendo las confusiones legislativas para tramitar los últimos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Marisa Pérez, delegada de USO en el SEPE y secretaria de Organización y Finanzas de FAC-USOC destaca que “el problema al que nos estamos enfrentando ahora es el redactado de la prórroga hasta enero. Hay un párrafo que llama a la confusión y estamos recibiendo muchas solicitudes erróneas”.

En concreto, la responsable de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO se refiere a este párrafo del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre:

Las empresas con personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo tramitados conforme a lo previsto en los artículos 22 o 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que estén vigentes a 30 de septiembre de 2020, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del día 20 de octubre de 2020.

“Así, muchas empresas y asesores han entendido que tenían que enviar toda la documentación si querían acogerse a la prórroga. Hemos recibido relaciones completas de plantilla afectada por cualquier ERTE ya aprobado, aunque parte de esas personas ya se hubieran reincoporado a su trabajo. Por eso, se han dado casos de trabajadores que a 1 de octubre ya estaban fuera del ERTE y se les ha reactivado la prestación porque nos ha llegado como regulado de nuevo”, explica Marisa Pérez.

Por ello, continúa la representante sindical, “se han emitido de nuevo recibos que no deberían abonarse y que generarán nuevos cobros indebidos, nuevas reclamaciones, más expedientes para revisar, líneas telefónicas saturadas… y, de nuevo, el personal del SEPE expuesto a los insultos de personas desesperadas que actúan bajo una gran presión personal y que hacen de nosotros, la persona que los atiende, la diana de sus dardos”.

La gota que colma el vaso de la plantilla del SEPE, desbordada por los ERTE

Las personas que trabajan en el SEPE se muestran impotentes ante la vorágine de tramitación y reconocimiento de cada ERTE: “vemos cómo perciben prestaciones los que no deben y otros, que llevan esperando su abono desde hace más de 90 días, no. Cobran los que no deben, que después, además, reciben reclamaciones por parte de la Administración, y los que necesitan la prestación, desesperan. Esta presión psicológica está haciendo mella también en los trabajadores del SEPE. Vemos que muchas familias dependen de nuestra rapidez y, por mucho que queramos, no podemos llegar a todo”.

Los trabajadores del SEPE están hartos de que cada nueva prestación que deben tramitar no venga acompañada de un refuerzo de personal. “La situación lleva siendo insostenible desde marzo. Podemos entender el primer colapso, la desorganización inicial de una crisis sin precedentes, pero no que, ocho meses después, siga alimentándose el atasco”, denuncia la delegada sindical en el SEPE.

La plantilla del SEPE se reforzó hasta mayo con 729 personas de las 1.000 prometidas, mientras que la carga de trabajo se había quintuplicado. Los trabajadores del Servicio de Empleo tiraron de la pesada y obsoleta maquinaria burocrática para conseguir reconocer los millones de prestaciones y, a día de hoy, FAC-USO denuncia, entre otras cosas, que siguen sin remunerarse las tardes, los sábados y los festivos trabajados durante las peores semanas de la pandemia.

El nuevo subsidio, otra carga para el SEPE

El 3 de noviembre se aprobó en Consejo de Ministros, y se detalló en BOE de 4 de noviembre, el nuevo subsidio para personas que agotaron el paro y otras prestaciones. Su solicitud debe hacerse “cómo no, en el SEPE, y en un plazo de menos de un mes, del 5 al 30 de noviembre. Con muchos ERTE sin resolver, y con los nuevos que están llegando de la segunda ola, nos entra una nueva prestación, una acumulación de presolicitudes a tramitar. Y, cómo no, también, con la misma plantilla. En lugar de reforzar el SEPE, que se ha demostrado vital en la gestión del sostén social de la pandemia como lo es el sanitario en su vertiente, no escuchamos más que intentos de externalizar tareas porque el SEPE no da abasto”.

Marisa Pérez recuerda que “no somos un chicle que se estira a placer. Aquí las jubilaciones son el pan de cada mes, y en años nadie se ha preocupado de renovar y ampliar la plantilla. La RPT del SEPE está anticuada, con poco personal y envejecido. Los años sin incorporar funcionarios pasan factura ahora y la única solución es decir que lo que para lo que el SEPE no tenga capacidad se contratan empresas”.

Estafa con las citas del SEPE

Los trabajadores del SEPE alertan a la población de que las citas en el organismo no se venden. “Nos trae de cabeza. Son mafias que operan con un programa específico que está continuamente contactando con la sede del SEPE. Nada más que se libera una cita, la caza y luego la pone a la venta. Así, nos han contado que en diferentes sedes de Cataluña se han vendido citas por un mínimo de 40 euros y hasta 90. Por ejemplo, en Manresa o Sabadell nos han informado de algunas de 40 euros; y en otras, como Terrassa, 90, u 80 euros en Pineda”, alerta Marisa Pérez.

