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martes, 19 de enero de 2021

El Tribunal Supremo confirma la prohibición del Banco de España de exigir a sus trabajadores entregar su declaración del IRPF en el Código de Conducta

martes, 19 de enero de 2021

Lunes, 18 de enero de 2021

El Tribunal Supremo confirma la prohibición del Banco de España de exigir a sus trabajadores entregar su declaración del IRPF en el Código de Conducta

La Sala de Lo Social considera que esta exigencia vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de un párrafo del artículo 8.2 de la Ordenanza del Banco de España que obliga a sus trabajadores a entregar la declaración del IRPF en procesos de verificación de operaciones financieras privadas, al considerar que esta exigencia vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal.

La Sala afirma que la declaración del IRPF permite conocer “no únicamente los datos económicos del afectado, sino todo un haz de datos que aparecen en la misma como pueden ser los referentes a su religión, pertenencia o no a un sindicato, ideas …, datos que, a tenor de la LOPDP 15/1999, de 13 de diciembre, aplicable por razones cronológicas, son datos especialmente protegidos”.

El tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el Banco de España y la Federación de Servicios de Comisiones Obreras –CCOO Servicios- contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la nulidad de un párrafo del artículo 8.2 de la Ordenanza 9/2017, que desarrolla el Código de Conducta para el personal del Banco de España.

El párrafo anulado establece que la Unidad de Cumplimiento Interno del Banco de España podrá solicitar a los empleados una copia de las declaraciones del IRPF o datos fiscales para comprobar la concordancia con la información previamente comunicada.

La Sala rechaza la alegación del Banco de España relativa a que no es necesario el consentimiento del trabajador cuando se ejerce una facultad empresarial. Añade que las facultades del empresario de control de la actividad de sus trabajadores “no son omnímodas, tienen el límite de que en su ejercicio se ha de respetar la dignidad del trabajador”. Sobre esta misma cuestión, afirma que el poder de dirección que el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores otorga al empresario “no justifica “per se” que no haya de recabarse el consentimiento de la persona trabajadora en determinados supuestos”.

También asegura que las Orientaciones del BCE 2015/855 y 2015/856, artículos 5 y 3.3 imponen a los bancos centrales del Eurosistema obligaciones de supervisión del cumplimiento de las normas contenidas en la Orientación y comprobaciones de su cumplimiento, bien de forma periódica o ad hoc, pero no establecen con carácter general el que el Banco pueda reclamar a cualquiera de sus empleados sus declaraciones de IRPF o sus datos fiscales.

Así, precisa que lo que se impone es una obligación de supervisión, pero no la forma en la que la misma ha de llevarse a cabo, quedando a la decisión del Banco de España la forma de realizar la supervisión y comprobación del cumplimiento de las normas de la Orientación. Por último, considera que la medida exigida por el Banco de España no supera el triple juicio constitucionalmente exigido de ser idónea, necesaria y proporcionada.

En definitiva, -concluye la Sala- “no existiendo habilitación legal para que el Banco de España pueda solicitar a sus empleados sus declaraciones de IRPF de hasta cuatro ejercicios, ni mediando consentimiento de los interesados, la disposición contenida en el artículo 8.2 de la Ordenanza 9/2017 vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal”.

Por otro lado, el tribunal rechaza que la autorización previa exigida por el Banco de España a sus trabajadores para realizar determinadas actividades extralaborales –dirigir cursos, conferencias, creación literaria, participación en coloquios, programas- cuando versen sobre situaciones financieras, bancarias u otras relacionadas con las funciones de la entidad; concesión de entrevistas o suministro de informaciones o valoraciones relacionadas con el trabajo vulnere el derecho a la intimidad, al honor y a la libertad de expresión e información, como sostiene CCOO Servicios en su recurso.

CSIF reclama un nuevo confinamiento y un plan de contención para las Administraciones Públicas

martes, 19 de enero de 2021

CSIF reclama un nuevo confinamiento y un plan de contención para las Administraciones Públicas

15 de Enero de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado reclamó al Gobierno que determine una nuevo confinamiento ante la incidencia del virus registrada durante los últimos días.

Los datos del Ministerio de Sanidad indican que la incidencia se sitúa ya en los 522 casos por 100.000 habitantes. Además las cifras de nuevos contagios son de las peores de la pandemia.

