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El faro de Madrid visto desde la dehesa de la Villa

martes, 24 de noviembre de 2020

El pleno del TC avala la constitucionalidad de la Ley de protección de la seguridad ciudadada de 2015 salvo las grabaciones “no autorizadas” a la policía

martes, 24 de noviembre de 2020

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

Nota informativa Nº 108/2020

El pleno del TC avala la constitucionalidad de la Ley de protección de la seguridad ciudadada de 2015 salvo las grabaciones “no autorizadas” a la policía

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC) salvo la necesidad de autorización para el “uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” prevista en el art. 36.23 de la Ley.

En consecuencia, la sentencia, de la que ha sido ponente el Presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, desestima la mayoría de las impugnaciones (arts. 19.2, 20.2, 36,2 y 23, 37.1 en relación con los arts. 30.3, 37.3 y 7 así como la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015) del recurso de inconstitucionalidad presentado por 97 diputados del PSOE; 11 de Izquierda Plural y Chunta Aragonesista; 4 de Unión Progreso y Democracia y 2 del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.

El Tribunal analiza los preceptos con un meticuloso estudio de la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluye lo siguiente:

1º. Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “no autorizado” del art. 36.23 de la LOPSC, que prevé como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La sentencia explica que hay censura previa proscrita por el art. 20.2 CE cuando la difusión de las imágenes o datos se sometan a un previo examen de su contenido por el poder público, de forma que aquélla (la difusión) solo se pueda realizar si éste “otorga el placet”.

En consecuencia, “el art. 36.23 dado que sujeta a la obtención de autorización administrativa previa la actividad consistente en usar imágenes o datos de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, resulta contrario a la interdicción de censura previa ex art. 20.2 CE”

2º Declarar que los arts. 36.23, 37.3 y 37.7 LOPSC no son inconstitucionales siempre que se interpreten en el sentido siguiente:

-Art. 36.23. El término “uso” debe interpretarse en el sentido de que para que pueda apreciarse infracción grave es necesaria la publicación o difusión ilícita, no bastando la mera captación no seguida de publicación o difusión; y el término “imágenes o datos personales o profesionales” comprende también las relativas a la vida privada, elemento este que deberá tomarse en cuenta para determinar si prevalece o no el derecho a la información.

-Art. 37.3 califica como infracción leve “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal (…) cuando provoquen alteraciones menores (…)”. Deben interpretarse en el sentido de que esas alteraciones menores tienen que ser relevantes, es decir, de una determinada entidad y gravedad.

-Art. 37.7 tipifica como infracción leve la ocupación de cualquier inmueble, vivienda (…) en contra de la voluntad de su propietario (…) cuando no sea constitutiva de infracción penal.

El Tribunal entiende la sanción como infracción leve no puede ser considerada como límite desproporcionado, dado que la ocupación se ha realizado contra la voluntad del propietario o titular de un derecho real. Por tanto, nada se puede objetar desde el punto de vista del principio de taxatividad (art. 25.1 CE).

El párrafo segundo de dicho apartado se sanciona “la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto en la Ley”. La sentencia entiende que es constitucional porque, a pesar de tratarse de una norma sancionadora en blanco, el núcleo esencial de la prohibición se encuentra en la misma, y queda completado con la referencia a otras normas de rango legal, no pudiendo estas a su vez ser completadas por normas reglamentarias.

Respecto al resto del contenido del art. 37.7, entre otros, el apartado “se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada”, el Tribunal desestima la impugnación y no lo declara inconstitucional, con sujeción al principio de legalidad.

3º La disposición final primera de la LOPSC por la que se introduce la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social es conforme a la Constitución siempre que se interprete conforme a lo indicado en el fundamento jurídico 8 C), concretado en los siguientes puntos:

  1. Aplicación a las entradas individualizadas.
  2. Pleno control judicial.
  3. Cumplimiento de las obligaciones internacionales

El régimen especial para Ceuta y Melilla de rechazo en frontera de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente (Disposición Final Primera LOPSC), es conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consistente en que el “rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre. La actuación material [será constitucional], sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera”.

