AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 20 de noviembre de 2020

La Marina y el Real Cub de Regatas. Alicante

viernes, 20 de noviembre de 2020

El IEE cree que son unos presupuestos de gasto expansivo en un escenario económico poco realista

viernes, 20 de noviembre de 2020

El Instituto de Estudios Económicos cree que son unos presupuestos de gasto expansivo en un escenario económico poco realista

Los PGE-21 están sustentados en un escenario macroeconómico poco realista y con unas estimaciones de ingresos muy voluntaristas.

El Gobierno aprovecha la suspensión de las reglas fiscales en el ámbito europeo y los recursos adicionales de los fondos comunitarios para incrementar fuertemente el gasto estructural.

En un momento de crisis se apuesta por inoportunas y contraproducentes subidas de impuestos que recaen sobre las empresas y que lastrarán la recuperación.

El déficit público seguirá siendo de los mayores de Europa, lo que compromete la credibilidad en la sostenibilidad de nuestra deuda pública a futuro.

Madrid, 11 de noviembre de 2021. Íñigo Fernández de Mesa, Presidente del Instituto de Estudios Económicos, ha presentado la ‘Nota de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2021’, los que califica de expansivos, sustentados en un escenario económico poco realista y en unas estimaciones de ingresos muy voluntarista. Esta combinación resulta muy preocupante porque el déficit y la deuda serán más elevados que los previstos, lo que aumentará las vulnerabilidades de nuestra economía, con el consiguiente perjuicio para la credibilidad en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, las subidas de impuestos que proponen sobre las empresas no ayudan a favorecer la recuperación de la actividad y del empleo, ni hacen más atractivo nuestro país para atraer la inversión y retener el talento.

Desde el IEE creemos que el cuadro macroeconómico del Gobierno es poco prudente en sus estimaciones de crecimiento para 2021, máxime tras ver la evolución de la pandemia a nivel mundial en este cuarto trimestre. Las restricciones que conllevará afectarán negativamente a la recuperación, al menos a buena parte de la primera mitad de 2021, con lo que el crecimiento previsto para el próximo año se puede resentir sensiblemente.

Frente al optimista 9,8% (con los fondos europeos) del Gobierno para el 2021, la Comisión estima un crecimiento de tan sólo el 5,4%. Otros analistas nacionales e internacionales cifran el crecimiento para España alrededor del 7%, pero es muy probable que esa cifra se revise a la baja dada la evolución reciente de la pandemia.

El Gobierno aprovecha la flexibilización de las reglas de gasto para incrementarlo

Con este escenario, el Gobierno ha justificado un presupuesto para 2021 con una política muy expansiva del gasto, de tal forma que el gasto público de las AA.PP. se sitúa próximo al 50% del PIB. El incremento del gasto total del presupuesto consolidado del Estado es del 19,4%. Este notable incremento se apoya, por un lado, en el dinero que se prevé que llegue de la UE (26.634 millones) pero también está marcado por decisiones discrecionales del Gobierno, sobre todo en materia social.

Tal y como se anali­za en este Informe, no es incompatible responder, en este contexto económico de crisis, a la demanda social y al apoyo de la transformación estructural que requiere nuestro tejido em­presarial mediante una política de gasto expansiva con una mejora de la calidad y de la efi­ciencia de la misma. Si en España se lograra que la eficiencia del gasto público fuera similar a la de la media de la OCDE, podríamos provisionar los mismos servicios públicos actuales con un 14% menos de gasto, esto es, según los PGE-2021 unos 58.000 millones de euros, y los ahorros podrían ser mayores si nos homologáramos a las mejores prácticas.

Hay que señalar que el gasto no financiero del presupuesto consolidado crece cerca del 10%, una vez excluida la financiación procedente de los fondos europeos, cifra incluso superior al fuerte crecimiento del gasto del 8,1% previsto para este 2020.

