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Archivo del 28 de enero de 2021

En Ponga. Ventaniella. Principado de Asturias

jueves, 28 de enero de 2021

La constitución de sociedades disminuyó el 15,5% en 2020

jueves, 28 de enero de 2021

25/01/2021 | Registradores

Según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores el pasado año se constituyeron en España 80.134 sociedades (frente a las 94.840 de 2019), un 15,5% menos que en el año anterior, alejándose cada vez más de la cifra básica de referencia de 100.000 operaciones anuales.

Con relación al cuarto trimestre de 2020 respecto al mismo trimestre del año anterior, se constituyeron en España 22.838 sociedades mercantiles, mostrando un incremento del 0,8%. En el trimestre anterior aumentaron un 5,5%. Por lo tanto, se produjo un crecimiento de constituciones en la segunda mitad del año, precedido de fuertes caídas en el primer trimestre (-14,1%) y sobre todo en el segundo (-48,0%), siempre respecto al mismo periodo del año anterior.

La Estadística Mercantil trimestral del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica de las empresas españolas y puede ser consultada, por meses, en el siguiente enlace: https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles

Por Comunidades Autónomas, en el cuarto trimestre, con relación al mismo período de 2019, la creación de sociedades mercantiles aumentó, sobre todo en Extremadura (18,5%), Cantabria (15,1%) y Navarra (14,6%). Por otro lado, disminuyó más en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (-13,2%), Castilla y León (-9,2%), Baleares (-7,7%), Madrid (-7,2%) y La Rioja (-6,4%).

EXTINCIONES

Las extinciones de sociedades alcanzaron las 9.255 sociedades durante el cuarto trimestre, un 4,5% más que en el mismo trimestre de 2019. En el total de 2020 las extinciones disminuyeron un 10,2% sobre el año anterior.

Por comunidades autónomas, aumentan sobre todo en Ceuta y Melilla (40.0%), Canarias (19,2%), Extremadura (15,0%) y Andalucía (14,9%). Por el contrario, descienden más en La Rioja (-31,0%), Asturias (-27,4%), Aragón (-19,3%) y Baleares (-18,2%).

CONCURSOS

Las empresas en serias dificultades financieras, que se vieron inmersas en concurso de acreedores en 2020 fueron 3.428, un 5,6% menos que en 2019. En el cuarto trimestre, sin embargo, fueron 1.231, reflejando un aumento del 19,5% en relación al mismo trimestre de 2019. Desde el tercer trimestre de 2019 se vienen produciendo aumentos en los concursos, exceptuando el segundo trimestre de 2.020, cuando se produjo una fuerte caída del 59,3%, coincidiendo con las restricciones de movilidad del estado de alarma.

Por Comunidades Autónomas, en el cuarto trimestre y con respecto al mismo periodo de 2019, se incrementaron los concursos sobre todo en Andalucía (42,1%), Baleares (35,3%), y Cataluña (33,9%). En la parte opuesta, descendieron más en Navarra (-75,0%), seguida de Asturias y Extremadura (-50,0%) y Murcia (-24,2%).

TRASLADOS DE SEDE SOCIAL ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 4T 2020(*)

Se indican en la siguiente tabla los datos sobre los traslados de sede social entre las diversas CC.AA. Los datos expresados no corresponden a solicitudes de traslado sino a confirmaciones de traslado inscritas en el registro de destino.

Entre las Comunidades de las que se van empresas, Madrid muestra 1.231 salidas, seguido de Cataluña, con 666, Comunidad Valenciana, 403 y Andalucía, 402. Sin embargo, si comparamos el saldo de entradas y salidas, Madrid destaca con un saldo positivo de 147 empresas, mientras que Cataluña muestra un saldo negativo de 150. El resto de comunidades muestra una mayor diversidad en los datos. Entre las que tienen más actividad, Andalucía muestra un saldo positivo de 88 empresas, y la Comunidad Valenciana un saldo negativo de 65 sociedades.

  • Confirmaciones inscritas en el registro de destino.

MES DE DICIEMBRE

En el último mes del año se incrementaron las constituciones un 9,1% respecto al mismo periodo de 2019, en noviembre se habían incrementado el 1,8%. En los primeros meses de la pandemia se produjeron las caídas más pronunciadas, con descensos del 72,1% en abril, y del 56,4% en mayo. En junio y julio comenzó claramente la recuperación, con caídas paulatinamente menos acusadas, -10,0% y -3,4% respectivamente. Desde el mes de agosto, este indicador se mantiene en valores positivos, a excepción de una caída del 7,5% en octubre.

