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Archivo del 14 de enero de 2021

Subiendo a San Isidro desde Asturias

jueves, 14 de enero de 2021

La CNMV publica el informe sobre la intermediación financiera no bancaria (IFNB) en España correspondiente al ejercicio 2019

jueves, 14 de enero de 2021

La CNMV publica el informe sobre la intermediación financiera no bancaria (IFNB) en España correspondiente al ejercicio 2019

12 de enero de 2021

• Es la tercera entrega de la serie de publicaciones denominada “Monitor de la intermediación financia no bancaria”

• Los activos que conforman la IFNB en España se situaron en 311.000 millones de euros en 2019, casi un 5% más que en 2018. La importancia relativa de este sector en el sistema financiero es del 6,7%

• La evaluación de los riesgos asociados a la IFNB apenas muestra cambios en relación con los patrones observados en años anteriores, por lo que no se detectan amenazas relevantes para la estabilidad financiera

• El informe incluye dos recuadros sobre los últimos resultados de los test de estrés que la CNMV realiza sobre los fondos de inversión mobiliarios, y sobre las herramientas de gestión de la liquidez en las IIC así como su uso durante la crisis del COVID-19

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho público el tercer informe sobre la intermediación financiera no bancaria (IFNB) en España, que actualiza la información de este sector con datos de 2019 (1).

Siguiendo la metodología del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), la medida relevante de la IFNB es la denominada “medida estrecha”, que trata de identificar aquellas entidades que pueden englobarse dentro de alguna de las cinco funciones económicas definidas por el mencionado FSB en 2013 (2) y que asimilan las actividades de estas entidades a algunos de los riesgos típicamente bancarios. Esta medida considera como parte de la IFNB a determinadas tipologías de fondos de inversión, a las titulizaciones (o SFV), a los establecimientos financieros de crédito, a las sociedades de valores y a las entidades de garantía recíproca. El importe conjunto de los activos de estas entidades, tras el descuento de aquellos que consolidan en grupos bancarios, era de 311.000 millones de euros en 2019, casi un 5% más que en 2018. La importancia relativa de este sector en el sistema financiero (6,7%) continúa por debajo de la de otras economías avanzadas. Las entidades más relevantes de la medida estrecha de la IFNB en España serían los fondos de inversión (función económica 1), que concentran más del 86% de los activos totales. Los vehículos de titulización (función económica 5) representan el 8,8% y las entidades pertenecientes al resto de las funciones económicas apenan suponen el 5%.


Por otra parte, los activos del sector de IFNB en su sentido más amplio (todas las entidades financieras no bancarias) se situaron en 1,36 billones de euros en 2019, lo que supone un aumento del 2,9% respecto al año anterior y representan cerca de un 30% del sistema financiero total.
Dentro de este sector, cabe destacar la evolución de las OIF –Otras Instituciones Financieras-, dado que a partir de este grupo de entidades se identifican aquellas que finalmente formarán parte de la medida estrecha de la IFNB. Pues bien, los activos de las OIF en su conjunto se situaron en 825.000 millones de euros en 2019, un 2,2% más que en 2018. Este importe representa más del 60% del sector financiero no bancario.
El análisis de los riesgos asociados a la IFNB sigue sin apuntar, por el momento, a la existencia de vulnerabilidades relevantes desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Los riesgos más relevantes continúan siendo los de crédito y de liquidez para la mayor parte de las entidades que forman parte de la IFNB. La intensidad percibida de estos riesgos muestra pocos cambios en relación con el año anterior. En el ámbito específico de los fondos de inversión los análisis más exhaustivos se centran en la valoración de las condiciones de liquidez de las carteras y del endeudamiento adquirido mediante la operativa en derivados. Los análisis de liquidez señalan una ligera disminución de la proporción de activos más líquidos, sobre todo en algunas categorías, si bien estos siguen siendo suficientes para atender un posible aumento de los reembolsos. Los indicadores de apalancamiento calculados, por su parte, tampoco permiten concluir un apalancamiento excesivo para el sector en su conjunto ni tampoco para ninguna categoría de fondos en particular.