Desde CSIF estamos recibiendo consultas del personal de los diferentes sectores de las administraciones públicas (sanidad, educación, Administración General del Estado, entre otros) trasladándonos su incertidumbre ante la evolución de la pandemia.

Por eso, reclamamos una reunión con los diferentes departamentos implicados en la gestión de los efectos de la pandemias para valorar el confinamiento y determinar un plan de contingencia (refuerzo de medios materiales y humanos) con la base de la experiencia adquirida durante el pasado el año, tras la aparición del COVID.

Por último, CSIF quiere poner de nuevo en valor el extraordinario trabajo de miles de empleados y empleadas públicas de nuestra sanidad, servicios sociales, emergencias, atención al ciudadano, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Educación…

Situaciones extraordinarias como la pandemia o el temporal nos señalan la importancia de contar con un sistema público sólido que garantice la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía.

El TSJC anula el plan que permitía el parque acuático en el sur de Gran Canaria

martes, 19 de enero de 2021

Miércoles, 13 de enero de 2021

El TSJC anula el plan que permitía el parque acuático en el sur de Gran Canaria

La Sala advierte que el instrumento legal que habilita la inversión carece de informe sobre recursos hídricos por parte del Consejo Insular de Aguas

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias que permitía la construcción, entre otros equipamientos, de un parque acuático en El Veril (San Bartolomé de Tirajana). El Tribunal declara que el instrumento urbanístico es disconforme con el ordenamiento jurídico.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las Palmas ha estimado el recurso presentado contra el Plan por un particular, y ha declarado su nulidad al entender que “no cumple con las mínimas exigencias sustantivas en relación con la existencia y suficiencia de recursos hídricos” para atender las nuevas demandas que exige el proyecto de la empresa Loro Parque, que preveía la construcción de un parque acuático con hotel, restaurante y cafeterías.

A juicio de la Sala, el informe sobre recursos hídricos de un proyecto de la envergadura del presente “ha de poseer un contenido material propio o sustantivo con vistas a asegurar la existencia y disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender el desarrollo urbanístico proyectado por el plan”.

El Tribunal apunta que la ausencia de este estudio, que debería de serr aportado por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, “conlleva la nulidad del plan impugnado”.

La sentencia es susceptible de recurso de casación.

Autónomos y empresas reciben en 2020 más de 114.000 millones de euros de financiación a través de la Línea de Avales del ICO

martes, 19 de enero de 2021

Autónomos y empresas reciben en 2020 más de 114.000 millones de euros de financiación a través de la Línea de Avales del ICO

Martes 12 de enero de 2021

La Moncloa

Los autónomos y empresas españolas recibieron el pasado año 114.647 millones de euros de financiación para hacer frente a sus necesidades de liquidez a través de la Línea de Avales del ICO. Se aprobaron 944.588 préstamos garantizados con un aval de 87.085,8 millones de euros.

Un total de 591.535 empresas recibieron financiación, de las cuales el 99% son autónomos y pymes. En concreto, 255.808 trabajadores autónomos y 269.812 micropymes obtuvieron préstamos por importe de 31.000 millones de euros.

Asimismo, el 74% de las operaciones aprobadas correspondieron a empresas de autónomos o micropymes con menos de 10 empleados, lo que pone de manifiesto la capilaridad de la Línea de Avales.

Las empresas de mayor tamaño recibieron 34.425,8 millones de euros en financiación, a través de 17.925 operaciones avaladas con 22.965 millones de euros.

Distribución por sectores y territorios

La distribución sectorial pone de manifiesto que las empresas y negocios de los sectores más afectados por la pandemia son los que han recibido un mayor volumen de financiación, por importe de 42.500 millones de euros.

Un total de 125.262 autónomos y empresas del sector del turismo, ocio y cultura recibieron financiación por importe de 17.176,7 millones de euros. Las empresas de distribución comercial de alimentos y bebidas obtuvieron financiación por importe de 8.777,8 millones de euros; 6.064,1 millones las de bienes de consumo y comercio; 5.808,4 millones las industrias de alimentación y bebidas y 4.670,2 millones el sector textil, moda y el comercio de estos sectores.