Además, el rechazo ha de llevarse a cabo con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio español.
En todo caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables (los menores de edad, las embarazadas o personas de edad avanzada).

4º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
En este apartado se pueden citar, entre otros, los siguientes preceptos impugnados:

-Art. 36.2 LOPSC tipifica como infracción grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.

Para el Tribunal, este precepto “se orienta a evitar que la perturbación grave de la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones o manifestaciones ante las Cortes impida el normal funcionamiento del órgano parlamentario en sus distintas formas y composiciones o produzca una desconsideración del símbolo encarnado en las sedes parlamentarias”.

Así, la sentencia avala la protección de dos bienes jurídicos. Por un lado, la especial significación institucional que tienen las instituciones parlamentarias y por otro, el normal funcionamiento de estos órganos. Además, resulta constitucional el apartado segundo, en su integridad, comprendiendo los términos “aunque no estuvieren reunidas”.

También se declara constitucional el art. 20.2 LOPSC relativo a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán realizar registros corporales externos. La sentencia explica que dicha práctica “no lesiona el derecho a la intimidad corporal cuando dichos registros, que incluso pueden conllevar el desnudo parcial, se basen en indicios racionales de que se porten objetos y puedan ser utilizados con la finalidad de cometer un delito o infracción, o de alterar la seguridad ciudadana”. El Tribunal entiende que esta actuación deberá basarse en el principio de proporcionalidad, de modo que solo procederá cuando resulte idónea para la protección de la seguridad ciudadana.

Han votado en contra de la sentencia los magistrados María Luisa Balaguer Callejón y Cándido Conde-Pumpido Tourón. Sólo la primera redactará un voto particular.

En los próximos días se facilitará el contenido íntegro de la sentencia y del voto particular.

Madrid, 19 de noviembre de 2020

Plan de medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia de autónomos y empresas

martes, 24 de noviembre de 2020

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Plan de medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia de autónomos y empresas

Martes 17 de noviembre de 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y trabajadores autónomos, con la adopción de nuevas medidas en los ámbitos financiero y concursal.

Con el objetivo de que puedan seguir disponiendo de la financiación adecuada para cubrir sus necesidades de liquidez o realizar sus proyectos de inversión, se amplía hasta el 30 de junio el plazo de concesión de las dos Líneas de hasta 140.000 millones de avales públicos gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad (fundamentalmente, no estar en mora ni incursas en procedimiento concursal) podrán disponer de una ampliación en el vencimiento de los préstamos de la Línea de Avales del ICO para liquidez de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años, desde los cinco actuales. Adicionalmente, podrán gozar de un plazo adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses.

Más del 73% de las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tienen un plazo de entre 4 y 5 años, según los datos disponibles hasta el 31 de octubre.

Asimismo, las entidades financieras no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados y habrán de mantener las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplan los criterios de elegibilidad y cuenten con un préstamo avalado al amparo de alguna de las dos Líneas de Avales de ICO.

Las entidades financieras aprobarán la ampliación de los plazos a solicitud del cliente en un máximo de 30 días.

A partir de la entrada en vigor de estos cambios, todas las operaciones de financiación garantizadas con aval del ICO contarán con un plazo de amortización que puede llegar a los ocho años. Se igualan así las características de la Línea de Avales aprobada en marzo con la de la Línea de Avales para inversión y liquidez, que se aprobó en julio, y que ya tenía ese plazo máximo.

Se prevé, asimismo, una rebaja de hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de los plazos.

Menos cargas financieras

Con las modificaciones aprobadas se alivia de manera notable la carga financiera de autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que puedan disponer de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones financieras.

Por ejemplo, para el crédito medio concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor (operación de 77.500 euros con un tipo del 2,5%) y que tuviera un plazo de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia, el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar 161 euros los próximos 12 meses y 1.518 a partir de entonces.