Este informe incluye dos recuadros que tratan dos temas de especial interés:

• El primero resume los resultados más importantes de los últimos test de estrés realizados por la CNMV sobre los fondos de inversión mobiliarios con información hasta junio de 2020. Este ejercicio utiliza una metodología que parte de una propuesta realizada por la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) y que se ha desarrollado adicionalmente con la incorporación de datos granulares de los fondos y con algunas mejoras en la modelización. Entre los resultados más importantes destaca la cuantificación de los activos líquidos de alta calidad o HQLA (High Quality Liquid Assets) de los fondos y la identificación de los fondos que no podrían atender un shock determinado de reembolsos con los activos líquidos disponibles. El análisis revela que en el escenario más extremo contemplado únicamente 8 fondos de 452 (1,77% del total) distribuidos en tres categorías tendrían problemas de liquidez.

• El segundo recuadro describe las herramientas de gestión de la liquidez más relevantes de los fondos de inversión, su disponibilidad en diferentes países y su uso en los momentos con más turbulencias en los mercados durante la crisis del COVID-19. Aunque existen múltiples herramientas para gestionar el riesgo de liquidez de estas instituciones, solo unas pocas, como la suspensión o las comisiones sobre los reembolsos, están disponibles de forma mayoritaria entre los distintos Estados europeos. España destaca por tener un mayor número de herramientas disponibles y también por el dinamismo en su adopción, que se demuestra en las dos herramientas nuevas que se han aprobado desde 2019. En cuanto al uso de las herramientas durante la crisis, a nivel europeo se han producido suspensiones de los reembolsos en aproximadamente un centenar de fondos (básicamente con exposición al sector inmobiliario y a deuda corporativa), mientras que en España solo se han producido 5 suspensiones parciales. También se ha fomentado el uso de los esquemas swing pricing o valoración a precios bid.

1 El primer análisis en esta parcela fue publicado en el boletín de la CNMV correspondiente al primer trimestre de 2019.

2 Véase “Policy Framework for Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities” (2013).

El número de personas en ERTE se sitúa en 755.000 a 31 de diciembre

jueves, 14 de enero de 2021

El número de personas en ERTE se sitúa en 755.000 a 31 de diciembre

Martes 5 de enero de 2021

El año 2020 cerró con 755.613 personas protegidas por ERTE, lo que supone que se mantiene la estabilización del número de trabajadores con esta iniciada desde el pasado mes de septiembre.

La Moncloa

Respecto al cierre de noviembre se ha producido un descenso de 95.607 personas si tenemos en cuenta la serie revisada en función de las personas en alta afectadas. Si comparamos con la cifra de personas notificadas en esa fecha* (nota explicativa al final de la nota de prensa), se aprecia un incremento de 8.033 personas.

De media, según la serie por fecha de alta, en el mes de diciembre ha habido 782.915 personas en ERTE, frente a las 865.677 de la serie revisada del mes anterior y las 676.905 del mes de octubre. Continúa así la estabilización del número de trabajadores protegidos iniciada en septiembre, a pesar de las nuevas restricciones administrativas para afrontar la segunda ola de la pandemia.

En términos trimestrales, el cuarto trimestre ha cerrado con 774.182 personas en ERTE frente a las 818.606 del tercer trimestre del año, lo que supone una reducción superior al 5%, a pesar de que la segunda ola de la pandemia ha obligado a aprobar importantes restricciones administrativas en buena parte de España.

Respecto al momento más agudo de la crisis (finales de abril), el número de personas en ERTE ha descendido en 2,86 millones de personas, lo que significa que al cierre de 2020 había descendido un 79% el número de personas en ERTE.

El 61% ya están en los ERTE del RDL 30/2020 Por tipo de ERTE, se ha continuado produciendo el trasvase desde los ERTE recogidos en el Real Decreto Ley 18/2020 a los establecidos en el RDL 30/2020, en vigor a partir del 30 de septiembre. De esta forma, el número de personas en alguna de las figuras del RDL 30/2020, que son las que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social, alcanza el 61% del total.