La delegada de USO en el SEPE recuerda que “además de estafar a la población y aprovecharse de una situación desesperada de mucha gente, están bloqueando el sistema de cita previa porque las cogen absolutamente todas y, después, solo anulan algunas, las que no han conseguido vender”.

La pendencia en los Juzgados de cláusulas suelo disminuye un 4 % en el tercer trimestre de 2020 tras la paralización causada por el COVID-19

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Martes, 10 de noviembre de 2020

La pendencia en los Juzgados de cláusulas suelo disminuye un 4 % en el tercer trimestre de 2020 tras la paralización causada por el COVID-19

Estos órganos judiciales, que entraron en funcionamiento el 1 de junio de 2017, han resuelto un total de 320.434 asuntos, el 56 por ciento de todos los ingresados desde esa fecha. La tasa de resolución del trimestre -que indica el número de asuntos resueltos en relación con los ingresados- alcanza un máximo histórico al situarse en el 166 % a nivel nacional

Autor: Comunicación Poder Judicial

El número de asuntos pendientes en los Juzgados de cláusulas abusivas (252.181) ha experimentado en el tercer trimestre de 2020 un descenso del 4 % con respecto al segundo trimestre del año, cuando era de 262.527 asuntos. Este dato vuelve a normalizar los niveles de pendencia al acercarlos a los que había a principios de 2020, antes de la paralización de la actividad judicial causada por la crisis sanitaria. Entre el 1 de junio y el 30 de agosto, el número de asuntos resueltos ascendió a 26.603 y el de sentencias dictadas, a 23.128, lo que ha permitido que la tasa de resolución del trimestre alcanzara su máximo histórico al situarse en el 166 %.

Los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca, hipotecas multidivisa e IRPH.

Los datos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2020 ponen de manifiesto que los Juzgados especializados han logrado revertir la anómala situación provocada por la pandemia y volver a unos porcentajes de resolución y pendencia normalizados. Así, el volumen de asuntos pendientes de resolver es apenas un 4 % más alto que en el segundo trimestre del año, y ello pese a que en ese periodo –el más afectado por la crisis sanitaria y la suspensión de la actividad judicial- ingresaron 45.988 nuevos asuntos, una cantidad muy superior a la que se ha venía registrando desde 2019 y, en concreto, un 103 % más alta que la del primer trimestre del año.

Inclusión flexibiliza el acceso de los hosteleros a la prestación extraordinaria por suspensión de actividad

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Ayudas a los trabajadores autónomos

Inclusión flexibiliza el acceso de los hosteleros a la prestación extraordinaria por suspensión de actividad

Martes 10 de noviembre de 2020

La Moncloa

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha adoptado un criterio, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por el que flexibiliza el acceso a la prestación extraordinaria por suspensión temporal de la actividad para trabajadores autónomos (detallada en el artículo 13 del RDL 30/20202).

El artículo 13 del Real Decreto-Ley, en el que se decretaron las ayudas a los autónomos y que fue consensuado con las principales asociaciones de autónomos, indica entre los requisitos para el acceso a esta prestación que los trabajadores autónomos estén «afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19». Con el criterio, se especifica que los hosteleros que no realicen servicio a domicilio o de recogida en local podrán presentar una declaración responsable para acceder a esta prestación. Esta ampliación se produce después de que en algunos territorios se haya suspendido la actividad de la restauración, salvo en el servicio a domicilio, con el objetivo de mitigar la propagación de la COVID-19.

La cuantía de esta prestación es el 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, una cantidad que se incrementa un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa, o del 40% si convive con parientes de primer grado con derecho a esta prestación. Además, queda exonerado de pagar las cuotas pero el periodo le cuenta como cotizado.

Los trabajadores autónomos, tanto si realizan actividad a domicilio como si no, pueden solicitar la prestación compatible con la actividad si registran una caída de facturación del 75% respecto al último trimestre del año pasado o del 50% en relación con el primer trimestre de 2020 según resulte de aplicación la disposición adicional cuarta o el artículo 13.2 del RDL 30/2020.

El pasado 30 de octubre, la Seguridad Social abonó 234,21 millones de euros a más de 256.000 trabajadores autónomos a los que les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. De ellos, casi 15.000 fueron beneficiarios de la prestación por suspensión temporal de la actividad.

En octubre, se registraron de media 3,265 millones de afiliados a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos, 1.816 más que en septiembre. Con este aumento se superó la cifra marcada en febrero, antes de la pandemia.