En este sentido, hay que destacar que, a pesar del incremento de la dotación para las políticas económicas, no se aprovecha en su totalidad el impulso adicional que estos fondos europeos supone. Aunque la importancia de la sobrefinanciación de los fondos europeos sobre las partidas del Pre­supuesto total se concentra en las actuaciones de carácter económico, no es menos significativo el peso de los fondos en las actuaciones de carácter social. Se ha de destacar la aportación específica de estos sobre las políticas sociales de acce­so a la vivienda y fomento de la edificación (73,3% sobre el gasto total en esta partida), sanidad (57,9%), educación (36,8%), servicios sociales y de promoción social (22,4%), cultura (17,4%) y fomento del empleo (16,1%).

Subidas de impuestos sobre las empresas que lastrarán la recuperación

Además, las medidas fiscales anunciadas van a suponer un aumento de la presión fiscal para los contribuyentes, que, junto con la sobreestimación de los ingresos públicos, comprometerán los objetivos presupuestarios.

La presión fiscal en las empresas españolas, con relación al PIB, es casi dos puntos superior a la del promedio de la UE. Pues bien, alrededor del 80% de las subidas de impuestos van dirigidas a las empresas, lo que perjudicará la recuperación de la actividad y la creación de empleo. A lo que tenemos que sumar que vivimos en un mundo globalizado, con movilidad de personas y de capitales, y que la competitividad de una economía no reside sólo en sus empresas y sus trabajadores, sino también en su entorno económico y regulatorio, así como en su marco fiscal.

Los incrementos en los Impuesto sobre el Patrimonio o del IRPF pueden provocar la deslocalización de las personas con más capital humano hacia estos otros territorios, y complicar la atracción y la retención del talento para nuestras empresas, además de terminar afectando negativamente al conjunto de la recaudación tributaria.

Por su parte, limitar la exención por dividendos y plusvalías del Impuesto sobre Sociedades al 95%, es muy perjudicial, ya que equivale a un impuesto adicional. De nuevo, muy pocos países de la UE han limitado la corrección de la doble imposición hasta el 5% en su sistema tributario, lo que provoca que su introducción en España provoque una desventaja competitiva a nuestras empresas, por el encarecimiento en su coste de capital, en relación a las de otros países. La propuesta perjudica a las empresas porque supone una barrera a la internacionalización de las mismas. Entre otros efectos, la penalización fiscal fuerza a reorganizaciones en la estructura de las empresas cuando sus prioridades debían ser otras, e introduce una motivación fiscal a retrasar en el tiempo la retribución al accionista y la repatriación de capitales. Además, supone una doble tributación sobre unos mismos rendimientos, puesto que recae sobre rentas que ya has sido sujetas a tributación previamente.

La subida del IVA del 10% al 21% para bebidas edulcorantes es injusta y discriminatoria, impuesta en el peor momento posible y sin que experiencias internacionales sean concluyentes respecto a su capacidad para la modificación de hábitos alimentarios. Desde la perspectiva de la fiscalidad inteligente sería obligado excluir de esta subida del IVA a las bebidas con edulcorantes no calóricos, tal y como han hecho otros países. Otras medidas, como el incremento de los tipos al gasóleo tampoco se adoptan en el mejor momento posible, ya que afectan a un sector el del automóvil, que es clave en nuestra economía. De igual forma, resaltar que el aumento del Impuesto sobre las Primas de Seguros desincentiva la contratación para los contribuyentes más previsores.

Además, con la reciente aprobación del nuevo impuesto sobre transacciones financieras (sobre los aumentos de capital de grandes empresas) se producirá un desplazamiento de esta operativa a terceros países, con la consiguiente contracción del tamaño y de la liquidez de nuestro mercado y el encarecimiento del coste de capital de nuestras empresas cotizadas con relación a las de otros países.

Déficit público y deuda

El incremento del gasto público se apoya en un aumento de los ingresos que es muy poco creíble.