En el ámbito de turismo, ocio y cultura, en el que el crédito medio concedido tiene un importe de 100.270 euros al 2,2%, con un plazo de devolución de cinco años y que contara con 12 meses de carencia, el cliente mantendría su cuota durante un año adicional en 183 euros y, al extender el plazo de devolución en tres años más, una vez finalizada la carencia vería reducida su cuota de 2.184 a 1.487 euros.

En el crédito tipo del sector de la industria de alimentación y bebidas, con un plazo de devolución de cuatro años, un importe de 270.600 euros y una cuota del 2,1%, la extensión del plazo de devolución en otros tres ejercicios y la introducción de 12 meses de carencia permitiría bajar la cuota mensual de 6.688 a 473 euros durante un año y, a partir de entonces, situarla en 4.344 euros.

Con datos a cierre del pasado mes de octubre, los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, y el de industria textil y moda, junto al comercio al por menor de estos ámbitos, concentran 274.000 operaciones, casi un tercio de los créditos concedidos, por lo que estas medidas pueden ayudar de manera notable a proteger la solvencia de los autónomos y empresas vinculados a los mismos.

Medidas adicionales

Asimismo, para reforzar las medidas de apoyo a la liquidez y ampliar su alcance, podrán beneficiarse de los avales de la Línea de 40.000 millones de euros para liquidez e inversión aprobada en julio los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). De esta forma se fomenta el mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales, como alternativa a la financiación bancaria.

Estas medidas son adicionales a las ya aprobadas en las últimas semanas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para reforzar la solvencia y la financiación empresarial, en particular para apoyar a las empresas exportadoras a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

En primer lugar, se ha creado una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada con 1.000 millones de euros, dando así continuidad a la línea del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En segundo lugar, se ha ampliado en 100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para PYME y empresas no cotizadas. Y, finalmente, se ha creado una nueva línea de cobertura de avales para empresas cotizadas, por un importe de 1.000 millones de euros de euros y con vigencia temporal hasta diciembre de 2021.

Medidas en el ámbito concursal

El RDL establece también otras medidas para apoyar la solvencia, recuperación y mantenimiento de las empresas viables, evitando así el posible impacto sobre la continuidad de la actividad económica y la estabilidad financiera generado por el desencadenamiento automático de procesos de liquidación derivados de la caída transitoria de los ingresos por la situación excepcional generada por la pandemia sanitaria. Con este objetivo, se amplía el alcance temporal de algunas medidas aprobadas en materia concursal.

De forma específica, se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores.

También se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación.

Estas medidas permitirán evitar el concurso de empresas que, en condiciones de normalidad, serían viables, proporcionándoles un tiempo adicional para su recuperación o para la negociación con sus acreedores.

Por otra parte, se eleva de 500 a 1.000 millones de euros el umbral de capitalización recogido en la Ley del Mercado de Valores a partir del cual una empresa está obligada a solicitar que la negociación de sus acciones pase de realizarse exclusivamente en un mercado de Pyme en expansión a hacerlo en un mercado regulatorio. De este modo se incentiva el desarrollo de los mercados de financiación alternativa.

Adicionalmente, se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

Asimismo, el impacto de la crisis ha supuesto una amenaza para las empresas españolas que estaban viendo mermado su valor patrimonial, muchas de ellas de sectores estratégicos. Esto supone un elevado riesgo de que se lanzasen operaciones de adquisición por parte de inversores extranjeros, que hay que limitar. En consecuencia, en relación con el régimen de autorización previa de inversiones extranjeras, se aclaran los sectores estratégicos en los que se requiere autorización para llevar a cabo una inversión. Asimismo, de forma temporal hasta el 30 de junio de 2021, se incluyen en el régimen de autorización previa las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas si la inversión es superior a 500 millones de euros.

Con el fin de garantizar la continuidad de las instituciones en tanto se produce el proceso de renovación, se prevé que, tras la finalización del mandato del presidente, vicepresidente y consejeros no natos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), éstos puedan continuar en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de sus sucesores.