En concreto, 62.197 personas terminaron el año protegidas por ERTE de impedimento. Los trabajadores protegidos bajo esta figura se redujeron en más de 30.000 personas a lo largo del mes de diciembre, debido al fin de las medidas de restricción administrativa de algunas comunidades autónomas.

Otras 171.562 personas estaban a 31 de diciembre bajo la figura del ERTE de limitación. En este caso, a lo largo del mes de diciembre se ha producido una reducción en 17.000 personas respecto al 30 de noviembre.

Otros 175.555 trabajadores estaban en los ERTE para sectores ultraprotegidos, que se pusieron en marcha el pasado 30 de septiembre. En este caso, son 10.000 menos que al cierre del mes anterior. Además, otros 50.385 trabajadores están incluidos en los ERTE correspondientes a la cadena de valor de estos sectores ultraprotegidos. En su caso, la reducción respecto al 30 de noviembre es de unas 2.000 personas.

Fuera de las modalidades del RD 30/2020, ya sin exoneraciones a la Seguridad Social, se mantenían 295.914 personas en ERTE de Fuerza Mayor o ETOP, lo que supone una reducción de unas 36.000 personas respecto al cierre del mes anterior.

Concentración geográfica y sectorial de los trabajadores en ERTE

Los 755.613 trabajadores en ERTE con que se terminó 2020 suponen un 5,2% de los afiliados del Régimen General, aunque geográficamente, existe una importante concentración de los mismos.

Las dos provincias canarias son las que tienen un mayor porcentaje de afiliados bajo alguna modalidad de ERTE. La provincia de Las Palmas cerró el año 2020 con 45.100 personas protegidas, el 13% de sus afiliados, mientras que Santa Cruz de Tenerife fue la segunda, con 34.106 personas protegidas, el 11% del total de sus afiliados. La tercera fue Baleares, con un 9,9% de trabajadores afectados, en total, 30.986 a 31 de diciembre.

En el extremo contrario están Castellón, Badajoz y Guadalajara, donde el porcentaje de afiliados protegidos por alguna modalidad de ERTE terminó el año 2020 por debajo del 2%.

También hay una importante concentración sectorial de las personas acogidas a alguna modalidad de ERTE. En términos absolutos, la hostelería (servicios de comidas y bebidas) concentra prácticamente a una de cada tres personas acogidas a ERTE al cierre de 2020, con 241.390 personas, el 30% de los afiliados al Régimen General en este sector.

Consumo recuerda que los comercios en rebajas deben abaratar al menos la mitad de sus productos y mostrar ambos precios

jueves, 14 de enero de 2021

Consumo recuerda que los comercios en rebajas deben abaratar al menos la mitad de sus productos y mostrar ambos precios

Martes 5 de enero de 2021

Con el inicio de la tradicional temporada de rebajas, el Ministerio de Consumo recuerda algunas de las obligaciones que los comerciantes tienen que tener en cuenta a la hora de anunciar este periodo.

Así, Consumo señala que, para que un periodo se considere como de rebajas y ser anunciado como tal, los precios deben estar claros y visibles. Además, los descuentos han de afectar, al menos, a la mitad de los artículos que el comercio tenga disponibles para la venta. Los productos rebajados tienen que estar separados e identificados de otros a los que no les afecten los descuentos.

Igualmente, el comerciante debe mostrar el precio anterior y el nuevo en un lugar fácilmente visible. De la misma forma, el precio de referencia que ha de aparecer junto al descuento debe ser el mínimo que haya tenido durante el último mes. Así, la persona consumidora podrá ver de forma veraz cuál es la rebaja de precio en el artículo que vaya a comprar.

De otro lado, Consumo señala que un producto defectuoso no puede aparecer como rebajado en este periodo. Por tanto, no se considera una venta en periodo de rebajas aquellos que cuentan con algún defecto. Los productos puestos a la venta en rebajas deben estar en perfecto estado y cumplir con los requisitos establecidos en el contrato.