Por Comunidades Autónomas, las tasas que más descienden respecto al mismo mes del año anterior son: Ceuta y Melilla (-33,3%), Castilla y León (-15,9%) y La Rioja (-10,7%). En sentido contrario, aumentan sobre todo en Extremadura (65,0%), Navarra (43,2%), Aragón (27,9%), y Cantabria (26,1%).

CONCURSOS

Los concursos de acreedores en diciembre, comparados con el mismo mes del año anterior, mostraron un gran aumento del 30,8%. En noviembre se mostraron valores parecidos, cuando aumentaron el 26,1%. Durante los primeros meses de la pandemia habían caído de forma generalizada (-84,8% en abril y el -76,1% en mayo), afectados por la ralentización del proceso concursal durante el estado de alarma y también por el RD 16/2020, de 28 de abril. Este decreto, entre otros aspectos, amplió los plazos para presentar concurso voluntario hasta el pasado 31 de diciembre, impidiendo también la presentación de concurso necesario hasta dicha fecha, con objeto de ayudar temporalmente a empresas en dificultades que pudieran ser rentables. Las sucesivas caídas de los concursos a medida que transcurría la pandemia, se tornaron paulatinamente más suaves en junio (-16,1%), julio (-6,5%) y agosto (-4,6%), hasta cambiar de signo de forma abrupta en el mes de septiembre (55,0%), aunque el aumento fue más moderado en octubre (4,3%).

Analizando los concursos inscritos mediante su desglose en voluntarios y necesarios para observar el impacto del RD 16/2020 antes mencionado en relación con el mes anterior. Los concursos voluntarios sumaron este mes de diciembre 296 inscripciones, con un descenso del 11,4% sobre el mes de noviembre y los concursos necesarios inscritos fueron 99, con un descenso del 10,0% sobre el mes anterior.

La Cámara de España prevé una recuperación económica menos intensa en 2021 por el impacto de la tercera ola del COVID-19

jueves, 28 de enero de 2021

La Cámara de España prevé una recuperación económica menos intensa en 2021 por el impacto de la tercera ola del COVID-19

22 de Enero 2021

El empleo crecerá un 2,1 %, equivalente a la creación de unos 350.000 puestos de trabajo, y la ampliación de los ERTE contendrá el avance de la tasa de paro

Madrid, 22/02/21.- La Cámara de Comercio de España estima que la economía crecerá este ejercicio un 6,2 %, frente al retroceso del 10,9 % esperado para el ejercicio 2020. Tanto la contracción de la actividad el año pasado como la recuperación en 2021 serán menos intensas de lo previsto en noviembre, cuando se calculaba un retroceso del 13 % y un avance del 8,6 %, respectivamente.

La razón de esta rebaja en la previsión de crecimiento de 2021 es el impacto de la tercera ola del COVID-19, cuya intensidad está obligando a tomar de nuevo severas restricciones a la movilidad y a la interacción social, con una fuerte repercusión negativa en sectores como el turismo, la hostelería y el comercio.

Así se refleja en la evolución estimada del consumo de los hogares, que se incrementará un 6,3 %, prácticamente la mitad de lo contemplado en las anteriores previsiones. Por lo que se refiere a la formación bruta de capital fijo, crecerá un 5 %, un punto menos que lo esperado debido a un menor dinamismo de la inversión en construcción, mientras que la inversión en bienes de equipo aumentará un 12,3 %, en línea con las estimaciones del mes de noviembre.

En relación con el sector exterior, se ha revisado al alza el crecimiento de las exportaciones, que avanzarán un 13,3 %, mientras que las importaciones subirán un 13 %.

El comportamiento del mercado de trabajo reflejará también esa menor intensidad en el ritmo de recuperación, aunque se estima que el empleo crecerá un 2,1 %, lo que equivale a la creación de 350.000 puestos de trabajo. La tasa de paro, por su parte, subirá apenas tres décimas respecto a 2020, hasta el 17,3 %, ya que se espera que la ampliación de la aplicación de los ERTE siga conteniendo el crecimiento del desempleo.

Respecto a la evolución del déficit público en 2021, las previsiones de la Cámara de España apuntan hacia una reducción de casi seis puntos respecto al ejercicio anterior, si bien todavía se situará en niveles muy altos, en el entorno del 7 %.

¿Qué información sobre tu cuenta está tu banco obligado a comunicarte?

jueves, 28 de enero de 2021

¿Qué información sobre tu cuenta está tu banco obligado a comunicarte?

