AIRE

“Regular y rebajar los precios del alquiler de la vivienda es una medida fundamental para reducir los niveles de pobreza y exclusión”

Alrededor de 3 millones de inquilinos, el 41% de la población que vive de alquiler, dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el arrendamiento. “Un esfuerzo excesivo que supera los criterios de solvencia y capacidad de pago que utilizan las entidades financieras”, según el economista del Gabinete Económico confederal de CCOO, Luis Zarapuz. Se trata de “un esfuerzo excesivo para acceder a un bien básico como es la vivienda que agrava los riesgos de exclusión y pobreza”, afirmó también el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante la presentación del informe “La vivienda de alquiler en España. Por el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible para la mayoría”.

24/02/2021. CCOO

El secretario general de CCOO y el economista del Gabinete Económico confederal del sindicato, y autor del informe, Luis Zarapuz, han presentado esta mañana en rueda de prensa el informe “La vivienda de alquiler en España. Por el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible para la mayoría”, que analiza la elevada carestía de los alquileres a partir de los datos oficiales de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. De “breve, pero contundente”, definió el informe Unai Sordo.

Unai Sordo ha explicado que buena parte de la población destina una parte excesiva de sus rentas a acceder a la vivienda, ya sea a la compra o al alquiler, lo que precisamente dificulta dicho acceso y además resulta antieconómico porque retrae recursos que van a parar a manos de rentistas en lugar de destinarse a fines más productivos.

En este sentido, defendió que “los fondos europeos deben emplearse para transformar el tejido productivo y para favorecer la economía productiva frente a la especulativa y el rentismo”. Favorecer la economía productiva, en el caso de la vivienda, para el secretario general de CCOO sería “regular y rebajar las hipotecas y los alquileres”, tanto por razones de eficacia económica, como porque la contención de precios es una medida fundamental para reducir la pobreza y la exclusión social.

2 de cada 3 inquilinos con alquileres excesivos además están en riesgo de pobreza o exclusión social

Según detallaron tanto Unai Sordo como Luis Zarapuz, sobre todo entre los jóvenes, el alquiler ha ganado peso en los últimos años. Pero la situación no es fácil: los inquilinos tienen que hacer frente a un auténtico sobreesfuerzo para pagar alquileres excesivos: 3 millones de inquilinos, 4 de cada 10 dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler, y de ellos, 1,4 millones destinan más del 50%. «Los alquileres excesivos afectan a más de la mitad de los inquilinos del País Vasco, Canarias, Madrid y Asturias y a 4 de cada 10 en Baleares, Andalucía y Cataluña», especificó Luiz Zarapuz.

De los tres millones de inquilinos con alquileres excesivos, 2,05 millones se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

El informe hace hincapié también en que el 43% de los inquilinos pertenece a hogares en riesgo de exclusión y pobreza. El 26% no superan los 14.000 euros anuales y el 36% ingresan entre los 14.000 y 26.000 euros. Con estos datos, la conclusión es contundente: “Los precios del alquiler en España agravan los riesgos de exclusión y pobreza”, denunció Unai Sordo.

Por otro lado, Luis Zarapuz destacó que la inmensa mayoría de los propietarios de las viviendas en alquiler tienen unos ingresos altos o muy altos – el 75% de más de 26.000€ al año, y el 51% de más de 41.000 – y alertó del peso creciente de los grandes propietarios en el mercado de alquiler.

Frente a esta desigual situación en el acceso a la vivienda, finalmente, Zarapuz recordó que CCOO presentó hace más de un año una serie de medidas que pasan por garantizar el derecho a la vivienda por ley, limitar el precio máximo de los alquileres e impulsen un amplio parque de vivienda pública, que se recogen en la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda presentada por CCOO y UGT.

¿Cómo quiere la UE lograr una economía circular para 2050?

Parlamento Europeo

Descubra el Plan de acción de economía circular de la UE y las medidas adicionales que los eurodiputados quieren imponer para reducir los residuos y promover productos sostenibles.

Una economía circular reducirá las emisiones de CO2, estimulará el crecimiento económico y creará empleo.

Alimentos, agua y nutrientes

Si seguimos explotando los recursos como lo hacemos ahora, en 2050 necesitaremos los recursos de tres planetas Tierra. Los recursos finitos y los problemas climáticos requieren pasar de una sociedad de «tomar, fabricar y eliminar» a una economía neutra en carbono, ambientalmente sostenible, libre de tóxicos y completamente circular para 2050.

La crisis actual evidenció las debilidades en los recursos y en las cadenas de valor, impactando en las pymes y la industria. Una economía circular reducirá las emisiones de CO2, al tiempo que estimulará el crecimiento económico y creará oportunidades de empleo.

Más información sobre la definición y los beneficios de la economía circular.

El plan de acción de economía circular de la UE
En línea con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 en virtud del Pacto Verde, la Comisión Europea propuso un nuevo Plan de Acción de Economía Circular en marzo de 2020, enfocado en la prevención y gestión de residuos y destinado a impulsar el crecimiento, la competitividad y el liderazgo mundial de la UE en este campo.

El 27 de enero, la comisión de Medio Ambiente respaldó el plan y pidió objetivos vinculantes para 2030 para el uso y consumo de materiales. El informe se votará durante la sesión plenaria de en febrero.

Hacia productos sostenibles

Para lograr un mercado europeo de productos sostenibles, climáticamente neutros y eficientes en el uso de recursos, la Comisión propone extender la directiva sobre diseño ecológico a los productos no relacionados con la energía. Los eurodiputados quieren que las nuevas normas estén vigentes en 2021.

Los miembros del Parlamento también respaldan iniciativas para luchar contra la obsolescencia programada, mejorar la durabilidad y la capacidad de reparación de los productos y mejorar la protección de los consumidores con el «derecho a reparar». Insisten en que los consumidores tienen derecho a estar debidamente informados sobre el impacto medioambiental de los productos y servicios que compran y solicitaron a la Comisión que presente propuestas para luchar contra el «lavado verde». Se llama así a la práctica que realizan las empresas para hacer creer a los consumidores que una compañía es más sostenible de lo que realmente es.

Transformar los sectores esenciales en circulares

Tanto la circularidad como la sostenibilidad deben incorporarse en todas las etapas de las cadenas de valor para lograr una economía completamente circular: desde el diseño hasta la producción y de esta hasta que llega al consumidor. El plan de acción de la CE establece siete áreas clave esenciales para lograr una economía circular: plásticos, textiles, residuos electrónicos, alimentos; agua y nutrientes, embalaje, baterías y vehículos; edificaciones y construcción.

Plásticos

Los eurodiputados respaldan la estrategia europea para el plástico en una economía circular, que eliminaría gradualmente el uso de microplásticos.

Lea más sobre la estrategia de la UE para reducir los residuos plásticos.

Textiles

Los textiles utilizan mucha materia prima y agua, con menos un 1% de reciclaje. Los eurodiputados reclaman nuevas medidas contra la pérdida de microfibras y normas más estrictas sobre el uso del agua.

Descubra cómo la producción de textil y los residuos afectan al medio ambiente.

Electrónica y TIC
Los desechos electrónicos y eléctricos son el flujo de desechos de más rápido crecimiento en la UE y menos del 40% se recicla. Los eurodiputados quieren que la UE promueva una vida útil más larga del producto mediante la reutilización y la reparabilidad.

Conozca algunos hechos y datos sobre desechos electrónicos.

Alimentos, agua y nutrientes

Se estima que el 20% del total de alimentos producidos se pierde o desperdicia en la UE. Los europarlamentarios instan a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos de cara a 2030 en el marco de la “Estrategia de la granja a la mesa”.

Embalaje

Los residuos de envases alcanzaron un récord en 2017 a nivel europeo. Las nuevas normas tienen como objetivo garantizar que todos los embalajes presentes en el mercado de la UE sean económicamente reutilizables o reciclables para 2030.

Baterías y vehículos

Los eurodiputados están estudiando propuestas que exijan que la producción y los materiales de todas las baterías en el mercado de la UE tengan una huella baja en carbono baja y respeten los derechos humanos, así como los estándares sociales y ecológicos.

Construcción y edificaciones

La construcción representa más del 35% del total de residuos de la UE. Los miembros del PE piden que se aumente la vida útil de los edificios, junto a objetivos de reducción de la huella de carbono con respecto a los materiales y requisitos mínimos sobre los recursos y eficiencia energética.

Gestión de residuos y transporte

La UE genera más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año, principalmente de los hogares. Los eurodiputados instan a los países de la UE a aumentar el reciclaje de alta calidad, alejarse de los vertederos y minimizar la incineración.

Obtenga más información sobre las estadísticas de vertido y reciclaje en la UE.

Ribera insiste en que la protección del lobo garantiza las indemnizaciones por daños a la ganadería extensiva en todos los territorios

23/02/2021

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que la inclusión de las poblaciones de lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial mejorará la cohabitación de la especie con la ganadería

Ribera ha recordado que la ausencia de un marco general estatal provoca que al norte del Duero, salvo en Asturias, no haya actualmente regulación específica para asumir pagos indemnizatorios por responsabilidad patrimonial directa de las administraciones públicas

La homogenización del régimen legal permitirá la coexistencia de la ganadería extensiva y el lobo, de gran importancia socioeconómica y ecosistémica, y evitará agravios entre ganaderos de distintas regiones

Ribera ha recordado que el MITECO trabaja junto con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y todos los sectores implicados en una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo

23 de febrero de 2021.- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado hoy, durante la sesión de control en el Senado, que la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial supone la implicación de la Administración General del Estado en la financiación de la protección del lobo ibérico con el fin de mejorar su coexistencia con las actividades humanas que se desarrollan en los territorios en los que habita y evitar que sean los ganaderos quienes carguen únicamente con los costes de posibles daños.

“Tanto para la prevención como para la compensación, debemos plantearnos un modo más eficaz y solidario, de forma que el coste que supone la convivencia del ganado con los grandes carnívoros sea asumido solidariamente por la sociedad y no tan solo por los ganaderos”, ha manifestado la vicepresidenta.

En este sentido, Ribera se ha referido al efecto que la inclusión de las poblaciones de lobo en el Listado tendrá para mejorar la cohabitación de la especie con la ganadería. Así, al estar protegido por normativa, se establecerá el derecho de todos los ganaderos a percibir indemnizaciones por pérdidas de ganado depredado en todos los territorios. Actualmente, eso no sucede en la mayoría de las regiones con lobo al norte del Duero, salvo en Asturias.

