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Archivo de enero de 2021

En la ladera Norte de la Cordillera Cantábrica. Asturias

domingo, 31 de enero de 2021

​​​El empleo continuó recuperándose en el cuarto trimestre de 2020 y la tasa de paro se redujo hasta cerrar el año en el 16,1%, mejorando las previsiones del Gobierno

domingo, 31 de enero de 2021

28 de enero de 2021

​​​El empleo continuó recuperándose en el cuarto trimestre de 2020 y la tasa de paro se redujo hasta cerrar el año en el 16,1%, mejorando las previsiones del Gobierno

Ministerio de Economía

A pesar de la segunda y tercera olas de la pandemia, el empleo aumentó en el cuarto trimestre de 2020 en 167.400 personas, el segundo mayor crecimiento desde 2005, recuperándose el nivel de ocupados correspondiente al segundo trimestre de 2018 (19.344.300 personas)

La creación de 737.100 empleos en la segunda mitad del año permitió recuperar el 55% del empleo perdido durante la primera parte de 2020
Se redujo también el número de parados, con lo que la tasa de paro acabó 2020 en el 16,1%, con un incremento de 2,3 puntos en los últimos 12 meses

La tasa de paro media anual se situó en 2020 en el 15,5%, mejorando las previsiones del Gobierno y del resto de analistas económicos y 1,4 puntos por encima del promedio de 2019

Por su parte, en el cuarto trimestre siguió incrementándose la población activa y se mantuvo estable el número de personas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
Por segundo trimestre consecutivo se mantiene la recuperación de las horas trabajadas por encima del 10%

En el último trimestre la evolución del empleo femenino fue positiva, con la creación de 151.800 puestos de trabajo, sin embargo, el desempleo sigue afectando especialmente a las mujeres y los jóvenes, con una tasa de paro del 18,3% y del 40,1%, un incremento en el último trimestre del número de mujeres desempleadas de 25.900, y una reducción de 50.000 jóvenes en paro

El número de ocupados aumentó de octubre a diciembre en 167.400 personas, lo que supone un incremento trimestral del 0,9%, y sitúa la cifra de ocupados en 19.344.300, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cifra similar a la del segundo trimestre de 2018.

Este aumento es el segundo mayor desde 2005 en un cuarto trimestre y permite seguir recuperando el empleo perdido durante la primera mitad del año como consecuencia de los efectos de la COVID-19. En términos desestacionalizados, el crecimiento de la ocupación fue del 1,3%, aunque la COVID-19 ha tenido un impacto distorsionador en el patrón estacional de las series, con lo que hay que interpretar estos datos con una cautela adicional. En el último trimestre la evolución del empleo femenino también fue positiva, con la creación de 151.800 puestos de trabajo.

En el segundo semestre se recuperó el 55% del empleo destruido en los primeros meses del año y se crearon 737.100 puestos de trabajo y en el conjunto del año el número de ocupados se redujo en 622.600 personas.

La recuperación del mercado laboral se refleja también en el crecimiento del número de personas activas, manteniéndose la evolución positiva iniciada el trimestre anterior, con un aumento adicional de 164.300 personas en los tres últimos meses que arroja una práctica estabilización en términos interanuales (reducción del 0,4%).
El número total de horas efectivas trabajadas siguió recuperándose en el cuarto trimestre, con un incremento del 10,1%, llevando a un crecimiento del 26,7% en el conjunto del segundo semestre.

Según la EPA, casi el 10% de los ocupados trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, porcentaje algo inferior al del trimestre anterior, pero que duplica el promedio de 2019, que fue del 4,8%.

Este incremento de la población activa y de los ocupados se ha producido a la vez que se ha reducido el número de desempleados en 3.100 personas (–0,1%) y se sitúa en 3.719.800. En términos desestacionalizados la variación trimestral es de –1,6%. De esta forma la tasa de paro cerró 2020 en el 16,1%, lo que supone un incremento de 2,3 puntos en los 12 meses, y en el conjunto del año se situó en el 15,5%.

Esta tasa de paro mejora en 1,6 puntos la previsión del escenario macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado 2021 (del 17,1%) y se sitúa por debajo de las previsiones del conjunto de analistas y organismos nacionales e internacionales.

La evolución positiva del empleo en el segundo semestre del año, una vez que se eliminaron las medidas más duras de reducción de la movilidad para mitigar el impacto de la pandemia, permitió recuperar el 55% del empleo perdido en la primera parte del año. De este modo, en el conjunto de 2020 el número de ocupados cayó en 622.600 personas (-3,1%), y el de parados subió en 527.900 (16,5%).

Adicionalmente, en el cuarto trimestre se estabilizó en el entorno de las 900.000 personas, el número de trabajadores cubiertos en situación de ausencia por ERTE y paro parcial por razones técnicas o económicas.

Sectores y CCAA

El incremento de la ocupación en el cuarto trimestre fue generalizado en todos los sectores. El mayor aumento se produjo en el sector Servicios, con 79.600 personas más trabajando, seguido de Agricultura, con 51.000, y Construcción, con 30.900.

En términos interanuales, la ocupación se redujo en todos los sectores de actividad, con especial incidencia en Servicios, con una reducción de 537.100 trabajadores, seguido de Industria, con 70.100 ocupados menos y Agricultura con 11.800.

Por comunidades autónomas el comportamiento fue desigual, con regiones en las que creció la ocupación y otras en las que se redujo. Los mayores incrementos se produjeron en Andalucía, con 97.800 ocupados más, Madrid, con 62.100 y Castilla la Mancha con 22.300. Por el contrario, Islas Baleares registró una pérdida de 50.000 ocupados, seguida de la región de Murcia, con 4.500 empleados menos y Cantabria, con la reducción de 3.600 ocupados.

En el último año se registró un descenso de la ocupación en todas las comunidades autónomas, a excepción de Extremadura, Melilla, la región de Murcia y La Rioja. Las comunidades en las que disminuyó la ocupación fueron Cataluña, con 137.600 trabajadores menos, Canarias con 112.800 y la Comunidad de Madrid con, 107.00 ocupados menos.

En cuanto a tipos de contrato, la creación de empleo en el cuarto trimestre fue más intensa en los trabajadores con contrato temporal, con 107.200 ocupados más, frente a los 26.300 con contrato indefinido. En términos interanuales, la mayor pérdida de ocupados se produjo también en los trabajadores temporales, con una caída del 9% y la pérdida de 397.100 empleos.

La mejora del mercado laboral en los últimos meses del año ha beneficiado más a las mujeres, con 151.800 ocupadas más que a los hombres, con un incremento de 15.600. En términos interanuales, la caída de la ocupación es mayor también entre los hombres, con 338.800 ocupados menos que entre las mujeres, en las que el descenso fue de 283.800.

Desempleo

Durante el cuarto trimestre disminuyó en 3.100 personas el número de personas desempleadas, situándose el número de parados en 3.719.800 personas.

La tasa de paro se redujo en el cuarto trimestre hasta cerrar el año en el 16,1%, con una reducción de 0,13 puntos en el trimestre y un incremento de 2,3 puntos en términos interanuales. Ello lleva a una tasa de paro media en el conjunto de 2020 del 15,5%, muy inferior a la prevista por el conjunto de analistas y organismos, 1,4 puntos por encima del dato promedio de 2019, y en línea con la cifra de 2018.

El desempleo se redujo el pasado trimestre en todos los sectores, especialmente en Servicios, con 113.600 parados menos, Agricultura, con 23.300 e Industria, con 6,400 menos. Sube el paro de larga duración (quienes perdieron su empleo hace un año) en 172.500 personas, y baja en 29.800 personas entre quienes buscaban su primer trabajo.

En términos interanuales, el sector Servicios concentró la mayor subida del paro, con 297.500 desempleados más y entre los que perdieron su empleo hace más de un año, con 197.700 parados más.

Por comunidades autónomas, en el cuarto trimestre se redujo el paro en la mayor parte de regiones. Los mayores descensos se produjeron en Andalucía, con 21.100 parados menos, la comunidad Valenciana, con 24.800 y la región de Murcia, con 16.800 desempleados menos.

En términos interanuales el paro se incrementó en prácticamente todas las comunidades, excepto Extremadura, con 12.200 parados menos, la región de Murcia, con una reducción de 5.500 personas y Melilla, con 800 parados menos. Los mayores incrementos se produjeron en Cataluña, con 132.100, seguida de Madrid, con 127.700 parados más y Andalucía, con 83.400.

El número de desempleados se incrementó en el trimestre en 25.900 entre las mujeres y se redujo en 29.000 entre los hombres. De esta forma, la tasa de paro femenina se sitúa en el 18,1%, superior en 3,4 puntos a la masculina.

En términos interanuales, el desempleo se incrementó también más entre las mujeres, con 305.600 paradas más, frente a los 222.300 hombres que perdieron su empleo.

En cuanto a los jóvenes, colectivo especialmente afectado por el desempleo, en el cuarto trimestre se registró un descenso de 50.000 personas paradas. En el conjunto del año, aumentó el paro en 109.600 personas en el colectivo entre 16 y 24 años. La tasa de paro juvenil en el cuarto trimestre se situó en el 40,1%.​​​​
DOCU

Estado de situación del COVID-19

domingo, 31 de enero de 2021

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Viernes 29 de enero de 2021

La Moncloa

Actualización nº 301. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 29.01.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 29.01.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 2.743.119 casos confirmados de COVID-19 y 58.319 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Maroto subraya la fortaleza de la imagen turística de España: «Hay un deseo de volver a viajar a nuestro país»

domingo, 31 de enero de 2021

Maroto subraya la fortaleza de la imagen turística de España: «Hay un deseo de volver a viajar a nuestro país»

Miércoles 27 de enero de 2021

La Moncloa

«Nuestra imagen no se ha visto perjudicada y hay un deseo de los turistas de volver a viajar a España», ha constatado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la inauguración de las jornadas virtuales «Reset and Restart: Nuevas oportunidades para un sector de futuro», que organiza Turespaña y a las que se han inscrito más de 4.000 personas.

Las restricciones internacionales a la movilidad provocadas por la necesidad de combatir la pandemia de COVID-19 no están afectando especialmente a España como destino, como reflejan diversos estudios publicados recientemente y que miden la intención de volver a viajar del turista internacional.

A pesar de las incertidumbres con las que afronta el sector este 2021, la ministra ha hecho hincapié en las certezas que permiten ser optimistas sobre el futuro. «La primera certeza es la disponibilidad de vacunas y el inicio de la vacunación en muchos países que ofrecen un horizonte de esperanza para inmunizar a una mayoría de la población que estaría en condiciones de viajar con seguridad a finales de primavera, donde esperamos esté inmunizada entre un 30 y un 40% de la población. La segunda certeza es que sabemos que la recuperación de la movilidad traerá consigo una rápida reactivación de turismo».

En esa etapa de recuperación, ha subrayado la ministra, la red de Oficinas de Turismo en el Exterior va a desempeñar un rol de liderazgo, como está demostrando ya Turespaña con su estrategia de comunicación ‘Travel Safe’, que está posicionando a España como prescriptora de viajes seguros. Maroto ha puesto en valor también el liderazgo ejercido por España en el plano internacional para favorecer la movilidad de manera segura con iniciativas como los test en origen o los corredores turísticos.

«Debemos redoblar los esfuerzos para trasladar al exterior un mensaje de confianza porque sabemos que los turistas quieren venir a España y que, si se les proporcionan las condiciones de seguridad necesarias, están dispuestos a hacerlo», ha remarcado.