12/01/2021 Portal del cliente bancario. Banco de España

Como cliente bancario, tienes el derecho a recibir de forma periódica y sin coste alguno la información que te detallamos a continuación. Aunque, eso sí, tu entidad no está obligada a atender sin coste cualquier otra solicitud de información sobre tu cuenta o referida a cualquier periodo de tiempo.

Remitirte cada mes de enero una comunicación en la que se detallen las comisiones y gastos devengados, así como los tipos de interés efectivamente aplicados a cada servicio bancario prestado durante el año anterior.

Mandarte, como mínimo una vez al mes, el extracto con todos los movimientos producidos en tu cuenta. En esta comunicación se incluirá, al menos, información relativa al importe de las operaciones, el tipo de cambio aplicado al adeudo o abono, en caso de haberlo, así como el saldo tanto del extracto actual como del anterior. Esta comunicación no será obligatoria si en el mes de referencia no se han registrado movimientos.

Proporcionarte un documento de liquidación en el que se informe del tipo de interés, las comisiones u otros gastos aplicados en cada liquidación que practiquen por sus servicios.

Además, tu banco deberá facilitarte una copia del contrato en cualquier momento de la relación contractual que lo solicites y de forma gratuita. Puede suceder que, años después de haber cancelado una cuenta, necesites una copia de tu contrato. En estos casos, ¿tiene el banco la obligación de conservarlo?

Como regla general, el banco está obligado a conservar el contrato de tu cuenta durante al menos seis años, que es el plazo obligatorio de conservación de documentación establecido por el Código de Comercio.

¿Cómo deberá facilitarte el banco esta documentación?

Tu banco deberá facilitarte la documentación relativa a tu cuenta según lo establecido en tu contrato, ya sea en formato papel o en cualquier otro soporte duradero. Asegúrate del modo en que está obligada tu entidad a facilitarte esta información y comprueba si la recibes con regularidad.

¿Por qué tipo de solicitud de documentación puede el banco cobrarme una comisión?

Si solicitas información adicional a la exigida por la normativa, de forma más frecuente o por medio distinto del establecido en tu contrato, tu banco podrá establecer una comisión que debe ser razonable y coherente con los costes. Podrá cobrarte una comisión por duplicados de extractos, de documentos de liquidación o de información complementaria, entre otros.

La información sobre estas comisiones deberá estar disponible en las oficinas del banco y en su página web.

¿Dónde tengo que acudir si quiero solicitar información sobre mi cuenta?

El canal adecuado para peticiones de información o documentación es la oficina bancaria y solo en caso de no ser facilitada por esta, se deberá acudir al servicio de atención al cliente de la entidad.

La participación de los jueces en entrevistas, coloquios o redes sociales debe ser neutral para no comprometer la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial

jueves, 28 de enero de 2021

Lunes, 25 de enero de 2021

La participación de los jueces en entrevistas, coloquios o redes sociales debe ser neutral para no comprometer la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial

La independencia, imparcialidad e integridad que el código de ética judicial recomienda a los jueces están recogidos también en los Principios de Bangalore, aprobados por la ONU

Autor: Comunicación Poder Judicial

Las intervenciones de los jueces y magistrados en entrevistas, coloquios, participaciones públicas y redes sociales deben ajustarse al concepto de “neutralidad política” que inspira los principios de imparcialidad, independencia e integridad de los miembros de la Carrera Judicial; asimismo, deben guiarse por la prudencia y la moderación que recogen las normas éticas, nacionales e internacionales, cuando abordan los límites de la libertad de expresión de los jueces.

Estas son dos de las conclusiones contenidas en el dictamen con el que la Comisión de Ética Judicial da respuesta a una consulta referida al modo en que un juez debe desenvolverse públicamente, ya sea en una entrevista en un medio de comunicación, un coloquio jurídico o en las redes sociales, para no comprometer ni su apariencia de imparcialidad ni la del Poder Judicial y para no generar desconfianza en la ciudadanía.

Los principios de ética judicial que afectan a la imparcialidad, independencia e integridad de los jueces son diversos (los números 3,9, 10, 16, 17, 20, 21, 29 y 31) y, en el ámbito internacional, encuentran su reflejo en los Principios de Bangalore sobre la conducta Judicial aprobados por la comisión de Derechos Humanos de la ONU.