“Esta es la primera dificultad, cuando no existe un marco general estatal. Es paradójico que al norte del Duero no exista regulación específica para asumir pagos indemnizatorios por responsabilidad patrimonial directa de las administraciones públicas, al no estar protegida la especie”, ha recordado la vicepresidenta.

Una solución a la falta de uniformidad en la gestión

Durante su intervención, la ministra ha incidido en que los diferentes regímenes de protección que presentan las distintas Comunidades Autónomas dificultan enormemente la gestión, además de generar desigualdades y agravios comparativos. Por eso, ha dicho, “la homogeneización del régimen legal del lobo en España constituye un avance que permitirá impulsar la gestión de esta especie”.

En este sentido, Ribera ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) trabaja junto con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y todos los sectores implicados en una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo, que luego deberá ser desarrollada por unos nuevos planes de gestión autonómicos, adaptados a la realidad de cada territorio.

“Este nuevo enfoque nos sitúa en una posición alienada con los países de nuestro entorno, ajustada a los informes científicos y en consonancia con los objetivos para combatir la pérdida de biodiversidad, sin duda, uno de los mayores retos que afronta nuestra sociedad”, ha señalado la vicepresidenta.

Ribera ha puesto el ejemplo de países vecinos como Francia, donde se ha abogado por un modelo común en toda el área de presencia de la especie, generando seguridad jurídica y evitando agravios entre ganaderos de distintas zonas. Un enfoque que, además, aúna a las dos administraciones, la agraria y medioambiental, haciendo uso de fondos de la Política Agraria común, financiando medidas de protección del ganado, tanto en las zonas con presencia estable como en aquellas que pueden ser objeto de colonización, y abonando indemnizaciones por los daños.

Asimismo, el nuevo estatus legal del lobo permitirá habilitar nuevos mecanismos para impulsar la investigación y seguimiento de ejemplares en toda la población y conocer, con mayor precisión y transparencia, el impacto que produce el lobo en las distintas explotaciones, lo que a su vez servirá para impulsar ayudas para la protección del ganado y para la convivencia con grandes carnívoros, como el oso, buscando una armonización de la gestión de la población de lobos.

Hacia la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva

La ganadería extensiva es una actividad de gran interés socioeconómico para el mundo rural y también una actividad de interés ambiental que debe protegerse y apoyarse: permite el aprovechamiento directo de los pastos como fuente de alimentación de ganado, contribuyendo al mantenimiento de la diversidad paisajística y genética y fomentando la dispersión y germinación de ciertas especies, ayuda al control de incendios forestales y a la regulación de la calidad del suelo y contribuye a fijar población en el territorio. Además, cuenta con la ventaja de tener una baja dependencia de insumos externos.

El lobo ibérico, por su parte, es una especie silvestre clave en el funcionamiento de los ecosistemas españoles, en los que juega un papel fundamental en el control de la densidad de sus presas naturales, a la vez que permite regular y reducir las abundancias de sus especies presa silvestres, como los jabalíes o los cérvidos, reduciendo su impacto sobre la vegetación natural y la prevalencia de enfermedades transmisibles.

Declaración de los miembros del Consejo Europeo sobre la COVID-19 y la sanidad, 25 de febrero de 2021

I. COVID-19

1. Estamos decididos a seguir colaborando y coordinando nuestras acciones para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias. La situación epidemiológica sigue siendo grave y las nuevas variantes del virus plantean retos adicionales. Por ello, debemos mantener restricciones estrictas al tiempo que redoblamos los esfuerzos para acelerar el suministro de vacunas.
2. Por el momento, es necesario restringir los viajes no esenciales. Acogemos con satisfacción la adopción de las dos Recomendaciones del Consejo sobre los desplazamientos hacia la UE y dentro de ella, según las cuales pueden introducirse restricciones de conformidad con los principios de proporcionalidad y no discriminación, teniendo en cuenta la situación específica de las comunidades transfronterizas. Es preciso garantizar la circulación sin trabas de bienes y servicios en el mercado único, en particular haciendo uso de los corredores verdes.
3. La vacunación ya ha comenzado en todos los Estados miembros, y nuestra estrategia de vacunación ha garantizado que todos los Estados miembros tengan acceso a las vacunas. No obstante, debemos acelerar con urgencia tanto la autorización, la producción y la distribución de vacunas como la vacunación. También tenemos que mejorar nuestra capacidad de vigilancia y detección para identificar las variantes lo antes posible a fin de controlar su propagación, tal y como se establece en la Comunicación de la Comisión titulada «Incubadora HERA: Anticipar juntos la amenaza de las variantes del virus de la COVID-19». Apoyamos los esfuerzos adicionales emprendidos por la Comisión para trabajar con la industria y los Estados miembros a fin de aumentar la capacidad actual de producción de vacunas, así como para adaptar las vacunas a las nuevas variantes según sea necesario. Asimismo, apoyamos la labor que está realizando la Comisión para acelerar la disponibilidad de materias primas, facilitar los acuerdos entre fabricantes en todas las cadenas de suministro, evaluar las instalaciones existentes a fin de contribuir al aumento de la producción dentro de la UE e impulsar las actividades de investigación y desarrollo. Las empresas han de garantizar la previsibilidad de la producción de sus vacunas y respetar los plazos contractuales de entrega. Debe aumentarse la transparencia con respecto a los esfuerzos globales.
4. Pedimos que prosiga el trabajo para alcanzar un enfoque común sobre los certificados de vacunación, y retomaremos esta cuestión.
5. Reafirmamos nuestra solidaridad con los países terceros y subrayamos nuestra determinación de intensificar nuestra respuesta mundial a la pandemia. Mantenemos nuestro compromiso de mejorar el acceso a las vacunas de los grupos prioritarios en nuestros países vecinos y en otras regiones, conforme a principios comunes, y de apoyar un enfoque mundial a través del Mecanismo COVAX. Acogemos positivamente los primeros planes de COVAX para distribuir vacunas en noventa y dos países de renta baja y media. Nos comprometemos a contribuir a la participación equitativa de la UE en la financiación del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19.
6. Continuaremos haciendo un atento seguimiento de la situación general y tomaremos medidas en caso necesario.

II. SANIDAD

1. Aunque la crisis de la COVID-19 aún no ha terminado, ya ha llegado el momento de empezar a reforzar nuestra resiliencia sanitaria para el futuro.
2. Trabajaremos para mejorar la coordinación de la UE, de acuerdo con las competencias de la Unión en virtud de los Tratados, a fin de garantizar una mejor prevención, preparación y respuesta ante futuras emergencias sanitarias. Es preciso, de forma prioritaria, trabajar para que la UE tenga los medios necesarios a fin de garantizar una cantidad suficiente de vacunas y suministros esenciales a todos sus Estados miembros, apoyar el proceso completo de desarrollo de vacunas y medicamentos seguros y eficaces —en particular, mediante inversiones tempranas en capacidades de producción— y hacer un uso óptimo de los macrodatos y las tecnologías digitales para la investigación médica y la asistencia sanitaria. También deben impulsarse los trabajos sobre las propuestas relativas a la Unión de la Salud y la Estrategia Farmacéutica, en particular las relativas al acceso a los medicamentos en todos los Estados miembros.
3. Invitamos a la Comisión a que presente, a más tardar antes de junio de 2021, un informe en el que se expongan las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19 hasta el momento. En el informe también se debe abordar el intercambio de información, la coordinación, la comunicación y la contratación conjunta, así como la manera de garantizar una capacidad de producción suficiente en la UE y de constituir unas reservas estratégicas, apoyando al mismo tiempo la diversificación y la resiliencia de las cadenas mundiales de suministro de productos médicos. Esta labor debe ser objeto de seguimiento en el segundo semestre de 2021.
4. La cooperación multilateral mundial es fundamental para hacer frente a las amenazas sanitarias actuales y futuras. Estamos resueltos a promover la seguridad sanitaria mundial, en particular mediante el fortalecimiento de la Organización Mundial de la Salud y trabajando en pro de un tratado internacional sobre pandemias bajo sus auspicios. En este contexto, aguardamos con interés la Cumbre Mundial sobre la Salud del G-20 que se celebrará en Roma.

La discusión para renovar el CGPJ oculta la falta de medios materiales y organizativos de la Justicia

-CSIF subraya que mientras los políticos se enzarzan en discusiones el personal de Justicia afronta la pandemia con enormes deficiencias
26 de Febrero de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en la administraciones públicas, advierte de que el debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está ocultando la falta de medios personales, materiales y organizativos que son los verdaderos problemas de la Justicia.

Desde CSIF, recordamos que mientras los políticos se enzarzan en discusiones para renovar el Consejo, el personal de Justicia se ha tenido que enfrentar a la pandemia con un déficit de mecanismos de prevención y protección de la salud, graves deficiencias de los sistemas informáticos, falta de coordinación y fallos en la comunicación interna.

Todo ello ha provocado que proliferen normas de todo tipo, algunas de ellas contradictorias, que van desde protocolos de prevención de riesgos hasta la dotación de servicios esenciales. A todo ello se une el malestar entre los empleados/as públicos provocado por la falta de medios de protección durante las fases iniciales de la pandemia, los problemas para el realización de PCR o la exclusión del personal de Justicia de los grupos prioritarios de vacunación, entre otros.

CSIF subraya la necesidad de emprender un proceso de transformación y modernización de la Administración de Justicia y por ello hemos planteado al ministro, Juan Carlos Campo, nuestra propuesta con 53 líneas de actuación para una Justicia de futuro, aunque aún no hemos recibido respuesta.

Asimismo, desde hace más de dos años CSIF viene proponiendo al Ministerio la apertura de una mesa de negociación con un calendario específico para llegar a un acuerdo que refuerce el proceso modernizador de la Justicia y la mejora de las condiciones laborales y retributivas de su personal.

No hemos recibido respuesta alguna por parte del Ministerio que sigue anunciando grandes propuestas de reforma (tribunales de instancia, oficinas municipales, oficina del dato, ley de enjuiciamiento criminal, mediación…), pero sobre las que se niega a informar con detalle a los representantes del personal de Justicia creando una enorme incertidumbre y un profundo malestar por el desprecio que eso supone para quienes tienen que ser el eje de esas reformas.

Un malestar creciente que se suma al provocado, entre otros, por la falta de medios de protección durante las fases iniciales de la pandemia, los problemas que existen para el acceso a la realización de pruebas PCR o la exclusión del personal de Justicia de los grupos prioritarios de vacunación.
Para CSIF los problemas de la Justicia no se resuelven privatizando este servicio público esencial o parte del mismo y eso es lo que parece plantear ese sistema de mediación obligatoria y previa al acceso a la tutela judicial efectiva.

CSIF lamenta que, una vez más, se acuse a los ciudadanos de “abusar” del ejercicio de un derecho fundamental que el Gobierno está obligado a facilitar conforme se establece en el artículo 9.3 y no a obstaculizar.

Una vez más, el Ministerio de Justicia decide tomar atajos que le liberen de su responsabilidad de dotar a la Administración que gestiona de los medios personales, materiales y organizativos suficientes y adecuados.

Con dotaciones de personal adecuadas, sistemas informáticos modernos, coherentes e interconectados, acometiendo la modernización interna de los Cuerpos de la Administración de Justicia y asegurando el reconocimiento laboral y retributivo adecuado de su personal, la Justicia no necesitaría externalizar ninguna de sus funciones ni servicios.

Evitar una Gran Divergencia: Una encrucijada en el camino de la economía mundial

Por Kristalina Georgieva

Fondo Monetario Internacional Blog diálogo a fondo

Mientras los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 se reúnen virtualmente esta semana, el mundo continúa recuperándose de la peor recesión en tiempos de paz desde la Gran Depresión.

El FMI proyectó recientemente un crecimiento del PIB mundial de 5,5% para este año y de 4,2% para 2022. Sin embargo, va a ser una recuperación larga e incierta. La mayor parte del mundo se enfrenta a una lenta distribución de las vacunas mientras se propagan nuevas mutaciones del virus, y las perspectivas de recuperación presentan peligrosas divergencias entre países y regiones.

No cabe duda de que la economía mundial se halla ante una encrucijada. La pregunta es: ¿tomarán las autoridades medidas para evitar esta Gran Divergencia?

Como se señala en nuestra nota para la reunión del G-20, existe un riesgo considerable de que, mientras las economías avanzadas y algunas de mercados emergentes se recuperan a mayor velocidad, la mayoría de los países en desarrollo languidezcan durante años. Esto agravaría no solo la tragedia humana de la pandemia, sino también el sufrimiento económico de los más vulnerables.

Estimamos que, para el final de 2022, el ingreso per cápita acumulado será un 13% inferior a las proyecciones previas a la crisis en las economías avanzadas, frente a 18% en los países de bajo ingreso y 22% en las economías emergentes y en desarrollo, excluida China. Este impacto previsto en el ingreso per cápita incrementará en varios millones el número de personas en situación de pobreza extrema en el mundo en desarrollo.

Por lo tanto, la convergencia entre países ya no puede darse por sentada. Antes de la crisis, pronosticamos una reducción de las brechas de ingreso entre las economías avanzadas y 110 países de economías emergentes y en desarrollo para el período 2020–22. Sin embargo, ahora estimamos que tan solo 52 economías lograrán convergir durante ese período, mientras que otras 58 se quedarán rezagadas.

En parte, esto se debe al acceso desigual a las vacunas. Incluso en el mejor escenario, se espera que la mayoría de las economías en desarrollo no alcancen una cobertura vacunal generalizada hasta finales de 2022 como pronto. Algunas están especialmente expuestas a sectores muy perjudicados por la pandemia, como el turismo y las exportaciones de petróleo, y la mayoría están lastradas por su limitado margen de maniobra presupuestario.

El año pasado, las economías avanzadas desplegaron en promedio un 24% de su PIB en medidas fiscales, frente a tan solo 6% en los mercados emergentes y menos de 2% en los países de bajo ingreso. Las comparaciones entre países también muestran que medidas de apoyo más sustanciales se asociaron en muchos casos con una menor pérdida de empleo.

Además, no se trata solo de divergencias entre países. También observamos una aceleración de la divergencia dentro de los países: los jóvenes, los trabajadores menos cualificados, las mujeres y los trabajadores informales se han visto afectados de manera desproporcionada por la pérdida de puestos de trabajo. Y millones de niños todavía sufren interrupciones en su educación. Permitir que se conviertan en una generación perdida sería un error imperdonable.

Se agravarían igualmente las cicatrices económicas duraderas dejadas por la crisis, lo que complicaría aún más el objetivo de reducir la desigualdad e impulsar el crecimiento y el empleo. Pensemos en los retos que nos esperan: solo para el conjunto de las economías del G-20 (con la exclusión de India y Arabia Saudita por limitaciones de los datos), se proyecta que se pierdan más de 25 millones de puestos de trabajo este año y cerca de 20 millones en 2022, con respecto a las proyecciones previas a la crisis.

Así que una vez más nos hallamos ante una encrucijada, y si queremos revertir esta peligrosa divergencia entre países y dentro de ellos, debemos adoptar ya medidas de política contundentes. Veo tres prioridades:

Primero, redoblar los esfuerzos para acabar con la crisis sanitaria.

Sabemos que la pandemia no habrá terminado en ninguna parte hasta que termine en todas partes. Aunque últimamente se han reducido las nuevas infecciones en todo el mundo, nos preocupa que hagan falta varias rondas de vacunación para mantener la inmunidad frente a las nuevas variantes.

Por eso necesitamos una cooperación internacional mucho más fuerte que permita acelerar la distribución de vacunas en los países más pobres. Disponer de financiamiento adicional para adquirir dosis y cubrir las necesidades logísticas resulta fundamental. También lo es una redistribución oportuna de las vacunas sobrantes de países excedentarios a países deficitarios, así como una significativa ampliación de la capacidad de producción de vacunas para 2022 y años sucesivos. Proporcionar un seguro a los fabricantes de vacunas contra los riesgos de pérdidas por sobreproducción puede ser una opción digna de consideración.

También debemos garantizar un mayor acceso a terapias y pruebas diagnósticas, incluida la secuenciación del virus, y evitar restricciones a la exportación de suministros médicos. Los argumentos económicos a favor de la acción coordinada son abrumadores. Un avance más rápido en la batalla contra la crisis sanitaria podría traducirse en un incremento acumulado del ingreso mundial de 9 billones de dólares en el período 2020–25. Esto reportaría beneficios a todos los países, incluidos unos 4 billones de dólares para las economías avanzadas, lo que supera con creces cualquier medida de los costes relacionados con las vacunas.

Segundo, intensificar la lucha contra la crisis económica.

Con los países del G-20 a la cabeza, el mundo ha adoptado medidas sincronizadas nunca antes vistas, incluidos casi 14 billones de dólares en medidas fiscales. Los gobiernos deben consolidar estas medidas manteniendo el apoyo fiscal —debidamente calibrado y focalizado en función de la fase de la pandemia, el estado de sus economías y su espacio de política.

La clave es ayudar a mantener los medios de vida y, al mismo tiempo, tratar de evitar la quiebra de empresas que en otras circunstancias serían viables. Para eso no solo hacen falta medidas fiscales, sino que también hay que mantener unas condiciones financieras favorables mediante políticas monetarias y financieras acomodaticias que apuntalen el flujo de crédito a hogares y empresas.

La considerable expansión monetaria de los principales bancos centrales también ha posibilitado que varias economías en desarrollo vuelvan a tener acceso a los mercados internacionales de capitales y reciban financiamiento a tasas de interés históricamente bajas para hacer frente a sus gastos, pese a sufrir recesiones históricas. Dada la gravedad de la crisis, no hay ninguna alternativa al mantenimiento del apoyo de la política monetaria. Pero existen preocupaciones legítimas sobre las consecuencias no deseadas de estas medidas, incluidas la excesiva asunción de riesgos y la euforia de los mercados.

Un riesgo para el futuro —especialmente en vista de las recuperaciones divergentes— es la posible volatilidad del mercado en respuesta a cambios de las condiciones financieras. Los principales bancos centrales tendrán que comunicar con mucho cuidado sus planes en materia de política monetaria para evitar una volatilidad excesiva en los mercados financieros, tanto en sus países como en el resto del mundo.

Tercero, reforzar el apoyo a los países vulnerables.

Dado que sus recursos y el margen de maniobra de sus políticas son limitados, muchos países de mercados emergentes y de bajo ingreso podrían enfrentarse en breve a una elección imposible: mantener la estabilidad macroeconómica, hacer frente a la crisis sanitaria o cubrir las necesidades básicas de sus habitantes.

El aumento de su vulnerabilidad no solo afecta a sus propias perspectivas de recuperación de la crisis, sino también a la velocidad y la magnitud de la recuperación a escala mundial, y puede ser una fuerza desestabilizadora en varias zonas ya de por sí frágiles. Los países vulnerables necesitan ayudas sustanciales en el marco de un esfuerzo integral.

El primer paso debe darse en los propios países, cuyos gobiernos han de recaudar más ingresos, incrementar la eficiencia del gasto público y mejorar el contexto empresarial. Al mismo tiempo, las iniciativas internacionales son vitales para seguir incrementando el financiamiento en condiciones concesionarias y movilizar financiamiento privado, incluso mediante instrumentos de distribución del riesgo más sólidos.

Otra opción que se está sopesando es una nueva asignación de DEG para contribuir a satisfacer la necesidad a largo plazo de reservas en todo el mundo. Esta asignación podría suponer una inyección directa y sustancial de liquidez para los países, sin incrementar su endeudamiento. Asimismo, podría aumentar la capacidad de los donantes bilaterales para proporcionar nuevos recursos para ayudas en condiciones concesionarias que permitan financiar gastos en salud, entre otros. Una asignación de DEG ayudó al mundo a afrontar la crisis financiera mundial en 2009, y podría volver a sernos de gran utilidad en la actual tesitura.

Aplicar un enfoque integral también implica afrontar la deuda. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20 (ISSD) liberó con rapidez recursos vitales. El nuevo Marco Común puede ir aún más allá, al facilitar el tratamiento oportuno y ordenado de la deuda para países que cumplen las condiciones de la ISSD, con una amplia participación de acreedores, incluido el sector privado. Estos tratamientos deberían incluir el reperfilamiento del servicio de la deuda para ayudar a países que tienen grandes necesidades de financiamiento, y un alivio más profundo allí donde la carga de la deuda se haya tornado insostenible. Ahora que las primeras solicitudes ya han llegado, todos los acreedores —públicos y privados— deberían poner en funcionamiento rápidamente el Marco Común.

Por su parte, el FMI ha intensificado de forma inusitada sus esfuerzos proporcionando más de 105.000 millones de dólares en nuevo financiamiento a 85 países y alivio del servicio de la deuda para los países miembros más pobres. Nuestro objetivo es llegar aún más lejos para apoyar a nuestros 190 países miembros en 2021 y en lo sucesivo.

Esto incluye respaldar las iniciativas de modernización de la tributación internacional de las empresas. Necesitamos un sistema que sea verdaderamente apropiado para la economía digital y se ajuste más a las necesidades de los países en desarrollo. En este ámbito, serán esenciales esfuerzos multilaterales para contribuir a lograr que empresas sumamente rentables paguen impuestos en los mercados en los que operan y refuercen así las finanzas públicas.

Todas estas medidas de política pueden ayudarnos a atajar la Gran Divergencia. Puesto que disponen de los recursos necesarios, las economías avanzadas continuarán invirtiendo en capital humano, infraestructura digital y la transición a la nueva economía del clima. Es vital que los países más pobres tengan el apoyo que necesitan para poder realizar inversiones similares, especialmente en las medidas de adaptación al cambio climático —generadoras de mucho empleo— que serán imprescindibles a medida que nuestro planeta se caliente.

La alternativa —dejar atrás a los países más pobres— solo afianzaría la desigualdad extrema. Aún peor, constituiría una grave amenaza para la estabilidad socioeconómica en todo el mundo. Y sería una oportunidad histórica perdida.

Podemos inspirarnos en la espectacular cooperación internacional que nos ha permitido disponer de vacunas eficaces en tiempo récord. Ese espíritu es ahora más importante que nunca para superar esta crisis y lograr una recuperación fuerte e inclusiva.

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Viernes 26 de febrero de 2021

La Moncloa

Actualización nº 321. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 26.02.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 26.02.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.188.553 casos confirmados de COVID-19 y 69.142 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Por muy buenas leyes que haya, sin recursos no habrá igualdad real

UGT

Cristina Antoñanzas, durante su intervención en la III Edición de Mujeres Inspiradoras convocada por UGT-L’Alacantí La Marina del País Valenciano, destaca que La negociación de los planes de igualdad debe tener el mismo rango que los convenios colectivos

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha manifestado que “podemos tener unas leyes importantísimas y fundamentales, pero si no hay recursos y dinero detrás, no será posible la igualdad real entre hombres y mujeres”. En este sentido, ha instado al Gobierno y a las empresas a poner los medios necesarios, y ha puesto de ejemplo lo que ocurre con los planes de igualdad, no basta negociarlos, hay que hacer un seguimiento de si se cumplen o no. “Podemos tener la mejor ley, pero si no se aplica y no se aborda en las empresas, no sirve de nada. Por muy buenas leyes que haya, sin recursos no habrá igualdad real”.

Antoñanzas, que ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la III edición de Mujeres Inspiradoras, ha destacado que, aunque ha habido pequeños avances en materia de igualdad, es preciso aplicar una salida a esta crisis, provocada por la Covid 19, desde la perspectiva de género, lo que requiere cambiar, desde el diálogo social, el modelo productivo, y repensar el mercado laboral y nuestro sistema de protección social”.

Ha afirmado que la pandemia ha puesto de manifiesto que “es urgente” impulsar políticas que recorten las brechas en el empleo; y derogar las reformas laborales porque profundizan en la temporalidad, la precariedad y la parcialidad, que afectan fundamentalmente a las mujeres.

Asimismo, ha instado al Gobierno” a poner en marcha políticas públicas que atajen los graves problemas de nuestro Estado de Bienestar, que soportan y perjudican clarísimamente a las mujeres. Estoy hablando de corresponsablidad, cuidados, etc.”

La Covid ha tenido repercusiones muy negativas sobre el empleo

La Vicesecretaria General de UGT ha dado algunas cifras sobre el impacto de la pandemia en las mujeres, según la última EPA: “el 46% de las personas ocupadas son mujeres, mientras su peso en el desempleo es del 53,5% y la inactividad es del 57,3%. Además, la tasa de paro femenina se sitúa en el 18,33% frente a la masculina, que se encuentra en el 14,17%”.

Unas cifras que podrían ser más negativas para todos si no se hubieran alcanzado los acuerdos sobre ERTEs en el marco del diálogo social. No obstante, ha insistido en derogar las reformas laborales para evitar “una debacle sobre el empleo” y ha demandado poner en marcha un Plan de Empleo.

Los planes de igualad se equiparan a convenios colectivos

Antoñanzas ha hecho hincapié en que la brecha salarial persiste. Se situó en el 21,41%, según los últimos datos facilitados por el INE referentes a 2018 y las mujeres ganaron de media al año 5.726,30 euros menos que los hombres.

Una realidad más visible ahora si tenemos en cuenta que “muchas de las personas trabajadoras que han estado en primera línea de la lucha en esta crisis sanitaria, han sido mujeres con salarios inferiores a los de sus compañeros, pese a que desempeñaban el mismo trabajo.

Antoñanzas ha puesto en valor la aprobación, en el marco del diálogo social, del decreto sobre planes de igualdad en las empresas (todas las empresas con más de 50 trabajadores en el año 2022, estarán obligadas a contar con un plan de Igualdad) y la obligatoriedad de que todas las empresas cuenten con un registro salarial, pero ha añadido que, para acabar con la brecha salarial, entre hombres y mujeres, es preciso que las empresas cumplan la legislación.

Asimismo, ha recalcado que una sentencia del Supremo demuestra que “la negociación de los planes de igualdad debe tener el mismo rango que los convenios colectivos”, algo que deberíamos poner en carteles en todas las empresas “porque es fundamental”.

Ha destacado que “estamos teniendo muchos problemas para abordar los registros salariales”, y ha incidido en hay que tener en cuenta no solo los salarios bases, donde la brecha es muy pequeña, sino también todos los conceptos, incluidos los complementos y salarios en especie, donde la brecha aumenta exponencialmente.

En este sentido, ha señalado que UGT está trabajando en una guía para negociar los planes de igualdad y saber cómo se deben hacer los registros salariales, para que haya transparencia en las empresas. Asimismo, se darán cursos de formación a los delegados y delegadas del sindicato sobre este asunto.

9 de cada 10 mujeres que piden la excedencia por cuidado familiar son mujeres

También ha señalado que la pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias de nuestro sistema de protección social y nuestro sistema sanitario “esquilmados” por años de recorte y austeridad y que han podido resistir “gracias a la voluntad y esfuerzo de las personas trabajadoras”. Ha destacado que, en España, 9 de cada 10 personas que piden la excedencia por cuidado familiar son mujeres. Algo que ocurría ya antes de la Covid.

Asimismo, ha resaltado que esta crisis ha impuesto otra organización del trabajo, como es el teletrabajo o trabajo a distancia y que en el segundo y tercer trimestre de 2020 un 8,92% de la población asalariada trabajó desde sus casas más de la mitad de los días de la semana, siendo más las mujeres que los hombres.

Ha recordado que también fruto del diálogo social se ha consensuado una Ley de Trabajo a distancia y del teletrabajo para regularlo e impedir abusos, en la que se deja claro que “teletrabajar no es conciliar”. Una ley que establece los mismos derechos y obligaciones que el trabajo presencial pero que necesita de un desarrollo en la negociación colectiva.

Por último, Cristina Antoñanzas ha afirmado que “el sindicalismo de clase y feminista tiene que ser con letras mayúsculas, se deben abordar todas estas cuestiones dentro y fuera de las empresas y deben tener un nexo de conexión” .

Precisamente en el manifiesto con motivo del Día internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, los sindicatos pedimos negociar desde el diálogo social todas las políticas para avanzar hacia la igualdad real. Solicitamos entre otras cuestiones diseñar una ley de igualdad salarial, derogar la reforma laboral, incrementar el SMI, dignificar el cuidado y distintas políticas efectivas con perspectiva de género en diversos ámbitos.

El indicador de estrés de los mercados de la CNMV desciende significativamente

22 de febrero de 2021

• La Nota sobre Estabilidad Financiera de la CNMV analiza trimestralmente los riesgos que afectan a los mercados españoles
• Desde la publicación de la última nota en noviembre, el indicador de estrés de los mercados financieros españoles se ha situado cerca del umbral que marca un estrés bajo por la evolución positiva de los seis segmentos del sistema financiero considerados

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho pública la Nota de estabilidad financiera correspondiente al mes de enero de 2021, que refleja una disminución significativa del nivel de estrés en el sistema financiero. Este índice ha pasado de valores cercanos a 0,50 en el último número de esta nota a niveles próximos a 0,30, muy cerca del umbral que separa el nivel de estrés medio del bajo. Todos los segmentos han mostrado disminuciones, si bien el de los intermediarios financieros (bancos) sigue siendo el mayor. La correlación del sistema se mantiene alta.

Indicador de estrés total Indicadores en el segmento de bonos, intermediarios financieros y renta variable

La evolución de la situación macroeconómica en España continúa mostrando la dureza de la crisis del coronavirus. En la nota se considera que este riesgo es el más elevado dentro del conjunto de riesgos y fuentes de incertidumbre analizados en este informe. Así, el PIB registró una contracción sustancial en 2020 (del 11%), más intensa que en la zona euro (del 6,8%) y la tasa de paro aumentó hasta el 16,1% de la población activa (13,8% en 2019). Además, los últimos datos disponibles en el ámbito del sector público sugieren que el déficit podría haber superado el 10% del PIB en 2020 mientras que la deuda pública se habría situado por encima del 116% del PIB. Los indicadores del cuarto trimestre del año pasado apuntaban una cierta mejora de la actividad y del empleo, pero son previos al desarrollo de la tercera ola de contagios. Por tanto, las previsiones de recuperación, que sitúan el avance del PIB este año en un rango que oscila entre el 4,2% y el 8,6%, continúan estando sujetas a un grado elevado de incertidumbre.

La evolución de los mercados financieros nacionales desde la publicación de la última nota ha mostrado un cierto giro en el caso de la renta variable, en la que han predominado las revalorizaciones. El periodo alcista del tramo final de 2020 fue algo más intenso que en otras bolsas europeas, y estuvo asociado a diferentes noticias favorables, pero no impidió que el balance anual del Ibex 35 fuera de los más negativos en Europa. Como se ha indicado en otras ediciones de este informe, el índice español presenta una ponderación superior de los sectores más afectados por la crisis lo que, en parte, explica su comportamiento más débil. Con todo, en las sesiones más recientes se han producido aumentos en las cotizaciones de algunas compañías y sectores que han atenuado las fuertes pérdidas acumuladas desde marzo de 2020. Por su parte, en los mercados de renta fija se siguen observando los mismos patrones: rentabilidades y primas de riesgo muy reducidas, coherentes con la política monetaria actual y que incentivan estrategias inversoras de búsqueda de rentabilidad.

Los riesgos de carácter financiero más relevantes identificados en esta nota están relacionados con el riesgo de mercado en determinadas categorías de activos de renta fija, que podrían experimentar repuntes en sus primas de riesgo (y, por tanto, caídas en su precio) si se materializa algún desencadenante. Este riesgo es relevante para los emisores de estos activos y también para los inversores con exposición a ellos, que pueden verse afectados además por el riesgo de liquidez. En este contexto, una de las tareas más importantes de la CNMV consiste en la evaluación continua de la exposición de los fondos de inversión a activos potencialmente menos líquidos y de peor calidad crediticia.

Finalmente, los indicadores habituales de riesgo de crédito no apuntan a un deterioro significativo en este ámbito si bien es preciso ser cautos en esta valoración, puesto que estos indicadores no consideran la evolución de las empresas más pequeñas que, en general, se están viendo más afectadas por la crisis.

Finalmente la nota alude a diversas fuentes de riesgo que pueden acabar teniendo relevancia en términos de estabilidad financiera en el contexto actual. Entre ellas destacan aquellas relacionadas con el aumento de las actividades no presenciales y todo lo que ello conlleva en relación con el riesgo de ciberseguridad y de incremento de actividad por parte de inversores individuales, con las implicaciones del presente contexto de tipos de interés reducidos y con algunas de naturaleza política. También se alude a la evolución de las criptomonedas para señalar que su evolución no representa, por el momento, un riesgo relevante para la estabilidad financiera, pero que podría suscitar preocupaciones relacionadas con la protección del inversor por aspectos como su alto riesgo, su complejidad, su iliquidez y falta de transparencia o la ausencia de un marco regulatorio.

La Nota de Estabilidad Financiera presenta un amplio panel de indicadores, entre los que destacan el indicador de estrés de los mercados financieros españoles y los denominados mapas de color (también conocidos como mapas de calor). El primero proporciona una medida en tiempo real del riesgo sistémico en el sistema financiero español, que oscila entre 0 y 1 y se obtiene mediante agregación ponderada de los niveles de estrés estimados en los seis segmentos siguientes: renta variable, renta fija, intermediarios financieros, mercados monetarios, derivados y mercado de cambios Los mapas de color permiten visualizar la evolución de las categorías de riesgo.

Indicador de estrés de los mercados financieros españoles

Explotación estadística del ‘Informe CBC’ de 2017

Las multinacionales españolas pagan por el Impuesto sobre Sociedades a nivel mundial el 17% de su beneficio

Jueves 25 de febrero de 2021

La Moncloa

El pago del Impuesto sobre Sociedades en todo el mundo supuso 15.017 millones de euros a las 112 multinacionales españolas que en 2017 contaban con una facturación anual de más de 750 millones de euros.

Esa cuantía total de impuesto pagado representó el 17% de su beneficio global, que alcanzó los 88.398 millones de euros. Medido en términos de devengo, no de caja, el impuesto alcanzó un total de 14.786 millones para estos grupos, un 16,7% del beneficio.

Los datos figuran en la segunda edición del análisis anual que elabora la Agencia Tributaria a partir de la información suministrada por las empresas a través del modelo 231 de declaración de información ‘País por país’ (‘Country by country report’, CBC por sus siglas en inglés), declaración que tiene por objeto recopilar datos agregados del colectivo para el intercambio de información entre administraciones tributarias que se establece en los acuerdos ‘BEPS’ (‘Erosión de Bases y Traslado de Beneficios’) de la OCDE. El estudio se encuentra publicado en la página web de la Agencia.

El análisis efectuado por la Agencia Tributaria, ofrece de forma agregada la información de los 112 mayores grupos de matriz española y sus 14.996 filiales, de ellas 9.939 extranjeras. Estas multinacionales conjuntamente sumaron una facturación mundial de 806.441 millones de euros en 2017.

Con vocación de transparencia, se pretende así aportar información útil para los estudios y análisis del público en general, y de los investigadores en particular, contribuyendo al debate internacional sobre la tributación de los grandes grupos societarios, sobre cómo distribuirla entre los países en los que operan y sobre el establecimiento de un suelo de tributación.

Distribución por tramos de tipo efectivo

La segunda edición de esta estadística vuelve a mostrar una gran dispersión de tipos efectivos sobre beneficios. De acuerdo con los datos suministrados por las propias empresas en sus CBC, las 57 empresas con los tipos efectivos de tributación más bajos únicamente representaron el 17,6% del impuesto pagado por el conjunto del colectivo, a pesar de concentrar el 50% del beneficio.

El análisis del CBC se efectúa también en términos de impuesto devengado. Los impuestos devengados y los pagados no coinciden debido a que el criterio de cómputo es diferente.

En devengo, el impuesto será la cuota líquida del ejercicio fiscal 2017, formada por la suma de los pagos fraccionados y la cuota diferencial del mismo año fiscal 2017. En cambio, el impuesto «pagado» es la combinación de los pagos fraccionados de 2017 y la cuota diferencial de 2016. Esta diferencia hace que, por ejemplo, los créditos fiscales aplicados que se incluyen en uno u otro concepto (devengado y pagado), resulten diferentes.

Objetivo del análisis y diferencias con las estadísticas españolas

El estudio sobre el CBC complementa la información que viene publicando la Agencia sobre los datos declarados en Sociedades por las empresas individuales y los grupos consolidados españoles.

La Agencia Tributaria viene publicando estadísticas basadas en los datos declarados en el Impuesto sobre Sociedades en España, donde se ofrecen los tipos efectivos a los que tributan las empresas y grupos en nuestro país, calculando estos tipos tanto sobre las bases imponibles del impuesto como sobre los resultados contables declarados, incluyendo dentro de estos últimos las rentas obtenidas en el exterior y susceptibles de haber tributado en otros países.

Por tanto, en el caso de las empresas globalizadas la información presentada no era completa al no disponerse todavía de información sobre su tributación en el resto de los países. Con este análisis del CBC se completa la información puesto que se publican los impuestos devengados y los que se consideran pagados por los grandes grupos españoles en todo el mundo gracias a la declaración ‘País por país’.

En todo caso, la información referida al CBC no es comparable con la existente en las estadísticas publicadas por la AEAT sobre la tributación en España, al existir grandes diferencias metodológicas.

La principal diferencia estriba en el concepto de ‘beneficio’ que recoge el CBC y el que figura en las Cuentas Anuales Consolidadas de Sociedades que publica la Agencia. En el CBC se hace referencia a un beneficio neto; es decir, una vez descontadas las pérdidas de todas las filiales de un grupo en una misma jurisdicción fiscal.

En cambio, en las Cuentas Anuales se toma como referencia el beneficio bruto (no considera las pérdidas), que se entiende como una magnitud más precisa y cercana a la filosofía de un impuesto que sólo pretende gravar los resultados positivos.

Al tomarse en el CBC los beneficios netos, descontando las pérdidas, los tipos impositivos resultantes son superiores a los que se obtendrían si el CBC incluyera el beneficio bruto.

¿Qué es el ‘CBC’?

El ‘Country by country’ (CBC), o información ‘País por país’, es un modelo de declaración informativa que deben presentar, en su domicilio fiscal de residencia, las matrices de multinacionales con cifra neta de negocios consolidada a nivel mundial superior a 750 millones de euros. La información, que debe afectar al conjunto de entidades que formen parte del grupo fiscal, se presenta en España a través del modelo 231 de declaración y le corresponde la presentación a las multinacionales de matriz española.

El objetivo del CBC es recopilar datos agregados y anonimizados de este colectivo de grandes multinacionales para el intercambio de información establecido en las acciones 11 y 13 de los ‘Acuerdos BEPS’, de manera que se proporcione a los Estados una perspectiva global de la actividad intragrupo de sus mayores multinacionales.

La información remitida por las matrices de todas sus filiales en el extranjero para el ejercicio fiscal iniciado a partir del 1 de enero de 2017 incluye el detalle de las siguientes variables por cada una de las jurisdicciones (países) en las que operan:
•Número de entidades (filiales) que forman parte del grupo
•Cifra de negocios
•Beneficios (pérdidas) antes de impuestos
•Impuesto sobre Sociedades (pagado y en devengo)
•Capital y reservas
•Número de trabajadores
•Activos tangibles (inmovilizado material)

24 de febrero 2021

​​​El Sandbox financiero recibe en su primera convocatoria un total de 67 proyectos

​El elevado número de solicitudes recibidas, al nivel de otras iniciativas líderes en Europa, pone de manifiesto el interés de las empresas en acceder a este espacio controlado de pruebas, así como el impulso innovador del sector financiero español

Se han presentado proyectos por parte de promotores extranjeros, procedentes de países como Israel y Canadá, entre otros

En cuanto a la innovación tecnológica empleada, muchos de los proyectos se basan en biometría e identidad digital, tecnología de registros distribuidos (blockchain), computación en la nube, inteligencia artificial, Internet de las Cosas y Big Data

El Sandbox financiero es un espacio controlado y seguro de pruebas que permite el despliegue de innovaciones tecnológicas con seguridad que puedan servir, en particular, para mejorar los servicios a los clientes o la actividad de los supervisores

Este viernes se reúne la Comisión de Coordinación del Sandbox y estudiará la posibilidad de ampliar el plazo de remisión de informes preliminares por los supervisores de uno a dos meses

Los proyectos admitidos provisionalmente dispondrán de un plazo de tres meses para suscribir un protocolo con el supervisor o supervisores competentes. Sólo entonces podrá dar comienzo el periodo de pruebas

El Tesoro tiene previsto lanzar otra convocatoria en junio, cumpliendo así el objetivo de realizar dos procesos de selección anuales

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha recibido un total de 67 solicitudes en la primera convocatoria realizada para acceder al espacio controlado de pruebas previsto en la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero.

Las solicitudes recibidas se trasladarán al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por razón de la materia del proyecto para su evaluación y emisión del informe motivado. La Comisión de Coordinación del Sandbox decidirá en la reunión que se celebrará el próximo viernes la posible ampliación del plazo de evaluación de uno a dos meses.
El elevado número de solicitudes recibidas, al nivel de otras iniciativas líderes en Europa, pone de manifiesto el interés de las empresas en acceder a este espacio controlado de pruebas. Hay que destacar también la presentación de proyectos por parte de promotores extranjeros, procedentes de países como Israel y Canadá, entre otros.
En cuanto a la innovación tecnológica empleada, muchos de los proyectos se basan en biometría e identidad digital, tecnología de registros distribuidos (blockchain), computación en la nube, inteligencia artificial, Internet de las cosas y Big Data.

Muchos de los proyectos presentados a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional tienen entre sus objetivos la facilitación del cumplimiento normativo mediante la creación de herramientas que proporcionan a las entidades capacidad para la automatización de procesos que antes debían realizar manualmente, la mejora de la regulación a través de la introducción de soluciones novedosas que facilitan una valoración de riesgos financieros más precisa y la aportación de beneficios para los usuarios de servicios financieros poniendo a su disposición nuevos servicios financieros o permitiéndoles realizar transacciones de modo más eficiente.
Este espacio controlado de pruebas favorece el análisis del encaje de estas innovaciones con la regulación actual, antes de su entrada en el mercado, o sus posibles efectos directos o indirectos en la protección de los consumidores o la estabilidad financiera.

Esta iniciativa permitirá a los promotores ajustar sus iniciativas y a los reguladores y supervisores incorporar los cambios que se consideren necesarios. Asimismo, incrementará la seguridad de los consumidores financieros, en la medida en que los proyectos solo accederán al mercado una vez se haya comprobado por los supervisores el pleno respeto de sus derechos.
De esta forma, se responde a la necesidad de impulsar la innovación como elemento esencial para un desarrollo económico sostenible y equitativo y se garantiza que el cambio tecnológico protege al consumidor de servicios financieros, mantiene la estabilidad financiera y la integridad de los mercados e impide la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
España se suma así a otros países a la vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero y da respuesta a las recomendaciones de diversas instituciones y foros internacionales.

Proceso de evaluación

Una vez analizadas las solicitudes por los supervisores, el Tesoro publicará en su sede electrónica el listado de proyectos que hayan recibido una evaluación previa favorable y emitirá resolución motivada en aquellos casos en que la evaluación no sea positiva. Desde este momento, el promotor dispondrá de tres meses para suscribir con la autoridad competente un protocolo en el que se establezcan las normas y condiciones a las que se sujetará el proyecto piloto en el que se desarrollarán las pruebas.

Una vez aprobado el protocolo de pruebas, el promotor procederá a recabar el consentimiento informado de los participantes. Acreditado este aspecto ante la autoridad supervisora responsable para efectuar el seguimiento, podrán dar comienzo las pruebas integrantes del proyecto piloto según los términos recogidos en el protocolo y de conformidad con lo previsto en la ley.

De forma simultánea, el Tesoro trabajará en la publicación de la segunda convocatoria, que está previsto que se realice a lo largo del mes de junio, cumpliendo así el objetivo de realizar dos procesos de selección anuales.​

Luis Planas: “Agricultores y ganaderos reivindican precios dignos y piden ayudas justas”

23/02/2021

El ministro afirma que con el real decreto de transición de la Política Agraria Común (PAC), cuando se alcance el final del periodo de convergencia, dos agricultores y ganaderos que realizan la misma actividad, en las mismas condiciones, percibirán la misma cuantía de ayudas

Reclama, en el pleno del Senado, “unidad” en la negociación de la PAC para apoyar a todos los agricultores y ganaderos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado hoy en el Senado que “los agricultores y ganaderos reivindican precios dignos y piden ayudas justas”.

Ha añadido, en referencia al real decreto de transición de la Política Agraria Común (PAC) en España para los años 2021 y 2022, que el objetivo es que, al final del periodo de convergencia, dos agricultores y ganaderos que realizan la misma actividad, en las mismas condiciones, percibirán la misma cuantía de ayudas.

Ha reclamado a los senadores “unidad” para trabajar y apoyar a todos los agricultores y ganaderos. Ha incidido en que el proceso de la negociación de la PAC ha sido público y transparente, ya que desde que tomó posesión como ministro se han celebrado más de 200 reuniones con cooperativas y organizaciones agrarias, comunidades autónomas y todas las organizaciones representativas del sector para lograr un elevado grado de consenso.

Ha remarcado que tanto este año como al siguiente, agricultores y ganaderos contarán con 7.200 millones de euros cada año en ayudas del primer y segundo pilar (ayudas directas y de desarrollo rural). Ha pedido, dirigiéndose a la oposición, “unan y no dividan y se lo agradecerán agricultores y ganaderos”.

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Jueves 25 de febrero de 2021

La Moncloa

Actualización nº 320. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 25.02.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 25.02.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones decaso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.180.212 casos confirmados de COVID-19 y 68.813 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Tres víctimas detectadas

La Policía Nacional detiene en Madrid a un individuo que estafó más de 300.000 euros a varios clientes del banco en el que trabajaba

El arrestado aprovechaba su condición de empleado para acceder de forma no autorizada a la banca electrónica del cliente y generar nuevas claves de acceso, abriendo nuevas cuentas en bancos virtuales para transferir el dinero

Conseguía los datos de las víctimas a través de la información facilitada por un contacto que trabajaba en una empresa de verificación de identidades de personas

Cometió una estafa por importe de 16.000 euros sobre la cuenta bancaria de una persona que llevaba 20 años fallecida, y que no había sido cancelada ni reclamada por ningún familiar

22/02/21
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un individuo que, aprovechando su condición de empleado de un banco, estafó, presuntamente, a sus propios clientes mediante suplantaciones de identidad. Llegó a conseguir un botín de 303.000 euros cometiendo los presuntos delitos de estafa, usurpación de identidad, revelación de secretos y falsedad documental. Los agentes están investigando a otras nueve personas más por los mismos hechos

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de estafas bancarias a través de la intrusión no autorizada en las cuentas corrientes de los clientes de una entidad bancaria. Concretamente, los policías detectaron que el investigado aprovechaba su condición de empleado para cometer los ilícitos, al disponer de un nivel de acceso suficiente como para modificar datos de las bancas en línea de aquellos clientes que consideraba más idóneos.

Una vez dentro de la banca electrónica del cliente generaba nuevas claves de acceso para, transcurrido un tiempo prudencial y habiéndose asegurado de que esos subterfugios no habían sido detectados ni por sus víctimas ni por la entidad financiera, abrir cuentas bancarias en diferentes bancos virtuales a nombre de la víctima para no levantar sospechas. Paralelamente abría otras cuentas, esta vez a nombre de terceras personas, para poder continuar realizando trasferencias del dinero estafado y ocultar su distribución y localización hasta que, finalmente, conseguía reducir los saldos a cero y se apropiaba del botín.

Conseguía todos los datos de primera mano gracias a un contacto

Para conseguir las documentaciones de identidad necesarias para abrir las diferentes cuentas bancarias con las que dificultaba la trazabilidad del dinero, el detenido contaba con la ayuda de un trabajador de una empresa de verificación de identidades. Estas mercantiles prestan sus servicios a entidades financieras, agencias de viajes, compañías aéreas y el sector del automóvil, entre otros, verificando la identidad de los clientes que contratan sus servicios. De este modo, conseguía de primera mano todos los datos necesarios de las personas a las que suplantaba la identidad (cuentas corrientes, créditos, tarjetas, DNI, NIE o pasaporte), así como las fotografías de los documentos de identidad.

Tras analizar todos los datos obtenidos, los agentes arrestaron al presunto autor y llevaron a cabo dos registros domiciliarios donde intervinieron 41.400 euros, 18.000 yenes y 2.000 dólares USA. Además han sido bloqueadas preventivamente 19 cuentas bancarias.

Los policías han esclarecido una estafa principal sobre cuentas bancarias de una primera víctima por un montante de más de 246.000 euros, otra mediante cheques bancarios por valor de más de 41.000 euros y, por último, una estafa por importe de 16.000 euros cometida sobre la cuenta bancaria de una persona que llevaba 20 años fallecida, y que no había sido cancelada ni reclamada por ningún familiar.

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa . Nota informativa 13. 2021

El Pleno del TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta senadores del PSOE contra la Ley del Suelo de Madrid

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 senadores del Grupo Parlamentario Socialista
contra la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda y demás documentos al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como a la Asamblea y al Gobierno de la
Comunidad de Madrid, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Los recurrentes denuncian la existencia de vicios en el procedimiento de aprobación de la Ley, determinantes de su inconstitucionalidad, y consideran que se han vulnerado los derechos fundamentales de la minoría parlamentaria al impedirles el ejercicio de su actividad legislativa, con afección del núcleo esencial de su función representativa parlamentaria ex art. 23.2 CE.

Madrid, 18 de febrero de 2021

UGT promueve la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda

17 febrero 2021

Ante el anuncio por el Gobierno de la presentación inminente de una Ley por el Derecho a la Vivienda estatal, nos hemos organizado rápidamente y queremos incidir directamente en la misma.

Para UGT el problema de la vivienda en España “es complejo, viene de lejos e intervienen muchos actores”, por eso hay que “dejar de hablar y empezar a hacer”, como ya pusimos de manifiesto en nuestra “iniciativa sindical por una vivienda digna” que presentamos en febrero del año pasado conjuntamente con CCOO (fruto de nuestra propia iniciativa un año antes), para garantizar el derecho constitucional y reconocido en la Carta Social Europea a una vivienda digna.

La vivienda hoy en día se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Tiene tanta importancia para su disponibilidad de renta, como negociar bien su convenio colectivo. Por eso hay que propiciar que se tomen medidas y se adopten políticas para tener una vivienda digna en unas condiciones compatibles con su salario”.

Así el aumento de la precariedad y los bajos salarios supone que en algunos casos se tenga que destinar hasta el 60-70% del salario al pago de una solución habitacional, y que en, otros muchos casos, ni siquiera pueden pagarse una vivienda.

En este sentido, promovemos conjuntamente la «Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la vivienda”, que se ha presentado hoy con el apoyo de 50 organizaciones en el Espacio ECOOO c/ Escuadra,11 – Madrid.

La Iniciativa se presentara este jueves ante los medios de comunicación junto con el Manifiesto elaborado conjuntamente; éste contiene tanto una síntesis de las reivindicaciones fundamentales que debe incluir la Ley, como el desarrollo explicativo que las concreta, con el firme objetivo de conseguir que esta Ley garantice de una vez y de manera efectiva el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía del estado.

La crisis ha agravado el problema de la vivienda en España para los trabajadores y trabajadoras, en los últimos años y más después de la reforma laboral, y ahora, la crisis sanitaria del COVID 19 que ha mostrado, más que nunca, que la vivienda es el soporte para el desarrollo de otros derechos humanos fundamentales como la dignidad, la intimidad, el desarrollo personal o la seguridad.

El problema de la vivienda ha sido denunciado por todo tipo de organizaciones y por el relator de Naciones Unidas. Esta vez vamos a encontrar una alternativa real a cantidad de sectores sociales que necesitan superar la emergencia habitacional: desde las personas sin hogar hasta la juventud que no puede formarlo, pasando por más del millón de hogares que han sido desahuciados de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca, la renta de alquiler o no tener título y por la enorme cantidad de familias que no pueden hacer frente ahora al pago del alquiler.

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Martes 23 de febrero de 2021

La Moncloa

Actualización nº 318. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 23.02.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 23.02.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.161.432 casos confirmados de COVID-19 y 68.079 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Informe de comercio exterior: enero-diciembre de 2020

Las exportaciones continúan en la senda de la recuperación y crecen en diciembre de 2020

Viernes 19 de febrero de 2021

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Las exportaciones de bienes en España crecen un 0,9% en diciembre de 2020 respecto al mismo mes de año anterior, el primer aumento desde marzo. Las exportaciones de bienes de España en 2020 han supuesto un 90% del valor exportado en 2019. El déficit comercial se redujo un 58% en 2020.

Las exportaciones españolas de bienes se incrementaron un 0,9% en diciembre de 2020 respecto al mismo mes del año anterior, el primer aumento desde marzo tras el impacto de la COVID-19. Así se muestra en los últimos datos de comercio exterior declarado de Aduanas presentados hoy por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez

Las exportaciones de bienes de España en 2020 han conseguido recuperarse progresivamente y situarse a niveles similares a los de hace un año con un 90% del valor exportado en 2019, aunque destaca que en diciembre de 2020 las exportaciones superaron el valor exportado en el mismo mes del año anterior.

Como destaca la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, «en diciembre, el sector exportador ya ha recuperado por completo su nivel de actividad previo a la pandemia, tras la intensa caída de las exportaciones entre marzo y mayo». Además, estos datos confirman que «nuestro sector exportador ha demostrado ser resiliente y muy competitivo en un año marcado por una crisis sanitaria sin precedentes que impactó en los flujos comerciales a nivel mundial».

De enero a diciembre de 2020, las exportaciones españolas de bienes alcanzaron los 261.175,5 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 274.597,5 millones de euros.

A pesar del difícil contexto económico actual, el número de exportadores regulares ha continuado aumentando (4,1%) hasta superar los 55.000, un nuevo récord histórico. Supone un incremento de más de 42.2% de exportadores desde 2010.

La recuperación de las exportaciones está siendo más dinámica que la de importaciones, lo que ha permitido que el saldo comercial registrara un déficit de 13.422,1 millones de euros, un 58% menos en comparación con el mismo periodo de 2019.

La tasa de cobertura en 2020 se situó en el 95,1%, 5 puntos más que la registrada en enero-diciembre de 2019.

Los sectores con mayor contribución positiva a la tasa de variación anual de las exportaciones fueron: alimentación, bebidas y tabaco, bienes de equipo y sector automóvil.

Estos sectores fueron también los que más contribuyeron al peso total de las exportaciones españolas en el 2020: bienes de equipo (representaron el 19,8% del total de las exportaciones), alimentación, bebidas y tabaco (19,6% del total), productos químicos (15,5% del total) y sector automóvil (14,8% del total) cuyo sector se fue recuperándose en los últimos meses de 2020.

Por destinos, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 60,5% del total del periodo de enero a diciembre 2020, mientras que las exportaciones a destinos extracomunitarios fueron el 39,5% del total, cifras en línea con el periodo anterior de 2019.

Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-22

Como subraya Xiana Méndez: «Las empresas españolas han afrontado esta difícil coyuntura internacional desde una posición muy sólida. Estamos convencidos que el comercio exterior volverá a ser motor de la recuperación de la economía española y creador de riqueza y empleo en nuestro país».

Por eso, uno de los principales objetivos de la Secretaría de Estado de Comercio es seguir impulsando y reforzando el sector exterior. Para ello, se pondrá en marcha el ‘Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-22’, que está alineado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El nuevo Plan 2021-2022 se centrará en tres líneas de actuación:
1.Configurar el sector exterior como pilar de crecimiento y empleo a través de la diversificación de las exportaciones y la implantación de empresas españolas en sectores y destinos estratégicos, así como atraer la inversión extranjera directa en sectores estratégicos.
2.Lograr una mayor resiliencia del tejido productivo y exportador potenciando los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización y acciones de soporte con especial atención a las PYMEs.
3.Promover la transformación digital y el desarrollo sostenible entre las empresas internacionalizadas.

El informe completo se puede consultar en esta dirección web.

23/02/21

La Guardia Civil desmantela un grupo dedicado a estafar a personas mayores a las que colocaban geolocalizadores

Mediante el método del “boleto premiado”, se estima que hayan conseguido un botín que supera 31.000 euros en dinero en efectivo y 6.500 euros en joyas, relojes, carteras, bolsos y teléfonos

Colocaban a las víctimas geolocalizadores y micrófonos ocultos en collares que simulaban ser amuletos de suerte, para escucharlas y detectar si se habían dado cuenta de la estafa

Se desplazaban desde Talavera de la Reina y actuaron en los municipios de Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Villanueva de la Cañada, Algete, Humanes y Ciempozuelos

La Guardia Civil desmantela un grupo dedicado a estafar a personas mayores a las que colocaban geolocalizadores

Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación “Guayaca”, han logrado la detención de tres personas por su presunta participación en un grupo criminal dedicado a estafar a personas de avanzada edad por el método del “boleto premiado” y que actuaba en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre, cuando se recibieron varias denuncias en diferentes acuartelamientos de la Guardia Civil en las que personas de avanzada edad manifestaban haber sido víctimas de una estafa relacionada con décimos de lotería premiada.

Ante la multitud de coincidencias que existían entre los hechos que manifestaron las víctimas, así como en lo relativo a la descripción física de las autoras y al modus operandi utilizado, se sospechó que detrás de la autoría se encontraba un grupo completamente estructurado y coordinado, iniciándose así la operación.

El grupo lo formaban 3 mujeres que resultaron ser hermanas y que seguían siempre un mismo patrón de actuación: una de ellas abordaba a personas de avanzada edad que estuvieran solas en la vía pública, utilizando acento gallego, les decía que tenía un boleto de lotería y que no sabía dónde ir a cobrarlo. Acto seguido aparecía en la escena otra de las autoras, quien simulaba ser abogada y quien hacía creer a la víctima que la lotería estaba premiada y para darle más credibilidad realizaba llamada telefónica en manos libres a la tercera autora, que se hacía pasar por lotera, y quien confirmaba el premio del décimo.

Cuando se habían ganado la confianza de la víctima la convencían para que se quedara con los décimos premiados, y a cambio le pedían dinero en efectivo y joyas. En el momento en que tenían en su poder el dinero, le colocaban un amuleto a modo de collar, que en realidad era un dispositivo con geolocalización y micrófono, para controlar lo que decían y poder actuar en el caso de que la víctima se hubiera dado cuenta de la estafa.

Hasta la fecha se han localizado 10 víctimas del grupo en los municipios de Arganda del Rey, Rivas Vacimadrid, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Villanueva de la Cañada, Algete, Humanes y Ciempozuelos. Las autoras han logrado hacerse con un botín total que supera los 31.000 euros en dinero en efectivo y 6.500 euros en joyas, relojes, carteras, bolsos y teléfonos.

Ante la gravedad de los hechos se ha procedido a la detención de las autoras cuando circulaban con una de las víctimas en el interior del vehículo así como al registro minucioso del mismo, hallando los agentes en el interior dinero en metálico, tres dispositivos de localización gps de similares características a los aportados por las víctimas, diez décimos de lotería y un fajo de papeles en forma de billetes de 50 euros con varios billetes reales, que utilizaban para simular la venta de una autora a otra y hacer creer a la víctima que era un trato real.

Las autoras son tres mujeres de 38, 35 y 28 años, reincidentes en hechos de la misma naturaleza y que se desplazaban desde su residencia en el municipio toledano de Talavera de la Reina en diferentes vehículos para cometer los hechos con un documento falsificado, simulando ser trabajadoras de una empresa y poder justificar así el traslado de una Comunidad Autónoma a otra.

Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, un delito continuado de estafa, un delito contra la intimidad al colocar a las víctimas geolocalizadores sin su consentimiento y un delito de blanqueo de capitales, al intentar legalizar el dinero estafado a través de una floristería que regentaban en Talavera de la Reina.

Tras pasar a disposición de la Autoridad Judicial competente, dos de ellas ingresaron en prisión.

20 años de la Carta Europea de Derechos Fundamentales

Gallego destaca el impulso y las buenas prácticas para la aplicación de la Carta llevados a cabo en España

La directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, Ana Gallego, ha participado hoy en el acto virtual “Derechos Fundamentales de la UE: 20 años de la Carta Europea y su aplicación en España”.

Ministerio de Justicia

23 de febrero de 2021.- La directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Ana Gallego, ha destacado el impulso que se está dando en España para la aplicación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como las buenas prácticas y sensibilización sobre su uso.

Gallego ha participado hoy en el acto virtual “Derechos Fundamentales de la UE: 20 años de la Carta Europea y su aplicación en España”, organizado por la Representación de la Comisión Europea en España y la Fundación Konrad Adenauer, en colaboración con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales.

El acto ha tenido como objeto debatir sobre los instrumentos y mecanismos de los que dispone la Unión Europea (UE) para que la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales no sea retórica, incluyendo ejemplos concretos de su aplicación práctica y su relevancia en el contexto español.

En este sentido, la directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos ha puesto en valor el Informe de Análisis de Impacto Regulador que debe acompañar la elaboración de los anteproyectos de ley, decretos-leyes y reglamentos reales de cada ministerio, “en los que la Carta está adquiriendo una importancia cada vez mayor”.

Así, destaca la especial sensibilización del Ministerio de Justicia con la Carta en la preparación de proyectos de ley, al tener competencia relacionadas con derechos humanos, sobre todo en lo que se refiere a la trasposición de directivas europeas, la adaptación del ordenamiento normativo español a la normativa europea y el cumplimiento de los tratados o convenidos internacionales firmados por España.

Gallego ha señalado que la Carta es también un factor importante que se tiene en cuenta a la hora de decidir si España participa en decisiones prejudiciales solicitadas por otros Estados miembros.

Por último, Gallego ha hecho referencia a otras iniciativas para promover la conciencia, el conocimiento y el uso de la Carta, como es la formación por parte de los agentes jurídicos. “La Carta está cada vez más presente en los planes de estudio de los concursos públicos, tanto en la judicatura como en la administración; en los planes de estudio de los Grados en Derecho; así como en la formación continua ofrecida por el Consejo General de la Judicatura en materia de Derechos de la Unión Europea”, ha concluido.

Departamento de Comunicación

Banco de España

21 de febrero de 2021

Colaboración del gobernador en el Informe Perspectivas España 2021 de KPMG

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España

Las mejoras experimentadas durante la última década en la calidad de los balances y en los niveles de solvencia colocaron al sector bancario español en mejor situación para absorber la actual crisis. El efecto de la profunda reforma financiera internacional y el proceso de reestructuración del sector implementados en la última década en España, junto con las distintas medidas de política económica adoptadas durante esta crisis, están ayudando a mitigar y a gestionar los riesgos generados por esta. Esta es también la principal conclusión que se extrae del análisis que llevó a cabo el BCE en julio sobre la capacidad de resistencia de las entidades y que resultan muy similares a los obtenidos por el Banco de España. De hecho, la ratio de solvencia de partida de las entidades españolas aumentó de forma significativa en 2020 como consecuencia de la reducción de los activos ponderados por riesgo y de otras medidas adoptadas por las autoridades como las restricciones al reparto de dividendos, así como por la reducción de la morosidad registrada en el año.

El deterioro en los resultados de las entidades observado en 2020 se debió, sobre todo, a la anticipación de provisiones por deterioro de crédito. Este esfuerzo deberá mantenerse en el futuro ya que el impacto pleno de la crisis sobre la capacidad de pago de los clientes se observará con cierto desfase temporal. En todo caso, el impacto final de la crisis dependerá de su magnitud y duración y de la efectividad de las medidas para paliar sus efectos sobre familias y empresas. Las autoridades deberemos seguir ejerciendo una vigilancia estrecha sobre las entidades y habremos de seguir adoptando medidas para mitigar los riesgos y, por supuesto, estar dispuestos para dar una respuesta adecuada en caso de que se materialicen. Además, esta respuesta deberá ser europea, dado el compromiso con la Unión Bancaria. De hecho, la aprobación de un fondo de garantía de depósitos europeo plenamente mutualizado, supondría una contribución decisiva para garantizar la estabilidad financiera en el área del euro y evitar problemas de fragmentación financiera, tanto a corto como a medio plazo.

Todo ello permitirá que las entidades bancarias sigan actuando como factor mitigador –y no amplificador- de los efectos económicos de la pandemia. No obstante, tras la crisis el sector bancario español y europeo deberán hacer frente a la baja rentabilidad profundizando en las ganancias de eficiencia, reduciendo costes y utilizando más intensivamente las nuevas tecnologías.

Cómo los eurodiputados quieren abordar la precariedad laboral en la UE

Parlamento Europeo

Los miembros del Parlamento quieren adoptar medidas respecto a los salarios mínimos y apoyar a los grupos más vulnerables como las mujeres y los autónomos.

Casi el 10% de los trabajadores de la Unión Europea viven en el umbral de la pobreza, en tanto que el 21,7% de toda la población se encuentra en esta condición o en situación de exclusión social. Una situación que corre el riesgo de empeorar como consecuencia de la pandemia de coronavirus, que puede incrementar las desigualdades en la UE.

En este contexto, los eurodiputados instaron a la Comisión y a los Estados miembros a incluir la prevención de la precariedad laboral en su objetivo general de acabar con la pobreza en la UE, dado que, el principio según el cual «el trabajo es el mejor remedio para la pobreza» no se aplica en sectores de bajos salarios y en aquellos que trabajan con condiciones laborales precarias y atípicas.

En un informe aprobado el 9 de febrero de 2021 (365 votos a favor, 118 en contra y 208 abstenciones), los eurodiputados pidieron que los salarios mínimos se establezcan por encima del umbral de pobreza.

Encuentra más información en: el trabajo que realiza la UE a favor de los derechos de los trabajadores.

“Necesitamos actuar urgentemente… Ya es necesario en toda Europa. Necesitamos estándares mínimos. Necesitamos sistemas de seguridad social sólidos. Necesitamos salarios e ingresos que permitan una vida digna”

Özlem Demirel, ponente alemana del Grupo de la Izquierda

Directiva europea sobre salarios mínimos
Los eurodiputados acogieron con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre una Directiva Europea que garantice unos salarios mínimos adecuados. La describieron como un gran paso para asegurar que todas las personas puedan ganarse la vida con su trabajo y participar en la sociedad.

El Parlamento destacó que la ley debe garantizar que los empleadores no deduzcan los costos de realizar el trabajo del salario mínimo (como por ejemplo el alojamiento o el equipo).

Los salarios mínimos existen de una u otra forma en todos los Estados miembros de la UE: 21 países tienen salarios mínimos fijos y en seis Estados miembros (Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia) el salario mínimo lo establecen exclusivamente convenios colectivos.

21 países de la UE tienen establecidos salarios mínimos

Igualdad de condiciones para los trabajadores de plataformas digitales

Los eurodiputados apuntaron que para luchar contra la pobreza laboral, el marco legislativo sobre las condiciones laborales mínimas debería aplicarse a todos los trabajadores, incluidos los empleados atípicos surgidos de las nuevas plataformas basadas en la economía digital, que a menudo trabajan en condiciones precarias.

También deberían estar cubiertos por las leyes laborales y la seguridad social, además de poder participar en la negociación colectiva, según los miembros del PE.

Mujeres en mayor riesgo de pobreza y exclusión social

Las mujeres en la UE ganan de media un 15% menos que los hombres, debido en parte su menor participación en el mercado laboral. Para ayudar a abordar este problema, los europarlamentarios urgieron a los países miembros a implementar la Directiva sobre el equilibrio entre la vida personal y laboral.

Dado que las mujeres corren más riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, el Parlamento también instó a que se tomen medidas urgentes para abordar la brecha salarial de género y garantizar el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad.

Adjudicadas dos concesiones de 10 MHz a Telefónica y Orange en la subasta de la banda de 3,5 GHz, una de las bandas prioritarias para el despliegue de redes 5G

Lunes 22 de febrero de 2021

La Moncloa

Tras esta subasta se pueden reorganizar las frecuencias en la banda de 3,5 GHz para que todos los operadores dispongan de bloques contiguos de frecuencias.

Hoy se han adjudicado dos concesiones de 10 MHz a cada uno de los dos operadores que han participado en la subasta de 20 MHz en la banda de 3,5 GHz (3.400-3.800 MHz), una de las bandas de frecuencias identificadas como prioritarias para el 5G en Europa.

Telefónica y Orange han resultado adjudicatarios de 10 MHz cada uno por el precio de salida, 21 millones de euros.

Se trataba de los últimos 20 MHz disponibles en esta banda. Después de las adjudicaciones de esta licitación, la banda de 3,5 GHz cuenta con las siguientes concesiones:
•Orange 110 MHz
•Telefónica 100 MHz
•Vodafone 90 MHz Más Móvil 80 MHz

El siguiente paso será realizar la reorganización de las frecuencias con el fin de que todos los operadores dispongan de bloques contiguos de frecuencias y hacer, por tanto, un uso más eficiente del espectro radioeléctrico en el despliegue de la tecnología 5G y sus servicios.

La licitación ha constado de dos rondas y se ha desarrollado a través de una Plataforma Electrónica de Subastas (PES) segura, empleando el mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas. Todas las concesiones estarán vigentes hasta diciembre de 2038 con el fin de facilitar un marco estable y de certidumbre a los operadores.

España Digital 2025

La Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G es una prioridad de la agenda España Digital 2025, presentada el pasado 23 de julio de 2020, así como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, cuyas líneas generales se presentaron el 7 de octubre de 2020.

La Estrategia tiene como objetivo que en el año 2025 el 75% de la población tenga cobertura de 5G mediante las bandas que han sido identificadas como prioritarias: 694-790 MHz, 3.400-3.800 MHz y 24.25-

27.5 GHz. Por ello el primer eje de la Estrategia es poner a disposición de los operadores dichas bandas.

La Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G cuenta con una inversión pública de 300 millones en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y de 2.000 millones de euros hasta 2025 con el fin de desplegar estas redes que serán decisivas para impulsar la transformación digital y contribuirán a mejorar la conectividad de las zonas rurales.

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 63,7 por ciento de su capacidad

Martes 23 de febrero de 2021

La Moncloa

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 63,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 35.580 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 754 hectómetros cúbicos (el 1,3 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 91,8%
•Cantábrico Occidental al 88,4%
•Miño-Sil al 86,5%
•Galicia Costa al 90,9%
•Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
•Duero al 82,7%
•Tajo al 70,4%
•Guadiana al 40,7%
•Tinto, Odiel y Piedras al 79,5%
•Guadalete-Barbate al 46,3%
•Guadalquivir al 41,1%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 49,1%
•Segura al 41,3%
•Júcar al 57,8%
•Ebro al 81,8%
•Cuencas internas de Cataluña al 84,9%

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Vigo (A) con 166,9 mm (166,9 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla de la reserva total embalsada