En este escenario optimista, y considerando que se consiguiese recaudar los 6.000 millones que apunta el Gobierno mediante impuestos adicionales y subidas de los ya existentes, estimamos que la recaudación sería como mínimo de un punto de PIB inferior a la considerada en los presupuestos. Obviamente, en escenarios menos favorables de PIB, el desajuste recaudatorio sería considerablemente mayor.

El Gobierno estima un déficit del -11,3% para el presente año y del -7,7% para el 2021. Sin embargo, la situación puede ser sensiblemente peor. En este sentido, la Comisión Europea estima un déficit para nuestro país que se elevará hasta el -12,2% en 2020 y hasta el -9,6% en 2021 con lo que implícitamente está cuestionando las cifras de déficit público no sólo de este año, sino también del que viene.

Nuestro déficit estructural ya es de los mayores de Europa según la Comisión Europea, y según el Gobierno se incrementará hasta el 6,1% del PIB en 2012, frente al -5,4% que reconoce para el 2020. Por ello, resulta especialmente preocupante que parte del incremento del gasto previsto en los presupuestos pueda devenir en un incremento estructural del mismo, que complique aún más la necesaria consolidación fiscal que habrá que afrontar en los próximos años. Este hecho lastraría la confianza de los agentes y la competitividad de nuestra economía, comprometiendo el crecimiento económico en el medio y en el largo plazo.

Por otro lado, el notable aumento de la deuda pública también es un problema que hace a nuestra economía más vulnerable ante posibles shocks externos. En el plan de Presupuestos para 2021 se estima un aumento de la deuda pública hasta el 118,8% del PIB para 2020 y contempla una ligera reducción hasta el 117,4% para 2021.

Por el contrario, la Comisión Europea estima que en 2020 la deuda se elevará hasta el 120,3% y seguirá creciendo en 2021 hasta el 122% y hasta el 123,9% en 2022, reflejando una dinámica muy negativa que podría complicar y encarecer nuestra financiación en próximos años, máxime si el BCE endureciese su política monetaria.

Francisco Brines, Premio Cervantes 2020

viernes, 20 de noviembre de 2020

Francisco Brines, Premio Cervantes 2020

Lunes 16 de noviembre de 2020

La Moncloa

El poeta Francisco Brines ha sido galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2020, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte y dotado con 125.000 euros.

El fallo del Jurado ha sido anunciado por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, acompañado de la secretaria del Jurado, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez Salvador, en un acto celebrado en el Auditorio del Ministerio de Cultura y Deporte, tras la reunión telemática del jurado del Premio.

El jurado le ha otorgado el premio a Francisco Brines por «su obra poética que va de lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración de belleza e inmortalidad. Es el poeta intimista de la generación del 50 que más ha ahondado en la experiencia del ser humano individual frente a la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital».

«Francisco Brines es uno de los maestros de la poesía española actual y su magisterio es reconocido por todas las generaciones que le suceden».

Jurado

El jurado, reunido de forma telemática, ha estado presidido por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, actuando como secretaria María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y como secretaria de Actas, Begoña Cerro Prada, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, ha estado formado por Tatiana Alvarado Teodorika, por la Academia Boliviana de la Lengua; Inés Fernández-Ordóñez Hernández, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Juan Domingo Argüelles, por la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL); María Luisa Castro Legazpi, por el Instituto Cervantes; Eduardo Mendoza Garriga, por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura; Guillermo Altares Lucendo, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); María Consuelo Eguía Tonella, por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP); Madeline Sutherland-Meier, por la Asociación Internacional de Hispanistas; Ida Vitale, Premio Cervantes 2018; y Joan Margarit, Premio Cervantes 2019.

Biografía

El poeta Francisco Brines (Oliva, Valencia, 1932), licenciado en Derecho, Filosofía y Letras e Historia, es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido lector de Literatura Española en la Universidad de Cambridge y profesor de español en la Universidad de Oxford. Fue elegido académico de número de la RAE el 19 abril de 2001. Tomó posesión el 21 de mayo de 2006 con el discurso titulado ‘Unidad y cercanía personal en la poesía de Luis Cernuda’.