Reducción IVA

Mediante este Real Decreto-Ley se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 la rebaja al 0% del IVA aplicable a la compra de determinados productos sanitarios como mascarillas, guantes, gafas, gorros, batas impermeables, termómetros, respiradores, y diversos elementos de protección individual por parte de hospitales

Además se rebaja, hasta el 31 de diciembre de 2021, el IVA de las mascarillas al tipo superreducido, bajando del 21% al 4% y se adoptan una serie de disposiciones para la transposición de la normativa comunitaria en materia energética. De esta forma, el precio ha pasado de 0,96 euros a 0,72 euros la unidad, con un IVA del 21%. La rebaja del gravamen al 4% provocará una próxima disminución del precio máximo. Por tanto, está previsto que finalmente el precio de las mascarillas bajará en torno a un 35%.

Financiación de la Seguridad Social y el SEPE

Por otra parte, el Real Decreto-ley también contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social tras el impacto de la pandemia.

Esta transferencia garantiza la financiación del sistema de la Seguridad Social para atender las medidas puestas en marcha para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia. Entre esas medidas que siguen vigentes para proteger las rentas de los trabajadores se encuentran los ERTEs, la prestación por cese de actividad para los autónomos o medidas de alivio para las empresas mediante exoneraciones en las cotizaciones sociales.

El Real Decreto-ley incluye además un crédito extraordinario por importe de 2.300 millones para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal .El objetivo de esta transferencia es hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios por desempleo derivado de las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19.

Deducciones e incentivos fiscales

Asimismo, se amplía la deducción por inversiones en producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales para incorporar la fase de producción a la aplicación de este incentivo en las producciones de animación.

El Real Decreto-ley recoge además la modificación de una serie de incentivos fiscales al sector del automóvil para adecuarlos a la regulación comunitaria. De esta forma, se adapta la libertad de amortización para determinadas inversiones al Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado, y se modifican los límites temporales para poner en funcionamiento las inversiones y para aplicar el incentivo.

Además, se modifica la deducción por innovación y se introducen diferencias, según la dimensión de la empresa, de forma que para pymes la deducción pasa a ser del 50%, mientras que para no pymes será del 15%.

REF de Canarias

Por otro lado, este Real Decreto-ley modifica de manera puntual el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para adaptarlo a las disposiciones comunitarias relativas a la prórroga de las Directrices de Ayuda con finalidad regional para 2014-2020.

La modificación permite prorrogar las referencias temporales previstas en la reserva por inversiones y en la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (ZEC), que concluían el 31 de diciembre de 2020 y han sido prorrogadas por la UE hasta el 31 de diciembre de 2021. Esta ampliación garantiza la operatividad de dichos instrumentos.

Foment y CATFORMACIÓ denuncian una desescalada discriminatoria para las empresas privadas de formación no reglada

martes, 24 de noviembre de 2020

Foment y CATFORMACIÓ denuncian una desescalada discriminatoria para las empresas privadas de formación no reglada

Las empresas han aplicado las medidas de prevención generales del Procicat con inversiones económicas importantes

20 de noviembre de 2020

◾La suspensión de la presencialidad y el forzoso paso a aula virtual es un agravio para todas aquellas personas que no tienen la opción de continuar la formación en linea por carencia de medios, carencia de cobertura por ubicación, etc.
◾CATFORMACIO avisa de que el sector privado no reglado volverá a la presencialidad “reduciendo la ocupación en 50% a partir del 23 de noviembre y aplicando rigurosamente las medidas de carácter general que aplican al resto del tejido empresarial al cual pertenecemos”.

Foment del Treball apoya y hace suyas las reivindicaciones de CatFormació, que representa a las empresas privadas de formación no reglada de Cataluña. Ante la ambigüedad y confusión provocadas por la resolución SLT/2700/2020 y visto el plan de desescalada del Procicat denuncian un plan que es discriminatorio para las empresas privadas y para sus alumnos. Las empresas han cumplido todas las normas de seguridad y han hecho inversiones importantes para facilitar la continuidad de la formación, pero el plan presentado por Procicat pone en peligro miles de puestos de trabajo.

