AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 27 de enero de 2021

Una gran obra de consulta

miércoles, 27 de enero de 2021

Estado de situación del COVID-19

miércoles, 27 de enero de 2021

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Martes 26 de enero de 2021

La Moncloa

Actualización nº 298. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 26.01.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 26.01.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 2.629.817 casos confirmados de COVID-19 y 56.799 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

En 2020 solo se presentaron 5 recursos ante el TC y se iniciaron 50 procedimientos para resolver conflictos

miércoles, 27 de enero de 2021

Legislatura de diálogo y cooperación con las CCAA y con poca conflictividad

En 2020 solo se presentaron 5 recursos ante el TC y se iniciaron 50 procedimientos para resolver conflictos

Martes 26 de enero de 2021

En la XIV Legislatura, siguiendo el camino abierto en la anterior, se ha hecho un importante esfuerzo para aumentar el diálogo y la negociación con las comunidades autónomas, con el resultado de que la impugnación de normas se ha reducido, aumentando en cambio el número de acuerdos finales.

La Moncloa

En 2020 abrieron 50 procedimientos, iniciando negociaciones con comunidades autónomas para evitar conflictividad (a través del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional LOTC), de los cuáles se alcanzó acuerdo en 24 ocasiones y el resto siguen su tramitación. Solo en cinco ocasiones no fue posible el acuerdo, presentado recurso ante el Tribunal Constitucional.

En 2020 se celebraron 12 Comisiones de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas, en las que se analizaron 304 disposiciones autonómicas, una cantidad elevada en comparación con las 50 disposiciones autonómicas analizadas de las 5 Comisiones de Seguimiento celebradas en la Legislatura anterior.

El trabajo realizado en este tiempo refleja el importante esfuerzo realizado en la presente Legislatura, siguiendo el camino abierto en la XIII, para aumentar el diálogo y la negociación con las comunidades autónomas, con el resultado de que los casos en los que se han impugnado normas se han reducido y ha aumentado en cambio el número de acuerdos finales en los procedimientos del artículo 33.2 LOTC.

La reducción, además, se consiguió a pesar de las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia, que dieron lugar en 2020 a la declaración del estado de alarma y a la necesidad de abordar la crisis económica y social desencadenada, publicando un considerable número de nuevas disposiciones normativas.

En sus comparecencias, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, insistió en que la pandemia del COVID-19 nos deja muchas lecciones, una de ellas que «las personas con responsabilidades públicas estamos compelidas a buscar un mínimo común de entendimiento, actuando de manera coordinada desde las distintas administraciones, para hacer frente a la emergencia sanitaria y abordar la reconstrucción social y económica que necesitamos».

Seguimiento permanente de la distribución competencial

El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, configurado en el Título VIII de la Constitución española así como en los diferentes estatutos de autonomía, requiere el establecimiento de un sistema de seguimiento y control de esa distribución competencial, a nivel del Estado, que se desarrolla desde la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.

Ese sistema de seguimiento y control del cumplimento de la Constitución se establece a varios niveles, lo que permite, mediante negociaciones y acuerdos Estado- Comunidad Autónoma, reducir el número de normas que llegan a ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional.

Conflictividad Estado-CCAA

Conflictividad Estado-CCAA

Balance de la conflictividad CCAA-Estado en la XIV Legislatura

Como en el caso anterior, la incidencia del estado de alarma en la producción normativa del Estado ha sido importante. Si en la XIII Legislatura fueron aprobadas con rango de ley 7 disposiciones estatales, solo en los 13 primeros meses de la presente Legislatura, el Estado ha aprobado 55 disposiciones.

Ese aumento normativo ha tenido su reflejo en términos de conflictividad, pues al multiplicarse por cuatro el número de normas aprobadas, el número de procedimientos se ha multiplicado igualmente por cuatro. Así, las comunidades autónomas han solicitado la apertura de negociaciones vía art. 33.2 LOTC en 4 ocasiones pero afectando únicamente a 3 leyes estatales. Por el contario, las impugnaciones son casi las mismas en ambas legislaturas, manteniéndose en 4 en la presente Legislatura frente a 3 en la XIII Legislatura, como demuestra el siguiente gráfico:

Conflictividad CCAA-Estado

Conflictividad CCAA-Estado

También se pueden comparar los datos de estas dos últimas Legislaturas con sus precedentes: desde el primer Gobierno presidido por Mariano Rajoy en la X Legislatura hasta hoy (teniendo en cuenta que en la XII Legislatura se produjo la moción de censura que dio paso al primer Gobierno presidido por Pedro Sánchez).

