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En Ventaniella. Concejo de Ponga. Principado de Asturias

lunes, 1 de febrero de 2021

El Tribunal Supremo anula la orden de la Generalitat de Catalunya que obligaba al portal Howeaway a borrar de su web las viviendas turísticas no inscritas en el Registro

lunes, 1 de febrero de 2021

Miércoles, 27 de enero de 2021

El Tribunal Supremo anula la orden de la Generalitat de Catalunya que obligaba al portal Howeaway a borrar de su web las viviendas turísticas no inscritas en el Registro

La Sala estima el recurso de casación interpuesto por dicha empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que confirmó el requerimiento de la Generalitat de Catalunya

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la orden de la Dirección General de Turismo de la Generalitat de Catalunya, de 13 de enero de 2015, que ordenó a la empresa Howeaway Spain S.L.U. que procediese al bloqueo, la supresión o suspensión definitiva en su web, en el plazo de 15 días, de todo el contenido relativo a empresas y establecimientos de alojamiento turístico localizados en Cataluña en los que no conste el número de inscripción en el Registro de Turismo de dicha comunidad autónoma.

El tribunal explica que esta entidad, que en la actualidad se llama Vrbo Spain, es un prestador de servicios de la sociedad de la información (PSSI) de alojamiento de datos, que está obligado a suprimir los anuncios, o a vedar el acceso a ellos, que incumplan una obligación legal cuando la Administración competente haya declarado dicho incumplimiento y lo comunique al PSSI, pero la Administración no puede trasladar a éste la obligación de vigilancia que le compete.

La sentencia explica que dichos prestadores están regulados por una normativa propia, no por la sectorial de turismo, por lo que no puede afirmarse que “la omisión de un número de requisitos administrativos sea una ilegalidad flagrante que por su mera existencia” obligue a actuar a los Prestadores de los Servicios de la Sociedad de la Información (PSII) retirando los anuncios que incurrieran en ella.

La Sala estima el recurso de casación interpuesto por dicha empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que confirmó el requerimiento de la Generalitat de Catalunya. La sentencia recurrida, que también ha sido anulada, admitió que Howeaway Spain S.L.U. es una entidad que presta servicios de la sociedad de la información, pero consideró que no desarrolla una actividad neutra, por lo que no está exenta de responsabilidad por los contenidos.

El alto tribunal afirma que la conclusión a la que llega la sentencia recurrida es errónea después de analizar este asunto a la luz de la sentencia Airbnb Irlanda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 19 de diciembre de 2019, por su semejanza con la cuestión planteada en este litigio, ya que ha supuesto un importante avance en la definición del perfil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información que pueden ser calificados “como intermediarios neutros de alojamientos de datos”.

La Sala explica que la actividad desarrollada por Homeaway Spain es una labor de intermediación propia de la sociedad de la información y queda regulada por la Directiva 2000/31/CE y la Ley nacional 34/2002, ambas normas reguladoras de los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico, y no por la legislación sectorial de alojamientos turísticos.

Del mismo modo, indica que los servicios prestados por esta empresa son de almacenamiento de datos. Para la Sala, “no cabe duda de que la actividad de alquiler de alojamientos a la que se refieren los contenidos almacenados en la web de la recurrente es una actividad legítima, como tampoco hay duda, en sentido opuesto, de que los anuncios de alojamientos turísticos en el ámbito territorial de Cataluña incurren en una infracción administrativa si no incorporan el número de registro turístico”.

Pero, no puede entenderse, según el tribunal, que la previsión de la Ley catalana “sea suficiente para afirmar que Homeaway Spain tuviera conocimiento efectivo de la ilicitud de que algunos de los usuarios de su página web no hubieran incluido en sus anuncios el número de registro turísticos de los alojamientos”. De hecho, afirma la Sala, no se da ninguna de las circunstancias que el artículo 16.1.b) de la Ley 34/2002 emplea como acreditativas de tal conocimiento efectivo, puesto que no existe declaración de ilicitud por parte de la administración catalana y tampoco se ha producido, una lesión de derechos ajenos.

Por último, la Sala añade que en la citada web no sólo caben anuncios de alojamientos turísticos que, en virtud de lo dispuesto en la Ley catalana 13/2002 estarían obligados a incluir el número de registro, sino también otros tipos de alojamiento que no estarían sujetos a dicha obligación. “Esta circunstancia y la naturaleza de los servicios de intermediación, cuyas prestaciones son meramente accesorias a la actividad subyacente -en los términos ya expuestos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea- impiden considerar que la omisión de un número de requisitos administrativos sea una ilegalidad flagrante que por su mera existencia obliga a actuar al PSII retirando los anuncios que incurrieran en ella”, según la sentencia.

En este marco, el tribunal establece como doctrina que un prestador de servicios de la sociedad de la información de alojamiento de datos, tal como se definen en la Directiva 2000/31/CE, en la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en la Ley nacional 34/2002, “no está sujeto de manera directa a las normativas sectoriales, sino que su régimen de responsabilidad es el determinado por el artículo 16 de la citada Ley española, todo ello en los términos más detallados que se exponen en el fundamento de derecho séptimo”.