CatFormació manifiesta lo siguiente:
1.No somos extraescolares sino que somos empresas privadas de formación y nos corresponde aplicar las medidas generales de prevención dictadas por el Procicat y no las específicas de Educación.
2.Las empresas privadas de formación hemos aplicado rigurosamente las medidas de prevención generales del Procicat, en muchos casos haciendo inversiones económicas importantes para la adaptación de los espacios y equipaciones.
3.A pesar de que hacemos la misma actividad, el plan de desescalada discrimina entre formación del Departamento de Educación y formación de las empresas privadas de formación, permitiendo la presencialidad reducida de la primera pero no de la segunda, generando un agravio comparativo inaceptable.
4.El plan del Procicat pone en riesgo los puestos de trabajo de miles de trabajadores de nuestras empresas cuando ya han sufrido un ERTE, a la vez que blinda y amplía los privilegios de los trabajadores públicos, que ya disfrutan de un puesto de trabajo seguro y que no han visto menguado su poder adquisitivo durante esta crisis sanitaria.
5.La suspensión de la presencialidad y el forzoso paso a aula virtual es un agravio para todas aquellas personas que no tienen la opción de continuar la formación en linea por carencia de medios, carencia de cobertura por ubicación, etc.
6.La suspensión de la presencialidad fomenta la economía sumergida de particulares en espacios no regulados y sin ningún control de medidas de prevención en detrimento de espacios seguros y regulados con una ocupación máxima y regulados por licencia de apertura.
7.Las empresas de formación privadas estamos en riesgo de cierre después de 5 meses sin actividad (3 de confinamiento forzado y 2 meses de inactividad en verano), sufriendo un goteo constante de bajas y habiendo asumido inversiones importantes para adaptarnos rigurosamente a las medidas de prevención.
8.Celebramos la apertura otros sectores con igual o más alto riesgo de contagio pero exigimos que no sea en detrimento de nuestra actividad, que es de bajo riesgo y dónde no constan datos públicos de brotes o contagios.
9.Devolveremos a la presencialidad reduciendo la ocupación en 50% a partir del 23 de noviembre y aplicando rigurosamente las medidas de carácter general que aplican al resto del tejido empresarial al cual pertenecemos.
10.Apoyamos que se tomen las medidas punitivas correspondientes cuando se detecten casos que vulneren la protección de la salud pero en ningún caso se penalice a priori un sector entero que ha hecho grandes esfuerzos en un contexto muy difícil para aplicar con rigor todas las medidas de prevención.

Dos de cada tres españoles que enviaron un paquete lo hicieron a través de Correos y Correos Express

martes, 24 de noviembre de 2020

Dos de cada tres españoles que enviaron un paquete lo hicieron a través de Correos y Correos Express

20 noviembre 2020 CNMC

◦El tiempo de espera en las oficinas postales fue lo que obtuvo peor valoración por parte de los usuarios de las mismas.
◦Un 71% de los usuarios de buzones postales valoró positivamente la facilidad para encontrar uno.

Correos (y su filial Correos Express) fueron la principal empresa elegida por los españoles para enviar un paquete (envíos en los últimos seis meses). Dos de cada tres personas prefirieron la compañía estatal para realizar sus envíos de paquetería, según los últimos datos del Panel de Hogares CNMC del segundo trimestre de 2020 sobre paquetería y correo postal.

Además, entre los que enviaron paquetes, MRW fue utilizada por casi un 9% de los individuos y Seur por un 6%. El resto de compañías de envío de paquetería aglutinaron el 14% restante.

Empresa con la que enviaron el último paquete (porcentaje de individuos, II-2020)

Fuente: CNMCData. Universo: Individuos que han enviado un paquete en los últimos seis meses.

Los individuos que enviaron un paquete en los últimos seis meses se mostraron satisfechos con la fiabilidad del envío que les ofrecía la empresa elegida (un 80%), seguido del tiempo de entrega (un 71%). Además, más de la mitad se mostraron satisfechos con el precio de los servicios que contrataron con estas empresas de mensajería.

Fuente: CNMCData. Universo: Individuos que han enviado un paquete en los últimos seis meses.