De esta forma, en la X Legislatura se contabilizaron 77 impugnaciones del Estado a disposiciones de CCAA, mientras que en la actual solo se han producido 4 impugnaciones. También las CCAA han impugnado 4 disposiciones del Estado en lo que va de la XIV Legislatura, frente a las 136 que se sumaron en la X Legislatura.

¿Cómo ha cambiado el uso de efectivo en la zona euro en los últimos años?

miércoles, 27 de enero de 2021

¿Cómo ha cambiado el uso de efectivo en la zona euro en los últimos años?

20/01/2021 Portal del cliente bancario. Banco de España

El efectivo, nuestros billetes y monedas de euro, sigue siendo el método de pago preferido de los europeos, según un estudio publicado recientemente por el Banco Central Europeo (BCE) sobre los hábitos de pago de los consumidores en la zona euro basado en datos de 2019.

En dicho estudio se pone de manifiesto que el efectivo sigue siendo el método de pago más frecuente entre particulares en puntos de venta, como tiendas o restaurantes. Y en concreto, en España su empleo continúa siendo mayoritario (el 83 % de las compras se realizaron usando efectivo, un 66 % en términos de valor). El porcentaje de adultos de la zona euro que utilizaron efectivo ha pasado en los últimos tres años del 79 % al 73 %, comparando los datos ahora analizados con otro estudio anterior del BCEAbre en ventana nueva. Aunque el efectivo aún reina, su uso está disminuyendo.

En el mismo periodo, en la zona euro se observa un aumento en el uso de tarjetas como método de pago para este tipo de operaciones (19 % frente a 24 %). Cabe mencionar el aumento de las transacciones con tarjetas que disponen de la tecnología sin contacto que en 2019 supusieron el 38 % del total de las compras con tarjeta.

¿Qué opinan los europeos sobre la disponibilidad de acceso al efectivo?

La facilidad de acceso al efectivo en oficinas bancarias, cajeros automáticos y oficinas de correos ha disminuido en todos los países de la zona euro respecto a los resultados de 2016 del 94 % al 89 %. Esto se debe al ajuste del modelo de negocio de la banca, como consecuencia, entre otros motivos, de los procesos de fusionesAbre en ventana nueva entre entidades que se han producido en los últimos años y del avance de la tecnología. A pesar de ello, la encuesta revela que la mayor parte de los encuestados siguen estando satisfechos con el acceso a este medio de pago.

¿Ha influido la actual pandemia en el uso de efectivo?

Para conocer el efecto que ha tenido la actual pandemia en los hábitos de pago, se realizó una encuesta específica en julio de 2020 en todos los países de la zona euro que complementa al mencionado estudio. Como resultado, 4 de cada 10 encuestados manifiesta haber reducido el uso del efectivo desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, el impacto a largo plazo es todavía incierto.

Nuevo IPREM para 2021 y otros cambios en las pensiones en vigor con los PGE

miércoles, 27 de enero de 2021

Nuevo IPREM para 2021 y otros cambios en las pensiones en vigor con los PGE

USO

Nuevo IPREM para 2021 y otros cambios en las pensiones en vigor con los PGE

22 enero, 2021 Indicador público de renta de efectos múltiples

El IPREM sube en 2021 por primera vez desde 2017 y se revaloriza, según los PGE, en el 5,03%

El IPREM llevaba congelado desde 2017, por lo que la subida de 2021, del 5,03%, es la primera en 4 años. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples se creó en 2004. Es un índice que se utiliza en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. El IPREM sustituye como referenciador para estas ayudas al SMI.

Mientras que el SMI ha experimentado algunas subidas en los últimos años, en el caso del IPREM no ha sido así. Y, cuando ha crecido lo ha hecho en un porcentaje inferior al SMI, quedando cada más centrado en facilitar el acceso a las ayudas para las economías familiares más desfavorecidas y más lejanas de los ingresos mínimos.

¿Qué novedades presentan los PGE de 2021 con respecto al IPREM?

Una de las novedades que ofrecen los Presupuestos Generales del Estado para 2021 es el aumento del IPREM en un 5,03%. Tras la primera subida desde 2017, el IPREM queda en 2021 de la siguiente manera:
•IPREM diario: 18,83 euros.
•IPREM mensual: 564,90 euros.
•IPREM anual en 12 pagas: 6778,80 euros.
•IPREM anual en 14 pagas: 7908,60 euros.