Pertenece a la llamada generación del 50, de la que formaron parte, entre otros, Claudio Rodríguez, Ángel González, José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma y José Ángel Valente.

Su obra poética ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Adonais por Las brasas (1959), el Premio de la Crítica en la modalidad de poesía castellana por Palabras en la oscuridad (1967), el Premio de las Letras Valencianas (1967), el Premio Nacional de Poesía por El otoño de las rosas (1987), el Premio Fastenrath por La última costa (1998), el Premio Nacional de las Letras Españolas (1999), el Premio de Poesía Federico García Lorca (2007) y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2010).

Ha reunido su obra en Ensayo de una despedida. Poesía completa, 1960-1997 (2012). En 2016 apareció Jardín nublado, una selección de sus mejores poemas junto a otros inéditos, y en 2017 Entre dos nadas, que incluye diez poemas inéditos y más de un centenar elegidos por diferentes amigos, lectores y estudiosos de su obra.

En 2018 se publicó Antología poética, que «cubre la entera trayectoria del autor, desde su primer poemario -Las brasas (1959)- hasta el postrero -La última costa (1995)-, además de diez poemas publicados con posterioridad, pertenecientes a un libro inédito, que iluminan su última etapa».

El 9 de octubre de 2019 le fue concedida la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, que recibió en diciembre en su casa.

Historia del premio

Mediante la concesión de este premio, dotado con 125.000 euros, se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico.

Puede ser galardonado con el Premio Cervantes cualquier autor cuya obra literaria esté escrita totalmente, o en parte esencial, en castellano. Los candidatos al Premio los pueden presentar las Academias de la Lengua Española, los autores premiados en anteriores convocatorias, las instituciones que, por su naturaleza, fines o contenidos, estén vinculadas a la literatura en lengua castellana y los miembros del Jurado.

La relación de los galardonados constituye una clara evidencia de la significación del Premio para la cultura en lengua castellana:

1976 Jorge Guillén

1977 Alejo Carpentier

1978 Dámaso Alonso

1979 Jorge Luis Borges y Gerardo Diego

1980 Juan Carlos Onetti

1981 Octavio Paz

1982 Luis Rosales

1983 Rafael Alberti

1984 Ernesto Sábato

1985 Gonzalo Torrente Ballester

1986 Antonio Buero Vallejo

1987 Carlos Fuentes

1988 Maria Zambrano

1989 Augusto Roa Bastos

1990 Adolfo Bioy Casares

1991 Francisco Ayala

1992 Dulce María Loynaz

1993 Miguel Delibes

1994 Mario Vargas Llosa

1995 Camilo José Cela

1996 José García Nieto

1997 Guillermo Cabrera Infante

1998 José Hierro

1999 Jorge Edwards

2000 Francisco Umbral

2001 Álvaro Mutis

2002 José Jiménez Lozano

2003 Gonzalo Rojas

2004 Rafael Sánchez Ferlosio

2005 Sergio Pitol

2006 Antonio Gamoneda

2007 Juan Gelman

2008 Juan Marsé

2009 José Emilio Pacheco

2010 Ana María Matute

2011 Nicanor Parra

2012 José Manuel Caballero Bonald

2013 Elena Poniatowska

2014 Juan Goytisolo Gay

2015 Fernando del Paso

2016 Eduardo Mendoza

2017 Sergio Ramírez

2018 Ida Vitale

2019 Joan Margarit

El Gobierno invertirá 883 millones en conectividad y despliegue de tecnología 5G en 2021

viernes, 20 de noviembre de 2020

El Gobierno invertirá 883 millones en conectividad y despliegue de tecnología 5G en 2021

Lunes 16 de noviembre de 2020

La Moncloa

La conectividad y la tecnología 5G son proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y figuran entre las prioridades de la hoja de ruta para la transformación digital, España Digital 2025, cuyo objetivo es reducir las brechas digitales y contribuir a la vertebración territorial.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha presentado hoy las líneas directrices del Plan para la Conectividad de personas, empresas y territorios, y la Estrategia para el impulso de la tecnología 5G ante la Comisión Permanente de Telecomunicaciones del Consejo Consultivo para la Transformación digital.