La garantía en periodo de rebajas

Consumo recuerda que un producto rebajado no supone una menor protección del consumidor y, por tanto, la garantía legal del artículo comprado en rebajas debe ser idéntica a la de cualquier artículo nuevo comprado en otro momento. Estos plazos son de dos años desde la entrega del producto, cuando el producto es nuevo; y el plazo pactado en el caso de los de segunda mano, que nunca será menor a un año.

La garantía, como en el caso de bienes no rebajados, no cubrirá defectos o la falta de conformidad que el bien pudiera tener como consecuencia del mal uso del consumidor.

El derecho a devolver el producto es diferente en compras físicas y online

Al igual que ocurre el resto del año, en los productos adquiridos en establecimiento físicos, el consumidor tiene derecho a devolución de la compra únicamente en caso de falta de conformidad con el contrato. Esto ocurre, por ejemplo, cuando existe un defecto de fábrica. El cambio o devolución por otros motivos solo será posible si la empresa lo ha ofrecido en su contrato o por cortesía comercial. Es decir, el establecimiento físico no está obligado legalmente a aceptar cambios o devoluciones.

Eso sí, si durante el resto del año dicho establecimiento ofrecía una política determinada de devolución de productos y en rebajas se modifica la oferta, debe ser claramente anunciado por el establecimiento. De lo contrario, debería mantenerse tal posibilidad en los productos rebajados.

Cuando se trata de una compra a distancia, bien online o bien telefónica, el consumidor tiene derecho a devolver la compra adquirida en un plazo de 14 días naturales desde que recibió el artículo y sin indicar motivo alguno.

Así, Consumo insiste en que, a diferencia de cuando se compra en tienda física, en las compras online no se precisa ningún motivo para poder ejercer el derecho de devolución. Este derecho se mantiene en rebajas.

Pagos con tarjeta y ticket de compra

De otro lado, Consumo recuerda a los consumidores que los establecimientos no están obligados a aceptar el pago con tarjetas y que pueden poner un gasto mínimo para aceptar ese medio de pago.

Además, el comerciante no puede negar el ticket o factura a su cliente por adquirir un producto rebajado. El consumidor tiene derecho a obtener este documento, que será fundamental en reclamaciones posteriores, devoluciones o para hacer valer la garantía del producto.

Reclamaciones

En último lugar, Consumo señala que si la persona consumidora considera que se están vulnerando sus derechos debe reclamar en el propio establecimiento o servicio de atención al cliente, intentando llegar a un acuerdo amistoso. En caso de que esto no sea posible, el consumidor podrá solicitar una hoja de reclamaciones o, en el caso de que el establecimiento está adherido al Sistema Arbitral de Consumo, presentar la reclamación en la Junta Arbitral de Consumo competente.

​​​​​​​​La respuesta económica y social a la pandemia y los avances en la modernización y transformación de la economía, ejes de actuación durante el año 2020

jueves, 14 de enero de 2021

30 diciembre2020

​​​​​​​​La respuesta económica y social a la pandemia y los avances en la modernización y transformación de la economía, ejes de actuación durante el año 2020

Ministerio de Economía

La red de seguridad puesta en marcha por el Gobierno para amortiguar el impacto económico y social de la pandemia, con once Reales Decretos-Ley para proteger a trabajadores, empresas y colectivos vulnerables, ha movilizado más del 20% del PIB mediante un conjunto coherente de medidas de ayuda directa y de apoyo a la liquidez
Los avales públicos canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial y el sector financiero, las ayudas directas a autónomos, la cobertura pública extraordinaria a empresas y trabajadores mediante los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, y el resto de medidas tributarias y moratorias han permitido proteger el tejido productivo y el empleo para contar con una base sólida para la recuperación
En paralelo con la acción de corto plazo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha coordinado la política económica del Gobierno, impulsando reformas para avanzar en la modernización y transformación de la economía española, promoviendo una respuesta fuerte y coordinada en el contexto europeo y preparando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española.
En el ámbito de la transformación digital, se han aprobado la Agenda España Digital 2025 y los planes de Inteligencia Artificial, Impulso al 5G y Conectividad, avanzándose también en la conectividad e inclusión digital de los ciudadanos y empresas en todo el territorio nacional y en la elaboración de una pionera Carta de Derechos Digitales
En el ámbito del Tesoro, se ha realizado una gestión eficiente y responsable de la tesorería y del programa de deuda pública, avanzándose además en la protección de los ciudadanos, el refuerzo de la solvencia del sector financiero, y la modernización del marco normativo para impulsar también la innovación y la mejora de los servicios en este ámbito.
Finalmente, se ha reforzado la gobernanza económica y la arquitectura institucional de España, con el impulso del diálogo social, la renovación de los supervisores y la constitución de tres consejos asesores