De ellos se extrae la conveniencia, expresada ya por la Comisión de Ética Judicial en dictámenes anteriores, de que los jueces y magistrados ejerzan con prudencia y moderación su derecho a la libertad de expresión con el fin de no ver afectada su apariencia de imparcialidad y, por extensión, la credibilidad de la Justicia ante el ciudadano. El apoyo legal viene dado a los principios éticos por el art. 365 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece los límites legales a la libertad de expresión de los jueces y magistrados, y por el art. 127 de la Constitución, que prohíbe a los jueces y magistrados en activo militar en partidos políticos o sindicatos con el fin de evitar su identificación con una concreta ideología política.

El dictamen señala también que la obligación del juez de dispensar un trato respetuoso a las personas que intervienen en el proceso debe extenderse también al ámbito extraprocesal, por lo que los comentarios e intervenciones de los miembros de la Carrera Judicial en medios de comunicación, redes sociales o encuentros jurídicos deben desarrollarse “con las formalidades de la buena educación” y “sin expresiones irrespetuosas, vejatorias o dañinas”.

Conocer las redes sociales

En relación con las redes sociales, el dictamen invita a los jueces a demandar formación suficiente sobre su funcionamiento y uso. Cita el curso autodirigido sobre Conducta y Ética Judiciales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Viena, 2019), en el que se aconseja a los jueces “no publicar nada que pueda socavar la confianza del público en la imparcialidad del Poder Judicial, como opiniones políticas o cuestiones polémicas” y “no identificarse como juez en los medios sociales”. Y ofrece ejemplos de códigos de conducta de distintos Estados, todos coincidentes al señalar que los jueces deben abstenerse de demostrar sus preferencias políticas.

También menciona la Declaración de Londres sobre la deontología judicial aprobada por la Asamblea General de la Red Europea de Consejos de Justicia (2010) habla de “mesura, seriedad y prudencia” como cualidades judiciales.

En dictámenes anteriores, la Comisión de Ética Judicial señaló la conveniencia de que los jueces y magistrados valoren de forma individual las posibilidades y modos de presentarse en las redes sociales, así como el uso que hagan de las mismas, con el fin de que su neutralidad no se vea afectada. Una vez más, se señala que, de acuerdo con los principios de ética judicial, la participación en redes sociales debe estar presidida por la prudencia y la mesura.

Formar parte de un tribunal de oposiciones

La Comisión de Ética ha dado también respuesta a una consulta sobre la conveniencia de formar parte de un tribunal de calificación a un cuerpo de letrados autonómico. El magistrado autor de la pregunta es presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia de la Comunidad Autónoma, a la que corresponde resolver los recursos que eventualmente puedan presentarse contra las calificaciones del examen.

El dictamen señala que los jueces y magistrados deben considerar distintas cuestiones, antes de decidir si es correcto, desde el punto de vista de la ética judicial, aceptar ser miembro de un tribunal de oposiciones.

En primer lugar, si la intervención de un miembro del Poder Judicial está prevista legalmente o no, el ámbito territorial de la convocatoria y la autoridad que tiene encomendada la designación.

También debe valorarse la litigiosidad que el mismo proceso selectivo ha tenido en anteriores convocatorias, así como el número de magistrados que conforman la sala jurisdiccional llamada a resolver los recursos, pues debe evitarse que la abstención de uno de sus miembros ponga en riesgo la apariencia de imparcialidad del órgano judicial.

*La Comisión de Ética Judicial es un organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, compuesto por seis miembros de la Carrera Judicial -elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles- y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, cuya función es orientar sobre la interpretación de los Principios de Ética Judicial.

El Defensor del Pueblo considera que la declaración del segundo estado de alarma respetó la Constitución

jueves, 28 de enero de 2021

El Defensor del Pueblo considera que la declaración del segundo estado de alarma respetó la Constitución

25/01/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 y su prórroga.

La Institución, para preservar la neutralidad política que debe caracterizar su actuación, tradicionalmente, se abstiene de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional cuando algún otro sujeto legitimado ejercita esta acción.

El citado decreto ya ha sido recurrido por un grupo parlamentario. No obstante, teniendo en cuenta la conexión directa entre el estado de alarma y los derechos fundamentales, el Defensor ha decidido pronunciarse en cuanto al fondo de esta norma, tal y como hizo con el decreto por el que se declaró el primer estado de alarma.

Desde la aprobación de este decreto, la Institución ha recibido 20 escritos solicitando la interposición de recurso ante el Alto Tribunal. En ellos, se pide un pronunciamiento sobre tres cuestiones específicas del segundo estado de alarma.