Foment y PIMEC consideran que la propuesta de ayudas del Gobierno y las exigencias sindicales sobre las obligaciones temporales de la ocupación hacen inviable el acuerdo del Consejo de Diálogo Social

lunes, 1 de febrero de 2021

Foment y PIMEC consideran que la propuesta de ayudas del Gobierno y las exigencias sindicales sobre las obligaciones temporales de la ocupación hacen inviable el acuerdo del Consejo de Diálogo Social

Foment del Treball

Las patronales catalanas reiteran la demanda en el gobierno del Estado de un programa de ayudas directas, tal y como han hecho los principales países de Europa, para salvar empresas y ocupación

28 de enero de 2021

◾Las empresas tienen que tener flexibilidad para tomar decisiones relativas al mantenimiento de la plantilla en función de la realidad del mercado, la demanda y el consumo, puesto que con las restricciones para contener la COVID-19 y la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia “no es posible aceptar compromisos que hacen inviable el futuro de muchas empresas”.
◾Foment y PIMEC valoran positivamente las ayudas directas a las empresas que propone el Gobierno catalán, por un importe de 618 millones durante el 1r trimestre del 2021, pero consideran que tendrían que haber llegado con más antelación.
◾Con los controles que correspondan y dentro de un compromiso a favor del diálogo social y el mantenimiento de la ocupación, las empresas tienen que tener capacidad para tomar decisiones que faciliten el mantenimiento del proyecto empresarial hasta la recuperación de la actividad”.

Foment del Treball y PIMEC han mostrado su total desacuerdo en el Consejo de Diálogo Social –integrado por el vicepresidente económico del Gobierno catalán; los consejeros de Empresa y Conocimiento y de Trabajo, los sindicatos UGT y CCOO, y las patronales PIMEC y Foment del Treball- como consecuencia de las obligaciones temporales a las empresas para tomar decisiones relativas al mantenimiento de la plantilla y que son determinantes para asegurar su futuro y viabilidad. A pesar de esto, Foment y PIMEC valoran positivamente el gesto y la propuesta de ayudas directas –hasta 618 millones de euros- que ofrece el Gobierno catalán para superar el 1r trimestre del año, pero consideran que tendrían que haber llegado con más antelación.

Por el contrario, Foment y PIMEC insisten en reclamar al Gobierno español aprobar con urgencia un programa de ayudas directas para salvar empresas, porque no es suficiente prorrogar los ERTE y ampliar los créditos ICO ante una crisis tan profunda y larga, como nunca se ha vivido en tiempo de paz, en línea con las mejores iniciativas que han tomado los principales países europeos como Francia, Italia y Alemania.

Obligaciones temporales mantenimiento de plantillas

Foment y PIMEC consideran que las normativas legales que golpean gravemente la actividad económica de las empresas, porque paralizan la actividad social y el consumo, y la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, hacen imposible dar por buenas normas que afectarán en muchos casos a la viabilidad de las empresas. Con los controles que correspondan, y dentro de un compromiso a favor del diálogo social y el mantenimiento de la ocupación, las empresas tienen que tener capacidad para tomar decisiones que faciliten la viabilidad del proyecto empresarial hasta la recuperación de la actividad.

Por otro lado, estas ayudas a las empresas, por las que se pide el mantenimiento de la ocupación en las compañías, tienen que permitir mantener la actividad empresarial, la pervivencia del tejido productivo, en unos momentos en que se acumulan muchos meses con limitaciones al normal desarrollo de la actividad y con una pérdida extraordinaria de ingresos que afecta a su subsistencia.

Las patronales catalanas reiteran el papel principal del diálogo social y la búsqueda de propuestas ante la crisis. Destacan también la participación activa en el debate, a pesar de que en esta ocasión de momento no ha estado posible el acuerdo, restando a la espera de nuevas convocatorias.

La Era del Ferrocarril llega en 2021

lunes, 1 de febrero de 2021

La Era del Ferrocarril llega en 2021

Transporte sostenible, inteligente y seguro

El 2021 es denominado como el año del Ferrocarril.

Dicho así, parece que nos estamos refiriendo a otra época, pero no es así. A día de hoy, es uno de los transportes más rápidos y que menos contamina en el mundo.

29/01/2021 Comisión Europea

Medio seguro y sostenible

El ferrocarril es considerado como un medio sostenible, inteligente y seguro dado que aporta el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero; un dato interesante a tener en cuenta para conseguir los objetivos acordados en el Pacto Verde Europeo.

Aparte del beneficio de cuidar el medioambiente, el tren permite establecer conexiones entre los europeos o zonas de un mismo país para transportar tanto pasajeros como mercancías.

Solo el 7% de pasajeros y el 11% de las mercancías viajan en tren en toda Europa debido también a la alta competencia de otras vías de transporte como el avión o el barco.

Es por este motivo por el que la Comisión Europea se dispone a crear un Espacio Ferroviario Único Europeo en 2021 que será una red ferroviaria europea más eficiente permitiendo también una movilidad fluida a través de las fronteras.

¿Cómo pretende Europa conseguir este objetivo?

Muy sencillo. Lo que pretende es:

Aumentar el uso del transporte ferroviario: tanto para mercancías como pasajeros; no solo en cuanto a velocidad sino en el número de servicios ferroviarios en Europa.

Reemplazar el combustible por otro más sostenible como el hidrógeno:

Como ejemplo es el tren de hidrógeno de Alstom, el Coradia iLint, un proyecto organizado por la asociación europea de la industria ferroviaria (UNIFE) y la comunidad de empresas de empresas ferroviarias ferroviarias (CER) que acaba de ser galardonado con el Premio European Railway 2021. (link is external)

Reducir en mayor medida el uso de otros modos de transporte como el automóvil o en el caso de que se utilice tanto coches, como camionetas o autobuses sean de cero emisiones y gasten combustibles más sostenibles.

Lo mismo ocurre con aeropuertos y embarcaciones y así poco a poco se llega al objetivo de reducir el 90% de las emisiones para 2050.

Objetivo: ser climáticamente neutros

Recordamos que el Pacto Verde Europeo es un plan de acción de Europa para hacer que la economía sea más sostenible y conseguir ser un continente climáticamente neutro para 2050.

Cuyos objetivos son:

Invertir en tecnología que permita respetar el medio ambiente.
Apoyar la innovación en la industria.
Modificar el transporte público y privado para que sea más limpio y barato.
Descarbonizar el sector energético.
Garantizar que la construcción sea eficiente.
Trabajar con socios internacionales para mejorar los estándares ambientales.

Consumo intensificará la vigilancia de la publicidad engañosa sobre los precios de la energía

lunes, 1 de febrero de 2021

Consumo intensificará la vigilancia de la publicidad engañosa sobre los precios de la energía

Miércoles 27 de enero de 2021

El ministro de Consumo, Alberto Garzón ha anunciado que va a intensificar, en colaboración con las comunidades autónomas, la vigilancia de prácticas comerciales engañosas que realizan las empresas energéticas.

A lo largo del año 2020, Consumo ha constatado que en la información que las empresas proporcionan a los clientes se producen omisiones sobre impuestos aplicables, una práctica que provoca distorsión sobre el precio final de la energía. Para ello, Consumo ejercerá la acción de cesación ante los tribunales de justicia contra estas acciones publicitarias.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Garzón ha expuesto que, en la problemática del mercado energético, el Ministerio de Consumo se centra en el impacto que tiene el comportamiento del sector sobre las personas consumidoras. En ese sentido, el ministro ha desarrollado las medidas que, desde su departamento, buscan reforzar la protección de la ciudadanía ante el sector energético, especialmente de la más vulnerables. Garzón ha apuntado hacia reformas encaminadas a simplificar la factura eléctrica para una mayor comprensión por parte del consumidor.

En ese sentido, Garzón también ha advertido que los servicios de atención al cliente de las compañías eléctricas son de las que registran el mayor número de reclamaciones antes las autoridades de consumo. Con esta realidad, el ministerio trabaja en el proyecto de Ley Integral de Servicios de Atención al Cliente. Esta Ley, según ha explicado Garzón, busca homogeneizar la calidad de la atención al cliente y llegará al Congreso en 2021. El proyecto pretende facilitar el acceso a una atención eficaz, transparente, completa y veraz en los servicios de información, quejas, reclamaciones e incidencias, según ha detallado.

A estas medidas se suman las ya aprobadas por el Consejo de Ministros recientemente. De un lado, la prohibición de la tarificación especial en la atención telefónica de servicios básicos, los conocidos 902. De otro lado, la incorporación a la legislación estatal de la figura jurídica de la persona consumidora vulnerable. Para Garzón, este paquete de medidas conforman un marco de actuación amplio para garantizar los derechos de los consumidores, tal y como establece la Constitución.

Además, Garzón ha añadido que su cartera trabaja junto a la de Transición Ecológica -competente en materia de política energética y responsable de la regulación del mercado eléctrico- en diferentes acciones de sensibilización y formación. El objetivo compartido es facilitar la compresión de la factura de la luz a los usuarios. Según ha explicado, el Gobierno pretende que miles de personas consumidoras conozcan mejor los servicios que tienen contratados, el uso que hace de los mismos y la información que le suministra su comercializadora. Para Garzón, supone un aspecto esencial para la prevención de fraudes y abuso y para el conocimiento de las correspondiente reclamaciones y denuncias.

Por último, el ministro ha destacado el trabajo que se está realizando junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha anunciado la puesta en marcha de nuevas iniciativas conjuntas relacionadas con el ahorro en costes de luz. Consumo y CNMC quieren realizar un acompañamiento a la ciudadanía en la interpretación de sus facturas de electricidad. El proyecto, que se desarrolla a través del Plan de Digitalización de la Administración, pretende atajar el enrevesamiento de las facturas.