La Vicepresidencia Tercera del Gobierno ha desplegado a lo largo del año un amplio paquete de iniciativas para ir dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, al acuerdo de Gobierno y a las medidas anunciadas por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en sus comparecencias en el Congreso y el Senado tras tomar posesión de su cargo.

Además del avance en el cumplimiento de esos compromisos, la prioridad desde marzo ha sido la puesta en marcha de la respuesta sanitaria, económica y social a la pandemia del Covid-19, tejiendo una red de seguridad que ha movilizado más del 20% del PIB para proteger a trabajadores, autónomos, empresas y los colectivos más vulnerables.

Este balance forma parte del informe Cumpliendo, presentado este martes por el presidente del Gobierno para hacer rendición de cuentas del primer año de actividad del Ejecutivo.

Durante el presente año, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ha impulsado la aprobación de once Reales Decretos-Ley para dar respuesta a la pandemia y constituir y desarrollar la citada red de seguridad. Además, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se ha coordinado la política económica, avanzando en la hoja de ruta de reformas estructurales puesta en marcha desde la llegada al gobierno para un crecimiento más sostenible e inclusivo mediante la modernización del tejido productivo, el impulso del crecimiento y la productividad, la transición ecológica y la transformación digital. Finalmente, el Ministerio ha impulsado siete anteproyectos de ley, 50 reales decretos, 95 acuerdos y 112 proyectos normativos en las áreas de su competencia, particularmente en el ámbito de la regulación financiera, de telecomunicaciones y audiovisual.

Respuesta a la pandemia
Los once Reales Decretos-Ley aprobados para dar una respuesta económica y social a la pandemia, siete de ellos liderados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, fueron convalidados por el Congreso de los Diputados con amplias mayorías. Además, la Vicepresidencia Tercera del Gobierno lideró la Mesa del Diálogo Social constituida específicamente para contar con la participación de sindicatos y empresarios en este ámbito, que celebró ocho reuniones con participación de todos los ministerios del área económica del gobierno.

Estas normas han permitido desplegar medidas para movilizar más del 20% del PIB entre ayudas directas a empresas y trabajadores con impacto presupuestario y medidas de apoyo a la liquidez.

Es el caso de las Líneas de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar la liquidez de autónomos, pymes y empresas; de la flexibilización y apoyo público a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de la nueva prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos.

Las Líneas de Avales del ICO han permitido la concesión de 940.130 operaciones que han canalizado financiación por 114.191 millones de euros al tejido productivo. Los ERTE llegaron a tener cubiertos a unos 3,4 millones de trabajadores y la prestación de autónomos llegó a beneficiar a 1,5 millones de personas.

Dichos Reales Decretos-Ley incluyeron, además, medidas específicas para los colectivos más vulnerables, como la prohibición de los desahucios, ayudas a la vivienda o al alquiler, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, gas, agua o telecomunicaciones) y otras destinadas a facilitar el acceso a la prestación por desempleo a colectivos que no tenían hasta ese momento derecho a la misma.

También incluían medidas para apoyar al tejido empresarial, como las destinadas a promover acuerdos de renegociación de alquileres de locales, facilitar la flexibilización en el pago de préstamos vinculados a los mismos, iniciativas para evitar concursos de acreedores o las destinadas a proteger las exportaciones a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

Muchas de estas medidas se han ido extendiendo y modificando a lo largo de los meses para adaptarse a la evolución de la pandemia, reforzar la solvencia empresarial y apoyar a los sectores que más se estaban viendo afectados, caso del turismo, la hostelería, el comercio, la automoción o la cultura.