Los solicitantes cuestionan que la declaración del estado de alarma pueda ser prorrogada de una vez por más de 15 días; la atribución de competencias a los presidentes de las comunidades autónomas y la “concatenación” del estado de alarma decretado en parte de la Comunidad de Madrid entre el 9 y el 24 de octubre y el estado de alarma decretado en todo el territorio nacional el 25 de octubre.

Duración de la prórroga

Con respecto a la primera cuestión, Fernández Marugán sostiene que la Constitución no dice nada sobre la duración de la prórroga y que corresponde al Congreso de los Diputados determinar la duración de la misma.

En su opinión, “puede optar, como hizo entre marzo y junio de 2020, por prórrogas quincenales. O bien por la prórroga semestral decidida por el Congreso de los Diputados el 29 de octubre, a la vista de la persistencia e intensidad de la pandemia y de las perspectivas pesimistas al respecto que estos meses, desgraciadamente, no parecen desmentir”.

En este sentido, el Defensor ha reiterado la reflexión realizada en el documento “Actuaciones ante la pandemia de COVID-19” publicado el pasado mes de diciembre. “El estado de alarma, como instrumento constitucional, está previsto para situaciones como la actual y no puede rechazarse a priori su idoneidad, sin perjuicio de que, como situación limitativa de derechos que es, exige un riguroso seguimiento, de modo que se garantice el respeto a los principios de intervención mínima, proporcionalidad, temporalidad, normalidad y responsabilidad”.

Fernández Marugán concluye que “en términos de respeto a los derechos fundamentales, no sería preocupante un estado de alarma duradero si la extrema gravedad de las circunstancias lo exige”. En su opinión, “lo grave sería que no se atendiesen los mencionados principios”.

Competencias de los presidentes de las comunidades autónomas

En relación a si es conforme a la Constitución atribuir competencias, como autoridades, a los presidentes de las comunidades autónomas, cada uno en su ámbito territorial, el Defensor considera que no hay nada que lo impida.

Fernández Marugán apunta que el decreto es claro y en su artículo 2.1 señala que “a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la Nación”. Sin embargo, el Defensor explica que lo que sucede es que, si en el primer estado de alarma nacional fueron autoridades competentes delegadas cuatro ministros del Gobierno, ahora lo son diecinueve presidentes de comunidades y ciudades autónomas (que ya habían asumido competencias en el anterior estado de alarma nacional, durante la llamada «desescalada»).

En esta línea, señala que “no puede objetarse, desde una perspectiva constitucional, una decisión de esta naturaleza, por razones tanto operativas como coherentes con nuestro modelo de Estado y con la fase final de la anterior alarma”.

Estado de alarma en parte de la Comunidad de Madrid

Por último, en lo referente a si es conforme a la Constitución la “concatenación” del estado de alarma decretado en parte de la Comunidad de Madrid entre el 9 y el 24 de octubre de 2020 y el estado de alarma decretado en todo el territorio nacional el 25 de octubre, sin una prórroga parlamentaria específica para los municipios a los que había afectado la primera quincena de alarma, el Defensor considera que sí lo es.

En su resolución, Fernández Marugán justifica esta solución en la necesidad de dar cobertura jurídica “suficiente, puntual e inmediata” a la adopción de medidas en la Comunidad de Madrid que ya se estaban desarrollando con autorización judicial en otras comunidades en situación sanitaria idéntica.

Además, teniendo en cuenta el Auto 308/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reclamaba «cauces jurídicos diferentes para limitar, modular, restringir…derechos fundamentales…», el Defensor considera que dota al estado de alarma declarado el 9 de octubre en nueve municipios de esta comunidad de presupuestos y perfiles propios que impiden entender que haya «concatenación» con el decretado en toda España el 25 de octubre.

Conclusión

En los últimos meses, Fernández Marugán se ha pronunciado públicamente sobre la relación entre estado de alarma y derechos fundamentales en tres ocasiones: en la resolución en la que se resolvieron las solicitudes de interposición de recurso contra el decreto que establecía el primer estado de alarma; en la comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo el pasado 26 de noviembre; y en la publicación “Actuaciones ante la pandemia de COVID-19”.

En estos pronunciamientos, el Defensor concluye que las disposiciones adoptadas en el primer estado de alarma, y también las dictadas por las diversas autoridades en el período intermedio entre los dos estados de alarma (entre junio y octubre de 2020), lo han sido en el marco de la Constitución, de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, y de la legislación sanitaria para casos de epidemia.