La distribución por comunidades autónomas refleja que Cataluña es la comunidad que mayor número de operaciones avaladas registró, con un total de 183.466 créditos aprobados, que permitieron que sus empresas recibieran financiación por importe de 21.125,9 millones de euros. Le sigue Andalucía, con 149.925 créditos y una financiación de 13.868 millones de euros; y la Comunidad de Madrid, con 132.590 operaciones y 24.137 millones de financiación canalizados a sus empresas.

Por provincias, a Madrid le sigue Barcelona, con 132.204 préstamos por importe de 16.555 millones de euros; Valencia, con 49.598 y 5.607 millones de financiación avalada, e Islas Baleares, con 26.385 operaciones aprobadas por importe de 4.760 millones.

​​​El Tesoro emite 10.000 millones de euros a 10 años al menor coste de su historia en ese plazo

martes, 19 de enero de 2021

14 de enero de 2021

​​​El Tesoro emite 10.000 millones de euros a 10 años al menor coste de su historia en ese plazo

Ministerio de Economía

La demanda ha superado los 55.000 millones, mayor que la registrada en el último bono a 10 años emitido en enero de 2020
La nueva referencia a 10 años se ha emitido con un cupón del 0,10% y una rentabilidad del 0,114%, mínimo histórico para una sindicación del Tesoro a dicho plazo
La demanda ha sido de muy alta calidad, con una participación de inversores no residentes que ha superado el 79% del total de la emisión, lo que demuestra la confianza de los inversores en la economía española
El coste de la deuda en circulación registra un nuevo mínimo histórico y se sitúa en el 1,83%

El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de un nuevo bono a 10 años por importe de 10.000 millones de euros. La rentabilidad ha sido de 11,4 puntos básicos, lo que supone el menor coste histórico obtenido en una sindicación del Tesoro en ese plazo.

La elevada demanda inicial, que superó los 130.000 millones de euros, permitió al Tesoro ajustar al máximo el coste de la operación, reduciendo a la mitad el diferencial ofertado frente al bono de referencia. La demanda final se ajustó hasta el entorno de los 55.000 millones, superior a la demanda obtenida en la sindicación al mismo plazo que tuvo lugar en enero de 2020, antes del comienzo del primer confinamiento general de marzo de ese año.

La demanda final se ha repartido entre 292 cuentas inversoras de naturaleza muy diversificadas y de muy alta calidad. Los inversores no residentes han alcanzado una participación del 79,4% en la operación, lo que pone de manifiesto su confianza en la economía española. De este porcentaje, destacan el Reino Unido e Irlanda con un 15,4%, Francia e Italia con un 14,7%, Alemania, Austria y Suiza, con un 9%, los países escandinavos con un 8,5%, y otros inversores europeos con un 13,6%. Por su parte, Asia ha participado con un 11,5% de la transacción, más de lo habitual en estas sindicaciones, mientras que Oriente Medio ha alcanzado el 4,3% y Estados Unidos y Canadá un 2,1%. Otros inversores han obtenido un 0,3% de la emisión.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos con un 44,6%, seguidas de las tesorerías bancarias, con un 20,8%, las aseguradoras y fondos de pensiones con un 15,8%, y otros servicios bancarios, con un 6,3%. Los bancos centrales e instituciones oficiales han participado con un 6,3%, los fondos apalancados con un 5,5%, y otros inversores han representado un 0,7%.

El bono emitido hoy vence el 30 de abril de 2031 y tiene un cupón del 0,10%. La rentabilidad se ha situado en el 0,114%, equivalente a 4 puntos básicos por encima de la actual referencia a 10 años (la Obligación del Estado con vencimiento en octubre 2030).

Para hacer frente al impacto de la crisis derivada del COVID-19 e implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Tesoro Público está acelerando de forma proactiva su programa de financiación. Con esta sindicación de 10.000 millones de euros el Tesoro lleva emitido un total de 22.999 millones de euros en lo que va de año, a un coste negativo del – 0,08%. Esto ha permitido que el coste medio de la cartera de valores del Tesoro registre un nuevo mínimo histórico y se sitúe en el 1,83%. Por su parte, la vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 7,77 años.

Banco Santander, BBVA, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Société Générale han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.