Para financiar todas estas medidas y los efectos de la pandemia, el Tesoro español ha tenido que hacer una emisión de deuda neta por importe de 109.922 millones de euros, en un año en el que se ha conseguido reducir el coste medio de financiación a un mínimo histórico del 1,86% y elevar el vencimiento medio de la deuda por encima de los 7,7 años.

Esta respuesta española se ha producido de la mano de una respuesta europea. Desde el Gobierno español se impulsó la creación de un primer paquete de 540.000 millones de euros para financiar medidas de apoyo a trabajadores, empresas y países a través del nuevo mecanismo SURE de apoyo financiero a los Estados para los expedientes de regulación temporal del empleo, de los avales y créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o con la nueva línea precautoria del MEDE. Esta iniciativa se vio después completada por la creación del nuevo Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia para financiar mediante transferencias y créditos los planes de recuperación del conjunto de países de la UE.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se han desarrollado también herramientas digitales que han contribuido a luchar contra el Covid-19, como la aplicación RadarCovid o un chatbot para la resolución de dudas sobre la enfermedad.

Modernización de la economía
Junto a la respuesta a la pandemia, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ha coordinado la política económica del gobierno, siguiendo la hoja de ruta de reformas estructurales para un crecimiento más sostenible e inclusivo mediante la modernización de la economía y la sociedad españolas, el impulso de la transición ecológica y la transformación digital. Durante 2020, se ha avanzado de forma significativa en el despliegue del Plan nacional de Energía y Clima para lograr los objetivos y compromisos de descarbonización, así como en el resto de prioridades políticas enmarcadas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, en los ámbitos de la ciencia y la educación.

En cuanto a la transformación digital, el pasado mes de julio se aprobó la agenda España Digital 2025, que recoge los diez ejes de actuación para impulsar una digitalización de la economía y la sociedad centrada en los ciudadanos. En desarrollo de la misma, se han aprobado ya tres Planes concretos: la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial; la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G, una vez finalizado el proceso de Segundo Dividendo Digital; y el Plan para la Conectividad y para las Infraestructuras Digitales, que sucederá a los planes de extensión de banda ancha para continuar reduciendo la brecha digital y afrontando el reto demográfico. También se ha puesto en marcha el programa Educa en Digital.

Además, se ha aprobado la Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero, que establece la creación de un espacio de pruebas seguro para el desarrollo de nuevos productos y servicios (sandbox), del que ya se ha anunciado su primera convocatoria; y se han adoptado numerosas medidas para proteger a los usuarios de servicios financieros, como las relativas a las cuentas de pago básicas y el refuerzo de la protección de los ciudadanos con tarjetas de crédito revolving.

Se ha avanzado en la tramitación diferentes anteproyectos de ley relacionados con la agenda España Digital 2025, como los de Comunicación Audiovisual, Telecomunicaciones o Ciberseguridad 5G. En este ámbito, a principios de 2021 está previsto aprobar tres nuevos planes de Transformación Digital de las Pymes, Digitalización de la Administración y de Competencias Digitales. También está en proceso de consulta pública la Carta de Derechos Digitales, una iniciativa pionera que sitúa a España a la vanguardia mundial en el tratamiento de un asunto estratégico de cara al futuro.

En el ámbito de la regulación financiera, se está avanzando en la nueva normativa de sociedades de capital y en el denominado ‘paquete bancario’, con el fin de incrementar la solvencia del sector y la mejora de servicios a clientes, ámbito en el que se incluye el anteproyecto de ley de sistemas de pago y liquidación de valores.

Está también en proceso la transposición de la directiva que refuerza la protección de los clientes y la mejora de la transparencia en la comercialización de productos en el sector asegurador y se han publicado las nuevas tablas biométricas, claves en este ámbito.