Durante la reunión, que se ha celebrado de manera telemática, se han presentado la estructura, ejes, medidas principales y presupuesto de ambos planes con el fin de recabar la opinión y comentarios de la Comisión Permanente de Telecomunicaciones y Audiovisual un foro para la colaboración públicoprivada en el que están representados los operadores de telecomunicaciones, fabricantes, instaladores, proveedores de servicios, consultoría e integradores vinculados al sector de las telecomunicaciones y audiovisual, así como expertos, entidades económicas y sociales.

La Comisión es una de las dos que integran el Consejo Consultivo para la Transformación digital, creado el pasado mes de septiembre, cuyo objetivo es asesorar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El secretario de Estado ha recordado que la conectividad y la tecnología 5G son proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que destina el 33% de los fondos previstos en el periodo 2021-2023 a digitalización.

El Plan para la Conectividad de personas, empresas y territorios, que tiene un horizonte temporal hasta el 2025, tendrá ya un presupuesto de 583 millones de euros en el año 2021 en el marco de la agenda España Digital 2025. Contiene actuaciones en dos grandes áreas: «Conectividad para todos» con medidas para avanzar hacia el 100% de cobertura a 100 Mbps y «Conectividad para transformar la economía» con medidas para impulsar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes.

Entre sus medidas se incluyen actuaciones para dotar de conectividad a los polígonos industriales y otras islas tecnológicas, así como la realización de despliegues que acompañen a los proyectos de los sectores tractores de digitalización incluidos en la agenda España Digital 2025: agroalimentario, salud, movilidad, turismo y comercio.

Por su parte, la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, que se extiende también hasta el 2025, contará con un presupuesto en el año 2021 de 300 millones. Continúa con la labor iniciada con el Plan Nacional 5G 2018-2020, que ha contribuido a que España sea el país europeo con mayor número de ciudades con oferta disponible de servicios 5G y proyectos piloto donde se prueban posibles aplicaciones de esta tecnología.

La Estrategia de impulso al 5G contiene medidas para promover un despliegue rápido de las redes que permitan obtener los beneficios de la transformación económica que promete esta tecnología desde un primer momento, complementando las actuaciones de despliegue planificadas por los operadores. En ese mismo sentido, se promoverán los despliegues en los ejes principales de los corredores de transporte, en los transfronterizos y en vías secundarias. Además, incluye medidas para activar el uso de 5G en los proyectos tractores de digitalización sectorial.

España Digital 2025

La agenda España Digital 2025 incluye cerca de cincuenta medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país durante los próximos cinco años.

El Plan para la Conectividad de personas, empresas y territorios y la Estrategia para el impulso de la tecnología 5G son compromisos que forman parte de los dos primeros ejes de España Digital 2025. Tienen como objetivo ampliar la conectividad y promover el despliegue de redes 5G, reduciendo las brechas digitales y contribuyendo a la vertebración del territorio.

El Ministerio de Cultura y Deporte anuncia un acuerdo con Correos y libreros para abaratar los envíos de libros

viernes, 20 de noviembre de 2020

El Ministerio de Cultura y Deporte anuncia un acuerdo con Correos y libreros para abaratar los envíos de libros

Viernes 13 de noviembre de 2020

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha anunciado que su departamento, a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, ultima un acuerdo a tres bandas con Correos, con los libreros y con sus representantes -la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL)- para impulsar el comercio electrónico de libros y abaratar gastos de envío.

Rodríguez Uribes ha afirmado que este acuerdo tiene tres objetivos: «Uno, intentar abaratar costes a los libreros en los envíos y también a los ciudadanos. Dos, favorecer el acceso universal a la cultura y a la lectura, y estoy pensando en personas mayores que están en casa, enfermos y también en la España rural. Y, por último, fomentar la lectura, que es lo que nos hace libres».

