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sábado, 28 de noviembre de 2020

El Parlamento quiere dotar a los consumidores de un «derecho a la reparación»

sábado, 28 de noviembre de 2020

El Parlamento Europeo quiere dotar a los consumidores de un «derecho a la reparación»

Notas de prensa

Impulso de las opciones de consumo sostenibles y de la cultura de la reutilización

Mejorar la posibilidad de reparación y prolongar la vida útil de los productos

Un cargador único para reducir los residuos electrónicos

Introducir cambios sistemáticos: desde la producción y la contratación pública hasta la publicidad y la gestión de residuos

El Parlamento apuesta por la reutilización y reparación y por sensibilizar sobre el impacto medioambiental del consumo

El Parlamento quiere impulsar la sostenibilidad mediante la reutilización y las reparaciones y acabar con las prácticas que acortan la vida útil de los productos.

La resolución sobre un mercado único más sostenible se ha aprobado por 395 votos a favor, 94 en contra y 207 abstenciones.

Los eurodiputados piden a la Comisión que dote a los consumidores de un «derecho a la reparación». Para ello, proponen que las reparaciones sean más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea mediante la ampliación de las garantías, ofreciendo garantías para las piezas de recambio o mejorando el acceso a la información sobre la reparación y el mantenimiento.

También insisten en que debe aumentarse el apoyo a los mercados de bienes de segunda mano, piden medidas para poner fin a las prácticas que reducen la vida útil de un producto y respaldan la producción sostenible. Los eurodiputados reiteran su petición de un cargador único para reducir los residuos electrónicos y reclaman el etiquetado de los productos y servicios en función de su durabilidad (por ejemplo, por medio de un contador de uso e información clara sobre la duración estimada de la vida útil de un producto).

Eliminar los obstáculos que impiden la reparación, la reventa y la reutilización

Para alentar a las empresas y los consumidores a hacer elecciones sostenibles, los eurodiputados abogan por una contratación pública más sostenible, así como por una comercialización y una publicidad responsables. Por ejemplo, cuando al publicitar características respetuosas con el medio ambiente, deben aplicarse criterios comunes para justificar dicha afirmación, como haber obtenido una etiqueta ecológica. La resolución también pide que se refuerce el papel de la etiqueta ecológica de la UE para incentivar su uso y sensibilizar a los consumidores.

Por último, el texto aprobado propone nuevas normas para la gestión de residuos y la eliminación de los obstáculos legales que impiden que los consumidores opten por la reparación, la reventa y la reutilización. Esto también beneficiará al mercado de materias primas secundarias.

«Ha llegado el momento de utilizar los objetivos del Pacto Verde como base de un mercado único que promueva productos y servicios diseñados para durar. Con este informe, el Parlamento envía un mensaje claro: el etiquetado obligatorio sobre durabilidad y la lucha contra la obsolescencia prematura son el camino a seguir», dijo el ponente David Cormand (Verts/ALE, Francia).

Antecedentes

Según una encuesta del Eurobarómetro, el 77 % de los ciudadanos de la UE preferiría arreglar sus dispositivos en vez de sustituirlos y el 79 % considera que debería exigirse legalmente a los fabricantes que faciliten la reparación de los dispositivos digitales o la sustitución de sus componentes.

Un juzgado anula una multa impuesta durante el confinamiento a un vecino de Vigo que se dirigía a una farmacia

sábado, 28 de noviembre de 2020

Miércoles, 25 de noviembre de 2020

Un juzgado anula una multa impuesta durante el confinamiento a un vecino de Vigo que se dirigía a una farmacia

El juez subraya que “no hay rastro de que por parte de los policías se le hubiese dirigido requerimiento alguno al denunciado que hubiese sido cuestionado”

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo ha anulado otra multa impuesta durante el confinamiento derivado del estado de alarma por estar en la vía pública. En este caso, el denunciado fue un hombre que caminaba el 28 de marzo sobre las tres y media de la tarde por la calle Camelias. Al ser interceptado por agentes de la Policía Local, les informó de que se dirigía a una farmacia porque las más cercanas a su vivienda estaban cerradas.