Esta conclusión se basa en los resultados de informes como los que publica periódicamente la European Travel Commission. Según su última oleada publicada este mes de enero, el 52% de los europeos planea viajar en los próximos seis meses, el 67% se siente seguro como para disfrutar de su viaje con los estrictos protocolos de salud y seguridad y España sigue siendo el país preferido para viajar, ha resumido la ministra.

También los datos del Estudio de Posicionamiento de España como Destino Turístico que ha elaborado conjuntamente Turespaña con el Instituto Elcano muestran que España es el segundo destino preferido para próximos viajes después de Italia.

Plan de modernización y competitividad del turismo

Mientras llega la recuperación, el Gobierno está trabajando ya en un plan de modernización y competitividad del sector turístico que contará con una inversión de 3.400 millones de euros en los próximos tres años procedentes del fondo de recuperación europeo Next Generation.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha presentado en las mismas jornadas los cinco ejes de actuación sobre los que pivota este plan que permitirá abordar por fin los retos que el sector venía enfrentando desde hace tiempo y que la pandemia ha acelerado, como son la necesidad de diversidad y desestacionalizar más nuestra oferta.

«España concentra el 45% visitas internacionales entre junio y septiembre, mientras que los destinos donde se concentran 11 millones de visitas internacionales al año representan menos del uno por ciento de nuestra población», ha dicho Valdés a modo de ejemplo. «España es líder y lo seguirá siendo en producto de sol y playa. Pero existe un espacio de mejora para diversificar nuestro producto, pues cada vez son más quienes nos visitan por nuestra gastronomía, por nuestro ocio alternativo, para practicar deportes de invierno o participar en visitas culturales. Es mucha también la capacidad de crecimiento que tenemos en visitas de corta estancia», ha apuntado.

Los cinco ejes sobre los que se estructura el plan de modernización y competitividad del sector turístico son, según ha explicado el secretario de Estado, la sostenibilidad de los destinos; el desarrollo de producto turístico; la digitalización; las estrategias de resiliencia en territorios extrapeninsulares y actuaciones en materia de competitividad.

Sostenibilidad, el buque insignia

El buque insignia del plan serán los Planes de Sostenibilidad Turística, que contarán con una inversión de más de 1.800 millones de euros y que irán destinados a modernizar destinos pioneros, desarrollar destinos de Interior y potenciar destinos urbanos, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad desde una triple dimensión: medioambiental, socioeconómica y territorial.

El segundo eje, con una inversión cercana a los 100 millones de euros, tiene que ver con una estrategia de desarrollo de producto que se hará a través de la colaboración público-privada y el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo a los clubes de producto para promocionar actividades en auge como el enoturismo, el cicloturismo, el turismo congresual o el cultural, entre otros.

Para avanzar en la digitalización del sector, el plan prevé 375 millones de euros a los que podrán optar empresas que presenten proyectos y soluciones innovadoras asociadas, por ejemplo, a la gestión de las reservas, la ciberseguridad o la gestión de sus capacidades.

Las estrategias de resiliencia para Canarias y Baleares contemplan 100 millones de euros para cada una de las Comunidades y otros 10 millones para cada una de las ciudades autónomas.

Por último, el plan contempla diversas actuaciones para mejorar la competitividad del sector, ayudando a las empresas en su transición verde, invirtiendo en la conservación del patrimonio histórico para uso turístico y ordenado la oferta de Viviendas de Uso Turístico.

Condenado por presentar certificaciones de obra pública falsas para cobrar anticipos millonarios

domingo, 31 de enero de 2021

Lunes, 25 de enero de 2021

Condenado por presentar certificaciones de obra pública falsas para cobrar anticipos millonarios

La Audiencia de Cantabria impone cuatro años y tres meses de prisión a un empresario como autor de un delito continuado de estafa en concurso con falsedad continuada, y de otro de alzamiento de bienes. Vendió inmuebles y vehículos de su grupo empresarial a tres empresas sin actividad con un testaferro a la cabeza para tratar de eludir el pago a sus acreedores

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión al administrador de un grupo empresarial que falsificó hasta 108 certificaciones de obra pública y las presentó ante siete entidades bancarias para obtener así anticipos millonarios.

En una sentencia notificada recientemente, el tribunal le considera autor de un delito continuado de estafa en concurso con otro delito, también continuado, de falsedad en documento oficial.

Además, le atribuye un delito de alzamiento de bienes, ya que creó tres empresas al frente de las cuales colocó a un testaferro para vender inmuebles y vehículos de su grupo empresarial y eludir así el pago a sus acreedores. Meses después de esas transmisiones, el grupo empresarial fue declarado en concurso.

Por eso, la Audiencia de Cantabria también condena al testaferro que colocó a la cabeza de las empresas recién creadas como cooperador necesario del delito de alzamiento de bienes a una pena de tres meses de prisión y 720 euros de multa.

Las penas de prisión llevan aparejadas la inhabilitación para el ejercicio de administrador o gestor de empresas con la misma duración que las condenas de privación de libertad.

A la hora de fijar las condenas, el tribunal ha tenido en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, además de la de reparación del daño en el caso del empresario, ya que ha pagado diversas cantidades a algunos de los bancos.

Además, el principal acusado deberá indemnizar a los bancos en las que cantidades que se concreten en la fase de ejecución de sentencia y que serán, como máximo, 488.000 euros a Banesto; 320.000 euros a Banco Pastor; 974.000 euros a Liberbank por Bancantabria; 5.158.000 euros a Liberbank por Caja Castilla-La Mancha; 12.242,07 euros a Bankia, y 600.329,21 euros a BBVA.

Aprovechó la situación de confianza con los bancos

Según el relato de hechos, en 2008, el acusado dirigía una serie de empresas que operaban de manera interrelacionada en Cantabria. “Dado el volumen de negocio del grupo empresarial, el tiempo que llevaba trabajando este grupo y el acusado con diversos bancos y, principalmente, el hecho de que el pagador final fuera el Gobierno de Cantabria u otra administración pública, conformaron una situación de confianza entre las entidades bancarias y el acusado, que este aprovechó en su beneficio”, señala.

Así, durante al menos los años 2008 y 2009, “logró de diversas entidades bancarias la obtención de importantes cantidades de dinero a que no tenía derecho mediante el descuento (endoso) de múltiples certificaciones de obras públicas” que correspondían, principalmente, al Gobierno de Cantabria, pero también al Ayuntamiento de Miengo y al de Torrelavega.

Según explica la resolución, “estas certificaciones o bien no se correspondían con obra alguna contratada o bien el importe que contemplaba no se correspondía con el real de la certificación, siendo muy superior a este. Incluso –continúa la sentencia- en algunos casos una misma certificación se endosaba a varias entidades bancarias”.

“En muchos de ellos, el engaño se culminaba con la simulación de la firma real del escrito de toma de razón de la cesión emitido por la supuesta administración deudora. Por dichas razones, cuando la entidad bancaria instaba el cobro de las certificaciones cedidas a la administración pública correspondiente, el mismo resultaba infructuoso”, añade.

Absolución del trabajador de una entidad bancaria

Por lo que a Caja Castilla La Mancha se refiere, las operaciones de descuento de certificaciones de obra del Gobierno de Cantabria que no se correspondían con la realidad las realizó en la sucursal de Albacete, donde trabajaba otro de los acusados que era gestor comercial y tenía autorización para operar en las cuentas del principal acusado.

Sin embargo, la Audiencia ha absuelto a este trabajador de cooperación en los delitos de estafa y falsedad pues “la colaboración entre ellos no acredita en modo alguno que el empleado de banca estuviese al tanto del origen falso de las certificaciones que el empresario descontaba, ni de la improcedencia de los pagos que se efectuaban”.

El empleado de banca “recibía las certificaciones y efectuaba el adelanto del dinero de conformidad con los pactos de la póliza de crédito vigente” y “si omitió un trámite –la solicitud de toma de razón-, ello puede interpretarse como una actuación negligente mas no pone de manifiesto su participación en el delito”.

Alzamiento de bienes

En julio de 2009, el principal acusado creó tres empresas a través de un testaferro, a las que, “a pesar de no conocerse actividad comercial alguna”, transmitió bienes de sus sociedades: inmuebles y vehículos.

La Audiencia razona que “esta situación causó un perjuicio al acreedor al verse privado de cobrar su deuda y de tener que acudir a un procedimiento judicial a tal fin”. “El dato de que finalmente cobrase una parte de lo reclamado no es óbice a ello dado que no se exige que el perjuicio se haya consumado sino que, como ya se ha expuesto, es un delito de tendencia”, añade.

Y continúa: “El mismo hecho de formación de las sociedades, en particular de una de ellas, que no responde a ningún otro posible motivo económico o productivo, que carece de capital, trabajadores, infraestructura, evidencia la intención del acusado de desviar bienes pertenecientes a las demás sociedades”.

En todas estas ventas de inmuebles y vehículos participó como administrador y comprador el otro acusado, que actuó en calidad de testaferro, y “con conocimiento de la verdadera situación de las empresas del grupo”; grupo que fue declarado en situación de concurso en mayo de 2010.

“La multitud de actos de transmisión sin contraprestación alguna hace que” el otro acusado “no pudiera ignorar el delito que se estaba cometiendo; igualmente consta su participación activa en el movimiento circular de dinero”, apostilla.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La CNMC publica el informe sobre el anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

domingo, 31 de enero de 2021

La CNMC publica el informe sobre el anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

27 Enero 2021

◦El fondo establece un sistema nuevo de reparto de los costes regulados que financian la retribución de la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos.

◦Actualmente, la financiación se realiza a través de los cargos, la principal partida que pagan los consumidores de electricidad, y de la recaudación de los tributos medioambientales de la Ley 15/2012 y de los ingresos de las subastas de CO2.

◦La CNMC considera que el fondo es necesario para mantener el equilibrio del sistema eléctrico y evitar mayores subidas en el recibo de la electricidad.

◦Además, proporciona señales adecuadas en precios para la descarbonización.

La CNMC ha publicado el Informe sobre el Anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. (IPN/CNMC/050/20).

El objetivo de este fondo es establecer un nuevo sistema de reparto de los costes regulados que se destinan a financiar la retribución de la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos (RECORE), previstas en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Actualmente, dicha retribución se financia, en su mayoría, a través de los cargos que pagan los consumidores de electricidad. Los cargos son unos importes que mensualmente se incluyen en recibo de los consumidores y que además de las renovables financian los sistemas eléctricos extrapeninsulares y el déficit del sistema.

El anteproyecto considera que dicho fondo se financiaría con las aportaciones de los sectores de electricidad, gas y productos petrolíferos, en función de su peso relativo en las ventas de productos energéticos en cada momento, y con una progresión gradual y lineal desde su puesta en marcha.

Sostenibilidad del sistema eléctrico

La CNMC considera que este sistema proporciona una señal de precio de energía más adecuada que la del modelo vigente y garantiza la sostenibilidad del sistema eléctrico, elementos necesarios para la descarbonización de la economía.

Además, señala que mantener el sistema vigente de financiación de dicho coste en un contexto como el actual (menor demanda eléctrica, acentuada por la crisis del Covid-19, disminución de los ingresos regulados, impulso de la eficiencia energética, y una mayor penetración de las renovables), conllevará elevar los cargos que pagan los consumidores de electricidad, particularmente domésticos y Pymes, y aumentará el endeudamiento futuro del sistema eléctrico.

Señales de precios adecuadas

En un contexto de transición energética en el que todo el país, y no solo el sector eléctrico, es el sujeto de los compromisos climáticos, el modelo de financiación de las energías (RECORE) que plantea el Anteproyecto analizado está más próximo al uso final de la energía y da señales más adecuadas de precios que las del modelo vigente.

En todo caso, la CNMC considera que si bien la creación del fondo es una solución más adecuada de financiación que a través de los cargos, la solución óptima a medio plazo, tendría que dirigirse hacia una reforma global de la fiscalidad energética y medioambiental.

Esta debería tener en cuenta todos los consumos energéticos, no solamente el eléctrico, y aplicar el principio de “quien contamina, paga”, de forma que diera señales adecuadas para la descarbonización de la economía a todos los consumos energéticos.

Finalmente, el informe de la CNMC presenta consideraciones sobre los impactos redistributivos entre agentes y sectores, derivados de la aplicación del Fondo, sobre el efecto en las liquidaciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico y hace propuestas para minorar riesgos de incumplimientos de las obligaciones de aportación al Fondo.

Playa de San Juan a la puesta de sol

sábado, 30 de enero de 2021

Campo defiende la protección del derecho a la privacidad en el entorno digital

sábado, 30 de enero de 2021

Campo defiende la protección del derecho a la privacidad en el entorno digital

Jueves 28 de enero de 2021

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha inaugurado el Foro Privacidad, Innovación y Sostenibilidad. Pacto Digital para la protección de las personas, organizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En su intervención, ha señalado que el «Pacto será un valioso instrumento en la protección del derecho a la privacidad en el entorno digital».

El Foro Privacidad, Innovación y Sostenibilidad ha acogido las ponencias de la directora de la AEPD, Mar España, y de Itziar de Lecuona, Cátedra UNESCO de Bioética por la Universidad de Barcelona. Posteriormente, se ha abierto un espacio de debate con dos mesas redondas en las que se han abordado cuestiones como la privacidad como activo de las organizaciones y el papel de los medios en la prevención de la violencia digital.

En relación a la privacidad, el ministro de Justicia ha señalado la necesidad de fortalecer el Estado, tanto para asegurar la prestación de calidad de los servicios públicos, como para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. En ese sentido, Campo ha indicado que «solo robusteciendo el Estado Social y Democrático de Derecho se puede avanzar, con la participación del mundo empresarial y de la sociedad civil, hacia esa significación de la privacidad».

En ese mismo sentido, el ministro ha señalado la necesidad de la colaboración entre entidades públicas y privadas, para que se promueva una concepción de la privacidad, no sólo desde el punto de vista individual, sino también desde el colectivo.

Campo ha destacado que hay objetivos que recoge el Pacto Digital para la protección de las personas, que coinciden con algunos de los proyectos impulsados por su Ministerio y el plan Justicia 2030, como la protección de las víctimas y denunciantes o el establecimiento de planes de igualdad reforzados a través de la formación.

Por otro lado, Campo ha indicado que los medios de comunicación constituyen el principal mecanismo de la ciudadanía para ejercer el derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz, pero además son un potente altavoz social.

En esa línea, el ministro se ha referido al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) , en trámite de audiencia e información pública, donde se regula, exclusivamente en la fase de investigación del proceso penal, el establecimiento de canales de información a través del Ministerio Fiscal. Con el fin, ha puntualizado Campo, «de compatibilizar y salvaguardar tanto el derecho a informar libremente como el de la presunción de inocencia».

Para finalizar, el ministro ha señalado la importancia que tiene el Pacto Digital para la protección de las personas para promover la convivencia ciudadana, y ha trasladado su agradecimiento a las empresas, asociaciones y entidades que lo han suscrito, «porque la protección de la privacidad en el ámbito digital también es un asunto público y colectivo».

Protección Civil y Emergencias alerta por fuerte temporal de viento en tierra y mar durante el fin de semana

sábado, 30 de enero de 2021

Protección Civil y Emergencias alerta por fuerte temporal de viento en tierra y mar durante el fin de semana

Protección Civil y Emergencias

Madrid, 29/01/2021

Ministerio del Interior

Borrasca ‘Justine’

El temporal marítimo será especialmente significativo en el Cantábrico, donde las olas podrían superar los 8 metros de altura. Por su parte, en el litoral oriental andaluz, Melilla y Baleares se esperan olas de 3 a 4 metros.

También se prevén fuertes rachas de viento en amplias zonas del interior, del norte y, sobre todo, del este peninsular, así como en Baleares. En puntos especialmente expuestos el viento podría superar los 100 Km/h.

Por otro lado, hay previsión de nevadas intensas en el área pirenaica, con acumulaciones de hasta 20 cm. en 24 horas a cotas de 1.100- 1.200 metros.

Recuerde que, con el temporal, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en sus proximidades. No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

En caso de vientos fuertes, conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública, y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas.

Infórmese de la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extreme las precauciones, revise el vehículo y atienda las recomendaciones de Tráfico. Siga las actualizaciones de los pronósticos y los avisos a través de Protección Civil, Aemet, así como de la DGT si va a viajar por carretera en las próximas horas.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta por temporal de fuertes vientos en tierra y mar durante el fin de semana.

El paso de la borrasca «Justine» provocará un fuerte temporal de mar y viento en el Cantábrico. Las olas podrían superar los 8 metros de altura en el norte. El temporal también afectará al litoral oriental andaluz, Melilla y Baleares, en estas zonas se esperan olas de 3 a 4 metros.

También se esperan vientos en amplias zonas del interior, del norte y del este peninsular y en Baleares con rachas muy fuertes, entre 70 y 90 km/h. En algunos puntos especialmente expuestos el viento podría superar los 100 Km/h.

Además, hay previsión de nevadas en el área pirenaica, con acumulaciones esperadas de hasta 20 cm. en 24 horas a cotas de 1.100-1.200 metros.

Recomendaciones

Ante vientos costeros
◾ Si se encuentra en zonas marítimas, procure alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.
◾ Se recomienda evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje.
◾ En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar.
◾ No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

Ante fuertes vientos
◾ Conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.
◾ También, conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.
◾ Si va conduciendo, extreme las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. Preste atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Ante la previsión de nieve
◾ Si es imprescindible viajar por carretera, debe ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo.
◾ Infórmese de la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extreme las precauciones, revise el vehículo y atienda las recomendaciones de Tráfico.
◾ Reviise los neumáticos, anticongelante y frenos. Además, hay que tener la precaución de llenar el depósito de la gasolina y llevar neumáticos de invierno o cadenas.
◾ Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.
◾ Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.
◾ En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia.

Nueva app para viajar seguro por Europa

sábado, 30 de enero de 2021

Re-Open EU: Viaja seguro por Europa

Nueva app para viajar seguro por Europa

Comisión europea

¿Tienes pensado viajar a Europa y no sabes cómo es la situación del país al que quieres ir? ¿Quieres saber en qué zonas hay cuarentena, toque de queda o restricciones?

Puedes consultar toda esta información en la aplicación Re-Open EU o traducido al español “Reabre la EU”. Una herramienta a la que puedes acceder desde cualquier dispositivo electrónico sin necesidad de descargarla.

25/01/2021

La idea es que en tiempo real se conozca la situación de cada país, ya que como sabemos de un día a otro la situación con respecto al número de contagios varía muy rápido y las medidas para contenerlos también.

Por ese motivo, es recomendable que antes de planear un viaje, bien por trabajo, estudios u otro motivo tengas claro las circunstancias que te puedes encontrar.

Re-Open Eu ofrece información actualizada sobre la reapertura de fronteras, qué restricciones están vigentes, los medios de transporte disponibles, el nivel de riesgo en el país de contagio y las medidas de salud pública.

¿Cómo se usa Re-OpenEU?
1.- Puedes acceder a la aplicación disponible en tanto para Iphone como Android o acceder desde el buscador en la página https://reopen.europa.eu/es.

2.- Elige el país al que quieres viajar. La aplicación permite diferenciar las zonas de la Unión Europea por colores para conocer los países en peor situación y los que no (va de verde, pasando por el amarillo y por último rojo).

3.- Una vez seleccionado el país, inmediatamente aparece un panel que mostrará distintas categorías de información.

App Re-Open Eu para viajar seguro por Europa

Pero de manera generalizada, la aplicación nos indica la situación sanitaria, es decir el número de casos diarios a nivel nacional junto con una gráfica donde se puede comprobar la evolución de los casos.

Seguidamente también se pueden ver las medidas contra el coronavirus que se dividen en cuatro subapartados.

Medidas generales: si se sugiere el uso de mascarilla, la distancia física, el número de personas en las reuniones, etc.
Medidas para servicios turísticos u ocio: indica qué establecimientos están abiertos y cuáles están cerrados además de protocolos sanitarios.
Medidas de circulación: la situación de las carreteras o los diferentes toques de queda en cada zona del país.
Medidas en caso de contacto directo con una persona contagiada: esta opción está vinculada directamente con la app Radar Covid.

En el caso de que no se encuentre justo la información deseada, dentro del propio panel te redirige a diferentes enlaces con datos adicionales y direcciones de contacto por ejemplo con la policía nacional y ellos te responderán a las dudas.

El diálogo social nos ha permitido abordar esta crisis con una perspectiva social y laboral más justa

sábado, 30 de enero de 2021

El diálogo social nos ha permitido abordar esta crisis con una perspectiva social y laboral más justa

UGT

22 Enero 2021

Pepe Álvarez resalta que los sindicatos han estado a la altura y que ahora toca subir el SMI, derogar las reformas laborales y la reforma de pensiones de 2013

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha puesto en valor el diálogo social y el impulso y responsabilidad sindical para hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19 y ha dicho que si no fuera por él los estragos de la pandemia sobre el empleo y la protección de las personas habrían sido más devastadores. En este sentido, ha destacado que la reforma laboral de 2012, ya de por sí nociva en tiempos de bonanzas, en periodos de crisis amenaza con perpetuar una catástrofe laboral, con millones de despidos y la consiguiente pobreza absoluta de los trabajadores y trabajadoras.

Pepe Álvarez ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la videoconferencia “El Diálogo Social en tiempos de pandemia”, organizada por la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo social de la Universidad de Valladolid, moderada por el Secretario General de UGT-Castilla y León, Faustino Temprano. “Una iniciativa que lleva ya seis años y que con el paso de los años se ha consolidado y sirve de ejemplo”.

La pandemia acentuó la necesidad de consenso y respuesta social

Ha destacado que 2020 ha sido un año de cambios que han afectado a la salud y al empleo de los ciudadanos y ciudadanas y ha afirmado que “los sindicatos hemos estado a la altura ante una situación totalmente nueva y excepcional. Somos conscientes de que el equilibro y el consenso en los acuerdos es lo mejor para dar estabilidad a nuestro país y un beneficio para los trabajadores y trabajadoras”.

Asimismo, ha recordado que, como fruto del acuerdo, pero también de la presión, y a pesar de las voces agoreras, se logró alcanzar, antes de la pandemia, la subida del SMI a 950 euros. Una subida que no afecto en modo alguno al empleo y supuso una mejora sustancial de una parte importante de la clase trabajadora.

La iniciativa sindical permitió impulsar una regulación inédita en el ámbito laboral: el acuerdo de ERTES para proteger el empleo, frenar los despidos colectivos e hibernar la actividad empresarial; ampliar el círculo de protección social de nuestro país. Se establece así la protección por desempleo con contador a 0 y sin periodo de carencia para los afectados por un ERTE, se protege a los afectado por Covid, considerándolo a efecto de la prestación económica como prestación derivada de accidente de trabajo y se da una protección específica para los trabajadores autónomos. Además, se impulsa el Ingreso Mínimo Vital, aunque se aparta de la orientación que desde UGT queríamos; se crea una prestación extraordinaria de protección a los empleados y empleadas de hogar y se regula el teletrabajo, situándonos a la vanguardia de Europa con esta regulación. Otro avance significativo ha sido la aprobación del desarrollo reglamentario de la legislación sobre igualdad, como paso esencial para avanzar en una igualdad retributiva real (registro salarial, auditorías, evaluación de puestos, etc. )

Pepe Álvarez ha señalado que “el consenso supone la cesión en algunas de nuestras posturas, pero no por ello hemos dejado de denunciar y ser críticos ante algunas carencias e incumplimientos”. En este sentido, ha recordado el retraso en el pago de las prestaciones de los ERTES o el Ingreso Mínimo Vital (UGT puso en funcionamiento diversos sistemas de reclamación en su página web en para las personas trabajadoras) o la falta de una regulación adecuada para proteger a todas las personas desempleadas antes de la pandemia.

Ahora sí toca

Pero transcurridos ya estos largos meses, Ahora toca afrontar temas cuyas negociaciones quedaron congeladas en marzo: como la derogación de las reformas laborales, la derogación de la reforma de pensiones de 2013 y la subida del SMI, que debe alcanzar el 60 por ciento del salario medio antes de que termine esta legislatura. Nuestro sindicato pide que se sitúe en los 1000 euros brutos al mes este año. Para agilizar estos temas hemos iniciado un proceso de movilizaciones cuyo punto de partida será el 11 de febrero.
“Hemos reclamado la negociación inmediata de la derogación de la reforma laboral para impedir que de nuevo la carga de la crisis recaiga solo sobre las espaldas de las personas trabajadoras. Hay que recuperar la primacía del convenio de sector sobre el de empresa, recuperar la ultraactividad de los convenios, abordar la causalidad de los despidos colectivos y regular las subcontratas, entre otros asuntos

En pensiones, hay que derogar la reforma impuesta por el Gobierno del PP en 2013, derogando las fórmulas que impiden la actualización de las pensiones y a partir de ahí volver al acuerdo de 2011 consensuado entre Gobierno y agentes, analizarlo y realizar propuestas para garantizar un Sistema Público sostenible y con pensiones dignas.
Pepe Álvarez ha exigido además el desarrollo de las mesas de diálogo social para participar en el necesario cambio de nuestro modelo productivo (mayor presencia estatal, gobernanza, pacto por la industria, impulso y protección de los sectores estratégicos, etc.)

Otros asuntos pendientes que tienen que cerrarse ya son negociar la legislación que regule a los riders y a las plataformas digitales en su conjunto.

En definitiva, “considero que el papel de las organizaciones sindicales durante toda la pandemia ha sido ejemplar, y pretende seguir siendo igualmente influyente en la construcción del derecho social”. Los partidos políticos imitar a los agentes sociales, dejarse de luchas partidistas y buscar el entendimiento y el acuerdo porque nuestra sociedad lo necesita.

​​​​El Gobierno lanza la licitación para comprar más de 100.000 ordenadores con conectividad para alumnos vulnerables de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco

sábado, 30 de enero de 2021

26 de enero de 2021

​​​​El Gobierno lanza la licitación para comprar más de 100.000 ordenadores con conectividad para alumnos vulnerables de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco

Ministerio de Economía

​Se trata de la segunda licitación para la compra masiva de equipamiento digital para el aprendizaje abierta tras la lanzada en octubre del pasado año para dotar con 100.000 ordenadores y tablets a los alumnos de las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

El Programa Educa en Digital, puesto en marcha el pasado mes de junio, se orienta a cerrar la brecha social tecnológica y garantizar el acceso de todos los estudiantes al aprendizaje con medios digitales, tanto desde el hogar como en la escuela, mediante la compra de ordenadores y tablets para más de 435.000 estudiantes, el desarrollo de metodologías digitales de educación y la formación de profesores

La presente licitación asciende a casi 50 millones de euros, de los que casi 40 millones serán cubiertos por los fondos estructurales FEDER a través de Red.es y el resto cofinanciado por las Comunidades Autónomas

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha autorizado la licitación de la actuación Puesto Educativo en el Hogar para Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco dentro del programa Educa en Digital cuyo objetivo es apoyar la transformación digital de la educación en España apoyando a los alumnos más vulnerables. El importe de esta actuación asciende a casi 50 millones de euros, de los que la empresa pública Red.es aportará casi 40 millones a través de los fondos FEDER y, el resto, será cofinanciado por las comunidades autónomas.

Esta actuación supone la adquisición de más de 100.000 equipos informáticos con conectividad que facilitarán la educación digital, tanto desde el hogar como de forma presencial, a los alumnos de familias vulnerables que estudien en centros educativos sostenidos con fondos públicos de estas comunidades autónomas.

La distribución de estos puestos educativos en el hogar por comunidades autónomas es la siguiente: 7.283 para Castilla y León, 50.908 para la Comunidad Valenciana, 30.656 para Madrid, 3.150 para Navarra y 8.366 para el País Vasco.

Esta es la segunda licitación lanzada tras la realizada el pasado mes de octubre para dotar con más de 100.000 ordenadores y tablets a los alumnos de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se prevé que los primeros equipos sean puestos a disposición en el mes de marzo.
Educa en Digital

El programa Educa en Digital fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de junio de 2020 y contempla dotar a los centros educativos de equipos con conectividad fiable y de calidad para que puedan ser prestados y puestos a disposición de los estudiantes que no dispongan de este equipamiento para poder acceder a la educación con medios digitales, tanto en el hogar como en el propio centro educativo.

También abarca otra serie de actuaciones tales como la puesta a disposición de aplicaciones, herramientas y recursos curriculares que faciliten la educación digital, tanto presencial, en el centro, como desde el hogar, y la formación de profesores, con el fin de dotar a la comunidad educativa de recursos educativos digitales.

El programa movilizará inicialmente 230 millones de euros, de los cuales Red.es aportará un presupuesto inicial máximo de hasta 190 millones de euros, con la cofinanciación de los fondos FEDER.

Siguiendo los procedimientos establecidos para la ejecución de los fondos estructurales para el periodo 2014-2020 en España, el programa requiere la firma de convenios entre las Comunidades Autónomas y Red.es para la realización de licitaciones separadas siguiendo las indicaciones y requisitos determinados por las autoridades educativas.

Financiación y distribución por comunidades autónomas

• Castilla y León: 4.345.002 €, de los cuales 3.476.001€ € son aportados por Red.es
• Comunidad Valenciana: 26.366.165 €, de los cuales 21.092.932 € son aportados por Red.es
• Madrid: 13.707.051 €, de los cuales 10.965.641 € son aportados por Red.es
• Navarra: 1.513.545€, de los cuales 1.210.836€ son aportados por Red.es
• País Vasco: 3.953.648€, de los cuales 3.162.918€ son aportados por Red.es​

El Campello desde la playa de Muchavista

viernes, 29 de enero de 2021

El Tribunal Supremo fija que los gastos de tasación en los préstamos hipotecarios anteriores a la Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios corresponden al banco

viernes, 29 de enero de 2021

Jueves, 28 de enero de 2021

El Tribunal Supremo fija que los gastos de tasación en los préstamos hipotecarios anteriores a la Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios corresponden al banco

Autor: Comunicación Poder Judicial

Una sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto sobre los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores. El alto tribunal dictamina que los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, incumben al banco y no al consumidor.

Con esta sentencia quedan resueltas por la Sala de lo Civil todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario.

Nota de la sala

CASACIÓN/1926/2018

TRIBUNAL SUPREMO

SALA CIVIL

Sentencia 35/2021, de 27 de enero de 2021

En esta sentencia, el Pleno resuelve sobre los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores.

El Tribunal Supremo resuelve que los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, incumben al banco y no al consumidor.

Con esta sentencia quedan resueltas por la Sala de lo Civil todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario. Esta doctrina supone que los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales. Solo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los consumidores.

Gabinete Técnico. Área Civil.
Enero 2021.

Estado de situación del COVID-19

viernes, 29 de enero de 2021

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Jueves 28 de enero de 2021

La Moncloa

Actualización nº 300. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 28.01.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 28.01.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 2.705.001 casos confirmados de COVID-19 y 57.806 fallecidos.

Los datos se pueden Consultar en el documento PDF adjunto.

Informe de comercio exterior, enero-noviembre de 2020

viernes, 29 de enero de 2021

Las exportaciones alcanzan los 238.414 M€ de enero a noviembre de 2020

Informe de comercio exterior, enero-noviembre de 2020

Comercio | 21/01/2021

El déficit se reduce un 58,7% hasta noviembre

Mincotur

Según los últimos datos de comercio declarado de Aduanas, las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 238.414 millones de euros (M€) de enero a noviembre de 2020. Como resultado, el déficit comercial de los once primeros meses del año pasado alcanzó los 12.349 M€, un 58,7% menos que el registrado en el mismo periodo de 2019.Como explica la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez: “Aún nos encontramos en un momento complicado y de gran incertidumbre originado por la evolución de la pandemia. No obstante, en noviembre las exportaciones se mantuvieron y alcanzaron un nivel cercano al mismo periodo de 2019. Además, algunos sectores importantes continúan con su buen comportamiento de los últimos meses, como la alimentación, automóvil y químicos”.

Datos del mes de noviembre

En el mes de noviembre, las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 24.731 M€, un 1,3% menos respecto al mismo mes de noviembre de 2019.

Por su parte, las importaciones descendieron un 5,9% en términos interanuales hasta los 25.324 M€. Como resultado, en noviembre de 2020 se registró un déficit de 593,1 M€, un 68,2% menos al del mismo mes de 2019. La tasa de cobertura se situó en el 97,7%, 4,6 puntos porcentuales más que en noviembre de 2019.

Con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, las exportaciones se redujeron un 3,2% interanual y las importaciones descendieron un 7,9%. Sin embargo, respecto a octubre las exportaciones disminuyeron un 0,9% y las importaciones ascendieron un 0,8%.

El saldo no energético arrojó un superávit de 414,0 M€ (superávit de 72,4 M€ en noviembre de 2019 con datos provisionales) y el déficit energético se redujo un 48,0%.El descenso de las exportaciones en noviembre de España (-1,3%) es algo similar a la registrada en la zona euro (-1,1%) y algo mayor respecto a la UE-27 (-0,3%).

Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones provinieron del sector de alimentación, bebidas y tabaco, el sector automóvil y bienes de consumo duradero.

Por el contrario, los sectores que contribuyeron más negativamente fueron productos energéticos, manufacturas de consumo, bienes de equipo y materias primas.

En noviembre de 2020, las exportaciones a la Unión Europea ascendieron hasta el 61,0% del total (59,6% en noviembre de 2019) , un aumento del 1,0%. Las dirigidas a la zona euro se incrementaron un 1,2% y las destinadas al resto de la UE se redujeron un 0,1%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Alemania (9,5%), Francia (8,1%) y Portugal (0,1%). Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 39,0% del total y decrecieron un 4,8% interanual, aunque las ventas a Reino Unido aumentaron un 8,3%.

Datos acumulados enero-noviembre

Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 238.414 M€, un 10,9% menos que en el periodo enero-noviembre del año anterior. Las importaciones alcanzaron los 250.763 M€, lo que supone un descenso del 15,7% Como resultado, el déficit comercial de los once primeros meses del año alcanzó los 12.349 M€, un 58,7% menos que el registrado en el mismo periodo de 2019.

La tasa de cobertura –cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 95,1% (90,0% en enero-noviembre de 2019). En términos de volumen, las exportaciones se aminoraron un 10,4%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, se redujeron un 0,5%. Las importaciones se redujeron un 13,2%, pues los precios disminuyeron un 2,8%.

El saldo no energético arrojó un superávit de 1.179,1 M€ (déficit de 8.602,7 M€ en el acumulado hasta noviembre de 2019) y el déficit energético se redujo un 36,4%, hasta los 13.528 M€ (déficit de 21.283,2 millones en 2019 con datos provisionales).

Las exportaciones españolas entre enero y noviembre (-10,9%) están en línea con la zona euro (-10,0%) y la UE-27 (-9,2%). Por su parte, crecieron las exportaciones españolas a China (2,5%).

Las principales contribuciones positivas de las exportaciones de enero a noviembre provinieron del sector de alimentación, bebidas y tabaco y otras mercancías. Las principales contribuciones negativas correspondieron a los sectores de productos energéticos, bienes de equipo, sector automóvil y manufacturas de consumo.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (60,7% del total) descendieron un 8,3% en los once primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (53,3% del total) cayeron un 7,7% y las destinadas al resto de la Unión Europea (7,4% del total), descendieron un 12,9%.

Las ventas a terceros destinos (39,3% del total) descendieron un 14,5% en este periodo, con descensos de las exportaciones a América Latina (-26,1%), África (-17,2%), América del Norte (-12,1%), Oriente Medio (-11,9%), Asia excluido Oriente Medio (-7,2%) y Oceanía (-5,4%).

Por CC.AA., las exportaciones de Extremadura aumentaron, mientras que los mayores descensos se dieron en Canarias, el País Vasco y el Principado de Asturias.

El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar en esta dirección web

El CDTI destina 104 millones de euros para 151 proyectos de I+D+I empresarial

viernes, 29 de enero de 2021

El CDTI destina 104 millones de euros para 151 proyectos de I+D+I empresarial

Viernes 22 de enero de 2021

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

El último Consejo de Administración del CDTI, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado 151 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 135,74 millones de euros, de los que el CDTI aportará 104,06 millones de euros.

De los proyectos aprobados, 12 de ellos están relacionados con la emergencia sanitaria, para desarrollar tratamientos para la enfermedad producida por la infección de COVID-19, fabricación de mascarillas y geles hidroalcohólicos y desarrollo de equipos de desinfección, entre otros productos y materiales:
•ApTOLL y sus efectos para el tratamiento de los problemas respiratorios causados por el SARS-COV-2
•Tratamiento para la enfermedad producida por la infección por SARS-COV-2 (COVID-19)
•Inversión en maquinaria innovadora para la fabricación en masa de mascarillas homologadas
•Proyecto de I+D GREEN_MASK: Nuevas mascarillas higiénicas para un modelo de economía circular
•Nuevos sistemas de filtrado, superficies y equipos contra la pandemia COVID-19
•Desarrollo de gel hidroalcohólico con activos de origen natural regenerantes de la barrera epidérmica y efecto antipolución, para obtener una protección global frente a todas las agresiones externas y proteger la salud de la piel
•Proyecto de I+D EASY BREATH: Mascarilla reutilizable FFP2 contra el SARS-COV-2 con propiedades avanzadas de respirabilidad
•Desarrollo de mascarilla auto filtrante antivírica en base a materiales derivados del grafeno
•Investigación y desarrollo de equipos de desinfección basados en UVC no mutagénica y ozono
•Proyecto SANIBOX: Nuevos sistemas de desinfección basados en ozono y determinación de su efectividad frente a COVID-19 y otros patógenos
•Hilado de fibra cortada con propiedades antibacterianas y antivíricas para protección ante la COVID-19
•EUREKA robot inteligente como alternativa a la experiencia humana para optimizar la limpieza extrema

En el desarrollo de estos proyectos participan 159 empresas, que cuentan con 593 personas dedicadas para llevar a cabo los objetivos definidos.

Del total de compañías participantes, 103 son pymes, lo que supone un 64,78%. 29 de ellas pertenecen a sectores de Media y Alta tecnología.

Además, 54 de las 159 empresas que participan reciben ayudas del CDTI por primera vez.

Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

29 de las 166 operaciones aprobadas en este Consejo son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI+FEDER) que asciende a 18.081.972,80 euros.

El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.

Fecavem, UPM y Foment exigen la exención del impuesto de CO2

viernes, 29 de enero de 2021

Fecavem, UPM y Foment exigen la exención del impuesto de CO2

Carta conjunta al conseller de Territori i Sostenibilitat detallando los motivos de esta demanda para hacer frente a la crisis económica

27 de enero de 2021

Fecavem, UPM y Foment piden que ciudadanos y empresas catalanas titulares de vehículos no tengan que pagar el nuevo Impuesto de Emisiones de CO₂, un impuesto que no afecta a ninguno otra comunidad autónoma española.

En una carta conjunta de la Patronal Catalana de la Distribución de Automoción Fecavem, la Unión Patronal Metalúrgica UPM y Foment del Treball Nacional, las tres entidades han hecho llegar al Consell de Territorri i Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña, el Honorable Damià Calvet, la necesidad de dejar sin efecto hasta finalizar la pandemia y, como mínimo en 2023, el nuevo Impuesto que graba a los titulares de vehículos de tracción mecánica, para las emisiones de dióxido de carbono que generan.

Afirman que no es el momento de incrementar la presión fiscal mientras dura la crisis generada por la Covid. El motivo fundamental es que este nuevo ejercicio marcado por la evolución epidemiológica que empieza, no hace prever buenos escenarios a corto ni a medio plazo. Tampoco es el momento de introducir en este marco un nuevo impuesto que afecta a la ciudadanía en su conjunto y a las empresas, e incrementa la presión fiscal. Este aplazamiento que se propone no comporta ninguna exención, sino que se pospone su entrada en vigor, atendiendo a la gravedad social y económica vigente.

La recaudación que genera el nuevo impuesto no compensa el esfuerzo de los contribuyentes

A efectos recaudatorios, este nuevo impuesto no aporta una contribución significativa a las arcas de la Generalitat y lamentan que no se tenga en consideración el esfuerzo que supone a muchos ciudadanos y empresas afectados por expedientes de ocupación (ERTE), las restricciones y el endeudamiento que han sufrido para hacer frente. Por todo ello, no lo pueden asumir en estos momentos tan inciertos y complicados.

La automoción, comprometida en el objetivo de abordar el cambio climático

El sector manifiesta su compromiso para frenar el cambio climático y pide impulsar políticas verdes que aceleren la transformación del sector de la automoción hacia las bajas emisiones o cero y, sobre todo, mirar de recuperar la economía del país, todo esto sin ningunear a una de las principales ramas generadoras de actividad, exportación y ocupación como es la automoción, con un PIB estimado del en torno al 10%. El juego de equilibrios es difícil, pero hay que tener un orden de prioridades si queremos, entre todos, salir adelante.

Por otro lado, hasta el mes de mayo, la ciudadanía y las empresas no dispondrán del censo por saber este nuevo coste al que tendrán que hacer frente si, finalmente, no se replantea la situación. El desconcierto y las explicaciones algorítmicas que lo permitan entender son inexistentes.

Desde las tres patronales, se comprometen a suplir esta carencia de información puesto que estamos ante impuestos que pueden llegar alrededor de los 200 euros. Además, también hay que conocer las peculiaridades de cada caso. A modo de ejemplo, los vehículos antiguos y los que tengan el reconocimiento de clásicos han conseguido la bonificación del 100% como matrícula histórica que conservan

En Ponga. Ventaniella. Principado de Asturias

jueves, 28 de enero de 2021

La constitución de sociedades disminuyó el 15,5% en 2020

jueves, 28 de enero de 2021

25/01/2021 | Registradores

Según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores el pasado año se constituyeron en España 80.134 sociedades (frente a las 94.840 de 2019), un 15,5% menos que en el año anterior, alejándose cada vez más de la cifra básica de referencia de 100.000 operaciones anuales.

Con relación al cuarto trimestre de 2020 respecto al mismo trimestre del año anterior, se constituyeron en España 22.838 sociedades mercantiles, mostrando un incremento del 0,8%. En el trimestre anterior aumentaron un 5,5%. Por lo tanto, se produjo un crecimiento de constituciones en la segunda mitad del año, precedido de fuertes caídas en el primer trimestre (-14,1%) y sobre todo en el segundo (-48,0%), siempre respecto al mismo periodo del año anterior.

La Estadística Mercantil trimestral del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica de las empresas españolas y puede ser consultada, por meses, en el siguiente enlace: https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles

Por Comunidades Autónomas, en el cuarto trimestre, con relación al mismo período de 2019, la creación de sociedades mercantiles aumentó, sobre todo en Extremadura (18,5%), Cantabria (15,1%) y Navarra (14,6%). Por otro lado, disminuyó más en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (-13,2%), Castilla y León (-9,2%), Baleares (-7,7%), Madrid (-7,2%) y La Rioja (-6,4%).

EXTINCIONES

Las extinciones de sociedades alcanzaron las 9.255 sociedades durante el cuarto trimestre, un 4,5% más que en el mismo trimestre de 2019. En el total de 2020 las extinciones disminuyeron un 10,2% sobre el año anterior.

Por comunidades autónomas, aumentan sobre todo en Ceuta y Melilla (40.0%), Canarias (19,2%), Extremadura (15,0%) y Andalucía (14,9%). Por el contrario, descienden más en La Rioja (-31,0%), Asturias (-27,4%), Aragón (-19,3%) y Baleares (-18,2%).

CONCURSOS

Las empresas en serias dificultades financieras, que se vieron inmersas en concurso de acreedores en 2020 fueron 3.428, un 5,6% menos que en 2019. En el cuarto trimestre, sin embargo, fueron 1.231, reflejando un aumento del 19,5% en relación al mismo trimestre de 2019. Desde el tercer trimestre de 2019 se vienen produciendo aumentos en los concursos, exceptuando el segundo trimestre de 2.020, cuando se produjo una fuerte caída del 59,3%, coincidiendo con las restricciones de movilidad del estado de alarma.

Por Comunidades Autónomas, en el cuarto trimestre y con respecto al mismo periodo de 2019, se incrementaron los concursos sobre todo en Andalucía (42,1%), Baleares (35,3%), y Cataluña (33,9%). En la parte opuesta, descendieron más en Navarra (-75,0%), seguida de Asturias y Extremadura (-50,0%) y Murcia (-24,2%).

TRASLADOS DE SEDE SOCIAL ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 4T 2020(*)

Se indican en la siguiente tabla los datos sobre los traslados de sede social entre las diversas CC.AA. Los datos expresados no corresponden a solicitudes de traslado sino a confirmaciones de traslado inscritas en el registro de destino.

Entre las Comunidades de las que se van empresas, Madrid muestra 1.231 salidas, seguido de Cataluña, con 666, Comunidad Valenciana, 403 y Andalucía, 402. Sin embargo, si comparamos el saldo de entradas y salidas, Madrid destaca con un saldo positivo de 147 empresas, mientras que Cataluña muestra un saldo negativo de 150. El resto de comunidades muestra una mayor diversidad en los datos. Entre las que tienen más actividad, Andalucía muestra un saldo positivo de 88 empresas, y la Comunidad Valenciana un saldo negativo de 65 sociedades.

  • Confirmaciones inscritas en el registro de destino.

MES DE DICIEMBRE

En el último mes del año se incrementaron las constituciones un 9,1% respecto al mismo periodo de 2019, en noviembre se habían incrementado el 1,8%. En los primeros meses de la pandemia se produjeron las caídas más pronunciadas, con descensos del 72,1% en abril, y del 56,4% en mayo. En junio y julio comenzó claramente la recuperación, con caídas paulatinamente menos acusadas, -10,0% y -3,4% respectivamente. Desde el mes de agosto, este indicador se mantiene en valores positivos, a excepción de una caída del 7,5% en octubre.

Por Comunidades Autónomas, las tasas que más descienden respecto al mismo mes del año anterior son: Ceuta y Melilla (-33,3%), Castilla y León (-15,9%) y La Rioja (-10,7%). En sentido contrario, aumentan sobre todo en Extremadura (65,0%), Navarra (43,2%), Aragón (27,9%), y Cantabria (26,1%).

CONCURSOS

Los concursos de acreedores en diciembre, comparados con el mismo mes del año anterior, mostraron un gran aumento del 30,8%. En noviembre se mostraron valores parecidos, cuando aumentaron el 26,1%. Durante los primeros meses de la pandemia habían caído de forma generalizada (-84,8% en abril y el -76,1% en mayo), afectados por la ralentización del proceso concursal durante el estado de alarma y también por el RD 16/2020, de 28 de abril. Este decreto, entre otros aspectos, amplió los plazos para presentar concurso voluntario hasta el pasado 31 de diciembre, impidiendo también la presentación de concurso necesario hasta dicha fecha, con objeto de ayudar temporalmente a empresas en dificultades que pudieran ser rentables. Las sucesivas caídas de los concursos a medida que transcurría la pandemia, se tornaron paulatinamente más suaves en junio (-16,1%), julio (-6,5%) y agosto (-4,6%), hasta cambiar de signo de forma abrupta en el mes de septiembre (55,0%), aunque el aumento fue más moderado en octubre (4,3%).

Analizando los concursos inscritos mediante su desglose en voluntarios y necesarios para observar el impacto del RD 16/2020 antes mencionado en relación con el mes anterior. Los concursos voluntarios sumaron este mes de diciembre 296 inscripciones, con un descenso del 11,4% sobre el mes de noviembre y los concursos necesarios inscritos fueron 99, con un descenso del 10,0% sobre el mes anterior.

La Cámara de España prevé una recuperación económica menos intensa en 2021 por el impacto de la tercera ola del COVID-19

jueves, 28 de enero de 2021

La Cámara de España prevé una recuperación económica menos intensa en 2021 por el impacto de la tercera ola del COVID-19

22 de Enero 2021

El empleo crecerá un 2,1 %, equivalente a la creación de unos 350.000 puestos de trabajo, y la ampliación de los ERTE contendrá el avance de la tasa de paro

Madrid, 22/02/21.- La Cámara de Comercio de España estima que la economía crecerá este ejercicio un 6,2 %, frente al retroceso del 10,9 % esperado para el ejercicio 2020. Tanto la contracción de la actividad el año pasado como la recuperación en 2021 serán menos intensas de lo previsto en noviembre, cuando se calculaba un retroceso del 13 % y un avance del 8,6 %, respectivamente.

La razón de esta rebaja en la previsión de crecimiento de 2021 es el impacto de la tercera ola del COVID-19, cuya intensidad está obligando a tomar de nuevo severas restricciones a la movilidad y a la interacción social, con una fuerte repercusión negativa en sectores como el turismo, la hostelería y el comercio.

Así se refleja en la evolución estimada del consumo de los hogares, que se incrementará un 6,3 %, prácticamente la mitad de lo contemplado en las anteriores previsiones. Por lo que se refiere a la formación bruta de capital fijo, crecerá un 5 %, un punto menos que lo esperado debido a un menor dinamismo de la inversión en construcción, mientras que la inversión en bienes de equipo aumentará un 12,3 %, en línea con las estimaciones del mes de noviembre.

En relación con el sector exterior, se ha revisado al alza el crecimiento de las exportaciones, que avanzarán un 13,3 %, mientras que las importaciones subirán un 13 %.

El comportamiento del mercado de trabajo reflejará también esa menor intensidad en el ritmo de recuperación, aunque se estima que el empleo crecerá un 2,1 %, lo que equivale a la creación de 350.000 puestos de trabajo. La tasa de paro, por su parte, subirá apenas tres décimas respecto a 2020, hasta el 17,3 %, ya que se espera que la ampliación de la aplicación de los ERTE siga conteniendo el crecimiento del desempleo.

Respecto a la evolución del déficit público en 2021, las previsiones de la Cámara de España apuntan hacia una reducción de casi seis puntos respecto al ejercicio anterior, si bien todavía se situará en niveles muy altos, en el entorno del 7 %.

¿Qué información sobre tu cuenta está tu banco obligado a comunicarte?

jueves, 28 de enero de 2021

¿Qué información sobre tu cuenta está tu banco obligado a comunicarte?

12/01/2021 Portal del cliente bancario. Banco de España

Como cliente bancario, tienes el derecho a recibir de forma periódica y sin coste alguno la información que te detallamos a continuación. Aunque, eso sí, tu entidad no está obligada a atender sin coste cualquier otra solicitud de información sobre tu cuenta o referida a cualquier periodo de tiempo.

Remitirte cada mes de enero una comunicación en la que se detallen las comisiones y gastos devengados, así como los tipos de interés efectivamente aplicados a cada servicio bancario prestado durante el año anterior.

Mandarte, como mínimo una vez al mes, el extracto con todos los movimientos producidos en tu cuenta. En esta comunicación se incluirá, al menos, información relativa al importe de las operaciones, el tipo de cambio aplicado al adeudo o abono, en caso de haberlo, así como el saldo tanto del extracto actual como del anterior. Esta comunicación no será obligatoria si en el mes de referencia no se han registrado movimientos.

Proporcionarte un documento de liquidación en el que se informe del tipo de interés, las comisiones u otros gastos aplicados en cada liquidación que practiquen por sus servicios.

Además, tu banco deberá facilitarte una copia del contrato en cualquier momento de la relación contractual que lo solicites y de forma gratuita. Puede suceder que, años después de haber cancelado una cuenta, necesites una copia de tu contrato. En estos casos, ¿tiene el banco la obligación de conservarlo?

Como regla general, el banco está obligado a conservar el contrato de tu cuenta durante al menos seis años, que es el plazo obligatorio de conservación de documentación establecido por el Código de Comercio.

¿Cómo deberá facilitarte el banco esta documentación?

Tu banco deberá facilitarte la documentación relativa a tu cuenta según lo establecido en tu contrato, ya sea en formato papel o en cualquier otro soporte duradero. Asegúrate del modo en que está obligada tu entidad a facilitarte esta información y comprueba si la recibes con regularidad.

¿Por qué tipo de solicitud de documentación puede el banco cobrarme una comisión?

Si solicitas información adicional a la exigida por la normativa, de forma más frecuente o por medio distinto del establecido en tu contrato, tu banco podrá establecer una comisión que debe ser razonable y coherente con los costes. Podrá cobrarte una comisión por duplicados de extractos, de documentos de liquidación o de información complementaria, entre otros.

La información sobre estas comisiones deberá estar disponible en las oficinas del banco y en su página web.

¿Dónde tengo que acudir si quiero solicitar información sobre mi cuenta?

El canal adecuado para peticiones de información o documentación es la oficina bancaria y solo en caso de no ser facilitada por esta, se deberá acudir al servicio de atención al cliente de la entidad.

La participación de los jueces en entrevistas, coloquios o redes sociales debe ser neutral para no comprometer la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial

jueves, 28 de enero de 2021

Lunes, 25 de enero de 2021

La participación de los jueces en entrevistas, coloquios o redes sociales debe ser neutral para no comprometer la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial

La independencia, imparcialidad e integridad que el código de ética judicial recomienda a los jueces están recogidos también en los Principios de Bangalore, aprobados por la ONU

Autor: Comunicación Poder Judicial

Las intervenciones de los jueces y magistrados en entrevistas, coloquios, participaciones públicas y redes sociales deben ajustarse al concepto de “neutralidad política” que inspira los principios de imparcialidad, independencia e integridad de los miembros de la Carrera Judicial; asimismo, deben guiarse por la prudencia y la moderación que recogen las normas éticas, nacionales e internacionales, cuando abordan los límites de la libertad de expresión de los jueces.

Estas son dos de las conclusiones contenidas en el dictamen con el que la Comisión de Ética Judicial da respuesta a una consulta referida al modo en que un juez debe desenvolverse públicamente, ya sea en una entrevista en un medio de comunicación, un coloquio jurídico o en las redes sociales, para no comprometer ni su apariencia de imparcialidad ni la del Poder Judicial y para no generar desconfianza en la ciudadanía.

Los principios de ética judicial que afectan a la imparcialidad, independencia e integridad de los jueces son diversos (los números 3,9, 10, 16, 17, 20, 21, 29 y 31) y, en el ámbito internacional, encuentran su reflejo en los Principios de Bangalore sobre la conducta Judicial aprobados por la comisión de Derechos Humanos de la ONU.

De ellos se extrae la conveniencia, expresada ya por la Comisión de Ética Judicial en dictámenes anteriores, de que los jueces y magistrados ejerzan con prudencia y moderación su derecho a la libertad de expresión con el fin de no ver afectada su apariencia de imparcialidad y, por extensión, la credibilidad de la Justicia ante el ciudadano. El apoyo legal viene dado a los principios éticos por el art. 365 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece los límites legales a la libertad de expresión de los jueces y magistrados, y por el art. 127 de la Constitución, que prohíbe a los jueces y magistrados en activo militar en partidos políticos o sindicatos con el fin de evitar su identificación con una concreta ideología política.

El dictamen señala también que la obligación del juez de dispensar un trato respetuoso a las personas que intervienen en el proceso debe extenderse también al ámbito extraprocesal, por lo que los comentarios e intervenciones de los miembros de la Carrera Judicial en medios de comunicación, redes sociales o encuentros jurídicos deben desarrollarse “con las formalidades de la buena educación” y “sin expresiones irrespetuosas, vejatorias o dañinas”.

Conocer las redes sociales

En relación con las redes sociales, el dictamen invita a los jueces a demandar formación suficiente sobre su funcionamiento y uso. Cita el curso autodirigido sobre Conducta y Ética Judiciales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Viena, 2019), en el que se aconseja a los jueces “no publicar nada que pueda socavar la confianza del público en la imparcialidad del Poder Judicial, como opiniones políticas o cuestiones polémicas” y “no identificarse como juez en los medios sociales”. Y ofrece ejemplos de códigos de conducta de distintos Estados, todos coincidentes al señalar que los jueces deben abstenerse de demostrar sus preferencias políticas.

También menciona la Declaración de Londres sobre la deontología judicial aprobada por la Asamblea General de la Red Europea de Consejos de Justicia (2010) habla de “mesura, seriedad y prudencia” como cualidades judiciales.

En dictámenes anteriores, la Comisión de Ética Judicial señaló la conveniencia de que los jueces y magistrados valoren de forma individual las posibilidades y modos de presentarse en las redes sociales, así como el uso que hagan de las mismas, con el fin de que su neutralidad no se vea afectada. Una vez más, se señala que, de acuerdo con los principios de ética judicial, la participación en redes sociales debe estar presidida por la prudencia y la mesura.

Formar parte de un tribunal de oposiciones

La Comisión de Ética ha dado también respuesta a una consulta sobre la conveniencia de formar parte de un tribunal de calificación a un cuerpo de letrados autonómico. El magistrado autor de la pregunta es presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia de la Comunidad Autónoma, a la que corresponde resolver los recursos que eventualmente puedan presentarse contra las calificaciones del examen.

El dictamen señala que los jueces y magistrados deben considerar distintas cuestiones, antes de decidir si es correcto, desde el punto de vista de la ética judicial, aceptar ser miembro de un tribunal de oposiciones.

En primer lugar, si la intervención de un miembro del Poder Judicial está prevista legalmente o no, el ámbito territorial de la convocatoria y la autoridad que tiene encomendada la designación.

También debe valorarse la litigiosidad que el mismo proceso selectivo ha tenido en anteriores convocatorias, así como el número de magistrados que conforman la sala jurisdiccional llamada a resolver los recursos, pues debe evitarse que la abstención de uno de sus miembros ponga en riesgo la apariencia de imparcialidad del órgano judicial.

*La Comisión de Ética Judicial es un organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, compuesto por seis miembros de la Carrera Judicial -elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles- y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, cuya función es orientar sobre la interpretación de los Principios de Ética Judicial.

El Defensor del Pueblo considera que la declaración del segundo estado de alarma respetó la Constitución

jueves, 28 de enero de 2021

El Defensor del Pueblo considera que la declaración del segundo estado de alarma respetó la Constitución

25/01/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 y su prórroga.

La Institución, para preservar la neutralidad política que debe caracterizar su actuación, tradicionalmente, se abstiene de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional cuando algún otro sujeto legitimado ejercita esta acción.

El citado decreto ya ha sido recurrido por un grupo parlamentario. No obstante, teniendo en cuenta la conexión directa entre el estado de alarma y los derechos fundamentales, el Defensor ha decidido pronunciarse en cuanto al fondo de esta norma, tal y como hizo con el decreto por el que se declaró el primer estado de alarma.

Desde la aprobación de este decreto, la Institución ha recibido 20 escritos solicitando la interposición de recurso ante el Alto Tribunal. En ellos, se pide un pronunciamiento sobre tres cuestiones específicas del segundo estado de alarma.

Los solicitantes cuestionan que la declaración del estado de alarma pueda ser prorrogada de una vez por más de 15 días; la atribución de competencias a los presidentes de las comunidades autónomas y la “concatenación” del estado de alarma decretado en parte de la Comunidad de Madrid entre el 9 y el 24 de octubre y el estado de alarma decretado en todo el territorio nacional el 25 de octubre.

Duración de la prórroga

Con respecto a la primera cuestión, Fernández Marugán sostiene que la Constitución no dice nada sobre la duración de la prórroga y que corresponde al Congreso de los Diputados determinar la duración de la misma.

En su opinión, “puede optar, como hizo entre marzo y junio de 2020, por prórrogas quincenales. O bien por la prórroga semestral decidida por el Congreso de los Diputados el 29 de octubre, a la vista de la persistencia e intensidad de la pandemia y de las perspectivas pesimistas al respecto que estos meses, desgraciadamente, no parecen desmentir”.

En este sentido, el Defensor ha reiterado la reflexión realizada en el documento “Actuaciones ante la pandemia de COVID-19” publicado el pasado mes de diciembre. “El estado de alarma, como instrumento constitucional, está previsto para situaciones como la actual y no puede rechazarse a priori su idoneidad, sin perjuicio de que, como situación limitativa de derechos que es, exige un riguroso seguimiento, de modo que se garantice el respeto a los principios de intervención mínima, proporcionalidad, temporalidad, normalidad y responsabilidad”.

Fernández Marugán concluye que “en términos de respeto a los derechos fundamentales, no sería preocupante un estado de alarma duradero si la extrema gravedad de las circunstancias lo exige”. En su opinión, “lo grave sería que no se atendiesen los mencionados principios”.

Competencias de los presidentes de las comunidades autónomas

En relación a si es conforme a la Constitución atribuir competencias, como autoridades, a los presidentes de las comunidades autónomas, cada uno en su ámbito territorial, el Defensor considera que no hay nada que lo impida.

Fernández Marugán apunta que el decreto es claro y en su artículo 2.1 señala que “a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la Nación”. Sin embargo, el Defensor explica que lo que sucede es que, si en el primer estado de alarma nacional fueron autoridades competentes delegadas cuatro ministros del Gobierno, ahora lo son diecinueve presidentes de comunidades y ciudades autónomas (que ya habían asumido competencias en el anterior estado de alarma nacional, durante la llamada «desescalada»).

En esta línea, señala que “no puede objetarse, desde una perspectiva constitucional, una decisión de esta naturaleza, por razones tanto operativas como coherentes con nuestro modelo de Estado y con la fase final de la anterior alarma”.

Estado de alarma en parte de la Comunidad de Madrid

Por último, en lo referente a si es conforme a la Constitución la “concatenación” del estado de alarma decretado en parte de la Comunidad de Madrid entre el 9 y el 24 de octubre de 2020 y el estado de alarma decretado en todo el territorio nacional el 25 de octubre, sin una prórroga parlamentaria específica para los municipios a los que había afectado la primera quincena de alarma, el Defensor considera que sí lo es.

En su resolución, Fernández Marugán justifica esta solución en la necesidad de dar cobertura jurídica “suficiente, puntual e inmediata” a la adopción de medidas en la Comunidad de Madrid que ya se estaban desarrollando con autorización judicial en otras comunidades en situación sanitaria idéntica.

Además, teniendo en cuenta el Auto 308/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reclamaba «cauces jurídicos diferentes para limitar, modular, restringir…derechos fundamentales…», el Defensor considera que dota al estado de alarma declarado el 9 de octubre en nueve municipios de esta comunidad de presupuestos y perfiles propios que impiden entender que haya «concatenación» con el decretado en toda España el 25 de octubre.

Conclusión

En los últimos meses, Fernández Marugán se ha pronunciado públicamente sobre la relación entre estado de alarma y derechos fundamentales en tres ocasiones: en la resolución en la que se resolvieron las solicitudes de interposición de recurso contra el decreto que establecía el primer estado de alarma; en la comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo el pasado 26 de noviembre; y en la publicación “Actuaciones ante la pandemia de COVID-19”.

En estos pronunciamientos, el Defensor concluye que las disposiciones adoptadas en el primer estado de alarma, y también las dictadas por las diversas autoridades en el período intermedio entre los dos estados de alarma (entre junio y octubre de 2020), lo han sido en el marco de la Constitución, de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, y de la legislación sanitaria para casos de epidemia.

Una gran obra de consulta

miércoles, 27 de enero de 2021

Estado de situación del COVID-19

miércoles, 27 de enero de 2021

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Martes 26 de enero de 2021

La Moncloa

Actualización nº 298. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 26.01.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 26.01.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 2.629.817 casos confirmados de COVID-19 y 56.799 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

En 2020 solo se presentaron 5 recursos ante el TC y se iniciaron 50 procedimientos para resolver conflictos

miércoles, 27 de enero de 2021

Legislatura de diálogo y cooperación con las CCAA y con poca conflictividad

En 2020 solo se presentaron 5 recursos ante el TC y se iniciaron 50 procedimientos para resolver conflictos

Martes 26 de enero de 2021

En la XIV Legislatura, siguiendo el camino abierto en la anterior, se ha hecho un importante esfuerzo para aumentar el diálogo y la negociación con las comunidades autónomas, con el resultado de que la impugnación de normas se ha reducido, aumentando en cambio el número de acuerdos finales.

La Moncloa

En 2020 abrieron 50 procedimientos, iniciando negociaciones con comunidades autónomas para evitar conflictividad (a través del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional LOTC), de los cuáles se alcanzó acuerdo en 24 ocasiones y el resto siguen su tramitación. Solo en cinco ocasiones no fue posible el acuerdo, presentado recurso ante el Tribunal Constitucional.

En 2020 se celebraron 12 Comisiones de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas, en las que se analizaron 304 disposiciones autonómicas, una cantidad elevada en comparación con las 50 disposiciones autonómicas analizadas de las 5 Comisiones de Seguimiento celebradas en la Legislatura anterior.

El trabajo realizado en este tiempo refleja el importante esfuerzo realizado en la presente Legislatura, siguiendo el camino abierto en la XIII, para aumentar el diálogo y la negociación con las comunidades autónomas, con el resultado de que los casos en los que se han impugnado normas se han reducido y ha aumentado en cambio el número de acuerdos finales en los procedimientos del artículo 33.2 LOTC.

La reducción, además, se consiguió a pesar de las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia, que dieron lugar en 2020 a la declaración del estado de alarma y a la necesidad de abordar la crisis económica y social desencadenada, publicando un considerable número de nuevas disposiciones normativas.

En sus comparecencias, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, insistió en que la pandemia del COVID-19 nos deja muchas lecciones, una de ellas que «las personas con responsabilidades públicas estamos compelidas a buscar un mínimo común de entendimiento, actuando de manera coordinada desde las distintas administraciones, para hacer frente a la emergencia sanitaria y abordar la reconstrucción social y económica que necesitamos».

Seguimiento permanente de la distribución competencial

El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, configurado en el Título VIII de la Constitución española así como en los diferentes estatutos de autonomía, requiere el establecimiento de un sistema de seguimiento y control de esa distribución competencial, a nivel del Estado, que se desarrolla desde la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.

Ese sistema de seguimiento y control del cumplimento de la Constitución se establece a varios niveles, lo que permite, mediante negociaciones y acuerdos Estado- Comunidad Autónoma, reducir el número de normas que llegan a ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional.

Conflictividad Estado-CCAA

Conflictividad Estado-CCAA

Balance de la conflictividad CCAA-Estado en la XIV Legislatura

Como en el caso anterior, la incidencia del estado de alarma en la producción normativa del Estado ha sido importante. Si en la XIII Legislatura fueron aprobadas con rango de ley 7 disposiciones estatales, solo en los 13 primeros meses de la presente Legislatura, el Estado ha aprobado 55 disposiciones.

Ese aumento normativo ha tenido su reflejo en términos de conflictividad, pues al multiplicarse por cuatro el número de normas aprobadas, el número de procedimientos se ha multiplicado igualmente por cuatro. Así, las comunidades autónomas han solicitado la apertura de negociaciones vía art. 33.2 LOTC en 4 ocasiones pero afectando únicamente a 3 leyes estatales. Por el contario, las impugnaciones son casi las mismas en ambas legislaturas, manteniéndose en 4 en la presente Legislatura frente a 3 en la XIII Legislatura, como demuestra el siguiente gráfico:

Conflictividad CCAA-Estado

Conflictividad CCAA-Estado

También se pueden comparar los datos de estas dos últimas Legislaturas con sus precedentes: desde el primer Gobierno presidido por Mariano Rajoy en la X Legislatura hasta hoy (teniendo en cuenta que en la XII Legislatura se produjo la moción de censura que dio paso al primer Gobierno presidido por Pedro Sánchez).

De esta forma, en la X Legislatura se contabilizaron 77 impugnaciones del Estado a disposiciones de CCAA, mientras que en la actual solo se han producido 4 impugnaciones. También las CCAA han impugnado 4 disposiciones del Estado en lo que va de la XIV Legislatura, frente a las 136 que se sumaron en la X Legislatura.

¿Cómo ha cambiado el uso de efectivo en la zona euro en los últimos años?

miércoles, 27 de enero de 2021

¿Cómo ha cambiado el uso de efectivo en la zona euro en los últimos años?

20/01/2021 Portal del cliente bancario. Banco de España

El efectivo, nuestros billetes y monedas de euro, sigue siendo el método de pago preferido de los europeos, según un estudio publicado recientemente por el Banco Central Europeo (BCE) sobre los hábitos de pago de los consumidores en la zona euro basado en datos de 2019.

En dicho estudio se pone de manifiesto que el efectivo sigue siendo el método de pago más frecuente entre particulares en puntos de venta, como tiendas o restaurantes. Y en concreto, en España su empleo continúa siendo mayoritario (el 83 % de las compras se realizaron usando efectivo, un 66 % en términos de valor). El porcentaje de adultos de la zona euro que utilizaron efectivo ha pasado en los últimos tres años del 79 % al 73 %, comparando los datos ahora analizados con otro estudio anterior del BCEAbre en ventana nueva. Aunque el efectivo aún reina, su uso está disminuyendo.