Desde USO celebramos la subida del IPREM. Elevar el índice, tan desfasado, era más que necesario para la concesión de ayudas. Así, permite que haya más familias vulnerables que puedan optar a ayudas sociales, dando un carácter más social a los presupuestos y acordándose de las personas y familias que más lo necesitan, máxime tras los últimos meses vividos y con el aumento del desempleo de forma tan exponencial que ha sufrido el país.

Pensiones en los PGE

USO

Las pensiones siguen afectadas por las reformas de 2011 y 2013 y, con la entrada de 2021, han pasado a un nuevo tramo de edad de jubilación. El nuevo año ha traído también una subida general del 0,9% en las pensiones y del 1,8% en las pensiones mínimas, que en USO ya os hemos detallado en función de vuestra pensión.

Si comparamos esa subida con la experimentada por el IPREM, vemos que la diferencia es notable, especialmente si tenemos en cuenta las pensiones mínimas, muy bajas en algunas ocasiones. Pero, por otro lado, hemos asistido a una vergonzosa congelación del SMI, que seguirá en 950 euros mensuales. No se le aplica siquiera el 0,9% de las pensiones o el 1,8% de las pensiones mínimas, quizá la comparación más certera con el SMI.

Pensiones: cotización en los supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo

Además de la edad de jubilación y la subida de las pensiones, los PGE cambian la cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo. Los PGE modifican del artículo 153 de la Ley General de la Seguridad Social, con entrada en vigor desde el 1 de enero de 2021 y de duración indefinida. El nuevo redactado queda así:

“Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los empresarios y los trabajadores cotizarán al Régimen General únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho Régimen, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos, corriendo a cargo del empresario el 7% y del trabajador el 2%”.

Compatibilidad en pensiones y actividad laboral para autónomos

En el caso de personas que trabajan por cuenta propia, los PGE de 2021 también modifican la cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo de autónomos a través de la modificación del artículo 309 de la Ley General de la Seguridad Social. También está en vigor desde el 1 de enero de 2021 y con una duración indefinida. Queda de la siguiente manera:

1 Durante la realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la pensión de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los trabajadores cotizarán a este régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, conforme a lo previsto en este capítulo, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones.

2 También estarán sujetos a una cotización de solidaridad del 9% sobre la base mínima de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, los pensionistas de jubilación que compatibilicen la pensión con una actividad profesional por cuenta propia estando incluidos en una mutualidad alternativa al citado régimen especial al amparo de lo establecido en la disposición adicional decimoctava, la cual no será computable a efectos de prestaciones.

La cuota correspondiente se deducirá mensualmente del importe de la pensión.”

Desde USO, creemos que este aumento de la cotización especial de solidaridad en un punto a cargo de las empresas puede hacer que disminuyan los casos de personas que trabajan a la vez que reciben una pensión de jubilación, ya que las empresas no van a querer soportar ese aumento en la cotización. Puede dar lugar, por ello, a “contrataciones” irregulares con el fin de no pagar ese aumento.

Las empresas españolas a la cola de usar la digitalización para competir

miércoles, 27 de enero de 2021

Las empresas españolas a la cola de usar la digitalización para competir

17 Enero 2021

UGT insta a las empresas a que revisen sus estrategias de transformación digital y centren sus esfuerzos en mejorar la formación de sus trabajadores/as

► UGT insta a las empresas españolas a que revisen sus estrategias de transformación digital y en lugar de priorizar las herramientas tecnológicas para controlar y vigilar a sus empleados, las utilicen para ganar en competitividad. Y es que en España más del 40% de las empresas usan el big data para vigilar a las personas trabajadoras, muy por encima de la media de la UE de los 27 que se sitúa en menos del 30%. Por contra, nuestro país ocupa el decimosexto puesto de la UE-27 en utilizar la tecnología de big data, para mejorar los procesos internos de negocio y con ello la competitividad. En 2020, tres de cada cuatro empresas españolas han tenido una muy baja intensidad digital y la inversión en innovación empresarial sigue siendo inferior a la realizada diez años atrás.

► Una estrategia errática que también se constata en la escasez de contrataciones de expertos TIC, en la falta de formación digital de sus trabajadores/as; o en la capacidad de comercio electrónico, muy lejos del liderazgo internacional.