Gobernanza económica
Finalmente, durante este ejercicio el refuerzo del marco institucional de gobernanza económica ha sido otra de las prioridades. En este sentido cabe señalar la apuesta por el diálogo social como instrumento de vertebración social. Además de las mesas específicas de diálogo ya existentes, durante 2020 se han celebrado 8 reuniones de la mesa constituida para articular la participación de los agentes sociales, representantes empresariales y de los trabajadores, en la respuesta a la pandemia. En esta misma línea, se ha constituido ya la Mesa para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, se han celebrado numerosas reuniones con otros representantes de la sociedad civil, tanto asociaciones empresariales como de trabajadores autónomos y del tercer sector.

También en aras del refuerzo de la arquitectura institucional del Estado, se ha procedido a la renovación de los organismos de supervisión tras el vencimiento de los mandatos de sus anteriores responsables, nombrando en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el FROB y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores a personas de reconocido prestigio.

Del mismo modo, se han constituido a lo largo del año los consejos asesores de Economía, Inteligencia Artificial y Transformación Digital, además del grupo de expertos para la elaboración de la Carta de Derechos Digitales, con el fin de contar con el conocimiento, la experiencia y las iniciativas de una amplia representación de expertos, académicos, agentes económicos y sociales para articular y desplegar la política económica del gobierno y la agenda de transformación digital.

Datos de diciembre: el drama del paro, en caída libre y sin frenos

jueves, 14 de enero de 2021

Datos de diciembre: el drama del paro, en caída libre y sin frenos

USO

5 enero, 2021

El paro vuelve a subir en diciembre para cerrar un 2020 desastroso, con casi 4 millones de parados más los regulados por ERTE

No hay cifra salvable en las estadísticas del paro de diciembre. Cierran un 2020 que, si el cromatismo lo permite, ha sido negro oscuro. España tiene 3.888.137 personas en paro, además de las reguladas por ERTE. Es casi un 23% más que en 2019 e incluso en diciembre, con unas navidades robadas por la pandemia, ha subido en 36.825 nuevas registradas.

En total, la segunda ola destruyó, según las afiliaciones a la Seguridad Social, 360.105 empleos en diciembre. El virus se comió la tenue mejora del empleo y, de diciembre a diciembre, las afiliaciones cayeron en casi 400.000 cotizantes. Y con trampa, pues los regulados en ERTE computan como afiliados.

“En plena tercera ola solapada, con Europa encerrándose de nuevo en sus casas, seguimos con las medidas de hace diez meses. Por un lado, vemos nichos de empleo en los sectores que España dio por abandonados, como la I+D+i, la tecnología, las industrias de alto valor añadido… vemos agujeros de personal sin fondo que dependen de las administraciones, como la evidencia de la carencia de personal sanitario para las vacunas. Y, por otro, asistimos cada 30 o 31 a un nuevo derrumbe del empleo efectivo. Y eso que el paro no registra a la mayoría de los pequeños autónomos que están a punto de perderlo todo, si no lo han perdido ya”, advierte Joaquín Pérez.

La lucha contra el desempleo en pandemia: cortoplacismo y medidas a la carrera

El secretario general de USO acusa a los poderes públicos “de ser cortos de miras, de seguir atendiendo la pandemia a corto plazo, con medidas para días o para semanas. El virus se ha mostrado incontrolable, hay que tener cintura para tomar decisiones en función de su evolución, sí, pero ya ha habido tiempo para diseñar una estrategia socioeconómica a medio plazo. Incluso pensando en que una inmunidad de cara al verano, aún queda medio año dramático para millones de familia. Y, si la vacuna es esa solución, los gobiernos, además, se están riendo de nosotros al no acelerarla”.

Por último, Joaquín Pérez relaciona estas medidas de empleo “troceadas” con “la paralización de las grandes reformas necesarias, tanto laborales como de la redirección de los sectores productivos. Se está perdiendo el tiempo en mesas publicitarias de prórrogas mes a mes mientras se obvia que se podría estar, al mismo tiempo, trabajando en el campo legislativo en las cámaras”.