En el mismo periodo, en la zona euro se observa un aumento en el uso de tarjetas como método de pago para este tipo de operaciones (19 % frente a 24 %). Cabe mencionar el aumento de las transacciones con tarjetas que disponen de la tecnología sin contacto que en 2019 supusieron el 38 % del total de las compras con tarjeta.

¿Qué opinan los europeos sobre la disponibilidad de acceso al efectivo?

La facilidad de acceso al efectivo en oficinas bancarias, cajeros automáticos y oficinas de correos ha disminuido en todos los países de la zona euro respecto a los resultados de 2016 del 94 % al 89 %. Esto se debe al ajuste del modelo de negocio de la banca, como consecuencia, entre otros motivos, de los procesos de fusionesAbre en ventana nueva entre entidades que se han producido en los últimos años y del avance de la tecnología. A pesar de ello, la encuesta revela que la mayor parte de los encuestados siguen estando satisfechos con el acceso a este medio de pago.

¿Ha influido la actual pandemia en el uso de efectivo?

Para conocer el efecto que ha tenido la actual pandemia en los hábitos de pago, se realizó una encuesta específica en julio de 2020 en todos los países de la zona euro que complementa al mencionado estudio. Como resultado, 4 de cada 10 encuestados manifiesta haber reducido el uso del efectivo desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, el impacto a largo plazo es todavía incierto.

Nuevo IPREM para 2021 y otros cambios en las pensiones en vigor con los PGE

miércoles, 27 de enero de 2021

Nuevo IPREM para 2021 y otros cambios en las pensiones en vigor con los PGE

USO

Nuevo IPREM para 2021 y otros cambios en las pensiones en vigor con los PGE

22 enero, 2021 Indicador público de renta de efectos múltiples

El IPREM sube en 2021 por primera vez desde 2017 y se revaloriza, según los PGE, en el 5,03%

El IPREM llevaba congelado desde 2017, por lo que la subida de 2021, del 5,03%, es la primera en 4 años. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples se creó en 2004. Es un índice que se utiliza en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. El IPREM sustituye como referenciador para estas ayudas al SMI.

Mientras que el SMI ha experimentado algunas subidas en los últimos años, en el caso del IPREM no ha sido así. Y, cuando ha crecido lo ha hecho en un porcentaje inferior al SMI, quedando cada más centrado en facilitar el acceso a las ayudas para las economías familiares más desfavorecidas y más lejanas de los ingresos mínimos.

¿Qué novedades presentan los PGE de 2021 con respecto al IPREM?

Una de las novedades que ofrecen los Presupuestos Generales del Estado para 2021 es el aumento del IPREM en un 5,03%. Tras la primera subida desde 2017, el IPREM queda en 2021 de la siguiente manera:
•IPREM diario: 18,83 euros.
•IPREM mensual: 564,90 euros.
•IPREM anual en 12 pagas: 6778,80 euros.
•IPREM anual en 14 pagas: 7908,60 euros.

Desde USO celebramos la subida del IPREM. Elevar el índice, tan desfasado, era más que necesario para la concesión de ayudas. Así, permite que haya más familias vulnerables que puedan optar a ayudas sociales, dando un carácter más social a los presupuestos y acordándose de las personas y familias que más lo necesitan, máxime tras los últimos meses vividos y con el aumento del desempleo de forma tan exponencial que ha sufrido el país.

Pensiones en los PGE

USO

Las pensiones siguen afectadas por las reformas de 2011 y 2013 y, con la entrada de 2021, han pasado a un nuevo tramo de edad de jubilación. El nuevo año ha traído también una subida general del 0,9% en las pensiones y del 1,8% en las pensiones mínimas, que en USO ya os hemos detallado en función de vuestra pensión.

Si comparamos esa subida con la experimentada por el IPREM, vemos que la diferencia es notable, especialmente si tenemos en cuenta las pensiones mínimas, muy bajas en algunas ocasiones. Pero, por otro lado, hemos asistido a una vergonzosa congelación del SMI, que seguirá en 950 euros mensuales. No se le aplica siquiera el 0,9% de las pensiones o el 1,8% de las pensiones mínimas, quizá la comparación más certera con el SMI.

Pensiones: cotización en los supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo

Además de la edad de jubilación y la subida de las pensiones, los PGE cambian la cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo. Los PGE modifican del artículo 153 de la Ley General de la Seguridad Social, con entrada en vigor desde el 1 de enero de 2021 y de duración indefinida. El nuevo redactado queda así:

“Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los empresarios y los trabajadores cotizarán al Régimen General únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho Régimen, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos, corriendo a cargo del empresario el 7% y del trabajador el 2%”.

Compatibilidad en pensiones y actividad laboral para autónomos

En el caso de personas que trabajan por cuenta propia, los PGE de 2021 también modifican la cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo de autónomos a través de la modificación del artículo 309 de la Ley General de la Seguridad Social. También está en vigor desde el 1 de enero de 2021 y con una duración indefinida. Queda de la siguiente manera:

1 Durante la realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la pensión de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los trabajadores cotizarán a este régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, conforme a lo previsto en este capítulo, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones.

2 También estarán sujetos a una cotización de solidaridad del 9% sobre la base mínima de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, los pensionistas de jubilación que compatibilicen la pensión con una actividad profesional por cuenta propia estando incluidos en una mutualidad alternativa al citado régimen especial al amparo de lo establecido en la disposición adicional decimoctava, la cual no será computable a efectos de prestaciones.

La cuota correspondiente se deducirá mensualmente del importe de la pensión.”

Desde USO, creemos que este aumento de la cotización especial de solidaridad en un punto a cargo de las empresas puede hacer que disminuyan los casos de personas que trabajan a la vez que reciben una pensión de jubilación, ya que las empresas no van a querer soportar ese aumento en la cotización. Puede dar lugar, por ello, a “contrataciones” irregulares con el fin de no pagar ese aumento.

Las empresas españolas a la cola de usar la digitalización para competir

miércoles, 27 de enero de 2021

Las empresas españolas a la cola de usar la digitalización para competir

17 Enero 2021

UGT insta a las empresas a que revisen sus estrategias de transformación digital y centren sus esfuerzos en mejorar la formación de sus trabajadores/as

► UGT insta a las empresas españolas a que revisen sus estrategias de transformación digital y en lugar de priorizar las herramientas tecnológicas para controlar y vigilar a sus empleados, las utilicen para ganar en competitividad. Y es que en España más del 40% de las empresas usan el big data para vigilar a las personas trabajadoras, muy por encima de la media de la UE de los 27 que se sitúa en menos del 30%. Por contra, nuestro país ocupa el decimosexto puesto de la UE-27 en utilizar la tecnología de big data, para mejorar los procesos internos de negocio y con ello la competitividad. En 2020, tres de cada cuatro empresas españolas han tenido una muy baja intensidad digital y la inversión en innovación empresarial sigue siendo inferior a la realizada diez años atrás.

► Una estrategia errática que también se constata en la escasez de contrataciones de expertos TIC, en la falta de formación digital de sus trabajadores/as; o en la capacidad de comercio electrónico, muy lejos del liderazgo internacional.

► UGT exige a las empresas un estricto y minucioso cumplimiento de las leyes vigentes, especialmente las referidas al trabajo a distancia y a la protección de datos y garantías de derechos digitales y denunciará cualquier incumplimiento que vulnere los derechos de las personas trabajadoras, incluido su derecho a la intimidad y privacidad.

El tejido empresarial español sigue sin interiorizar qué es la digitalización, para qué sirve y cuál es su objetivo. En vez de acometer una imprescindible transformación con la finalidad de ganar competitividad, usan la tecnología para vigilar y controlar, de forma opaca y malintencionada, a sus empleados.

El último estudio de Eurofound , que analiza el uso de la tecnología para el “monitorización y vigilancia” de las personas trabajadoras, señala a las empresas españolas como unas de las que más usan este tipo de herramientas. En concreto, más del 40% empresas españolas usan el big data para vigilar el desempeño de sus empleados (ver gráfico más adelante). Un porcentaje muy por encima de la media de la UE-27 (menos del 30%) y de otros países que respetan escrupulosamente los derechos de las personas trabajadoras (por ejemplo, Alemania, con menos de 15%; Francia 25%, Reino Unido 26%).

Sin embargo, este despliegue tecnológico no es, ni mucho menos, tan intenso a la hora de aplicarlo en otros aspectos mucho más importantes. Así, el mismo uso de la tecnología de big data, pero aplicado a los procesos internos de negocio para mejorar la competitividad de las compañías, se sitúa en un deshonroso decimosexto puesto entre la UE-27. Un 13% por debajo de la media europea y a una gran distancia de competidores directos, como Francia, Alemania o el Reino Unido.

No es el único ejemplo en el que nuestro tejido empresarial muestra este errático comportamiento a la hora de abordar la digitalización. Ni en contrataciones de expertos TIC, ni en formación digital a empleados, ni en capacidad de comercio electrónico nos acercamos al liderazgo internacional que demostramos en vigilancia electrónica de empleados.

Como se puede comprobar, nuestras empresas no están comprendiendo cuál es la finalidad del proceso de transformación digital: ganar en eficiencia, ampliar ventas y negocios, mejorar su competitividad. Introducir soluciones informáticas para controlar a sus empleados no es digitalizar, no es invertir: es gastar inútilmente demostrando una mentalidad de otra época.

En 2020, tres de cada cuatro empresas tienen escasa capacidad digital

Como resultado de esta nefasta interpretación de prioridades, en pleno 2020, tres de cada cuatro empresas españolas presentan una muy baja intensidad digital y la inversión en innovación empresarial sigue siendo inferior a la realizada diez años atrás. La consecuencia es que nuestro saldo neto exterior online tiene un déficit de 12.000 millones de euros (menos de un tercio del negocio online que se efectúa en nuestro país se queda en España). Un pesado lastre para nuestra economía y para la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar.

UGT insta a las empresas a revisar sus estrategias de transformación digital y a replantearse si éste es el camino que quieren tomar. Fiscalizar hasta alcanzar el control abusivo de la actividad laboral, en vez de dar formación y empleabilidad, no es la opción adecuada. Hasta la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) ha advertido de cómo este aumento de la demanda de herramientas para la vigilancia de los empleados, derivado de la pandemia Covid19 y el aumento exponencial del teletrabajo, supone un retroceso en derechos y garantías de las personas trabajadoras. El futuro pasa por la tecnología aplicada al conocimiento, por personas trabajadoras motivadas y formadas; no por conformar una suerte de nuevo Gran Hermano laboral.

Las empresas deben cumplir las leyes y respetar los derechos a la intimidad y privacidad de los trabajadores

Del mismo modo, el Sindicato advierte a las empresas de que una aplicación masiva e indiscriminada de soluciones de big data y de control laboral a distancia, sin la debida información previa y la vigilancia sindical adecuada, entraña dos graves consecuencias. Por una parte, una más que posible vulneración de derechos fundamentales relacionados con la intimidad y la privacidad. Por otra, la tentación de dejar la gestión de las personas trabajadoras en manos de algoritmos, una opción hoy por hoy vedada por la ley, ante la constatación de que su inherente falibilidad y su demostrada propensión a tomar decisiones injustas y discriminatorias.

Por todo ello, UGT exige a todas las empresas un estricto y minucioso cumplimiento de las leyes vigentes (especialmente las referidas al trabajo a distancia y a la protección de datos y garantías de derechos digitales). Lo contrario supone un ataque a los derechos de las personas trabajadoras que no vamos a consentir.