Cuatro de cada diez españoles acudieron a una oficina de Correos en los últimos seis meses, y algo más del 70% se mostraron satisfechos con los servicios recibidos. Lo mejor valorado fue la atención del personal de sus oficinas (76%), seguido de la cercanía de la oficina a su domicilio (71%) y la información recibida sobre el precio y coste de los servicios (61%). No obstante, apenas la mitad de los que acudieron a alguna oficina postal se mostraron conformes con el tiempo de espera para realizar sus gestiones en una oficina de Correos.

Fuente: CNMCData. Universo: Individuos que han visitado una oficina de Correos en los últimos seis meses.

Entre los individuos que utilizaron un buzón de Correos en los últimos seis meses, lo mejor valorado fue la facilidad para encontrar uno (71%), seguido de la cercanía a su vivienda (70%) y la información aparecida en el buzón sobre el horario de recogida, que fue aprobado por el 65% de los usuarios.

Fuente: CNMCData. Universo: Individuos que han utilizado un buzón de Correos en los últimos seis meses.

Los individuos que enviaron una carta en los últimos seis meses lo hicieron a través de Correos (96%) y en su mayoría utilizaron la modalidad de carta ordinaria (83%). Los usuarios que enviaron cartas se mostraron satisfechos en un 60% con el tiempo de entrega, mientras que solo algo más de la mitad aprobó el precio que pagó por los servicios contratados.

Fuente: CNMCData. Universo: Individuos que han enviado una carta en los últimos seis meses.

Metodología.

Estos resultados forman parte del Panel de Hogares CNMC, una encuesta a hogares e individuos de periodicidad semestral. La CNMC pretende recopilar información directamente de los ciudadanos a través de encuestas y análisis de las facturas de los servicios. El estudio es de naturaleza multisectorial y recoge datos relativos a los mercados de telecomunicaciones, audiovisuales, energía, postal y transporte, entre otros. La encuesta de esta oleada se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2020 e incluyó a 4.979 hogares y 9.355 individuos. Esta herramienta aporta una información amplia y diversa, y permite a la CNMC conocer mejor el punto de vista de los consumidores.

Sancionado el conductor que deslumbró con un puntero láser a un camionero

martes, 24 de noviembre de 2020

21/11/20

Sancionado el conductor que deslumbró con un puntero láser a un camionero

La investigación se inició gracias al video colgado en redes sociales por el conductor del camión

La sanción a la que se enfrenta el infractor asciende a 30.000 euros

Sancionado el conductor que deslumbró con un puntero láser a un camionero

La Guardia Civil ha logrado identificar y proponer para sanción al conductor de una furgoneta de reparto que, en la noche del pasado día 11, circulaba apuntando con un puntero láser al conductor de un camión que circulaba detrás de él.

Al día siguiente de ocurrir los hechos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias (GIAT), detectó a través de las redes sociales un video en el que se observaba la infracción. Una furgoneta de una conocida empresa de reparto, en un momento dado de la circulación, proyectó varias veces un haz de luz de color verde –proveniente de un puntero laser- sobre la visión del conductor del camión de gran tonelaje que circulaba detrás, provocando el deslumbramiento de éste y pudiendo causar un grave accidente.

Tras visualizar el video, el GIAT realizó un informe en el que, fotograma a fotograma, consiguió desgranar varios puntos de referencia para identificar la vía en la que se habían producido los hechos.

Una vez identificado el lugar entre los kilómetros 125 y 123 de la autopista de peaje AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo), término municipal de Soses y partido judicial de La Seu de Urgell (Lleida), así como la matrícula de la furgoneta de reparto desde la que se cometió la infracción, los agentes se pusieron en contacto con la empresa y obtuvieron los datos del trabajador que conducía en esos momentos el vehículo.

La Guardia Civil ha instruido un expediente por infracción muy grave a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana bajo el siguiente precepto: “La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes”, el cual fue remitido a la Subdelegación de Gobierno de Lleida (Cataluña).

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT), perteneciente al Sector/Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias.