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Archivo del 2 de diciembre de 2020

Islas Cíes desde Samil y Canido

miércoles, 2 de diciembre de 2020

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y las CC.AA se reúnen este miércoles para analizar la evolución del plan de especialización de juzgados en cláusulas abusivas

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Martes, 1 de diciembre de 2020

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y las CC.AA se reúnen este miércoles para analizar la evolución del plan de especialización de juzgados en cláusulas abusivas

El presidente del TS y del CGPJ presidirá la reunión, en la que participarán representantes del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia

Autor: Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presidirá mañana la reunión de coordinación del plan especial sobre cláusulas suelo, a la que asistirán representantes del órgano de gobierno de los jueces, del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

El plan de especialización de Juzgados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física se puso en marcha el 1 de junio de 2017 y se ha prorrogado sucesivamente desde entonces.

En la reunión está prevista la asistencia de los vocales del CGPJ Gerardo Martínez Tristán, de forma presencial, y, por vía telemática, de Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Rafael Mozo, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Pilar Sepúlveda, Juan Manuel Fernández y Nuria Díaz Abad.

Por parte del Ministerio de Justicia, participarán en el encuentro el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Francisco de Borja Vargues y el subsecretario, José Miguel Bueno Sánchez.

Asistirán también consejeros y consejeras y otros altos cargos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña reflexiona sobre la transición energética, el almacenamiento de energía y las centrales reversibles

miércoles, 2 de diciembre de 2020

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña reflexiona sobre la transición energética, el almacenamiento de energía y las centrales reversibles

Fomento del Trabajo Nacional

Es necesaria una estrategia rápida, clara y realista de salida de la crisis que en el sector eléctrico precisará más tecnologías i inversión privada

25 de noviembre de 2020

◾El progreso y el crecimiento económico ha comportado mayores niveles de consumo de energía, pero el uso masivo de energía ha producido externalidades negativas medioambientales y sociales.
◾El cambio climático pasa a ser el mayor desafío global y urgente al que se enfrenta la sociedad. La actual transición energética hacia una economía descarbonizada es un desafío sin precedentes que necesita de la implicación del conjunto de la sociedad.
◾Para lograr un sistema de generación eléctrica de cero emisiones se debe disponer de soluciones renovables económicamente viables y una investigación solvente, pero se contrapone el crecimiento de la población y las tasas crecientes de demanda de energía.
◾El almacenamiento es imprescindible para que la energía renovable esté disponible cuando se necesita. Es una prioridad de la UE al ser el almacenamiento una pieza fundamental para la integración de las energías renovables.
◾El almacenamiento de energía es clave para aprovechar el valor total de los recursos energéticos renovables en nombre de una mayor eficiencia.

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña publica el informe Transición energética. Almacenamiento de energía. Centrales reversibles, en el cual propone las actuaciones que se deberían analizar en detalle y priorizar para garantizar un correcto y mejor funcionamiento del sistema eléctrico. El ponente del documento, Carlos Chica, ha explicado que el uso masivo de energía está afectando muy negativamente la atmósfera y los océanos. Dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico están producidas por la utilización de energía fósil donde representa el 80% del total de la energía primaria del consumo humano.

El calentamiento global provoca impactos y condiciones climáticas anormales donde cada vez más tendrá repercusión en nuestras economías, nuestro entorno natural, la salud y la vida cotidiana. El cambio climático pasa a ser el mayor desafío global y urgente a que se enfrenta la sociedad. Para tener éxito en la lucha contra el cambio climáticoes necesario un firme compromiso, una gobernanza global, proponer un sistema de mecanismos e incentivos y disponer de un conjunto de tecnologías e innovaciones.

En Europa es la política energética y del clima la encargada de definir las principales líneas de actuación para dar respuesta a los mencionados retos. Descarboniztar el sector energético es uno de ellos y requiere el desarrollo tecnológico y la movilización de grandes inversiones. Tanto la Comisión Europea como el Gobierno Español y la Generalitat de Cataluña se han involucrado modificando las legislaciones para promover esta transición energética tendente a la neutralidad climática y al sector eléctrico un uso próximo al 74% en 2030 y al 100% al 2050 en energías renovables. En el sector eléctrico se apuesta por las renovables.

Estas energías renovables resultan no gestionables en un alto porcentaje por lo tanto hay que proveerse de capacidad de apoyo cuando faltan o de capacidad de almacenamiento cuando sobran. El almacenamiento es imprescindible para que la energía renovable sea gestionable. Todo esto comportará no solo la necesidad de remuneración del almacenamiento sino también de la potencia disponible garantizada para cubrir rampas de la curva generación / demanda que generan las renovables como también de los servicios complementarios asociados a la gobernabilidad del sistema eléctrico.

Las centrales hidroeléctricas reversibles o de almacenamiento por bombardeo, permiten gravitatoriamente el almacenamiento de energía mediante el bombeo de agua desde un embalse inferior a otro embalse superior próximo, y su conversión de nuevo en energía eléctrica por turbinació. El almacenamiento de energía con centrales hidroeléctricas reversibles permite aprovechar gran número de embalses ya construidos y obtener una regulación horaria, semanal y estacional.

La propuesta del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña

En la actualidad, sin perder de vista la emergencia climática, no podemos obviar el momento en que nos encontramos con la crisis de la COVID-19, puesto que la lucha sanitaria para contener la pandemia mediante el confinamiento, que ha tenido un elevado coste social y económico por la interrupción de las actividades, ha producido el correspondiente aumento de la desocupación y la caída del PIB. Es necesaria una estrategia rápida clara y realista de salida de la crisis, que en el sector eléctrico, necesitará más que antes tecnologías probadas y más inversión privada.

Para reforzar esta línea de actuación hay que conseguir fomentar el autoconsumo y el autogeneració, una rápida y mayor eficacia en la transición energética basada en las energías renovables y se propone:

01 Seguridad jurídica y gobernanza energética estable

La variabilidad de la producción de las principales fuentes de energía renovable (fotovoltaica y eólica), la incertidumbre de su predicción, los excedentes de generación no integrables en el sistema, así como la estabilidad de la red, la flexibilidad de operación y la regulación, hacen que el almacenamiento de energía mediante centrales reversibles tome mayor relevancia puesto que el sistema eléctrico no es solo infraestructuras de generación, hace falta una regulación de sistema, modelos de negocio claros y mercados eléctricos de energía y capacidad, todo esto para darle consistencia y calidad.

Igualmente, en la actualidad, hay una gran incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones futuras por lo cual se tendría que plantear una clara planificación, la estabilización del marco legal que proporcione seguridad jurídica y económica junto con la precaución de acompasar cualquier tipo de almacenamiento de energía con el crecimiento de las energías eólica y fotovoltaica, por no comprometer su rentabilidad como consecuencia de los vertidos de electricidad a que se podrían ver abocadas.

02 Adecuación de les tarifas eléctricas

Las tarifas eléctricas tendrían que adecuarse para favorecer la transición energética mediante la electrificación de la economía, para lo que conviene enviar una señal de precios eficiente al consumidor con la definición de una adecuada metodología de cálculo de los peajes y cargos del sistema eléctrico teniendo en cuenta los costes ambientales y la fiscalidad. Se debe clarificar lo más bien posible la remuneración del almacenamiento de energía, definiendo en el ámbito del operador de sistema eléctrico, los servicios a prestar por estas centrales, la modalidad de contratación y los ingresos a percibir.

Para garantizar las inversiones necesarias en flexibilidad que permitan el correcto funcionamiento de sistema eléctrico, incluyendo las inversiones en almacenamiento por bombeig en centrales reversibles, hace falta que la política tarifaria incentive estas inversiones.

03 Agilización de permisos administrativos y eliminación de barreras

Es necesario un apoyo decidido de la Administración hacia estas infraestructuras de bombeo. Para lo cual hay que superar la actual descoordinación entre los diferentes niveles de la Administración.

Solo así será posible lograr las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el 2030 en relación a la disponibilidad de mayor capacidad de centrales reversibles de bombeo.

En consecuencia, para conseguir un pleno desarrollo del almacenamiento mediante centrales hidroeléctricas reversibles aportando flexibilidad al sector eléctrico, se requieren apoyos para la eliminación de barreras de mercado, regulatorias y administrativas que lo retardan, así como el reconocimiento económico de la importante misión que aquellas ejercerán en el futuro.

04 Fomento de la colaboración Público-Privada (CPP)

La transición energética será consumidora de recursos financieros importantes. Y los problemas de escasez son muy conocidos en economía, motivo por el cual hay que evitar la comisión de costosos errores. El desprecio a las economías de escala, el aprendizaje de tecnologías o el despliegue de las redes encarecerán el intenso proceso de cambio y transición energética que comporta el replanteamiento y transformación de todo el sector energético.

De los 241 mil millones de euros del actualizado borrador del PNIEC, el Gobierno mantiene la voluntad de seguir potenciando las inversiones del sector privado de forma que estas sean el 80% del total. Esta voluntad se tiene que plasmar en la adopción de las medidas necesarias porque así sea, más encara en la etapa puesto Covid-19.

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña en su tercer documento “La colaboración publico privada, un modelo necesario” posó de manifiesto la necesidad de una serie de actuaciones porque sea efectiva una CPP, que serían de directa aplicación a casos como estas infraestructuras de almacenamiento de energía por bombeo, puesto que el sector privado realiza la inversión, la finanza y explota durante el periodo concesional bajo la inspección de la Administración y con sujeción a la concesión o en las cláusulas del pliego de condiciones del concurso correspondiente.

05 Aceptación social

Hace falta una aceptación social de esta transición energética que requiere una comprensión tanto de su necesidad como de la equidad en el reparto de los costes. Por este motivo la política energética tiene que adoptar un papel didáctico para hacer comprender a la sociedad civil los caminos y tecnologías más eficientes para conseguir una transición que requiere el esfuerzo de todos. Hay que tener en cuenta, todo y las corrientes de opinión de diferentes “modas” y discursos mediáticos, que en cualquier transición energética se tiene que garantizar, mediante tecnologías suficientemente probadas la Accesibilidad (la energía tiene que ser asequible para las familias y competitiva por las empresas); la Seguridad (mantener la continuidad y calidad de servicio incluso con máximas demandas y condiciones extremas); y el mínimo Impacto Ambiental (minimizar emisiones GEH, NOx, partículas, residuos…).

Todo la expuesto pone de manifiesto, desde las primeros pasas de la planificación de la transición energética, la necesidad de introducir en el marco normativo reglas efectivas que den seguridad jurídica, y que propicien actuaciones financieramente sostenibles y atractivas para inversores y, en general, para todos los operadores de este importante sector de la economía.

Sobre el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña

Este es el séptimo informe que presenta el Consejo Asesor desde su constitución en 2017. Está formado por catorce expertos independientes de reconocido prestigio, experiencia y trayectoria profesional contrastada de varias especialidades técnicas en el sector de las infraestructuras, tanto en el sector privado como en el público. Los miembros fundadores del Consejo Asesor son la Asociación Catalana de Empresas de Ingeniería y Consultoras Independientes de Cataluña (ASINCA), la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Foment del Treball Nacional (FTN) y la Fundación Círculo de Infraestructuras (FCI). También colaboran la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canals y Puertos de Cataluña, la Confederación Catalana de la Construcción (CCC) y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC).

El juez continúa el procedimiento contra cinco investigados en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 34,2 millones a un “entramado empresarial” de la Sierra Norte de Sevilla

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Martes, 24 de noviembre de 2020

El juez continúa el procedimiento contra cinco investigados en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 34,2 millones a un “entramado empresarial” de la Sierra Norte de Sevilla

El magistrado instructor considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto R. y otras cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Administración autonómica por un importe total aproximado de 34.264.273 euros a un “entramado empresarial” radicado en la Sierra Norte de Sevilla y controlado por dos de los investigados, uno de ellos ya fallecido en el año 2016.

En un auto fechado el día 23 de noviembre y notificado hoy martes a las partes personadas, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular acusación.

Así, acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado contra estos cinco investigados como presuntos responsables penales y contra una veintena de entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios. De igual modo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros seis investigados al considerar que “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan” atribuirles una participación relevante penalmente en los hechos concretos en los que se centra esta pieza separada de los ERE, mientras que, igualmente, declara la extinguida la responsabilidad criminal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras su reciente fallecimiento.

Asimismo, el juez señala que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni en consecuencia acordar la continuación del procedimiento contra otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía “por su participación en los hechos delictivos por los que se procede en cuanto ya habrían sido encausados y condenados por la perpetración de aquéllos” en el juicio seguido en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el denominado procedimiento específico “instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta”.

Estos cinco ex altos cargos de la Junta son los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez, y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, todos los cuales fueron enjuiciados por el denominado procedimiento específico, por el cual, sin embargo, no fue juzgado el también ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, lo que motiva que el procedimiento en esta pieza separada de los ERE sí continúe contra él, ya que “se le excluyó” del procedimiento específico “sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales que se pudieran depurar en causas desgajadas de la causa matriz”, según remarca el juez en este auto de 85 páginas.

Al hilo de ello, el instructor asevera que, en este caso, “concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante el mandado de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas (en concreto, en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A. (Expasan)”.

El magistrado explica en el auto que el objeto de estas actuaciones lo constituye “la presunta ilicitud de las ayudas y subvenciones concedidas extramuros de la legalidad” por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades vinculadas con uno de los investigados y una segunda persona fallecida en enero de 2016 por un importe total aproximado de 34,2 millones de euros.

En este sentido, el instructor precisa que el “tándem” compuesto por ambos empresarios “habrían constituido diversas empresas y sociedades interrelacionadas, muchas” de las cuales “carecían de actividad y trabajadores, y que tenían por objeto recibir subvenciones y ayudas de la Junta para, seguidamente, realizar el traspaso de fondos a distintas sociedades del mismo entramado, posibilitándose así, mediante este número de sociedades interpuestas, que el grupo controlado por ambos investigados percibiera fraccionadamente y de modo coordinado, en connivencia con responsables de la Junta, múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA”.

Las ayudas se habrían otorgado “de manera injusta y arbitraria”

El juez añade que el total de las ayudas que se habrían concedido “ilícitamente, sin que existiera solicitud o se acompañaran proyectos, memorias o planes de viabilidad por parte de los investigados, habría ascendido a la suma aproximada de 34 millones de euros por el sólo interés ilegítimo de favorecer a ambos investigados y a su grupo de empresas por parte de la Administración autonómica”, precisando que, de estos 34 millones, “existieron resoluciones de ayudas por el correspondiente director general de Trabajo por importe aproximado de 27.928.772 euros, suscribiéndose también adicionales convenios de colaboración con IFA/IDEA para materializar el pago de estas ayudas por importe de 16.461.132 euros”.

Así, el magistrado indica que, de los 24 convenios suscritos para “favorecer” a este grupo, los investigados “habrían conseguido, gracias a sus importantes relaciones e influencias en la Consejería de Empleo e IFA, que veinte de ellos se efectuaran entre julio de 2003 y febrero de 2004”, punto en el que destaca que, de todas las ayudas concedidas, “destacan por su especial concentración” las recibidas por Matadero de la Sierra Morena S.A., con aproximadamente 7,5 millones de euros, mientras que otras entidades que “recibirían importantes ayudas” serían Arcadia Emprendedora S.L., Sociedad del Desarrollo de El Pedroso S.L. (Sodelp) y Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, “que fueron beneficiarias de ayudas por más de dos millones de euros”.

El juez concluye asegurando que todas las ayudas investigadas y concedidas a las sociedades del “entramado societario” de los dos empresarios investigados “se habrían otorgado, en todo caso, de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones, todo ello, en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo de la Junta”.

Seguidamente, el instructor enumera las distintas sociedades que conforman el referido “entramado empresarial”, que clasifica en tres grupos, y las ayudas que recibieron, afirmando que, “a pesar de tratarse de ayudas del programa 31-L de la Dirección General de Trabajo, ninguna de estas ayudas se dedicó a la promoción del empleo, pues muchas de las empresas carecían de actividad y trabajadores, sirviendo sólo como empresas pantalla en el referido entramado empresarial y para recibir subvenciones”, mientras que las empresas que tenían empleados “recibieron ayudas muy desproporcionadas para el número de trabajadores que tenían contratados”.

“Evidente y grosera ilegalidad”

“Toda esta arbitraria utilización de fondos públicos sería producto de la connivencia” entre los investigados José María S., Eduardo L., Manuel V. y Manuel R. y los responsables de la Administración autonómica a través de la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA, “lo que se habría traducido en el enriquecimiento personal de aquellos -y el uso de las subvenciones para otros fines distintos que para los condedidos-, gracias a la ilícita acumulación y concentración fraccionada de subvenciones recibidas, en detrimento y con menoscabo de los intereses generales y del patrimonio público autonómico”, dice el magistrado.

En conclusión, el juez subraya que, de lo actuado, “es posible deducir” que los cuatro investigados referidos anteriormente “habrían colaborado activamente en la concesión y obtención, de manera ilícita y fraudulenta, de las ayudas concedidas, a sabiendas de su evidente y grosera ilegalidad, de modo que habrían posibilitado su concesión realizando gestiones al respecto con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta con el fin de que las referidas sociedades obtuvieran de forma irregular los fondos públicos comprometidos”, una mediación que “habría resultado indispensable para la concesión de las ayudas ilícitas por parte de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, de modo que dicha concesión se habría producido gracias a aquélla”.

La CNMV publica una nota sobre estabilidad financiera

miércoles, 2 de diciembre de 2020

La CNMV publica una nota sobre estabilidad financiera

23 de noviembre de 2020

• Analiza trimestralmente los riesgos que afectan a los mercados españoles

• El nivel de estrés del sistema financiero, que alcanzó máximos de 0,65 en los momentos iniciales de la crisis no observados desde 2012, ha descendido levemente, estabilizándose en el rango 0,45-0,49. Estos niveles se sitúan justo por debajo del umbral que separa el nivel de estrés medio del alto

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho pública la Nota de estabilidad financiera correspondiente al mes de octubre de 2020, en la cual identifica una leve disminución del nivel de estrés en el sistema financiero, que se ha estabilizado desde hace semanas en el rango 0,45-0,49, justo por debajo del umbral que separa el nivel de estrés medio del alto. Los segmentos del sistema financiero que siguen mostrando el mayor nivel de estrés son el de intermediarios financieros (bancos) y el de renta variable no financiera, todo ello en entorno de correlación elevada en el sistema.

Indicadores de estrés en el segmento Indicador de estrés total de intermediarios financieros y de bonos

La situación macroeconómica en España se ha deteriorado desde el inicio de la crisis tal y como ponen de manifiesto los indicadores de actividad y empleo más relevantes. A pesar de que el PIB experimentó un crecimiento del 16,7%% en el tercer trimestre con respecto al anterior, la tasa de variación anual continúa siendo negativa (-8,7%) y en mayor medida que en la zona euro (-4,3%). Los pronósticos efectuados por diferentes instituciones y organismos para la actividad española, que están sujetos a un grado de incertidumbre muy elevado, sitúan la caída del PIB este año en tasas próximas o superiores al 12% (8% aproximadamente para la zona euro), mientras que el año que viene se podrían registrar avances de entre el 4% y el 7%. Cabe señalar que, de confirmarse la disponibilidad de una vacuna de alta eficacia en los próximos meses, la recuperación podría ser más intensa y anterior en el tiempo a lo previsto. A medio plazo, la crisis deja dos vulnerabilidades relacionadas con el previsible aumento de la tasa de paro y con la necesidad de asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, que este año podría superar el 120% del PIB.

El deterioro de la actividad económica nacional ha seguido teniendo su reflejo en las cotizaciones bursátiles entre julio y octubre, periodo en el que la tendencia general del mercado español ha sido bajista y ha mostrado un comportamiento peor que el de otros índices europeos. La situación parece haberse revertido en los primeros días de noviembre con significativas para las bolsas, que en el caso español fueron de las más altas entre los índices europeos (15,6% entre el 1 el 9 de noviembre). El repunte reciente afecta con más intensidad a las compañías y los sectores más afectados por la crisis en meses anteriores como el turismo y la hostelería, que se beneficiarían en mayor medida de una recuperación económica más adelantada. En el conjunto del año, el Ibex 35 acumula un descenso del 21,9%, por encima del registrado por otros índices europeos. En los mercados de renta fija no se observan novedades significativas desde la última nota. También juegan un papel importante las estrategias de “búsqueda de calidad” (flight to quality), en los activos de deuda pública, y de “búsqueda de rentabilidad” (search for yield), en los activos de deuda corporativa.

Los riesgos de carácter financiero más relevantes que se siguen identificando están relacionados con el riesgo de mercado en determinadas categorías de activos, como la deuda corporativa de alto riesgo (high yield) o la deuda subordinada, en las que se podría producir un aumento en sus primas de riesgo en el actual contexto de deterioro de la actividad.

En cuanto al riesgo de crédito de los emisores no se observa, por el momento, un deterioro sustancial del mismo si se atiende a la evolución de las calificaciones crediticias de estos. En este sentido, la CNMV evalúa trimestralmente las calificaciones de la deuda de los emisores españoles habiendo observado un cierto deterioro entre marzo y junio, que no ha continuado en meses posteriores.

Las fuentes de riesgo que pueden acabar teniendo relevancia en términos de estabilidad financiera han progresado de forma diferente a lo largo de los últimos meses. Aquellas que tienen que ver con el aumento de las actividades no presenciales, la generalización del teletrabajo y las relaciones por vía telemática se mantienen en niveles elevados, por lo que la mejora de la ciberseguridad es cada vez más importante. Por otra parte, las fuentes de riesgo de carácter político permanecen sin cambios en Europa, destacando el proceso del brexit y en el plano nacional la fragmentación parlamentaria; mientras que han mejorado en el exterior, en particular, tras el conocimiento del previsible cambio en la administración estadounidense.

La Nota de Estabilidad Financiera presenta un amplio panel de indicadores, entre los que destacan el indicador de estrés de los mercados financieros españoles y los denominados mapas de color (también conocidos como mapas de calor). El primero proporciona una medida en tiempo real del riesgo sistémico en el sistema financiero español, que oscila entre 0 y 1 y se obtiene mediante agregación ponderada de los niveles de estrés estimados en los seis segmentos siguientes: renta variable, renta fija, intermediarios financieros, mercados monetarios, derivados y mercado de cambios Los mapas de color permiten visualizar la evolución de las categorías de riesgo.

Indicador de estrés de los mercados financieros españoles

Documento completo: Nota de Estabilidad Financiera Nº16 Octubre 2020

El Gobierno amplía el alcance de la Línea de Avales para inversión y liquidez​

miércoles, 2 de diciembre de 2020

El Gobierno amplía el alcance de la Línea de Avales para inversión y liquidez​

24 de noviembre de 2020

Ministerio de Economía

Imagen de la noticia

​El Consejo de Ministros aprueba dos nuevos tramos de la Línea de Avales de 40.000 millones de euros aprobada en julio

Se destinarán 2.500 millones de euros a garantizar préstamos bancarios y 50 millones para avalar pagarés emitidos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por empresas que se encuentren en fase de cumplimiento del convenio concursal, al corriente de pagos y hayan resuelto su situación financiera, aunque no se haya ejecutado la integridad del convenio

Se libera un tramo adicional de 250 millones de euros para garantizar pagarés emitidos en el MARF por empresas que no pudieron acogerse a la primera línea de avales por estar su programa de pagarés en proceso de renovación

Se instruye al ICO para llevar a cabo la ampliación de vencimientos de avales que permitirá la extensión del vencimiento de los préstamos garantizados con cargo a la primera Línea de Avales hasta un máximo de ocho años

Se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la concesión de los avales aún no liberados de las dos Líneas de Avales

Se permite la extensión hasta un plazo máximo de 8 años de los avales aún no liberados bajo la primera Línea de Avales aprobada en marzo de 2020, así como de los avales canalizados a través de CERSA
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El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos por los que se extiende el ámbito de actuación de la Línea de Avales para inversión y liquidez de 40.000 millones de euros aprobada en julio de 2020. Además, se amplía el plazo de concesión de las dos líneas de avales, que totalizan 140.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2021.

Se permite, asimismo, la ampliación del vencimiento de los avales aún no liberados de la primera Línea, así como de los avales canalizados a través de CERSA y se aprueban el resto de condiciones para la extensión del vencimiento de los avales ya liberados bajo la primera Línea.

El Gobierno ha liberado dos nuevos tramos de la Línea de Avales para inversión y liquidez aprobada en julio. El primero de los tramos permitirá acceder a financiación avalada, bien a través de entidades financieras o de financiación canalizada a través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), a empresas que se encuentren en convenio concursal y se encuentren al corriente de sus pagos.

Esta ampliación permitirá que empresas que se encuentren en fase de ejecución de convenio, hayan resuelto su situación financiera, pero todavía no hayan ejecutado la integridad del convenio, accedan a avales públicos en condiciones similares al resto de empresas españolas que se han visto afectadas por la crisis de la Covid-19.

Con cargo a este nuevo tramo, se destinarán 2.500 millones de euros para avalar la financiación de empresas y autónomos a través del canal bancario y 50 millones para financiación a través del MARF.

Las empresas podrán optar a esta financiación avalada si a 31 de diciembre de 2019 estuviesen al corriente de sus obligaciones conforme al convenio. En el caso de que la fase de convenio se hubiera iniciado en 2020 deberán acreditar que, a la fecha de solicitud del préstamo, se encuentran al corriente de esas obligaciones.

Las entidades financieras deberán conservar abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de junio, mantener los costes de los nuevos préstamos avalados en línea con la financiación recibida antes del COVID-19 y no condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

Adicionalmente se ha liberado otro tramo de la Línea de Avales para inversión y liquidez, por importe de 250 millones de euros, para avalar los pagarés emitidos en el MARF por empresas que no pudieron beneficiarse del tramo dispuesto en la primera Línea al estar en fase de renovación de su programa de pagarés.

Ampliación del plazo de solicitud

El Consejo de Ministros ha aprobado la extensión del plazo para la concesión de las Líneas de Avales. El acuerdo establece que autónomos y empresas pueden solicitar hasta el 1 de junio de 2021 préstamos garantizados con las Líneas de Avales, gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y éstos puedan ser concedidos hasta el 30 de junio.

Asimismo, se permite a la Compañía Española de Reafianzamiento S.M.E, S.A (CERSA) extender hasta la misma fecha el plazo de solicitud de avales del tramo de 500 millones de euros destinados a reforzar el reaval que concede a las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas.

Extensión de los avales

Por otra parte, se instruye al ICO a ampliar el plazo de vencimiento de sus avales, en hasta tres años adicionales con un máximo de ochos años, para que las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad (fundamentalmente, no estar en mora ni incursas en procedimiento concursal) puedan disponer de una ampliación del vencimiento de sus préstamos avalados. Las empresas podrán contar también con un plazo adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses.

Con las modificaciones aprobadas se alivia de manera notable la carga financiera de autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que puedan disponer de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones financieras.

Por último, se aprueba también la posibilidad de ampliar el plazo de amortización de los préstamos avalados aún no liberados bajo la primera Línea de Avales para liquidez. Esta ampliación se aplicará también a los avales concedidos y pendientes de conceder por CERSA.

España se encuentra también en negociaciones con la Comisión Europea para permitir que esta extensión de vencimientos se aplique también a otras entidades públicas emisoras de avales.