► UGT exige a las empresas un estricto y minucioso cumplimiento de las leyes vigentes, especialmente las referidas al trabajo a distancia y a la protección de datos y garantías de derechos digitales y denunciará cualquier incumplimiento que vulnere los derechos de las personas trabajadoras, incluido su derecho a la intimidad y privacidad.

El tejido empresarial español sigue sin interiorizar qué es la digitalización, para qué sirve y cuál es su objetivo. En vez de acometer una imprescindible transformación con la finalidad de ganar competitividad, usan la tecnología para vigilar y controlar, de forma opaca y malintencionada, a sus empleados.

El último estudio de Eurofound , que analiza el uso de la tecnología para el “monitorización y vigilancia” de las personas trabajadoras, señala a las empresas españolas como unas de las que más usan este tipo de herramientas. En concreto, más del 40% empresas españolas usan el big data para vigilar el desempeño de sus empleados (ver gráfico más adelante). Un porcentaje muy por encima de la media de la UE-27 (menos del 30%) y de otros países que respetan escrupulosamente los derechos de las personas trabajadoras (por ejemplo, Alemania, con menos de 15%; Francia 25%, Reino Unido 26%).

Sin embargo, este despliegue tecnológico no es, ni mucho menos, tan intenso a la hora de aplicarlo en otros aspectos mucho más importantes. Así, el mismo uso de la tecnología de big data, pero aplicado a los procesos internos de negocio para mejorar la competitividad de las compañías, se sitúa en un deshonroso decimosexto puesto entre la UE-27. Un 13% por debajo de la media europea y a una gran distancia de competidores directos, como Francia, Alemania o el Reino Unido.

No es el único ejemplo en el que nuestro tejido empresarial muestra este errático comportamiento a la hora de abordar la digitalización. Ni en contrataciones de expertos TIC, ni en formación digital a empleados, ni en capacidad de comercio electrónico nos acercamos al liderazgo internacional que demostramos en vigilancia electrónica de empleados.

Como se puede comprobar, nuestras empresas no están comprendiendo cuál es la finalidad del proceso de transformación digital: ganar en eficiencia, ampliar ventas y negocios, mejorar su competitividad. Introducir soluciones informáticas para controlar a sus empleados no es digitalizar, no es invertir: es gastar inútilmente demostrando una mentalidad de otra época.

En 2020, tres de cada cuatro empresas tienen escasa capacidad digital

Como resultado de esta nefasta interpretación de prioridades, en pleno 2020, tres de cada cuatro empresas españolas presentan una muy baja intensidad digital y la inversión en innovación empresarial sigue siendo inferior a la realizada diez años atrás. La consecuencia es que nuestro saldo neto exterior online tiene un déficit de 12.000 millones de euros (menos de un tercio del negocio online que se efectúa en nuestro país se queda en España). Un pesado lastre para nuestra economía y para la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar.

UGT insta a las empresas a revisar sus estrategias de transformación digital y a replantearse si éste es el camino que quieren tomar. Fiscalizar hasta alcanzar el control abusivo de la actividad laboral, en vez de dar formación y empleabilidad, no es la opción adecuada. Hasta la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) ha advertido de cómo este aumento de la demanda de herramientas para la vigilancia de los empleados, derivado de la pandemia Covid19 y el aumento exponencial del teletrabajo, supone un retroceso en derechos y garantías de las personas trabajadoras. El futuro pasa por la tecnología aplicada al conocimiento, por personas trabajadoras motivadas y formadas; no por conformar una suerte de nuevo Gran Hermano laboral.

Las empresas deben cumplir las leyes y respetar los derechos a la intimidad y privacidad de los trabajadores

Del mismo modo, el Sindicato advierte a las empresas de que una aplicación masiva e indiscriminada de soluciones de big data y de control laboral a distancia, sin la debida información previa y la vigilancia sindical adecuada, entraña dos graves consecuencias. Por una parte, una más que posible vulneración de derechos fundamentales relacionados con la intimidad y la privacidad. Por otra, la tentación de dejar la gestión de las personas trabajadoras en manos de algoritmos, una opción hoy por hoy vedada por la ley, ante la constatación de que su inherente falibilidad y su demostrada propensión a tomar decisiones injustas y discriminatorias.

Por todo ello, UGT exige a todas las empresas un estricto y minucioso cumplimiento de las leyes vigentes (especialmente las referidas al trabajo a distancia y a la protección de datos y garantías de derechos digitales). Lo contrario supone un ataque a los derechos de las personas trabajadoras que no vamos a consentir.