Para ello, según ha explicado el ministro, es necesario «dar un apoyo específico a la digitalización de las librerías y a la formación de los libreros en el ámbito digital para, en definitiva, mantener las estructuras y el tejido de unos negocios muchas veces muy pequeños, pero que vertebran el barrio, la ciudad y hacen cohesión social y territorial».

Digitalización

El ministro hojea un libroRodríguez Uribes considera que se trata de «favorecer mecanismos de logística de envíos con el fin de garantizar la seguridad y la eficacia, y permitir que los libreros tengan una opción segura y más barata para hacer llegar sus libros pero no solo en este contexto de pandemia, también para el futuro». Según el ministro, la digitalización «ha venido para quedarse y tenemos que sentar las bases» en el marco del Plan de Recuperación. «Creo que el ámbito de los libros es ideal para potenciar la digitalización», ha matizado.

El ministro ha hecho este anuncio en la Librería Marcial Pons, donde ha comenzado un recorrido por establecimientos independientes de Madrid para celebrar el Día de las Librerías 2020, junto a la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, y representantes de CEGAL. A esta conmemoración se ha sumado el Ministerio de Cultura y Deporte con el reparto de 8.000 mascarillas en bibliotecas públicas y librerías.

Aumento presupuestario

En declaraciones a los medios, el ministro de Cultura y Deporte ha subrayado que «el compromiso del Gobierno de España con el libro es claro, es fuerte, y queríamos estar personalmente para que lo sintieran y lo comprobaran». En ese sentido, ha hecho referencia al proyecto de Presupuestos Generales del Estados 2021, que «incluyen una subida de unos 8 millones de euros para toda la cadena del libro y hemos subido el presupuesto a la Dirección General del Libro en 7 millones, hasta casi alcanzar los 23 millones de euros». A dichas partidas suma las ya aprobadas en el Decreto de 5 de mayo pensando en las librerías independientes, generalistas y especializadas, refiriéndose, en concreto, a las ayudas extraordinarias de 4 millones de euros». Además, destacó el Programa Afinidades Electivas, entre otras para promover la lectura.

Industria cultural

«La cultura y los libros son un pilar fundamental de las sociedades humanas, no podríamos vivir sin ellos. Hemos comprobado en el confinamiento, con las restricciones de movilidad, que acudir a un buen libro es una forma de disfrutar y compensar las penas de estos momentos difíciles por los que estamos pasando», ha reflexionado el ministro. Ha remarcado que «son valores cualitativos, pero también cuantitativos, pues hablamos de industrias culturales». Y ha recordado que «con un idioma como el nuestro, el español hacia afuera tiene un potencial enorme, y tenemos un horizonte próximo, que es la Feria de Frankfurt, donde somos país invitado y queremos potenciar al máximo el sector del libro».

El juez rechaza la petición de sobreseimiento y continúa el procedimiento contra los dos investigados por el uso de tarjetas bancarias de la Faffe en locales de alterne

viernes, 20 de noviembre de 2020

Viernes, 13 de noviembre de 2020

El juez rechaza la petición de sobreseimiento y continúa el procedimiento contra los dos investigados por el uso de tarjetas bancarias de la Faffe en locales de alterne

Acuerda la práctica de parte de las diligencias planteadas por Fiscalía y defensas y deniega la petición del PP-A para que testificara un ex consejero de Empleo de la Junta

Autor: Comunicación Poder Judicial

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar el procedimiento y desestimar la solicitud de sobreseimiento provisional de las actuaciones planteada por las defensas de las dos personas investigadas por la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para el pago de los servicios en distintos locales de alterne de la región andaluza, como son el que fuera director técnico de la Faffe Fernando José V.R. y la directora económica financiera de la citada fundación en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011, Ana V.R..