El juez subraya que “no hay rastro de que por parte de los policías se le hubiese dirigido requerimiento alguno al denunciado que hubiese sido cuestionado”, por lo que concluye que no existe delito de desobediencia y, por tanto, decreta la anulación de la sanción de 601 euros. “No vamos a entrar en el debate referente a las distancias de las farmacias que se hallaran abiertas más próximas al punto en el que se efectúa la denuncia, so pena de alcanzar resultados tan absurdos como que se valide una actuación sancionadora porque la farmacia a la que se ha acudido estaba a un kilómetro del domicilio del sujeto cuando disponía de otra a ochocientos metros”, explica el magistrado.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo, no obstante, señala que el vecino de Vigo acreditó una compra en la farmacia de la Ronda de Don Bosco, que es a la que le conminaron a ir los agentes por ser la más próxima a su domicilio. “Aunque no hubiese acudido a esa farmacia, sino a otra, no detectamos delito en su conducta”, recalca el juez, al tiempo que señala que el justificante de la compra “solo sirve para corroborar la plena obediencia del recurrente al mandato de los agentes que lo han denunciado, su total colaboración y disposición a aceptar su requerimiento y, en suma, la ausencia de cualquier renuencia a acatar sus órdenes”.

Mantener medidas de política decisivas para luchar contra la incertidumbre que persiste

sábado, 28 de noviembre de 2020

Mantener medidas de política decisivas para luchar contra la incertidumbre que persiste

Fondo Monetario Internacional

Por Kristalina Georgieva

En este momento en que la economía mundial afronta una coyuntura crítica, los líderes del G-20 celebran un reunió virtual esta semana. Los países han empezado a salir del pozo de la crisis de la COVID-19. Pero el rebrote de contagios en muchas economías muestra lo difícil e incierto que será el ascenso.

La buena noticia es el importante progreso en el desarrollo de vacunas. Aunque con muchas reservas, estos avances avivan las esperanzas de derrotar al virus, que se ha cobrado más de un millón de vidas y ha provocado la pérdida de decenas de millones de empleos.

Las noticias no tan buenas es la gravedad de la pandemia y sus negativas repercusiones económicas. El mes pasado, el FMI proyectó una histórica contracción del PIB mundial de 4,4% en 2020. Y esperamos una recuperación parcial y desigual el próximo año, con un crecimiento de 5,2%.

Los datos recabados desde nuestras últimas proyecciones confirman recuperación mundial ha continuado. En muchas economías —entre ellas Estados Unidos, Japón y la zona del euro—, la actividad económica en el tercer trimestre resultó mejor de lo esperado.

Pero, como señala el FMI en su nota a la cumbre de líderes del G-20, los datos más recientes sobre sectores de servicios que requieren un contacto intensivo apuntan una desaceleración del ímpetu en las economías donde está resurgiendo la pandemia.

En otras palabras, aun cuando se avista una solución médica a la crisis, la senda económica que tenemos por delante sigue siendo difícil y propensa a reveses.

Por el lado positivo, una contención del virus más rápida de lo esperado o el desarrollo de mejores tratamientos permitirían volver con mayor rapidez a la actividad normal, limitarían las secuelas económicas a más largo plazo e impulsarían el crecimiento.

Por el lado negativo, si los nuevos brotes exigen restricciones más estrictas de la movilidad, o si el desarrollo, la producción y la distribución generalizada de vacunas y tratamientos se retrasan, las medidas de distanciamiento social se prolongarán. Como resultado, el crecimiento será menor, la deuda pública mayor y las cicatrices en el potencial a largo plazo de la economía más graves; pensemos en el daño que puede causar la pérdida prolongada de empleo sobre el capital humano de los trabajadores.

Esta es la razón por la que debemos mantener medidas de política decisivas para luchar contra la incertidumbre que persiste.

El éxito depende de que actuemos con rapidez, y de que lo hagamos mancomunadamente. En mi opinión, las prioridades son tres: i) poner fin a la crisis sanitaria, ii) reforzar el puente económico hacia la recuperación y iii) construir las bases de una economía mejor para el siglo XXI.

En primer lugar, poner fin a la crisis sanitaria.

El rebrote de contagios es un importante recordatorio de que no puede lograrse una recuperación económica sostenible en ningún lugar a menos que derrotemos la pandemia en todos los lugares. El gasto público en tratamientos, pruebas de detección y rastreo de contactos es ahora más importante que nunca.

Al igual que lo es la cooperación transfronteriza para disminuir el riesgo de que el suministro de vacunas, tratamientos y pruebas sea inadecuado. Eso implica redoblar los esfuerzos multilaterales en lo que se refiere a la fabricación, compra y distribución de estas soluciones sanitarias, en especial en las naciones más pobres. También implica eliminar las recientes restricciones comerciales a los productos y servicios médicos, incluidas las restricciones relativas a las vacunas.

Estimamos que un progreso más rápido hacia soluciones médicas ampliamente compartidas podría sumar casi USD 9 billones a la renta mundial de aquí a 2025. Esto contribuiría a disminuir la diferencia en los niveles de ingreso entre las naciones más ricas y las más pobres, en un momento en que la desigualdad entre países va a aumentar.

En segundo lugar, fortalecer el puente económico hacia la recuperación.

El mundo, liderado por los países del G-20, ha adoptado medidas sincronizadas sin precedentes, que incluyen USD 12 billones en medidas fiscales y un enorme apoyo de liquidez por parte de los bancos centrales, que han frenado la caída de la economía mundial. Las condiciones de financiamiento se han relajado para todos los prestatarios, excepto para los de mayor riesgo.

Dada la gravedad de la crisis, tenemos que apuntalar estas medidas. Muchas naciones en desarrollo siguen afrontando una situación precaria, debido en gran parte a una menor capacidad para responder a la crisis. Y, a nivel mundial, la incertidumbre económica y financiera sigue siendo alta. Por ejemplo, las elevadas valoraciones de los activos apuntan a la desconexión de los mercados financieros con la economía real, con riesgos inherentes para la estabilidad financiera.

Asimismo, gran parte del apoyo mediante políticas fiscales está disminuyendo. Muchos de los balones de oxígeno, como las transferencias monetarias a los hogares, el apoyo al mantenimiento de empleo y el aumento de las prestaciones por desempleo, han dejado de existir o lo harán a finales de este año. Esto sucede en un momento en que aún se proyecta que la pérdida de empleos derivada de la crisis será considerable. Solo en el sector del turismo mundial, se estima que están en riesgo hasta 120 millones de empleos.

Así pues, ¿cómo podemos reducir la incertidumbre y fortalecer el puente hacia la recuperación?

1 . Evitar la retirada prematura de las políticas de apoyo. Algunas economías disponen de margen para brindar más apoyo fiscal el próximo año, por encima de lo actualmente presupuestado. Para los países con un espacio fiscal limitado, será crucial establecer prioridades y reasignar el gasto para proteger a los más vulnerables. Es igualmente importante mantener la política monetaria acomodaticia y las medidas de liquidez para garantizar el flujo de crédito, en especial hacia las pequeñas y medianas empresas, complementando este esfuerzo con políticas adecuadas en el sector financiero. Esto contribuiría a apoyar el crecimiento, el empleo y la estabilidad financiera.

2 . Prepararse ahora para dar un impulso sincronizado a la inversión una vez que la pandemia esté mejor controlada, a fin de estimular el crecimiento, limitar las secuelas a más largo plazo y abordar los objetivos relacionados con el clima. En los casos en que exista una amplia capacidad no utilizada, este tipo de inversión del sector público puede ayudar a que las economías avancen hacia el pleno empleo, al tiempo que se fortalece la productividad del sector privado.

Además, un nuevo estudio del personal técnico del FMI muestra que los beneficios potenciales de una inversión sincronizada por parte de los países del G-20 son importantes. Si quienes cuentan con el espacio fiscal más amplio aumentaran de manera simultánea el gasto en infraestructuras un ½% del PIB en 2021 y un 1% del PIB en los años subsiguientes —y si las economías con un espacio fiscal más limitado invirtieran una tercera parte de estos porcentajes— el PIB mundial podría elevarse en cerca de un 2% de aquí a 2025, en comparación con un poco menos del 1,2% si invierten de manera no sincronizada.

Dicho de otra manera, si los países actúan por separado, habría que gastar aproximadamente dos tercios más para lograr los mismos resultados. La cuestión de fondo es que podemos crear el impulso para el crecimiento, el empleo y para abordar el cambio climático de forma mucho más eficaz si trabajamos de manera conjunta.

En tercer lugar, construir las bases de una economía mejor para el siglo XXI.

La incertidumbre más relevante a la que nos enfrentamos en este momento es: ¿cómo aprovechar este momento de perturbación para construir una economía mejor para todos? Este fue el quid de la reunión de líderes mundiales celebrada la semana pasada en el Foro de París sobre la Paz, y estará presente en la mente de los líderes del G-20.

Todos reconocemos que la sostenibilidad medioambiental debe ser un pilar básico fundamental de una economía más resiliente e inclusiva. Requiere una potente combinación de medidas, que incluyen el impulso a la inversión verde y el aumento gradual de los precios del carbono. Estimamos que este tipo de programa de políticas elevaría el PIB mundial y crearía unos 12 millones de nuevos empleos en una década, y a la vez nos encaminaría por una senda hacia las emisiones netas cero de aquí a mediados del siglo.

Pero hay algo que sí está claro: si queremos aprovechar el crecimiento verde y todo el potencial de la economía digital, tenemos que apoyar a los trabajadores en su transición desde sectores en contracción a sectores en expansión. El gasto social es absolutamente fundamental, e incluye el aumento de la inversión en capacitación, reconversión profesional y educación de calidad. Esto es especialmente importante para los trabajadores con cualificaciones bajas o medias, entre los cuales las mujeres y los jóvenes están sobrerrepresentados y se han visto especialmente afectados por la crisis.

Otro pilar básico es la sostenibilidad fiscal. Uno de los principales legados de la crisis es la deuda pública mundial en máximos históricos. Hacer frente a este reto a mediano plazo será fundamental, entre otras maneras reformando los sistemas tributarios para movilizar ingresos equitativamente. Pero muchos países de bajo ingreso que soportan una pesada carga de deuda necesitan que se tomen medidas inmediatas para acceder a más donaciones, créditos concesionarios y alivio de la deuda.

Y en este asunto el G-20 ha desempeñado un papel clave. Su iniciativa de suspensión del servicio de la deuda ha proporcionado a muchos países de bajo ingreso un «respiro» temporal en su lucha contra el virus. Y el nuevo Marco Común, acordado con el apoyo del Club de París, va más allá: si se implementa en su totalidad, permitirá a las naciones más pobres solicitar un alivio permanente de la deuda, al tiempo que garantizará que todos los acreedores negocien en igualdad de condiciones.

Por último, es necesario apoyar a todo el mundo, más allá del G-20. Los esfuerzos multilaterales son vitales para que las economías más pobres superen la crisis. Al igual que lo es continuar los esfuerzos para fortalecer el comercio basado en reglas, fomentar un sistema internacional de tributación al que todos los países contribuyan equitativamente y apuntalar la red mundial de seguridad financiera. Sin estos esfuerzos, la desigualdad aumentará, y la economía mundial afrontará retos aún mayores en el período que tenemos por delante.

En el FMI hemos respondido a esta crisis de una forma sin precedentes, con más de USD 100.000 millones en nuevo financiamiento a 82 países y alivio del servicio de la deuda a los países miembros más pobres. Nos proponemos hacer aún más para ayudar a nuestros 190 países miembros a superar esta crisis y construir una economía mejor tras la pandemia.

La Ley Celaá incluye por sorpresa una disposición que permite apartar a docentes de sus funciones

sábado, 28 de noviembre de 2020

La Ley Celaá incluye por sorpresa una disposición que permite apartar a docentes de sus funciones

  • CSIF exige explicaciones urgentes y una aclaración durante el trámite en el Senado: la medida se ha introducido a espaldas de los sindicatos, deteriora la imagen del profesorado y crea un clima de desconfianza
  • El Congreso vota hoy una Ley que carece de recursos para afrontar los problemas de la Educación y negociada de espaldas al profesorado
    19 de Noviembre de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte de que la Ley Celaá, que se vota hoy en el Congreso de los Diputados, abre la puerta a que se aparte de sus funciones a docentes por supuesta falta de rendimiento.

Se trata de una medida sorpresiva –introducida en la disposición adicional cuadragésima octava– a espaldas de los sindicatos, que deteriora aún más la imagen del profesorado, creando un clima de incertidumbre y desconfianza sobre el ejercicio de sus funciones.

Desde CSIF, advertimos de que en España ya se pueden aplicar medidas disciplinarias, por lo que no entendemos que se incluya esta redacción en una Ley Orgánica, sin un análisis previo ni un diagnóstico que lo justifique. Reclamamos al Ministerio que dé explicaciones urgentes durante el posterior trámite parlamentario de la norma en el Senado.

En definitiva, como hemos venido denunciando a lo largo de los últimos meses, lamentamos, además, que la Ley Celaá arranque sin consenso y sin recursos (con un déficit de 26.600 docentes y de 7.000 millones en inversión educativa) para afrontar los graves problemas de la educación en España: fracaso escolar, paro juvenil, diferencias entre comunidades autónomas…

Se trata de un parche más en el modelo educativo que además recrudece polémicas como la de las lenguas cooficiales. La norma rebajará, asimismo, el nivel de exigencia para aprobar en lugar de apostar por planes de refuerzo educativo, incremento de plantillas o la reducción de ratios de alumnos.