El magistrado ha dictado este auto tras la comparecencia prevista en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) que se celebró el pasado día 30 de septiembre, en la que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones personadas solicitaron la continuación del procedimiento y la práctica de determinadas diligencias, mientras que las defensas de los investigados interesaron el sobreseimiento de las actuaciones y, de manera subsidiaria, la práctica de diligencias de instrucción jurisdiccional.

En el referido auto, fechado el día 12 de noviembre y notificado hoy viernes a las partes, el juez pone de manifiesto que, de las diligencias hasta ahora practicadas, “se infiere la posible perpetración de delitos continuados de malversación y de falsedad documental, con independencia de la calificación jurídica definitiva que se determine y de la posible concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”, por parte de ambos investigados, delitos cuyo enjuiciamiento viene atribuido al Tribunal del Jurado.

En este sentido, el instructor subraya que, según se infiere de las diligencias practicadas hasta el momento, el investigado Fernando José V.R., “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida fundación”.

El juez señala que, en total, este investigado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos realizada”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “idearon un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el investigado”, de forma que, “en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos devolución de las citadas cantidades que no se corresponden con la realidad”.

Según expone, “de las diligencias hasta la fecha practicadas, y sin perjuicio del resultado de las acordadas en el marco del presente procedimiento ante el Tribunal del Jurado, es posible deducir” que la investigada “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” Fernando José V.R., “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe para que” el investigado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.

La testifical del ex consejero “no resulta idónea ni necesaria”

“La recurrente, en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”, asevera el juez, que, por todo ello, rechaza el sobreseimiento de las actuaciones solicitado por ambos investigados y acuerda la continuación de las mismas -al estimar “suficientemente fundada la imputación formulada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas”- con la práctica de las diligencias correspondientes.

Así, y respecto de las diligencias interesadas por la Fiscalía y las defensas personadas, el juez acuerda la práctica de parte de las diligencias solicitadas al considerar que son “pertinentes” a los fines de la presente instrucción jurisdiccional, es decir, a los fines de decidir sobre la posible apertura de juicio oral.

En concreto, acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -Grupo de Delincuencia Económica- para que practique una serie de diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos investigados, mientras que también libra oficio a la Junta de Andalucía a fin de que proceda a la transcripción de las declaraciones practicadas hasta la fecha en la causa y acuerda la declaración testifical de un auditor de cuentas para el próximo día 16 de diciembre.

Por el contrario, deniega la diligencia solicitada por la acusación popular ejercida por el PP-A consistente en la declaración como testigo del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, al considerar que “resulta improcedente en esta fase del proceso teniendo en cuenta que, en todo caso, dicha diligencia no resulta idónea ni necesaria a los fines de decidir sobre la apertura de juicio oral”.

Al hilo de ello, el instructor manifiesta que el hecho de que el ex consejero cesara en su cargo el día 22 de marzo de 2010, fecha (entre los días 22 y 23 de marzo de 2010) en la que el investigado habría realizado disposiciones (14.737 euros) en un local de alterne con cargo a su tarjeta de la Faffe, “no permite deducir -por contra de lo que sostiene la acusación popular- que el ex consejero de Empleo acompañase” al que fuera director técnico de la Fundación en el momento de realizar aquellas disposiciones. “Por más que se afirme ‘previsible y verosímil’, esa circunstancia no deja de constituir una mera conjetura carente de evidencias en que sustentarse”, apostilla el instructor.

“Es más, aún cuando hubiese constancia -que no la hay en modo alguno-“ de que el ex consejero “u otra persona acompañasen” al investigado aquel día, “su declaración resultaría innecesaria, teniendo en cuenta que el investigado ha reconocido la realidad de los cargos y disposiciones realizadas con las tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe y lo irregular de dicho proceder”, afirma el juez, que concluye diciendo que, “en consecuencia, ningún dato de relevancia podría aportar dicho hipotético testigo para los fines de la presente instrucción jurisdiccional, dirigida exclusivamente a determinar la existencia de indicios de criminalidad en relación a la presunta perpetración” por parte de los dos investigados de delitos continuados de malversación y falsedad documental.